24.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/1

(1)

Mediante el Reglamento (CEE) no 2737/90 (2), el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo del 33 % sobre las importaciones de carburo de volframio y carburo de volframio fundido originarios de la República Popular China (en lo sucesivo, «China»). Mediante la Decisión 90/480/CEE (3) la Comisión aceptó los compromisos ofrecidos por dos exportadores importantes relativos al producto sujeto a las medidas.

(2)

Tras la denuncia de los compromisos por parte de los dos exportadores chinos afectados, la Comisión, mediante el Reglamento (CE) no 2286/94 (4), estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones del producto afectado.

(3)

Mediante el Reglamento (CE) no 610/95 (5), el Consejo modificó el Reglamento (CEE) no 2737/90 y estableció un derecho definitivo del 33 % sobre las importaciones de carburo de volframio y carburo de volframio fundido. Tras una reconsideración iniciada con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base («la investigación de reconsideración previa»), dichas medidas se prorrogaron durante otro período quinquenal mediante el Reglamento (CE) no 771/98 del Consejo (6).

(4)

Mediante el Reglamento (CE) no 2268/2004 (7), tras una reconsideración por expiración, el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo del 33 % sobre las importaciones de carburo de volframio y carburo de volframio fundido originarias de la República Popular China (en lo sucesivo, «China»).

(5)

Mediante el Reglamento (CE) no 1275/2005 (8), el Consejo modificó la definición del alcance del producto para abarcar también el carburo de volframio simplemente mezclado con polvo metálico.

(6)

Tras la publicación de un anuncio de próxima expiración (9) de las medidas antidumping definitivas vigentes, la Comisión recibió el 30 de septiembre de 2009 la solicitud de inicio de una reconsideración por expiración de dichas medidas de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base. La solicitud fue presentada por la Asociación Europea de Metalúrgicos, Eurométaux («el solicitante»), en nombre de productores de la Unión que representan un porcentaje elevado, en este caso más del 85 %, de la producción total de la Unión de carburo de volframio, carburo de volframio simplemente mezclado con polvo metálico y carburo de volframio fundido.

(7)

La solicitud se basaba en el argumento de que la expiración de las medidas acarrearía probablemente una continuación o reaparición del dumping y una reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.

(8)

El 30 de diciembre de 2009, tras determinar, previa consulta al Comité consultivo, que existían suficientes pruebas para iniciar una reconsideración por expiración, la Comisión anunció el inicio de una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea  (10) («el anuncio de inicio»).

(9)

La investigación de la continuación o reaparición del dumping abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009 («el período de investigación de reconsideración» o «PIR»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar la probabilidad de reaparición del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el final del PIR («el período considerado»).

(10)

La Comisión informó oficialmente del inicio de la reconsideración por expiración al solicitante, a los productores exportadores, los importadores, los usuarios notoriamente afectados y otros productores conocidos de la Unión, a los productores del país análogo y a los representantes de China. Se invitó a las partes interesadas a presentar sus puntos de vista por escrito y a solicitar audiencia dentro del plazo establecido en el anuncio de inicio.

(11)

Se concedió audiencia a todas las partes interesadas que lo solicitaron y que demostraron que existían razones específicas por las que debían ser oídas.

(12)

La Comisión envió cuestionarios a todas las partes notoriamente afectadas y a aquellos que se dieron a conocer en los plazos establecidos en el anuncio de inicio. Se recibieron respuestas de siete productores de la Unión, un productor exportador chino, un productor exportador del país análogo y tres usuarios.

(13)

Ninguno de los importadores respondió al ejercicio de muestreo ni facilitó información a la Comisión o se dio a conocer en el transcurso de la investigación. Como solo un productor exportador chino presentó la información solicitada, no fue necesario seleccionar una muestra.

(14)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, y el consiguiente perjuicio, así como el interés de la Unión. Se llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de las siguientes empresas:

(15)

El producto afectado por la presente reconsideración es el carburo de volframio, el carburo de volframio simplemente mezclado con polvo metálico y el carburo de volframio fundido originarios de China, clasificados actualmente en los códigos NC 2849 90 30 y ex 3824 30 00.

(16)

El carburo de volframio, el carburo de volframio simplemente mezclado con polvo metálico y el carburo de volframio fundido son compuestos de carbono y volframio producidos por tratamiento térmico (carburación en el primer caso, fusión en el tercero). Estos productos son productos intermedios, utilizados como insumos en la fabricación de componentes de metales duros, como herramientas de corte de carburo cimentado y componentes con alta resistencia al desgaste, recubrimientos resistentes a la abrasión, barrenas de perforación y minería y matrices y cabezales para el estampado y forjado de metales.

(17)

La actual investigación ha confirmado que el producto afectado fabricado y vendido por el productor exportador a la Unión tiene las mismas características físicas y químicas y los mismos usos que el producto fabricado por los productores de la Unión y vendido en el mercado de la Unión o el fabricado y vendido en el país análogo y, por consiguiente, se considera que son productos similares a efectos del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

(18)

De conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, se examinó si actualmente se estaba practicando dumping y, en su caso, si la expiración de las medidas existentes podría propiciar la continuación o reaparición del dumping. Se recuerda que, en el contexto de la investigación en virtud de dicho artículo, no se reconsidera el trato de economía de mercado.

(19)

Según lo explicado anteriormente, no fue necesario hacer un muestreo por lo que se refiere a los productores exportadores chinos.

(20)

En la fase de muestreo, el único productor exportador chino que cooperó parecía representar menos del 5 % del total de las exportaciones chinas a la Unión. Se notificó a las autoridades chinas y a las demás partes interesadas que, debido al reducido nivel de cooperación por parte de los productores exportadores, podría aplicarse el artículo 18 del Reglamento de base. La Comisión no ha recibido respuesta a esta comunicación.

(21)

Sin embargo, durante la investigación, en su respuesta al cuestionario, el productor exportador que cooperó corrigió el error que había al declarar sus exportaciones a la Unión, y revisó al alza su volumen de exportaciones a la Unión. En paralelo, se analizaron, a partir de cifras de Eurostat, los volúmenes del producto afectado exportados de China a la Unión. Como resultado, y tras verificar la respuesta al cuestionario, se determinó que el volumen de exportaciones del productor exportador que cooperó era muy elevado (11). Dichas constataciones permitieron concluir que la cooperación era elevada.

(22)

Dado que en las investigaciones previas no se había concedido trato de economía de mercado a ningún productor exportador chino, el valor normal para China se determinó con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base.

(23)

En el anuncio de inicio se propuso Estados Unidos como país análogo adecuado a efectos de establecer el valor normal para China. Se invitó a las partes interesadas a presentar observaciones sobre la idoneidad de esta elección. Ninguna de las partes hizo observaciones ni planteó objeciones al respecto. También se había utilizado a Estados Unidos como país análogo en la investigación original y no se parecían haberse producido ni se habían comunicado a la Comisión nuevas circunstancias ni cambios de circunstancias que justificaran una modificación. Se consideró que Estados Unidos era representativo como mercado de referencia, en particular por la apertura y competitividad del mercado interior estadounidense. Además, un productor estadounidense aceptó cooperar en la presente reconsideración.

(24)

Por consiguiente, se ha utilizado EE.UU. como país análogo de economía de mercado a efectos de la presente reconsideración.

(25)

De acuerdo con el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, el valor normal se estableció sobre la base de la información comprobada facilitada por el productor estadounidense que cooperó en el país análogo, es decir, sobre la base de los precios pagados o por pagar en el mercado interior de Estados Unidos para tipos de productos vendidos en operaciones comerciales normales.

(26)

Como consecuencia, el valor normal se estableció como la media ponderada del precio de venta interior a clientes independientes por el productor estadounidense que cooperó.

(27)

En primer lugar, se determinó si el total de las ventas del producto similar a clientes independientes en el mercado nacional del productor estadounidense que cooperó era representativo de conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, esto es, si representaba como mínimo un 5 % del volumen total de ventas del producto afectado exportado a la Unión. Se considera que las ventas interiores del productor estadounidense que cooperó fueron suficientemente representativas durante el período de investigación de reconsideración.

(28)

Se procedió a examinar a continuación si se podía considerar que las ventas interiores del producto similar se habían realizado en el curso de operaciones comerciales normales de conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento de base. Esto se hizo determinando, para el producto similar vendido en el mercado de los Estados Unidos, el porcentaje de ventas rentables en el mercado interior a clientes independientes durante el PIR.

(29)

Dado que el volumen de ventas rentables del producto similar representaba menos del 80 % del volumen total de ventas del producto similar, el valor normal se basó en el precio interior efectivo, calculado como media ponderada de las ventas rentables.

(30)

Como se ha explicado anteriormente, dado que el productor exportador que cooperó representaba más del 90 % de las exportaciones totales de China a la Unión, se examinó el precio de exportación sobre la base de la información comunicada por dicho productor exportador, es decir, el precio realmente pagado o por pagar, debidamente ajustado, por el producto afectado exportado a la Unión.

(31)

El valor normal medio ponderado se comparó con el precio medio ponderado de exportación de cada tipo de producto afectado, a partir del precio franco fábrica en la misma fase comercial y al mismo nivel fiscal. De conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, y a fin de garantizar una comparación ecuánime, se tuvieron en cuenta las diferencias existentes entre los factores que, según se alegó y demostró, afectaban a los precios y a la comparabilidad de estos. Se realizaron ajustes en concepto de transporte interior y marítimo, seguros, gastos bancarios y costes de envasado. Además, se practicó un ajuste del 5 % en el precio de exportación para tener en cuenta el gravamen a la exportación, así como un ajuste del valor normal para tener en cuenta el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

(32)

De conformidad con el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, se estableció el margen de dumping por tipo de producto comparando el valor normal medio ponderado con la media ponderada del precio de exportación en la misma fase comercial. Esta comparación mostró que durante el PIR hubo un dumping de más del 80 %, es decir, a un nivel muy superior al determinado en la última investigación de reconsideración (31 %). No puede divulgarse el margen de dumping exacto por motivos de confidencialidad. Los cálculos se basan en información facilitada por un productor exportador chino y un productor del país análogo. Si se divulgara el margen de dumping, tanto el productor exportador chino que cooperó como el productor del país análogo podrían deducir, respectivamente, el valor normal y el precio de exportación del otro, lo que constituiría una infracción flagrante del derecho de ambas partes a la confidencialidad.

(33)

Los datos que figuran en la presente sección han sido obtenidos mediante un análisis de la información facilitada por el productor exportador que cooperó, de Eurostat y de la solicitud de reconsideración.

(34)

Los datos sobre capacidad excedentaria facilitados por el productor exportador chino que cooperó se han presentado con un aumento o reducción del 20 % para respetar la confidencialidad. La capacidad de producción china era de unas 21 000 toneladas en 2006 y 2007, y experimentó un fuerte aumento hasta llegar a unas 35 000 toneladas en 2008 y en el PIR, lo que supone un incremento de más del 80 % en el período considerado. Estas cifras pueden considerarse conservadoras, ya que la solicitud de reconsideración mencionaba una capacidad de producción cercana a las 50 000 toneladas.

(35)

Además, el productor exportador que cooperó declaró que su capacidad se había incrementado significativamente durante el período considerado.

(36)

La información recogida durante la investigación mostró que el total de la capacidad de producción china era considerablemente mayor que la producción china real (en más de 20 000 toneladas como mínimo en 2008 y en el PIR).

(37)

En el PIR, China tenía una capacidad excedentaria seis veces superior al consumo de la Unión (25 000 toneladas, frente a las 3 800 toneladas que consumió la Unión).

(38)

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que gran parte de la capacidad excedentaria china podría haberse utilizado para aumentar las exportaciones a la Unión en caso de no existir las medidas antidumping.

(39)

Además, la información recibida durante la investigación mostraba importantes distorsiones en el mercado de las materias primas utilizadas para fabricar el producto afectado. En primer lugar, las materias primas estaban sujetas a contingentes asignados por las autoridades chinas. En segundo lugar, las autoridades chinas limitaban el acceso a las materias primas mediante medidas de rebaja de los gravámenes a la exportación y del IVA que, como se ha indicado en el considerando 31, también se aplican al producto afectado. Estos factores constituyen elementos adicionales que indican una probabilidad de continuación del dumping en el presente caso.

