—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2007 (1),

—

Vistas las cuentas anuales definitivas de las Comunidades Europeas relativas al ejercicio 2007-Volumen I [SEC(2008) 2359 – C6-0416/2008] (2),

—

Visto el Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera para el ejercicio 2007, sección I-Parlamento Europeo (3),

—

Visto el Informe anual del auditor interno para 2007,

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de las instituciones (4),

—

Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (5),

—

Vistos el artículo 272, apartado 10, y el artículo 275 del Tratado CE, así como el artículo 179 bis del Tratado Euratom,

—

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6), y, en particular, sus artículos 145, 146 y 147,

—

Visto el artículo 13 de las normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo (7),

—

Visto el artículo 147, apartado 1, del Reglamento financiero, conforme al cual todas y cada una de las instituciones han de hacer todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento Europeo sobre aprobación de la gestión presupuestaria,

—

Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2007 y sobre el anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento Europeo (sección I) para el procedimiento presupuestario 2007 (8),

—

Vistos el artículo 71, el artículo 74, apartado 3, y el anexo V de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0184/2009),

A.

Considerando que el Tribunal de Cuentas afirma que, en lo que respecta al gasto administrativo en 2007, todas las instituciones aplicaron de forma satisfactoria los sistemas de control y supervisión que exige el Reglamento financiero y las operaciones examinadas no contenían errores materiales (9);

B.

Considerando que el Secretario General declaró el 3 de junio de 2008 que consideraba razonablemente garantizado que el presupuesto del Parlamento se había ejecutado conforme a los principios de de buena gestión financiera y que el marco de control creado proporciona las garantías requeridas en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes,

1.

Recuerda que esta aprobación de la gestión será la última de la legislatura parlamentaria 2004-2009, durante la cual se han producido numerosos cambios en la gestión presupuestaria de la UE en general, y en la gestión del Parlamento en particular;

2.

Recuerda que durante esta legislatura se aplicó plenamente el nuevo Reglamento financiero, que se volvió a revisar en 2008, lo que ocasionó importantes cambios en la gestión financiera, en particular, intensificando las normas de contratación pública y mejorando la estructura de la cadena de control de los procedimientos financieros, un aumento de la responsabilidad de los ordenadores y la descentralización del control financiero; toma nota de que estos cambios han supuesto un aumento del trabajo administrativo y han requerido personal cualificado adicional, y de que las Direcciones Generales del Parlamento han reconocido que estos cambios han sido eficaces para mejorar la buena gestión financiera;

3.

Observa, no obstante, que el Reglamento financiero necesitará una revisión más minuciosa, puesto que algunos de los procedimientos han resultado ser demasiado difíciles de aplicar para los servicios del Parlamento; lamenta que esto haya conducido a un aumento de las excepciones (que se enumeran en los anexos a los informes anuales de actividades);

4.

Recuerda que el nuevo Reglamento financiero, que requería un aumento considerable de personal cualificado, entró en vigor al mismo tiempo que el Estatuto de los funcionarios y las normas aplicables a otros agentes (10), lo que supuso una serie de problemas para la administración del Parlamento;

5.

Recuerda que en 2004 se adhirieron a la Unión Europea 10 nuevos Estados miembros y, en 2007, Bulgaria y Rumanía, lo que supuso la razón principal del aumento del personal de 4 662 el 1 de enero de 2004 (en todas las categorías) a 6 101 el 31 de diciembre de 2008; celebra por consiguiente los esfuerzos de la administración del Parlamento por gestionar con la mayor rapidez este enorme aumento de personal; observa asimismo que todos los puestos adicionales están vinculados a la ampliación, y que el aumento neto de personal no relacionado con la ampliación asciende a tan solo un 1,2 %;

6.

Toma nota de que, en 2007, se constató que el 99,9 % de los pagos de las dietas de asistencia parlamentaria se justificaron de manera regular, y de que el aumento de esta tendencia se atribuye a la mejora de los procedimientos adoptados por la Mesa en lo que respecta a los documentos justificativos, así como a los considerables esfuerzos realizados por la administración y a una mayor concienciación por parte de los diputados;

7.

Subraya el hecho de que, por primera vez desde la creación del Parlamento, los Estados miembros lograron ponerse de acuerdo en un Estatuto europeo de sus diputados; este Estatuto permitirá asegurar la igualdad para todos los diputados en materia de remuneración y de seguridad y pondrá fin a las considerables diferencias en sus salarios nacionales, e introducirá igualmente un sistema transparente para todo tipo de asignaciones y retribuciones;

8.

Recuerda que la adopción de un Estatuto de los asistentes era una de las prioridades subrayadas en la Resolución sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2007; celebra a este respecto la adopción por parte del Consejo el 19 de diciembre de 2008 de la propuesta de la Comisión [COM(2008) 786], en la versión modificada por el Parlamento (11); su entrada en vigor en julio de 2009 permitirá un aumento importante de la transparencia del uso de esos fondos y garantizará el pleno respeto de los derechos sociales y laborales de los asistentes;

9.

Constata que en 2007 los ingresos percibidos por el Parlamento ascienden a 144 449 007 EUR (126 126 604 EUR en 2006);

10.

Toma nota de las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2007:

11.

Toma nota de que los créditos autorizados en el presupuesto inicial del Parlamento para 2007 ascendieron a 1 397 460 174 EUR, lo que supone un incremento del 6 % respecto al presupuesto de 2006 (1 321 600 000 EUR), y de que en 2007 no se elaboró ningún presupuesto rectificativo;

12.

Señala que, en lugar de devolver a los Estados miembros los fondos no utilizados, el Parlamento decidió, al igual que en ejercicios anteriores, realizar una transferencia de remanentes de final de año de diversas líneas presupuestarias por un importe de 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR) destinados a la adquisición de un edificio en Viena para la creación de una Casa de la Unión Europea conjuntamente con la Comisión; señala, no obstante, que en su Resolución de 24 de abril de 2007 sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2005 (13), el Parlamento solicitó que, en beneficio de la claridad presupuestaria, los gastos inmobiliarios quedaran consignados en el presupuesto en vez de financiarse mediante una transferencia de remanentes;

13.

Celebra que el Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera, como se solicitó en anteriores resoluciones sobre la aprobación de la gestión, se haya convertido en una guía clara y transparente para la gestión financiera del Parlamento durante el ejercicio a que hace referencia;

14.

Constata que, en su certificación de las cuentas definitivas, el contable del Parlamento ha ofrecido garantías razonables de que las cuentas reflejan fielmente la situación financiera del Parlamento en todos sus aspectos significativos; observa, además, que no se le ha puesto en conocimiento de ninguna cuestión que requiera sus reservas;

15.

Recuerda la decisión de su Presidente relativa a la adopción de las cuentas para el ejercicio 2007;

16.

Observa que el resultado económico del ejercicio 2007 ha sido un resultado negativo de 209 985 279 EUR, que se explica principalmente por un aumento de los pasivos de 256 095 000 EUR, correspondientes a una provisión para las pensiones de base para determinadas categorías de diputados financiada directamente por el Parlamento Europeo en virtud del anexo III de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados;

17.

Pide al Secretario General que facilite una estimación del importe que será necesario para las pensiones de los diputados después de la entrada en vigor del Estatuto de los diputados, y cómo será tratada esta estimación con fines contables en el balance del Parlamento;

18.

Toma nota de que los anexos del balance valoran los inmuebles propiedad del Parlamento después de la depreciación en 1 015 159 978 EUR frente a un coste total de adquisición de 1 650 945 693 EUR; pide al Secretario General que presente una comparación global del actual valor de mercado de cada uno de los edificios que son propiedad del Parlamento con su precio de adquisición;

19.

Celebra la declaración del Secretario General de 3 de junio de 2008, en su calidad de ordenador principal por delegación, relativa al informe anual de actividades de los ordenadores para 2007, que afirmaba considerar razonablemente garantizado que el presupuesto del Parlamento se había ejecutado conforme a los principios de buena gestión financiera y que el marco de control creado proporciona las garantías requeridas en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes;

20.

Toma nota, no obstante, de su observación incluida en la declaración de fiabilidad de que el marco reglamentario que rige las dietas parlamentarias, incluidos los gastos de asistencia a los diputados, se ha vuelto tan complejo que presenta graves insuficiencias en su aplicación práctica, y de que por ese motivo ha adoptado la iniciativa de establecer un nuevo sistema que entrará en vigor en julio de 2009;

21.

Observa con satisfacción que todos los Directores Generales han podido emitir una declaración de fiabilidad sin reservas con respecto a la ejecución del presupuesto por sus respectivos servicios en 2007;

22.

Es consciente de que los informes de actividad son un instrumento de gestión interna cuyo objetivo principal es ofrecer al Secretario General un panorama claro del funcionamiento de la administración y, en particular, de las insuficiencias que pueda presentar;

23.

Señala que el informe de actividad de cada uno de los Directores Generales incluye en anexo una lista de excepciones, en la que se enumeran las derogaciones del Reglamento financiero y las normas que se derivan del mismo; manifiesta su preocupación por el hecho de que el número total de estas excepciones excede considerablemente la media anual de visados rechazados antes de 2003, en virtud del Reglamento financiero anterior a la reforma, cuando todas las operaciones estaban sujetas a la aprobación del interventor;

24.

Toma nota de las afirmaciones del Tribunal de Cuentas de que, en lo que respecta al gasto administrativo en 2007, todas las instituciones aplicaron de forma satisfactoria los sistemas de control y supervisión que exige el Reglamento financiero y de que las operaciones examinadas no contenían errores materiales;

25.

Toma nota de las constataciones relativas al Parlamento incluidas en el informe anual del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2007, así como de las respuestas del Parlamento relativas al factor multiplicador aplicable a los salarios del personal a raíz de la revisión del Estatuto de los funcionarios de 1 de mayo de 2004 y a los pagos efectuados en 2007 con dotaciones prorrogadas de 2006 para la adquisición de cámaras de televisión de alta definición para su instalación en el edificio D5 en 2008;

26.

Toma nota además de la sección del informe anual sobre el seguimiento dado a las observaciones formuladas en anteriores informes con respecto al reembolso a tanto alzado de los costes de alojamiento incurridos por funcionarios durante las misiones, de los documentos justificativos relativos al uso de las dietas de asistencia parlamentaria y, en relación con el régimen voluntario de pensión complementaria, de la necesidad de establecer normas claras que definan las responsabilidades y obligaciones del Parlamento Europeo y de los suscriptores en caso de déficit;

27.

Toma nota de las respuestas del Parlamento en el procedimiento contradictorio con el Tribunal de Cuentas;

28.

Acoge con satisfacción las decisiones de la Mesa, de 10 de marzo de 2008, 19 de mayo de 2008 y 7 de julio de 2008, relativas a las medidas de aplicación del Estatuto de los diputados y de las dietas de asistencia parlamentaria, que suponen un seguimiento directo de las recomendaciones de la aprobación de la gestión 2006; acoge asimismo con satisfacción el compromiso de su Presidente de aplicar estas decisiones;

29.

