(1)

El Reglamento (CE) no 877/2009 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2009/10. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (UE) no 190/2010 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, el 7 de mayo de 2004 el Reino Unido recibió una solicitud de Bayer CropScience para la inclusión de la sustancia activa fluopicolide en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Mediante la Decisión 2005/778/CE de la Comisión (2) se confirmó que el expediente era «documentalmente conforme», esto es, que podía considerarse que, en principio, satisfacía los requisitos de información establecidos en los anexos II y III de la Directiva 91/414/CEE.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/414/CEE, se han evaluado los efectos de esta sustancia activa sobre la salud humana y el medio ambiente en relación con los usos propuestos por el solicitante. El 12 de diciembre de 2005, el Estado miembro designado ponente presentó un proyecto de informe de evaluación.

(3)

El informe de evaluación fue sometido por los Estados miembros y la EFSA a una revisión por pares y presentado a la Comisión, el 4 de junio de 2009, como informe científico de la EFSA relativo al fluopicolide (3). Este informe fue revisado por los Estados miembros y la Comisión en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y aprobado el 27 de noviembre de 2009 como informe de revisión de la Comisión relativo al fluopicolide.

(4)

Según los diversos exámenes efectuados, cabe pensar que los productos fitosanitarios que contienen fluopicolide satisfacen, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y apartado 3, de la Directiva 91/414/CEE, sobre todo respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Procede, por tanto, incluir el fluopicolide en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, para garantizar que las autorizaciones de los productos fitosanitarios que la contengan puedan concederse en todos los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.

(5)

Sin perjuicio de esta conclusión, conviene obtener información adicional sobre algunos puntos específicos. En el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 91/414/CEE se establece que la inclusión de una sustancia en el anexo I puede estar sujeta a condiciones. En el caso del fluopicolide, procede pedir al notificante que presente información adicional sobre la pertinencia del metabolito M15 en las aguas subterráneas.

(6)

Sin perjuicio de las obligaciones definidas en la Directiva 91/414/CEE derivadas de la inclusión de una sustancia activa en el anexo I, debe permitirse que, tras la inclusión, los Estados miembros dispongan de un plazo de seis meses para revisar las autorizaciones provisionales vigentes de productos fitosanitarios que contengan fluopicolide, a fin de garantizar que se cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 91/414/CEE, en particular en su artículo 13, y las condiciones pertinentes establecidas en su anexo I. Los Estados miembros deben transformar las autorizaciones provisionales vigentes en autorizaciones plenas, o bien modificarlas o retirarlas de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE. No obstante el plazo mencionado anteriormente, debe contemplarse un plazo más largo para la presentación y evaluación de la documentación completa, conforme al anexo III, de cada producto fitosanitario para cada uso propuesto, de conformidad con los principios uniformes establecidos en la Directiva 91/414/CEE.

(7)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 91/414/CEE en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(1)

El 16 de abril de 2003, el Consejo adoptó la Posición Común 2003/280/PESC en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) (1).

(2)

El 30 de marzo de 2004, el Consejo adoptó la Posición Común 2004/293/PESC, por la que se renuevan las medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) (2).

(3)

La Posición Común 2004/293/PESC fue prorrogada por última vez por la Posición Común 2009/164/PESC del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por la que se renuevan las medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) (3) hasta el 16 de marzo de 2010.

(4)

Hay personas acusadas por el TPIY que siguen estando en libertad y hay pruebas de que están recibiendo ayuda en su intento de seguir evadiendo la justicia.

(5)

Las medidas previstas en la Posición Común 2004/293/PESC deben renovarse por un nuevo período de 12 meses.

(1)

De conformidad con la Directiva 95/46/CE, los Estados miembros solo permitirán la transferencia de datos personales a un tercer país si este garantiza un nivel de protección adecuado y se cumplen en él, con anterioridad a la transferencia, las disposiciones legales que los Estados miembros aprueben en aplicación de otros preceptos de dicha Directiva.

