(1)

El Reglamento (CE) no 689/2008 aplica el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo (procedimiento PIC) aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, en lo sucesivo denominado «el Convenio de Rotterdam», firmado el 11 de septiembre de 1998 y aprobado, en nombre de la Comunidad, por medio de la Decisión 2003/106/CE del Consejo (2).

(2)

Procede modificar el anexo I del Reglamento (CE) no 689/2008 para adecuarlo a la evolución de la normativa que regula determinados productos químicos, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (3), en la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (4) y en el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (5).

(3)

Se ha decidido no incluir como sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE la butralina, el diniconazol-M, el flurprimidol, la nicotina y el propaclor, lo que tiene como consecuencia que dichas sustancias activas no pueden utilizarse como plaguicidas y, por consiguiente, deben añadirse a las listas de productos químicos del anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (CE) no 689/2008.

(4)

Se ha decidido no incluir como sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE la antraquinona y el dicofol, y también no incluirlos como sustancias activas en el anexo I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE, lo que tiene como consecuencia que dichas sustancias activas no pueden utilizarse como plaguicidas y, por consiguiente, deben añadirse a las listas de productos químicos del anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (CE) no 689/2008.

(5)

Se ha decidido no incluir como sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE el ácido 2-naftiloxiacético, el propanilo y el triciclazol, lo que tiene como consecuencia que dichas sustancias activas no pueden utilizarse como plaguicidas y, por consiguiente, deben añadirse a las listas de productos químicos del anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (CE) no 689/2008. Como se han presentado nuevas solicitudes que exigirán la adopción de nuevas decisiones sobre su inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, no debe efectuarse el añadido a la lista de productos químicos del anexo I, parte 2, del Reglamento (CE) no 689/2008 en tanto no se tomen las nuevas decisiones sobre el carácter de esas sustancias.

(6)

En su cuarta reunión, en octubre de 2008, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam decidió incluir los compuestos de tributilestaño en el anexo III de dicho Convenio, lo que tiene como consecuencia que los compuestos de tributilestaño quedan sujetos al procedimiento PIC en virtud del Convenio y, por consiguiente, deben incluirse por separado en la lista de productos químicos de la parte 1 y añadirse a la lista de productos químicos del anexo I, parte 3, del Reglamento (CE) no 689/2008.

(7)

La inclusión por separado de los compuestos de tributilestaño en el anexo I, partes 1 y 3, del Reglamento (CE) no 689/2008 exige que se modifiquen las entradas actuales de compuestos triorganoestánnicos del anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (CE) no 689/2008, a fin de poner de manifiesto que los compuestos de tributilestaño ya no están comprendidos en dichas entradas.

(8)

Mediante la Decisión 2004/248/CE de la Comisión (6) se decidió no incluir la sustancia activa atrazina en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, lo que tiene como consecuencia que dicha sustancia no puede utilizarse como plaguicida, y también retirar, para el 30 de junio de 2007 como fecha límite, las autorizaciones de productos fitosanitarios que contuvieran dicha sustancia activa. Como ya se ha superado esa fecha límite, se deben modificar las entradas presentes en las listas de productos químicos del anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (CE) no 689/2008, con el fin de reflejar la prohibición de utilización de la atrazina.

(9)

Mediante la Decisión 2004/141/CE de la Comisión (7) y la Decisión 2004/247/CE de la Comisión (8) se decidió no incluir las sustancias activas amitraz y simazina en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, lo que tiene como consecuencia que dichas sustancias no pueden utilizarse como productos fitosanitarios, y también retirar, para el 30 de junio de 2007 como fecha límite, las autorizaciones de productos fitosanitarios que contuvieran dichas sustancias activas. Como ya se ha superado esa fecha límite y se decidió no incluir como sustancias activas en el anexo I, IA o IB de la Directiva 98/8/CEE el amitraz y la simazina, dichas sustancias activas no pueden utilizarse como plaguicidas y, por consiguiente, se deben modificar las entradas presentes en las listas de productos químicos del anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (CE) no 689/2008, con el fin de reflejar la prohibición de utilización de dichas sustancias.

(10)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Reglamento (CE) no 689/2008.

(11)

Con el fin de que los Estados miembros y la industria tengan tiempo para tomar las medidas necesarias, es conveniente diferir la aplicación del presente Reglamento.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 133 del Reglamento (CE) no 1907/2006.

