(1)

De acuerdo con el artículo 61, párrafo primero, letra d), del Reglamento (CE) no 1234/2007, el azúcar o la isoglucosa producidos que excedan de la cuota contemplada en el artículo 56 de dicho Reglamento pueden exportarse únicamente dentro de los límites cuantitativos que fije la Comisión en aplicación de los compromisos derivados de acuerdos internacionales celebrados por la Unión.

(2)

El Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión (2) establece las disposiciones de aplicación para las exportaciones al margen de cuota, en particular en lo que atañe a la expedición de los certificados de exportación. Sin embargo, el límite cuantitativo debe fijarse por campaña de comercialización, teniendo en cuenta las posibles oportunidades en los mercados de exportación.

(3)

Para la campaña de comercialización 2009/10, el Reglamento (CE) no 274/2009 de la Comisión (3) fija el límite cuantitativo aplicable a las exportaciones de azúcar al margen de cuota en 1 350 000 toneladas. Las solicitudes de certificados de exportación rebasaron rápidamente dicho límite. Por lo tanto, mediante el Reglamento (CE) no 1106/2009 de la Comisión (4) se fijó un porcentaje de aceptación para la expedición de certificados de exportación y se suspendió la presentación de solicitudes de certificados de exportación de azúcar al margen de cuota. En el momento en el que se fijó el límite 1 350 000 toneladas, las condiciones económicas eran tales que no podía excluirse que las exportaciones de azúcar al margen de cuota pudieran ser consideradas subvencionadas porque el coste medio de producción del azúcar en la Unión podría haber rebasado el precio de venta del azúcar al margen de cuota en el mercado de exportación. En tales condiciones, no era posible, por lo tanto, aumentar las cantidades de azúcar al margen de cuota para la exportación por encima de los límites resultantes de los compromisos internacionales de la Unión antes mencionados.

(4)

Desde comienzos de 2009, la coyuntura económica mundial ha cambiado sensiblemente en el sector del azúcar. A principios de enero de 2010, los precios en el mercado mundial del azúcar blanco subieron más del doble y alcanzaron aproximadamente los 500 EUR por tonelada en el mercado de futuros de materias primas de Londres. Al mismo tiempo, los precios en el mercado del azúcar de la Unión disminuyeron en paralelo con el precio de referencia institucional.

(5)

En la actual coyuntura económica, el coste medio de producción de la remolacha azucarera en la Unión es inferior al precio de venta de la remolacha azucarera al margen de cuota. Además, el precio de venta del azúcar al margen de cuota en el mercado mundial es superior al coste medio de producción de azúcar en la Unión. Por lo tanto, mientras se mantengan estas condiciones, la exportación de azúcar al margen de cuota no puede considerarse subvencionada. Por consiguiente, pueden realizarse exportaciones por encima de los compromisos adquiridos por la Unión en materia de subvenciones a la exportación sin violar las obligaciones derivadas de su condición de miembro de la Organización Mundial del Comercio.

(6)

De acuerdo con los datos más recientes, es factible que debido a las condiciones climáticas excepcionalmente favorables en 2009, se producirán en la Unión grandes cantidades de azúcar al margen de cuota. Estas cantidades se estiman actualmente en unas 4 100 000 toneladas. Teniendo en cuenta todas las posibles salidas comerciales para este azúcar, en particular la demanda de azúcar industrial por parte de la industria química, se calcula que al menos 500 000 toneladas podrían quedar disponibles para las exportaciones.

(7)

A la vista del excedente previsto en la Unión durante la campaña de comercialización 2009/10 y de los precios excepcionalmente elevados en el mercado mundial causados por una situación de suministro muy difícil en este momento, es preferible exportar los excedentes de azúcar restantes en la Unión en lugar de traspasarlos a la próxima campaña de comercialización. La fijación de un límite cuantitativo suplementario para la campaña de comercialización 2009/10 podría permitir a los productores de azúcar y a los productores de remolacha de la Unión beneficiarse de las posibilidades de exportación actualmente favorables. Por lo tanto, procede fijar un límite cuantitativo suplementario.