Recuerda que en virtud del artículo 147, apartado 1, del Reglamento financiero, la Comisión y todas las demás instituciones están obligadas a hacer todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión presupuestaria;

30.

Felicita por consiguiente al Secretario General por haber presentado los informes requeridos por la administración en la última resolución sobre la aprobación de la gestión con tiempo suficiente para el comienzo del procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 2007;

31.

Toma nota de la conclusión del Servicio Jurídico, de 29 de abril de 2008 (SJ 775/06), respecto de los apartados de la Resolución del Parlamento, de 22 de abril de 2008, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2006 relativos al fondo voluntario de pensiones, en la que dice: «La Mesa dispone de sus propias competencias y responsabilidades definidas en el Reglamento del Parlamento. Por consiguiente, es competencia de la Mesa decidir si se aparta de la voluntad expresada por el Pleno en su Resolución de 22 de abril de 2008 o si la sigue»; considera, no obstante, que esta conclusión basada en el Reglamento del Parlamento no es del todo compatible con lo que establece claramente el artículo 147, apartado 1, del Reglamento financiero, que se basa en el artículo 276 del Tratado CE;

32.

Toma nota de que en la reunión de la comisión competente con el auditor interno celebrada el 20 de enero de 2009, que fue una reunión abierta transmitida vía Internet y en la que el auditor interno presentó su informe anual, este explicó que en 2007 había adoptado o elaborado en forma de proyecto 18 informes sobre diversas cuestiones, por ejemplo:

33.

Señala que, entre las conclusiones más significativas del informe anual del auditor interno, figuran:

34.

Toma nota y apoya las posiciones expresadas por el auditor interno relativas a

35.

Recuerda que el Parlamento publica en su sitio web vía quick links  (14) (enlaces rápidos) información general sobre los contratos que se adjudican y que, de conformidad con el Reglamento financiero, publica: i) información específica sobre contratos por un importe superior a los 60 000 EUR en el Diario Oficial, y ii) una lista de los contratos por un valor entre 25 000 y 60 000 EUR en su sitio web; celebra el elevado nivel de transparencia logrado de este modo, pero recomienda que, en aras de una accesibilidad más fácil, el sitio web del Parlamento debería incluir una única lista completa y exhaustiva de todos los contratos;

36.

Toma nota de que el informe anual de la administración a la Autoridad Presupuestaria sobre los contratos contiene la información siguiente sobre los contratos adjudicados durante 2007:

37.

Celebra la información según la cual la proporción de contratos celebrados mediante el procedimiento abierto entre 2006 y 2007 aumentó, tanto en términos de importe total como de porcentaje del número total de contratos, del modo siguiente:

38.

Toma nota de que la administración ha creado la base de datos de exclusión que establece el artículo 95 del Reglamento financiero, y de que en la actualidad está a la espera de instrucciones de la Comisión sobre la manera de coordinarla con las disposiciones establecidas por la Comisión de acuerdo con el Reglamento (15) y la Decisión adoptada por esta última el 17 de diciembre de 2008;

39.

Observa que, pese a las modificaciones introducidas en el Reglamento financiero, sus normas en materia de contratación pública siguen siendo excesivamente complicadas para las instituciones más pequeñas, en particular, en lo relativo a las licitaciones para contratos por importes relativamente pequeños; pide a la Comisión que, cuando realice los trabajos preliminares a la elaboración de futuras propuestas de modificación del Reglamento financiero, consulte ampliamente a los Secretarios Generales y a las administraciones de las demás instituciones para garantizar que sus preocupaciones se tengan plenamente en cuenta en el proyecto definitivo;

40.

Acoge con satisfacción el compromiso de la DG de Presidencia de mejorar continuamente la gestión financiera, a través del examen exhaustivo de los diferentes aspectos de la ejecución presupuestaria y de los procedimientos asociados; constata en particular los esfuerzos realizados por cultivar la concienciación del personal con respecto a las operaciones presupuestarias;

41.

Recuerda su petición, formulada por primera vez en el marco de la aprobación de la gestión del ejercicio 2004, de que se cree un puesto de gestor del riesgo que debería disponer de una amplia experiencia profesional en este ámbito, de independencia y autonomía para adoptar decisiones, de un conocimiento profundo de la estructura y la gobernanza de la organización, y de autoridad, en la medida en que las opiniones de esta persona podrían poner en tela de juicio decisiones políticas o administrativas;

42.

Considera esencial situar a este gestor del riesgo en una estructura administrativa que pueda garantizar el pleno cumplimiento de estos criterios;

43.

Subraya que la seguridad es un ámbito muy sensible en cualquier parlamento, pero con más razón en un parlamento multinacional con gran visibilidad y constantes visitas de Jefes de Estado o de Gobierno de todos los rincones del mundo; pide al Secretario General que presente a la comisión competente el estado de la situación en este sector; recuerda a este respecto la importancia de unos procedimientos de comunicación claros en caso de que se produzcan fallos importantes en la seguridad del Parlamento;

44.

Recuerda la decisión de la Mesa de 29 de noviembre de 2006 por la que aprueba la estrategia de continuidad de las actividades de gestión de crisis como propuso el Secretario General; subraya la necesidad absoluta de poner finalmente en práctica normas claras que definan la cadena de mando y la estructura de gestión de crisis en la administración del Parlamento, y espera que la DG de Presidencia haga todo lo posible al respecto;

45.

Manifiesta su preocupación por el creciente número de delitos menores en los locales del Parlamento, en relación sobre todo con robos de efectos personales como carteras, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, etc.; apoya todos los esfuerzos realizados por la administración para lograr una mayor seguridad en los locales del Parlamento;

46.

Toma nota de la compra en 2005 por el Parlamento de 6 escáneres corporales a raíz de un análisis de riesgos por recomendación de un consultor externo; toma nota, igualmente, de que tras la compra de estos escáneres corporales, el Parlamento votó en contra del uso de estos escáneres en los aeropuertos; pide, por consiguiente, al Secretario general que examine la posibilidad de vender dichos escáneres; pide a su Administración que, en el futuro, informe a los diputados de compras similares y les haga partícipes en el proceso de toma de decisiones;

47.

Constata que en 2007 los departamentos temáticos de las DG IPOL y EXPO fueron plenamente operativos, con un presupuesto general de 6 519 600 EUR; toma nota con satisfacción de que su principal tarea de prestar asistencia al trabajo de los órganos parlamentarios se ha ido cumpliendo cada vez mejor; celebra el enfoque adoptado por los departamentos temáticos, según el cual, el recurso al asesoramiento externo está motivado principalmente por un afán de calidad, y pide a estos departamentos que examinen minuciosamente qué modelo de contrato puede ofrecer la mejor calidad de asesoramiento a la comisión que lo solicite;

48.

Toma nota de la demanda creciente a la DG de Comunicación en el ámbito de los proyectos audiovisuales así como de la puesta en marcha del Centro de Visitantes que está entrando en su fase final; toma nota a este respecto de los procedimientos largos y pesados relacionados con los preparativos del nuevo Centro de Visitantes, que han necesitado 13 procedimientos de licitación y 20 contratos distintos;

49.

Pide al Secretario General que cubra cuanto antes los nuevos puestos previstos para 2009 para el equipo responsable del proyecto del Centro de Visitantes, con el fin de asegurar que el Centro de Visitantes pueda abrir sus puertas al público a comienzos de 2010;

50.

Celebra el trabajo realizado por la DG de Comunicación con vistas al lanzamiento del proyecto WEB-TV, que después de varias dificultades en la fase inicial de licitación, en la actualidad está realizando una versión de prueba; constata el hecho de que la fase de prueba se ha desarrollado durante el período comprendido entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, y de que en marzo de 2009 se llevó a cabo una campaña de sensibilización para informar y atraer a los ciudadanos; toma nota de las dificultades relacionadas con el hecho de que se trata de la primera web-TV del mundo que se emite en más de 20 lenguas;

51.

Acoge con satisfacción la transparencia que la web TV añade al trabajo del Parlamento, puesto que las reuniones de las comisiones, las audiencias y otras actividades se emitirán por Internet y los ciudadanos interesados podrán seguir en directo temas de gran interés;

52.

Toma nota de la adopción unánime por la Mesa, el 22 de octubre de 2007, de la «Estrategia y el plan de acción para las elecciones europeas de 2009», que entró en su primera fase de ejecución en 2008 y alcanzará su punto culminante justo antes de las elecciones europeas;

52.

Acoge con satisfacción la participación cada vez mayor del Parlamento en la vida social y cultural europea, como lo evidencian eventos como el Premio Lux, el premio de periodismo del Parlamento Europeo, el Premio del Ciudadano Europeo, el Premio Juvenil Europeo Carlomagno, los «Energy Globe Awards», AGORA y el «Youth MEDIA Days», todos ellos lanzados en 2007 y que se añaden a los eventos tradicionales;

54.

Observa la satisfacción de los usuarios de la nueva infraestructura audiovisual del edificio JAN de Bruselas, creada entre 2006 y 2008 para facilitar un equipamiento moderno a los medios y a los servicios internos;

55.

Acoge con satisfacción las mejoras en la gestión de las oficinas de información, en las que en particular la gestión financiera parece haber mejorado de conformidad con la información facilitada por el auditor interno durante la audiencia de la comisión competente celebrada el 20 de enero de 2009; subraya la importancia de la nueva declaración de objetivos de las oficinas de información del Parlamento, que mejorarán su visibilidad y su accesibilidad para los ciudadanos;

56.

Lamenta que las decisiones sobre los puestos clave de la DG de Comunicación hayan llevado tanto tiempo, dejando puestos de dirección sin cubrir, lo que ha significado una carga de trabajo adicional para los directores existentes;

57.

Celebra la introducción por parte de la DG de Personal de «Streamline», que permite un aumento considerable de la eficacia y es fácil de utilizar por todos los miembros del personal;

58.

Celebra el ejercicio de evaluación llevado a cabo por la DG de Personal; pide a la DG de Personal que continúe esa evaluación y que adopte un enfoque similar al ejercicio de evaluación de la Comisión que mejora considerablemente la asignación de personal y su eficacia;

59.

Toma nota de que las disposiciones transitorias que introducen el factor multiplicador (anexo XIII del Estatuto de los funcionarios) establecidas por la reforma son tan particularmente opacas e incluso contradictorias (16) que dan pie a interpretaciones divergentes entre las distintas instituciones y a numerosos procesos ante el Tribunal de Justicia; subraya la importancia de la claridad y la simplicidad en la elaboración de los textos jurídicos; insiste en que el período transitorio entre la antigua escala retributiva de antes de 2004 y la nueva escala retributiva de después de la reforma debería mantenerse el mínimo tiempo posible (el documento explicativo de la Comisión anterior a la reforma preveía el final del período transitorio en 2006), y espera con interés los resultados del análisis que realizará a este respecto el grupo de trabajo creado por el Secretario General;

60.

