8.3.2011   

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L 61/1

(1)

El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1915/83 establece que la Comisión abonará una remuneración a tanto alzado a los Estados miembros por cada ficha de explotación debidamente cumplimentada que le haya sido remitida en los plazos contemplados en el artículo 3 del citado Reglamento.

(2)

El Reglamento (CE) no 1264/2008 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, por el que se fija la retribución global por ficha de explotación agrícola del ejercicio contable de 2009 de la Red de Información Contable Agrícola (3), fija en 155 EUR el importe de la retribución global por ficha de explotación agrícola para el ejercicio contable de 2009. La evolución de los costes y sus repercusiones en los gastos de elaboración de la ficha de explotación agrícola justifican que se revise esa cuantía.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité comunitario de la Red de Información Contable Agrícola.

8.3.2011   

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L 61/2

(1)

El Reglamento (CE) no 1277/2005 de la Comisión (2) determina si es preciso establecer medidas de vigilancia específicas cuando se procede a la exportación de precursores de drogas desde la Unión Europea. El anexo IV de dicho Reglamento enumera, para cada una de las sustancias catalogadas de las categorías 2 y 3 del anexo del Reglamento (CE) no 111/2005, los países en relación con los cuales es necesario efectuar una notificación previa a la exportación. En la lista figuran los terceros países que han solicitado recibir notificaciones previas a la exportación de conformidad con el artículo 12, apartado 10, de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988.

(2)

En su segunda reunión, celebrada el 8 de marzo de 2010, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes decidió incluir el ácido fenilacético en el cuadro I de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988. El artículo 12, apartado 10, de dicha Convención dispone que cada una de las Partes a partir de cuyo territorio vaya a ser exportada una de las sustancias incluidas en el cuadro 1 velará por que, antes de la exportación, sus autoridades competentes proporcionen a las autoridades competentes del país importador información sobre el envío objeto de exportación.

(3)

Como consecuencia de la decisión de incluir el ácido fenilacético en el cuadro I de la Convención de las Naciones Unidas, resulta necesario modificar el anexo IV del Reglamento (CE) no 1277/2005 para que se envíen notificaciones previas a la exportación en relación con todas las exportaciones de ácido fenilacético desde la Unión Europea.

(4)

En el anexo IV del Reglamento (CE) no 1277/2005 no figuran todos los terceros países que han solicitado recibir notificaciones previas a la exportación en relación con determinadas sustancias catalogadas en las categorías 2 y 3 desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 297/2009 de la Comisión (3). Afganistán, Australia y Ghana han efectuado tales solicitudes y, por tanto, es preciso incluirlas en dicho anexo.

(5)

Procede modificar el Reglamento (CE) no 1277/2005 en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 30, apartado 1, del Reglamento (CE) no 111/2005.

8.3.2011   

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L 61/5

8.3.2011   

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L 61/7

(1)

El Reglamento (UE) no 867/2010 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2010/11. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (UE) no 219/2011 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

8.3.2011   

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L 61/9

(1)

En los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 1490/2002 (3) de la Comisión se establecen las disposiciones de aplicación de la tercera fase del programa de trabajo al que se refiere el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la mencionada Directiva. Dicha lista incluye el etridiazol.

(2)

De conformidad con el artículo 11 sexies del Reglamento (CE) no 1490/2002, el notificador retiró su apoyo a la inclusión de la mencionada sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE en el plazo de dos meses a partir de la recepción del proyecto de informe de evaluación. En consecuencia, se adoptó la Decisión 2008/934/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, relativa a la no inclusión de determinadas sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esas sustancias (4), en la que se establece la no inclusión del etridiazol.

(3)

Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, el notificador original (en lo sucesivo denominado «el solicitante») presentó una nueva solicitud en la que pedía la aplicación del procedimiento acelerado contemplado en los artículos 14 a 19 del Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de 17 de enero de 2008, por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, pero que no figuran en su anexo I (5).

(4)

La solicitud se remitió a los Países Bajos, Estado miembro designado ponente en el Reglamento (CE) no 1490/2002. Se respetó el plazo para el procedimiento acelerado. La especificación de la sustancia activa y los usos propuestos son los mismos que los que fueron objeto de la Decisión 2008/934/CE. La solicitud cumple también los demás requisitos sustantivos y de procedimiento indicados en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 33/2008.

(5)

Los Países Bajos evaluaron los nuevos datos presentados por el solicitante y prepararon un informe suplementario. El 2 de diciembre de 2009, transmitieron dicho informe a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo denominada «la Autoridad») y a la Comisión. La Autoridad comunicó el informe suplementario a los demás Estados miembros y al solicitante para recabar sus observaciones al respecto y transmitió las observaciones recibidas a la Comisión. El 24 de septiembre de 2010, de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 33/2008, la Autoridad presentó su conclusión sobre el etridiazol (6) a la Comisión a petición de esta última. El proyecto de informe de evaluación, el informe suplementario y la conclusión de la Autoridad fueron revisados por los Estados miembros y la Comisión en el marco del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y finalizados el 28 de enero de 2011 como informe de revisión de la Comisión relativo al etridiazol.

