21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/1

(1)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del Tratado, el Consejo, a propuesta de la Comisión, debe adoptar las medidas relativas a la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca.

(2)

Según el Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (1), deben establecerse medidas que regulen el acceso a las aguas y los recursos y la realización sostenible de las actividades pesqueras, teniendo en cuenta los dictámenes científicos, técnicos y económicos disponibles y, en particular, los informes elaborados por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP).

(3)

Incumbe al Consejo adoptar medidas para fijar y asignar las posibilidades de pesca por pesquería o grupo de pesquerías, así como, en su caso, determinadas condiciones vinculadas funcionalmente a las mismas. Las posibilidades de pesca deben distribuirse entre los Estados miembros de tal modo que se garantice la estabilidad relativa de las actividades pesqueras de cada Estado miembro con respecto a todas las poblaciones o pesquerías y atendiendo a los objetivos de la política pesquera común establecidos en el Reglamento (CE) no 2371/2002.

(4)

Conviene establecer los totales admisibles de capturas (TAC) sobre la base de los dictámenes científicos disponibles, teniendo en cuenta los aspectos biológicos y socioeconómicos, al tiempo que se garantiza un trato justo entre los sectores de la pesca y se tienen en cuenta las opiniones expresadas durante la consulta con las partes interesadas, en particular el Comité consultivo de pesca y acuicultura y los consejos consultivos regionales (CCR) correspondientes.

(5)

Las posibilidades de pesca deben ajustarse a los acuerdos y principios internacionales, tales como el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 referente a la conservación y gestión de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias (2), y los principios detallados relativos a la gestión establecidos en las directrices internacionales de 2008 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para la ordenación de las pesquerías de aguas profundas en alta mar, según los cuales, en particular, el regulador debe observar mayor cautela cuando la información es dudosa o no es fidedigna o adecuada. La falta de información científica adecuada no debería alegarse para posponer o dejar de adoptar medidas de conservación y gestión.

(6)

El último dictamen científico del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) (3) y del CCTEP (4) indica que la mayor parte de las especies de aguas profundas se capturan de forma insostenible y que, para garantizar la sostenibilidad de estas poblaciones, las posibilidades de pesca deben reducirse hasta que la evolución del tamaño de las poblaciones indique una tendencia positiva. El CIEM ha recomendado, además, que no se autorice la pesca dirigida al reloj anaranjado.

(7)

Por lo que respecta a los tiburones de aguas profundas, las principales especies comerciales se consideran agotadas, por lo que no debería llevarse a cabo la pesca dirigida a estas especies concretas. No debería autorizarse el desembarque de capturas accesorias hasta que se haya determinado el volumen de las capturas accesorias inevitables por medio de proyectos relativos a la selectividad de los artes de pesca y otras medidas técnicas.

(8)

Las posibilidades de pesca de las especies de aguas profundas enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) no 2347/2002 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por el que se establecen las modalidades específicas de acceso y otras condiciones aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas (5), se aprueban cada dos años. Sin embargo, se hace una excepción con las poblaciones de pejerrey y la principal pesquería de maruca azul, cuyas posibilidades de pesca dependen del resultado de las negociaciones anuales con Noruega. Por consiguiente, las posibilidades de pesca de estas poblaciones se establecen en otro reglamento anual por el que se fijen las posibilidades de pesca.

(9)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 847/96 del Consejo, de 6 de mayo de 1996, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas (6), debe determinarse qué poblaciones están sujetas a las diversas medidas citadas en el mismo.

(10)

Para garantizar el sustento de los pescadores de la Unión es importante abrir esas pesquerías el 1 de enero de 2011.

a)

los intercambios que puedan realizarse en virtud del artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) no 2371/2002;

b)

las deducciones y reasignaciones que se realicen de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (9) o de conformidad con el artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1006/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativo a la autorización de las actividades pesqueras de los buques pesqueros comunitarios fuera de las aguas comunitarias y al acceso de los buques de terceros países a las aguas comunitarias (10);

c)

los desembarques adicionales que se autoricen en virtud del artículo 3 del Reglamento (CE) no 847/96;

d)

las cantidades retenidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 847/96;

e)

las deducciones que se apliquen de conformidad con los artículos 105 y 107 del Reglamento (CE) no 1224/2009.

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/13

(1)

El anexo I del Reglamento (CE) no 1236/2005 enumera las autoridades competentes encargadas de tareas específicas vinculadas a la aplicación del presente Reglamento.

(2)

A instancia de Estonia, la información relativa a la autoridad competente en Estonia deberá modificarse.

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/15

(1)

El Reglamento (CE) no 184/2005 establece un marco común para la elaboración sistemática de estadísticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversiones extranjeras directas.

(2)

El Reglamento (CE) no 1055/2008 de la Comisión (2) establece criterios de calidad comunes y la periodicidad de los informes de calidad para las estadísticas de balanza de pagos.

(3)

Es necesario adaptar los criterios de calidad comunes y la periodicidad de los informes de calidad para las estadísticas de balanza de pagos, con vistas a reflejar los criterios de calidad establecidos en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), relativo a la estadística europea.

(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1055/2008 en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de balanza de pagos.

1)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Los Estados miembros transmitirán sus informes de calidad a más tardar el 31 de mayo de cada año.».

2)

El anexo se sustituye por el anexo del presente Reglamento.

21.12.2010   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/17

(1)

El Reglamento (CEE) no 2658/87 estableció la nomenclatura combinada (NC) a fin de satisfacer al mismo tiempo las exigencias del arancel aduanero común, de las estadísticas de comercio exterior de la Unión y de las otras políticas de la Unión relativas a la importación y exportación de mercancías.

