(1)

El halón 1301, el halón 1211 y el halón 2402 (en lo sucesivo, «los halones») son sustancias que agotan la capa de ozono y que forman parte de las sustancias reguladas que figuran en el grupo III del anexo I del Reglamento (CE) no 1005/2009. Su producción en los Estados miembros está prohibida desde 1994, en consonancia con las exigencias del Protocolo de Montreal. No obstante, su utilización sigue estando permitida para determinados usos críticos, enumerados en el anexo VI del Reglamento (CE) no 1005/2009.

(2)

Tal como exige el artículo 4, apartado 4, inciso iv), del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (2), la Comisión ha revisado el anexo VII del referido Reglamento. A tal efecto, ha evaluado los usos actuales de los halones y la disponibilidad y aplicación de alternativas o tecnologías técnica y económicamente viables que sean aceptables desde la óptica del medio ambiente y la salud (en lo sucesivo denominadas «alternativas»). Entretanto, el Reglamento (CE) no 2037/2000 se ha sustituido por el Reglamento (CE) no 1005/2009, pasando el anexo VII del Reglamento (CE) no 2037/2000 a ser anexo VI del Reglamento (CE) no 1005/2009, sin modificación alguna.

(3)

La revisión ha puesto de manifiesto algunas discrepancias entre los Estados miembros por lo que respecta a la interpretación de los usos críticos de los halones, según se determinan en el anexo VI del Reglamento (CE) no 1005/2009. Procede, por tanto, definir de manera más detallada cada una de las aplicaciones de los halones, especificando la categoría de aparatos o instalaciones, la finalidad de la aplicación, el tipo de extintor de halón y el tipo de halón.

(4)

La revisión ha revelado asimismo que, salvo algunas excepciones, los halones no son ya necesarios para que los nuevos diseños de aparatos e instalaciones satisfagan los requisitos de protección contra incendios y que actualmente es habitual la instalación de alternativas. No obstante, los extintores y los sistemas de protección contra incendios que contienen halones siguen siendo necesarios en algunos aparatos que se producen o se producirán según los diseños actuales.

(5)

La revisión ha demostrado también que, en la mayor parte de los dispositivos de protección contra incendios, incorporados tanto en los aparatos e instalaciones en servicio como en los aparatos que se están produciendo según los diseños actuales, los halones se están sustituyendo por alternativas, o podrían sustituirse con el tiempo, y a un coste razonable.

(6)

Resulta, pues, oportuno, a la luz de la mayor disponibilidad y puesta en práctica de alternativas, fijar, para cada aplicación, fechas límite a partir de las cuales el empleo de halones para los nuevos aparatos e instalaciones no constituiría un uso crítico y la instalación de extintores o de sistemas de protección contra incendios que contengan halones no estaría, pues, permitida. Al definir los «nuevos aparatos» y las «nuevas instalaciones» debe tenerse muy en cuenta la fase del ciclo de vida del aparato o de la instalación en la que se fija efectivamente el diseño de la zona que requiera la protección contra incendios.

(7)

Asimismo, resulta oportuno establecer, para cada aplicación, fechas terminales a partir de las cuales el empleo de halones para los extintores o los sistemas de protección contra incendios en todos los aparatos e instalaciones, ya sean aparatos e instalaciones existentes o aparatos que se producen o se producirán según los diseños actuales, dejaría de constituir un uso crítico. La utilización de halones no estaría, pues, permitida y todos los extintores y sistemas de protección contra incendios que contienen halones deberían sustituirse, reconvertirse o desmantelarse antes de la fecha terminal, de conformidad con el artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1005/2009.

(8)

Es necesario que al fijar las fechas límite se tomen en consideración la existencia de alternativas para los nuevos aparatos e instalaciones y las barreras para su aplicación. Debe, además, concederse el suficiente margen de tiempo para la creación de alternativas cuando ello sea necesario, ofreciendo al mismo tiempo un incentivo para optar por esta vía. Con respecto a los aviones, dado que la aviación civil se regula a escala internacional, deben tenerse muy en cuenta las iniciativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre la instalación y empleo de halones en los extintores utilizados en los aviones.

(9)

Es conveniente, además, que las fechas límite dejen un margen de tiempo suficiente para que las actividades de sustitución o reconversión de los halones se realicen dentro de los programas habituales o previstos de mantenimiento o modernización de los aparatos o las instalaciones, sin que ello afecte excesivamente al funcionamiento de los aparatos o las instalaciones considerados ni genere costes excesivos. Procede tener asimismo en cuenta el tiempo que se precisa para la obtención de cualquier certificación, autorización u homologación que pueda ser preceptiva para la instalación de alternativas en los aparatos o las instalaciones considerados.