(1)

El artículo 14 sexdecies, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (2) dispone que la expedición del certificado OEA debe llevarse a cabo en el plazo de 90 días naturales a partir de la fecha de recepción de la solicitud correspondiente, de conformidad con el artículo 14 quater de ese mismo Reglamento. Dicho período puede prorrogarse por un plazo de 30 días naturales en caso de que la autoridad aduanera se vea en la imposibilidad de respetar el plazo inicial, siempre y cuando informe al solicitante de los motivos de la prórroga. Sin embargo, el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1875/2006 de la Comisión (3), por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2454/93, amplió a 300 días naturales el plazo de 90 días naturales, previsto para le expedición del certificado OEA, durante un período transitorio de 24 meses que expiraba el 31 de diciembre de 2009. Así pues, a partir del 1 de enero de 2010, se aplican los plazos fijados en el artículo 14 sexdecies del Reglamento (CEE) no 2454/93.

(2)

La aplicación práctica de la legislación relativa a los OEA ha permitido observar que, en la mayoría de los casos, la duración total del procedimiento de autorización suele rebasar los 90 días naturales y, en algunos casos concretos, como los de algunas empresas de grandes dimensiones, llega a prolongarse hasta 150 días.

(3)

El Reglamento (CE) no 1192/2008 de la Comisión (4), por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2454/93, ha introducido un sistema en virtud del cual el solicitante de una autorización única de declaración simplificada, procedimiento de domiciliación, regímenes aduaneros económicos o régimen de destino especial, debe cumplir los criterios OEA o criterios equivalentes, motivo por el cual el número de solicitudes de certificado OEA ha aumentado considerablemente, ya que la mayoría de los operadores económicos prefiere solicitar primero un certificado OEA, cuya titularidad lleva a considerar que cumplen determinadas condiciones y criterios necesarios a fin de obtener una autorización para aplicar procedimientos simplificados. Este incremento de las solicitudes plantea a la autoridad aduanera serias dificultades a la hora de cumplir con la obligación de expedir certificados dentro de los plazos fijados en el artículo 14 sexdecies, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2454/93.

(4)

Por tanto, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema OEA desde el 1 de enero de 2010, resulta necesario ampliar el plazo de que dispone la autoridad aduanera para expedir el certificado OEA o para denegar la solicitud del mismo a 120 días, y prever, asimismo, una prórroga de dicho período de 60 días.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CEE) no 2454/93 en consecuencia.

(6)

Habida cuenta de que el período transitorio fijado en el Reglamento (CE) no 1875/2006 expira el 31 de diciembre de 2009, el presente Reglamento empezará a aplicarse el 1 de enero de 2010.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.

(1)

El Reglamento (CE) no 877/2009 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2009/10. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (UE) no 194/2010 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

(1)

El artículo 2 de la Directiva 2006/48/CE enumera las entidades excluidas expresamente de su ámbito de aplicación.

(2)

El Ministerio de Finanzas de la República de Eslovenia ha solicitado la inclusión de SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana (en lo sucesivo, «el Banco SID») en la lista de entidades excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/48/CE especificado en el artículo 2 de dicha Directiva.

(3)

El Banco SID apoya las políticas del Gobierno esloveno en los ámbitos estructural, social y otros ámbitos, mediante la prestación de servicios financieros, asesoría y formación en sectores tales como el comercio y la cooperación internacionales, la aportación de incentivos económicos a las pequeñas y medianas empresas, la investigación y el desarrollo, el desarrollo regional y las infraestructuras comerciales y públicas, entre otros. La República de Eslovenia es el único accionista del Banco SID y es, asimismo, el garante de todas las deudas contraídas por el banco.

(4)

El Banco SID es una entidad que participa en actividades de interés público específicas y, por consiguiente, puede figurar en la lista de entidades excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/48/CE, de conformidad con su artículo 2.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/48/CE en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité Bancario Europeo.

«—

en Eslovenia, el “SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana”,».

(1)

Los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 703/2001 (3) de la Comisión establecen las disposiciones de aplicación de la segunda fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Dicha lista incluye el malatión. Mediante la Decisión 2007/389/CE de la Comisión (4), se decidió no incluir el malatión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

(2)

Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, el notificante inicial presentó una nueva solicitud en la que pedía la aplicación del procedimiento acelerado previsto en los artículos 14 a 19 del Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de 17 de enero de 2008, por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en su anexo I (5).