(2)

El Reglamento (CE) no 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras (2), se aplica en los casos en que no está justificada la imposición.

(3)

En determinadas circunstancias, habida cuenta del carácter especial de algunos movimientos de mercancías mencionados en el Reglamento (CE) no 1186/2009, resulta apropiado reducir la carga administrativa que supone la declaración de dichos movimientos, asignándoles un código NC específico. Así ocurre, en concreto, cuando la clasificación de cada tipo de mercancía incluida en un movimiento determinado con objeto de elaborar la declaración en aduana supone una carga de trabajo y unos gastos desproporcionados frente a los intereses en juego.

(4)

El Reglamento (UE) no 113/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países, en lo que respecta a la cobertura del comercio, a la definición de los datos, a la elaboración de estadísticas sobre comercio desglosadas por características de las empresas y por moneda de facturación y a las mercancías o movimientos específicos (3), y el Reglamento (CE) no 1982/2004, de 18 de noviembre de 2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 638/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros, y por el que se derogan los Reglamentos de la Comisión (CE) no 1901/2000 y (CEE) no 3590/92 (4), autorizan a los Estados miembros a utilizar un sistema simplificado de codificación para determinadas mercancías con vistas a la elaboración de estadísticas relacionadas con el comercio exterior e interior de la UE.

(5)

Dichos Reglamentos establecen que, en determinadas condiciones especiales, pueden utilizarse códigos específicos para las mercancías. En aras de la transparencia y a efectos informativos, conviene mencionar dichos códigos en la NC.

(6)

Por los motivos expuestos, resulta oportuno insertar el capítulo 99 en la NC.

(7)

Por tanto, procede modificar el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/20

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/22

(1)

El Reglamento (UE) no 867/2010 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2010/11. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (UE) no 1184/2010 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/24

(1)

El Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (2) expira el 31 de diciembre de 2010.

(2)

La pequeña contribución del carbón subvencionado a la combinación energética global ya no justifica el mantenimiento de estas subvenciones con el fin de garantizar el suministro de energía en la Unión.

(3)

La política de la Unión de fomento de las fuentes de energía renovables y de una economía sostenible y segura de baja producción de carbono no justifican el apoyo indefinido a las minas de carbón no competitivas. Así pues, las categorías de ayuda permitidas por el Reglamento (CE) no 1407/2002 no deben mantenerse indefinidamente.

(4)

Sin embargo, a falta de normas sectoriales sobre ayudas estatales, solo se aplican al carbón las normas generales sobre ayudas estatales. En este contexto, es posible que las minas de carbón no competitivas, que actualmente se benefician de ayudas al amparo del Reglamento (CE) no 1407/2002, ya no puedan optar a ellas y quizás se vean forzadas a cerrar.

(5)

Sin perjuicio de las normas generales sobre ayudas estatales, los Estados miembros deben poder tomar medidas para aliviar las consecuencias sociales y regionales del cierre de esas minas, es decir, el cese ordenado de las actividades en el contexto de un plan de cierre irrevocable de la mina y/o la financiación de costes excepcionales, en particular las cargas heredadas del pasado.

(6)

La presente Decisión supone la transición, para el sector del carbón, de las normas sectoriales a las normas generales sobre ayudas estatales, aplicables a todos los sectores.

(7)

Para minimizar el falseamiento de la competencia en el mercado interior derivado de las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas, tales ayudas deben ser decrecientes y limitarse estrictamente a las unidades de producción de carbón cuyo cierre está planificado irrevocablemente.

(8)

Con el fin de mitigar el impacto medioambiental de la producción de carbón por parte de unidades de producción de carbón a las que se concedieron ayudas al cierre, los Estados miembros deben establecer un plan de medidas apropiadas, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética, la energía renovable o la captura y el almacenamiento del carbono.

(9)

Las empresas deben poder optar a ayudas para cubrir los costes que, de conformidad con la práctica contable normal, no afectan directamente al coste de producción. Esas ayudas se orientan a cubrir costes excepcionales que son fruto del cierre de sus unidades de producción de carbón. Para evitar que esas ayudas beneficien indebidamente a empresas que solo cierran algunos de sus sitios de producción, las empresas interesadas deben llevar cuentas separadas para cada una de sus unidades de producción de carbón.

(10)

En el desempeño de sus funciones en virtud de la presente Decisión, la Comisión debe velar por que se establezcan, mantengan y respeten condiciones normales de competencia. Por lo que se refiere más especialmente al mercado de la electricidad, las ayudas al sector del carbón no deben poder afectar a la elección de los productores de electricidad de las fuentes de suministro de energía primaria. Por lo tanto, los precios y cantidades de carbón deben acordarse libremente entre las partes contratantes teniendo en cuenta las condiciones imperantes en el mercado mundial.

(11)

La aplicación de la presente Decisión no debe ser óbice para que las ayudas al sector del carbón puedan considerarse compatible con el mercado interior por otros motivos. En este contexto, otras normas específicas, en particular las relativas a las ayudas estatales a la investigación, el desarrollo y la innovación, las ayudas a la protección del medio ambiente y las ayudas a las actividades de formación, seguirán aplicándose dentro de los límites de las intensidades máximas de ayuda, salvo que se disponga otra cosa.

(12)

La Comisión debe evaluar las medidas notificadas sobre la base de la presente Decisión y adoptar decisiones de conformidad con el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (3).