(10)

Por lo que atañe a la mayor parte de los dispositivos para nuevos aparatos e instalaciones, en los que los extintores y sistemas de protección contra incendios que contienen halones no son ya necesarios o se han dejado de instalar, procede fijar 2010 como fecha límite. No obstante, resulta oportuno fijar 2011 como fecha límite por lo que respecta a ciertos dispositivos en vehículos militares terrestres y aviones en relación con los cuales se considera que las alternativas están actualmente disponibles, si bien no se han aplicado durante los programas de desarrollo que están en la actualidad casi terminados y cuyas modificaciones podrían no ser ya técnica ni económicamente viables. Resulta oportuno fijar 2014 como fecha límite para los dispositivos de los extintores portátiles de las góndolas de motor y las cabinas de los aviones, plazo que correspondería al espacio de tiempo necesario para la aplicación anticipada de una restricción equivalente a través de la OACI. Resulta oportuno fijar 2018 como fecha límite para el dispositivo de la bodega de carga de los aviones, para el que no se conocen aún alternativas, si bien cabe razonablemente esperar que, tras un mayor esfuerzo de investigación y desarrollo, aquellas estarán disponibles antes de esa fecha para la instalación en los aviones nuevos que se presenten para la obtención de la certificación de tipo.

(11)

Respecto de numerosos dispositivos, conviene establecer fechas terminales comprendidas entre 2013 y 2025, en función del nivel de dificultad técnica y económica que represente la sustitución o reconversión del halón. Dichas fechas terminales deben permitir disponer de tiempo suficiente para la sustitución del halón durante los programas de mantenimiento habituales en lo que respecta a la mayor parte de los aparatos e instalaciones para los que hay ya alternativas. Resulta oportuno fijar 2030 o 2035 como fecha terminal en lo que se refiere a determinados dispositivos de vehículos militares terrestres y buques de guerra en relación con los cuales la sustitución del halón es probable que solo sea técnica y económicamente viable en el marco de los programas previstos de mejora o renovación de aparatos, y con respecto a los cuales en algunos Estados miembros puede ser necesaria una mayor labor de investigación y desarrollo para comprobar la idoneidad de las alternativas.

(12)

Para algunos dispositivos, utilizados en vehículos militares, buques militares de superficie, submarinos militares y aviones militares existentes, y en los que se producen o se producirán según los diseños actuales, no se han determinado aún alternativas. No obstante, cabe razonablemente esperar que, antes de 2040, gran parte de los aparatos considerados hayan llegado al final de su vida útil, o que antes de tal fecha se disponga de alternativas fruto de la labor de investigación y desarrollo realizada entretanto. Resulta, por tanto, razonable fijar 2040 como fecha terminal en relación con los citados dispositivos.

(13)

Tampoco se han determinado aún alternativas con relación a los sistemas de protección contra incendios en las bodegas de carga, las góndolas de motor y las unidades auxiliares de potencia, en los aviones civiles existentes o en los que se están produciendo con arreglo a un certificado de tipo existente. Además, en un futuro previsible se seguirá produciendo un número considerable de aviones civiles que llevarán halones en esos dispositivos o dependerán de ellos. Si bien se acepta que hay importantes restricciones técnicas, económicas y normativas que afectan a la sustitución de los halones en esos dispositivos, teniendo en cuenta la incertidumbre con respecto a la disponibilidad a largo plazo de halones reciclados y la necesidad de una mayor labor de investigación y desarrollo para determinar y poner a punto alternativas adecuadas, resulta asimismo razonable fijar 2040 como fecha terminal.

(14)

El anexo VI, incluidos los plazos para la eliminación paulatina de los usos críticos, se seguirá revisando para tener en cuenta las continuas tareas de investigación y desarrollo acerca de las alternativas y toda nueva información sobre su disponibilidad. Además, en casos específicos, cuando se demuestre que no hay alternativas disponibles, se podrán conceder excepciones a las fechas terminales y las fechas límite.

(15)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1005/2009 en consecuencia.

(16)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 25, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1005/2009.

(1)

Procede establecer para 2010 los límites máximos presupuestarios de todos los pagos a que se refieren los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento (CE) no 73/2009 en lo que respecta a los Estados miembros que apliquen en 2010 el régimen de pago único establecido en el título III del citado Reglamento.

(2)

Procede fijar para 2010 los límites máximos presupuestarios aplicables a los pagos directos excluidos del régimen de pago único en lo que respecta a los Estados miembros que utilicen en 2010 la opción prevista en el artículo 87 del Reglamento (CE) no 73/2009.