Recuerda que, en el mismo momento en el que se hacía necesario un aumento significativo del número de funcionarios en el ámbito financiero/presupuestario como consecuencia de la revisión del Reglamento financiero, la institución perdió potencial para atraer a personal cualificado en materia de finanzas por el hecho de que la revisión, en 2004, del Estatuto reducía considerablemente el nivel salarial y otros beneficios pagados a los nuevos funcionarios en su contratación;

61.

Observa que al menos una Dirección General subrayó en su informe de actividad la utilidad de controles ex post para detectar errores o insuficiencias para su corrección futura; señala que no todas las Direcciones Generales cuentan en la actualidad con un controlador ex post;

62.

Pide una evaluación por un órgano externo independiente del impacto general de la reforma del Estatuto de los funcionarios efectuada en 2004, analizando los costes y los beneficios de la reforma y, en particular, identificando todas las consecuencias no intencionadas que tengan un impacto negativo sobre el funcionamiento de las instituciones; pide al Secretario General que al mismo tiempo encargue la elaboración de un estudio sobre los niveles de satisfacción del personal;

63.

Toma nota de la visión de conjunto facilitada por el Secretario General sobre el número de solicitantes de puestos abiertos por encima del nivel de jefe de Unidad; manifiesta su preocupación por el hecho de que para un gran número de estos puestos el número de candidatos ha sido limitado (1 o 2); solicita que se tomen medidas adecuadas para conseguir que aumente el número de candidatos internos a dichos puestos;

64.

Lamenta que, tras la adquisición de los edificios SDM, WIC y IP3 en Estrasburgo, se haya encontrado amianto en cantidades muy superiores a las indicadas en un principio por el experto francés; constata que se ha adoptado la decisión de retirar el amianto en interés de una protección a largo plazo de los que trabajan y visitan los edificios en cuestión;

65.

Pide al Presidente y al Secretario General que se aseguren de que todos los trabajos de eliminación del amianto se realicen de conformidad con el protocolo de intervención y los informes de los expertos anexos a las respuestas al cuestionario de aprobación de la gestión y bajo la supervisión constante de los expertos, con el fin de asegurar un nivel óptimo de protección de todas las personas que transitan o trabajan en dichos edificios mientras se realizan los trabajos;

66.

Toma nota de que el coste final estimado para la ampliación del centro deportivo de Bruselas se determinará una vez concluido el procedimiento negociado en curso; pide al Secretario General que presente a la Mesa y a la Comisión de Presupuestos las estimaciones finales antes de su decisión definitiva de comenzar los trabajos; toma nota de que las actividades realizadas hasta ahora no responden a los intereses de los diputados ni de los contribuyentes europeos;

67.

Toma nota con preocupación de la declaración de la DG de Traducción en su informe de actividades de que el código de conducta sobre multilingüismo solo se respeta en un 60 % de los casos y de que el incumplimiento de este código es inaceptablemente grave en algunas comisiones; considera que toda desviación del multilingüismo supondría un grave daño para la democracia y para el normal desempeño de las funciones de los diputados, y pide al Secretario General que garantice la correcta aplicación del código;

68.

Apoya la propuesta del Secretario General de introducir medidas de sensibilización entre los usuarios de los servicios de traducción e interpretación, incluidas las comisiones, las delegaciones y los grupos políticos y sugiere que las futuras propuestas incluyan una facturación virtual de los usuarios;

69.

Constata que la Mesa ha adoptado un código de conducta sustancialmente revisado en su reunión del 17 de noviembre de 2008;

70.

Felicita a la DG de Traducción así como a la DG de Interpretación y Conferencias por sus esfuerzos por afrontar con tanta rapidez el importante aumento de 11 lenguas oficiales en 2004 a 23 lenguas en 2009;

71.

Observa que las condiciones de trabajo de los intérpretes se han deteriorado a lo largo de esta legislatura por la presión de trabajo cada vez mayor y por una aplicación excesivamente estricta de las normas relativas a las misiones; pide a la DG de Interpretación y Conferencias que examine esta cuestión con carácter de urgencia con el fin de mejorar la motivación de los intérpretes; señala que estos problemas afectan en la mayoría de los casos a las principales combinaciones de lenguas, cuyos servicios son los más demandados, lo que tiene como consecuencia un calendario de trabajo mucho más cargado;

72.

Pide al Secretario General que presente una visión de conjunto, para el año 2007 y, de ser posible, para el año 2008, de las reuniones que se anularon tan tarde que fue imposible reprogramar el trabajo de los intérpretes y otros miembros del personal de apoyo, incluyendo los costes totales que esto supuso y a quién se imputaron dichos costes;

73.

Observa el trabajo del grupo de trabajo sobre la simplificación; pide al Secretario General que presente a su comisión competente un informe sucinto sobre las conclusiones de este grupo de trabajo; espera que antes de prever cualquier modificación de las normas financieras, se pida a esta comisión que emita un dictamen formal;

74.

Insiste en que las normas de aplicación del Estatuto de los diputados deben ser claras y fáciles de cumplir;

75.

Pide al Secretario General que cree un servicio, a disposición de todos los diputados a partir de julio de 2009, que les asesore sobre la correcta aplicación del nuevo Estatuto de los diputados y de los derechos y obligaciones que tienen en virtud del mismo, así como de la gestión correcta de los contratos de los asistentes;

76.

Considera que, con el fin de cumplir mejor sus funciones parlamentarias, los diputados deberían estar autorizados a utilizar el modo de transporte mejor adaptado a sus agendas de trabajo parlamentario, el más conveniente, el más rápido y el más económico para el Parlamento;

77.

Pide al Secretario General que ponga a disposición los recursos financieros y humanos necesarios para la rápida aplicación del nuevo Estatuto de los asistentes;

78.

Pide la realización, por un órgano independiente, de un análisis global de la buena gestión financiera, la eficacia y la eficiencia de los contratos con prestadores de servicios externos en ámbitos como la TI, la seguridad, los bares, restaurantes y comedores, la agencia de viajes, la limpieza y el mantenimiento de edificios, teniendo en cuenta en particular

79.

Recomienda que el auditor interno del Parlamento tenga en cuenta los ámbitos y las cuestiones arriba mencionados a la hora de realizar el análisis de los riesgos en el que se basarán los futuros programas de trabajo;

80.

Recuerda que, según la audiencia del auditor interno ante la comisión competente el 20 de enero de 2009, se registraron problemas importantes en 2007 en lo que se refiere a la situación de la gobernanza en el ámbito de las TI en el Parlamento, que exigieron la introducción de importantes cambios en las estructuras, las tradiciones y la gestión de la política de las instituciones en materia de TI; considera que es de la máxima urgencia introducir todos los principales requisitos necesarios para una gobernanza moderna de las TI así como los instrumentos de planificación que permitan acercar más el sector TI del Parlamento a los Objetivos de control para la información y tecnologías afines (COBIT);

81.

Subraya que ese objetivo requiere un análisis minucioso de las necesidades y las estrategias del Parlamento para adaptar los requisitos políticos a los instrumentos de TI, teniendo en cuenta el entorno global cada vez más digitalizado, para el que la orientación política debe servir de fuerza orientadora para alcanzar el objetivo final, y los instrumentos de TI deberán apoyar esos objetivos; considera que este enfoque solo será posible cuando se hayan implantado las estructuras de gobernanza de la TI; pide, por consiguiente, a la Mesa que adopte las decisiones apropiadas al respecto;

82.

Acoge con satisfacción el logro del Secretario General, en respuesta a anteriores resoluciones de aprobación de la gestión y a los informes del Tribunal de Cuentas y del auditor interno, al haber obtenido los documentos justificativos necesarios para regularizar prácticamente todas las reclamaciones de reembolso (99,9 % del importe) para el período 2004-2007; toma nota de la simplificación de los procedimientos de reclamación introducida el 13 de diciembre de 2006, por la que ya no es necesario que los diputados presenten las facturas y las declaraciones de honorarios emitidos por los agentes pagadores y los proveedores de servicios, pero sí que las conserven; en lugar de ello, los diputados han de presentar copias de los «extractos de los gastos» y de los «extractos de importes facturados» emitidos por los agentes pagadores y los proveedores de servicios;

83.

Recuerda los apartados 59 y 61 de su Resolución de aprobación de la gestión con respecto al ejercicio 2006 (17); pide al Secretario General que envíe a los diputados que hayan cumplido las normas relativas al uso de las dietas de asistencia parlamentaria una carta de la administración que así lo certifique;

84.

Acoge con satisfacción el compromiso dado por el Secretario General en la audiencia de la comisión competente el 20 de enero de 2009 de poner a disposición de los diputados a partir de julio de 2009 al menos un agente oficial de pagos por Estado miembro encargado por el Parlamento de gestionar los contratos y todas las demás cuestiones relativas a los asistentes locales de los diputados, teniendo en cuenta las otras opciones previstas en las normas de desarrollo;

85.

Pide a la Mesa que garantice a los asistentes locales la igualdad de acceso a los edificios del Parlamento en los tres lugares de trabajo;

86.

Celebra que los grupos políticos hayan publicado sus normas financieras internas y sus cuentas en el sitio web del Parlamento (18); señala, no obstante, la naturaleza tan dispar de las normas financieras internas elaboradas por los diferentes grupos políticos;

87.

Toma nota de que, en 2007, los créditos consignados en la partida presupuestaria 4 0 0 0 se utilizaron de la siguiente forma:

88.

Señala que en 2007 las cuentas de dos grupos políticos obtuvieron un dictamen con reservas de sus auditores externos;

89.

Observa que, en su reunión del 7 de julio de 2008, cuando examinó su decisión sobre el cierre del ejercicio 2007 para los grupos políticos, la Mesa, procediendo sin debate

90.

Toma nota, además, de que las cuentas del antiguo Grupo ITS, disuelto el 14 de noviembre de 2007, presentadas al presidente de la Comisión de Control Presupuestario el 4 de noviembre de 2008 iban acompañadas de un certificado de auditoría: i) que contenía un dictamen con reservas sobre las pruebas la existencia de controles internos inadecuados, como demostraba el pago de una remuneración a un empleado sin contrato, y ii) que hacía referencia a procedimientos disciplinarios incoados contra un antiguo empleado;

91.

Toma nota de que el Grupo ITS devolvió al Parlamento el saldo restante de su subvención, que, en abril de 2008, ascendía a 317 310,23 EUR;

92.

Toma nota de que, en su reunión del 7 de julio de 2008, al examinar su decisión sobre el cierre del ejercicio 2007 para los partidos políticos, la Mesa, adoptando una decisión sin debate, aprobó los informes finales sobre la realización de los respectivos programas de trabajo y las fichas de financiación de los partidos políticos que reciben una subvención del presupuesto del Parlamento;

93.