(6)

A juzgar por los diversos exámenes realizados, cabe pensar que los productos fitosanitarios que contienen etridiazol satisfacen, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE, en particular con respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Procede, por tanto, incluir el etridiazol en el anexo I para garantizar que los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa puedan autorizarse en todos los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Directiva.

(7)

Sin perjuicio de esta conclusión, conviene obtener información adicional sobre algunos puntos específicos. En el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE se establece que la inclusión de una sustancia en el anexo I puede estar sujeta a condiciones. Por tanto, al evaluar las solicitudes para la autorización de productos fitosanitarios que contengan etridiazol destinados a usos distintos de su aplicación a plantas ornamentales, los Estados miembros deben velar por que se facilite toda la información necesaria antes de conceder dicha autorización. Asimismo, procede pedir que el solicitante presente información adicional que confirme: la especificación del material técnico tal como ha sido fabricado comercialmente mediante datos analíticos adecuados, la relevancia de las impurezas, la equivalencia entre las especificaciones del material técnico, tal como ha sido fabricado comercialmente, y las de los materiales de ensayo utilizados en la documentación sobre ecotoxicidad, la relevancia de los metabolitos vegetales ácido de 5-hidroxi-etoxietridiazol y 3-hidroximetiletridiazol, la exposición indirecta de las aguas subterráneas y de los organismos del suelo al etridiazol y a sus metabolitos del suelo dicloroetridiazol y ácido de etridiazol y el transporte atmosférico a larga y corta distancia del ácido de etridiazol.

(8)

Antes de incluir una sustancia activa en el anexo I, debe dejarse que transcurra un período de tiempo razonable con el fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que resulten de la inclusión.

(9)

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Directiva 91/414/CEE como consecuencia de la inclusión de una sustancia activa en su anexo I, debe concederse a los Estados miembros un plazo de seis meses a partir de la inclusión para revisar las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan etridiazol y comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 91/414/CEE, en particular en su artículo 13, así como las condiciones pertinentes establecidas en su anexo I. Los Estados miembros deben modificar, sustituir o retirar, según proceda, las autorizaciones vigentes de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE. No obstante el plazo mencionado, procede conceder un plazo más largo para la presentación y la evaluación de la documentación completa especificada en el anexo III de la mencionada Directiva con respecto a cada producto fitosanitario y a cada uso propuesto, de conformidad con los principios uniformes enunciados en dicha Directiva.

(10)

La experiencia adquirida con anteriores inclusiones en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE de sustancias activas evaluadas en el marco del Reglamento (CEE) no 3600/92 de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la primera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (7), pone de manifiesto que pueden surgir dificultades a la hora de interpretar las obligaciones de los titulares de las autorizaciones vigentes en lo que se refiere al acceso a los datos. Por tanto, para evitar nuevas dificultades, parece necesario aclarar las obligaciones de los Estados miembros, en particular la de verificar que el titular de una autorización haya demostrado tener acceso a documentación que cumpla los requisitos del anexo II de la mencionada Directiva. Esta aclaración, no obstante, no impone nuevas obligaciones a los Estados miembros ni a los titulares de autorizaciones además de las derivadas de las Directivas ya adoptadas para modificar el anexo I.

(11)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 91/414/CEE en consecuencia.

(12)

La Decisión 2008/934/CE establece la no inclusión del etridiazol y la retirada de las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan esa sustancia, a más tardar el 31 de diciembre de 2011. Es necesario suprimir la línea relativa al etridiazol en el anexo de dicha Decisión.

(13)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/934/CE en consecuencia.

(14)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

en el caso de un producto que contenga etridiazol como única sustancia activa, modificar o retirar la autorización, cuando sea necesario, a más tardar el 31 de mayo de 2015, o bien

b)

en el caso de un producto que contenga etridiazol entre otras sustancias activas, modificar o retirar la autorización, cuando sea necesario, a más tardar el 31 de mayo de 2015, o en el plazo que establezca(n) la(s) Directiva(s) por la(s) que se haya(n) incluido la(s) sustancia(s) en cuestión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE si dicho plazo expira después de esta fecha.

8.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 61/14

(1)

En los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 1490/2002 (3) de la Comisión se establecen las disposiciones de aplicación de la tercera fase del programa de trabajo al que se refiere el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la mencionada Directiva. Dicha lista incluye el óxido de fenbutaestán.

(2)

De conformidad con el artículo 11 sexies del Reglamento (CE) no 1490/2002, el notificador retiró su apoyo a la inclusión de la mencionada sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE en el plazo de dos meses a partir de la recepción del proyecto de informe de evaluación. En consecuencia, se adoptó la Decisión 2008/934/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, relativa a la no inclusión de determinadas sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esas sustancias (4), en la que se establece la no inclusión del óxido de fenbutaestán.

(3)

Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, el notificador original (en lo sucesivo denominado «el solicitante») presentó una nueva solicitud en la que pedía la aplicación del procedimiento acelerado contemplado en los artículos 14 a 19 del Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de 17 de enero de 2008, por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en su anexo I (5).