(3)

Procede establecer para 2010 los límites máximos presupuestarios de la ayuda específica a que se refiere el título III, capítulo 5, del Reglamento (CE) no 73/2009 en lo que respecta a los Estados miembros que utilicen en 2010 las opciones previstas en los artículos 69, apartado 1, o 131, apartado 1, del mismo Reglamento.

(4)

En el artículo 69, apartado 4, del Reglamento (CE) no 73/2009 se limitan los recursos que pueden utilizarse para cualquiera de las medidas asociadas previstas en el artículo 68, apartado 1, letra a), incisos i), ii), iii) y iv), y en el artículo 68, apartado 1, letras b) y e), al 3,5 % de los límites máximos nacionales a que se refiere el artículo 40 del mismo Reglamento. En aras de la claridad, la Comisión debe publicar el límite máximo resultante de los importes notificados por los Estados miembros para las medidas en cuestión.

(5)

De conformidad con el artículo 69, apartado 6, letra a), del Reglamento (CE) no 73/2009, los importes calculados de conformidad con el artículo 69, apartado 7, del mismo Reglamento se han establecido en el anexo III del Reglamento (CE) no 1120/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el título III del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (2). En aras de la claridad, la Comisión debe publicar los importes notificados por los Estados miembros que estos tienen previsto utilizar de conformidad con el artículo 69, apartado 6, letra a), del Reglamento (CE) no 73/2009.

(6)

En aras de la claridad, procede publicar los límites máximos presupuestarios para 2010 del régimen de pago único, resultantes de deducir los límites máximos establecidos para los pagos contemplados en los artículos 52, 53, 54, 68 y 87, del Reglamento (CE) no 73/2009, de los límites máximos que figuran en el anexo VIII del mismo Reglamento. El importe que debe deducirse del citado anexo VIII para financiar la ayuda específica contemplada en el artículo 68 del Reglamento (CE) no 73/2009 corresponde a la diferencia entre el importe total de la ayuda específica notificada por los Estados miembros y los importes notificados para financiar la ayuda específica de conformidad con el artículo 69, apartado 6, letra a), del mismo Reglamento. Cuando un Estado miembro que aplica el régimen de pago único decide conceder la ayuda a que se hace referencia en el artículo 68, apartado 1, letra c), el importe notificado a la Comisión debe incluirse en el límite máximo del régimen de pago único, ya que esta ayuda adopta la forma de un aumento del valor unitario o del número de derechos de pago del agricultor.

(7)

De conformidad con el artículo 123, apartado 1, del Reglamento (CE) no 73/2009, procede establecer las dotaciones financieras anuales de los Estados miembros que aplican en 2010 el régimen de pago único por superficie previsto en el título V, capítulo 2, de dicho Reglamento.

(8)

En aras de la claridad, procede publicar los importes máximos de los fondos disponibles para los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie con miras a la concesión del pago aparte por azúcar en 2010 en virtud del artículo 126 del Reglamento (CE) no 73/2009, calculados sobre la base de sus notificaciones.

(9)

En aras de la claridad, procede publicar los importes máximos de los fondos disponibles para los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie con miras a la concesión del pago aparte por frutas y hortalizas en 2010 en virtud del artículo 127 del Reglamento (CE) no 73/2009, calculados sobre la base de sus notificaciones.

(10)

Procede publicar los límites máximos presupuestarios para 2010 aplicables a los pagos transitorios por frutas y hortalizas en 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 73/2009, para los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie, calculados sobre la base de sus notificaciones.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de pagos directos.

(1)

El Reglamento (CE) no 620/2009 de la Comisión, de 13 de julio de 2009, sobre la gestión de un contingente arancelario de importación de carne de vacuno de calidad superior (3) establece normas detalladas para la presentación y expedición de certificados de importación.

(2)

El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1301/2006 dispone que cuando las cantidades a que se refieran las solicitudes de certificado excedan de las cantidades disponibles para el período del contingente arancelario en cuestión, deben fijarse coeficientes de asignación para las cantidades a que se refiera cada solicitud. Las solicitudes de certificados de importación presentadas en virtud del artículo 3 del Reglamento (CE) no 620/2009 entre el 1 y el 7 de agosto de 2010 exceden de las cantidades disponibles. Por lo tanto, deben determinarse la cantidad de licencias que puede expedirse y el coeficiente de asignación.