Toma nota de que, en 2007, los créditos consignados en la partida presupuestaria 4 0 2 0 se utilizaron de la siguiente forma:

94.

Señala que en todos los informes los auditores certificaron sin reservas que las cuentas presentadas se ajustaban a las principales disposiciones enunciadas en el Reglamento (CE) no 2004/2003 (21) y que presentaban una imagen fiel y exacta de la situación financiera de los partidos políticos al cierre del ejercicio 2007; observa que la evaluación realizada por el auditor interno del Parlamento de conformidad con las normas pertinentes fue algo más crítica;

95.

Encarga a su Secretario General que publique en el sitio web del Parlamento las cuentas y el informe del auditor relativas a los partidos políticos que reciben subvención;

96.

Pide a su comisión competente que le informe del seguimiento dado al informe del auditor interno publicado en agosto de 2007 sobre la aplicación de las disposiciones relativas a las contribuciones en favor de los partidos políticos a escala europea (a las que hace referencia el apartado 55 de la Resolución del Parlamento, de 22 de abril de 2008, sobre la aprobación de la gestión 2006);

97.

Observa que, al igual que en 2005 y 2006, la ejecución presupuestaria de dos partidos (AEN y PDE) se situaba considerablemente por debajo del presupuesto provisional, y que se encargó al ordenador recuperar en 2007

98.

Recuerda que, en su reunión del 8 de octubre de 2008, la Mesa tomó nota del código de conducta propuesto para las campañas electorales de los partidos políticos en el contexto de las elecciones europeas;

99.

Recuerda que, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1524/2007 (22), las solicitudes de financiación de fundaciones políticas europeas con cargo al presupuesto del Parlamento Europeo se examinaron por primera vez durante 2008; encarga a su comisión competente que examine el uso de esos fondos en su aprobación de la gestión con respecto al ejercicio 2008;

100.

Toma nota del hecho de que, en la primavera de 2008, el total de afiliados ascendía a 1 113, a saber, 478 diputados al Parlamento en activo (61 % del total de diputados al Parlamento), 493 pensionistas (de los cuales 56 eran familiares de diputados fallecidos) y 142 partícipes con pensiones diferidas;

101.

Señala que el 31 de diciembre de 2007 los activos del fondo ascendían a 214 887 336 EUR; observa que la rentabilidad de las inversiones en 2007 ascendió a un 1,2 %;

102.

Constata, en relación con las cuentas del ASFL que gestiona el fondo de pensiones voluntario de los diputados al Parlamento, la declaración del auditor independiente, que, sin incluir reservas en su dictamen, afirmaba que los activos de la ASFL presentaban un déficit actuarial de 30 917 229 EUR el 31 de diciembre de 2007 (2006: 26 637 836 EUR);

103.

Constata además la declaración del auditor externo según la cual la responsabilidad final del pago de los beneficios recae sobre el Parlamento, tal como establece el artículo 27 del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo aprobado por el Parlamento, que establece que «los derechos y expectativas de derechos adquiridos se mantendrán en su totalidad»;

104.

Opina que esta interpretación no es del todo conforme con la idea original del fondo de pensiones voluntario como una entidad autónoma fuera de las estructuras de la institución; pide a su Servicio Jurídico que emita su dictamen, antes de la entrada en vigor del nuevo estatuto, sobre si la responsabilidad financiera final del fondo de pensiones voluntario recae en el fondo y sus afiliados o en el Parlamento, teniendo claramente en cuenta los intereses de los contribuyentes europeos;

105.

Toma nota de la intención de negociar un convenio entre el Parlamento y el fondo; señala que en la actual situación económica en ninguna circunstancia proporcionará el Parlamento dinero suplementario procedente del presupuesto para cubrir el déficit financiero, como hizo en el pasado, y que, para garantizar los derechos de pensión, el Parlamento debería ejercer plenamente el control del fondo y de sus políticas de inversión;

106.

Recuerda las conclusiones de una valoración actuarial independiente del régimen voluntario de pensiones (23) encargada por el Parlamento, según las cuales: i) el flujo de tesorería era suficiente para financiar los pagos de pensiones hasta 2015 y posteriormente sería necesario empezar a generar activos para poder pagar las pensiones debidas, y ii) suponiendo que resultaran correctas las hipótesis utilizadas por el actuario del régimen de pensiones, cuando expire su período de cobertura el fondo presentará un superávit; toma nota de que el Secretario General ha encargado un estudio actuarial actualizado que examine la situación después de la reciente crisis financiera/bancaria;

107.

Se felicita por la información según la cual, como se preconizaba en las anteriores resoluciones de aprobación de la gestión, los diputados afiliados al fondo pagan ahora su contribución, que equivale a una tercera parte de la cotización, a partir de cuentas externas privadas y no mediante una deducción automática aplicada por la administración del Parlamento a las dietas para gastos generales;

108.

Toma nota, no obstante, de que a efectos del régimen de pensiones de base previsto en el anexo III de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados, las cotizaciones de los diputados en cuestión siguen retirándose de las dietas para gastos generales;

109.

Toma nota de que, en su reunión del 22 de octubre de 2007, la Mesa decidió no seguir una recomendación del Defensor del Pueblo Europeo [queja 655/2006/(SAB)ID], según la cual el Parlamento debía facilitar el acceso a la lista de los afiliados al régimen voluntario de pensiones, a pesar de un dictamen favorable emitido por el Supervisor Europeo de Protección de Datos; pide a la Mesa que reconsidere su posición y publique la lista siguiendo el consejo de su propio Servicio Jurídico y en coherencia con la política de transparencia de la Unión de hacer públicos todos los beneficiarios finales de fondos europeos;

110.

Recuerda que el 27 de noviembre de 2007 el Presidente y el Secretario General firmaron un acuerdo sobre una certificación medioambiental de los edificios del Parlamento, y que, paralelamente, el Secretario General inició los procedimientos necesarios para la inscripción del Parlamento en la lista de los organismos participantes en el sistema EMAS (sistema comunitario de gestión y de auditoría medioambiental) en Bélgica, Francia y Luxemburgo;

111.

Señala que el Parlamento cuenta ahora con la certificación EMAS en sus tres lugares de trabajo, y que es la única institución de la UE que cuenta con este reconocimiento en materia de política medioambiental;

112.

Señala que, el 18 de junio de 2007, la Mesa estableció una reducción del 30 % de las emisiones de CO2 para 2020 como objetivo primordial del sistema de gestión medioambiental, de conformidad con la decisión del Parlamento de 24 de abril de 2007 sobre la aprobación de la gestión del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005;

113.

Pide a su Secretario General que informe a sus comisiones competentes, con antelación suficiente para la aprobación de la gestión del próximo año, de todo el seguimiento dado en respuesta a las recomendaciones incluidas en la Resolución del Parlamento, de 24 de abril de 2007, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2005 relativas a medidas ambientales, incluidas cifras precisas sobre las reducciones de las emisiones de CO2 conseguidas gracias a dichas medidas;

114.

Toma nota de que en 2007 se pudo resolver el asunto de la diferencia observada de 4 136 125 francos belgas entre el saldo de caja y las escrituras correspondientes en 1982; toma nota, además, de que, en consecuencia, también se resolvió la cuestión de las cuentas de garantía con respecto al administrador de anticipos y al contable subalterno en ejercicio en aquel momento.

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2007 (1),

—

Vistas las cuentas anuales definitivas de las Comunidades Europeas relativas al ejercicio 2007 – Volumen I (C6-0417/2008) (2),

—

Visto el Informe anual del Consejo a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2007,

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas (3),

—

Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (4),

—

Vistos el artículo 272, apartado 10, y los artículos 274, 275 y 276 del Tratado CE,

—

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, sus artículos 50, 86, 145, 146 y 147,

—

Vista la Decisión no 190/2003 del Secretario General del Consejo y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, relativa al reembolso de los gastos de viaje de los delegados de los miembros del Consejo (6),

—

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (7) (AI),

—

Vistos el artículo 71 y el anexo V de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0150/2009),

A.

Considerando que el Consejo se niega a facilitar al Parlamento el documento con toda su ejecución presupuestaria junto con su informe anual de actividades completo, y solo le ha facilitado el informe anual de actividades de su auditor interno;

B.

Considerando que el Consejo se niega a celebrar cualquier reunión oficial con el Parlamento sobre su aprobación de la gestión;

C.

Considerando que en las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia de los días 3 y 4 de junio de 1999 se prevé la concesión de capacidades operativas al Consejo en el marco de una Política Europea Común en materia de Seguridad y Defensa (PECSD) reforzada,

D.

Considerando que, en su Decisión no 190/2003, el Consejo deja muy claro que ejecuta los créditos en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas y, en particular, que: «El Secretario General, asistido por el Secretario General Adjunto, será plenamente responsable de la gestión de los créditos consignados en la sección II “Consejo” del presupuesto y tomará todas las medidas necesarias para garantizar una buena gestión de los mismos. Asimismo, ejecutará dichos créditos de conformidad con las disposiciones del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas»;

E.

Considerando que mediante la Decisión 2004/197/PESC del Consejo (8), se creó un mecanismo para administrar la financiación de los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa, denominado ATHENA y que esta Decisión, junto con la Decisión 2004/582/CE de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 28 de abril de 2004, relativa a los privilegios e inmunidades otorgados a ATHENA (9), crea un mecanismo para administrar la financiación de los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa, otorga privilegios e inmunidades para ello y atribuye competencias operativas al Consejo;

F.

Considerando que en la Decisión 2000/178/PESC del Consejo, de 28 de febrero de 2000, relativa al régimen aplicable a los expertos nacionales en el ámbito militar, destacados en régimen de comisión de servicios en la Secretaría General del Consejo durante el período provisional (10), y en la Decisión 2001/80/PESC del Consejo, de 22 de enero de 2001, relativa a la creación del Estado Mayor de la Unión Europea (11), se especifica que los gastos derivados del envío de expertos militares en comisión de servicios correrán a cargo del presupuesto del Consejo;

G.

Considerando que el informe anual del Consejo sobre los aspectos principales y las opciones básicas de la PESC, presentado al Parlamento en aplicación del punto 43 del AI, se limita a una descripción de las actividades de la PESC, como posiciones comunes, acciones conjuntas y decisiones de ejecución,

1.

Constata que, en 2007, el Consejo administró créditos de compromiso por valor de 650 millones EUR (626 millones EUR en 2006), con un porcentaje de utilización del 81,89 %, menor que en 2006 (91,79 %), e inferior a la media de las demás instituciones (93,82 %);

2.