(40)

La información sobre precios facilitada por el exportador que cooperó, que no puede divulgarse por motivos de confidencialidad, muestra que la Unión constituye un mercado interesante para los productores exportadores chinos. Durante el período considerado, los precios aplicados en los mercados de otros terceros países fueron inferiores, excepto en 2007, a los aplicados a la Unión (aproximadamente entre el 10 % y el 20 % inferiores en años diferentes durante el período considerado).

(41)

Por estos motivos, puede concluirse que, en términos de precios aplicables, el mercado de la Unión constituye incontestablemente una alternativa atractiva para los exportadores chinos.

(42)

Sobre esta base, en caso de derogarse las medidas, los productores exportadores chinos tendrían un incentivo para dirigir sus exportaciones al mercado de la Unión. Los elevados precios que imperan en el mercado de la Unión permitirían a los productores exportadores chinos obtener mayores márgenes de beneficio.

(43)

En 2005, las medidas se ampliaron a un código adicional de la NC, ya que se descubrió que los exportadores chinos estaban eludiendo las medidas mediante la adición de pequeñas cantidades de otro polvo metálico (principalmente cobalto) al carburo de volframio en polvo (12). Esta práctica de elusión, que ha sido confirmada, es un elemento adicional que apoya la conclusión de probabilidad de continuación del dumping. Constituye una prueba flagrante de que el mercado europeo sigue siendo atractivo para los productores exportadores chinos, que en ausencia de las medidas antidumping probablemente exportarían mayores volúmenes de carburo de volframio a la UE.

(44)

El análisis anterior demuestra que las importaciones procedentes de China siguen entrando en el mercado de la Unión a precios objeto de dumping con márgenes de dumping muy elevados. Habida cuenta, en particular, de los resultados del análisis de los precios aplicados en los mercados de la UE y de otros terceros países, así como de las capacidades disponibles en China, puede concluirse que sería probable que continuara el dumping si se derogaran las medidas.

(45)

En la Unión, el producto similar es fabricado por siete empresas o grupos de empresas.

(46)

Se considera, pues, que constituyen la industria de la Unión a efectos del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base, y en lo sucesivo se hará referencia a ellos como la «industria de la Unión».

(47)

Fue preciso indexar los datos relativos a las importaciones en la Unión del producto afectado originario de China para garantizar la confidencialidad, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de base.

(48)

En cuanto a las importaciones correspondientes al código TARIC 3824300010, debido a la inclusión de productos distintos del producto afectado en los datos sobre las importaciones disponibles en Eurostat a nivel del código NC (código NC 3824 30 00), el análisis que figura a continuación se realizó sobre la base de datos de importación a nivel del código TARIC, complementados con datos recabados de conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento de base. Se considera que los datos TARIC son confidenciales, ya que aportan un nivel de detalle que permite la identificación de las partes. Por este motivo, determinada información se presenta en forma de intervalo.

(49)

La información relativa a la industria de la Unión se obtuvo a partir de las respuestas a los cuestionarios facilitada por los siete productores de la Unión.

(50)

El consumo de la Unión se determinó a partir de datos sobre el volumen de ventas de la industria de la Unión en el mercado de la Unión, más los datos de importaciones de Eurostat.

(51)

Entre 2006 y el PIR, el consumo de la Unión disminuyó un 62 %, y el mayor descenso se produjo entre 2008 y el PIR. Durante el PIR, el consumo disminuyó un 63 % con respecto a 2008.

Cuadro 1

Consumo

(52)

El volumen, la cuota de mercado y el precio medio de las importaciones objeto de dumping procedentes de China evolucionaron como se indica a continuación. Las siguientes tendencias de cantidades y precios se basan en datos de Eurostat.

Cuadro 2

Importaciones procedentes de China

(53)

El volumen de las importaciones objeto de dumping del producto afectado originario de China disminuyó un 89 % durante el período considerado, y alcanzó un nivel de unas 80 toneladas durante el PIR. Su cuota de mercado también disminuyó del 7,1 % en 2006 al 2,1 % en el PIR.

(54)

Esta disminución puede explicarse por el significativo aumento del consumo interno chino durante el período considerado. Además, el sistema de aranceles y contingentes a la exportación aplicado por las autoridades chinas parece indicar que pretenden conservar los recursos de volframio de China.

(55)

Los precios de las importaciones chinas disminuyeron un 14 % durante el período considerado. Esta evolución refleja la tendencia general que también siguen los precios aplicados por la industria de la Unión.

(56)

La comparación también puso de manifiesto que las importaciones procedentes de China estaban subcotizados respecto a los precios de la industria de la Unión en más del 10 % tras deducir el derecho antidumping en vigor. Estos resultados son idénticos a los de la última investigación de reconsideración (13).

(57)

El cuadro siguiente muestra el volumen de importaciones procedentes de otros países durante el período considerado. Las tendencias en cuanto a cantidades y precios se basan en datos de Eurostat.

Cuadro 3

Importaciones procedentes de otros países

(58)

Las importaciones procedentes de terceros países se redujeron un 36 % durante el período considerado. Siguieron la tendencia general del mercado, inducida por el descenso del consumo (una disminución del 62 %), pero no al mismo ritmo. Por ello, la cuota de mercado de estas importaciones ha aumentado del 10,5 % al 17,9 %. Sin embargo, la incidencia de estas importaciones sobre la industria de la Unión no puede considerarse negativa, como se demostrará en los considerandos 85 a 88.

(59)

Cabe señalar que la cuota de mercado de la República de Corea (denominada en lo sucesivo «Corea») se duplicó durante el período considerado, hasta alcanzar un 4,4 %. Los precios medios de importación coreanos disminuyeron durante el período considerado, pero normalmente siguieron siendo superiores al precio medio de venta de las exportaciones chinas.

(60)

De conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base, la Comisión examinó todos los índices y factores económicos pertinentes en relación con la situación de la industria de la Unión.

(61)

En primer lugar, la producción de la industria de la Unión aumentó un 5,8 % en 2007 y un 11,6 % en 2008 con respecto a 2006, para después reducirse bruscamente durante el PIR un 56 % con respecto a 2008.

Cuadro 4

Producción total de la Unión

(62)

La capacidad de producción aumentó un 10,8 % entre 2006 y el PIR. Dado que la producción disminuyó, en particular durante el PIR, la utilización de la capacidad resultante muestra una disminución general de un 57 % entre 2006 y el PIR, hasta llegar a una utilización de la capacidad del 39 % durante el PIR.

Cuadro 5

Capacidad de producción y utilización de la capacidad

(63)

El nivel de existencias de la industria de la Unión aumentó un 20 % en 2008 con respecto a 2006, y posteriormente disminuyó un 26 % durante el PIR.

Cuadro 6

Existencias

(64)

Las ventas de la industria de la Unión en el mercado de la Unión a clientes no vinculados aumentaron ligeramente entre 2006 y 2008 y posteriormente disminuyeron un 61 % entre 2008 y el PIR. Los volúmenes de ventas aumentaron en 2007 y 2008, pero experimentaron un brusco descenso durante el PIR. Esta evolución está en consonancia con la tendencia general a la baja del consumo en el mercado de la Unión.

Cuadro 7

Ventas a clientes no vinculados

(65)

La cuota de mercado de la industria de la Unión se mantuvo bastante estable entre 2006 y 2008, pero aumentó cuatro puntos porcentuales entre 2008 y el PIR. En total, el incremento durante el período considerado fue de cinco puntos porcentuales.

Cuadro 8

Cuota de mercado de EE.UU.

(66)

Como la caída de las ventas fue ligeramente inferior a la del consumo, la industria de la Unión ganó cuota de mercado.

(67)

El nivel de empleo en la industria de la Unión disminuyó un 17 % entre 2006 y el PIR. El empleo también disminuyó durante el período 2006-2008, cuando la producción aumentó ligeramente, como resultado del esfuerzo realizado por la industria de la Unión para mejorar su productividad. Sin embargo, durante el PIR, el brusco descenso de la producción conllevó un importante deterioro del empleo.

Cuadro 9

Empleo

(68)

La productividad de la mano de obra de la industria de la Unión, medida en volumen de producción por persona empleada y por año, aumentó en 2007 y 2008 un 7 % y un 15 % respectivamente con respecto a 2006, y a continuación disminuyó un 49 % entre 2008 y el PIR.

Cuadro 10

Productividad

(69)

El precio medio de venta franco fábrica aplicado por la industria de la Unión a clientes no vinculados de la Unión mostró una tendencia a la baja durante el período considerado. En total, la industria de la Unión tuvo que reducir sus precios un 15,4 % entre 2006 y el PIR.

(70)

Como se explica en los considerandos 55 y 56, los precios de las importaciones objeto de dumping procedentes de China siguieron una tendencia similar a los de la industria de la Unión, aunque fueron constantemente inferiores a los precios de la industria de la Unión. Durante el PIR, los precios chinos eran más de un 10 % inferiores a los aplicados por la industria de la Unión.

Cuadro 11

Precio unitario en el mercado de la UE

(71)

Entre 2006 y el PIR, el salario medio por empleado aumentó un 4,8 %.

Cuadro 12

Costes laborales

(72)

Entre 2006 y 2008, el flujo anual de inversiones en el producto afectado efectuadas por la industria de la Unión aumentó un 18 %. Entre 2007 y 2008, las inversiones aumentaron un 103 %. Sin embargo, durante el PIR las inversiones disminuyeron un 65 % con respecto a 2008.

(73)

Las inversiones se realizaron principalmente en la construcción de nuevas instalaciones para producir volframio a partir de materiales usados y de residuos. Fue necesario reducir las inversiones debido a: i) el descenso del nivel general de producción en el mercado de la Unión, ii) la distorsión del mercado de materias primas (véase el considerando 39), y iii) la crisis económica.

(74)

Durante el PIR no se realizaron inversiones significativas. Esto puede explicarse en gran medida por la crisis económica que se inició en 2008 y alcanzó su punto culminante durante el PIR, durante la cual era cada vez más difícil obtener financiación adicional.

Cuadro 13

Inversiones

(75)

Gracias, por una parte, a las medidas antidumping en vigor y, por otra parte, a los esfuerzos realizados por la industria de la Unión para diversificar sus fuentes de suministro de materias primas, entre 2006 y 2008 la industria de la Unión mantuvo un nivel positivo de rentabilidad, aunque durante dicho período disminuyó en un 26 %. Sin embargo, durante el PIR la industria de la Unión obtuvo unos resultados mucho menos favorables y mostró una cierta fragilidad a este respecto.

(76)

En general, el rendimiento de la inversión (ROI) siguió la evolución de la rentabilidad durante todo el período considerado.

Cuadro 14

Rentabilidad y rendimiento de la inversión

(77)

La evolución del flujo de caja, que es un indicador de la capacidad de la industria para autofinanciar sus actividades, siguió siendo positiva durante el período investigado. Sin embargo, entre 2006 y el PIR disminuyó cerca de un 35 %.

Cuadro 15

Flujo de caja

(78)

Durante el PIR, China siguió practicando dumping a un nivel significativamente superior al nivel actual de las medidas. Teniendo en cuenta las distorsiones de las materias primas, la capacidad excedentaria y los precios de las importaciones procedentes de China, el efecto de los márgenes de dumping reales sobre la industria de la Unión no puede considerarse desdeñable.

(79)

Se analizó si la industria de la Unión se había recuperado de los efectos del dumping anterior. Se llegó a la conclusión de que había conseguido recuperarse en gran parte de dichos efectos, dado que las medidas antidumping en vigor habían demostrado ser efectivas. Sin embargo, la crisis económica puso fin a dicho proceso y acentuó las dificultades de la industria de la Unión.