(1)

El Reglamento (CE) no 687/2008 de la Comisión, de 18 de julio de 2008, por el que se establecen los procedimientos de aceptación de los cereales por los organismos pagadores o los organismos de intervención y los métodos de análisis para la determinación de la calidad (2), establece que, en caso de admisibilidad de la oferta, el plan de entrega deberá comunicarse lo más pronto posible a los agentes económicos. A tal fin, el artículo 2, apartado 4, párrafo primero, del citado Reglamento dispone que, en el caso de los cereales distintos del maíz, la última entrega al centro de intervención al que corresponda la oferta deberá efectuarse, a más tardar, a finales del cuarto mes siguiente al mes de recepción de la oferta, si bien no podrá realizarse con posterioridad al 31 de julio en el caso de Finlandia.

(2)

Según el artículo 6, apartado 6, del Reglamento (CE) no 687/2008, la última recepción deberá efectuarse, en el caso de los cereales distintos del maíz, a más tardar, al final del segundo mes siguiente a la última entrega contemplada en el artículo 2, apartado 4, párrafo primero, si bien no podrá realizarse con posterioridad al 31 de agosto en el caso de Finlandia.

(3)

El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 687/2008 establece un plazo de veinte días hábiles a partir de la fecha de constitución de la muestra representativa para proceder al análisis de las características físicas y tecnológicas.

(4)

La cosecha de cereales alcanzó en Finlandia, en la campaña 2009/10, el nivel récord de 4,3 millones de toneladas, incluidos 2,2 millones de toneladas de cebada. Teniendo en cuenta la situación del mercado de cereales en dicho país, caracterizada por niveles de precios de producción relativamente bajos e inferiores a los precios de intervención, durante la campaña 2009/10 se ofrecieron a la intervención importantes cantidades en el citado país: unas 823 000 toneladas, incluidas 796 000 toneladas de cebada y 27 000 toneladas de trigo blando. Desde el principio del período de intervención, las últimas estadísticas disponibles, establecidas el 1 de julio de 2010, registran una cantidad total de cereales aceptada en intervención equivalente a unas 573 000 toneladas, que incluyen 566 000 toneladas de cebada y 7 000 toneladas de trigo blando. Quedan, por consiguiente, cantidades no desdeñables ofertadas a la intervención que deben ser aún entregadas y analizadas con vistas a su aceptación en intervención.

(5)

Con fecha de 24 de junio de 2010, Finlandia informó a los servicios de la Comisión de que la búsqueda de capacidad adicional de almacenamiento para hacer frente a la abundante oferta de cereales a la intervención había llevado tiempo y ocasionado cierto retraso. Por consiguiente, las autoridades finlandesas solicitan, para la campaña 2009/10, que se aplace la fecha límite de entrega de los cereales hasta el 30 de septiembre de 2010 y la fecha límite de recepción de dichos cereales hasta el 31 de octubre de 2010, así como una ampliación del plazo necesario para proceder a los análisis cualitativos.

(6)

Teniendo en cuenta las circunstancias alegadas y a fin de permitir una aceptación adecuada de los cereales ofertados para la campaña 2009/10, parece justificado dar un curso favorable a la solicitud de Finlandia y aceptar, no obstante lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 687/2008, la ampliación del período de entrega, del plazo necesario para proceder a los análisis cualitativos y del plazo de aceptación de los productos ofertados a la intervención durante dicha campaña.

(7)

Es conveniente disponer, en el caso de las ofertas presentadas en Finlandia para la campaña 2009/10, la aplicación de las medidas previstas en la presente Decisión.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de de la Directiva 91/414/CEE, en julio de 2006, el Reino Unido recibió una solicitud de Bionext sprl para la inclusión de la sustancia activa Candida oleophila, cepa O, en el anexo I de dicha Directiva. Mediante la Decisión 2007/380/CE de la Comisión (2), se confirmó que la documentación estaba completa y podía considerarse conforme, en principio, con los requisitos de información y datos establecidos en los anexos II y III de la citada Directiva.

(2)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, en septiembre de 2004, los Países Bajos recibieron una solicitud de Koppert Beheer BV para la inclusión de la sustancia activa yoduro de potasio en el anexo I de dicha Directiva. Mediante la Decisión 2005/751/CE de la Comisión (3), se confirmó que la documentación estaba completa y podía considerarse conforme, en principio, con los requisitos de información y datos establecidos en los anexos II y III de la citada Directiva.

(3)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, en septiembre de 2004, los Países Bajos recibieron una solicitud de Koppert Beheer BV para la inclusión de la sustancia activa tiocianato de potasio en el anexo I de dicha Directiva. Mediante la Decisión 2005/751/CE, se confirmó que la documentación estaba completa y podía considerarse conforme, en principio, con los requisitos de información y datos establecidos en los anexos II y III de la citada Directiva.