(8)

Las estimaciones actuales auguran que los precios en el mercado mundial del azúcar podrían comenzar a bajar a partir del segundo semestre de 2010. Para garantizar que las exportaciones adicionales de azúcar al margen de cuota no cuestionan los compromisos de la Unión en materia de subvenciones, resulta procedente limitar las solicitudes de certificados de exportación hasta el 30 de junio de 2010 y reducir su validez a un mes.

(9)

Las exportaciones de azúcar de la Unión a algunos destinos próximos y a los terceros países que aplican a los productos de la Unión un régimen de importación preferencial se encuentran actualmente en una posición competitiva particularmente favorable. Dada la falta de unos instrumentos de asistencia mutua que sean adecuados para combatir las irregularidades y con el fin de reducir al mínimo el riesgo de fraude y de impedir todo abuso consistente en la reimportación o la reintroducción en la Unión de azúcar al margen de cuota, procede excluir de los destinos subvencionables algunos que están próximos a la Unión.

(10)

El Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su Presidente.

(1)

Mediante la Decisión 2009/367/CE de la Comisión (2) se liquidaron las cuentas correspondientes al ejercicio financiero de 2008 de todos los organismos pagadores excepto las del organismo pagador alemán «Baden-Württemberg», las del organismo pagador belga «ALV», las del organismo pagador griego «Opekepe», las del organismo pagador italiano «ARBEA», las del organismo pagador maltés «MRRA», las del organismo pagador portugués «IFAP» y las del organismo pagador rumano «PIAA».

(2)

Tras haber recibido nuevos datos y efectuado controles adicionales, la Comisión está en condiciones de tomar una decisión sobre la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas presentadas por el organismo pagador alemán «Baden-Württemberg», el organismo pagador belga «ALV», el organismo pagador maltés «MRRA», el organismo pagador portugués «IFAP» y el organismo pagador rumano «PIAA».

(3)

El artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (3), dispone que los importes que, de resultas de la decisión de liquidación de cuentas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del citado Reglamento, deban ser reintegrados por cada Estado miembro o abonados a él, han de fijarse deduciendo los anticipos abonados durante el ejercicio financiero en cuestión, en este caso, 2008, de los gastos reconocidos para el mismo ejercicio con arreglo al apartado 1. Esos importes deben deducirse de los anticipos relativos a los gastos del segundo mes siguiente al mes en el que se haya adoptado la decisión de liquidación de cuentas, o añadirse a los citados anticipos.

(4)

De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las repercusiones financieras de la no recuperación de irregularidades se sufragan hasta un máximo del 50 % con cargo al Estado miembro y hasta un máximo del 50 % con cargo al presupuesto comunitario cuando la recuperación no se haya efectuado un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. El Reglamento (CE) no 885/2006 establece las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de presentar estadillos de los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento figura un modelo del cuadro que debían presentar los Estados miembros en 2009. Basándose en los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades que se remontan a más de cuatro y ocho años, respectivamente. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad que se adopten en virtud del artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005.

(5)

De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro interesado. En caso de que dicha decisión haya sido tomada en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la Comunidad el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo indicado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1290/2005 figuran los importes que los Estados miembros decidieron no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros considerados y, por lo tanto, deben correr a cargo del presupuesto comunitario. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad que se adopten en virtud del artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.

(6)

Al realizar la liquidación de cuentas de los organismos pagadores considerados, la Comisión debe tener en cuenta las cantidades ya retenidas a los Estados miembros en virtud de la Decisión 2009/367/CE.

(7)

De conformidad con el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1290/2005, la presente Decisión se toma sin perjuicio de las decisiones posteriores que la Comisión adopte para descartar de la financiación comunitaria aquellos gastos que no se hayan efectuado con arreglo a las normas comunitarias.