(80)

La disminución del consumo de la Unión se ha visto acompañada de un descenso de la cuota de mercado de las importaciones chinas del 7,1 % al 2,1 % (véase el considerando 52). La información disponible indica que dichas importaciones se efectuaron a precios inferiores a los aplicados por la industria de la Unión, y también a precios inferiores a los de las importaciones procedentes de otros terceros países. Como se ha indicado en el considerando 56, sobre la base de un cálculo en el que se excluye el derecho antidumping, durante el PIR el precio de las importaciones chinas fue un 10,7 % inferior al precio aplicado por la industria de la Unión. Cabe recordar que el tipo del derecho es del 33 %. Por consiguiente, el nivel de subcotización demuestra, por una parte, la eficacia de los derechos en vigor y, por otra, la necesidad de mantener las medidas. Esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que la subcotización constatada estaba al mismo nivel que durante la última investigación de reconsideración. En consecuencia, no ha variado la incidencia de los precios de las importaciones objeto de dumping procedentes de China sobre la industria de la Unión y, en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, es probable que continúe.

(81)

Debido a las condiciones económicas sumamente negativas que prevalecían durante el PIR en el sector de los productos derivados del volframio, en particular en el sector del acero y de los carburos cementados, que supone la mayoría del consumo de volframio de la Unión, la industria de la Unión redujo drásticamente la producción y las ventas del producto afectado.

(82)

Antes de la crisis, las empresas del sector de los productos derivados del volframio tenían un elevado nivel de existencias de volframio que no aumentaron durante el PIR, lo que ha afectado todavía más al nivel de producción de la industria de la Unión.

(83)

Dado que la producción disminuyó y que la industria de la Unión es una industria que necesita una gran inversión de capital, y por tanto debe producir un determinado volumen para mantener un coste fijo unitario reducido, la rentabilidad se vio gravemente afectada.

(84)

Sin embargo, el análisis de la industria de la Unión antes de la crisis demuestra la eficacia de las medidas antidumping en vigor. La investigación demostró que los mayores productores de la Unión realizaron inversiones importantes para evitar las distorsiones del mercado de materias primas y siguieron siendo capaces de competir y de mantener una posición sana en el mercado.

(85)

Según las estimaciones, el volumen de las importaciones procedentes de otros terceros países disminuyó un 36 %, pasando de 1 500 toneladas en 2006 a 675 toneladas durante el PIR. La cuota de mercado de las importaciones procedentes de otros países creció del 10,5 % en 2006 al 17,9 % durante el PIR. Su precio de importación medio disminuyó un 8,9 % entre 2006 y el PIR. Los principales países de origen de las importaciones fueron Corea del Sur y Estados Unidos.

(86)

La cuota de mercado de las importaciones procedentes de Corea del Sur se duplicó en el período considerado, pasando del 2,2 % al 4,4 %. Sin embargo, la información disponible indica que, durante el PIR, dichas importaciones se efectuaron a precios ligeramente inferiores a los aplicados por la industria de la Unión (un 6,6 %), pero superiores (un 9,8 %) a los de las importaciones procedentes de China.

(87)

La cuota de mercado de las importaciones procedentes de EE.UU. disminuyó 15,1 puntos porcentuales durante el período considerado (del 4,2 % al 3,6 %). La información disponible indica que, durante el PIR, dichas importaciones se efectuaron a precios superiores a los aplicados por la industria de la Unión y, por tanto, muy superiores (un 31 %) a los de las importaciones procedentes de China.

(88)

En conclusión, entre los grandes exportadores de carburo de volframio a la Unión, las importaciones procedentes de Corea del Sur y Estados Unidos no tuvieron una incidencia negativa sobre la situación de la industria de la Unión, principalmente porque sus niveles de precios eran similares o incluso superiores a los precios aplicados por la industria de la Unión y, en el caso de Estados Unidos, debido también a la disminución de su cuota de mercado.

(89)

Debido a la eficacia de los derechos antidumping en vigor, la industria de la Unión ha podido recuperarse hasta cierto punto de los efectos del anterior dumping perjudicial.

(90)

Sin embargo, no puede concluirse que la situación de la industria de la Unión sea segura. Aunque durante los primeros años del período considerado mejoraron todos los indicadores de perjuicio relacionados con los resultados financieros de los productores de la Unión, como la rentabilidad, el rendimiento de la inversión y el flujo de caja, la investigación también demostró que, durante el PIR, se deterioraron todos los indicadores de perjuicio.

(91)

Aunque la reducción de la demanda durante el PIR puede atribuirse en parte a la crisis económica, la investigación analizó detenidamente el impacto de las exportaciones chinas a precio reducido objeto de dumping sobre la industria de la Unión.

(92)

Como se ha indicado en el considerando 52, entre 2006 y el PIR se redujo el volumen de importaciones procedentes de China. Los precios de dichas importaciones descendieron un 14 % durante el mismo período, lo que, analizado desde la perspectiva del período considerado de cuatro años, refleja la evolución de los precios de la industria de la Unión. Sin embargo, cabe destacar que la mayor parte de la disminución de los precios de las importaciones chinas objeto de dumping se produjo entre 2006 y 2007 (un 15 %), es decir, mucho antes de la crisis económica, en el momento en que la industria de la Unión estaba en vías de recuperación. A continuación, los precios de las importaciones chinas objeto de dumping se estabilizaron y parece que el descenso provocado por la crisis financiera fue limitado. El momento en que los exportadores chinos redujeron significativamente sus precios (antes de la crisis) podría indicar que querían practicar una estrategia de precios más concentrada y enérgica para aplicar precios inferiores a los de la industria de la Unión. De hecho, la diferencia de precio entre las exportaciones chinas y los productos de la industria de la Unión era del 27 % y del 22,8 % en 2007 y 2008, respectivamente.

(93)

En 2008 los precios de las exportaciones chinas eran un 22,8 % inferiores a los aplicados por la industria de la Unión. Durante el PIR, dicha diferencia disminuyó al 15,7 %. Ante el brusco descenso del consumo, los productores de la Unión tuvieron que reducir precios para conservar su cuota de mercado.

(94)

Como se ha indicado en el considerando 57, el volumen de importaciones procedentes de otros terceros países disminuyó un 36 %, en línea con el descenso del consumo. Pese al aumento de cuota de mercado, la incidencia de dichas importaciones sobre la situación de la industria de la Unión no puede considerarse negativa, como se ha demostrado en el considerando 88.

(95)

En cuanto a la viabilidad de la industria de la Unión, cabe precisar que las pruebas recogidas durante la investigación muestran que dicha industria ha sido capaz de competir en condiciones de mercado normales contra las importaciones procedentes de terceros países y, aunque los precios eran inferiores a los aplicados por los productores de la Unión, las diferencias no eran tan importantes como las existentes con respecto a los precios chinos, como se ha demostrado en los considerandos 85 a 88.

(96)

Gracias a la mejora de la situación de la industria del Unión en los años previos al PIR, dicha industria invirtió en nueva tecnología punta para fabricar el producto afectado a partir de residuos y eludir así en parte las distorsiones existentes en el mercado de materias primas.

(97)

Habida cuenta de la situación global de la industria de la Unión y de las importaciones procedentes de China entre 2006 y el PIR, así como de la evolución positiva de determinados indicadores relativos a la industria de la Unión, se concluye que la industria de la Unión no sufrió un perjuicio importante durante el período considerado. Por consiguiente, se examinó la probabilidad de reaparición del perjuicio en caso de expiración de las medidas.

(98)

Tal como se ha descrito los considerandos 89 a 97, la imposición de medidas antidumping permitió a la industria de la Unión recuperarse del perjuicio sufrido, pero solo parcialmente. Cuando los niveles excepcionales de consumo que había en la Unión durante la mayor parte del período considerado disminuyeron significativamente durante el PIR, la industria de la Unión parecía hallarse de nuevo en una situación frágil, vulnerable y expuesta aún a los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping procedentes de China.

(99)

De conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, se evaluaron las importaciones procedentes del país afectado para determinar la probabilidad de reaparición del perjuicio.

(100)

Se determinó que el precio de las exportaciones chinas hacia mercados de otros terceros países también era inferior al de las exportaciones hacia la UE (en general entre un 10 % y un 20 % inferior en años diferentes durante el período considerado, salvo en 2007). El volumen de ventas de los exportadores chinos a países no pertenecientes a la Unión Europea fue importante, ya que representaba más del 80 % de las exportaciones totales. Por tanto, se considera que, si las medidas dejaran de tener efecto, los exportadores chinos tendrían un incentivo para desplazar cantidades significativas de exportaciones a otros terceros países hacia el mercado de la Unión, que resulta más atractivo.

(101)

Como se ha indicado en los considerandos 34 a 42, la información recogida durante la investigación muestra que en China existe una importante capacidad excedentaria. Se constataron claros indicios que permiten concluir que, en ausencia de medidas antidumping, gran parte de esta capacidad excedentaria podría utilizarse para incrementar las exportaciones a la Unión. Esta conclusión se ve confirmada, en particular, por la ausencia de indicios que muestren que la producción adicional china pueda ser absorbida en su mercado interno o por mercados de terceros países.

(102)

La industria de la Unión ha sufrido las consecuencias de las importaciones chinas objeto de dumping durante varios años y se encuentra actualmente en una situación económica frágil.

(103)

Como se ha demostrado, la industria de la Unión ha conseguido recuperarse de las prácticas chinas de dumping gracias a las medidas antidumping en vigor. Sin embargo, durante el PIR se encontró en una situación económica difícil, debido principalmente a la crisis económica. En este contexto, si la industria de la Unión se expusiera a mayores volúmenes de importaciones del país afectado a precios reducidos objeto de dumping, probablemente se deteriorarían aún más sus ventas, su cuota de mercado, sus precios de venta y, consiguientemente, su situación financiera.

(104)

Además, como se ha indicado en el considerando 56, el hecho de que el precio medio de venta aplicado por los productores chinos sea casi un 11 % inferior al de la industria de la Unión parece indicar que, en ausencia de medidas, los exportadores productores chinos exportarían el producto afectado al mercado de la Unión a precios considerablemente inferiores a los aplicados por la industria de la Unión.

(105)

A la luz de los resultados de la investigación, en particular la capacidad excedentaria china, las distorsiones del mercado de materias primas, el potencial de los productores exportadores del país afectado para aumentar y/o redirigir sus volúmenes de exportación al mercado de la Unión, la política de precios practicada por los exportadores chinos en otros terceros países y el atractivo del mercado de la Unión, que es más lucrativo, una supresión de las medidas probablemente conllevaría una reaparición del perjuicio. Este perjuicio sería aún más grave, dada la actual crisis económica.

(106)

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de base, se examinó si el mantenimiento de las medidas antidumping en vigor sería contrario al interés de la Unión en su conjunto. La determinación del interés de la Unión se basó en una estimación de los diversos intereses pertinentes, es decir, los de la industria de la Unión, de los importadores y de los usuarios.

(107)

Debe recordarse que, en las investigaciones anteriores, se consideró que la adopción de medidas no era contraria al interés de la Unión. Además, el hecho de que la presente investigación sea una reconsideración, en la que se analiza, por tanto, una situación en la que ya han estado en vigor medidas antidumping, permite evaluar cualquier efecto negativo excesivo de estas para las partes afectadas.

(108)

En este contexto, se examinó si, independientemente de las conclusiones sobre la probabilidad de continuación del dumping y la reaparición del perjuicio, existían razones de peso que llevaran a concluir que a la Unión no le interesa mantener las medidas en este caso concreto.

(109)

Teniendo en cuenta las conclusiones sobre la situación de la industria de la Unión expuestas en los considerandos 89 a 97, y de conformidad con los argumentos de los considerandos 102 a 105 relativos al análisis de la probabilidad de reaparición del perjuicio, también puede considerarse que sería probable que la situación financiera de la industria de la Unión experimentara un deterioro grave si se permitiera que los derechos antidumping expiraran.

(110)

Se considera que la continuación de las medidas beneficiaría a la industria de la Unión, que podría incrementar el volumen de ventas, y con toda probabilidad su precio, generando así el nivel de rendimiento necesario para seguir invirtiendo en nueva tecnología para sus centros de producción. En cambio, la supresión de las medidas frenaría la recuperación de la industria de la Unión y amenazaría gravemente su viabilidad y, por tanto, su propia existencia, lo que reduciría la oferta y la competencia en el mercado.

(111)

Un usuario cooperó y respondió al formulario. El usuario que cooperó afirmó que el mantenimiento de las medidas no repercutiría negativamente sobre la competencia en el mercado de la Unión, sino que, al contrario, permitiría a la industria transformadora disponer de un mayor número de proveedores compitiendo a precios de mercado.

