9.10.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 266/1

(1)

La revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001 titulada «Por una Europa en movimiento – Movilidad sostenible para nuestro continente», de 22 de junio de 2006, pone de relieve el potencial con que cuenta el programa Marco Polo, establecido por el Reglamento (CE) no 1382/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la concesión de ayuda financiera comunitaria para mejorar el impacto medioambiental del sistema de transporte de mercancías (programa Marco Polo) (3), como fuente de financiación para facilitar alternativas a los operadores que ejercen su actividad en carreteras congestionadas a través de la utilización de otros modos de transporte. El programa Marco Polo es, por lo tanto, un elemento básico de la política de transportes actualmente vigente.

(2)

De no adoptarse medidas decisivas, el total del transporte de mercancías por carretera en Europa aumentará más de un 60 % de aquí a 2013. El consiguiente incremento estimado del transporte internacional de mercancías por carretera de aquí a 2013 será de 20 500 millones de toneladas-kilómetro anuales para la Unión Europea, con consecuencias negativas en términos de costes adicionales de infraestructuras de carreteras, accidentes, congestión, contaminación local y global, problemas de fiabilidad en la cadena de suministros y en los procesos logísticos, y perjuicios para el medio ambiente.

(3)

Para hacer frente a este incremento debe recurrirse más que en la actualidad al transporte marítimo de corta distancia, al ferrocarril y a las vías navegables interiores, y es preciso estimular grandes iniciativas procedentes de los sectores del transporte y la logística, incluyendo los puertos secos y otras plataformas que faciliten la intermodalidad, y alentar el uso de nuevos enfoques e innovaciones técnicas en todos los modos de transporte, así como en la gestión de los mismos.

(4)

Fortalecer los modos de transporte que respeten las exigencias del medio ambiente es un objetivo de la Unión Europea, con independencia de que dicho objetivo produzca un efecto específico de transferencia modal o de evitación en el caso del transporte de mercancías por carretera.

(5)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) se requirió a la Comisión que hiciese una evaluación del programa Marco Polo II (en lo sucesivo, «el programa») y presentase propuestas para modificar este programa si fuera necesario.

(6)

Una evaluación externa de los resultados del programa Marco Polo concluyó que este programa no alcanzaría sus objetivos en materia de transferencia modal e hizo algunas recomendaciones para aumentar su eficacia.

(7)

La Comisión ha llevado a cabo un análisis de impacto de las medidas propuestas por el evaluador externo y de otras medidas destinadas a aumentar la eficacia del programa. Dicho análisis ha demostrado la necesidad de efectuar una serie de modificaciones en el Reglamento (CE) no 1692/2006 con el fin de aumentar la participación de las pequeñas empresas y de las microempresas, reducir los umbrales de subvencionabilidad de las acciones, aumentar la intensidad de la financiación y simplificar la aplicación y los trámites administrativos del programa.

(8)

Debe aumentarse la participación de las pequeñas empresas y de las microempresas en el programa, permitiendo que las empresas se constituyan en solicitantes de ayuda individualmente y disminuyendo los umbrales de subvencionabilidad en el caso de propuestas presentadas por empresas de transportes por vía navegable interior.

(9)

Deben disminuirse los umbrales de subvencionabilidad de las propuestas de financiación, que deben expresarse en toneladas/kilómetro transferidas anualmente, excepto en el caso de las acciones de aprendizaje en común. Estos umbrales deben calcularse para la totalidad del período de ejecución de las acciones a que se refiere el anexo, sin que se fije ningún porcentaje anual de ejecución. No deben seguir fijándose umbrales específicos para las acciones de evitación de tráfico y debe establecerse una duración mínima para este tipo de acciones y para las acciones de efecto catalizador y en las relativas a las autopistas del mar.

(10)

Debe aumentarse la intensidad de la financiación gracias a la introducción de una definición del término «mercancías», que permita incluir el componente transportador en el cálculo de la transferencia modal, y también gracias a ampliaciones excepcionales de la duración máxima de las acciones que hayan sufrido retrasos de puesta en marcha. De conformidad con el procedimiento establecido en el anexo I del Reglamento (CE) no 1692/2006, es necesario reflejar en el texto de dicho anexo en su versión modificada la actualización de la intensidad de la financiación, que pasaría de EUR 1 a EUR 2.