Reitera la posición que adoptó en su Resolución del 25 de abril de 2002 sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2000, según la cual «[…] en el pasado el Parlamento Europeo y el Consejo no han supervisado con atención la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto; considera que, a la vista del carácter cada vez más operativo del gasto, financiado con cargo al presupuesto administrativo del Consejo, en los ámbitos de los asuntos exteriores, la política de seguridad y defensa y la justicia y los asuntos de interior, debería aclararse el alcance de este acuerdo con objeto de distinguir entre gastos administrativos tradicionales y operaciones en estos nuevos ámbitos políticos» (12);

3.

Rechaza la insinuación del Consejo de que el hecho de que el Parlamento y el Consejo no hayan supervisado en el pasado la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto haya sido el resultado de un «acuerdo entre caballeros»; considera que, a la vista de la naturaleza cada vez más operativa de los gastos, el gasto del Consejo se debería supervisar de la misma manera que se supervisa el de las otras instituciones como parte del procedimiento de aprobación de la gestión previsto en el artículo 276 del Tratado;

4.

Reitera la Posición que ya expuso en el apartado 3 de su Resolución del 22 de abril de 2008 sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2006, a saber: «Lamenta que, a diferencia de otras instituciones, el Consejo no presente un informe anual de actividades al Parlamento Europeo, alegando el “Acuerdo entre caballeros” de 1970 […] y la falta de una disposición al respecto en el Reglamento financiero; pide al Consejo que reconsidere la decisión de no publicar y transmitir al Parlamento un informe de actividades para ser más responsable ante el público en general y los contribuyentes» (13); recuerda que esta declaración es plenamente coherente con los apartados 44 y 45 de la Resolución del Parlamento del 19 de febrero de 2008 sobre la transparencia en materia financiera (14); pide al Consejo que reconsidere su decisión de no publicar en su sitio web su informe anual de actividades;

5.

Reitera la posición que ya expuso en el apartado 12 de su Resolución del 24 de abril de 2007 sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2005, a saber: «Exige la máxima transparencia en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC); pide al Consejo que, de conformidad con el punto 42 del Acuerdo interinstitucional […] se cerciore de que no figura ningún gasto operativo de la PESC en el presupuesto del Consejo; se reserva el derecho, si procede, de adoptar las medidas necesarias en caso de violación del Acuerdo» (15);

6.

Insta al Consejo a que indique la naturaleza exacta de los gastos, desglosados por artículo y por partida, dentro de su título 3 («Gastos derivados del ejercicio por parte de la institución de sus funciones específicas»), a fin de que el Parlamento pueda verificar que ninguno de los gastos efectuados en el marco de la ejecución del presupuesto del Consejo tiene carácter operativo, de conformidad con el AI;

7.

Reitera la posición que ya expuso en el apartado 58 de su Resolución del 23 de mayo de 2007 sobre el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y las opciones básicas de la PESC, incluidas sus implicaciones financieras para el presupuesto general de la Unión Europea-2005 (16), a saber: «Considera que, hasta la fecha, la falta de información proactiva por parte del Consejo ha obstaculizado una verdadera evaluación de las repercusiones financieras para el presupuesto de la UE […]; considera que, con la firma del nuevo Acuerdo Interinstitucional, ha llegado la hora de aplicar, en la letra y en el espíritu, estas disposiciones a las que ahora se ha dado claramente un carácter oficial»;

8.

Considera que la planificación de una operación, así como la preparación para la misma y su control, por parte del personal de la PESC en la Secretaría del Consejo constituyen partes básicas y fundamentales de la operación, y que estas actividades se realizan en el marco de la aplicación de la política y las operaciones, y no como parte del trabajo normal de la secretaría en el seno del Consejo;

9.

Manifiesta su asombro al comprobar que una parte considerable (hasta un 66 %) de la línea presupuestaria 2 2 0 2 se transfirió de la interpretación a los viajes en el marco de la PESC/PESD; observa que en 2006 este importe ascendió a 12 672 984 EUR, y pide que se le informe del importe de esta misma línea presupuestaria para 2007; en aras de una mayor transparencia, pide la creación de una línea presupuestaria adecuada para estos fines;

10.

Solicita transparencia en lo que se refiere a los gastos destinados al Coordinador de la UE en materia de antiterrorismo y realizados por él;

11.

Pide al Consejo que le facilite una evaluación ex post de las acciones individuales de la PESD;

12.

Reitera la posición que adoptó en el apartado 47 de su Resolución del 23 de mayo de 2007 antes mencionada, a saber: «Reitera su decepción […] por que el Consejo se haya limitado a informar al Parlamento y remitir una lista descriptiva de las actividades en materia de PESC realizadas el año anterior —como ha señalado incluso el propio Consejo en los preámbulos de los informes anuales —, en lugar de consultar al Parlamento a principios de cada año sobre los aspectos principales y las opciones básicas que deben adoptarse para el año en cuestión, incluidas sus repercusiones financieras, tal y como prevé el artículo 28 del Tratado UE, e informar posteriormente al Parlamento sobre si se ha tenido en cuenta— y, en caso afirmativo, cómo — su contribución; subraya que esta práctica constituye de facto una infracción del espíritu mismo del artículo 21»;

13.

Observa que el Consejo ha adoptado una decisión que no permite ningún pago residual vinculado a días de compensación en el momento de la jubilación y por la que se establece un sistema obligatorio para la liquidación total, antes de 2009, de todos los períodos de vacaciones no disfrutados; insta al Consejo a que respete este plazo que se ha impuesto a sí mismo;

14.

Se felicita de que el nuevo sistema integrado para la gestión y el control financieros (SAP), en funcionamiento desde el 1 de enero de 2008, haya sido desarrollado sobre una base interinstitucional por el Consejo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia, por lo que representa un ahorro presupuestario importante y un aumento de la eficacia para las tres instituciones interesadas;

15.

Lamenta que, según el informe anual de actividades del auditor interno del Consejo, el Consejo no fuera capaz de cubrir los puestos vacantes en su servicio de auditoría interna;

16.

Toma nota de que, de conformidad con el mencionado informe, el auditor interno recomendó la supresión completa de la contabilidad extrapresupuestaria (comptes hors budget); exige al Consejo que suprima de manera completa e inmediata esta contabilidad;

17.

Pide al Consejo que solucione el problema de la verificación de las facturas, tal y como recomienda el auditor interno del Consejo;

18.

Considera que se debería hacer hincapié en la reiterada solicitud de Parlamento, denegada hasta la fecha, en favor de una mayor transparencia y un control parlamentario más atento en lo que se refiere a los gastos del Consejo relacionados con la PESC/PESD mediante enmiendas presupuestarias destinadas a consignar en la reserva algunas líneas presupuestarias pertinentes del presupuesto del Consejo para 2010;

19.

Recuerda que en su Resolución del 4 de diciembre de 2008 sobre el Informe Especial no 8/2007 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (17) pidió al Consejo que adoptase unas conclusiones formales con respecto a las conclusiones del Tribunal de Cuentas; lamenta que el Consejo no haya respondido a esta petición; pide al Consejo que facilite a la comisión competente del Parlamento información sobre las razones por las que no ha adoptado conclusiones formales y sobre el seguimiento que ha dado a dicho Informe especial;

20.

Pide al Tribunal de Cuentas Europeo que, en su próximo informe anual, preste especial atención a la ejecución del presupuesto por parte del Consejo;

21.

Indica que los motivos del aplazamiento son los siguientes:

22.

Pide al Secretario General del Consejo y Alto Representante de la PESC que facilite a la comisión competente del Parlamento, a más tardar el 15 de mayo de 2009, las respuestas escritas detalladas a las siguientes preguntas:

23.

Pide al Secretario General del Consejo y Alto Representante de la PESC que facilite a la comisión competente del Parlamento, a más tardar el 15 de mayo de 2009, lo siguiente:

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2007 (1),

—

Vistas las cuentas anuales definitivas de las Comunidades Europeas relativas al ejercicio 2007-Volumen I [SEC(2008) 2359 – C6-0415/2008] (2),

—

Vistos los informes anuales de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el seguimiento de las decisiones de aprobación de la gestión de la ejecución presupuestaria 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628], y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a esos informes [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580],

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2007» [COM(2008) 338],

—

Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2007 [COM(2008) 499] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe [SEC(2008) 2361],

—

Visto el Informe de la Comisión «Respuestas de los Estados miembros al Informe Anual 2006 del Tribunal de Cuentas» [COM(2008) 112],

—

Visto el Libro Verde sobre la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia aprobado por la Comisión el 3 de mayo de 2006 [COM(2006) 194],

—

Visto el Dictamen no 2/2004 del Tribunal de Cuentas sobre el modelo de «auditoría única» (y una propuesta de marco de control interno comunitario) (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre un programa operativo para la realización de un marco de control interno integrado [COM(2005) 252],

—

Vistos el Plan de acción de la Comisión para un marco de control interno integrado [COM(2006) 9], el Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Avance del Plan de Acción de la Comisión para un Marco de Control Interno Integrado [COM(2007) 86] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe [SEC(2007) 311],

—

Visto el primer informe semestral sobre el cuadro de indicadores relativo a la aplicación del plan de acción de la Comisión a favor de un marco de control interno integrado, publicado el 19 de julio de 2006 [SEC(2006) 1009], de conformidad con lo solicitado por este Parlamento en su Resolución que acompaña a la Decisión sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2004,

—

Visto el Dictamen del Tribunal de Cuentas no 6/2007 sobre los resúmenes anuales de los Estados miembros, las «declaraciones nacionales» de los Estados miembros y los trabajos de auditoría de los fondos comunitarios por las instituciones nacionales de control (4),

—

Visto el Plan de Acción de la Comisión para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales [COM(2008) 97],

—

Vistos la Comunicación de los miembros de la Comisión, Sra. Hübner y Sr. Špidla, a la Comisión en la que presentan un informe a medio plazo sobre la ejecución del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales [SEC(2008) 2756] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicha comunicación [SEC(2008) 2755],

—

Vistos el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas sobre el Plan de acción de la Comisión para un marco de control interno integrado [COM(2008) 110] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe [SEC(2008) 259],

—

Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2007 acompañado de las respuestas de las instituciones (5), así como los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

—

Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (6),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, sobre una interpretación común del concepto de riesgo de error aceptable [COM(2008) 866], así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a esta comunicación [SEC(2008) 3054],

—

Vista la recomendación del Consejo, de 10 de febrero de 2009, aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2007 (5587/2009 – C6-0055/2009),

—

Vista la recomendación del Consejo, de 10 de febrero de 2009, sobre la aprobación de la gestión de las agencias en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2007 (5589/2009 – C6-0056/2009),

—

Vistos los artículos 274, 275 y 276 del Tratado CE y los artículos 179 bis y 180 ter del Tratado Euratom,

—

Vistos los artículos 246 y siguientes del Tratado CE, relativos al Tribunal de Cuentas,

—

Vistas las normas de auditoría internacionales y las normas contables internacionales, en particular las aplicables al sector público,

—

Vista la evaluación internacional inter pares del Tribunal de Cuentas,

—

Visto el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (7), y, en particular, su título V, capítulo 3, relativo a las pensiones y asignación por invalidez, y el anexo XII, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 83 bis del Estatuto,

—

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (8), y, en particular, sus artículos 145, 146 y 147,

—

Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (9) y, en particular, su artículo 14, apartados 2 y 3,

—

Vistos el artículo 70 y el anexo V de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A6-0168/2009),

A

Considerando que el artículo 274 del Tratado CE establece que la responsabilidad de la ejecución del presupuesto comunitario corresponde a la Comisión y debe ser ejercida con arreglo al principio de buena gestión financiera en cooperación con los Estados miembros;

B.