(112)

Asimismo, se recuerda que en anteriores investigaciones se comprobó que el impacto de la imposición de las medidas no sería significativo para los usuarios (14). Pese a la existencia de medidas, los importadores/usuarios de la Unión siguieron obteniendo suministros, entre otros países, de China. No se ha indicado que haya habido dificultades para hallar otras fuentes. Por tanto, se concluye que no es probable que el mantenimiento de las medidas antidumping tenga un efecto importante sobre los importadores/usuarios de la Unión.

(113)

La continuación de las medidas puede ayudar a la industria de la Unión, con los consiguientes efectos beneficiosos sobre las condiciones competitivas del mercado de la Unión y la limitación del riesgo de que se produzcan cierres y pérdidas de empleos.

(114)

Además, cabe esperar que el mantenimiento de las medidas beneficie a los usuarios e importadores, al mantener un mayor número de proveedores en el mercado de la Unión.

(115)

Habida cuenta del análisis expuesto, se concluye que el mantenimiento de las medidas no es contrario a los intereses de la Unión.

(116)

Se informó a todas las partes de los principales hechos y consideraciones en que se pretendía basar la recomendación de mantener las medidas vigentes. Además, se les concedió un plazo para formular observaciones tras comunicárseles dicha información. Se tuvieron en cuenta las observaciones y los comentarios pertinentes.

(117)

De lo anterior se desprende que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, deben mantenerse las medidas antidumping aplicables a las importaciones de carburo de volframio, carburo de volframio simplemente mezclado con polvo metálico y carburo de volframio fundido originarios de China. Se recuerda que estas medidas consisten en derechos ad valorem.

24.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/13

(1)

El 2 de marzo de 2011 el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 204/2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.

(2)

El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «el Consejo de Seguridad») adoptó la Resolución RCSNU 1973 (2011) que amplió el ámbito de aplicación de las medidas restrictivas impuestas por la Resolución RCSNU 1970 (2011) e introdujo medidas restrictivas adicionales contra Libia.

(3)

Así pues, debe modificarse la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas establecida en los anexos II y III del Reglamento (UE) no 204/2011.

24.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/21

(1)

El texto en lengua húngara del Reglamento (UE) no 1272/2009 de la Comisión (2) contiene dos errores que deben ser corregidos con efectos a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) no 1272/2009.

(2)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

24.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/22

24.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/24

(1)

El 28 de febrero de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/137/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia (1) en aplicación de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU).

(2)

El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1973 (2011), que ampliaba el ámbito de las medidas restrictivas impuestas por la Resolución 1970 (2011) e imponía nuevas medidas restrictivas a Libia.

(3)

Procede modificar la Decisión 2011/137/PESC en consecuencia.

(4)

Con el fin de ejecutar determinadas medidas es necesaria una nueva actuación de la Unión.

1)

Se añade el siguiente artículo:

«Artículo 3 bis

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir el vuelo de aeronaves bajo su jurisdicción en el espacio aéreo de Libia dada la necesidad de ayudar a la protección de los civiles.

2.   El apartado 1 no se aplicará a los vuelos cuyo único propósito sea el humanitario, como la entrega de ayuda o la facilitación de la entrega de ayuda, que incluye los suministros médicos, los alimentos, los trabajadores humanitarios y la ayuda relativa a los mismos, o la evacuación de Libia de nacionales extranjeros, ni se aplicará a los vuelos autorizados por los apartados 4 y 8 de la RCSNU 1973 (2011), ni a otros vuelos que los Estados miembros consideren que actúan con la autorización otorgada en el apartado 8 de la RCSNU 1973 (2011), y que son necesarios en beneficio del pueblo libio.».

2)

El artículo 4, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los Estados miembros inspeccionarán, de conformidad con sus autoridades y legislación nacionales y en consonancia con el Derecho internacional, en particular el Derecho del mar y los acuerdos internacionales de aviación civil pertinentes, todos los buques y aeronaves con origen o destino en Libia que estén en su territorio, incluidos los puertos marítimos y los aeropuertos, así como en alta mar, cuando posean información que ofrezca motivos razonables para pensar que los cargamentos de dichos buques y aeronaves contienen artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud de la presente Decisión.».

3)

Se añade el siguiente artículo:

«Artículo 4 bis

1.   Los Estados miembros denegarán a toda aeronave matriculada en Libia, o que sea propiedad o esté operada por nacionales o empresas libios, el permiso para despegar, aterrizar o sobrevolar su territorio, salvo que dicho vuelo en particular haya sido aprobado con anterioridad por el Comité de Sanciones, o en caso de aterrizaje de emergencia.

2.   Los Estados miembros denegarán a toda aeronave el permiso para despegar, aterrizar o sobrevolar su territorio, cuando posean información que ofrezca motivos razonables para pensar que la aeronave contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud de la presente Decisión, incluido el suministro de personal mercenario armado, excepto en caso de aterrizaje de emergencia.».

4)

El artículo 5, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prevenir la entrada o el tránsito en su territorio de:

5)

El artículo 6, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Se embargarán con carácter preventivo todos los fondos, demás activos financieros y recursos económicos poseídos o directa o indirectamente controlados por:

anexo IV de la presente Decisión.».

6)

Al artículo 6 se añade el siguiente apartado:

«4 bis.   En relación con las personas y entidades enumeradas en el anexo IV, podrán hacerse también excepciones para los capitales y recursos económicos que sean necesarios para fines humanitarios, como la entrega de ayuda o la facilitación de la entrega de ayuda, que incluye los suministros médicos, los alimentos, suministro de electricidad, los trabajadores humanitarios y la ayuda relativa a los mismos, o la evacuación de Libia de nacionales extranjeros.».

7)

Se añade el siguiente artículo:

«Artículo 6 bis

Los Estados miembros exigirán a sus nacionales, a las personas sujetas a su jurisdicción y a las sociedades constituidas en su territorio o sujetas a su jurisdicción que ejerzan la vigilancia cuando hagan negocios con entidades constituidas en Libia o bajo la jurisdicción libia o con cualesquiera personas y entidades que actúen en nombre o bajo la dirección de dichas entidades y las entidades que estas posean o controlen, en aras de evitar negocios que puedan contribuir a la violencia y al uso de la fuerza contra los civiles.».

24.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/37

(1)

Mediante sentencia de 15 de abril de 2008 (3) (denominada en lo sucesivo «la sentencia del Tribunal»), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la Decisión 2005/262/CE de la Comisión, de 20 de abril de 2004, relativa a la ayuda ejecutada por Francia en favor de la Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (4)  (5).

(2)

Tras la sentencia del Tribunal, la Comisión debe adoptar una nueva decisión.

(3)

Dicha sentencia es la culminación de un procedimiento cuyas principales etapas se recuerdan a continuación.

(4)

Mediante carta de 20 de marzo de 1992, la Société internationale de diffusion et d’édition («SIDE») llamó la atención de la Comisión sobre las ayudas a la promoción, el transporte y la comercialización concedidas por las autoridades francesas al CELF, ayudas que parecían no haber sido notificadas previamente a los servicios de la Comisión.

(5)

Mediante carta de 2 de abril de 1992, la Comisión recordó a las autoridades francesas que los proyectos destinados a conceder o modificar ayudas deben notificarse previamente a sus servicios y solicitó información a dichas autoridades acerca de la naturaleza y la finalidad de las ayudas mencionadas por la SIDE.

(6)

Mediante carta de 29 de junio de 1992, las autoridades francesas confirmaron a la Comisión la existencia de subvenciones en favor del CELF, precisando que tales medidas tenían por objetivo dar a conocer la literatura y la lengua francesas en los países no francófonos y que se había encomendado también al CELF la gestión de tres sistemas de ayuda puntuales destinados asimismo a facilitar el acceso a los libros en francés a los lectores alejados.

(7)

Mediante carta de 7 de agosto de 1992, la Comisión confirmó a la SIDE la existencia de ayudas en favor del CELF, indicó el objeto de las mismas y le informó de que las medidas en cuestión no habían sido notificadas. La Comisión precisaba, no obstante, que no parecía que la naturaleza de las ayudas controvertidas afectara al comercio entre los Estados miembros. Así las cosas, la SIDE fue invitada a presentar sus observaciones.

(8)

Mediante escrito de 7 de septiembre 1992, la SIDE comunicó a la Comisión su intención de denunciar el carácter discriminatorio de las medidas y las consecuencias que de ello se derivaban para el comercio intracomunitario, aun cuando no negaba el objetivo cultural que perseguía el Ministerio de Cultura, que consistía en difundir la lengua y la literatura francesas.

(9)

Mediante Decisión de 18 de mayo de 1993 (6), la Comisión consideró que, dada la situación particular de la competencia en el sector del libro y la finalidad cultural de las ayudas en cuestión, era aplicable la exención prevista en el antiguo artículo 92, apartado 3, letra c), del Tratado.

(10)

Mediante escrito de 2 de agosto de 1993, la SIDE, interpuso un recurso de anulación contra dicha Decisión. En su sentencia de 18 de septiembre de 1995 (7), el Tribunal estimó parcialmente el recurso de la SIDE, anulando la Decisión de la Comisión de 18 de mayo de 1993, únicamente en lo que respecta a las medidas concedidas al CELF en relación con los pedidos de pequeña cuantía.

(11)

El Tribunal declaró que la Comisión podía adoptar una decisión favorable en relación con los tres regímenes de ayuda siguientes, gestionados por el CELF por cuenta del Estado:

(12)

El Tribunal de Justicia consideró que la Comisión había obtenido información suficiente sobre esos tres sistemas para justificar la conclusión de que su impacto sobre la competencia era insignificante. Por otra parte, el Tribunal indicó que «Por lo que respecta al objetivo cultural de las ayudas controvertidas, las partes coinciden en que el objetivo perseguido por el Gobierno francés consiste en la difusión de la lengua y literatura francesas». El Tribunal declaró que había que concluir que la apreciación del objetivo cultural de las ayudas en cuestión no planteaba dificultades especiales a la Comisión y que no era necesario obtener más información para reconocer el carácter cultural de ese objetivo.

(13)

Por el contrario, el Tribunal de Justicia consideró, por lo que se refiere a las compensaciones concedidas exclusivamente al CELF por los pedidos de pequeña cuantía, que la Comisión debería haber realizado un examen exhaustivo de las condiciones de competencia en el sector afectado antes de pronunciarse sobre la compatibilidad de las medidas con el mercado interior.

(14)

Así pues, el Tribunal concluyó (apartado 76 de la sentencia) que la Comisión debería haber incoado el procedimiento previsto en el antiguo artículo 93, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 108, apartado 2, del TFUE), y que, por lo tanto, debía anularse la Decisión de la Comisión de 18 de mayo de 1993, en lo que se refiere a la ayuda concedida exclusivamente al CELF para compensar el exceso de coste del despacho de los pedidos de pequeña cuantía de libros en lengua francesa efectuados por libreros establecidos en el extranjero.

(15)

De conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 1995, mediante Decisión de 30 de julio de 1996, la Comisión decidió iniciar el procedimiento de investigación formal. Las partes interesadas, invitadas a presentar sus observaciones a la Comisión, le enviaron sus comentarios sobre todo durante los meses de diciembre de 1996 y enero de 1997.

(16)

Al término de su investigación, la Comisión adoptó, el 10 de junio de 1998, la Decisión 1999/133/CE (9), en la que confirmaba el objetivo cultural de las ayudas a los pedidos de pequeña cuantía y consideraba, sobre la base del antiguo artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado, que dichas ayudas no podían alterar las condiciones del comercio y de la competencia en la Unión en una medida contraria al interés común en el mercado de exportación del libro en lengua francesa.

(17)

En una sentencia de 28 de febrero de 2002 (10), el Tribunal de Justicia anuló el artículo 1, última frase, de dicha Decisión. En efecto, el Tribunal consideró que la Comisión hubiera debido llevar a cabo las comprobaciones necesarias para obtener los datos relevantes para distinguir el mercado de la comisión del de la exportación de libros en lengua francesa en general.