(11)

Con el fin de simplificar la aplicación del programa, debe eliminarse el anexo II del Reglamento (CE) no 1692/2006, relativo a las condiciones para la financiación de la infraestructura auxiliar. Por otro lado, debe eliminarse el procedimiento de comité para la selección anual de las acciones que vayan a financiarse.

(12)

Es necesario establecer un vínculo más específico entre el programa y las Redes Transeuropeas de Transporte (en lo sucesivo, «RTE-T») que establecen el marco para las autopistas del mar, y las consideraciones de carácter medioambiental deben ser hechas extensivas a todos los costes externos de las acciones.

(13)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1692/2006 en consecuencia.

(14)

A fin de garantizar que las medidas contempladas en el presente Reglamento puedan aplicarse de la forma más adecuada y rápida, el Reglamento debe entrar en vigor lo antes posible tras su adopción.

1)

En el artículo 2 se añade la letra siguiente:

2)

En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Las acciones serán presentadas por empresas o consorcios establecidos en los Estados miembros o en países participantes, como dispone el artículo 3, apartados 3 y 4.».

3)

El artículo 5 se modifica como sigue:

4)

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7

Ayudas estatales

La ayuda financiera comunitaria a las acciones objeto del programa no impedirá la concesión a las mismas acciones de ayudas estatales a escala nacional, regional o local, en la medida en que dichas ayudas sean compatibles con el régimen de ayudas estatales establecido en el Tratado y dentro de los límites acumulativos para cada tipo de acción fijados en el anexo.».

5)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

Presentación de las acciones

Las acciones se presentarán a la Comisión de conformidad con las disposiciones de aplicación establecidas en virtud del artículo 6. La presentación deberá contener todos los elementos necesarios para que la Comisión lleve a cabo su selección de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 9.

Si es preciso, la Comisión facilitará asistencia a los candidatos a fin de facilitar el procedimiento de solicitud, por ejemplo mediante un servicio de ayuda en línea.».

6)

El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9

Selección de acciones para la concesión de la ayuda financiera

Las acciones presentadas serán evaluadas por la Comisión. A la hora de seleccionar las acciones que recibirán ayuda financiera con arreglo al programa, la Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:

La Comisión, después de informar al Comité que se refiere el artículo 10, adoptará la decisión de conceder la ayuda financiera.

La Comisión comunicará su decisión a los beneficiarios.».

7)

El artículo 14 se modifica como sigue:

8)

El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 15

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CE) no 1382/2003 con efectos a partir del 14 de diciembre de 2006.

Los contratos relacionados con las acciones emprendidas en el marco del Reglamento (CE) no 1382/2003 se seguirán rigiendo por dicho Reglamento hasta su conclusión operativa y financiera.».

9)

El anexo I del Reglamento (CE) no 1692/2006 se sustituye por el texto recogido en el anexo del presente Reglamento.

10)

Se suprime el anexo II del Reglamento (CE) no 1692/2006.

9.10.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 266/11

(1)

Con vistas al buen funcionamiento del mercado interior y a fin de facilitar los intercambios transfronterizos en la Comunidad, resulta indispensable que las comisiones aplicadas a los pagos transfronterizos en euros sean las mismas que las de los correspondientes pagos en euros efectuados en el interior de un Estado miembro. Este principio de igualdad de comisiones está establecido en el Reglamento (CE) no 2560/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, sobre los pagos transfronterizos en euros (4), y se aplica a los pagos transfronterizos en euros y en coronas suecas por un importe de hasta 50 000 EUR, o su equivalente.

(2)

El informe de la Comisión de 11 de febrero de 2008 sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 2560/2001 relativo a los pagos transfronterizos en euros, confirmó que la aplicación de dicho Reglamento ha logrado reducir las comisiones sobre las operaciones transfronterizas de pagos en euros hasta el nivel de las comisiones aplicadas a escala nacional, y que el Reglamento ha movido al sector europeo de servicios de pago a realizar el esfuerzo necesario para implantar una infraestructura de pagos de ámbito comunitario.

