1.

La Comisión Europea ha emitido una Comunicación relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros de la CE (2). Este acto no vinculante contiene principios y normas que la Comisión Europea aplica en materia de competencia. También explica las formas en que está previsto se lleve a cabo la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE.

2.

El Órgano de Vigilancia de la AELC («el Órgano de Vigilancia») considera que la Comunicación mencionada es pertinente a efectos del EEE. Para mantener la igualdad de condiciones de competencia y asegurar una aplicación uniforme de las normas sobre ayudas estatales del EEE en el Espacio Económico Europeo, el Órgano adopta el presente capítulo, teniendo en cuenta la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados de la AELC.

3.

El Órgano está comprometido a adoptar un planteamiento estricto hacia la ayuda estatal ilegal e incompatible. A pesar de que la acción privada ante los órganos jurisdiccionales nacionales solo ha desempeñado hasta ahora un papel relativamente limitado en las ayudas estatales, el Órgano considera que las acciones privadas de aplicación pueden ofrecer considerables beneficios para la política de ayudas estatales. Los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales nacionales dan a los terceros la oportunidad de estudiar y resolver directamente a nivel nacional muchos problemas relativos a las ayudas estatales. Además, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden ofrecer a los demandantes remedios muy efectivos en caso de infracción de las normas sobre ayudas estatales. A su vez, esto puede contribuir a una mayor disciplina general de las ayudas estatales.

4.

La principal finalidad del presente Capítulo consiste por lo tanto en informar a los órganos jurisdiccionales nacionales y a terceras partes sobre las vías de recurso disponibles en caso de infracción de las normas sobre ayudas estatales y en proporcionarles orientación para la aplicación práctica de estas normas. Además, el Órgano pretende desarrollar su cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales introduciendo unas herramientas más prácticas para prestar asistencia a los jueces nacionales en su actividad diaria.

5.

El presente Capítulo sustituye al Capítulo de las directrices sobre ayudas estatales del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Órgano de Vigilancia de la AELC en materia de ayudas estatales (3) y se entiende sin perjuicio de la interpretación del Acuerdo EEE y de las disposiciones reguladoras aplicables por el Tribunal de la AELC.

6.

La primera pregunta que se plantean los órganos jurisdiccionales nacionales y los posibles demandantes es si la medida afectada constituye realmente ayuda estatal en el sentido del artículo 61 del Acuerdo EEE.

7.

El artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE abarca «las ayudas otorgadas por los Estados miembros de la CE, los Estados de la AELC o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros».

8.

El concepto de ayuda estatal no se limita a las subvenciones (4). También comprende, entre otras cosas, las ventajas fiscales y las inversiones procedentes de fondos públicos realizadas en circunstancias en las que un inversor privado hubiera denegado su apoyo (5). A este respecto, carece de importancia si la ayuda es concedida directamente por el Estado o por organismos públicos o privados creados o designados por aquel para administrar la ayuda (6). No obstante, para considerar que el apoyo público constituye ayuda estatal, la ayuda debe favorecer a determinadas empresas o a la producción de ciertas mercancías («selectividad»), en contraposición con las medidas generales de ayuda a las que no se aplica el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE (7). Además, la ayuda debe falsear o amenazar con falsear la competencia y debe afectar al comercio entre las Partes Contratantes del Acuerdo EEE (8).

9.

La jurisprudencia del Tribunal de la AELC y de los tribunales de la Comunidad Europea (9) y las decisiones adoptadas por el Órgano y la Comisión Europea han abordado frecuentemente la cuestión de si ciertas medidas constituyen ayuda estatal. Además, el Órgano ha publicado unas orientaciones detalladas sobre una serie de aspectos complejos tales como la aplicación del principio del inversor privado (10) y del acreedor privado (11), las circunstancias en que las garantías estatales se consideran ayuda estatal (12), el tratamiento de las ventas de terrenos por los poderes públicos (13), el seguro de crédito a la exportación (14), la fiscalidad directa de las empresas (15), las inversiones de capital riesgo (16) y la ayuda a la investigación, desarrollo e innovación (17). Asimismo, el Reglamento de la Comisión sobre las ayudas de minimis  (18) se ha incorporado al Acuerdo EEE. La jurisprudencia del Tribunal de la AELC y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las directrices del Órgano y la práctica decisoria pueden proporcionar a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los demandantes potenciales ayuda valiosa referente al concepto de ayuda estatal.

10.

En caso de duda sobre la existencia de ayuda estatal, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar al Órgano un dictamen conforme a la sección 2 del presente Capítulo. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que un órgano jurisdiccional nacional plantee el asunto al Tribunal de la AELC para un dictamen consultivo de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

11.

Según la última frase del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, los Estados de la AELC no pueden ejecutar las medidas de ayuda estatal sin la aprobación previa del Órgano (obligación de suspensión):

«El Órgano de Vigilancia de la AELC será informado de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considera que un proyecto no es compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE con arreglo al artículo 61 de dicho Acuerdo, el Órgano de Vigilancia iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado 2. El Estado en cuestión no aplicará las medidas propuestas hasta que no se haya resuelto definitivamente este procedimiento.» (19)

12.

Sin embargo, en determinadas circunstancias la ayuda estatal puede ejecutarse legalmente sin la aprobación expresa del Órgano:

13.

Los procedimientos judiciales nacionales en asuntos de ayuda estatal pueden referirse a veces a la aplicabilidad de un Reglamento de exención por categorías y/o de un régimen de ayudas existente o autorizado. Cuando esté en juego la aplicabilidad de semejante Reglamento o régimen, el órgano jurisdiccional nacional solo puede evaluar si se cumplen todas las condiciones del Reglamento o del régimen. De no ser así no puede evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda, puesto que esta evaluación es responsabilidad exclusiva del Órgano (23).