(18)

El Tribunal de Justicia declaró que, al no llevar a cabo dicha comprobación, la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación, al considerar el mercado de exportación del mercado del libro en lengua francesa, en general, como mercado de referencia, mientras que estaba comprobado que la ayuda controvertida estaba destinada exclusivamente a los comisionistas exportadores.

(19)

Por el contrario, en su sentencia de 22 de junio de 2000 (11), el Tribunal de Justicia, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, desestimó el recurso de las autoridades francesas contra la Decisión de la Comisión de 10 de junio de 1998 y confirmó que, incluso en los casos en los que la ayuda podía considerarse compatible con el mercado común, ello no influía en la obligación de notificación y que la obligación de notificación previa implicaba la obligación de suspender la ayuda.

(20)

A raíz de la anulación parcial de la Decisión de 10 de junio de 1998, la Comisión solicitó a las autoridades francesas y a la SIDE, mediante cartas de 14 de junio de 2002, que le enviaran sus comentarios sobre los motivos de la anulación de la Decisión y, en particular, sobre los elementos relativos al mercado en cuestión.

(21)

Se invitó a las autoridades francesas a comentar en particular los detalles de la oferta del CELF en comparación con los de los demás operadores del mercado, incluida la SIDE. Se invitó a esta a comentar más específicamente el concepto de pedidos de pequeña cuantía y a indicar cuál era, en su caso, la particularidad de su oferta con respecto a la del CELF y a la de los demás operadores del mercado.

(22)

La SIDE envió su respuesta a la Comisión mediante carta de 12 de agosto de 2002. Las autoridades francesas remitieron su respuesta mediante carta de 17 de septiembre de 2002.

(23)

Tras haber solicitado a la SIDE, mediante carta de 19 de septiembre de 2002, que le indicara si su respuesta contenía información confidencial, y haber recibido una respuesta negativa el 30 de septiembre 2002, la Comisión remitió a las autoridades francesas, mediante carta de 17 de octubre de 2002, la respuesta de la SIDE, junto con sus anexos, solicitando sus comentarios. Con tal motivo, les planteó también una nueva serie de preguntas complementarias.

(24)

Mediante carta de 30 de octubre de 2002, la Comisión planteó también a la SIDE una serie de preguntas complementarias a las que esta respondió los días 31 de octubre y 9 de diciembre de 2002. La SIDE informó a la Comisión, mediante carta de 23 de diciembre de 2002, tras la petición de la Comisión de 16 de diciembre de 2002, que sus respuestas no contenían ninguna información confidencial y que podían enviarse a las autoridades francesas solicitando sus comentarios.

(25)

Dado que las autoridades francesas no respondieron dentro del plazo señalado, la Comisión se vio obligada a enviar una carta de recordatorio el 27 de noviembre de 2002. Mediante carta de 19 de diciembre de 2002, las autoridades francesas solicitaron a la Comisión una nueva prórroga del plazo.

(26)

El 9 de enero de 2003, la Comisión pidió a las autoridades francesas que le enviaran sus comentarios a la respuesta de la SIDE de 23 de diciembre de 2002. Mediante carta de 17 de enero de 2003, las autoridades francesas respondieron a las preguntas de la Comisión de 17 de octubre de 2002.

(27)

Mediante carta de 4 de febrero de 2003, las autoridades francesas solicitaron a la Comisión una nueva prórroga respecto a la solicitud de comentarios sobre la segunda respuesta de la SIDE de 23 de diciembre de 2002. Mediante escrito de 11 de febrero de 2003, la Comisión concedió parcialmente la prórroga solicitada. Mediante carta de 11 de marzo 2003, las autoridades francesas remitieron su respuesta a la Comisión.

(28)

Por otra parte, la SIDE fue recibida, a petición propia, por los servicios de la Comisión y pudo explicar su visión del asunto desde el principio, en una reunión celebrada el 4 de marzo de 2003.

(29)

Al término de este procedimiento, la Comisión Europea adoptó la Decisión 2005/262/CE, en la que consideraba a la ayuda controvertida compatible sobre la base del antiguo artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado, tras haber establecido, en particular, que no era probable que las ayudas sobrecompensaran los gastos de despacho de los pedidos de pequeña cuantía.

(30)

En su sentencia de 15 de abril de 2008, el Tribunal anuló la Decisión de la Comisión de 20 de abril de 2004.

(31)

Consideró que, en lo que se refiere a la parte de la ayuda concedida al CELF antes del 1 de noviembre de 1993, fecha de entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, la Comisión había cometido un error de Derecho al considerar que la ayuda controvertida era compatible con el mercado común en virtud del antiguo artículo 87, apartado 3, letra d), mientras que hubiera debido aplicar las normas sustantivas que estaban en vigor antes del 1 de noviembre 1993. El Tribunal tuvo en cuenta, en particular, que el Tratado de la UE no incluía disposiciones transitorias relativas a la aplicación del antiguo artículo 87, apartado 3, letra d), y que el principio de seguridad jurídica se opone, salvo excepciones, a que el comienzo de la aplicación en el tiempo de un acto comunitario se fije en una fecha anterior a la de su publicación.

(32)

Además, el Tribunal consideró que la Comisión había cometido un error manifiesto de apreciación en el examen de la compatibilidad de las ayudas controvertidas al sobreevaluar los gastos de despacho de los pedidos de pequeña cuantía realmente soportados por el CELF. En efecto, en su Decisión de 20 de abril de 2004, la Comisión no tuvo en cuenta los costes reales de despacho de los pedidos de pequeña cuantía, sino que llevó a cabo una estimación de esos costes a partir de los gastos totales efectuados por el CELF (asignación al despacho de los pedidos de pequeña cuantía de una parte de los costes totales en función de una clave de reparto diferente para cada categoría de gasto). Se aplicaron factores de multiplicación a determinadas categorías de costes teniendo en cuenta las dificultades adicionales que implicaría el despacho de los pedidos de pequeña cuantía con respecto a otras actividades del CELF. Ahora bien, el Tribunal consideró que esas dificultades podían resolverse gracias a la teletransmisión de los dos tercios de los pedidos de pequeña cuantía. El Tribunal consideró, pues, que la Comisión había cometido un error de apreciación al aplicar coeficientes multiplicadores a ciertos costes (y, en cualquier caso, a los pedidos teletransmitidos) y concluyó que, sin esos coeficientes, los costes asociados al despacho de los pedidos de pequeña cuantía se habrían reducido y el resultado operativo de la actividad relacionada con dichos pedidos hubiera sido positivo (600 000 francos franceses, es decir, 91 469 EUR). Según el Tribunal, la Comisión no había demostrado la ausencia de sobrecompensación.

(33)

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 2008, el procedimiento de examen iniciado por la Decisión de la Comisión de 30 de julio 1996 sigue, pues, abierto y la Comisión debe adoptar una nueva decisión.

(34)

Habida cuenta de los fundamentos de derecho de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 2008 y dado que la Decisión de apertura databa del 30 de julio de 1996, la Comisión quiso invitar de nuevo a las autoridades francesas y a las partes interesadas a presentar sus comentarios.

(35)

La Comisión adoptó, pues, una Decisión de ampliación del procedimiento, de 8 de abril de 2009 (12) [Decisión C (2009) 2481, «la Decisión de ampliación del procedimiento»]. Dicha Decisión completaba la Decisión de apertura de 30 de julio de 1996, al tiempo que establecía un nuevo plazo para la presentación de comentarios. En ella se indicaba que ambas Decisiones deben considerarse como un todo indivisible, que darán lugar a un único procedimiento de investigación formal y que, si la descripción de los hechos y del Derecho o la evaluación preliminar de la Comisión en la Decisión de ampliación del procedimiento se apartasen de la Decisión de apertura de 30 de julio de 1996, solo debía tenerse en cuenta la Decisión de ampliación del procedimiento.

(36)

La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

(37)

La Comisión recibió las observaciones de las autoridades francesas el 9 de junio 2009 y las de la SIDE el 23 de julio 2009. El 24 de agosto 2009, remitió las observaciones de la SIDE a las autoridades francesas dándoles la oportunidad de comentarlas, recibiendo sus comentarios el 24 de septiembre 2009.

(38)

No obstante, las autoridades francesas no facilitaron los detalles que solicitaba la Comisión en su Decisión de ampliación del procedimiento y se limitaron a remitir, por lo que se refiere a la proporcionalidad de la ayuda, a los elementos ya aportados el 17 de septiembre de 2002, el 17 de enero de 2003 y el 11 de marzo de 2003, que la Comisión no podía utilizar como tales, habida cuenta de la Sentencia del Tribunal de 15 de abril de 2008.

(39)

Mediante carta de 8 de octubre de 2009, los servicios de la Comisión recordaron, pues, a las autoridades francesas su petición de que le remitieran observaciones sobre los puntos específicos mencionados, indicando que si dicha información no obraba en su poder en el plazo de diez días hábiles, la Comisión debería tomar una decisión final sobre la base de la información de que disponía, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de procedimiento, tras haberles enviado, en su caso, un requerimiento de información, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (13).

(40)

Mediante carta de 21 de octubre de 2009, las autoridades francesas informaron a la Comisión de que el CELF había sido declarada en liquidación judicial mediante resolución del Tribunal de Comercio de París de 9 de septiembre de 2009 y había cesado su actividad. Por otra parte, en lo que se refiere a los datos solicitados en el escrito de la Comisión de 8 de octubre de 2009, las autoridades francesas indicaron que no tenían información adicional que aportar y se remitieron a los comentarios presentados el 9 de junio 2009.

(41)

En una Decisión de 20 de noviembre de 2009 [Decisión C(2009) 9256, «la Decisión de requerimiento»], la Comisión decidió, pues, ordenar a Francia que le presentara la información solicitada, dado que, a pesar de las reiteradas peticiones, dicha información no se le había facilitado.

(42)

En una carta fechada el 2 de diciembre de 2009, las autoridades francesas indicaron que no tenían información adicional que facilitar a la Comisión y que se remitían a las observaciones presentadas el 9 de junio de 2009.

(43)

Cabe señalar que el 2 de diciembre de 2009, las autoridades francesas enviaron también una carta relativa al régimen de ayuda denominado Programme de Livres Universitaires et Scientifiques, conocido como Programme Plus. Dicho régimen de ayuda no constituye el objeto de la presente Decisión.

(44)

Mediante carta de 22 de diciembre de 2009, la Comisión solicitó información a las autoridades francesas sobre la situación del CELF y sobre el procedimiento de liquidación aplicable a este. Las autoridades francesas respondieron el 27 de enero de 2010. El 9 de marzo de 2010 y el 26 de noviembre de 2010 facilitaron también nuevas precisiones.

(45)

Cabe también señalar que en Francia hay procedimientos en curso ante los tribunales nacionales y que han dado lugar a consultas al Tribunal de Justicia sobre la base del artículo 267 del TFUE (antiguo artículo 234 CE). A continuación se recapitulan brevemente las principales etapas de dichos procedimientos.

(46)

La SIDE recurrió ante la justicia francesa al amparo del efecto directo del antiguo artículo 88 CE, apartado 3. Mediante sentencia de 5 de octubre de 2004, que confirmaba una sentencia del Tribunal Administrativo de París de 26 de abril de 2001, el Tribunal Administrativo de Apelación de París ordenó al Estado francés que procediera a recuperar las ayudas abonadas al CELF.

(47)

El Consejo de Estado, ante el que se había presentado un recurso de casación, confirmó en una sentencia de 29 de marzo de 2006, determinados aspectos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Apelación, en particular el hecho de que las ayudas en cuestión no tenían un carácter puramente compensatorio de obligaciones de servicio público (14), que no podían calificarse como ayudas existentes por los tribunales nacionales, y que el CELF no podía alegar confianza legítima.

(48)

No obstante, en su sentencia de 29 de marzo de 2006, el Consejo de Estado decidió también aplazar una decisión sobre el recurso de casación hasta que el Tribunal de Justicia se hubiera pronunciado sobre las cuestiones prejudiciales que le planteaba en relación con las obligaciones de los tribunales nacionales respecto a una ayuda estatal no notificada pero posteriormente declarada compatible con el mercado común por una decisión de la Comisión.

