(1)

El Reglamento (CE) no 2115/2005 del Consejo (1) establece un plan de recuperación para el fletán negro adoptado por la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (en lo sucesivo denominada «la NAFO»).

(2)

En su 29a reunión anual celebrada en septiembre de 2007, la NAFO adoptó una serie de modificaciones de este plan de recuperación. Las modificaciones tienen por objeto reforzar las medidas para la notificación de las capturas y adoptar medidas adicionales de control para las inspecciones en el mar de los buques que entran y salen de la zona de regulación de la NAFO.

(3)

Por consiguiente, es necesario modificar el Reglamento (CE) no 2115/2005 con el fin de incorporar las modificaciones al plan de recuperación.

1)

Se inserta el artículo 5 bis siguiente:

2)

El artículo 6 queda modificado como sigue:

(1)

La Directiva 93/34/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993 relativa a las inscripciones reglamentarias de los vehículos de motor de dos o tres ruedas (3), ha sido modificada en diversas ocasiones (4) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

(2)

La Directiva 93/34/CEE es una de las directivas específicas del sistema de homologación CE previsto por la Directiva 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1992, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, sustituida por la Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas (5), y establecía las prescripciones técnicas relativas al diseño y a la fabricación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas respecto a las inscripciones reglamentarias. Estas prescripciones técnicas, referentes a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, permiten la aplicación, para cada tipo de vehículo, del procedimiento de homologación CE previsto por la Directiva 2002/24/CE. Por lo tanto, las disposiciones establecidas en la Directiva 2002/24/CE referentes a sistemas, componentes y unidades técnicas independientes de los vehículos son aplicables a la presente Directiva.

(3)

La presente Directiva no debe impedir que determinados Estados miembros mantengan, en relación con las inscripciones reglamentarias aplicables a los vehículos de motor de dos o tres ruedas, y sobre una base no discriminatoria, prescripciones imperativas particulares, a efectos de aplicación de las normas de tráfico, siempre y cuando dichas prescripciones específicas se refieran al uso de los mencionados vehículos y no impliquen modificaciones en la construcción de los mismos que obstaculicen la homologación comunitaria de ese tipo de vehículos.

(4)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas, que figuran en la parte B del anexo II.

(1)

La Comunidad es competente en los asuntos monetarios y de tipo de cambio a partir de la fecha de introducción del euro.

(2)

El Consejo debe determinar las modalidades de negociación y celebración de los acuerdos sobre cuestiones monetarias o de tipo de cambio.

(3)

La República Italiana, en nombre de la Comunidad, celebró el 29 de noviembre de 2000 un convenio monetario con la República de San Marino.

(4)

En sus conclusiones de 10 de febrero de 2009, el Consejo invitó a la Comisión a revisar el funcionamiento de los convenios vigentes y a considerar posibles aumentos de los límites máximos de emisión de monedas.

(5)

La Comisión, en la Comunicación sobre el funcionamiento de los convenios monetarios celebrados con Mónaco, San Marino y El Vaticano, concluyó que el convenio monetario con la República de San Marino en su forma actual debe modificarse, con vistas a garantizar un enfoque más coherente en las relaciones entre la Comunidad y los países que han firmado un convenio monetario.

(6)

Por consiguiente, el convenio monetario con la República de San Marino debe renegociarse cuanto antes a fin de que el nuevo régimen entre en vigor el 1 de enero de 2010, junto con las nuevas normas sobre las modalidades de introducción de monedas en euros establecidas en la Recomendación de la Comisión, de 19 de diciembre de 2008, relativa a la fijación de directrices comunes respecto de las caras nacionales y la emisión de monedas en euros destinadas a la circulación (1), aprobada por el Consejo en sus conclusiones de 10 de febrero de 2009.

a)

El convenio será celebrado entre la Comunidad y la República de San Marino. El texto del convenio deberá ser una versión codificada del convenio vigente con las modificaciones.

b)

La República de San Marino deberá comprometerse a adoptar todas las medidas apropiadas, en forma de transposiciones directas o, en su caso, acciones equivalentes:

La República de San Marino deberá garantizar que toda la legislación bancaria y financiera comunitaria pertinente se aplica en su territorio antes del 1 de enero de 2015. El convenio deberá incluir un anexo en el que se especifiquen los plazos para la adopción de tales medidas.

c)