14.

Si el órgano jurisdiccional nacional necesita determinar si la medida está cubierta por un régimen de ayudas autorizado, solo puede comprobar si se cumplen todas las condiciones de la decisión de aprobación. Cuando las cuestiones planteadas a nivel nacional se refieran a la validez de una decisión del Órgano, el órgano jurisdiccional nacional debe basarse en el procedimiento fijado en el artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (24). La posibilidad de cuestionar la validez de una decisión subyacente del Órgano mediante un dictamen consultivo ya no cabe si el demandante pudo claramente impugnar la decisión ante el Tribunal de la AELC de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, pero no lo hizo (25).

15.

No obstante, el órgano jurisdiccional nacional puede solicitar al Órgano que se pronuncie de conformidad con la sección 2 del presente Capítulo si tiene dudas sobre la aplicabilidad del Reglamento de exención por categorías o de un régimen de ayudas existente o autorizado.

16.

Tanto los órganos jurisdiccionales nacionales como el Órgano desempeñan funciones esenciales pero diferentes en el contexto de la aplicación de las ayudas estatales (26).

17.

La función principal del Órgano es examinar la compatibilidad con el funcionamiento del Acuerdo EEE de las medidas de ayuda propuestas basándose en los criterios establecidos en el artículo 61, apartados 2 y 3, del Acuerdo. Esta evaluación de la compatibilidad es responsabilidad exclusiva del Órgano, sujeta a la revisión del Tribunal de la AELC. Los órganos jurisdiccionales nacionales no están facultados para declarar una medida de ayuda estatal compatible con el artículo 61, apartados 2 o 3 del Acuerdo EEE (27).

18.

El cometido del órgano jurisdiccional nacional depende de la medida de ayuda en cuestión y de si esta ha sido debidamente notificada y autorizada por el Órgano:

19.

Al amparar los intereses de los particulares, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener plenamente en cuenta la eficacia del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y los intereses del mercado del EEE.

20.

La función de los órganos jurisdiccionales nacionales en las circunstancias anteriores se establece con mayor detalle en las secciones 1.2 y 1.3 del presente Capítulo.

21.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la obligación de suspensión establecida en el artículo 88, apartado 3 del Tratado CE, que corresponde a la última frase del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, da lugar para las partes interesadas (por ejemplo los competidores del beneficiario) (30) a derechos individuales que surten efecto directo. Estas partes interesadas pueden hacer valer sus derechos interponiendo ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes una acción judicial contra el Estado miembro de la CE que concede la ayuda. Una de las funciones más importantes de los órganos jurisdiccionales nacionales en el ámbito de las ayudas estatales es por consiguiente la de pronunciarse sobre estos recursos y proteger, de este modo, los derechos del competidor de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.

22.

Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados de la AELC cumplen la misma función. Sin embargo, en los Estados de la AELC, el efecto interno de la legislación del EEE se rige por el derecho constitucional, sujeto al Protocolo 35 del Acuerdo EEE. Según ese Protocolo, los Estados de la AELC tienen la obligación de garantizar, si fuere necesario mediante una disposición legislativa separada, que, en caso de conflicto entre las normas aplicadas en el EEE y otras disposiciones legislativas, prevalecerán las normas del EEE. Según el Tribunal de la AELC, los particulares y los agentes económicos deben tener derecho a invocar y a reclamar a nivel nacional cualquier derecho derivado de disposiciones de la legislación del EEE (31), como parte del ordenamiento jurídico nacional respectivo, si son incondicionales y suficientemente exactos. (32) Según la opinión del Órgano y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la disposición idéntica del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción cumple los criterios implícitos en el Protocolo 35 del Acuerdo EEE de ser incondicional y suficientemente exacto.

23.

El hecho de que la última frase del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción se haya incorporado al ordenamiento jurídico nacional de los Estados de la AELC, (33) confiere a las partes afectadas la posibilidad de interponer una acción judicial contra una infracción de la cláusula de suspensión ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Un órgano jurisdiccional nacional debería por tanto utilizar todos los dispositivos y remedios apropiados y aplicar todas las disposiciones pertinentes del Derecho nacional para aplicar la última frase del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (34)

24.

La función esencial desempeñada por los órganos jurisdiccionales nacionales en este contexto se deriva también del hecho de que los poderes de los que dispone el Órgano para proteger a los competidores y a otros terceros contra las ayudas ilegales son limitados. Aún más, el Órgano no puede adoptar una decisión final que ordene la recuperación simplemente porque la ayuda no se notificó de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (35) Por consiguiente, el Órgano debe proceder a una evaluación completa de la compatibilidad, independientemente de si se ha respetado o no la obligación de suspensión. (36) Esta evaluación puede llevar tiempo y los poderes del Órgano para dictar requerimientos preliminares de recuperación están sujetos a requisitos legales muy estrictos. (37)

25.

Como consecuencia de ello, las acciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen una solución importante para los competidores y otros terceros afectados por la ayuda estatal ilegal. Los órganos jurisdiccionales nacionales disponen de las siguientes medidas:

26.

Todas estas medidas se contemplan con mayor detalle en las secciones 1.2.1 a 1.2.6 del presente Capítulo.

27.

Los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a proteger los derechos individuales afectados por las infracciones de la obligación de suspensión. Los órganos jurisdiccionales nacionales deben por lo tanto deducir todas las consecuencias jurídicas apropiadas, de conformidad con el derecho nacional, cuando se haya producido una infracción del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (38) Sin embargo, las obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales no se limitan a la ayuda ilegal ya desembolsada. También abarcan aquellos casos en los que está a punto de efectuarse un pago ilegal. Los órganos jurisdiccionales nacionales deben amparar los derechos individuales frente a su posible inobservancia. (39) Cuando vaya a pagarse una ayuda ilegal, el órgano jurisdiccional nacional está por lo tanto obligado a evitar que este pago tenga lugar.