(3)

El informe de la Comisión examinó los problemas de índole práctica generados en relación con la aplicación del Reglamento (CE) no 2560/2001. Como conclusión, se propuso introducir en dicho Reglamento una serie de modificaciones destinadas a resolver los problemas detectados en el proceso de examen. Se trata del problema que supone la perturbación del mercado interior de pagos por las divergencias existentes en lo que atañe a las obligaciones de información estadística, los problemas que plantea el control de la observancia del Reglamento (CE) no 2560/2001 ante la indeterminación de quiénes son las autoridades nacionales competentes, la inexistencia de organismos extrajudiciales para la resolución de los litigios derivados de dicho Reglamento y el hecho de que este no se aplique a los adeudos domiciliados.

(4)

La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior (5), proporciona un fundamento jurídico moderno para la creación de un mercado interior de pagos de ámbito comunitario. En aras de la coherencia jurídica entre ambos actos jurídicos, resulta oportuno adaptar las pertinentes disposiciones del Reglamento (CE) no 2560/2001, en particular las definiciones.

(5)

El Reglamento (CE) no 2560/2001 se aplica a las transferencias transfronterizas y a las operaciones de pago electrónico transfronterizo. De acuerdo con el objetivo de la Directiva 2007/64/CE, que consiste en hacer posibles los adeudos domiciliados transfronterizos, procede ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 2560/2001. No es oportuno aplicar, en la fase actual, el principio de igualdad de comisiones a los instrumentos de pago que se materializan principal o exclusivamente en soporte papel, como los cheques, pues, por su propia naturaleza, no permiten un tratamiento tan eficiente como los pagos electrónicos.

(6)

El principio de igualdad de comisiones debe aplicarse a los pagos que se inician o se terminan en soporte papel o en efectivo, que se tratan por medios electrónicos en el curso de la cadena de ejecución del pago, excluidos los cheques, y a todas las comisiones vinculadas, tanto directa como indirectamente, a una operación de pago, incluidas las comisiones vinculadas a un contrato y excluidas las comisiones por conversión de divisas. Entre las comisiones indirectas se incluyen las comisiones cobradas por la creación de una orden permanente de pago o las comisiones cobradas por la utilización de una tarjeta de pago, ya sea de débito o de crédito, que deben ser idénticas para las operaciones de pago nacionales y transfronterizas dentro de la Comunidad.

(7)

A fin de evitar la fragmentación de los mercados de pagos, resulta oportuno aplicar el principio de igualdad de comisiones. Para ello, cada categoría de operaciones de pago transfronterizo ha de hacerse corresponder con un pago nacional de iguales o muy similares características. Para determinar la equivalencia entre el pago nacional y un pago transfronterizo deben poder utilizarse, entre otros, los siguientes criterios: el canal utilizado para iniciar, ejecutar y terminar el pago, el grado de automatización, toda garantía de pago, categoría de cliente y relación con el proveedor de servicios de pago o el instrumento de pago utilizado, tal y como se define en el artículo 4, punto 23, de la Directiva 2007/64/CE. Estos criterios no deben considerarse exhaustivos.

(8)

Las autoridades competentes deben emitir unas directrices para determinar los pagos equivalentes cuando lo consideren necesario. La Comisión, asistida cuando proceda por el Comité de pagos, debe facilitar una orientación y una asistencia adecuadas a las autoridades competentes.

(9)

Es importante facilitar a los proveedores de servicios de pago la ejecución de los pagos transfronterizos. A este respecto, deben impulsarse avances en materia de normalización, en especial el uso del número internacional de cuenta bancaria (IBAN) y del código de identificación del banco (BIC). Por tanto, es preciso que los proveedores de servicios de pago proporcionen a los usuarios de servicios de pago el IBAN y el BIC para la cuenta de que se trate.

(10)

Las divergencias en lo que atañe a las obligaciones de información estadística a efectos de la balanza de pagos, que se aplican exclusivamente a la operaciones de pago transfronterizo, constituyen un obstáculo al desarrollo de un mercado de pagos integrado, en particular en el contexto de la zona única de pagos en euros (SEPA). En un contexto SEPA, es recomendable reevaluar, antes del 31 de octubre de 2011, la conveniencia de suprimir estas obligaciones de información basadas en las operaciones de pago bancarias. A fin de garantizar que las estadísticas de la balanza de pagos sigan produciéndose ininterrumpida, oportuna y eficientemente, procede también garantizar que puedan seguir recopilándose aquellos datos sobre los pagos que sean de inmediata disposición, como el IBAN, el BIC y el importe de la operación, o datos básicos agregados sobre los pagos en relación con los diferentes instrumentos de pago, a condición de que el proceso de recopilación no perturbe el tratamiento automatizado de los pagos y pueda efectuarse de forma totalmente automática. El presente Reglamento no afecta a las obligaciones de información con otros fines políticos, como la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o con fines fiscales.