(49)

En su sentencia de 12 de febrero de 2008 (15), el Tribunal de Justicia declaró:

«El artículo 88 CE, apartado 3, última frase, debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional no está obligado a ordenar la recuperación de una ayuda ejecutada contra lo dispuesto en ese precepto, cuando la Comisión ha adoptado una decisión definitiva en la que declara la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común, en el sentido del artículo 87 CE. Conforme al Derecho comunitario, está obligado a ordenar al beneficiario de la ayuda el pago de intereses por el período que duró la ilegalidad. En el marco de su Derecho nacional, puede además, en su caso, ordenar la recuperación de la ayuda ilegal, sin perjuicio del derecho del Estado miembro a ejecutarla de nuevo posteriormente. También puede verse obligado a estimar demandas de indemnización de los perjuicios causados por la naturaleza ilegal de la ayuda.

En una situación procesal como la del litigio principal, la obligación que resulta del artículo 88 CE, apartado 3, última frase, de remediar los efectos de la ilegalidad de una ayuda se extiende también, a efectos del cálculo de los importes que debe pagar el beneficiario, y salvo circunstancias excepcionales, al período transcurrido entre una decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas en la que se constata la compatibilidad de esta ayuda con el mercado común y la anulación de dicha decisión por el juez comunitario».

(50)

Tras haber tomado en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2008 y la citada sentencia del Tribunal de 15 de abril de 2008, el Consejo de Estado, en su sentencia de 19 de diciembre de 2008, anuló los artículos 2, 3 y 4, de la mencionada sentencia de 5 de octubre de 2004 del Tribunal Administrativo de Apelación de París y falló lo siguiente.

(51)

En primer lugar, se insta al Ministro de Cultura y Comunicación a que proceda a recuperar los intereses correspondientes a la ayuda estatal abonada al CELF desde 1980 y hasta la fecha de la sentencia del Consejo de Estado, calculados con arreglo al Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (16). Se insta también al Ministro a que proceda posteriormente a recuperar los intereses que se adeuden entre la fecha de la sentencia del Consejo de Estado y la fecha en que se haya declarado definitivamente la compatibilidad de esas ayudas con el mercado común, o bien se haya procedido, con carácter definitivo, a la restitución de las citadas ayudas.

(52)

Además, el Consejo de Estado decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre las siguientes preguntas:

(53)

El 11 de marzo de 2010 (17), el Tribunal se pronunció sobre estas cuestiones prejudiciales y determinó lo siguiente:

(54)

Las autoridades francesas informaron a la Comisión de que el Ministerio de Cultura decidió en 1980, de acuerdo con la orientación política general del Gobierno francés sobre la promoción del libro y la literatura en lengua francesa, conceder ayudas a los comisionistas exportadores, que aceptaran cualquier tipo de pedido, independientemente de su importe y de su rentabilidad. Dichas medidas se habían aplicado a fin de paliar la carencia del mercado y de promover el mantenimiento de una actividad relacionada con los pedidos de pequeña cuantía no rentables en el mercado de la comisión de exportación.

(55)

Según las autoridades francesas, las librerías pequeñas, establecidas en zonas predominantemente no francófonas a veces de difícil acceso o distantes, estaban experimentando graves problemas de abastecimiento, dado que sus pedidos no pueden ser servidos por los canales de distribución tradicionales, cuando la cantidad de obras encargadas era insuficiente o cuando el precio unitario de los libros encargados no era lo suficientemente elevado como para hacer rentable el servicio.

(56)

Según las autoridades francesas, las ayudas en cuestión tenían, pues, como objetivo permitir que los comisionistas exportadores despacharan todos los pedidos de las librerías establecidas en el extranjero en zonas predominantemente no francófonas, cualquiera que fuera su importe, su rentabilidad y su destino. El objetivo consistía en garantizar, como parte de la política francesa de apoyo a la diversidad cultural, una distribución óptima de libros en francés y favorecer así la difusión de la literatura francófona en todo el mundo.

(57)

El mecanismo de ayuda elegido por las autoridades francesas, denominado «Programa de pedidos de pequeña cuantía», era una subvención destinada a compensar el coste extra de dichos pedidos, que las autoridades francesas habían definido como los de un importe inferior o igual a 500 francos franceses (FRF), es decir, unos 76 EUR.

(58)

Según las autoridades francesas, la empresa beneficiaria de las subvenciones debía comprometerse a comunicar a la Dirección del Libro y de la Lectura del Ministerio de Cultura todos los datos referentes a la actividad general de la empresa (volumen de negocios global, cuentas financieras, presupuestos provisionales, copias de los procedimientos de validación de esos datos, en su caso, informe del auditor y escala salarial), así como cualquier documento relacionado con la actividad que se iba a subvencionar, en particular, la cuenta de utilización de las subvenciones, que justificara la ejecución de las prestaciones que dieron lugar a la subvención concedida el año anterior.

(59)

En la práctica, solo una empresa, el CELF, se ha beneficiado del programa de «pedidos de pequeña cuantía». Según las autoridades francesas, la empresa tenía que justificar cada año los costes adicionales ocasionados por la prestación relativa a los pedidos de pequeña cuantía para justificar la solicitud de subvención para el año siguiente. En concreto, una cuarta parte de la subvención concedida durante el año anterior se abonaba a principios del año, y el resto al otoño siguiente, previo examen por las autoridades públicas de las estimaciones presupuestarias de la empresa beneficiaria y de las fluctuaciones registradas durante la primera parte del ejercicio. El acuerdo era que si el importe de la ayuda no se utilizaba en su totalidad, el importe restante se deduciría de las subvenciones previstas para el año siguiente. Además, el Ministerio de Cultura asistía como observador invitado a los Consejos de Administración y a las asambleas generales del CELF.

(60)

Cabe señalar que, tras haber ido disminuyendo constantemente desde 1997, las ayudas se suprimieron en 2002. El CELF recibió, pues, cada año desde 1980 hasta finales de 2001 una ayuda destinada, según las autoridades francesas, a reducir el costo de despacho de los pedidos de pequeña cuantía, procedentes del extranjero, de libros escritos en francés. En total, desde 1980 hasta finales de 2001, el CELF recibió aproximadamente 4,8 millones de euros de ayuda.

Cuadro

Importes de las ayudas concedidas al CELF desde 1980 para el despacho de los «pedidos de pequeña cuantía»

Datos proporcionados por las autoridades francesas

(los importes han sido redondeados en euros)

(61)

En su respuesta de 9 de junio de 2009 a la Decisión de ampliación del procedimiento, las autoridades francesas formularon, en particular, las siguientes observaciones.

(62)

En primer lugar, indicaron que compartían el análisis de la Comisión de que la ayuda al CELF constituía una ayuda estatal y que las excepciones previstas en el artículo 107, apartado 2 y apartado 3, letras a) y b), del TFUE no eran aplicables.

(63)

En el marco de la evaluación de la ayuda con arreglo al artículo 107, apartado 3, letras c) y d), del TFUE, las autoridades francesas no aportaron elementos nuevos respecto a la proporcionalidad de las ayudas.

(64)

Por otra parte, las autoridades francesas indicaron que consideraban que la misión asignada al CELF constituía un servicio de interés general en virtud del artículo 106, apartado 2, del TFUE.

(65)

Por último, las autoridades francesas, alegaron sobre todo la existencia de circunstancias excepcionales que debían llevar a la Comisión a no recuperar la ayuda.

(66)

Tal como se señaló anteriormente, las autoridades francesas no aportaron los detalles solicitados por la Comisión en su Decisión de ampliación del procedimiento y se limitaron a remitir, en lo que se refiere a la proporcionalidad de la ayuda, a los datos suministrados en 2002 y 2003, que la Comisión no podía utilizar como tales, habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 2008. A raíz de una carta de recordatorio de fecha 8 de octubre de 2009, la Comisión decidió, pues, exigir a las autoridades francesas, el 20 de noviembre de 2009, que presentaran la información solicitada en aplicación del artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999. Mediante carta de fecha 2 de diciembre de 2009, las autoridades francesas respondieron que no tenían información adicional que proporcionar a la Comisión.

(67)

En sus comentarios de 23 de julio de 2009, la SIDE, formuló, sobre todo, las siguientes observaciones.

(68)

La SIDE recordó que solo disfrutó de la ayuda el CELF, a pesar de que, en su opinión, la actividad de este no era privativa del CELF, ya que el hecho de servir los pedidos de cualquier tamaño, incluso los más pequeños, procedentes de librerías geográficamente dispersas para agruparlos con el fin de hacer pedidos más importantes a los editores, es precisamente, según la SIDE, la definición exacta de la actividad de los comisionistas exportadores. La SIDE indicó asimismo que la razón por la que se le negó la ayuda no fue por una supuesta falta de transparencia, sino porque es una empresa privada y no una cooperativa de editores.

(69)

Por otra parte, la SIDE cuestionó con detalle la necesidad de las ayudas. En este contexto, consideró, entre otras cosas, que el concepto de «pedidos de pequeña cuantía» era arbitrario y rechazó las cifras presentadas por las autoridades francesas.

(70)

Además, la SIDE consideró que la ayuda no podía justificarse sobre la base del artículo 106, apartado 2, del TFUE, basándose sobre todo en las sentencias de los tribunales nacionales relativas a la actividad del CELF.

(71)

Por último, la SIDE indicó que consideraba que, en este caso, no había ninguna circunstancia excepcional que permitiera limitar la obligación de recuperación.

(72)

Es preciso determinar si la medida en cuestión constituye una ayuda estatal y si, en su caso, puede considerarse compatible con el mercado interior. Como parte de su evaluación, la Comisión debe tener en cuenta, en particular, la sentencia del Tribunal de 15 de abril de 2008.

(73)

El artículo 107, apartado 1, del TFUE establece que «Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(74)

En primer lugar, como ya se señaló en la Decisión de ampliación del procedimiento, la Comisión recuerda que su conclusión de que la medida en cuestión constituye una ayuda estatal con arreglo al Tratado, no se ha puesto en duda en ningún momento, ni en las diferentes etapas del procedimiento ante la Comisión ni ante los tribunales de la Unión Europea (18), ni tampoco en los tribunales nacionales (19). Así, en su respuesta de 9 de junio de 2009, a la Decisión de ampliación del procedimiento, las autoridades francesas indicaron que compartían el análisis de la Comisión de que la ayuda al CELF constituía una ayuda estatal.

(75)

La Comisión considera que la medida constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE (antiguo artículo 87 CE, apartado 1) por las razones siguientes.

(76)

En primer lugar, la medida concede una ventaja al CELF, ya que le permite reducir el coste de sus pedidos de pequeña cuantía. Es selectiva, ya que, en la práctica, solo ha beneficiado al CELF.

(77)

Por otra parte, la medida se financia con recursos presupuestarios del Estado francés, es decir, por medio de recursos estatales. Su aplicación fue aprobada por el Ministerio de Cultura, por lo que la medida es imputable a las autoridades francesas.

(78)

Además, la medida puede afectar al comercio entre los Estados miembros y falsear la competencia. En efecto, la ayuda se concede a comisionistas franceses (en la práctica, al CELF) que exportan libros en lengua francesa, principalmente a países no francófonos. Dichos comisionistas franceses compiten, pues, al menos potencialmente, con otros comisionistas exportadores de libros en francés instalados en otros países de habla francesa de la Unión Europea (Bélgica y Luxemburgo). El hecho de que el impacto sobre el comercio y el falseamiento de la competencia provocado por la medida parezcan poco importantes, no modifica esta conclusión. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión no está obligada a demostrar que existe un impacto real de la ayuda en el comercio entre los Estados miembros y un falseamiento efectivo de la competencia: basta con que la ayuda pueda afectar a los intercambios y falsear la competencia

(79)

Por último, la Comisión considera que no se cumplen las condiciones de aplicación de la sentencia Altmark. En su sentencia de 24 de julio de 2003 (20), el Tribunal de Justicia precisó las condiciones en que una subvención a una empresa encargada de la gestión de un servicio de interés económico general no constituye una ayuda estatal: «en primer lugar, que la empresa beneficiaria está efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y que estas obligaciones se han definido claramente; en segundo lugar, que los parámetros para el cálculo de la compensación se han establecido previamente de forma objetiva y transparente; en tercer lugar, que la compensación no supera el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones; en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública, que el nivel de la compensación necesaria se ha calculado sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones».