Considerando que la Comisión debe poner todos los medios a su alcance para apoyar las iniciativas tendentes a mejorar la calidad de la gestión financiera, con vistas a obtener una declaración de fiabilidad («DAS», abreviatura del término francés Déclaration d’assurance) positiva del Tribunal de Cuentas;

C.

Considerando que el artículo 184 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 establece que se revise el Reglamento financiero siempre que sea necesario y al menos cada tres años y considerando que el actual período de tres años terminará el 1 de enero de 2010; considerando que este mismo artículo establece que el Parlamento puede solicitar que se aplique el procedimiento de concertación;

D.

Considerando que el poder político de las Comunidades Europeas sobre las agencias no ejecutivas, que es una condición para la inclusión de las cuentas de estas en el perímetro de consolidación de las cuentas de las Comunidades Europeas, parece ampliarse de año en año y considerando que su posición en el organigrama político de los órganos operativos de la Comunidad se va oscureciendo progresivamente;

E.

Considerando que la ejecución de determinadas políticas de la Unión tiene como característica particular la llamada «gestión compartida» del presupuesto comunitario entre la Comisión y los Estados miembros, lo que representa aproximadamente el 80 % del gasto comunitario administrado por los Estados miembros;

F.

Considerando que, en su Resolución de 24 de abril de 2007 (10), sobre la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2005, consideró que cada Estado miembro debía ser capaz de asumir la responsabilidad de la gestión de los fondos comunitarios recibidos, ya sea mediante una declaración de gestión nacional única o en forma de varias declaraciones en un marco nacional;

G.

Considerando que, en su Informe Anual relativo al ejercicio 2007, el Tribunal de Cuentas subraya, en el marco de la evaluación de los progresos realizados para la puesta en práctica de un marco de control interno integrado, que «el gasto comunitario implica, por naturaleza, que el principal riesgo de error radica en el nivel del beneficiario final» (apartado 1.47);

H.

Considerando que la presentación por los Estados miembros de resúmenes anuales de las auditorías y declaraciones disponibles en el ámbito de la gestión compartida, en aplicación del apartado 44 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (11) (AI), debería ser un primer paso hacia las declaraciones nacionales de gestión y contribuir notablemente a la mejora de la gestión del presupuesto comunitario en pos del objetivo común fundamental de la obtención de una DAS positiva para el conjunto de los gastos de la Unión;

I.

Considerando que el concepto de riesgo de error aceptable fue introducido a nivel de la UE por el Tribunal de Cuentas Europeo en su Dictamen «Auditoría Única» 2/2004 (12), y que el Tribunal de Cuentas ha declarado que «Todo sistema de control debe compensar el coste de llevar a cabo los controles con la intensidad definida por una parte, con el beneficio que estos procedimientos aportan, por otra. En el contexto comunitario, el beneficio implica reducir el riesgo de que los fondos se malgasten y mantener el riesgo de error en un nivel aceptable»;

J.

Considerando que, en su Informe Anual relativo al ejercicio 2007, el Tribunal de Cuentas considera que «el coste de los controles constituye una cuestión importante, tanto para el presupuesto comunitario como para los Estados miembros o beneficiarios» y que «debido a la gran importancia del equilibrio entre los costes y el riesgo residual en cada ámbito de gasto este debería ser aprobado por las autoridades políticas (es decir, por las autoridades encargadas de la aprobación de la gestión o por las autoridades presupuestarias) en nombre de los ciudadanos de la Unión» [apartado 1.52, letras b) y c)], y que, en el apartado 2.42, letra c), de ese mismo Informe Anual, el Tribunal de Cuentas recomienda avanzar en la elaboración del concepto de riesgo aceptable;

K.

Considerando que el Consejo Ecofin de 8 de noviembre de 2005 consideró, en el apartado 5 de sus conclusiones, de fundamental importancia la puesta en práctica de un control interno integrado, así como la simplificación de la legislación aplicable a los controles, y «solicitó de la Comisión una evaluación del coste de los controles por área de gasto»;

L.

Considerando que, en junio de 2008, la Presidencia eslovena del Consejo estimó que, en la línea de las conclusiones del Consejo de 2005, el Parlamento Europeo y el Consejo deberían alcanzar un acuerdo sobre los riesgos residuales que pueden tolerarse en las operaciones correspondientes, teniendo en cuenta el coste y las ventajas de los controles en el marco de las diferentes políticas y del importe de los gastos correspondientes (13);

M.

Considerando, no obstante, que si bien es necesario un diálogo entre el auditor externo (el Tribunal de Cuentas) y el auditado (la Comisión), no se puede negar que, en aplicación de las normas de auditoría internacionales que deben seguir siendo el marco general del control presupuestario, le corresponde al auditor externo valorar los riesgos sobre los que basa su decisión sobre la elección de los procedimientos de auditoría;

N.

Considerando asimismo que el coste de un control depende, por supuesto, del nivel de error aceptable, pero también de la complejidad de la organización de la entidad sometida a auditoría y de la calidad de su control interno;

O.

Considerando que, en aplicación de las normas de auditoría internaciones, el auditor externo elige los métodos apropiados para seleccionar los elementos que debe controlar para reunir las pruebas que permitan alcanzar los objetivos de sus pruebas de auditoría; considerando también que, aunque la elección de los métodos depende de las circunstancias, depende sobre todo del riesgo de auditoría y del objetivo de eficacia de los controles; considerando, por último, que el auditor externo debe asegurarse de que los métodos utilizados proporcionan pruebas suficientes y adecuadas para alcanzar los objetivos de la auditoría;

P.

Considerando que, en la nueva generación de programas, la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) ha armonizado los programas de acción, en particular con la introducción del enfoque de auditoría única; considerando, en este contexto, que las declaraciones ex ante y ex post de los Estados miembros constituyen nuevos factores adicionales de la supervisión y el control de sistemas;

Q.

Considerando que el procedimiento anual de aprobación de la gestión permite al Parlamento entrar en relación directa con los principales responsables de esta gestión y, a la vista de los resultados de la auditoría del Tribunal de Cuentas, garantizar a los ciudadanos una mejora de la gestión de los gastos de la Unión, creando así la base de una decisión más sólida;

R.

Considerando que el artículo 83 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 establece que las pensiones se pagarán con cargo al presupuesto y que los Estados miembros garantizarán colectivamente el pago de estas prestaciones según la escala de reparto establecida para la financiación de estos gastos; considerando que el personal reembolsa al presupuesto general el 10,25 % de sus salarios como contribución a la financiación del régimen de pensiones;

S.

Considerando que el artículo 83 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 establece que los Estados miembros garantizarán colectivamente el fondo de pensiones, lo que significa que esta garantía puede adquirir efecto en caso de impago de uno o varios Estados miembros, pero no implica que las Comunidades no tengan derechos frente a los Estados miembros que asumieron tal compromiso;

T.

Considerando que 2007 fue el primer año en que se aplicó el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD);

U.

Considerando que 2007 fue el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, concediéndose gran atención a las múltiples formas de discriminación que, con frecuencia, han sufrido las mujeres;

V.

Considerando que debido a la persistencia de las desigualdades entre hombres y mujeres, la utilización de los recursos presupuestarios afecta a unos y a otras de manera distinta;

W.

Considerando que el Consejo debería tener en cuenta, en el marco del próximo procedimiento presupuestario, los resultados y recomendaciones de la aprobación de la gestión 2007 y apoyar los propósitos de reforma destinados a reforzar la responsabilidad de los Estados miembros con el fin de abordar definitivamente los problemas señalados desde hace años por el Tribunal de Cuentas;

X.

Considerando que la Comisión, el Consejo y el Parlamento, en cooperación con el Tribunal de Cuentas, deben fijarse, como objetivo común, la obtención de una DAS positiva,

1.

Acoge favorablemente los nuevos avances de la Comisión y de algunos Estados miembros hacia una utilización más eficiente de los fondos comunitarios y del entorno general de control, que se refleja en las mejoras en la DAS del Tribunal de Cuentas;

2.

Acoge con satisfacción los importantes progresos realizados en la gestión del Séptimo programa marco por el grupo de investigación de la Comisión en comparación con anteriores programas marco; reitera que la gestión de los fondos de la política agrícola común (PAC) ha mejorado todavía más, en particular gracias al funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC); lamenta profundamente que en 2007 Grecia siguiera sin cumplir sus obligaciones de aplicar el SIGC;

3.

Observa que 2007 fue el primer año de cierre de los programas plurianuales 2000-2006 y que se recuperaron numerosos fondos;

4.

Observa considerables mejoras en la gestión financiera de la investigación y el desarrollo tecnológicos, en que las tasas de error se han reducido en más del 50 % en el plazo de 3 años; pide a la Comisión que siga realizando esfuerzos de simplificación para mejorar la utilización de los programas por el beneficiario final;

5.

Considera positivos los esfuerzos realizados por la Comisión en el ámbito de los fondos destinados a la política de cohesión en la ejecución del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales que se aprobó en el contexto de la aprobación de la gestión 2006; espera que los primeros resultados del mencionado plan de acción y de los esfuerzos de simplificación se observarán en el Informe Anual 2008 del Tribunal de Cuentas;

6.

Sigue preocupado por la incapacidad de la UE en materia de gestión de crisis; considera que la UE pierde orientación política, visibilidad y responsabilidad cuando utiliza los fondos fiduciarios internacionales que habría podido gestionar la Comisión si hubiera respetado los informes de aprobación de la gestión 2005 y 2006 y hubiera creado un instrumento postcrisis propio; se manifiesta profundamente preocupado por la falta de control de los fondos de la UE que ejecutan algunas agencias de las Naciones Unidas y por la falta de voluntad de las agencias de las Naciones Unidas de garantizar un seguimiento de los casos de fraude que afectan a fondos de la UE;

7.

Observa las mejoras en las partes individuales de la DAS; lamenta, sin embargo, que, por decimocuarto año consecutivo, la DAS presentada por el Tribunal de Cuentas en su Informe Anual relativo al ejercicio 2007 incluya un dictamen con reservas sobre la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes a las cuentas; observa que el Tribunal de Cuentas considera que en muchos ámbitos de gasto (agricultura y recursos naturales, cohesión, investigación, energía y transporte, ayuda exterior, desarrollo, ampliación, educación y ciudadanía), los pagos siguen adoleciendo significativamente de errores, aunque en diversos grados;

8.