Se revisará el método de cálculo del límite máximo de emisión de monedas en euros para San Marino. El nuevo límite máximo se calculará utilizando un método que combinará una parte fija, encaminada a evitar una especulación numismática excesiva sobre las monedas de San Marino, satisfaciendo la demanda del mercado de monedas de colección, y una parte variable, que se calculará como el número medio per cápita de monedas emitidas por la República Italiana en el año «n-1» multiplicado por el número de habitantes de la República de San Marino.

d)

Se creará un Comité Mixto con la misión de realizar un seguimiento de los avances alcanzados en la aplicación del convenio. El Comité Mixto estará compuesto por representantes de la República de San Marino, de la República Italiana, de la Comisión y del BCE, tendrá la posibilidad de revisar cada año la parte fija para tener en cuenta la inflación y la evolución del mercado de monedas de colección, adoptará sus decisiones por unanimidad, y aprobará su reglamento interno.

e)

Las monedas en euros de la República de San Marino serán acuñadas por el Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sin embargo, la República de San Marino, con el acuerdo del Comité Mixto, tendrá la posibilidad de elegir otro contratista entre las fábricas de la moneda de la Unión Europea que produzcan monedas en euros. El volumen de monedas emitidas por la República de San Marino se añadirá al volumen de monedas emitidas por la República Italiana, a efectos de la aprobación por el BCE del volumen total de emisión.

f)

Se designa al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como órgano responsable de la resolución de litigios que puedan derivarse de la aplicación del convenio monetario.

Si la Comunidad o la República de San Marino consideran que la otra Parte no ha cumplido alguna obligación en el marco del convenio monetario, podrán someter el asunto al Tribunal de Justicia. La sentencia del Tribunal de Justicia será vinculante para ambas Partes, que adoptarán las medidas necesarias para cumplirla en el periodo fijado en la misma por el Tribunal de Justicia. En caso de que la Comunidad o la República de San Marino no adopten las medidas necesarias para cumplir la sentencia en el periodo fijado, la otra Parte podrá poner fin inmediatamente al convenio.

(1)

La Unión Europea se ha propuesto el objetivo de mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia; debe ofrecerse un alto grado de seguridad mediante una acción común entre los Estados miembros en los ámbitos de la cooperación policial y judicial en materia penal.

(2)

Dicho objetivo debe lograrse mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia a través de una mayor cooperación entre las autoridades policiales y aduaneras de los Estados miembros, a la vez que se respetan los principios y normas relativos a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en los que se basa la Unión y que son comunes a los Estados miembros.

(3)

El intercambio de información e inteligencia sobre delincuencia y actividades delictivas resulta crucial para que autoridades policiales y aduaneras tengan éxito a la hora de prevenir, detectar e investigar la delincuencia o las actividades delictivas. La acción común en el ámbito de la cooperación policial en virtud del artículo 30, apartado 1, letra a), del Tratado implica la necesidad de tratar la información pertinente con sujeción a disposiciones adecuadas sobre protección de datos personales.

(4)

El intercambio intensificado de información relativa a las pruebas forenses y la cada vez mayor utilización de pruebas de un Estado miembro en los procesos judiciales de otro ponen de relieve la necesidad de establecer normas comunes para los prestadores de servicios forenses.

(5)

Actualmente, la información procedente de procedimientos forenses en un Estado miembro puede dar lugar a dudas en otro Estados miembro sobre la manera en que se ha tratado un dato, los métodos utilizados y la forma en la que los resultados han sido interpretados.

(6)

En el punto 3, apartado 4, letra h), del Plan de acción del Consejo y de la Comisión por el que se aplica el Programa de La Haya sobre refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (2), los Estados miembros destacaron la necesidad de que se definiesen normas de calidad de los laboratorios forenses para el año 2008.

(7)

Resulta particularmente importante introducir normas comunes para los prestadores de servicios forenses por lo que respecta a datos personales tan delicados como los perfiles de ADN y los datos dactiloscópicos.

(8)

En virtud del artículo 7, apartado 4, de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (3), los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad de los perfiles de ADN que se envíen o se pongan a disposición de los demás Estados miembros a efectos de comparación y velarán por que dichas medidas se atengan a normas internacionales, tales como la norma EN ISO/IEC 17025 - Requisitos generales relativos a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración (en adelante «EN ISO/IEC 17025»).

(9)

Los perfiles de ADN y los datos dactiloscópicos no se utilizan únicamente en procedimientos penales sino que también resultan cruciales para la identificación de las víctimas, en particular tras una catástrofe.

(10)

La acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio es un paso importante hacia un intercambio de información forense más seguro y eficaz dentro de la Unión.