(4)

La solicitud se remitió a Bélgica, Estado miembro designado ponente en el Reglamento (CE) no 451/2000. Se respetó el plazo para el procedimiento acelerado. La especificación de la sustancia activa y los usos propuestos son los mismos que los que fueron objeto de la Decisión 2008/934/CE. La solicitud cumple también los demás requisitos sustantivos y de procedimiento indicados en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 33/2008.

(5)

Bélgica evaluó los nuevos datos presentados por el solicitante y preparó un informe suplementario. El 1 de diciembre de 2009, envió dicho informe a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo denominada «la Autoridad») y a la Comisión. La Autoridad remitió el informe suplementario a los demás Estados miembros y al solicitante para recabar sus observaciones al respecto y transmitió las observaciones recibidas a la Comisión. El 23 de agosto de 2010, de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 33/2008, la Autoridad presentó su conclusión sobre el óxido de fenbutaestán a la Comisión (6) a petición de esta última. El proyecto de informe de evaluación, el informe suplementario y la conclusión de la Autoridad fueron revisados por los Estados miembros y la Comisión en el marco del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal y finalizados el 28 de enero de 2011 como informe de la Comisión relativo al óxido de fenbutaestán.

(6)

A juzgar por los diversos exámenes realizados, cabe pensar que los productos fitosanitarios que contienen óxido de fenbutaestán satisfacen, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE, en particular con respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Procede, por tanto, incluir el óxido de fenbutaestán en el anexo I de la mencionada Directiva para garantizar que los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa puedan autorizarse en todos los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

(7)

Sin perjuicio de esta conclusión, conviene obtener información adicional sobre algunos puntos específicos. En el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE se establece que la inclusión de una sustancia en el anexo I puede estar sujeta a condiciones. Procede, por tanto, pedir al solicitante que presente información adicional basada en los conocimientos científicos más recientes que confirme los resultados de la evaluación del riesgo en lo que concierne a la impureza pertinente de óxido de bis[hidroxibis(2-metil-2-fenilpropil)estaño] (SD 31723). Esta información debe abordar los puntos siguientes: el potencial genotoxicológico, la relevancia ecotoxicológica, así como los espectros, la estabilidad de almacenamiento de la impureza y los métodos de análisis en los productos fitosanitarios.

(8)

Antes de incluir una sustancia activa en el anexo I, debe dejarse que transcurra un período de tiempo razonable con el fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que resulten de la inclusión.

(9)

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Directiva 91/414/CEE como consecuencia de la inclusión de una sustancia activa en su anexo I, debe concederse a los Estados miembros un plazo de seis meses a partir de la inclusión para revisar las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan óxido de fenbutaestán y comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 91/414/CEE, en particular en su artículo 13, así como las condiciones pertinentes establecidas en su anexo I. Los Estados miembros deben modificar, sustituir o retirar, según proceda, las autorizaciones vigentes de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE. No obstante el plazo mencionado, procede conceder un plazo más largo para la presentación y la evaluación de la documentación completa especificada en el anexo III de la mencionada Directiva con respecto a cada producto fitosanitario y a cada uso propuesto, de conformidad con los principios uniformes enunciados en dicha Directiva.

(10)

La experiencia adquirida con anteriores inclusiones en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE de sustancias activas evaluadas en el marco del Reglamento (CEE) no 3600/92 de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la primera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (7), pone de manifiesto que pueden surgir dificultades a la hora de interpretar las obligaciones de los titulares de las autorizaciones vigentes en lo que se refiere al acceso a los datos. Por tanto, para evitar nuevas dificultades, parece necesario aclarar las obligaciones de los Estados miembros, en particular la de verificar que el titular de una autorización haya demostrado tener acceso a documentación que cumpla los requisitos del anexo II de la mencionada Directiva. No obstante, esta aclaración no impone nuevas obligaciones a los Estados miembros o los titulares de autorizaciones además de las derivadas de las Directivas ya adoptadas para modificar el anexo I.

(11)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 91/414/CEE en consecuencia.

(12)

La Decisión 2008/934/CE establece la no inclusión del óxido de fenbutaestán y la retirada de las autorizaciones de productos fitosanitarios que lo contengan, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. Es necesario suprimir la línea relativa al óxido de fenbutaestán en el anexo de dicha Decisión.

(13)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/934/CE en consecuencia.

(14)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

en el caso de un producto que contenga óxido de fenbutaestán como única sustancia activa, modificar o retirar la autorización, cuando sea necesario, a más tardar el 31 de mayo de 2015, o bien

b)

en el caso de un producto que contenga óxido de fenbutaestán entre otras sustancias activas, modificar o retirar la autorización, cuando sea necesario, a más tardar el 31 de mayo de 2015, o en el plazo que establezca(n) la(s) Directiva(s) por la(s) que se haya(n) incluido la(s) sustancia(s) en cuestión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE si dicho plazo expira después de esa fecha.