28.

La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de impedir el pago de la ayuda ilegal puede plantearse en distintas situaciones procesales, en función de los diferentes tipos de acciones disponibles conforme al derecho nacional. Muy a menudo, el demandante intentará impugnar la validez del acto nacional por el que se concede la ayuda estatal ilegal. En estos casos, el impedir el pago ilegal será la consecuencia lógica cuando se concluya que el acto de concesión es inválido debido a la infracción del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, por parte del Estado de la AELC (40)

29.

Cuando un órgano jurisdiccional nacional compruebe que una ayuda ha sido concedida ilegalmente, debe deducir todas las consecuencias jurídicas de esta ilegalidad conforme al derecho nacional. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe en principio ordenar del beneficiario la recuperación íntegra de la ayuda estatal ilegal. (41) El hecho de ordenar la recuperación íntegra de la ayuda ilegal forma parte de la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de proteger los derechos individuales del demandante (es decir, del competidor) con arreglo al artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Así pues, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de ordenar la recuperación no depende de la compatibilidad de la medida de ayuda con el artículo 61, apartados 2 o 3, del Acuerdo EEE.

30.

Dado que los órganos jurisdiccionales nacionales deben ordenar la recuperación íntegra de la ayuda ilegal independientemente de su compatibilidad, la recuperación puede ser más rápida si se solicita ante un órgano jurisdiccional nacional que si se solicita a través de una denuncia al Órgano. Efectivamente, a diferencia de lo que ocurre con el Órgano (42), el órgano jurisdiccional nacional puede y debe limitarse a determinar si la medida constituye ayuda estatal y si le es aplicable la obligación de suspensión.

31.

Sin embargo, la obligación de recuperación de los órganos jurisdiccionales nacionales no es absoluta. Según la jurisprudencia «SFEI» (43), pueden existir circunstancias excepcionales en las que la recuperación de una ayuda estatal ilegal resulte improcedente. El criterio jurídico que debe aplicarse en este contexto debería ser similar al aplicable de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (44) Es decir, si las circunstancias no se oponen a la adopción de una orden de recuperación por parte del Órgano, tampoco pueden justificar que un órgano jurisdiccional nacional se abstenga de ordenar la recuperación completa. La norma que aplica el tribunal de la AELC a este respecto es muy estricta. (45) Conforme al enfoque del Tribunal de la AELC y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el beneficiario de una ayuda concedida ilegalmente no puede alegar el principio de confianza legítima contra una orden de recuperación del Órgano. (46) En efecto, un agente económico diligente habría podido comprobar si la ayuda que recibió se había notificado o no. (47)

32.

Así pues, para justificar que el órgano jurisdiccional nacional no ha ordenado la recuperación de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, debe haber existido un hecho específico y concreto que haya generado la confianza legítima del beneficiario (48). Esto puede ocurrir si el propio Órgano ofrece garantías concretas de que la medida en cuestión no constituye ayuda estatal o que no está sujeta a la obligación de suspensión. (49)

33.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, (50) la obligación del órgano jurisdiccional nacional de ordenar la recuperación íntegra de la ayuda estatal ilegal desaparece si, cuando el órgano jurisdiccional nacional dicta su sentencia, el Órgano ya ha decidido que la ayuda es compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE. Puesto que la finalidad de la obligación de suspensión es velar por que solo puedan ejecutarse las ayudas compatibles, este objetivo no se impide si el Órgano ya ha confirmado la compatibilidad. (51) Por lo tanto, si el Órgano todavía no ha adoptado una decisión, la obligación del órgano jurisdiccional nacional de proteger los derechos individuales de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción permanece incólume, independientemente de si un procedimiento del Órgano está o no pendiente (52).

34.

Si bien después de una decisión positiva del Órgano, el órgano jurisdiccional nacional ya no está obligado por el Derecho del EEE a ordenar la recuperación íntegra, puede existir una obligación de recuperación conforme al Derecho nacional (53). Sin embargo, en caso de que exista esta obligación de recuperación, esta se entiende sin perjuicio del derecho del Estado de la AELC para volver a ejecutar la ayuda posteriormente.

35.

Una vez que el órgano jurisdiccional nacional ha decidido que la ayuda ilegal se ha desembolsado infringiendo el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, debe cuantificar la ayuda para determinar la cantidad que debe recuperarse. Para ello, la jurisprudencia del Tribunal de la AELC y de los tribunales de la Comunidad Europea relativa a la aplicación del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE y del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, así como las orientaciones del Órgano y su práctica decisoria deben servir de ayuda al órgano jurisdiccional. En caso de que el órgano jurisdiccional nacional tenga dificultades para calcular la cantidad de la ayuda, puede solicitar la asistencia del Órgano tal como se detalla en la sección 2 del presente Capítulo.

36.

La ventaja económica de la ayuda ilegal no se limita a su importe nominal. El beneficiario obtiene además una ventaja financiera que resulta de la ejecución prematura de la ayuda. Esto se debe a que si la ayuda se hubiese notificado al Órgano, el pago de la misma (si se hubiera llegado a producir) se habría efectuado con posterioridad. Esto habría obligado al beneficiario a pedir prestados los fondos correspondientes en los mercados de capitales, con los consiguientes intereses a tipos de mercado.

37.