(2)

La Comisión puede dictaminar que un tercer país garantiza un nivel de protección adecuado. En tal caso, pueden transferirse datos personales desde los Estados miembros sin que sea necesaria ninguna garantía adicional.

(3)

De conformidad con la Directiva 95/46/CE, el nivel de protección de los datos debe evaluarse atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la transferencia o conjunto de transferencias de datos y estudiando con especial atención una serie de elementos pertinentes para la transferencia, enumerados en el artículo 25, apartado 2, de dicha Directiva.

(4)

Dada la existencia de enfoques diferentes en los terceros países en materia de protección de datos personales, la comprobación de la existencia de un nivel de protección adecuado en un tercer país y la aplicación de cualquier decisión que se tome a tenor de lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE deben basarse en criterios que no penalicen de forma arbitraria ni injustificada a ningún tercer país en el que existan condiciones similares y que no constituyan una restricción comercial encubierta, teniendo en cuenta los compromisos internacionales actuales de la Comunidad.

(5)

Las Islas Feroe son una comunidad autónoma del Reino de Dinamarca. Las Islas Feroe no se adhirieron a la Comunidad Europea en el momento de la adhesión de Dinamarca, en 1973, por lo que deben ser consideradas un tercer país a efectos de la Directiva 95/46/CE.

(6)

El Estatuto de Autonomía de las Islas Feroe divide las políticas públicas en dos grupos principales: los asuntos especiales de las Islas Feroe son competencia del Gobierno de las Islas Feroe; la legislación y los asuntos comunes son competencia del Reino de Dinamarca. La presente Decisión solo se ocupa de la transferencia de datos personales de la Comunidad a destinatarios en las Islas Feroe sujetos a la Ley de Tratamiento de Datos Personales (Act on Processing of Personal Data) (3) de dichas Islas (en lo sucesivo, «la Ley de las Islas Feroe»). La Ley de las Islas Feroe no se aplica al tratamiento de datos personales durante una actividad realizada por las autoridades del Reino de Dinamarca, a saber, el Alto Comisionado de las Islas Feroe (Rigsombudsmanden), el Tribunal de las Islas Feroe (Sorenskriveren), el Comisionado de las Islas Feroe (Politimesteren på Færøerne), los servicios penitenciarios y de libertad condicional de las Islas Feroe (Kriminalforsorgens afdeling), el Mando Militar de las Islas Feroe (Færøernes Kommando) y el Inspector Médico Jefe de las Islas Feroe (Landslægen).

(7)

La Ley de las Islas Feroe se basa en los niveles establecidos en la Directiva 95/46/CE, por lo que abarca todos los principios básicos necesarios para ofrecer un nivel adecuado de protección del derecho de las personas físicas a la intimidad en relación con el tratamiento de datos personales. La aplicación de dichos niveles está garantizada mediante recursos jurisdiccionales y el control independiente que ejerce la autoridad de supervisión, el Comisario de Protección de Datos, dotado de facultades de investigación e intervención.

(8)

Aunque se haya comprobado que el nivel de protección es adecuado, en aras de la transparencia y para proteger la capacidad de las autoridades pertinentes de los Estados miembros de garantizar la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, resulta necesario especificar las circunstancias excepcionales que pudieran justificar la suspensión de flujos específicos de información.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE.

(1)

De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 19, párrafo segundo, de la Directiva 2000/13/CE, el 1 de junio de 2009 las autoridades griegas notificaron a la Comisión un proyecto de decreto sobre la presentación de la información en todo tipo de productos lácteos en la que se indiquen el país de origen de la materia prima (leche) empleada en la fabricación y venta de dichos productos al consumidor final, y las obligaciones de los minoristas en cuanto a la manera de presentar los productos lácteos en sus puntos de venta.