(11)

En la actualidad se utilizan distintos modelos económicos en relación con los sistemas nacionales de adeudos domiciliados existentes. A fin de facilitar el lanzamiento del sistema de adeudos domiciliados de la SEPA, es necesario crear un modelo económico común y aumentar la claridad de las tasas multilaterales de intercambio en el plano jurídico. En lo que a los adeudos domiciliados transfronterizos se refiere, esto podría lograrse, con carácter excepcional, estableciendo un importe máximo para la tasa multilateral de intercambio por cada operación durante un período transitorio. No obstante, las partes en un acuerdo multilateral deben poder determinar libremente una tasa multilateral de intercambio inferior o igual a cero. En lo que a los adeudos domiciliados nacionales en el marco de la SEPA se refiere, debe utilizarse la misma tasa nacional de intercambio u otro acuerdo de retribución interbancario a nivel nacional entre los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario que existía antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. En caso de reducción o derogación durante el período transitorio de tal tasa multilateral de intercambio nacional o de otro acuerdo de retribución interbancario como resultado, por ejemplo, de la aplicación del Derecho de la competencia, los acuerdos revisados deben aplicarse a los adeudos domiciliados nacionales en el marco de la SEPA durante dicho período transitorio. No obstante, cuando la operación de adeudos domiciliados sea objeto de un acuerdo bilateral, los términos de dicho acuerdo bilateral deben primar sobre cualquier tipo de tasa multilateral de intercambio u otro acuerdo de retribución interbancario. El sector puede recurrir a la seguridad jurídica facilitada durante el período transitorio para desarrollar y acordar un modelo económico común a largo plazo para el funcionamiento del sistema de adeudos domiciliados de la SEPA. Al finalizar el período transitorio debe existir una solución a largo plazo en relación con el modelo económico relativo a los adeudos domiciliados en el marco de la SEPA de conformidad con el Derecho comunitario de la competencia y el marco normativo comunitario. En el marco de un diálogo sostenible con el sector bancario y sobre la base de las contribuciones realizadas por los agentes del mercado pertinentes, la Comisión tiene intención de facilitar, con carácter de urgencia, unas orientaciones con respecto a criterios objetivos y cuantificables para establecer la compatibilidad de dicha retribución multilateral interbancaria, que podría incluir tasas multilaterales de intercambio, con el Derecho comunitario de la competencia y el marco normativo comunitario.

(12)

Para poder ejecutar una operación de adeudos domiciliados, la cuenta del beneficiario debe ser accesible. Por lo tanto, a fin de fomentar la adopción con éxito de los adeudos domiciliados de la SEPA es importante que todas las cuentas de los beneficiarios sean accesibles cuando este sea ya el caso en relación con los adeudos domiciliarios nacionales existentes denominados en euros, ya que, en caso contrario, el beneficiario y el ordenante no estarán en condiciones de beneficiarse de las ventajas del cobro de los adeudos domiciliarios transfronterizos. En caso de que la cuenta del ordenante no sea accesible en el marco del sistema de adeudos domiciliados de la SEPA, el ordenante (deudor) y el beneficiario (acreedor) no estarán en condiciones de beneficiarse de las nuevas oportunidades de pago de los adeudos domiciliados. Este punto reviste una importancia particular cuando el beneficiario inicia el cobro de los adeudos domiciliados por lotes, por ejemplo con periodicidad mensual o trimestral en el caso de las facturas de la electricidad y de otros servicios, y no como un cobro independiente por cliente. Si los acreedores no pueden acceder a todos sus deudores en una sola operación será necesaria una intervención manual adicional, que es probable que incremente los costes. Por consiguiente, si la accesibilidad del proveedor de servicios de pago del beneficiario no es obligatoria, no se potenciará totalmente la eficacia de la recaudación de adeudos domiciliados y la competencia a nivel europeo seguirá siendo limitada. Sin embargo, teniendo en cuenta las características específicas de los adeudos domiciliados entre empresas, esto se aplicará exclusivamente al sistema central de adeudos domiciliados de la SEPA y no al sistema interempresarial de adeudos domiciliados de la SEPA. La obligación en materia de accesibilidad incluye el derecho de un proveedor de servicios de pago a no ejecutar una operación de adeudo domiciliado de conformidad con el sistema de adeudos domiciliados en relación, por ejemplo, al rechazo, la negativa o la devolución de operaciones. Además, la obligación en materia de accesibilidad no debe aplicarse a los proveedores de servicios de pago que han sido autorizados a facilitar y ejecutar operaciones de adeudos domiciliados pero que no se dedican a estas actividades de forma comercial.