Esta ventaja temporal indebida es la razón por la que, si el Órgano ordena la recuperación, el artículo 14, apartado 2, del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción no solo exige la recuperación del importe nominal de la ayuda, sino también la recuperación de los intereses devengados desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación. El tipo de interés que debe aplicarse en este contexto se define en la Decisión del Órgano no 195/04/COL de 14 de julio de 2004. (54)

38.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, (55) y con vistas a la aplicación del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, los órganos jurisdiccionales nacionales deben ordenar la recuperación de la ventaja financiera resultante de la ejecución prematura de la ayuda (denominada en lo sucesivo «el interés por el período de ilegalidad»). Esto se debe a que la ejecución prematura de una ayuda incompatible hará por lo menos que, en función de las circunstancias, los competidores soporten, en términos de competencia, los efectos de la ayuda antes de lo que hubieran debido. De este modo, el beneficiario obtiene una ventaja indebida. (56)

39.

La obligación del órgano jurisdiccional nacional de ordenar la recuperación de los intereses por el período de ilegalidad puede plantearse en dos situaciones diferentes:

40.

Para cumplir con su obligación de recuperación del interés por el período de ilegalidad, los órganos jurisdiccionales nacionales deben determinar el importe de intereses que se debe recuperar. Para ello se aplicarán los siguientes principios:

41.

En caso de duda, el órgano jurisdiccional nacional puede solicitar la asistencia del Órgano conforme a la sección 2 del presente Capítulo.

42.

Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden verse obligados a estimar las acciones de indemnización de los perjuicios causados a competidores del beneficiario y a otros terceros por la ayuda estatal ilegal. (63) Tales acciones de reparación de daños y perjuicios se dirigen generalmente contra la autoridad que concede la ayuda estatal. Pueden ser especialmente importantes para el demandante, puesto que, contrariamente a las acciones que solicitan una simple recuperación, una acción de reparación de daños que prospere concede al demandante una compensación económica directa por la pérdida sufrida. Es obvio que estas acciones dependen del ordenamiento jurídico nacional. A este respecto, el Órgano pone de relieve que los órganos jurisdiccionales nacionales deben utilizar todos los dispositivos y soluciones adecuados y aplicar todas las disposiciones pertinentes del Derecho nacional para ejecutar la última frase del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, y para proteger los derechos que ese Derecho confiere a los particulares y a los agentes económicos.

43.

Con independencia de la posibilidad de solicitar la reparación de daños y perjuicios conforme al Derecho nacional, las infracciones de la obligación de suspensión pueden dar lugar en principio a acciones de reparación de daños y perjuicios basadas en la jurisprudencia del Tribunal de la AELC. (64) Los Estados de la AELC están obligados a compensar los daños y perjuicios causados a los particulares por las infracciones tanto del Acuerdo EEE como del Derecho derivado del EEE. (65) Esta responsabilidad existe cuando: i) el objeto de la norma jurídica infringida sea conferir derechos a los particulares; ii) la infracción sea suficientemente grave; y iii) exista un nexo causal directo entre la infracción de la obligación del Estado miembro y el daño sufrido por las partes. (66)

44.

En opinión del Órgano, las infracciones del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción cumplen el primer requisito (obligación del Derecho del EEE dirigida a proteger derechos individuales). El Tribunal de la AELC ha sostenido que se considera que una norma infringida confiere derechos a los individuos cuando la disposición pertinente es incondicional y suficientemente exacta. (67) Tal como se recoge anteriormente en el apartado 22, el Órgano considera que estos criterios se cumplen en el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

45.

El requisito de la existencia de una infracción suficientemente grave del Derecho del EEE también se cumplirá generalmente por lo que se refiere al artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. El Tribunal de la AELC ha sostenido que esto depende de si, en el ejercicio de sus poderes legislativos, una Parte Contratante del Acuerdo EEE ha obviado manifiesta y gravemente su margen de apreciación. Para determinar si se cumple esta condición, deben tenerse en cuenta todos los factores que caracterizan la situación. Dichos factores incluyen, entre otras cosas, el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a las autoridades nacionales, el carácter intencional o voluntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error. (68) Sin embargo, por lo que se refiere al artículo 1, apartado 3 de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, las autoridades del Estado de la AELC no tienen ningún margen de apreciación para no notificar medidas de ayuda estatal. En principio, están sujetas a la obligación absoluta de notificar todas las medidas de esta índole antes de su aplicación. Aunque el Tribunal de la AELC pueda tener en cuenta el carácter excusable de la infracción de la norma del EEE, (69) cuando se trate de una ayuda estatal las autoridades del Estado de la AELC deberían ser plenamente conscientes de esta obligación y no pueden sostener que desconocían la obligación de suspensión. En caso de duda, los Estados de la AELC siempre pueden notificar la medida al Órgano por razones de seguridad jurídica. (70)

46.

El tercer requisito de que la infracción del Derecho del EEE haya causado un daño económico real y cierto al demandante puede cumplirse de diversas maneras.

47.

A menudo el demandante sostendrá que la ayuda es directamente responsable de un lucro cesante. Ante tal demanda, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

48.

La posibilidad de solicitar la reparación de daños y perjuicios es, en principio, independiente de cualquier investigación paralela del Órgano referente a la misma medida de ayuda. El hecho de que se esté efectuando una investigación no exime al órgano jurisdiccional nacional de su obligación de salvaguardar los derechos individuales de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (73) Puesto que el demandante debe poder demostrar que sufrió pérdidas debido a la aplicación prematura de la ayuda, y, más específicamente, a consecuencia de la ventaja temporal ilegal del beneficiario, tampoco cabe excluir que las demandas de reparación de daños y perjuicios prosperen en aquellos casos en los que el Órgano ha autorizado la ayuda antes de que se pronunciara el órgano jurisdiccional nacional. (74)

49.

En ciertos casos, las normas procesales nacionales permitirán que el órgano jurisdiccional nacional se base en estimaciones razonables con el fin de determinar el importe real de los daños que se debe conceder al demandante. Cuando esto ocurra, y siempre que se respete el principio de eficacia (75), el empleo de tales estimaciones también será posible en relación con las demandas de reparación de daños que se planteen de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Esto puede ser una herramienta útil para los órganos jurisdiccionales nacionales que tengan dificultades a la hora de calcular los daños.