(13)

A fin de evitar cualquier discontinuidad entre las medidas contempladas en el Reglamento (CE) no 1407/2002 y las medidas previstas en la presente Decisión, esta debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2011.

a)

la explotación de dichas unidades de producción de carbón se inscribirá en un plan de cierre que llegue a su término a más tardar el 31 de diciembre de 2018;

b)

las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre;

c)

las ayudas notificadas no superarán la diferencia entre el coste de producción previsible y el ingreso previsible para un ejercicio carbonero. Las ayudas efectivamente abonadas serán objeto de una regularización anual, basada en los costes y los ingresos reales, a más tardar antes de que finalice el ejercicio carbonero siguiente a aquél para el que se hayan concedido;

d)

el importe de las ayudas por tonelada equivalente de carbón no podrá tener como consecuencia que los precios del carbón de la Unión en el punto de utilización sean inferiores a los del carbón de calidad similar procedente de terceros países;

e)

las unidades de producción de carbón afectadas deberán haber estado en actividad el 31 de diciembre de 2009;

f)

el volumen global de las ayudas al cierre concedidas por un Estado miembro deberá seguir una tendencia decreciente: de la ayuda concedida en 2011, la reducción no deberá ser inferior al 25 % a más tardar a finales de 2013, al 40 % a más tardar a finales de 2015, al 60 % a más tardar a finales de 2016 y al 75 % a más tardar a finales de 2017;

g)

el volumen global de las ayudas al cierre en el sector del carbón de un Estado miembro no deberá exceder, durante cualquier año siguiente a 2010, el importe de las ayudas concedidas por ese Estado miembro y autorizadas por la Comisión de conformidad con los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE) no 1407/2002 para el año 2010;

h)

los Estados miembros deberán establecer un plan de adopción de medidas destinadas a mitigar el impacto medioambiental de la producción de carbón por unidades de producción a las que se haya concedido ayudas en virtud del presente artículo, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética, la energía renovable o la captura y el almacenamiento del carbono.

a)

los costes y provisiones de costes, a cargo únicamente de aquellas empresas que estén cerrando o hayan cerrado unidades de producción de carbón, incluidas las empresas que se beneficien de ayudas al cierre;

b)

los costes a cargo de varias empresas.

a)

una relación de las unidades de producción de carbón;

b)

para cada unidad de producción de carbón, los costes de producción reales o estimados por ejercicio carbonero;

c)

la producción de carbón estimada, por ejercicio carbonero, de las unidades de producción de carbón que formen parte del plan de cierre;

d)

el importe estimado de las ayudas al cierre por ejercicio carbonero.

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/30

(1)

El 14 de mayo de 2008, el Consejo adoptó la Posición Común 2008/369/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo (1), a raíz de la adopción de la Resolución 1807 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 31 de marzo de 2008.

(2)

El 1 de diciembre de 2010, el Comité de Sanciones establecido de conformidad con la Resolución 1533 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas modificó la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas.

(3)

Como parte del procedimiento de modificación del anexo de la presente Decisión se deben dar a conocer a las personas y entidades designadas los motivos de su inclusión en la lista, a fin de que tengan la oportunidad de presentar alegaciones. Cuando se presenten alegaciones o se aporten nuevas pruebas sustanciales, el Consejo reconsiderará su decisión a la luz de dichas alegaciones e informará en consecuencia a la persona o entidad afectada.

(4)

La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, el derecho a la propiedad y el derecho a la protección de los datos de carácter personal. La presente Decisión debe aplicarse de acuerdo con dichos derechos y principios.

(5)

La presente Decisión también respeta plenamente las obligaciones de los Estados miembros que emanan de la Carta de las Naciones Unidas y el carácter jurídicamente vinculante de las Resoluciones del Consejo de Seguridad.

(6)

Por consiguiente, la Posición Común 2008/369/PESC debe ser derogada y sustituida por la presente Decisión.

(7)

Las medidas de aplicación de la Unión Europea se establecen en el Reglamento (CE) no 889/2005 del Consejo, de 13 de junio de 2005, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas respecto de la República Democrática del Congo (2) y en el Reglamento (CE) no 1183/2005 del Consejo, de 18 de julio de 2005, por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo (3).

a)

la concesión, venta, suministro o transferencia de asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios relacionados con actividades militares y con el suministro, la fabricación, el mantenimiento o la utilización de armamento y material afín de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militares, equipo paramilitar y piezas de repuesto de los artículos mencionados, directa o indirectamente, a todas las entidades no gubernamentales y los particulares que actúen en el territorio de la RDC;

b)

suministrar financiación o asistencia financiera en relación con actividades militares, en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, para cualquier tipo de venta, suministro, transferencia o exportación de armamento y material afín o para cualquier tipo de concesión, venta, suministro o transferencia de asistencia técnica conexa, servicios de corretaje y otros servicios, directa o indirectamente, a todas las entidades no gubernamentales y los particulares que actúen en el territorio de la RDC.

a)

el suministro, venta o transferencia de armamento y material afín ni a la prestación de asistencia técnica financiación, servicios de corretaje y otros servicios relacionados con el armamento y material afín utilizado únicamente para el apoyo a la Misión de las Naciones Unidas en la RDC (MONUC) o para su utilización por parte de esta;

b)

el suministro, venta o transferencia de ropa de protección, incluidos los chalecos antimetralla y los cascos militares, que exporten temporalmente a la RDC el personal de las Naciones Unidas, los representantes de medios de información y el personal humanitario, de desarrollo y conexo, exclusivamente para su propio uso;

c)

el suministro, venta o transferencia de equipos no mortíferos destinados únicamente a atender necesidades humanitarias o de protección, o la prestación de asistencia y formación técnica en relación con dichos equipos no mortíferos.