8.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 61/18

(1)

En el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 91/414/CEE se establece que la inclusión de una sustancia activa puede revisarse en todo momento si existen indicios de que han dejado de cumplirse los criterios indicados en los apartados 1 y 2 de dicho artículo.

(2)

La sustancia activa pirimifós-metilo se incluyó en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE mediante la Directiva 2007/52/CE de la Comisión (2). No obstante, entre las disposiciones específicas sobre esta sustancia figura que los notificantes presenten estudios adicionales a fin de confirmar la evaluación de la exposición de los operadores.

(3)

El 22 de septiembre de 2009, el notificante presentó los estudios requeridos al Reino Unido, que había sido designado Estado miembro ponente mediante el Reglamento (CE) no 451/2000 de la Comisión (3).

(4)

El Reino Unido evaluó dichos estudios y presentó a la Comisión el 25 de febrero de 2010 una adenda al proyecto de informe de evaluación, que se distribuyó a los demás Estados miembros, a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y al notificante para que presentaran sus observaciones. Teniendo en cuenta el proyecto de informe de evaluación, los Estados miembros y la Comisión evaluaron la adenda en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal; la revisión finalizó el 28 de enero de 2011 con la adopción del informe de evaluación de la Comisión del pirimifós-metilo, de 16 de marzo de 2007.

(5)

Los estudios que figuran en el informe de revisión finalizado el 28 de enero de 2011 ponen de manifiesto que el riesgo para los operadores no es aceptable cuando usan equipos portátiles.

(6)

Teniendo en cuenta el proyecto de informe de evaluación, la adenda y los comentarios de los Estados miembros, de la EFSA y del notificante, se mantiene la conclusión de que cabe esperar que los productos fitosanitarios que contengan pirimifós-metilo satisfagan, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE, sobre todo respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Procede, no obstante, restringir la inclusión del pirimifós-metilo excluyendo la utilización de equipos portátiles.

(7)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 91/414/CEE en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

8.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 61/21

(1)

El 8 de marzo de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/145/PESC (1).

(2)

Las medidas establecidas en la Decisión 2010/145/PESC deben renovarse por un nuevo período de 12 meses.

8.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 61/22

(1)

Por carta de 2 de octubre de 1997, la República Francesa notificó a la Comisión el régimen de ayudas N 679/1997, un proyecto de decreto para modificar el régimen existente de ayudas a la expresión radiofónica (4). Mediante Decisión de 10 de noviembre de 1997 (5), la Comisión aprobó prorrogar este régimen de apoyo a la expresión radiofónica por un período de diez años.

(2)

Mediante Decisión de 28 de julio de 2003, la Comisión aprobó una modificación de dicho régimen de ayudas (6). La modificación propuesta por las autoridades francesas conllevaba, entre otras cosas, un cambio de las disposiciones sobre la financiación del régimen de ayudas (7). En la citada Decisión, la Comisión consideró que el régimen de ayudas era compatible con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»). Esta modificación empezó a surtir efectos el 1 de enero de 2003 por un período de diez años.

(3)

El 22 de diciembre de 2008, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválida la Decisión de la Comisión de 10 de noviembre de 1997 en lo que atañía al período 1997-2002. Por ello, la Comisión ha adoptado todas las medidas necesarias para subsanar la ilegalidad declarada, volviendo a examinar las informaciones suministradas por las autoridades francesas (véase la sección 3, «Motivos por los que se incoó el procedimiento» para obtener una descripción pormenorizada de este procedimiento).

(4)

Por carta de 11 de febrero de 2009, la Comisión comunicó a la República Francesa su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con respecto a esta ayuda.

(5)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (8). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda en cuestión.

(6)

Por carta de 23 de abril de 2009, la República Francesa transmitió sus comentarios sobre la medida.

(7)

La Comisión no recibió observaciones al respecto por parte de los interesados.

(8)

La medida en cuestión consiste en un régimen de ayudas destinado a apoyar a las pequeñas emisoras de radio locales francesas que cumplen una misión de comunicación social de proximidad y cuyos ingresos por publicidad y patrocinio no exceden del 20 % de su volumen de negocios.

(9)

La ayuda se financiaba mediante los ingresos de una exacción parafiscal sobre los recursos procedentes de la publicidad emitida por radiodifusión sonora y por televisión.

(10)

La autoridad competente, esto es el Fondo de Apoyo a la Expresión Radiofónica (FSER, por sus siglas en francés), puede conceder tres tipos de ayudas:

(11)

El régimen de ayudas, que está en vigor desde 1989, ha sufrido algunas modificaciones, todas ellas notificadas a la Comisión y aprobadas por esta en 1990, 1992, 1997 y 2003.

(12)

El proyecto notificado por las autoridades francesas aplica el régimen de ayudas previsto en el artículo 80 de la Ley no 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, relativa a la libertad de comunicación, de acuerdo con la modificación introducida por el artículo 25 de la Ley no 89-25, de 17 de enero de 1989, y el artículo 27 de la Ley no 90-1170, de 29 de diciembre de 1990, que dispone lo siguiente:

«Los servicios de radiodifusión sonora mediante ondas hertzianas, cuyos recursos comerciales procedentes de anuncios difundidos en antena y que presenten el carácter de publicidad de marca o patrocinio sean inferiores al 20 % de su volumen de negocios total gozarán de una ayuda según las condiciones fijadas por decreto del Consejo de Estado.