50.

Los requisitos jurídicos previos de las acciones de reparación de daños y perjuicios conforme al Derecho del EEE y los problemas a la hora de calcular los daños también pueden ser objeto de las solicitudes de asistencia presentadas al Órgano conforme a la sección 2 del presente Capítulo.

51.

Según se ha descrito anteriormente, los posibles demandantes tienen derecho a interponer acciones de reparación de daños y perjuicios contra la autoridad que concede la ayuda estatal. Sin embargo, en determinadas circunstancias el demandante puede optar por solicitar la reparación de daños y perjuicios directamente del beneficiario.

52.

Como el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción no impone ninguna obligación directa al beneficiario, no existe base suficiente de Derecho del EEE para tales acciones. (76) Sin embargo, esto no es óbice en modo alguno para que una acción de reparación de daños y perjuicios interpuesta contra el beneficiario prospere sobre la base del Derecho nacional sustantivo. En este contexto, los demandantes potenciales deben basarse en el Derecho nacional en materia de responsabilidad extracontractual. (77)

53.

La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de deducir las consecuencias legales pertinentes de las infracciones de la obligación de suspensión no se limita a sus sentencias finales. Como parte de su función de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, los órganos jurisdiccionales nacionales también están obligados a dictar medidas cautelares cuando ello sea necesario para salvaguardar los derechos individuales (78) y la eficacia del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

54.

La facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales de adoptar medidas cautelares puede ser de fundamental importancia para las partes interesadas cuando el tiempo apremia. Gracias a su capacidad de actuar rápidamente contra las ayudas ilegales, a su proximidad y a la variedad de medidas de que disponen, los órganos jurisdiccionales nacionales son particularmente adecuados para adoptar medidas cautelares cuando la ayuda ilegal ya se ha pagado o está a punto de abonarse.

55.

Los casos más sencillos son aquellos en los todavía no se ha desembolsado la ayuda ilegal pero existe el riesgo de que se pague durante el transcurso del procedimiento ante el órgano jurisdiccional nacional. En estos casos, el deber del órgano jurisdiccional nacional de impedir las infracciones del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (79) puede obligarle a dictar medidas cautelares que impidan el desembolso ilegal hasta que se resuelva el fondo del asunto.

56.

Cuando ya se haya hecho el pago ilegal, la función de los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción les obliga por lo general a ordenar la recuperación íntegra (incluido el interés por el período de ilegalidad). Con arreglo al principio de eficacia (80), el órgano jurisdiccional nacional no puede aplazar esta orden retrasando indebidamente el procedimiento. Este retraso no solo afectaría a los derechos individuales amparados por el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción protege, sino que también incrementaría directamente el perjuicio competitivo resultante de la ilegalidad de la ayuda.

57.

Sin embargo, a pesar de esta obligación general, pueden existir ciertos casos en los que se aplaza la decisión final del órgano jurisdiccional nacional. En estos casos, la obligación de proteger los derechos individuales de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción obliga al órgano jurisdiccional nacional a utilizar todas las medidas provisionales disponibles con arreglo al ordenamiento procesal nacional para, al menos, poner fin de forma provisional a los efectos anticompetitivos de la ayuda («recuperación provisional»). (81) La aplicación del ordenamiento procesal nacional en este contexto está sujeta a los requisitos de equivalencia y eficacia. (82)

58.

Cuando el juez nacional, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de la AELC, de los tribunales de la Comunidad Europea y en la práctica del Órgano, llegue a la convicción razonable a primera vista de que la medida en cuestión supone una ayuda estatal ilegal, la solución más adecuada consistirá, en opinión del Órgano y sin perjuicio del Derecho nacional, en ordenar el ingreso de la ayuda ilegal y del interés por el período de ilegalidad en una cuenta bloqueada hasta que se resuelva el fondo del asunto. En su sentencia final, el órgano jurisdiccional nacional ordenará o bien que se devuelvan los fondos ingresados en la cuenta bloqueada a la autoridad que concede la ayuda estatal si se confirma la ilegalidad, o bien que se entreguen los fondos al beneficiario.

59.

La recuperación provisional también puede ser un instrumento muy eficaz en caso de que los procedimientos ante el órgano jurisdiccional nacional transcurran simultáneamente a una investigación del Órgano. (83) Una investigación en curso del Órgano no dispensa al órgano jurisdiccional nacional de su obligación de amparar los derechos individuales de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (84) Así pues, el órgano jurisdiccional nacional no puede limitarse a suspender su propio procedimiento hasta que el Órgano se pronuncie, dejando entretanto sin protección los derechos del demandante de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Por consiguiente, cuando el órgano jurisdiccional nacional desee esperar al resultado de la evaluación de la compatibilidad por parte del Órgano antes de dictar una orden de recuperación definitiva e irreversible, deberá adoptar las medidas cautelares pertinentes. También en este caso la orden de ingresar los fondos en una cuenta bloqueada parece una solución adecuada. En caso de que:

60.

También se pueden plantear ante los órganos jurisdiccionales nacionales asuntos relativos a ayudas estatales cuya recuperación ya haya sido ordenada por el Órgano. Aunque la mayor parte de estos casos serán acciones de anulación de una orden de recuperación nacional, los terceros pueden también solicitar a las autoridades nacionales la reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de una decisión de recuperación del Órgano.

61.

Según el artículo 14, apartado 3, de la Parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, los Estados de la AELC deben ejecutar sin dilación las decisiones de recuperación. La recuperación se efectúa según el procedimiento previsto en el derecho nacional, siempre que este permita la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de recuperación. Cuando una norma procesal nacional impida la recuperación inmediata y/o efectiva, el órgano jurisdiccional nacional deberá abstenerse de aplicar dicha norma. (88)

62.