(1)

En el artículo 4 de la Directiva 91/496/CEE se establece para los Estados miembros la obligación de velar por que los lotes de animales procedentes de terceros países sean sometidos a un control documental y a un control de identidad en los puestos de inspección fronterizos, a fin de cerciorarse de su destino ulterior, en particular en el caso de los animales en tránsito. Los puestos de inspección fronterizos se indican en el anexo II de la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (2).

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 91/496/CEE, los Estados miembros deben autorizar el transporte de animales procedentes de un tercer país a otro tercer país o al mismo tercer país siempre que se cumplan determinadas condiciones. En particular, en la letra c) de ese mismo artículo se establece que los controles a que se refiere el artículo 4 de la Directiva han de demostrar que los animales cumplen los requisitos de la Directiva 91/496/CEE o, en caso de tratarse de animales que entran en el ámbito de aplicación de las Directivas que figuran en el anexo A de la Directiva 90/425/CEE del Consejo (3), ofrecer garantías sanitarias al menos equivalentes a dichos requisitos.

(3)

La Directiva 90/426/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de países terceros (4), figura en el anexo A de la Directiva 90/425/CEE. En el capítulo III de la Directiva 90/426/CEE se establecen las garantías sanitarias equivalentes para los équidos.

(4)

En la Decisión 92/260/CEE de la Comisión, de 10 de abril de 1992, relativa a las condiciones y a los certificados sanitarios necesarios para la admisión temporal de caballos registrados (5), se establecen modelos de certificados sanitarios para la admisión temporal de caballos registrados en la Unión, en los que se tienen en cuenta las diferentes situaciones zoosanitarias de los terceros países. Dichos certificados ofrecen las garantías sanitarias necesarias para el transporte de équidos procedentes de un tercer país, territorio o parte de este a otro tercer país o territorio, o hacia otra parte del mismo tercer país o territorio. Las garantías sanitarias que ofrecen dichos certificados deben considerarse las condiciones de referencia para el tránsito de équidos por la Unión.

(5)

De conformidad con la Decisión 2004/211/CE de la Comisión, de 6 de enero de 2004, por la que se establece la lista de terceros países y partes de su territorio a partir de los cuales los Estados miembros autorizan la importación de équidos vivos y esperma, óvulos y embriones de la especie equina (6), los Estados miembros deben autorizar la admisión temporal y la importación de caballos registrados procedentes de los terceros países o partes de los mismos que figuran en el anexo I de la propia Decisión. En dicha Decisión, además, los terceros países se asignan a grupos sanitarios en función de su situación zoosanitaria. Dichos grupos sanitarios han de tenerse en cuenta para el tránsito de équidos a través de la Unión.

(6)

De acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 2008/907/CE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por la que se establecen las garantías sanitarias para el transporte de équidos entre dos terceros países, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 91/496/CEE del Consejo (7), los équidos en tránsito de un tercer país hacia otro tercer país deben proceder exclusivamente de uno de los terceros países enumerados en el anexo I de la Decisión 92/260/CEE. Asimismo, dichos équidos deben ir acompañados de un certificado denominado «Certificado de tránsito para el transporte de équidos de un tercer país a otro tercer país», que tiene en cuenta los modelos de certificados sanitarios establecidos en la Decisión 92/260/CEE.

(7)

Habida cuenta de que las garantías zoosanitarias para la importación de équidos son al menos tan estrictas como las de la admisión temporal de caballos registrados, procede autorizar el tránsito de équidos transportados a través de los territorios enumerados en el anexo I de la Directiva 97/78/CE no solo cuando procedan de los terceros países, territorios o partes de estos a partir de los cuales la admisión temporal de caballos registrados esté autorizada con arreglo a la Decisión 2004/211/CE, sino también cuando procedan de terceros países, territorios o partes de estos a partir de los cuales la importación permanente esté autorizada con arreglo a esa misma Decisión.

(8)

En aras de la claridad de la legislación de la Unión, debe derogarse la Decisión 2008/907/CE.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.