(4)

La confirmación de la integridad de la documentación era necesaria para permitir su examen detallado y para ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de conceder autorizaciones provisionales, por períodos de hasta tres años, para productos fitosanitarios que contienen estas sustancias activas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE, especialmente por lo que se refiere a realizar una evaluación detallada de las sustancias activas y de los productos fitosanitarios conforme a los requisitos establecidos en esa Directiva.

(5)

Los efectos de estas sustancias activas sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/414/CEE, en lo relativo a los usos propuestos por los solicitantes. Los Estados miembros ponentes presentaron a la Comisión los proyectos de informe de evaluación respectivos los días 5 de febrero de 2008 (Candida oleophila, cepa O) y 27 de julio de 2007 (yoduro de potasio y tiocianato de potasio).

(6)

Tras la presentación del proyecto de informe de evaluación por los Estados miembros ponentes, se vio que era preciso recabar más información de los solicitantes y pedir a los Estados miembros ponentes que examinaran dicha información y presentaran su evaluación. Por ello, aún no ha terminado el examen de la documentación y no será posible completar la evaluación dentro del plazo contemplado en la Directiva 91/414/CEE.

(7)

Dado que la evaluación no ha puesto hasta ahora de manifiesto ningún motivo de preocupación inmediata, los Estados miembros deben tener la posibilidad de prorrogar por un período de veinticuatro meses las autorizaciones provisionales concedidas a los productos fitosanitarios que contienen estas sustancias activas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, de forma que pueda continuar el examen de la documentación. Se espera que el proceso de evaluación y toma de decisiones sobre la posible inclusión de las sustancias Candida oleophila, cepa O, yoduro de potasio y tiocianato de potasio en el anexo I de la citada Directiva haya concluido en un plazo de veinticuatro meses.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(1)

El Reglamento (CE) no 669/2009 establece normas relativas a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal, incluidos los controles físicos que han de efectuarse en el punto de entrada designado en la Unión Europea. También se fijan requisitos mínimos para estos puntos de entrada y se establece que los Estados miembros pondrán a disposición del público en internet una lista de estos puntos de entrada.

(2)

En el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) no 669/2009 se dispone que la Comisión, a petición de un Estado miembro, puede autorizar a las autoridades competentes de determinados puntos de entrada designados que funcionen con limitaciones geográficas específicas a efectuar los controles físicos en los locales de un explotador de empresa alimentaria o de piensos, con arreglo a una serie de condiciones.

(3)

Mediante carta de 18 de diciembre de 2009, Malta hizo referencia a la situación geográfica específica del punto de entrada designado del puerto de Floriana, al caudal relativamente bajo de las importaciones de productos de origen no animal procedentes de terceros países, así como al pequeño tamaño y la proximidad de las islas que forman el territorio maltés, y pidió a la Comisión que autorizara a las autoridades competentes de este punto de entrada a realizar los controles físicos exigidos en los locales de determinados explotadores de empresas alimentarias y de piensos.

(4)

Mediante carta de 28 de febrero de 2010 y en la correspondencia subsiguiente, Malta señaló a la Comisión que garantizaría lo siguiente: solamente se autorizarán para la realización de los controles físicos los locales de explotadores de empresas alimentarias y de piensos que cumplan los requisitos mínimos aplicables a los puntos de entrada designados establecidos en el Reglamento (CE) no 669/2009; los recursos destinados a las autoridades competentes del puerto de Floriana alcanzarán un nivel que permitirá que las actividades de control efectuadas en este punto de entrada designado no se vean perturbadas ni afectadas negativamente por la posibilidad de que estos controles físicos se realicen fuera de sus instalaciones; y las partidas seleccionadas para controles físicos en los locales de un explotador de empresa alimentaria o de piensos permanecerán bajo el control constante de las autoridades competentes del puerto de Floriana desde el momento de su llegada a dicho punto de entrada y de manera que no puedan ser objeto de ningún tipo de manipulación a lo largo de todos los controles.

(5)

Por consiguiente, teniendo en cuenta las limitaciones geográficas específicas del punto de entrada designado del puerto de Floriana, así como la confirmación por parte de Malta del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) no 669/2009, procede autorizar la realización de controles físicos en los locales de determinados explotadores de empresas alimentarias y de piensos que Malta haya autorizado al efecto.

(6)

A fin de garantizar que se dé la adecuada publicidad a la autorización prevista en la presente Decisión, es conveniente que se ponga a disposición del público en internet una lista de los locales de explotadores de empresas alimentarias y de piensos que han sido autorizados para la realización de controles físicos con arreglo al Reglamento (CE) no 669/2009, a través del enlace nacional previsto en el artículo 5 de dicho Reglamento.