(13)

Asimismo, dados los requisitos técnicos necesarios que implica la accesibilidad, es importante que el proveedor de servicios de pago del ordenante disponga de tiempo suficiente para prepararse para cumplir con la obligación en materia de accesibilidad. Por lo tanto, los proveedores de servicios de pago deben beneficiarse de un período transitorio de un máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento para cumplir con dicha obligación. Toda vez que los proveedores de servicios de pago de los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro deben realizar más trabajos preparativos, estos proveedores de servicios de pago deben tener la posibilidad de retrasar la aplicación de la obligación en materia de accesibilidad por un período máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. No obstante, a los proveedores de servicios de pago situados en un Estado miembro que introduzca el euro como su moneda en un plazo de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, se les debe exigir que cumplan con la obligación en materia de accesibilidad en el plazo de un año a partir de la fecha de ingreso del Estado miembro de que se trata en la zona del euro.

(14)

Las autoridades competentes deben estar facultadas para cumplir de manera eficiente sus obligaciones de supervisión y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los proveedores de servicios de pago cumplan el presente Reglamento.

(15)

A fin de garantizar la reparación en caso de aplicación incorrecta del presente Reglamento, los Estados miembros deben establecer procedimientos adecuados y eficaces de reclamación y recurso para la resolución de posibles litigios entre el usuario de los servicios de pago y el proveedor de dichos servicios. Es importante asimismo designar autoridades competentes y organismos de resolución extrajudicial de reclamaciones y recursos mediante la designación de organismos existentes, si procede, o mediante el establecimiento de organismos nuevos.

(16)

Es esencial garantizar que las autoridades competentes y los organismos de resolución extrajudicial de reclamaciones y recursos de la Comunidad cooperen de forma activa de cara a una eficaz y rápida resolución de los litigios transfronterizos en el ámbito regulado por el presente Reglamento. Esta cooperación debe poder realizarse en forma de intercambios de información sobre la normativa o la práctica jurídica en sus jurisdicciones o, si procede, de transferencia o asunción de procedimientos de reclamación y de recurso.

(17)

Es necesario que los Estados miembros prevean en su normativa nacional sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, aplicables en caso de incumplimiento del presente Reglamento.

(18)

Extender la aplicación del presente Reglamento a otras monedas distintas del euro aportaría ventajas claras, especialmente por lo que atañe al número de pagos cubierto. Así pues, a fin de que los Estados miembros que no tengan el euro como moneda puedan incluir en la aplicación del presente Reglamento los pagos transfronterizos denominados en su moneda nacional, ha de establecerse un procedimiento de notificación. Sin embargo, ha de garantizarse que los Estados miembros que ya hayan cumplido con ese procedimiento de notificación no deban presentar una nueva notificación.

(19)

Resulta oportuno que la Comisión presente un informe sobre la conveniencia de suprimir la obligación nacional de informar sobre los pagos. Resulta asimismo oportuno que la Comisión presente un informe sobre la aplicación del presente Reglamento en el que valore, en particular, el uso del IBAN y del BIC para facilitar los pagos dentro de la Comunidad, así como la evolución del mercado en relación con la aplicación de las disposiciones sobre operaciones de adeudos domiciliados. En el contexto del desarrollo de la SEPA, también resulta deseable que dicho informe evalúe la adecuación del umbral de 50 000 EUR, que se aplica actualmente al principio de igualdad de comisiones.