(3)

La solicitud se remitió al Reino Unido, en sustitución de Finlandia, que el Reglamento (CE) no 451/2000 había designado inicialmente Estado miembro ponente. Se respetó el plazo para el procedimiento acelerado. La especificación de la sustancia activa debe ser la misma que fue objeto de la Decisión 2007/389/CE, mientras que el uso argumentado en las manzanas se ha sustituido por un uso en las fresas, y se ha reducido su dosis de aplicación. La solicitud cumple asimismo el resto de requisitos sustantivos y de procedimiento del artículo 15 del Reglamento (CE) no 33/2008.

(4)

El Reino Unido evaluó la nueva información y los datos facilitados por el notificante y elaboró un informe suplementario en febrero de 2009.

(5)

Dicho informe suplementario fue sometido a una revisión inter pares por parte de los Estados miembros y la EFSA, y se presentó a la Comisión el 17 de julio de 2009 como informe científico de la EFSA relativo al malatión (6). Este informe fue revisado por los Estados miembros y la Comisión en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y fue adoptado el 22 de enero de 2010 como informe de revisión de la Comisión relativo al malatión.

(6)

La nueva evaluación por el Estado miembro ponente y la nueva conclusión por la EFSA se centraron en los motivos de preocupación que dieron lugar a la no inclusión. Las preocupaciones se centraban, en particular, en el hecho de que en el material técnico había niveles variables de isomalatión, una impureza que contribuye significativamente al perfil de toxicidad del malatión y cuya genotoxicidad no puede excluirse. Por esa razón, no pudo evaluarse el riesgo para los operarios, trabajadores y transeúntes. Además, dado que no se disponía de suficiente información sobre los efectos de determinados metabolitos pertinentes desde un punto de vista toxicológico, no se demostró que la exposición estimada de los consumidores resultante de la ingesta aguda y crónica de cultivos comestibles sea aceptable.

(7)

El notificante envió un nuevo expediente con nuevos datos e información, que fue sometido a una nueva evaluación, incluida en el informe suplementario y en las conclusiones de la EFSA. Esos nuevos datos indican que puede excluirse la genotoxicidad del malatión que contenga como máximo 2 g/kg de isomalatión. Por consiguiente, fue posible determinar niveles aceptables de exposición de los operarios, trabajadores y transeúntes. En cambio, la utilización por no profesionales podría ser una fuente de preocupación, ya que no puede darse por supuesto que utilizan equipos de protección individual adecuados. Por consiguiente, no debe autorizarse dicha utilización.

(8)

Sin perjuicio de estas conclusiones, procede obtener información adicional sobre algunos puntos específicos. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE establece que la incorporación de una sustancia al anexo I puede estar sujeta a condiciones. Por tanto, antes de conceder autorizaciones, procede exigir al notificante que presente información adicional sobre la ingesta por los consumidores, sobre la evaluación del riesgo de exposición breve y prolongada para las aves insectívoras, y sobre la cuantificación de la diferente potencia del malaoxón y del malatión. En lo que respecta a la exposición de los consumidores, la información de que se dispone actualmente permite, sin embargo, llegar a la conclusión de que el riesgo es aceptable, dado el amplio margen de seguridad existente.

(9)

Por consiguiente, los datos y la información suplementarios presentados por el notificante permiten eliminar las preocupaciones específicas que dieron lugar a la no inclusión. No se han planteado otras cuestiones científicas pendientes.

(10)

Según los diversos exámenes efectuados, cabe pensar que los productos fitosanitarios que contengan malatión satisfacen, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE, sobre todo respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Por tanto, procede incluir el malatión en el anexo I, para garantizar que las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa puedan concederse en todos los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

(11)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 91/414/CEE en consecuencia.

(12)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(1)

La tolilfluanida está incluida en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, que establece una lista de sustancias activas autorizadas para utilizarse en productos fitosanitarios.

(2)

Mediante la Decisión 2007/322/CE de la Comisión, de 4 de mayo de 2007, por la que se establecen medidas de protección en relación con el uso de productos fitosanitarios que contengan tolilfluanida y contaminen el agua potable (2), se decidió que los Estados miembros en los que se use ozono para el tratamiento del agua potable prohibirán cualquier uso de tolilfluanida que pueda causar una contaminación del agua potable con nitrosaminas. Dicha medida se adoptó porque se descubrió que, mediante dicho tratamiento, un metabolito de dicha sustancia activa, N,N-dimetilsulfamida, puede convertirse en nitrosaminas, que son nocivas para la salud humana.