La financiación de dicha ayuda quedará garantizada por una deducción sobre los recursos procedentes de la publicidad difundida por radiodifusión sonora y por televisión.

La remuneración percibida por los servicios de radiodifusión sonora por ondas hertzianas terrestres por la difusión de mensajes destinados a mantener acciones colectivas o de interés general no se tendrá en consideración para la determinación del porcentaje contemplado en el primer párrafo del presente artículo.»

(13)

Por lo que atañe a la financiación del régimen de ayudas, el proyecto notificado por las autoridades francesas el 2 de octubre de 1997, que se convirtió en el Decreto no 97-1263 de 29 de diciembre de 1997, por el que se establece una exacción parafiscal en beneficio de un Fondo de Apoyo a la Expresión Radiofónica (9), dispone en su artículo 1 lo siguiente:

«A partir del 1 de enero de 1998 y por un período de cinco años se establece una exacción parafiscal sobre la publicidad difundida por radio y televisión (en lo sucesivo, “exacción sobre las empresas de publicidad”) destinada a financiar un fondo de ayuda a los titulares de una autorización para prestar servicios de radiodifusión cuyos recursos comerciales procedentes de mensajes difundidos en antena y que presenten el carácter de publicidad de marca o de patrocinio sean inferiores al 20 % de su volumen de negocio total.»

El artículo 2 del mismo Decreto establece:

«La exacción se calculará sobre la base de las cantidades, excluida la comisión de agencia y el impuesto sobre el valor añadido, pagadas por los anunciantes por la difusión de sus mensajes publicitarios destinados al territorio francés.

El sujeto pasivo del impuesto son las personas que comercializan estos mensajes publicitarios.

Un decreto conjunto de los ministros encargados del presupuesto y de la comunicación fijará la tarifa del impuesto por tramos de ingresos trimestrales percibidos por los sujetos pasivos, dentro de los siguientes límites:

[…]»

El artículo 4 del mismo Decreto precisa que la Dirección General de Tributos calcula, liquida y recauda la exacción por cuenta del FSER, aplicando las mismas reglas, garantías y sanciones que las previstas para el impuesto sobre el valor añadido.

(14)

Estas disposiciones se alteraron con ocasión de la modificación del régimen de ayudas notificado a la Comisión y autorizado por la Decisión de 28 de julio de 2003 (10) Según las nuevas reglas, la exacción parafiscal solo se aplica a las empresas establecidas en territorio francés.

(15)

La Comisión aprobó en 1997 a través de la Decisión N 679/97, una modificación del régimen de ayudas consistente en un mecanismo de financiación a través de una exacción parafiscal sobre la publicidad difundida por radio y televisión. Dicha Decisión no contiene análisis alguno del modo de financiación. La Decisión de 1997 surtió efectos hasta 2003, año en que fue reemplazada por una nueva decisión de autorización, la NN 42/03 (11).

(16)

El 3 de agosto de 2004 Régie Network, la filial publicitaria de una gran cadena radiofónica francesa, la NRJ, impugnó ante el Tribunal de Lyon la exacción pagada en 2001 (152 524 EUR). El asunto dio lugar a la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para que evaluara la validez de la Decisión de la Comisión de 10 de noviembre de 1997 por la que se autorizó la ayuda.

(17)

La sentencia (12) del Tribunal de Justicia, dictada el 22 de diciembre de 2008, declaró inválida la Decisión de 1997 debido a que la Comisión no había evaluado el modo de financiación de la medida examinada.

(18)

En efecto, en el apartado 89 de su sentencia, el Tribunal recuerda que al examinar una medida de ayuda, la Comisión debe necesariamente tener en cuenta también su modo de financiación si este forma parte integrante de dicha medida. En el apartado 99 de su sentencia, el Tribunal precisa que un tributo forma parte integrante de una ayuda cuando existe un vínculo obligatorio entre la exacción y la ayuda de que se trate con arreglo a la normativa nacional pertinente, en el sentido de que la recaudación del tributo se destine obligatoriamente a la financiación de la ayuda y afecte directamente a la cuantía de esta y, consiguientemente, a la apreciación de la compatibilidad de esta ayuda con el mercado común.

(19)

Tras comprobar que todas estas condiciones se cumplían en el asunto de que se trataba, el Tribunal afirma en el apartado 112 de su sentencia que la exacción sobre las empresas de publicidad forma parte integrante del régimen de ayudas a la comunicación radiofónica que financia dicha exacción. Por consiguiente, la Comisión debía necesariamente tener en cuenta esa exacción al examinar el régimen de ayudas en cuestión, lo que no hizo en su Decisión NN 42/03.