Puede impugnarse ante un órgano jurisdiccional nacional la validez de las órdenes de recuperación dictadas por las autoridades nacionales en aplicación de una decisión de recuperación del Órgano. Las normas que rigen tales acciones se establecen detalladamente en el Capítulo de las Directrices sobre ayudas estatales del Órgano de Vigilancia de la AELC relativo a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles, (89) cuyos principios fundamentales se resumen a continuación.

63.

Concretamente, no se puede cuestionar ante los órganos jurisdiccionales nacionales la legalidad de la decisión subyacente del Órgano si el demandante podía haber impugnado esta decisión directamente ante el Tribunal de la AELC. (90) Esto también significa que, si se puede interponer recurso de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el órgano jurisdiccional nacional no puede suspender la ejecución de la decisión de recuperación por motivos relacionados con la validez de la decisión del Órgano. (91)

64.

Cuando no esté claro que el demandante pueda recurrir en anulación de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (por ejemplo, si la medida era un régimen de ayuda de amplio alcance respecto de la cual el demandante no pueda probar un interés individual), el órgano jurisdiccional nacional debe ofrecer en principio protección jurídica. Sin embargo, en las circunstancias en que la acción judicial se refiere a la validez y legitimidad de la decisión del Órgano, el juez nacional debe plantear una decisión prejudicial de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

65.

La adopción de medidas provisionales en estos casos está sujeta a requisitos jurídicos muy estrictos definidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la jurisprudencia «Zuckerfabrik» (92) y «Atlanta» (93): un órgano jurisdiccional nacional solo puede suspender una orden de recuperación si se cumplen las siguientes condiciones: i) el tribunal tiene dudas fundadas en cuanto a la validez del acto. Si la validez del acto impugnado no ha sido planteada ante el Tribunal de la AELC, debe basarse en el procedimiento fijado en el artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción; ii) existe urgencia, en el sentido de que las medidas provisionales son necesarias para evitar que se cause un daño grave e irreparable a la parte que solicita dichas medidas; y iii) el órgano jurisdiccional ha de tener debidamente en cuenta el interés del EEE. En su evaluación de todas estas condiciones, el órgano jurisdiccional nacional debe respetar cualquier decisión del Tribunal de la AELC en la que se pronuncie sobre la legitimidad de la decisión del Órgano o sobre una solicitud de medidas provisionales a nivel del EEE. (94)

66.

Al igual que ocurre con las infracciones de la obligación de suspensión, el incumplimiento por las autoridades del Estado de la AELC de una decisión de recuperación del Órgano de conformidad con el artículo 14 de la Parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción puede dar lugar a acciones de reparación de daños y perjuicios al amparo de la jurisprudencia del Tribunal de la AELC. (95) El Órgano considera que los principios establecidos anteriormente por lo que se refiere a las infracciones de la obligación de suspensión se aplicarán también a estas acciones de reparación de daños y perjuicios. (96) Esto se debe a que i) la obligación de recuperación por parte del Estado de la AELC pretende proteger los mismos derechos individuales que la obligación de suspensión, y ii) las decisiones de recuperación del Órgano no dejan a las autoridades nacionales ningún margen de apreciación; de este modo, las infracciones de la obligación de recuperación se deben considerar en principio como suficientemente graves. Por consiguiente, el éxito de una demanda de reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de una decisión de recuperación del Órgano dependerá también en este caso de que el demandante pueda demostrar que sufrió pérdidas debido a la demora de la recuperación. (97)

67.

Los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a hacer cumplir la obligación de suspensión y a proteger los derechos individuales contra las ayudas estatales ilegales. En principio, se aplican a tales procedimientos las normas procesales nacionales. (98) Sin embargo la aplicación del Derecho nacional en estos casos está sujeta a dos condiciones esenciales:

68.

Más generalmente, los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar las normas procesales nacionales si su aplicación infringe los principios establecidos en el apartado 67.

69.

El principio de eficacia incide directamente en la legitimación de los posibles demandantes ante los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. A este respecto, el Derecho del EEE exige que las normas nacionales que rigen la legitimación no menoscaben el derecho a una tutela judicial efectiva. (101) En consecuencia, las normas nacionales no pueden limitar la legitimación únicamente a los competidores del beneficiario. (102) Los terceros no afectados por el falseamiento de la competencia que resulta de la medida de ayuda también pueden tener un interés jurídico suficiente de distinta naturaleza (tal como se ha reconocido en asuntos fiscales) en interponer una acción ante un órgano jurisdiccional nacional. (103)

70.

La jurisprudencia antes citada es de especial pertinencia para las ayudas estatales concedidas en forma de exenciones de impuestos y de otras obligaciones financieras. En estos casos, no es extraño que las personas que no se benefician de la misma exención impugnen su propia carga fiscal basándose en el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (104)

71.

Sin embargo, los terceros contribuyentes solo pueden basarse en la obligación de suspensión cuando el impuesto pagado por ellos forma parte integrante de la medida ilegal de ayuda estatal. (105) Así ocurre cuando, en virtud de las normas nacionales correspondientes, la recaudación del tributo se destina obligatoriamente a la financiación de la ayuda y afecta directamente a la cuantía de esta en infracción del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (106)

72.

Si se han concedido exenciones sobre impuestos generales, no se suelen cumplir los criterios antes mencionados. Así pues, una empresa sujeta al pago de tales impuestos no puede en general alegar que la exención fiscal aplicada a otra persona es ilegal de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (107) De la jurisprudencia reiterada también se desprende que la ampliación del círculo de posibles beneficiarios a otras empresas no es un remedio apropiado para las infracciones del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Esta medida no eliminaría los efectos anticompetitivos de la ayuda ilegal sino que, por el contrario, los incrementaría. (108)

73.