(20)

En aras de la seguridad y la claridad jurídica, debe derogarse el Reglamento (CE) no 2560/2001.

(21)

Al objeto de garantizar la coherencia jurídica entre el presente Reglamento y la Directiva 2007/64/CE, en particular por cuanto se refiere a la transparencia de las condiciones y los requisitos de información aplicables a los servicios de pago, así como en lo que respecta a los derechos y obligaciones relacionados con la prestación y uso de los servicios de pago, resulta oportuno que el presente Reglamento se aplique a partir del 1 de noviembre de 2009. Es conveniente que los Estados miembros dispongan de plazo hasta el 1 de junio de 2010 para la adopción de medidas que introduzcan sanciones aplicables a los incumplimientos del presente Reglamento.

(22)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, debido a sus dimensiones o a las repercusiones de la acción, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

1)

«pago transfronterizo», la operación de pago tratada por medios electrónicos, iniciada por un ordenante o por un beneficiario, o por mediación de este último, en la que tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el del beneficiario estén situados en diferentes Estados miembros;

2)

«pago nacional», la operación de pago tratada por medios electrónicos, iniciada por un ordenante o un beneficiario, o por mediación de este último, en la que tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el del beneficiario estén situados en el mismo Estado miembro;

3)

«ordenante», la persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autorice una orden de pago a partir de dicha cuenta o, en caso de que no exista una cuenta de pago, toda persona física o jurídica que dé una orden de pago;

4)

«beneficiario», la persona física o jurídica que sea el destinatario previsto de los fondos que hayan sido objeto de una operación de pago;

5)

«proveedor de servicios de pago», cualquiera de las categorías de personas jurídicas contempladas en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2007/64/CE, y las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 26 de esa Directiva, con exclusión de las entidades enumeradas en el artículo 2 de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (6) que se benefician de una exención concedida por un Estado miembro en virtud del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2007/64/CE;

6)

«usuario de servicios de pago», la persona física o jurídica que haga uso de un servicio de pago, ya sea como ordenante, como beneficiario, o ambos;

7)

«operación de pago», la acción, iniciada por un ordenante o por un beneficiario, o por mediación de este último, consistente en depositar, transferir o retirar fondos, con independencia de cualesquiera obligaciones subyacentes entre ambos;

8)

«orden de pago», la instrucción cursada por un ordenante o un beneficiario a su proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago;

9)

«comisión», la comisión cobrada por un proveedor de servicios de pago al usuario de dichos servicios, y directa o indirectamente relacionada con una operación de pago;

10)

«fondos», los billetes y monedas, el dinero escritural y el dinero electrónico con arreglo al artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades (7);

11)

«consumidor», la persona física que actúe con fines distintos de su actividad comercial, empresarial o profesional;

12)

«microempresa», la empresa que, en la fecha de celebración del contrato de servicios de pago, responda a la definición de empresa del artículo 1 y del artículo 2, apartados 1 y 3, del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (8);

13)

«tasa de intercambio», la tasa pagada entre los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario por cada operación de adeudo domiciliado;

14)

«adeudo domiciliado», el servicio de pago destinado a efectuar un cargo en la cuenta de pago del ordenante, cuando la operación de pago sea iniciada por el beneficiario sobre la base del consentimiento dado por el ordenante al beneficiario, al proveedor de servicios de pago del beneficiario o al proveedor de servicios de pago del ordenante;

15)

«sistema de adeudos domiciliados», un conjunto común de reglas, prácticas y normas acordadas entre los proveedores de servicios de pago para ejecutar operaciones de adeudos domiciliados.

a)

en las operaciones iniciadas por el ordenante, este, previa solicitud, comunicará al proveedor de servicios de pago el IBAN del beneficiario y el BIC del proveedor de servicios de pago del beneficiario;

b)

en las operaciones iniciadas por el beneficiario, este, previa solicitud, comunicará al proveedor de servicios de pago el IBAN del ordenante y el BIC del proveedor de servicios de pago del ordenante.

a)

el uso del IBAN y del BIC en el marco de la automatización de los pagos;

b)

la adecuación del límite máximo establecido en el artículo 3, apartado 1, y

c)

la evolución del mercado en relación con la aplicación de los artículos 6, 7 y 8.