(2)

De conformidad con el artículo 1, apartado 1, del decreto notificado, este hace referencia a la leche, leche con chocolate, yogur, todo tipo de postres lácteos, cremas, arroz con leche y nata destinados a su venta al consumidor final en envases cerrados.

(3)

El artículo 1, apartado 2, del proyecto notificado estipula que si los mencionados productos están fabricados en Grecia, los envases cerrados de dichos productos deben indicar asimismo el origen de las materias primas (leche) con que están elaborados. Esa información debe incluir al menos los contenidos contemplados en el artículo 1, apartado 2, letras a) y b), del proyecto de decreto.

(4)

El artículo 1, apartado 3, del proyecto notificado establece que, si los mencionados productos proceden de países de la Unión Europea distintos de Grecia o se han importado de terceros países, sus envases cerrados deben indicar por lo menos el país concreto de fabricación de dichos productos o mencionar en el etiquetado «Fabricado en la UE».

(5)

El artículo 1, apartado 6, del proyecto notificado establece reglas relativas a la manera en que deben presentarse dichas indicaciones: deben aparecen al menos en un lado del envase, especialmente en aquel considerado como la parte frontal, bajo la denominación comercial del producto, en caracteres claramente legibles e indelebles, y en lengua griega.

(6)

La Directiva 2000/13/CE armoniza las normas que regulan el etiquetado de los productos alimenticios, estableciendo, por una parte, la armonización de determinadas disposiciones nacionales y, por otra, un régimen para las disposiciones nacionales no armonizadas. El alcance de la armonización se define en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, en el que se establece la lista de las indicaciones obligatorias que deben figurar en el etiquetado de los productos alimenticios, en las condiciones, y salvo las excepciones previstas en los artículos 4 a 17. Por otra parte, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2000/13/CE prevé que las disposiciones de la Unión o, en su defecto, las disposiciones nacionales puedan establecer otras indicaciones obligatorias además de las enumeradas en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva en relación con productos alimenticios determinados.

(7)

El artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2000/13/CE permite la adopción de disposiciones nacionales no armonizadas si están justificadas por una de las razones enumeradas en dicho artículo, entre otras, la represión del fraude y la protección de la salud pública, a condición de que dichas disposiciones no puedan obstaculizar la aplicación de las definiciones y normas previstas por la citada Directiva. Por consiguiente, cuando en un Estado miembro se proponga un proyecto de disposiciones nacionales en materia de etiquetado, es necesario comprobar la compatibilidad de las mismas con los requisitos antes mencionados y con las disposiciones del Tratado.

(8)

Las autoridades griegas mantienen que la medida notificada es necesaria para proteger a los consumidores y facilitarles información completa sobre el país de origen de la materia prima que contienen los productos en cuestión. También afirman que el proyecto de decreto es necesario para defender los intereses de los productos lácteos.

(9)

De conformidad con el artículo 3, apartado 1, punto 8, de la Directiva 2000/13/CE, la indicación del lugar de origen o de procedencia es obligatoria en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio. Esta disposición establece un mecanismo adecuado para evitar el riesgo de que el consumidor pueda ser inducido a error en los casos en que algunos elementos puedan sugerir que el origen o procedencia de un determinado alimento sea distinto del verdadero. En el caso de los productos lácteos enumerados en el artículo 1, apartado 1, del decreto notificado, las autoridades griegas no han aportado ninguna justificación que permita concluir que la introducción generalizada de una obligación de indicar el país de origen de la materia prima (leche) o el país concreto de fabricación o una etiqueta «Fabricado en la UE» sea necesaria para alcanzar uno de los objetivos enumerados en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2000/13/CE.

(10)

Estas constataciones han llevado a la Comisión a emitir un dictamen contrario, de conformidad con el artículo 19, párrafo tercero, de la Directiva 2000/13/CE.

(11)

Por todo lo expuesto, procede instar a las autoridades griegas a no adoptar las disposiciones correspondientes del proyecto de decreto en cuestión.

(12)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.