(20)

A raíz de la sentencia que declaraba inválida la Decisión de la Comisión de 10 de noviembre de 1997, la Comisión tomó todas las medidas necesarias para solucionar la ilegalidad constatada y volvió a examinar las informaciones facilitadas por las autoridades francesas. En consecuencia, el 11 de febrero de 2009 la Comisión incoó el procedimiento formal de investigación previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE, registrado con el número C4/2009 (13).

(21)

Por carta de 23 de abril de 2009 las autoridades francesas transmitieron las siguientes observaciones a la Comisión:

(22)

La evaluación del régimen de ayudas se basa en el artículo 107, apartado 3, del TFUE.

(23)

El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone lo siguiente:

«Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(24)

Análisis del presente caso teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(25)

Tanto por su objeto como por su campo de aplicación, la medida de ayuda notificada claramente no cumple las condiciones previstas en el artículo 107, apartado 3, letras a) y b), del TFUE.

(26)

Teniendo en cuenta su objetivo de favorecer a las emisoras que prestan servicios de radiodifusión sonora por ondas hertzianas en territorio francés, en particular prestando apoyo a aquellas con menores recursos publicitarios, el régimen de ayudas pretende garantizar la pluralidad de los medios de comunicación en territorio francés, lo que constituye un objetivo de orden general legítimo. Así pues, el elemento de ayuda a los beneficiarios podría examinarse a la luz de las condiciones enunciadas en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Esta disposición establece que: «Podrán ser consideradas compatibles con el mercado interior: […] las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común; […]». En ese caso, la Comisión debe sopesar los efectos positivos y los efectos negativos de la medida.

(27)

En sus decisiones precedentes, la Comisión llegó a la conclusión de que el régimen de ayudas en cuestión tiene efectos positivos y es compatible con el mercado interior, en especial debido a que contribuye a un objetivo de interés general bien definido. En efecto, su objetivo es favorecer la pluralidad de las emisoras que prestan servicios de radiodifusión por ondas hertzianas en territorio francés. El régimen apoya a las emisoras de pequeño tamaño con una audiencia local, teniendo en cuenta intereses sociales, culturales y locales, lo que constituye un objetivo general legítimo. Además, el falseamiento de la competencia potencialmente causado por el régimen de ayudas al favorecer a estas emisoras de proximidad es débil y no altera las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Vista la misión y el tamaño de esas emisoras, el falseamiento de la competencia entre estas últimas y los prestatarios de los mismos tipos de servicios en otro Estado miembro es especialmente reducido. En consecuencia, el efecto sobre los intercambios que provoca este régimen de ayudas es particularmente débil.

(28)

No obstante, del examen del Decreto no 97-1263, artículos 3 y 6, se desprende que el modo de financiación del régimen de ayudas mediante la exacción parafiscal en cuestión forma parte integrante de la medida, tal como puso de manifiesto el Tribunal de Justicia en sus sentencia en el asunto Régie Networks (apartados 99 a 112).

(29)

En efecto, tal como el Tribunal recuerda en el apartado 89 de la sentencia anteriormente citada: «el modo de financiación de una ayuda puede suponer que la totalidad del régimen de ayuda que pretende sostener sea incompatible con el mercado común. Por tanto, el examen de una ayuda no puede separarse del de los efectos de su modo de financiación. Al contrario, cuando examina una medida de ayuda, la Comisión debe necesariamente tener en cuenta también su modo de financiación si este forma parte integrante de dicha medida (en este sentido, véanse, en particular, las sentencias Van Calster y otros, antes citada, apartado 49, y de 15 de julio de 2004, Pearle y otros, C-345/02, Rec. p. I-7139, apartado 29)».

(30)

De ello se colige que la Comisión debe tener en cuenta la citada exacción al examinar la compatibilidad del régimen de ayudas con el mercado interior. En este sentido, la controvertida exacción sobre las empresas publicitarias resulta contraria al principio general, reiterado periódicamente por la Comisión y confirmado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 25 de junio de 1970, Francia/Comisión (47/69, Rec. p. 487), según el cual los productos o servicios importados deben quedar exentos de cualquier exacción parafiscal destinada a financiar un régimen de ayudas del que solo se beneficien las empresas nacionales. El Tribunal evoca este análisis en el apartado 115 de su sentencia Régie Networks.

(31)

La Comisión considera que la no exoneración de los servicios de radiodifusión sonora por ondas hertzianas prestados en Francia a partir de emisoras ubicadas en otros Estados miembros, que no pueden beneficiarse de las ayudas otorgadas al amparo del régimen notificado, altera las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. Incluso aunque el objetivo general del componente de ayuda a los beneficiarios perseguido por el régimen notificado sea legítimo y pueda ser considerado compatible con el mercado interior, no ocurre lo mismo con el modo de financiación del citado régimen.

(32)

Por consiguiente, la Comisión ha llegado a la conclusión de que este régimen de ayudas puede ser declarado compatible con el mercado interior, especialmente en función de los criterios enunciados en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Por el contrario, la Comisión no puede aprobar el modo de financiación de este régimen.