—

las personas o entidades que actúen en contravención del embargo de armas y otras medidas afines contempladas en el artículo 1,

—

los líderes políticos y militares de los grupos armados extranjeros que operan en la RDC que obstaculicen el desarme y la repatriación o el reasentamiento voluntarios de los combatientes pertenecientes a ellos,

—

los líderes políticos y militares de las milicias congoleñas que reciben apoyo del exterior de la RDC que obstaculicen la participación de sus combatientes en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración,

—

los líderes políticos y militares que operan en la RDC que recluten o utilicen a niños en conflictos armados en contravención del Derecho internacional aplicable,

—

los particulares que operan en la RDC y que cometan violaciones graves del Derecho internacional dirigidas contra niños o mujeres en situaciones de conflicto armado, como asesinatos y mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros y desplazamientos forzados,

—

los particulares que obstaculicen el acceso a la ayuda humanitaria en el este de la RDC o su distribución,

—

los particulares o entidades que, mediante el comercio ilícito de recursos naturales, apoyen a los grupos armados ilegales que operan en el este de la RDC.

a)

determine previamente y de manera individualizada que la entrada o tránsito de que se trate está justificado por motivos de necesidad humanitaria, incluida la obligación religiosa;

b)

considere que la excepción servirá a los objetivos de las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, a saber, la paz y la reconciliación nacional en la RDC y la estabilidad en la región;

c)

autorice previamente y de manera individualizada el tránsito de personas que regresen al territorio del Estado miembro del que sean nacionales o cooperen en los esfuerzos encaminados a llevar ante los tribunales a los autores de violaciones graves de los derechos humanos o del Derecho humanitario internacional.

a)

necesarios para cubrir gastos esenciales, incluidos los pagos de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b)

destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos efectuados en relación con la prestación de servicios jurídicos;

c)

destinados exclusivamente al pago de gastos o tasas de servicio, con arreglo a la legislación nacional, o de tenencia o mantenimiento ordinarios de los fondos u otros activos financieros y recursos económicos congelados;

d)

necesarios para gastos extraordinarios, previa notificación al Comité de Sanciones por parte del Estado miembro de que se trate y aprobación por dicho Comité;

e)

objeto de retención o decisión judicial, administrativa o arbitral, en cuyo caso los fondos, otros activos financieros o recursos económicos podrán utilizarse para levantar la retención o cumplir la decisión, a condición de que la retención se hubiese impuesto o la decisión se hubiese adoptado antes de la designación, por parte del Comité de Sanciones, de la persona o entidad afectada, y no beneficie a persona ni entidad alguna referida en el artículo 3, previa notificación por el Estado miembro de que se trate al Comité de Sanciones.

a)

intereses u otros beneficios correspondientes a dichas cuentas, o

b)

pagos adeudados con motivo de contratos, acuerdos u obligaciones celebrados o generados antes de la fecha en que las cuentas quedaron sujetas a medidas restrictivas,

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/43

(1)

En respuesta a una denuncia presentada el 23 de abril de 2007, la Comisión decidió iniciar una investigación sobre presuntas ayudas estatales concedidas por Bélgica, destinadas a cubrir los costes derivados de la retirada y destrucción de ganado muerto en las explotaciones agrícolas situadas en la Región de Valonia.

(2)

El 2 de julio de 2007, la Comisión remitió una carta a las autoridades belgas en la que les solicitaba información sobre la medida de referencia. Las autoridades belgas enviaron información en carta de 27 de julio de 2007, registrada el 3 de agosto de 2007. El 21 de agosto de 2007 se celebró una reunión técnica a petición de las autoridades belgas competentes. A raíz de la reunión, dichas autoridades presentaron el 4 de octubre de 2007 información complementaria sobre el asunto en cuestión.

(3)

Por carta de 10 de septiembre de 2007, los servicios de la Comisión comunicaron a Bélgica que el régimen de ayudas se había inscrito en el registro de ayudas no notificadas con la referencia NN 56/07, dado que, manifiestamente, una parte de los fondos ya había sido abonada.

(4)

El 12 de octubre de 2007 se celebró una segunda reunión técnica a petición de las autoridades belgas competentes.

(5)

Por escrito de 25 de octubre de 2007, los servicios de la Comisión solicitaron información más pormenorizada a las autoridades belgas. Al no haber recibido respuesta alguna en el plazo fijado, el 21 de diciembre de 2007 enviaron a las autoridades belgas una carta recordatorio con un nuevo plazo de respuesta.

(6)

El 4 de junio de 2008, al no haber recibido respuesta alguna a la primera carta recordatorio en el plazo establecido, los servicios de la Comisión enviaron a las autoridades belgas una segunda carta recordatorio en la que les advertían que, si no respetaban el nuevo plazo de respuesta de cuatro semanas, la Comisión podría dirigir un requerimiento de información en aplicación del artículo 10, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (4). Ese plazo venció el 4 de julio de 2008. Por consiguiente, la Comisión adoptó el 1 de octubre de 2008 una Decisión por la que requería a las autoridades belgas que suministraran la información solicitada. En dicha Decisión, la Comisión pedía a las autoridades belgas que le transmitieran, en particular, los impresos de información correspondientes previstos en el Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (5), con el fin de poder evaluar las ayudas concedidas después del 31 de enero de 2007.

(7)

Las autoridades belgas respondieron finalmente por carta de 27 de noviembre de 2008 y enviaron la información complementaria el 5 de diciembre de 2008. A esa correspondencia no adjuntaban, empero, los impresos de información solicitados en la Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 2008.