(3)

En virtud de la Decisión 2007/322/CE, los Estados miembros debían asimismo velar por que el notificante a cuya instancia se hubiera incluido la tolilfluanida en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE facilite estudios sobre el comportamiento de lixiviación de esta sustancia activa y las condiciones en las que puede excluirse la formación de nitrosaminas.

(4)

El 5 de julio de 2007, el notificante Bayer CropScience presentó al Estado miembro ponente los estudios exigidos, incluidos estudios y datos sobre el destino y el comportamiento físico, químico y toxicológico del metabolito N,N-dimetilsulfamida y sobre sus propiedades ecotoxicológicas.

(5)

El 20 de febrero de 2008, el Estado miembro ponente presentó a la Comisión una adenda del informe de evaluación, sobre la evaluación de dichos estudios y datos. Dicha adenda fue revisada por los Estados miembros y la Comisión en el seno del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal el 22 de enero de 2010.

(6)

En dicha adenda se llegaba a la conclusión de que no podían eliminarse las preocupaciones en relación con el comportamiento de lixiviación de la tolilfluanida y con la formación de nitrosaminas. Además, se constató que el uso de productos fitosanitarios que contengan tolilfluanida puede dar lugar a concentraciones inaceptables del metabolito N,N-dimetilsulfamida en las aguas subterráneas. En consecuencia, se concluyó que la tolilfluanida ya no cumple los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE.

(7)

El notificante remitió sus observaciones sobre la adenda del informe de evaluación. Dichas observaciones se examinaron detenidamente. Sin embargo, a pesar de las razones aducidas por el notificante, siguen subsistiendo las preocupaciones mencionadas, y las evaluaciones realizadas a partir de la información presentada no han demostrado que pueda preverse que, en las condiciones de utilización propuestas, los productos fitosanitarios que contienen tolilfluanida cumplan en general los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Por tanto, la tolilfluanida debe suprimirse del anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

(9)

Deben adoptarse medidas para garantizar que las autorizaciones existentes de los productos fitosanitarios que contienen tolilfluanida se retiren en un plazo determinado y que no se renueven ni concedan nuevas autorizaciones para dichos productos.

(10)

Habida cuenta de los riesgos que entraña esta sustancia activa, cualquier prórroga que haya concedido un Estado miembro para la eliminación, el almacenamiento, la comercialización y la utilización de las existencias actuales de productos fitosanitarios que contengan tolilfluanida deberá ser lo más breve posible y expirar, a más tardar, un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(11)

La presente Directiva no prejuzga la presentación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, de una solicitud para obtener la inclusión de la tolilfluanida en el anexo I de dicha Directiva.

(12)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan tolilfluanida se retiren a más tardar el 30 de noviembre de 2010;

b)

no se conceda ni se renueve ninguna autorización de productos fitosanitarios que contengan tolilfluanida a partir del 1 de diciembre de 2010.

(1)

La gripe aviar es una infección vírica de las aves de corral y otras aves cautivas con graves consecuencias en la rentabilidad de la cría de aves de corral, que provoca perturbaciones en el comercio dentro de la Unión y en las exportaciones a terceros países.

(2)

En el caso de producirse un brote de gripe aviar, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otras explotaciones de aves de corral no solo en ese Estado miembro, sino también a otros Estados miembros y a terceros países a través del comercio de aves de corral vivas o sus productos.

(3)

La Directiva 2005/94/CE del Consejo (2), por la que se introducen medidas de la Unión para luchar contra la gripe aviar, establece medidas que, en caso de brote, los Estados miembros deben aplicar de inmediato con carácter de urgencia para evitar una mayor propagación del virus.

(4)

En la Decisión 2009/470/CE se establecen las modalidades de participación financiera de la Unión en acciones veterinarias específicas, incluidas las intervenciones de urgencia. De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de dicha Decisión, los Estados miembros obtendrán una participación financiera en los costes relacionados con determinadas medidas destinadas a erradicar la gripe aviar.

(5)

En el artículo 4, apartado 3, guiones primero y segundo, de la Decisión 2009/470/CE, se establecen las normas relativas al porcentaje de los costes asumidos por el Estado miembro que puede ser sufragado por la participación financiera de la Unión.