(80)

En este caso, y sin tener que desarrollar cada una de las condiciones, ya que son acumulativas, la Comisión constata que la elección del CELF no se hizo en virtud de un procedimiento de contratación pública y que el nivel de la compensación no se ha determinado sobre la base de un análisis de los gastos efectuados por una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de producción.

(81)

En estas circunstancias, la ayuda concedida al CELF constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE, puesto que concurren todos los elementos que constituyen el concepto de ayuda estatal.

(82)

Ahora bien, la medida no fue notificada a la Comisión por las autoridades francesas, sino que se concedió violando el artículo 108, apartado 3, del TFUE, que establece que la Comisión será informada, con la suficiente antelación para que presente sus observaciones, de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas. La ayuda se concedió, pues, de manera ilegal.

(83)

Dado que la medida en cuestión constituye una ayuda estatal, es preciso evaluar su compatibilidad con el mercado interior.

(84)

La Comisión considera que las excepciones previstas en el artículo 107, apartado 2, del TFUE no son aplicables en este caso porque, manifiestamente, las medidas en cuestión no estaban destinadas a alcanzar los objetivos definidos en el mismo.

(85)

La ayuda no cumple tampoco las condiciones establecidas en la excepción prevista en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE, ya que no iba destinada a fomentar el desarrollo de las regiones que podían beneficiarse de dicha disposición. La excepción prevista en el artículo 107, apartado 3, letra b), relativa al fomento de la realización de un proyecto importante de interés europeo común, tampoco se puede aplicar en este caso, puesto que la medida no iba destinada a fomentar ese tipo de proyectos. Puesto que la ayuda tampoco tenía por objeto solucionar una grave perturbación de la economía francesa, la excepción contemplada en la segunda parte del artículo 107, apartado 3, letra b), tampoco es aplicable en este caso.

(86)

La Comisión debe pues examinar la aplicabilidad del artículo 107, apartado 3, letras c) y d), del TFUE [antiguo artículo 87 CE, apartado 3, letras c) y d)].

(87)

Habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 2008, es necesario distinguir entre las ayudas que se abonaron después de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (el 1 de noviembre de 1993), de las que se abonaron antes de dicha entrada en vigor, a las que deben aplicarse las normas que estaban en vigor durante el período en cuestión.

(88)

A tal fin, la Comisión observa que una cuarta parte de la subvención concedida durante el año anterior se abonaba al CELF a principios de año, y el resto en el otoño siguiente, después de que los poderes públicos examinaran el presupuesto provisional de la empresa y los cambios registrados durante la primera parte del año. Si el importe de la ayuda no se utilizaba en su totalidad, el saldo se deducía de las subvenciones previstas para el año siguiente. La subvención para el año 1993 se abonó, pues, en parte, a principios de 1993 y el saldo en otoño de 1993. La decisión de conceder la ayuda para 1993 fue tomada por las autoridades francesas a finales de 1992 o principios de 1993, en todo caso antes de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. La Comisión considera, pues, que debe evaluarse la ayuda abonada en 1993 de acuerdo con las normas jurídicas aplicables antes de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea.

(89)

El artículo 107, apartado 3, letra d) del TFUE [antiguo artículo 87 CE, apartado 3, letra d)] especifica que «podrán considerarse compatibles con el mercado interior […] las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común».

(90)

Por tanto, es necesario comprobar si las ayudas abonadas al CELF entre 1994 y finales de 2001 tenían un objetivo cultural y si alteraban o no las condiciones del comercio y la competencia en la Unión Europea en forma contraria al interés común.

(91)

En primer lugar, la Comisión recuerda que el objetivo cultural de las ayudas abonadas al CELF fue admitido por el Tribunal en la citada sentencia de 18 de septiembre de 1995. Así, en el apartado 62 de su sentencia, el Tribunal consideró que «Por lo que respecta al objetivo cultural de las ayudas controvertidas, las partes coinciden en que el objetivo perseguido por el Gobierno francés consiste en la difusión de la lengua y literatura francesas. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia comprueba igualmente que los elementos de que disponía la Comisión cuando adoptó su Decisión, incluso los contenidos en el escrito del Abogado de la demandante de 7 de septiembre de 1992, podían fundar la apreciación que ella efectuó sobre la realidad y la legitimidad de dicho objetivo. En estas circunstancias, hay que concluir que la apreciación del objetivo de las ayudas controvertidas no planteaba a la Comisión dificultades particulares y que no le era necesario obtener otras informaciones para reconocer el carácter cultural del mismo».

(92)

En efecto, las autoridades francesas indicaron que la ayuda en cuestión perseguía un objetivo cultural consistente en favorecer la difusión de obras en lengua francesa. Se trataba, pues, de una política deliberada destinada a preservar y promover la diversidad cultural a escala internacional.

(93)

Ahora bien, la preservación y promoción de la diversidad cultural figuran entre los principios fundamentales del modelo europeo y están inscritos en el artículo 167, apartado 1, del TFUE (antiguo artículo 151 CE, apartado 1): «La Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común», y el propio artículo 167, apartado 4, establece que «La Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas».

(94)

La Comisión considera, pues, que la ayuda que las autoridades francesas concedieron al CELF para conseguir la difusión de libros en francés perseguía efectivamente un objetivo cultural.

(95)

La Comisión debe verificar si las medidas en cuestión eran necesarias y proporcionadas en relación con el objetivo de política cultural que perseguían las autoridades francesas.

(96)

Ante todo, cabe recordar que, en virtud de la citada sentencia del Tribunal de 28 de febrero de 2002, la medida en cuestión debe evaluarse en el mercado de los comisionistas exportadores de libros en francés.

(97)

En primer lugar, cabe cuestionarse la necesidad de la ayuda.

(98)

Según las autoridades francesas, las medidas las elaboró en 1980 el Ministerio de Cultura, en un momento en que algunos operadores del sector (el Grupo Hachette y las Messageries du livre) deseaban abandonar el mercado de los comisionistas exportadores. Según las autoridades francesas, el mecanismo controvertido se estableció con el fin de animar a los operadores a intervenir en el mercado para poder responder a todos los pedidos de libros en lengua francesa procedentes de librerías situadas en zonas no francófonas. Ello garantizaba que los libros franceses pudieran llegar a todas las librerías, incluidas las más pequeñas en países lejanos, aun suponiendo que solo necesitaran unos pocos libros, a menudo publicados, además, por editoriales diferentes.

(99)

Por su parte, la SIDE indicó, en particular en el contexto de las observaciones que remitió tras la Decisión de ampliación del procedimiento, que la ayuda no era necesaria. Así pues, si bien es cierto que algunos operadores habían abandonado en 1980 las actividades de comisionista, la SIDE recuerda que fue precisamente en ese momento cuando ella fue creada para intervenir en el mercado. Por otra parte, la SIDE niega que el CELF ejerciera una actividad específica de despacho de los pedidos de pequeña cuantía. La SIDE cuestiona en particular, las cifras facilitadas por las autoridades francesas y considera que, habida cuenta del volumen de negocios de cada una de las empresas, los datos del CELF y de la SIDE, en cuanto a la proporción del número de facturas y del número de líneas de pedidos, son bastante similares. En términos más generales, la SIDE cuestiona el concepto de «pedidos de pequeña cuantía» tal como lo definen las autoridades francesas. Según la SIDE, el concepto es arbitrario, porque el coste de despacho de un pedido no está en función de su importe, sino del número de líneas.

(100)

La Comisión considera que no es necesario pronunciarse definitivamente sobre la cuestión de la necesidad de la ayuda ya que las condiciones de necesidad y proporcionalidad son acumulativas y que en el considerando 121 se concluirá que no está demostrado que se cumpla el requisito de proporcionalidad.

(101)

En segundo lugar, la Comisión considera que el impacto sobre el comercio en la Unión Europea y el falseamiento de la competencia provocado por la medida son muy bajos, especialmente teniendo en cuenta los importes correspondientes a la medida, la escasísima posibilidad de sustitución entre los libros en lengua francesa y los de otro idioma, así como la considerable diferencia entre el volumen de libros en francés exportados a países no francófonos desde Francia, por una parte, y desde Bélgica y Luxemburgo, por otra.

(102)

Más concretamente, en cuanto al mercado de la comisión de exportación de libros en lengua francesa, la Comisión observa que el CELF y la SIDE, como parte de su actividad de comisionistas de exportación, distribuyen libros en países y territorios no francófonos. En efecto, en los países de habla francesa, el mercado local está cubierto por los principales editores a través de sus filiales o sus representantes. La comisión de exportación, por lo tanto, solo desempeña un papel muy marginal en los mercados francófonos, que, sin embargo, constituyen la principal salida para los libros en francés.

(103)

En el mercado nacional de la comisión de exportación de libros en francés, operan comisionistas generalistas como la SIDE y el CELF y, en menor medida, comisionistas especializados, que venden también directamente a los usuarios finales y que competirían, de forma marginal, tanto con los dos comisionistas generalistas, así como cierto número de librerías que, incluso de manera ocasional, sirven pedidos a las librerías extranjeras y las librerías en línea, cuya actividad era aún relativamente escasa en el momento de las medidas de que se trata.

(104)

Así pues, en el mercado de referencia, el principal operador afectado por las medidas controvertidas es la SIDE. Por un lado, las autoridades francesas afirman que el programa de pedidos de pequeña cuantía estaba, en principio, abierto a cualquier empresa que lo hubiera solicitado, siempre que aceptara las condiciones de concesión de las ayudas. Indican que la denegación de la ayuda a la SIDE por parte del Ministerio de Cultura en 1991 estaba justificada por la negativa de la SIDE a cumplir la obligación de transparencia necesaria para disfrutar de dichas ayudas. Por otra parte, la SIDE indicó que la negativa de las autoridades francesas se debía a que era una empresa privada y no una cooperativa de editores. Por otra parte, en 1996, tras la anulación de la Decisión de la Comisión de 18 de mayo de 1993, el Ministerio de Cultura, deseoso de poner fin al procedimiento, recordó a la SIDE que el régimen de ayudas para pedidos de pequeña cuantía no estaba reservado al CELF, proponiéndole, mediante carta de 3 de septiembre de 1996, una reunión para estudiar si podía prestar los mismos servicios que el CELF, en las mismas condiciones de transparencia. En una reunión celebrada el 26 de septiembre de 1996, los dirigentes de la SIDE informaron al Ministerio de Cultura de que se negaban a acogerse a un programa cuya compatibilidad con el Derecho comunitario podía ser impugnada por la Comisión.

(105)

En cualquier caso, los elementos indicados anteriormente en los considerandos 101 y siguientes parecen indicar que la alteración de las condiciones del comercio y de la competencia en la UE por las medidas en cuestión fue relativamente limitada.

(106)

Sin embargo, para determinar si la medida es proporcional, la Comisión debe también comparar, en tercer lugar, el importe de las ayudas recibidas con los costes soportados por el CELF para alcanzar el objetivo perseguido por las autoridades francesas.

(107)

A tal efecto, es necesario recordar las diferentes etapas del proceso de despacho de los pedidos, en el que las distintas partes están de acuerdo:

(108)

Según las autoridades francesas, el CELF soportaba ciertos costes por la tramitación de los «pedidos de pequeña cuantía». En efecto, las autoridades francesas consideran que en el mercado de la comisión de exportación, algunos pedidos generan tales costes adicionales que la prestación no puede ser rentable. Las autoridades francesas indicaron que habían elegido el umbral de 500 FRF (76,22 EUR) para definir un «pedido de pequeña cuantía» y que dicho umbral se había determinado de manera empírica. Las autoridades francesas precisaron que ciertos pedidos inferiores a 500 FRF podían ser rentables, mientras que otros, de un importe superior, podían no serlo. El objetivo era encontrar un método económicamente aceptable para que el CELF se encargase de los pedidos de pequeña cuantía aunque no fueran suficientemente rentables.

(109)

Como señalaba la Comisión en su Decisión de ampliación del procedimiento, corresponde a las autoridades francesas, en el marco del análisis de la compatibilidad, establecer el importe y los costes reales en que haya incurrido el CELF.