(8)

El 27 de enero de 2009, la Comisión remitió a las autoridades belgas una solicitud de información suplementaria. Las autoridades belgas respondieron a esa solicitud por carta de 16 de marzo de 2009, registrada el 19 de marzo de 2009.

(9)

Por carta de 14 de enero de 2010, la Comisión informó a Bélgica de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») con respecto a la ayuda notificada. La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 15 de julio de 2010. La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión. No recibió observaciones al respecto por parte de terceros interesados.

(10)

En escrito de 19 de febrero de 2010, las autoridades belgas solicitaron un plazo de respuesta suplementario de un mes con respecto al fijado en la carta de la Comisión de 14 de enero de 2010. Por carta de 5 de marzo de 2010, la Comisión concedió un plazo de respuesta suplementario de un mes. Por último, en carta de 12 de marzo de 2010, las autoridades belgas respondieron a la Decisión de incoación del procedimiento.

(11)

En el transcurso de la investigación efectuada por la Comisión quedó patente que la denuncia se refería a la aplicación del régimen de ayudas aprobado por la Comisión el 26 de noviembre de 2003 en el expediente de ayuda estatal NN 48/03 (ex. N. 157/03), denominado «Gestión de la recogida y destrucción de cadáveres de animales de las explotaciones agrícolas de la Región valona». Dicho expediente correspondía a un régimen notificado por las autoridades belgas en virtud del cual el Estado belga concedía una ayuda consistente en servicios subvencionados a las explotaciones agrícolas para cubrir todos los costes de retirada, almacenamiento, transformación y destrucción del ganado muerto.

(12)

Con miras a la adopción de la decisión de liquidación y atendiendo a la inminente entrada en vigor de las Directrices comunitarias sobre la concesión de ayudas estatales en relación con las pruebas de detección de la EET, el ganado muerto y los residuos de los mataderos (en adelante, «las Directrices EET») (6) el 1 de enero de 2004, las autoridades belgas se comprometieron a modificar el régimen en cuestión. Las modificaciones eran necesarias para cumplir los requisitos establecidos en las Directrices EET y, más concretamente, en su punto 29. De conformidad con dicho punto, los Estados miembros pueden conceder ayudas estatales que cubran hasta el 100 % de los costes de retirada del ganado muerto, y el 75 % de los costes de destrucción de las canales. El régimen belga notificado no cumplía esta disposición por cuanto preveía que la ayuda podía cubrir el 100 % de los costes de destrucción de las canales.

(13)

En vista de las consideraciones a que se hace referencia en los considerandos 11 y 12, las autoridades belgas se comprometieron (véanse los considerandos 33 y 34 de la Decisión de la Comisión en el expediente NN 48/03) a modificar en consecuencia su régimen de ayudas de modo que, a partir del 1 de enero de 2004, las ayudas previstas para cubrir los costes de destrucción de las canales solamente representaran el 75 % como máximo de los gastos contraídos, en lugar del 100 %. Además, las autoridades belgas se comprometieron a enviar a la Comisión, a más tardar a mediados de diciembre de 2003, las pruebas acreditativas de que se habían introducido los cambios necesarios en el régimen de ayudas.

(14)

Basándose en estos compromisos, la Comisión aprobó dicho régimen por un período de cinco años a partir del 31 de enero de 2002. Ese plazo expiró, por tanto, el 31 de enero de 2007.

(15)

El 23 de abril de 2007, la Comisión recibió una denuncia según la cual las autoridades belgas incumplían las Directrices EET al seguir concediendo una ayuda de hasta un 100 % tanto para la retirada de ganado muerto como para la destrucción de las canales.

(16)

El régimen de ayudas en cuestión consiste en una medida regional cuya finalidad es cubrir todos los gastos de prestación de servicios de retirada, transporte, almacenamiento, transformación y destrucción del ganado muerto en las explotaciones agrícolas de la Región de Valonia.

(17)

A fin de organizar y gestionar las labores de eliminación de las canales encontradas en las citadas explotaciones, las autoridades regionales optaron por un contrato público de servicios. Así, a raíz de una licitación general convocada a escala de la Unión Europea mediante anuncio de contratación pública de servicios (7), el contrato se adjudicó el 31 de enero de 2002 a la empresa SA RENDAC-UDES. Dicho contrato se dividía en tres lotes distintos, correspondientes a los diversos servicios por prestar:

(18)

La empresa SA RENDAC-UDES fue la única que presentó ofertas para esta licitación, y lo hizo con respecto a los tres lotes. Así pues, se adjudicó el contrato a esta empresa el 31 de enero de 2002 por un período de cinco años. Según la información transmitida por las autoridades belgas, la validez del contrato se prorrogó en al menos cuatro ocasiones: hasta el 31 de diciembre de 2007, hasta el 31 de diciembre de 2008, hasta el 30 de junio de 2009 y, por último, hasta la entrada en vigor del nuevo contrato público, que, según las autoridades belgas, iba a tener lugar el tercer trimestre de 2010.

(19)

El régimen de ayudas de que se trata prevé la concesión de una ayuda a los agricultores. Las autoridades belgas confirmaron que, pese a ser concedida directamente a la empresa SA RENDAC-UDEC en su calidad de proveedora de servicios, por el coste de los servicios prestados a los agricultores, la ayuda llegaba íntegramente a estos últimos para cubrir la totalidad de los gastos de las diversas operaciones de recogida, transporte, almacenamiento, transformación y destrucción que habrían tenido que sufragar de no existir el régimen de ayudas. Las autoridades belgas aseguraron asimismo que las sumas directamente abonadas a la empresa SA RENDAC-UDES por los servicios prestados a los agricultores correspondían total y exclusivamente a los precios de mercado de dichos servicios.