(11)

La acreditación la concede el organismo nacional de acreditación que goza de la exclusiva competencia de evaluar si un laboratorio reúne los requisitos establecidos por las normas armonizadas. La autoridad de los organismos de acreditación procede del Estado. El Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos (4) contiene disposiciones detalladas sobre la competencia de los organismos nacionales de acreditación. Entre otros, el artículo 7 de dicho Reglamento regula la acreditación transfronteriza en los casos en que otro organismo de certificación nacional pueda solicitar la acreditación.

(12)

La ausencia de un acuerdo sobre la aplicación de una norma común de acreditación para el análisis de las pruebas científicas es una deficiencia que tiene que ser subsanada; es, por lo tanto, necesario adoptar un instrumento jurídicamente vinculante sobre la acreditación de todos los prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio. La acreditación ofrece las garantías necesarias de que las actividades de laboratorio se realizan de acuerdo con las normas internacionales pertinentes, en particular la norma EN ISO/IEC 17025, y con las orientaciones aplicables pertinentes.

(13)

Una norma de acreditación permite a cualquier Estado miembro exigir, si así lo desea, normas complementarias en actividades de laboratorio en su jurisdicción nacional.

(14)

La acreditación ayudará a establecer la confianza mutua en la validez de los métodos analíticos básicos utilizados. Sin embargo, la acreditación no indica qué método deberá utilizarse, solamente que el método utilizado debe ser adecuado para su propósito.

(15)

Cualquier medida tomada fuera de un laboratorio no entra en el ámbito de aplicación de la presente Decisión marco. Por ejemplo, la recogida de datos dactiloscópicos o las medidas tomadas en la escena del incidente, la escena del crimen o los análisis forenses efectuados fuera de los laboratorios no están incluidos en su ámbito de aplicación.

(16)

La presente Decisión marco no aspira a armonizar normas nacionales relativas a la evaluación judicial de pruebas forenses.

(17)

La presente Decisión no afecta a la validez, establecida de conformidad con las normas nacionales aplicables, de los resultados de actividades de laboratorio llevadas a cabo antes de su aplicación, incluso si el prestador de servicios forenses no estuviera acreditado para cumplir con la norma EN ISO/IEC 17025.

a)

al perfil de ADN; y

b)

a datos dactiloscópicos.

a)

«actividad de laboratorio», cualquier medida adoptada en un laboratorio al localizar y recuperar huellas sobre elementos, así como realizar, analizar e interpretar las pruebas forenses con el fin de aportar dictámenes de expertos o de intercambiar pruebas forenses;

b)

«resultados de las actividades de laboratorio», cualquier resultado analítico e interpretación directamente asociada;

c)

«prestador de servicios forenses», cualquier organismo, público o privado, que lleve a cabo actividades de laboratorio forense a petición de las autoridades policiales y judiciales competentes;

d)

«organismo nacional de acreditación», el organismo único de un Estado miembro que otorga la acreditación en su condición de autoridad pública, como se contempla en el Reglamento (CE) no 765/2008;

e)

«perfil de ADN», un código alfabético o numérico que representa un conjunto de características identificativas de la parte no codificante de una muestra de ADN humano analizada, es decir, la estructura molecular específica en los diversos loci (posiciones) de ADN;

f)

«datos dactiloscópicos», las impresiones dactilares o las impresiones dactilares latentes, las impresiones palmares o las impresiones palmares latentes, y las plantillas de tales imágenes (codificación de las minucias).

(1)

El Reglamento (CE) no 1159/2009 de la Comisión (3) fija los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 1 de diciembre de 2009.

(2)

Como se ha producido una desviación de 5 EUR por tonelada entre la media de los derechos de importación calculada y el derecho fijado, debe procederse al ajuste correspondiente de los derechos de importación fijados por el Reglamento (CE) no 1159/2009.

(3)

Procede pues modificar el Reglamento (CE) no 1159/2009.

(1)

El 19 de noviembre de 2007, el Consejo adoptó la Acción Común 2007/749/PESC relativa a la Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina (BA) (1). Dicha Acción Común expira el 31 de diciembre de 2009.

(2)

La estructura de mando y control de la MPUE no deberá afectar a la responsabilidad contractual del Jefe de la Misión ante la Comisión Europea para la ejecución del presupuesto de la MPUE.

(3)

La Capacidad de Guardia Permanente deberá activarse para la MPUE.