El principio de eficacia también puede influir en el proceso de obtención de pruebas. Por ejemplo, cuando la carga de la prueba relativa a una determinada demanda hace imposible o excesivamente difícil que un demandante justifique su demanda (por ejemplo, porque los certificados justificativos necesarios no obran en su poder), el órgano jurisdiccional nacional debe utilizar todos los medios disponibles conforme al Derecho procesal interno para dar al demandante acceso a estas pruebas. Esto puede incluir, cuando así se contemple en el Derecho nacional, la obligación de que el órgano jurisdiccional nacional ordene al demandado o a un tercero que pongan a disposición del demandante los documentos necesarios. (109)

74.

El artículo 3 del Acuerdo EEE, que corresponde al artículo 10 del Tratado CE, impone a las Partes Contratantes la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del Acuerdo EEE y para facilitar la cooperación en su marco. (110) Tomando como base la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el artículo 10 del Tratado CE implica que la Comisión Europea debe ayudar a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando estos apliquen el Derecho comunitario. (111) A la inversa, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden verse obligados a ayudar a la Comisión Europea en el cumplimiento de sus tareas. (112) El Órgano considera que tiene una obligación similar de cooperación leal respecto a los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados de la AELC, en virtud del correspondiente artículo 3 del Acuerdo EEE y el artículo 2 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

75.

Dado el papel clave que los órganos jurisdiccionales nacionales desempeñan en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, el Órgano está decidido a asistir a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando estos lo consideren necesario para resolver un asunto pendiente. Si bien el Capítulo previo de las Directrices sobre ayudas estatales del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Órgano de Vigilancia de la AELC en materia de ayudas estatales (113) ya ofrecía a los órganos jurisdiccionales nacionales la posibilidad de solicitar la asistencia del Órgano, los órganos jurisdiccionales nacionales no han utilizado con regularidad esta posibilidad. Por ello, el Órgano desea hacer un nuevo intento de establecer una colaboración más estrecha con los órganos jurisdiccionales nacionales instaurando unos mecanismos de asistencia más prácticos y fáciles de usar. Para ello se inspira en la Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC relativa a la cooperación entre el Órgano de Vigilancia de la AELC y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la AELC para la aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE. (114)

76.

La asistencia del Órgano a los órganos jurisdiccionales nacionales puede presentar dos formas distintas:

77.

En su asistencia a los órganos jurisdiccionales nacionales, el Órgano debe respetar su deber de secreto profesional y salvaguardar su funcionamiento e independencia. (115) En el cumplimiento de su obligación en virtud del artículo 3 del Acuerdo EEE para con los órganos jurisdiccionales nacionales, el Órgano está por lo tanto comprometido a mantenerse neutral y objetivo. Puesto que la asistencia del Órgano a los órganos jurisdiccionales nacionales forma parte de su deber de defender el interés público, el Órgano no tiene ninguna intención de servir los intereses privados de las partes implicadas en los asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Así pues, el Órgano no atenderá a ninguna parte de un procedimiento nacional cuando asista al órgano jurisdiccional nacional.

78.

La asistencia ofrecida a los órganos jurisdiccionales nacionales conforme al presente Capítulo es voluntaria y sin perjuicio de la posibilidad de que el órgano jurisdiccional nacional solicite al Tribunal de la AELC un dictamen consultivo relativo a la interpretación o a la validez del Derecho del EEE de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

79.

El deber del Órgano de ayudar a los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales incluye la obligación de transmitir a los órganos jurisdiccionales nacionales la información pertinente que obre en su poder. (116)

80.

Un órgano jurisdiccional nacional puede, entre otras cosas, solicitar al Órgano los siguientes tipos de información:

81.

Para garantizar la eficacia de la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, las solicitudes de información se tramitarán lo más rápidamente posible. El Órgano se esforzará por facilitar al órgano jurisdiccional nacional la información solicitada en el plazo de un mes a partir de la fecha de la solicitud. Cuando el Órgano necesite solicitar al órgano jurisdiccional nacional alguna aclaración suplementaria, este período de un mes empezará a contar a partir del momento en que se reciba la aclaración. Si el Órgano debe consultar a terceros afectados directamente por la transmisión de la información, dicho período de un mes comenzará cuando finalice dicha consulta. Esto podría ocurrir, por ejemplo, con ciertos tipos de información presentada por personas físicas (118), o cuando la información presentada por un Estado de la AELC ha sido solicitada por un órgano jurisdiccional de un Estado de la AELC diferente.

82.

Al transmitir la información a los órganos jurisdiccionales nacionales, el Órgano de Vigilancia de la AELC tendrá que respetar las garantías dadas a las personas físicas y jurídicas por el artículo 122 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (119) El artículo 14 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción impide que los miembros, funcionarios y otros agentes del Órgano revelen información amparada por la obligación de secreto profesional. El artículo 122 del Acuerdo EEE exige a los representantes, delegados y expertos de las Partes Contratantes, así como a los funcionarios y otros agentes, incluso después de haber cesado en sus funciones, no revelar información amparada por la obligación de secreto profesional. Se incluyen aquí la información confidencial y los secretos comerciales.

83.

La lectura combinada de los artículos 3 y 122 del Acuerdo EEE y del artículo 14 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción no implica una prohibición absoluta de que el Órgano transmita a los órganos jurisdiccionales nacionales la información amparada por el secreto profesional. Según han confirmado los tribunales comunitarios, el deber de cooperación leal obliga a la Comisión a facilitar al órgano jurisdiccional nacional cualquier información que este último pueda solicitar. (120) El Órgano, adoptando el mismo enfoque, cree que esto también incluye la información amparada por el secreto profesional.

84.