(20)

El departamento responsable de residuos (Office wallon des déchets) del Ministerio de Medio Ambiente de la Región de Valonia era el encargado de abonar las facturas extendidas por la empresa SA RENDAC-UDES, en parte a tanto alzado y en parte sobre la base de las listas de precios.

(21)

En el marco del examen del expediente no NN 48/2003, las autoridades belgas confirmaron que el régimen únicamente es aplicable al ganado muerto en las explotaciones agrarias de la Región de Valonia. Quedan excluidas las canales de animales muertos en ferias de ganado o en mataderos.

(22)

En su Decisión de 13 de enero de 2010 por la que incoaba el procedimiento de investigación, la Comisión expresó sus dudas acerca de la compatibilidad del régimen de ayudas con la normativa sobre ayudas estatales de la Unión Europea. Más concretamente, la Comisión llegaba a la conclusión de que las medidas del régimen de ayudas en cuestión destinadas a cubrir más del 75 % de los costes de destrucción de canales pueden ser consideradas incompatibles con el mercado interior a la luz de las Directrices EET y de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007–2013 (en adelante, «las Directrices de 2007-2013») (8).

(23)

Por otra parte, teniendo en cuenta que la Comisión aprobó el régimen de ayudas hasta el 31 de enero de 2007 sobre la base de los compromisos de las autoridades belgas, que tenían que modificar el régimen para atenerse a las condiciones establecidas en las Directrices EET a partir del 1 de enero de 2004, y dado que dichas autoridades no cumplieron esos compromisos, la Comisión concluyó que la ayuda concedida para las medidas destinadas a cubrir más del 75 % de los costes de destrucción de las canales se había concedido de forma abusiva.

(24)

En consecuencia, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999, leído en relación con el artículo 16 del mismo Reglamento, relativo a las ayudas abusivas, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal e invitó a Bélgica a presentar sus observaciones.

(25)

En su respuesta de 12 de marzo de 2010, Bélgica informó a la Comisión de que adoptaría las disposiciones requeridas para suscribir un nuevo contrato público de servicios. Según las autoridades belgas, el pliego especial de condiciones que iba a regular ese futuro contrato público tenía que estar ultimado, a más tardar, el 15 de abril de 2010 y estaba previsto que entrara en vigor en el tercer trimestre de 2010. Entretanto, las autoridades belgas adujeron que el contrato público de servicios celebrado el 31 de enero de 2002 había sido prorrogado mediante una cláusula adicional en las mismas condiciones que las establecidas cuando fue adjudicado el 31 de enero de 2002.

(26)

Por otra parte, las autoridades belgas afirmaron que la Región de Valonia: i) solicitaría la aplicación del principio de minimis para regularizar la situación de los agricultores en el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2008, y ii) que en un plazo máximo de tres meses solicitaría a los agricultores la devolución de un importe correspondiente al 25 % de los costes de transformación y destrucción de los animales muertos, calculados respecto del período comprendido entre el 1 de julio de 2008 y la fecha de entrada en vigor del nuevo contrato público.

(27)

Por último, las autoridades belgas comunicaron a la Comisión que exigirían la recuperación de los importes de las ayudas de minimis sobre la base del Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector agrario (9), que fueran superiores a 3 000 EUR a lo largo de un período de tres años. Las autoridades belgas indicaron asimismo que el importe máximo admisible de 3 000 EUR había sido rebasado en el caso de 58 agricultores.

(28)

Según el artículo 107, apartado 1, del TFUE, son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(29)

Estas condiciones se cumplen en el caso que nos ocupa por lo que se refiere a la ayuda en favor de los agricultores. La ayuda en cuestión la conceden organismos públicos de la Región de Valonia y confiere una ventaja a los agricultores de dicha Región al eliminar los costes de retirada y destrucción de canales que en circunstancias normales habrían tenido que abonar.

(30)

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el simple hecho de que la posición competitiva de una empresa quede reforzada en comparación con otras empresas competidoras, a raíz de haber recibido un beneficio económico del que no habría sido destinataria en el ejercicio normal de su actividad, apunta a la existencia de un posible falseamiento de las condiciones de competencia (10).

(31)

Se considera que la ayuda a una empresa afecta a los intercambios entre Estados miembros cuando esta empresa opera en un mercado abierto a los intercambios en la Unión Europea (11). En el sector de que se trata es notable el volumen de intercambios dentro de la Unión Europea. La medida puede, pues, afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(32)

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, es obvio que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, salvo en el caso de las ayudas reguladas por la normativa de minimis.

(33)

Las autoridades belgas han señalado en varias ocasiones que aplicaron las normas de minimis vigentes en el sector agrario. La reglamentación aplicable durante el período en que se concedió la ayuda está constituida por el Reglamento (CE) no 1860/2004 y el Reglamento (CE) no 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (12), que derogó el Reglamento (CE) no 1860/2004.