(33)

En este sentido, la Comisión ha tomado nota de la imposibilidad, alegada por las autoridades francesas en su carta de 23 de abril de 2009, de identificar (entre los contribuyentes que abonan la exacción parafiscal con la que se financia el régimen de ayudas) las empresas extranjeras que han prestado servicios de radiodifusión en Francia a partir de emisoras o empresas situadas en otros Estados miembros en el período cubierto por el régimen de ayudas considerado. La Comisión puede admitir la existencia de dificultades administrativas que impiden esa identificación debido a la antigüedad de los hechos. Sin embargo, sobre la base de las explicaciones facilitadas por las autoridades francesas, el paso del tiempo, en este caso, no parece constituir en sí mismo un obstáculo insuperable para la identificación de los sujetos pasivos de la exacción. Las autoridades francesas han indicado, no obstante, que no siempre les resultaba posible determinar, a partir de los datos en su poder, si los sujetos pasivos eran empresas que emitían desde territorio francés o desde otro Estado miembro. En tal caso, tienen que notificar individualmente al sujeto pasivo de la exacción, en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Decisión, su derecho a ser reembolsado si ha emitido para Francia desde otro Estado miembro. La Administración debe emplear todos los medios a su alcance para identificar a los sujetos pasivos de la exacción. Ahora bien, como no es seguro que las autoridades francesas puedan identificar por sí mismas a todos los sujetos pasivos de esta exacción, deberán asimismo publicitar adecuadamente las medidas de reembolso, de manera que los operadores interesados puedan manifestarse.

(34)

En efecto, nada se opone a que Francia conceda a estos operadores desconocidos la oportunidad de hacer valer su derecho a que se les reembolsen los gravámenes pagados indebidamente durante el período 1997-2002. Francia podrá solucionar la incompatibilidad del modo de financiación del régimen de ayudas mediante el reembolso del importe de las exacciones incompatibles con el mercado interior respetando las condiciones siguientes:

8.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 61/28

(1)

A la luz de la experiencia adquirida desde la creación del Fondo para las Fronteras Exteriores conviene esclarecer las obligaciones contenidas en la Decisión 2008/456/CE de la Comisión (2) relativas a la transparencia, el trato equitativo y la no discriminación en la ejecución de proyectos.

(2)

Los Estados miembros deben presentar informes sobre la aplicación de sus programas anuales. Conviene, por ello, aclarar qué información deben facilitar.

(3)

Con objeto de reducir la carga administrativa de los Estados miembros y de ofrecer una mayor seguridad jurídica deben simplificarse y aclararse las normas sobre la elegibilidad del gasto de acciones cofinanciadas por el Fondo para las Fronteras Exteriores.

(4)

La mayoría de los cambios introducidos por la presente Decisión deberían entrar en vigor de forma inmediata. Ahora bien, habida cuenta de que los programas anuales de 2009 y 2010 están en curso, las normas revisadas sobre la elegibilidad de los gastos de las acciones cofinanciadas por el Fondo para las Fronteras Exteriores deberían ser de aplicación a partir del programa anual de 2011. No obstante, debe brindarse a los Estados miembros la posibilidad de que, en determinadas condiciones, apliquen dichas normas antes de esa fecha.

(5)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca ha incorporado la Decisión no 574/2007/CE a su Derecho nacional y está, por tanto, vinculada por la presente Decisión.

(6)

La presente Decisión desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (3), y la ulterior Decisión 2004/926/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, sobre la ejecución de partes del acervo de Schengen por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (4). En consecuencia, el Reino Unido no está vinculado ni sujeto a su aplicación.

(7)

La presente Decisión desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (5). En consecuencia, Irlanda no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

(8)

En lo que respecta a Islandia y a Noruega, la Decisión no 574/2007/CE constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (6) que corresponden a los ámbitos mencionados en las letras A y B del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (7).

(9)

En lo que respecta a Suiza, la Decisión no 574/2007/CE desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo firmado por la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de esta última a la aplicación, ejecución y desarrollo del acervo de Schengen que corresponden a los ámbitos mencionados en el artículo 4, apartado 1, de la Decisión del Consejo sobre la firma, en nombre de la Comunidad Europea, y la aplicación provisional de determinadas disposiciones de dicho Acuerdo.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión son conformes al dictamen del Comité común «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» creado por la Decisión no 574/2007/CE.

(11)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/456/CE en consecuencia.

1)

En el artículo 9, apartado 1, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:

«Cualquier cambio sustancial en el contenido de las convocatorias de propuestas se publicará también en las mismas condiciones.».

2)

El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 11

Contratos de ejecución

Al adjudicar los contratos para la ejecución de los proyectos, las autoridades estatales, regionales o locales, los organismos de Derecho público, las asociaciones formadas por una o varias de tales autoridades o por varios de tales organismos de Derecho público actuarán de conformidad con las legislaciones y principios de la Unión y de los Estados miembros aplicables en materia de contratación pública.