Así pues, cuando el Órgano se proponga proporcionar a un órgano jurisdiccional nacional una información amparada por el secreto profesional, deberá recordar al órgano jurisdiccional sus obligaciones de conformidad con el artículo 122 del Acuerdo EEE y el artículo 14 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Preguntará al órgano jurisdiccional nacional si puede garantizar y garantizará la protección de la información y de los secretos comerciales confidenciales. Si el órgano jurisdiccional nacional no puede ofrecer dicha garantía, el Órgano no le transmitirá la información en cuestión. (121) En cambio, cuando el órgano jurisdiccional nacional haya ofrecido tal garantía, el Órgano transmitirá la información solicitada.

85.

Existen otras situaciones en las que el Órgano no puede revelar la información a un órgano jurisdiccional nacional. En especial, el Órgano puede negarse a transmitir la información a un órgano jurisdiccional nacional cuando la divulgación de dichos datos pueda obstaculizar el funcionamiento del Acuerdo EEE. Así ocurriría si la divulgación comprometiera la realización de las tareas encomendadas al Órgano (122) (por ejemplo, información referente al proceso decisorio interno del Órgano).

86.

Cuando deba aplicar las normas comunitarias de competencia en un litigio, el órgano jurisdiccional nacional debe atenerse a todas las normas pertinentes del EEE en el ámbito de las ayudas estatales y a la jurisprudencia del Tribunal de la AELC y de los tribunales comunitarios. Además, el órgano jurisdiccional nacional puede orientarse con ayuda de la práctica decisoria del Órgano y de las directrices referentes a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales publicadas por el Órgano. Sin embargo, en ciertos casos cabe la posibilidad de que los instrumentos citados no ofrezcan al órgano jurisdiccional nacional la suficiente orientación sobre el aspecto en cuestión. A la luz de sus obligaciones de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo EEE y dado el importante y complejo cometido que desempeñan los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, el Órgano da a los órganos jurisdiccionales nacionales la oportunidad de solicitar al Órgano que adopte un dictamen sobre el aspecto en cuestión relativo a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. (123)

87.

Estos dictámenes del Órgano pueden, en principio, referirse a todos los aspectos económicos, fácticos o jurídicos que se planteen en el contexto de un procedimiento nacional. (124) Evidentemente, las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho del EEE también pueden dar lugar a que el órgano jurisdiccional nacional solicite un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

88.

Los aspectos que pueden ser objeto de un dictamen del Órgano incluyen, entre otros:

89.

Tal como se ha indicado en el apartado 17, la evaluación de la compatibilidad de una medida de ayuda con el funcionamiento del Acuerdo EEE de conformidad con el artículo 61, apartados 2 y 3, del Acuerdo EEE es competencia exclusiva del Órgano. Los órganos jurisdiccionales nacionales no son competentes para evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda. Si bien esto impide que el Órgano emita un dictamen sobre la compatibilidad, ello no es óbice para que el órgano jurisdiccional nacional solicite información procesal relativa a si el Órgano está evaluando ya la compatibilidad de cierta medida de ayuda (o si se propone hacerlo) y, en caso afirmativo, sobre la fecha probable en que adoptará su decisión. (126)

90.

Al pronunciarse, el Órgano se limitará a facilitar al órgano jurisdiccional nacional la información sobre los hechos o la aclaración económica o jurídica solicitada, sin entrar a considerar el fondo del asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional. Por otra parte, el dictamen del Órgano no vincula jurídicamente al órgano jurisdiccional nacional.-

91.

Para que la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales sea lo más eficaz posible, las solicitudes de dictamen del Órgano se tramitarán lo más rápidamente posible. El Órgano se esforzará por facilitar el dictamen al órgano jurisdiccional nacional en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Cuando el Órgano necesite pedir al órgano jurisdiccional nacional alguna aclaración suplementaria relativa a su solicitud, este período de cuatro meses empezará a contar a partir del momento en que se reciba la aclaración.

92.

En este contexto, se debe tener en cuenta, sin embargo, que la obligación general de los órganos jurisdiccionales nacionales de proteger los derechos individuales de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción también se aplica durante el período en que el Órgano elabora el dictamen solicitado. Esto se debe a que, según lo establecido anteriormente en el apartado 59, la obligación del órgano jurisdiccional nacional de proteger los derechos individuales de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción se aplica con independencia de si se está o no aún a la espera de que el Órgano se pronuncie. (127)

93.

Como ya se indicó antes en el apartado 77 del presente Capítulo, el Órgano no oirá a las partes antes de entregar su dictamen al órgano jurisdiccional nacional. La incorporación del dictamen del Órgano al procedimiento nacional está sujeta a las normas procesales nacionales correspondientes que deben atenerse a los principios generales del Derecho del EEE.

94.

Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden dirigir todas las solicitudes de asistencia conforme a las secciones 2.1 y 2.2 del presente Capítulo y cualesquiera otras preguntas escritas u orales sobre la política de ayudas estatales que se puedan plantear en su actividad cotidiana a la siguiente dirección:

95.

El Órgano de Vigilancia de la AELC publicará en su informe anual un resumen sobre su cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo al presente Capítulo. También podrá publicar sus dictámenes y observaciones en su sitio Internet.

96.

El presente Capítulo se publica con objeto de prestar asistencia a los órganos jurisdiccionales nacionales en su aplicación de las normas sobre ayudas estatales. No es vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales ni afecta a su independencia. El capítulo tampoco afecta a los derechos y obligaciones de los Estados de la AELC y de las personas físicas o jurídicas de conformidad con el Derecho del EEE.

97.

El presente Capítulo sustituye al Capítulo de las directrices sobre ayudas estatales del Órgano sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Órgano de Vigilancia de la AELC en materia de ayudas estatales.

98.

El Órgano tiene la intención de llevar a cabo una revisión del presente Capítulo a los cinco años de su adopción.