Celebra que, según el Informe del Tribunal de Cuentas, los ingresos, los gastos administrativos, los relacionados con asuntos económicos y financieros y los relacionados con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) no presenten errores significativos;

9.

Constata que la situación está mejorando, especialmente en los sistemas de control, pero de manera insuficiente y demasiado lenta;

10.

Se felicita de la declaración del Tribunal de Cuentas según la cual las cuentas anuales de las Comunidades Europeas presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de las Comunidades Europeas a 31 diciembre 2007, así como los resultados de las operaciones y de los flujos de tesorería del ejercicio cerrado en esa fecha (capítulo 1, DAS, apartado VII); pide a la Comisión, no obstante, que preste la debida atención a las observaciones del Tribunal de Cuentas para mejorar así la exhaustividad y la precisión de los datos contables básicos;

11.

Estima anormal que las cuentas anuales se presenten con un patrimonio neto negativo de 58 600 000 000 EUR y se pregunta si los importes que deben desembolsar los Estados miembros no deberían figurar como activos, al tratarse de un compromiso firme relativo a las pensiones del personal estimado en 33 500 millones EUR; pide más especificaciones sobre las notas anexas relativas a los otros importes que deben desembolsar los Estados miembros por un valor de 27 900 millones EUR; toma nota de las explicaciones facilitadas por el contable de la Comisión según las cuales se han respetado las normas contables internacionales aplicables al sector público; propone que se examine la posibilidad de establecer un fondo de pensiones comunitario con el fin de externalizar estos compromisos financieros contraídos en relación con el personal;

12.

No entiende por qué los activos recibidos por las Comunidades Europeas en relación con el programa Galileo no se han incluido en las cuentas anuales, puesto que, según el Informe del Tribunal de Cuentas, los acuerdos se firmaron a finales de 2007 por la Agencia Espacial Europea, la Empresa Común Galileo y la Autoridad de Supervisión del GNSS (sistemas globales de radionavegación por satélite), creada en 2004 y encargada de reanudar las actividades de la antigua Empresa Común Galileo el 1 de enero de 2007; solicita, en este sentido, que la Comisión presente una propuesta para los grandes proyectos europeos (Galileo o RTE) que exigen una financiación que sobrepasa las perspectivas financieras y su consiguiente control;

13.

Pide que se considere la posibilidad de constituir en las cuentas anuales provisiones para grandes obras de mantenimiento o grandes revisiones del parque inmobiliario de las Comunidades Europeas, a falta de amortización de los edificios por componentes específicos que recojan los principales bienes inmuebles, instalaciones y equipos que deban ser sustituidos a intervalos regulares; considera que estas disposiciones para trabajos importantes de conservación o grandes revisiones deberían estar respaldadas por programas plurianuales de mantenimiento que tengan por objeto mantener los edificios en buen estado de funcionamiento sin prolongar la duración de su vida útil;

14.

Pide que se compruebe debidamente que, en ausencia de vínculos de capital, el nivel de poder político de las Comunidades Europeas en las agencias comprendidas en la consolidación de las cuentas se ajusta a los requisitos establecidos por las normas contables internacionales del sector público;

15.

Manifiesta su preocupación y sus dudas sobre la posibilidad de nombrar a funcionarios experimentados al margen de categorías, a no ser que se mencione específicamente en las plantillas de personal, en el último escalón del grado AD 16 en todos los casos, y pide a la Comisión que aclare las posibilidades que ofrece el Estatuto de los funcionarios teniendo en cuenta esta posición presupuestaria específica;

16.

Toma nota con satisfacción de que los ámbitos en que la Comisión ha aplicado unos sistemas de control y supervisión adecuados (ingresos, compromisos y pagos relativos a los gastos administrativos y otros, así como a los asuntos económicos y financieros) no adolecen de errores significativos en cuanto a la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes (capítulo 1 de la DAS, apartado IX);

17.

Lamenta, sin embargo, el hecho de que, en áreas muy importantes de la gestión del presupuesto comunitario (gastos agrícolas excluido el FEAGA, cohesión, investigación, energía y transporte, acciones exteriores, educación y cultura), el Tribunal de Cuentas constate, una vez más, que unas obligaciones jurídicas complicadas o poco claras, por una parte, provocan un número significativo de errores en el caso del beneficiario final y, por otra parte, afectan a la eficacia parcial de los sistemas de vigilancia y control, y que esta complejidad influye sobre la imposibilidad de contar con una DAS positiva del Tribunal de Cuentas (capítulo 1 de la DAS, puntos X y XI); pide, por tanto, a la Comisión que haga un análisis para determinar el alcance de los problemas y las soluciones que se pueden aportar a los mismos; destaca, por lo tanto, la necesidad de simplificar las normas y reglamentos subyacentes para obtener una DAS positiva;

18.

Pide a la Comisión que refuerce la vigilancia que ejerce sobre los controles delegados a los Estados miembros y que les dé unas orientaciones claras sobre cómo prevenir, detectar y corregir los errores, y le insiste para que, en caso de que los sistemas de control de los Estados miembros sigan siendo ineficaces, haga cuanto esté en su mano por obligar a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones y a que procedan a las mejoras necesarias, en particular, interrumpiendo los pagos y practicando correcciones financieras;

19.

Toma nota de que el Tribunal de Cuentas constata que, en comparación con el inicio de la programación anterior, la utilización de los créditos de compromiso ha mejorado significativamente en 2007, primer año del nuevo período de programación 2007-2013;

20.

Considera, no obstante, que, en caso de gestión compartida o descentralizada, la Comisión debe aplicar plenamente el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 y asumir la responsabilidad final de la ejecución del presupuesto, y subraya la necesidad de proceder a correcciones financieras tan pronto se detecten irregularidades no corregidas por los Estados miembros, sin esperar al fin del ciclo plurianual;

21.

Observa con preocupación los problemas que plantea la recuperación de los fondos comunitarios indebidamente pagados y la mala calidad de los datos sobre los mecanismos de corrección aplicados en los Estados miembros en términos de política de cohesión, a veces contradictorios e incompletos, y que, en lo que respecta a la agricultura, el Tribunal de Cuentas pone en duda la fiabilidad de la información facilitada (apartados 3.26 y 5.44 del Informe Anual de 2007);

22.

Señala asimismo la importancia de las decisiones y medidas correctoras finales para excluir de la financiación comunitaria gastos que no se han efectuado conforme a la normativa comunitaria, y renueva su solicitud de que se especifique la línea presupuestaria exacta y el año al que se refieren las recuperaciones individuales, con arreglo a la práctica habitual en el sector de la agricultura y de los recursos naturales;

23.

Pide a la Comisión que proceda a mejorar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de recuperación plurianuales, incluso a nivel de los Estados miembros, y a una consolidación de los datos relativos a las recuperaciones y las correcciones financieras, en particular en los ámbitos cubiertos por los Fondos Estructurales, para proporcionar cifras fiables y comparables entre los diferentes ámbitos políticos y las modalidades de gestión de fondos; pide a la Comisión que informe al Parlamento en las notas a las cuentas anuales para obtener una visión general;

24.

Dada la persistencia de los problemas relacionados con las recuperaciones, pide que se lleve a cabo una evaluación del sistema;

25.

Apoya totalmente a la Comisión en la aplicación rigurosa de la legislación en materia de suspensión de pagos y se felicita de las acciones ya iniciadas para no transferir fondos, si la Comisión no tiene una absoluta garantía sobre la fiabilidad de los sistemas de gestión y de control del Estado miembro receptor de esos fondos;

26.

Acoge con satisfacción la disponibilidad de resúmenes anuales de las auditorías presentados por los Estados miembros a partir de 2008, y la evaluación y las declaraciones presentadas en los informes anuales de actividad 2007 de las Direcciones Generales que participan en los Fondos Estructurales y pide a la Comisión que realice esfuerzos para que estos resúmenes anuales puedan publicarse junto con la respuesta de la Comisión; mantiene la opinión de que los resúmenes anuales elaborados por los Estados miembros son documentos públicos y, por lo tanto, también deben transmitirse a la comisión competente del Parlamento durante el procedimiento de aprobación de la gestión;

27.

Observa con preocupación que, debido a la disparidad observada en su presentación y a la falta de valor añadido, el Tribunal de Cuentas considera que estos resúmenes anuales todavía no constituyen una evaluación fiable del funcionamiento y la eficacia de los sistemas de control; acoge con satisfacción a este respecto la nota de orientación de la Comisión dirigida a mejorar la calidad de sus resúmenes anuales de cara a 2008 y pide a la Comisión que mejore la orientación impartida a los Estados miembros para la elaboración de los resúmenes anuales; considera que unos resúmenes anuales significativos reducirán el número de auditorías realizadas sobre el terreno;

28.

Pide a la Comisión, en este contexto, que analice los resúmenes recibidos en 2009 con el objetivo de optimizar su valor añadido en términos de la garantía que ofrecen en cuanto al funcionamiento de los sistemas internos de control empleados por los Estados miembros; pide igualmente a la Comisión que incluya un análisis de los resúmenes anuales presentados por los Estados miembros en el informe anual, de conformidad con el artículo 86, apartado 4, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, utilizando como referencias las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (AI);

29.

Lamenta que la Comisión no haya dado curso a la solicitud, formulada en la Resolución de 22 de abril de 2008 sobre la aprobación de la gestión para el año 2006 (14), para desarrollar y presentar al Parlamento y al Consejo un documento específico que analice, sobre la base de los resúmenes anuales recibidos, los puntos fuertes y débiles de los sistemas nacionales de cada Estado miembro en materia de administración y de control de los fondos comunitarios y los resultados de las auditorías efectuadas; lamenta igualmente que hasta la fecha no se haya recibido aún información detallada de la Comisión sobre la evaluación y el análisis comparativo de los primeros resúmenes anuales presentados; considera de suma importancia rendir cuenta de la calidad de estos resúmenes anuales para garantizar la valorización del proceso, en particular identificando los problemas comunes, las posibles soluciones y las mejores prácticas;

30.

Pide a la Comisión que presente periódicamente esta evaluación cualitativa y cuantitativa de los resúmenes anuales en los informes de actividad y que ponga esta información a disposición de todas las partes interesadas y de la opinión pública durante el procedimiento de aprobación de la gestión; espera recibir la primera de estas evaluaciones para septiembre de 2009 y pide que, además de una presentación formal anual al Parlamento, este análisis de los resúmenes nacionales se distribuya también a todas las comisiones parlamentarias nacionales de contabilidad pública;

31.

Pide a la Comisión que lleve a cabo, después de tres años, una evaluación global en la que se analice el valor añadido de los resúmenes anuales para la buena gestión financiera de los fondos comunitarios en los Estados miembros, así como el grado de independencia de los auditores implicados;

32.