Las entidades distintas de las mencionadas en el párrafo primero adjudicarán los contratos para la ejecución de los proyectos tras haberles dado una publicidad adecuada a fin de garantizar el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato. Los contratos de valor inferior a 100 000 EUR podrán adjudicarse siempre que la entidad en cuestión solicite al menos tres ofertas. Sin perjuicio de las normas nacionales, los contratos de valor inferior a 5 000 EUR no quedarán sujetos a ningún tipo de obligaciones procedimentales.».

3)

En el artículo 21, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   La autoridad competente notificará a la Comisión por carta formal cualquier cambio sustancial en el sistema de gestión y control y le enviará a la mayor brevedad una descripción revisada de dicho sistema, a más tardar en el momento en que tal cambio surta efecto.».

4)

En el artículo 24, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Los cuadros financieros relativos a los informes de situación y los informes finales presentarán un desglose de los importes, tanto por prioridades como por prioridades específicas, tal como se definen en las directrices estratégicas.».

5)

El artículo 25 queda modificado como sigue:

6)

El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 26

Documentos elaborados por la autoridad de certificación

1.   La certificación relativa a la solicitud de desembolso de la segunda prefinanciación a que se refiere el artículo 41, apartado 4, del acto de base será elaborada por la autoridad de certificación con arreglo al modelo que figura en el anexo VIII y transmitida a la Comisión por la autoridad competente.

2.   La certificación relativa a la solicitud de desembolso del pago final a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letra a), del acto de base será elaborada por la autoridad de certificación con arreglo al modelo que figura en el anexo IX y transmitida a la Comisión por la autoridad competente.».

7)

El artículo 37 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 37

Intercambio electrónico de documentos

Además de las versiones en papel debidamente firmadas de los documentos a que se refiere el capítulo 3, la información también se enviará por medios electrónicos.».

8)

En el artículo 40, apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

9)

Los anexos quedan modificados conforme al anexo de la presente Decisión.

8.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 61/42

(1)

El artículo 3 quater de la Directiva 2003/87/CE fija la cantidad total de derechos de emisión que debe asignarse a los operadores de aeronaves. Dicha cantidad se determina como porcentaje de la suma de las emisiones históricas del sector de la aviación. El artículo 3, letra s), de la Directiva 2003/87/CE define las emisiones históricas del sector de la aviación como la media aritmética de las emisiones anuales en los años naturales 2004, 2005 y 2006, procedentes de las aeronaves que realizan una de las actividades de aviación enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE. De conformidad con el artículo 3 quater, apartados 2 y 3, de dicha Directiva, la cantidad total de derechos de emisión que debe asignarse a los operadores de aeronaves debe calcularse sobre la base de dicha media histórica.

(2)

La Comisión ha contado con la asistencia de Eurocontrol prevista en el artículo 18 ter de la Directiva 2003/87/CE. Los datos exhaustivos sobre el tráfico aéreo que figuran en las bases de datos de Eurocontrol, procedentes de la oficina central para las tarifas de ruta y de la unidad central de gestión del tráfico, se consideran los mejores datos disponibles a efectos del cálculo de las emisiones históricas. Dichos datos proporcionan, entre otras cosas, la distancia real de recorrido de cada vuelo. Las emisiones han sido calculadas para cada vuelo por medio de la metodología ANCAT 3 (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport – atenuación de las molestias ocasionadas por el ruido de los aviones del transporte aéreo) y la metodología CASE (Calculation of Emissions by Selective Equivalence – cálculo de emisiones mediante la equivalencia selectiva). Este método aplicado al cálculo de las emisiones históricas ha sido completado además con la información sobre el consumo real de combustible facilitada de forma voluntaria por un número representativo de operadores de aeronaves, lo que ha contribuido a mejorar la exactitud del planteamiento de modelización. Se procedió a cálculos complementarios para tener en cuenta el consumo de carburante asociado al uso de unidades de potencia auxiliar (APU). El método utilizado consistió en determinar en primer lugar el consumo medio de carburante de las APU en distintos tipos de aeronave. A continuación, se extrapoló cada factor de emisión del consumo de carburante de las APU al efecto de calcular las emisiones totales de las APU mediante la aplicación de un proceso que tuvo en cuenta el porcentaje real de combustión del carburante correspondiente a los vuelos sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE por cada tipo de aeronave y el uso de energía generada en tierra en los aeropuertos. Las emisiones correspondientes al consumo total de carburante de las APU resultante se incluyeron en las emisiones históricas del sector de la aviación correspondientes a cada uno de los años 2004, 2005 y 2006.

(3)

Las emisiones anuales procedentes de las aeronaves que realizan una de las actividades de aviación enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE se han calculado en 209 123 585 toneladas de CO2 para el año natural 2004. Las emisiones anuales procedentes de dichas aeronaves se han calculado en 220 703 342 toneladas de CO2 para el año natural 2005 y en 228 602 103 toneladas de CO2 para el año natural 2006. Las emisiones históricas del sector de la aviación se han definido como la media aritmética de dichas emisiones, es decir, 219 476 343 toneladas de CO2.

(4)

La Comisión ha consultado al Comité del cambio climático establecido en virtud del artículo 9 de la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto (2).