(34)

Se considera que las ayudas que cumplen las condiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1860/2004 o del Reglamento (CE) no 1535/2007 no reúnen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(35)

Debe precisarse, empero, que, de conformidad con el artículo 3, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1535/2007, las ayudas de minimis no pueden acumularse con ninguna ayuda estatal correspondiente a los mismos gastos subvencionables si dicha acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso por la normativa de la Unión Europea. Esta disposición es aplicable al caso que nos ocupa: no puede haber ninguna acumulación de la ayuda de minimis (que representa el 25 % de los costes de destrucción de canales por cuenta de los agricultores) con el 75 % restante que, de acuerdo con las normativa de la Unión Europea [punto 133 de las Directrices de 2007-2013, en relación con el artículo 16, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (13)], puede considerarse compatible con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(36)

En cambio, según el régimen establecido por el Reglamento (CE) no 1860/2004, no parece que quedara excluida dicha acumulación entre la ayuda de minimis y los importes que representan el 75 % de los costes derivados de la destrucción de canales, tal y como se infiere del considerando 7 del Reglamento (CE) no 1860/2004, según el cual «la norma de minimis se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que las empresas reciban, para el mismo proyecto, ayudas estatales autorizadas por la Comisión o reguladas por un reglamento de exención por categorías.». Huelga decir que deben cumplirse las condiciones de aplicación del Reglamento y, en particular, el límite máximo de la ayuda de 3 000 EUR, de modo que toda ayuda que supere ese tope de 3 000 EUR no puede acogerse al Reglamento (CE) no 1860/2004 por lo que respecta al importe total de la ayuda. De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1535/2007, esa acumulación podía ser posible hasta seis meses después de la entrada en vigor de dicho Reglamento, es decir, hasta el 30 de junio de 2008. Después de esta fecha, son aplicables las normas del Reglamento (CE) no 1535/2007.

(37)

El régimen de ayudas, aprobado por la Comisión con la referencia NN 48/03, se notificó y aprobó con respecto al período comprendido entre el 31 de enero de 2003 y el 31 de enero de 2007. La Comisión constata, sin embargo, que Bélgica siguió aplicando el régimen de ayudas después del 1 de febrero de 2007 sin haberlo notificado a la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE. El régimen de ayudas se convirtió, pues, en una ayuda estatal ilegal a partir del 1 de febrero de 2007.

(38)

Según el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, la ayuda destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas o de determinadas regiones económicas puede considerarse compatible con el mercado interior siempre que no altere las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común.

(39)

El régimen en cuestión consiste en la concesión de una ayuda, en forma de servicios subvencionados, que cubre todos los costes de los servicios de retirada, almacenamiento, transformación y destrucción del ganado muerto en las explotaciones agrícolas situadas en la Región de Valonia.

(40)

Por lo que respecta al período comprendido entre el 31 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, la Decisión adoptada por la Comisión sobre el expediente NN 48/03 establece que el régimen puede acogerse a la exención prevista en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. No obstante, como ya se ha indicado, en lo referente al período posterior al 1 de enero de 2004, las autoridades belgas se comprometieron a modificar el régimen de ayudas estatales notificado al objeto de adecuarlo a las Directrices EET aplicables a partir del 1 de enero de 2004. Concretamente, dichas autoridades tenían que tomar las medidas necesarias para que la ayuda solamente cubriera el 75 % de los costes de destrucción de canales (quedando los costes restantes a cuenta del propio agricultor), y remitir a la Comisión para mediados de diciembre de 2003 pruebas acreditativas de que se habían introducido las modificaciones necesarias en el régimen de ayudas.

(41)

Este era uno de los requisitos impuestos por las Directrices EET, que constituían la normativa aplicable a la sazón. En su punto 29, las Directrices EET disponían lo siguiente:

(42)

Los puntos 30 y 31 de las Directrices EET preveían excepciones a la norma según la cual la ayuda únicamente puede cubrir hasta el 75 % de los costes de destrucción de los animales muertos:

(43)

Cabe destacar que, en el marco del examen del expediente NN 48/03, las autoridades belgas nunca alegaron que pudieran aplicarse esas excepciones.

(44)

Las Directrices EET fueron derogadas el 1 de enero de 2007, tal y como estaba previsto en el punto 194, letra c), de las Directrices de 2007-2013. De conformidad con el punto 134 de las Directrices de 2007-2013, la Comisión ha de declarar las ayudas estatales relativas a las pruebas de las EET y al ganado muerto compatibles con el artículo 108, apartado 3, letra c), del TFUE si cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 1857/2006.

(45)

El artículo 16 del Reglamento (CE) no 1857/2006 no constituye una modificación de fondo en lo que respecta a la evaluación de la ayuda concedida para la retirada y destrucción del ganado muerto. Al igual que en las Directrices EET, el Reglamento establece en su artículo 16, apartado 1, letra d), que las ayudas de hasta el 100 % de los gastos de retirada del ganado muerto y de hasta el 75 % de los gastos de destrucción de las canales se consideran compatibles con el mercado interior. Las disposiciones del artículo 16, apartado 1, letras e) y f), contemplan por su parte la posibilidad de establecer excepciones al límite del 75 % para alcanzar un porcentaje de ayuda del 100 % en los siguientes casos: i) cuando las ayudas se financien mediante tasas o contribuciones obligatorias destinadas a la financiación de la destrucción de esas canales, siempre que esas tasas o contribuciones se impongan única y directamente al sector cárnico, o ii) cuando sea obligatoria la realización de pruebas de detección de EET a ese ganado muerto.

(46)

Dado que la nueva reglamentación [Directrices de 2007-2013 y Reglamento (CE) no 1857/2006] no ha modificado la situación de fondo con respecto a la antigua reglamentación (Directrices EET), la evaluación del expediente en cuanto a las normas de la Unión Europea aplicables debería ser la misma respecto de todo el período en cuestión (desde el 1 de enero de 2004 hasta la actualidad).

(47)

Como ya se ha subrayado anteriormente, las autoridades belgas se comprometieron, en el marco del examen del expediente NN 48/03, a modificar su régimen de ayudas de modo que las ayudas previstas para cubrir los costes de destrucción de canales no superaran el 75 % de tales costes a partir del 1 de enero de 2004. No obstante, durante el examen del asunto en cuestión, las autoridades belgas no desmintieron que el régimen de ayudas estatales no había sido modificado con arreglo al compromiso que habían contraído.