Considera que los resúmenes anuales que los Estados miembros deben elaborar cada año junto con una recapitulación de las auditorías y declaraciones disponibles, en aplicación del apartado 44 del AI, deberían constituir un primer paso hacia el establecimiento de las declaraciones nacionales de gestión en todos los Estados miembros; pide a la Comisión que declare lo que ha realizado en este sentido, teniendo en cuenta las resoluciones anteriores sobre la aprobación de la gestión y que realice urgentemente todos los esfuerzos necesarios para mejorar los resúmenes anuales de manera que tengan el mismo peso político que las declaraciones nacionales de gestión; considera que la Comisión debería hacer uso de su iniciativa legislativa para proponer una decisión del Consejo que haga obligatorias las declaraciones nacionales;

33.

Acoge con satisfacción el hecho de que algunos Estados miembros (Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Reino Unido) hayan tomado la iniciativa de aprobar la adopción de una declaración nacional sobre la gestión de los fondos comunitarios, pero lamenta que, a pesar de estas iniciativas, la mayoría de los demás Estados miembros se opongan a su introducción, así como el hecho de que Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia. España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia aún no hayan tomado medidas para desarrollar un sistema efectivo de declaraciones nacionales;

34.

Pide, de conformidad con el artículo 248, apartado 3, del Tratado CE, que, para el control de la gestión compartida, se refuerce la cooperación entre las instituciones nacionales de control y el Tribunal de Cuentas Europeo; propone que se estudie la presentación por las instituciones nacionales de control, en su calidad de auditores externos independientes, y de conformidad con las normas internacionales de auditoría, de certificaciones nacionales de auditoría sobre la gestión de los fondos comunitarios que se entregarían a los Gobiernos de los Estados miembros para su incorporación al procedimiento de aprobación de la gestión con arreglo al procedimiento interinstitucional apropiado que se establezca;

35.

Toma nota con satisfacción de los progresos generales en la aplicación del Plan de acción y del hecho de que la mayoría de las acciones se han llevado a cabo y la mayoría de las deficiencias enumeradas en el Plan de acción se han solventado;

36.

Expresa su preocupación por las reiteradas críticas del Tribunal de Cuentas sobre la insuficiente calidad de los controles en los Estados miembros; toma nota con preocupación de las quejas de los beneficiarios y de las autoridades nacionales de control sobre el número de controles y sus costes;

37.

Observa también con preocupación las críticas de los beneficiarios sobre el número de manuales, notas de orientación, documentos de trabajo y normas de participación aplicables a las subvenciones; solicita una consolidación de estos documentos y un debate con el Parlamento con el fin de simplificar estas normas de aplicación;

38.

Insiste en que los sistemas de control son un reflejo de la complejidad de los reglamentos y normas existentes a diferentes niveles que a veces se solapan; pide, por lo tanto, a la Comisión que acelere el ejercicio de simplificación haciendo participar plenamente en el mismo al Parlamento; pide a los Estados miembros y regiones que realicen los mismos esfuerzos;

39.

Pide a la Comisión que revise las condiciones para el uso del método global con el fin de obtener mayor fiabilidad en favor de los beneficiarios; considera inaceptable que se vuelva a poner en duda a posteriori la elección de los tipos globales;

40.

Lamenta que la acción 4 del Plan de acción para un marco de control interno integrado, relativa al lanzamiento de una iniciativa interinstitucional sobre los principios básicos que deben tenerse en cuenta con respecto al riesgo aceptable en las operaciones correspondientes, se aplicara con retraso;

41.

Recuerda asimismo, en este contexto, la importancia de la acción 10 del Plan de acción mencionado, cuyo objetivo es lograr un «análisis del coste de los controles», ya que es necesario alcanzar un equilibrio adecuado entre los costes y los beneficios de los controles;

42.

Espera también que los informes anuales de actividad de las direcciones generales vuelvan a incluir información sobre los controles de calidad en los Estados miembros y su mejora, y pide que la Comisión lleve a cabo una clasificación de todos los organismos pagadores y organismos de certificación;

43.

Pide a la Comisión que presente con regularidad una evaluación del sistema de control interno integrado, y que los informes anuales de actividad y el informe de síntesis cubran aún mejor los sistemas de los servicios de la Comisión y los Estados miembros de gestión compartida, en particular en lo que respecta a la calidad técnica y las consideraciones éticas tales como el nivel de independencia de las autoridades nacionales de auditoría;

44.

Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis más profundo y completo del coste de los recursos dedicados a los sistemas de control por área de gasto, y esto para todos los ámbitos de gastos de la Unión, tal como solicitó el Parlamento en sus resoluciones sobre la aprobación de la gestión en años anteriores y teniendo en cuenta el concepto de «obtener resultados»;

45.

Pide también a la Comisión que, sobre la base de los resúmenes anuales recibidos, analice los puntos fuertes y débiles de los sistemas nacionales de cada Estado miembro en materia de administración y control de los fondos comunitarios, junto con una estimación del coste de los sistemas nacionales de control de los fondos comunitarios; recuerda a la Comisión su compromiso de mejorar la calidad de los resúmenes anuales de los Estados miembros para convertirlos en instrumentos útiles para reducir el riesgo de errores en los próximos años; pide a la Comisión que cumpla sus compromisos en este sentido;

46.

Considera que este análisis comparativo debería remitirse al Parlamento, al Consejo y al Tribunal de Cuentas a finales de 2009-principios de 2010 y servir de base para el diálogo interinstitucional sobre el riesgo de error aceptable;

47.

Observa que, si el nivel de riesgo aceptable es un concepto fundamental en un marco de control interno integrado que el Tribunal de Cuentas debe tener en cuenta al emitir su DAS, de conformidad con el Dictamen no 4/2006 del Tribunal de Cuentas sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 (15), queda por definir la forma en que ese nivel de riesgo aceptable debe determinarse;

48.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, sobre una interpretación común del concepto de riesgo de error aceptable como una base metodológica sólida para el análisis económico del nivel de riesgo aceptable, y espera que la Comisión complemente ese trabajo cuando prepare su propuesta sobre el nivel de riesgo aceptable por ámbito presupuestario; reconoce, en este contexto, la importancia de esta comunicación como primera base de reflexión desde un punto de vista puramente económico sobre el nivel de riesgo aceptable para dos ámbitos de gastos de la Unión, a saber, los Fondos Estructurales y el Feader; pide, no obstante, que este diálogo entre el auditor externo y el auditado se ajuste a las normas de auditoría internacionales, según las cuales le corresponde al auditor externo evaluar los riesgos en los que basa su decisión sobre la elección de los procedimientos de auditoría;

49.

Lamenta que la Comisión denunciara en la comunicación antes mencionada los problemas experimentados en la obtención de información de los Estados miembros que sea lo suficientemente fidedigna, y considera que esta valoración perjudica a la imagen de la Unión;

50.

Manifiesta sus dudas sobre la fiabilidad de los datos proporcionados por los Estados miembros, y pide, por lo tanto, a la Comisión que proceda a una nueva recopilación de datos cifrados y, con la asistencia técnica del Tribunal de Cuentas, a un análisis exhaustivo de los mismos una vez que esté claro el impacto de las normas de 2007-2013, y que transmita dicho análisis al Parlamento y al Consejo antes de finales de 2011;

51.

Considera que la determinación de un nivel de riesgo aceptable es muy importante y de gran complejidad; considera que el nivel de riesgo aceptable debe estar estrechamente vinculado a un estudio en profundidad sobre la relación coste-eficacia de los sistemas de control de la Comisión y de los Estados miembros para cada uno de los ámbitos de gasto comunitario;

52.

Pide a la Comisión, habida cuenta de la acuciante necesidad de continuar analizando los costes y los beneficios del control, que, con la asistencia técnica del Tribunal de Cuentas, lleve a cabo un análisis exhaustivo de los ámbitos de investigación, relaciones exteriores y gastos administrativos y que presente un informe sobre los resultados antes de finales de 2010;

53.

Considera que los importes de los fondos perdidos por error también deberían tenerse en cuenta a la hora de determinar una tasa de error aceptable;

54.

Considera que deben establecerse propuestas concretas en lo que respecta a la mejora de la gestión y el control de los gastos comunitarios, incluso un cierto grado de armonización de determinados aspectos, y propone que el Parlamento otorgue a la Comisión en el próximo procedimiento presupuestario los recursos necesarios para llevar a cabo un estudio;

55.

Pide a la Comisión que presente sus propuestas sin demora para alcanzar el objetivo de una DAS positiva;

56.

Recuerda la decisión de la Comisión consistente en comenzar con un registro voluntario de grupos de interés y evaluar el sistema al cabo de un año; es consciente del fundamento jurídico existente, establecido por el Tratado de Lisboa, en favor de un registro obligatorio; recuerda que el registro actual del Parlamento ya es obligatorio y que un posible registro común sería de facto obligatorio, porque registrarse es, en ambos casos, un requisito previo para acceder al Parlamento;

57.

Lamenta que no se haya aplicado su invitación de establecer un nuevo código de conducta para los miembros de la Comisión a fin de mejorar y definir con mayor claridad su responsabilidad política individual y colectiva por sus decisiones políticas, así como por la aplicación de las políticas por parte de sus servicios;

58.

Recuerda una vez más la responsabilidad de la Comisión de asegurar la integridad, accesibilidad y comparabilidad de la información facilitada sobre los beneficiarios de la financiación comunitaria y lamenta que este objetivo todavía no se haya alcanzado;

59.

Recuerda una vez más la importancia de la completa transparencia y publicidad en lo que respecta al personal de los gabinetes de los Comisarios que no ha sido contratado de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios;

60.

Toma nota de que la publicación de los beneficiarios de los fondos europeos es obligatoria desde el ejercicio 2007; toma nota con pesar de que el Parlamento no tiene una visión global de la publicación, ni de los detalles de los beneficiarios y sus proyectos; pide a la Comisión que evalúe la utilidad de los datos publicados por los Estados miembros a la luz de los objetivos políticos declarados;

61.

Manifiesta su sorpresa por el hecho de que la Comisión ya ha ofrecido una contribución de 1 500 000 EUR al gimnasio del Parlamento a partir de las cuentas bancarias al margen del presupuesto del antiguo economato de la Comisión [COM(2008) 692], y manifiesta su disconformidad con esta interpretación del acuerdo del Parlamento de utilizar el dinero; recuerda el apartado 6 de su mencionada Resolución de 24 de abril de 2007 por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2005, y los apartados 6 y 7 de su Resolución de 27 de abril de 2006 por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2004 (16); pide a la Comisión que consigne el dinero procedente de las cuentas bancarias al margen del presupuesto del antiguo economato en el presupuesto regular antes de presentar propuestas sobre su utilización;

62.

Recuerda a la Comisión que antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo debería estar disponible una base de datos general, de fácil acceso y abierta a la opinión pública que contenga información sobre todos los beneficiarios de la financiación comunitaria;

63.