(6)

El pago de una participación financiera de la Unión en las intervenciones de urgencia destinadas a erradicar la gripe aviar está sujeto a las normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (3).

(7)

En 2009 se han producido brotes de gripe aviar en la República Checa, Alemania, España, Francia e Italia. La República Checa, Alemania, España, Francia e Italia tomaron medidas de conformidad con lo establecido en la Directiva 2005/94/CE para luchar contra estos brotes.

(8)

Las autoridades de la República Checa, Alemania, España, Francia e Italia pudieron demostrar, mediante una serie de informes entregados en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, así como a través de la transmisión ininterrumpida de información sobre la evolución de la situación de la enfermedad, que han aplicado eficazmente las medidas de control establecidas en la Directiva 2005/94/CE, lo que permitió contener rápidamente la enfermedad.

(9)

Por consiguiente, las autoridades de la República Checa, Alemania, España, Francia e Italia han cumplido todas sus obligaciones técnicas y administrativas en relación con las medidas previstas en el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 2009/470/CE y en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 349/2005.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, en diciembre de 2003 Francia recibió una solicitud de ISK Biosciences Europe SA para la inclusión de la sustancia activa flonicamid en el anexo I de dicha Directiva. Mediante la Decisión 2004/686/CE de la Comisión (2) se confirmó que el expediente era documentalmente conforme y podía considerarse que satisfacía, en principio, los requisitos de información y datos establecidos en los anexos II y III de dicha Directiva.

(2)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, en enero de 2003 los Países Bajos recibieron una solicitud de Enhold BV para la inclusión de la sustancia activa tiosulfato de plata en el anexo I de dicha Directiva. Mediante la Decisión 2003/850/CE de la Comisión (3) se confirmó que el expediente era documentalmente conforme y podía considerarse que satisfacía, en principio, los requisitos de información y datos establecidos en los anexos II y III de dicha Directiva.

(3)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de de la Directiva 91/414/CEE, en noviembre de 2005 Austria recibió una solicitud de Bayer CropScience AG para la inclusión de la sustancia activa tembotrione en el anexo I de dicha Directiva. Mediante la Decisión 2006/586/CE de la Comisión (4) se confirmó que el expediente era documentalmente conforme y podía considerarse que satisfacía, en principio, los requisitos de información y datos establecidos en los anexos II y III de dicha Directiva.

(4)

La confirmación de la integridad de los expedientes era necesaria para permitir su examen detallado y para ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de conceder autorizaciones provisionales, por períodos de hasta tres años, para productos fitosanitarios que contengan estas sustancias activas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE, especialmente por lo que se refiere a realizar una evaluación detallada de las sustancias activas y de los productos fitosanitarios conforme a los requisitos establecidos en dicha Directiva.

(5)

Los efectos de estas sustancias activas en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/414/CEE, en lo relativo a los usos propuestos por los solicitantes. Los Estados miembros ponentes presentaron a la Comisión los proyectos de informe de evaluación respectivos los días 3 de junio de 2005 (flonicamid), 9 de noviembre de 2005 (tiosulfato de plata) y 2 de febrero de 2007 (tembotrione).

(6)

Tras la presentación del proyecto de informe de evaluación por los Estados miembros ponentes ha sido preciso recabar más información de los solicitantes y pedir a los Estados miembros ponentes que examinen dicha información y presenten su evaluación. Por este motivo, aún no ha terminado el examen de los expedientes y no será posible completar la evaluación dentro del plazo contemplado en la Directiva 91/414/CEE, leída en relación con la Decisión 2008/353/CE de la Comisión (5) (flonicamid) y con la Decisión 2008/56/CE de la Comisión (6) (tiosulfato de plata).

(7)

Dado que la evaluación no ha puesto hasta ahora de manifiesto ningún motivo de preocupación inmediata, los Estados miembros deben tener la posibilidad de prorrogar por un período de veinticuatro meses las autorizaciones provisionales concedidas a los productos fitosanitarios que contienen estas sustancias activas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, de forma que pueda continuar el examen de los expedientes. Se espera que la evaluación y el proceso de decisión sobre la posible inclusión de las sustancias flonicamid, tiosulfato de plata y tembotrione en el anexo I de dicha Directiva hayan concluido en un plazo de 24 meses.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.