(48)

Por otra parte, las autoridades belgas adujeron en varias ocasiones en el marco del presente asunto (por ejemplo, en una carta de 27 de noviembre de 2008) que sí era posible acogerse a la segunda de las excepciones mencionadas en el considerando 42 y que la ayuda podía cubrir hasta el 100 % de los costes de destrucción de las canales. Según dichas autoridades, la excepción estaba justificada por el hecho de que era obligatorio practicar pruebas de detección de EET a todos los animales muertos [punto 31 de las Directrices EET y artículo 16, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 1857/2006]. Con todo, no se presentó prueba alguna que sustentara esta afirmación.

(49)

El principal argumento presentado por Bélgica en apoyo de su afirmación es que está obligada a efectuar esas pruebas de conformidad con el Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (14). No es posible, sin embargo, aceptar este argumento. Así, en aplicación de dicho Reglamento, las autoridades valonas están obligadas a realizar pruebas de detección de EET del ganado muerto de acuerdo con las siguientes disposiciones:

(50)

En consecuencia, la obligación de realizar pruebas solamente es aplicable a los animales de cierta edad (24 meses en el período comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2008 y 48 meses después de esa fecha). Más importante aún es el hecho de que esta obligación no se aplica más que a los bovinos. Los animales de las demás especies muertos en la explotación (cerdos, caballos, aves de corral, etc.) no deben pasar obligatoriamente las pruebas de detección de EET. De la información facilitada por las autoridades belgas (carta de 27 de noviembre de 2008) se desprende que el número de canales a las que se podría aplicar esta exención de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) no 999/2001 representa menos del 20-25 % de los costes totales contraídos en relación con los animales muertos tratados en el marco del contrato de servicios. Por tanto, únicamente las ayudas relativas a los costes estrictamente vinculados a la obligación de efectuar las pruebas de detección de EET prevista por el Reglamento (CE) no 999/2001 pueden declararse compatibles, siempre que sea posible cuantificar con precisión tales gastos.

(51)

La Comisión constata asimismo que la primera excepción, en virtud de la cual puede cubrirse hasta el 100 % de los costes de retirada y destrucción de las canales por medio de tasas y contribuciones obligatorias en el sector cárnico, no es aplicable en el caso que nos ocupa. Las autoridades belgas nunca han invocado la aplicabilidad de dicha excepción ni aportado información a este respecto.

(52)

A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión concluye que las medidas del régimen de ayudas en cuestión destinadas a cubrir más del 75 % de los costes de destrucción de canales no son compatibles con el mercado interior sobre la base de las Directrices EET o de las Directrices de 2007-2013, excepción hecha de los costes directamente vinculados al tratamiento de las canales de los animales respecto de los que existe la obligación de efectuar pruebas de detección de EET.

(53)

Además, habida cuenta de que la Comisión aprobó el régimen de ayudas hasta el 31 de enero de 2007 basándose en los compromisos contraídos por las autoridades belgas, que habían de modificar el régimen para ajustarlo a las condiciones establecidas en las Directrices EET a partir del 1 de enero de 2004 —compromisos que dichas autoridades no cumplieron—, la Comisión infiere que la ayuda concedida con respecto a las medidas destinadas a cubrir más del 75 % de los costes de destrucción de canales se ha concedido de forma abusiva, al menos en lo que respecta a las medidas que no están destinadas a compensar la obligación de practicar pruebas de detección de EET.

(54)

De conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, cuando una ayuda estatal concedida ilegalmente es incompatible con el mercado interior, debe recuperarse de los beneficiarios. El objetivo se logra una vez que la ayuda de que se trata, más, en su caso, los intereses de demora, ha sido devuelta por los beneficiarios o, en otros términos, por las empresas que las han disfrutado efectivamente.

(55)

La presente Decisión debe aplicarse inmediatamente, sobre todo en lo que respecta a la recuperación de todas las ayudas individuales concedidas al amparo del régimen de ayudas, con la excepción de las otorgadas a proyectos específicos que, en el momento de la concesión de las ayudas, reunían todas las condiciones fijadas en el Reglamento de minimis o de exención aplicable en virtud de los artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (15), o en un régimen de ayudas aprobado por la Comisión.

(56)

La Comisión constata que Bélgica ha ejecutado ilegalmente la ayuda en cuestión, infringiendo el artículo 108, apartado 3, del TFUE. Habida cuenta de que la ayuda es parcialmente incompatible con el mercado interior, Bélgica tiene que poner término a la misma y recuperar de los beneficiarios los importes ya concedidos ilegalmente.

21.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 336/50

(1)

Mediante el Reglamento (UE) no 768/2010 del Consejo (2) se fijaron, en aplicación del anexo X, artículo 13, párrafo primero, del Estatuto, los coeficientes correctores que se aplican desde el 1 de julio de 2009 a las retribuciones que se pagan, en la moneda del país de destino, a los funcionarios, agentes temporales y agentes contratados de la Unión Europea destinados en terceros países.

(2)

Es procedente adaptar, de conformidad con lo dispuesto en el anexo X, artículo 13, párrafo segundo, del Estatuto, a partir del 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre de 2009, y 1 de enero de 2010, algunos de dichos coeficientes correctores, puesto que, en función de los datos estadísticos de que dispone la Comisión, la variación del coste de la vida, calculada con el coeficiente corrector y el tipo de cambio correspondiente, para determinados terceros países ha resultado ser superior al 5 % desde la última vez que se fijaron.