(110)

A este respecto, en su Decisión de ampliación del procedimiento, la Comisión solicitó a las autoridades francesas que le proporcionaran ciertos elementos con el fin de sacar las conclusiones de la sentencia del Tribunal y de pronunciarse sobre la proporcionalidad de la ayuda. La Comisión solicitó, en particular, lo siguiente:

(111)

En particular, tal como indicaba ya en su Decisión de ampliación del procedimiento, a falta de explicaciones complementarias y de actualización de los datos por las autoridades francesas, la Comisión no estaba en condiciones de utilizar las cuentas de empleo del programa de despacho de pedidos de pequeña cuantía que las autoridades francesas proporcionaron con respecto a los años 1994 a 2001, en su carta de 17 de enero de 2003, ni las explicaciones relativas a la realización del análisis de contabilidad analítica proporcionadas en la carta de 5 de marzo 1998.

(112)

Sin embargo, las autoridades francesas no facilitaron los detalles que les solicitaba la Comisión en su Decisión de ampliación del procedimiento, remitiéndose simplemente, en lo que se refiere a la proporcionalidad de la ayuda, a los datos ya suministrados el 17 de septiembre de 2002, el 17 de enero de 2003 y el 11 de marzo de 2003, que la Comisión no podía utilizar como tales, habida cuenta de la sentencia del Tribunal de 15 de abril de 2008.

(113)

Mediante carta de 8 de octubre de 2009, los servicios de la Comisión recordaron, pues, a las autoridades francesas su solicitud de que le enviaran los datos referentes a los puntos concretos mencionados, al tiempo que indicaban que si no recibían esa información en un plazo de diez días hábiles, la Comisión debería adoptar una decisión final sobre la base de la información de que disponía de conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de procedimiento, previo envío, en su caso, de un requerimiento de que se le facilitara dicha información de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999.

(114)

Mediante carta de 21 de octubre de 2009, las autoridades francesas indicaron que no tenían información adicional que suministrar, remitiéndose a sus observaciones de 9 de junio 2009.

(115)

Mediante una decisión de 20 de noviembre de 2009 («la Decisión de requerimiento»), la Comisión decidió, pues, requerir a Francia que presentara la información solicitada puesto que, a pesar de las reiteradas solicitudes, esa información no se le había proporcionado.

(116)

Mediante carta de 2 de diciembre de 2009, las autoridades francesas indicaron que no tenían información adicional que facilitar a la Comisión y que remitían a las observaciones que presentaron el 9 de junio 2009.

(117)

Ahora bien, el artículo 13 del Reglamento de procedimiento establece que «El examen de la presunta ayuda ilegal deberá terminar con una decisión […]. Si un Estado miembro incumple un requerimiento de información, esta decisión se adoptará basándose en la información disponible».

(118)

Tal como se indicó anteriormente, las autoridades francesas no facilitaron a la Comisión los datos que se les habían pedido en repetidas ocasiones, la última de ellas en su Decisión de requerimiento de 20 de noviembre de 2009.

(119)

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de procedimiento, la Comisión tomará su decisión sobre la base de la información disponible, recordando, en cualquier caso, que corresponde a las autoridades francesas demostrar la compatibilidad de la ayuda examinada con el mercado interior y, por lo tanto, la proporcionalidad de dicha ayuda.

(120)

A la luz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 2008 y de los elementos a disposición de la Comisión, no parece posible, en particular, basarse en una extrapolación de los costes estimados del despacho de los pedidos de pequeña cuantía de 1994. Tampoco parece posible utilizar las claves de distribución de los costes no justificados y basarse en datos a los que se han aplicado coeficientes multiplicadores no justificados, sobre todo en los pedidos teletransmitidos. A la luz del cálculo de los costes de despacho de los pedidos de pequeña cuantía que figura en la sentencia del Tribunal, y dado que las autoridades francesas no facilitaron a la Comisión la información que respondiera a las dudas que esta planteaba en su Decisión de ampliación del procedimiento sobre la proporcionalidad de la ayuda, no está demostrado, en particular, el carácter deficitario de la actividad de despacho de los pedidos de pequeña cuantía.

(121)

Por consiguiente, la Comisión considera que no está demostrado que las ayudas concedidas durante los años 1994 a 2001 cumplieran el requisito de proporcionalidad.

(122)

Así pues, sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE, esas ayudas no son compatibles.

(123)

El artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE [antiguo artículo 87 CE, apartado 3, letra c)] establece que «podrán considerarse compatibles con el mercado interior […] las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común».

(124)

Según la sentencia del Tribunal de 15 de abril de 2008, la excepción prevista en el artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE [antiguo artículo 87 CE, apartado 3, letra d)], no puede aplicarse a las ayudas abonadas al CELF de 1980 a 1993. Así pues, es necesario determinar si se les puede aplicar la excepción prevista en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE [antiguo artículo 87 CE, apartado 3, letra c)].

(125)

Lo mismo debe hacerse con las ayudas concedidas entre 1994 y finales de 2001, respecto a las cuales la Comisión ha concluido en el considerando 122 que no les es aplicable la excepción prevista en el artículo 107, párrafo 3, letra d), del TFUE [antiguo artículo 87 CE, apartado 3, letra d)],

(126)

Para determinar si la compatibilidad podría basarse en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, la Comisión debe verificar si las ayudas perseguían un objetivo permanente de interés común y si no alteran el comercio en una medida contraria al interés común.

(127)

La Comisión considera que las ayudas perseguían un interés común, tal como se ha indicado anteriormente. Cabe recordar a este respecto que la introducción en el Tratado de la Unión Europea de la excepción prevista en el antiguo artículo 87 CE, apartado 3, letra d), [actualmente artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE] confirma la política seguida por la Comisión sobre la base del antiguo artículo 92, apartado 3, letra c), antes de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. En efecto, en el pasado, la Comisión permitió sobre la base de ese artículo ayudas con objetivos culturales. Esta práctica fue confirmada por los tribunales de la Unión Europea, por ejemplo, en la citada sentencia del Tribunal de 18 de septiembre de 1995, en la que este declaró que la Comisión estaba en condiciones de aprobar, sobre la base del antiguo artículo 92 CE, apartado 3, letra c), una decisión favorable respecto a tres regímenes de ayuda gestionados por el CELF (ayuda para el flete aéreo, el programa Page à Page y el Programme Plus).

(128)

Por el contrario, la Comisión considera que no está demostrado que las ayudas fueran proporcionales al objetivo que se buscaba.

(129)

En su Decisión de ampliación del procedimiento, y posteriormente en su Decisión de requerimiento, la Comisión solicitó a las autoridades francesas que presentaran sus observaciones sobre la proporcionalidad de las ayudas en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(130)

Tal como se indicó anteriormente, las autoridades francesas no facilitaron a la Comisión datos que demostraran la proporcionalidad de las ayudas concedidas desde 1980, que esta les había pedido concretamente, por última vez, en su Decisión de requerimiento, de 20 de noviembre de 2009.

(131)

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de procedimiento, la Comisión adoptó una Decisión sobre la base de la información disponible, recordando, en cualquier caso, que correspondía a las autoridades francesas demostrar la compatibilidad con el mercado interior de la ayuda investigada y, por lo tanto, la proporcionalidad de la misma.

(132)

Mutadis mutandis, el razonamiento anterior sobre la proporcionalidad de la ayuda en virtud del artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE puede aplicarse aquí también.

(133)

La Comisión considera, por tanto, que no está demostrado que las ayudas concedidas cumplan el criterio de proporcionalidad.

(134)

En conclusión, la Comisión considera que la medida no es compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(135)

Las autoridades francesas han afirmado en repetidas ocasiones que el CELF tenía una misión de servicio público, y que las medidas controvertidas debían evaluarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 106, apartado 2, del TFUE (antiguo artículo 86 CE, apartado 2).

(136)

Dicho artículo establece que «Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo del comercio no deberá verse afectado de forma contraria al interés de la Unión».

(137)

Ante todo, en este caso debe plantearse si existe un servicio de interés económico general. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, a excepción de aquellos sectores en los que este asunto está ya regulado por la Unión Europea, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación en cuanto a la naturaleza de los servicios que pueden ser calificados de interés económico general. Por lo tanto, la tarea de la Comisión consiste en velar por que ese margen de apreciación se use sin error manifiesto en lo que respecta a la definición de los servicios de interés económico general.

(138)

En este caso, las autoridades francesas han declarado en repetidas ocasiones que el CELF tenía una misión específica de servicio público de carácter cultural que consistía en despachar cualquier pedido de libros en francés procedente de librerías sitas en el extranjero, cualquiera que fuese el volumen y la naturaleza del pedido. La Comisión considera que, en efecto, esa misión podría constituir un servicio de interés económico general.

(139)

En segundo lugar, debe comprobarse si se había encargado al CELF ese servicio de interés económico general. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia de la Unión Europea, las empresas en cuestión deberán haber sido encargadas por el Estado de la gestión de ese servicio mediante uno o varios actos oficiales, cuya forma puede determinar cada Estado miembro.

(140)

En este caso, las autoridades francesas celebraron varios acuerdos entre el CELF y el Ministerio de Cultura, que demuestran, según ellas, que, efectivamente, se había encargado al CELF la gestión del servicio de interés económico general en cuestión. Según las autoridades francesas, la Dirección del Libro y de la Lectura celebró hasta 2001 convenios anuales con el CELF.

(141)

Sin embargo, a pesar de las peticiones de la Comisión, incluso en su Decisión de requerimiento, las autoridades francesas no han facilitado ninguna copia de los convenios de servicio público de cada uno de los años en cuestión.

(142)

Por otra parte, en los convenios de que dispone la Comisión, no está definida la naturaleza precisa de las obligaciones de servicio público (por ejemplo, en el convenio no se indica el importe a partir del cual los pedidos se consideran como «pedidos de pequeña cuantía»). De ello se desprende que, incluso respecto a esos años, no existe un acto que indique con suficiente precisión las obligaciones de servicio público que incumbían al CELF.

(143)

Por lo tanto, la Comisión considera que no se ha demostrado que el CELF haya sido encargada de la gestión de servicio público en cuestión mediante un acto oficial para cada uno de los años considerados.

(144)

Por último, y sin que sea preciso pronunciarse sobre la condición de necesidad, puesto que las condiciones son acumulativas, la Comisión considera que el requisito de proporcionalidad no se cumple.

(145)

En efecto, en los convenios a disposición de la Comisión no hay ninguna explicación sobre el modo en que se calculó el importe de la ayuda. Por otra parte, la obligación del CELF de facilitar las cuentas sobre el uso de la subvención no va acompañada de una definición precisa de los parámetros de cálculo y de control del coste de la actividad de servicio público que permita verificar que no existe sobrecompensación. Además, si bien los convenios preveían que, en caso de que una parte de la subvención no se utilizara, se trasladaría de un año a otro, no contiendan detalle alguno sobre el funcionamiento de este mecanismo, que, por lo demás, parece que no se ha aplicado. Por último, en términos más generales, tal como se indica en el análisis del criterio de proporcionalidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, del TFUE, las autoridades francesas no han aportado datos que demuestren la proporcionalidad de las ayudas concedidas habida cuenta de los diferentes puntos de la sentencia del Tribunal.

(146)

Así pues, las autoridades francesas no han facilitado a la Comisión los elementos que demuestren la proporcionalidad de las ayudas en el contexto del artículo 106, apartado 2, del TFUE y que aquella les solicitó especialmente en su Decisión de requerimiento de 20 de noviembre de 2009.

(147)

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de procedimiento, la Comisión adopta, pues, su decisión sobre la base de la información disponible, recordando, en cualquier caso, que corresponde a las autoridades francesas demostrar la compatibilidad de la ayuda examinada con el mercado interior y, por lo tanto, la proporcionalidad de la ayuda.

(148)

Por razones idénticas a las mencionadas en el análisis de la proporcionalidad de las ayudas desde el punto de vista del artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE, la Comisión considera, por tanto, que no está demostrado que las ayudas concedidas cumplan el criterio de proporcionalidad.

(149)

La Comisión considera, pues, que no se cumplen las condiciones de aplicación del artículo 106, apartado 2, del TFUE.