(4)

La MPUE se ejecutará en el contexto de una situación que puede deteriorarse y que podría perjudicar a los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.

1.

Reforzar la capacidad operativa y la capacidad conjunta de las autoridades policiales competentes comprometidas en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción.

2.

Prestar, con un planteamiento sistemático, asistencia y respaldo en la planificación y realización de investigaciones en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción.

3.

Apoyar y fomentar el desarrollo de capacidades de investigación criminal de BA.

4.

Reforzar la cooperación entre policía y ministerio fiscal.

5.

Reforzar la cooperación entre la policía y el sistema penitenciario.

6.

Contribuir a garantizar un nivel adecuado de responsabilidad.

(1)

El 10 de noviembre de 2008, el Consejo adoptó la Acción Común 2008/851/PESC relativa a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (1).

(2)

Habida cuenta de la experiencia del primer año de la operación, es preciso introducir modificaciones en la Acción Común 2008/851/PESC para permitir que la fuerza naval de la Unión Europea contribuya a la supervisión de las actividades pesqueras frente a las costas de Somalia.

(3)

Los actos de piratería y el robo a mano armada frente a las costas de Somalia siguen amenazando la pesca en la zona y, en especial, la entrega de ayuda alimentaria a la población de Somalia a través del Programa Mundial de Alimentos.

(4)

Por consiguiente, es preciso prorrogar la operación durante otro año.

(5)

El 30 de noviembre de 2009 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1897 (2009).

(6)

La Acción Común 2008/851/PESC debe modificarse en consecuencia.

a)

En el artículo 1 se añade el apartado siguiente:

b)

En el artículo 2, la letra f) se sustituye por el texto siguiente:

c)

El apartado 3 del artículo 16 se sustituye por el siguiente:

(1)

Procede establecer las normas de desarrollo de la Decisión del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo (denominada en lo sucesivo la «Decisión del Consejo Europeo»).

(2)

Entre dichas normas de desarrollo figura el orden en que los grupos predeterminados de tres Estados miembros ejercerán la presidencia por períodos consecutivos de 18 meses, teniendo en cuenta el hecho de que existe desde el 1 de enero de 2007, de acuerdo con el Reglamento interno del Consejo, un sistema de programas del Consejo de 18 meses acordado entre las tres presidencias en ejercicio durante el período en cuestión.

(3)

La composición de los grupos debe tener en cuenta, de conformidad con el artículo 1 de la Decisión del Consejo Europeo, la diversidad de los Estados miembros y los equilibrios geográficos dentro de la Unión.

(4)

El reparto de responsabilidades entre Estados miembros dentro de cada grupo está establecido en el apartado 2 del artículo 1 de la Decisión del Consejo Europeo. En los dos supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo 2 de la presente Decisión, las modalidades prácticas que regulan la colaboración de los Estados miembros dentro de cada grupo deben definirse de común acuerdo por los Estados miembros de que se trate,

(5)

Asimismo, esas normas de desarrollo deberán incluir normas específicas relativas a la presidencia de los órganos preparatorios del Consejo de Asuntos Exteriores, según establece el artículo 2, párrafo tercero, de la Decisión del Consejo Europeo.

(6)

La mayoría de dichos órganos preparatorios debe presidirla un representante del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (denominado en lo sucesivo «el Alto Representante») mientras que los demás debe seguir presidiéndolos la Presidencia semestral. En los casos en que el presidente de dichos órganos es un representante del Alto Representante puede aplicarse un periodo transitorio.

(7)

También se detallarán en la presente Decisión los órganos preparatorios que no son presididos por la Presidencia semestral, tal y como establece el artículo 2, párrafo tercero, de la Decisión del Consejo Europeo.

(8)

La presidencia de los órganos preparatorios no enumerados en la presente Decisión se decidirá de acuerdo con el artículo 2 de la Decisión del Consejo Europeo.

(1)

El Tratado de Lisboa hace del Consejo Europeo una institución de la Unión Europea, e instituye el cargo de Presidente del Consejo Europeo, con un mandato de dos años y medio, renovable una vez.

(2)

Procede fijar las condiciones del empleo del Presidente del Consejo Europeo.

(1)

El Tratado de Lisboa instituye el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Tratado de la Unión Europea, estará al frente de la política exterior y de seguridad común de la Unión, presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores y será uno de los Vicepresidentes de la Comisión.

(2)

Procede fijar las condiciones del empleo del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (1), se ha decidido crear una Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.

(2)

Procede determinar la sede de dicha Agencia,