25.9.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 253/1

25.9.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 253/3

(1)

El Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar (2), dispone que los precios de importación cif de azúcar blanco y azúcar en bruto se consideran los «precios representativos». Se entiende que esos precios se fijan para la calidad tipo definida, respectivamente, en el anexo I, puntos II y III, del Reglamento (CE) no 318/2006.

(2)

Para fijar esos precios representativos es necesario tener en cuenta todos los datos establecidos en el artículo 23 del Reglamento (CE) no 951/2006, excepto en los casos previstos en el artículo 24 de dicho Reglamento.

(3)

Para adaptar el precio a calidades distintas de la calidad tipo, en el caso del azúcar blanco, procede aplicar a las ofertas aceptadas los incrementos o reducciones indicados en el artículo 26, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 951/2006. En el caso del azúcar en bruto, procede aplicar el método de coeficientes correctores establecido en la letra b) de ese mismo apartado.

(4)

Cuando exista una diferencia entre el precio desencadenante del producto de que se trate y el precio representativo, deben fijarse derechos de importación adicionales en las condiciones mencionadas en el artículo 39 del Reglamento (CE) no 951/2006.

(5)

Procede fijar los precios representativos y los derechos adicionales de importación de estos productos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento (CE) no 951/2006.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas.

25.9.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 253/5

(1)

El Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar (2), dispone que el precio de importación cif de melaza se considera el «precio representativo». Este precio se considera fijado para la calidad tipo mencionada en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 951/2006.

(2)

Para fijar los precios representativos se han de tener en cuenta todos los datos establecidos en el artículo 29 del Reglamento (CE) no 951/2006, excepto en los casos previstos en el artículo 30 de dicho Reglamento, y, cuando corresponda, pueden fijarse según el método establecido en el artículo 33 del Reglamento (CE) no 951/2006.

(3)

Para adaptar el precio a calidades distintas de la calidad tipo, procede incrementar o disminuir los precios, según la calidad de la melaza ofrecida, en aplicación del artículo 32 del Reglamento (CE) no 951/2006.

(4)

Cuando exista una diferencia entre el precio desencadenante del producto de que se trate y el precio representativo, deben fijarse derechos de importación adicionales en las condiciones mencionadas en el artículo 39 del Reglamento (CE) no 951/2006. En caso de suspensión de los derechos de importación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento (CE) no 951/2006, es preciso fijar importes específicos para esos derechos.

(5)

Procede fijar los precios representativos y los derechos adicionales de importación de estos productos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento (CE) no 951/2006.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas.

25.9.2009   

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L 253/7

(1)

El Reglamento (CE) no 676/2009 de la Comisión (2) ha abierto una licitación para fijar la reducción máxima del derecho de importación de maíz a España procedente de terceros países.

(2)

Con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) no 1296/2008 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los contingentes arancelarios por importación de maíz y de sorgo en España y de maíz en Portugal (3), la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 195, apartado 2, del Reglamento no 1234/2007, puede fijar una reducción máxima del derecho de importación. Para esta fijación, deben tenerse en cuenta especialmente los criterios previstos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) no 1296/2008.

(3)

El contrato se adjudicará a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la reducción máxima del derecho de importación o a un nivel inferior.

(4)

El Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

25.9.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 253/8

(1)

El sector de los servicios financieros es un componente fundamental del mercado interior, esencial para el adecuado funcionamiento de la economía europea y para la competitividad a escala internacional. Un sector financiero sano y dinámico exige disponer de un marco regulador y de supervisión sólido, capaz de atender a las necesidades de la creciente integración de los mercados financieros de la Comunidad.

(2)

La crisis que viene teniendo lugar en los mercados financieros desde 2007 ha hecho que la supervisión de las entidades financieras y la información financiera y la auditoría pasen a ocupar un lugar destacado entre las prioridades políticas de la Comunidad, y que sea necesario garantizar un marco común para el mercado interior que funcione correctamente.

(3)

La economía global exige también la convergencia entre las normas de los distintos ordenamientos jurídicos y la elaboración de normas internacionales en el marco de un proceso transparente y bajo control democrático. Por esta razón, es importante que la Comunidad participe en el proceso internacional de elaboración de normas dirigidas a los mercados financieros. A fin de salvaguardar los intereses de la Comunidad y velar por que las normas internacionales sean de gran calidad y compatibles con la legislación comunitaria, es esencial que dichos intereses estén adecuadamente representados en dicho proceso internacional de elaboración de normas.

(4)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (3) (en lo sucesivo, «el Reglamento NIC»), las normas internacionales de información financiera (NIIF) deben incorporarse en la legislación comunitaria para ser aplicadas por las empresas cuyos valores coticen en un mercado regulado en la Comunidad, siempre que las NIIF cumplan los criterios establecidos en dicho Reglamento. Por consiguiente, las NIIF constituyen un instrumento esencial para el funcionamiento del mercado interior y por ello la Comunidad tiene un interés directo en garantizar que el proceso de elaboración y adopción de las NIIF dé lugar a normas acordes con los requisitos del marco jurídico del mercado interior.

(5)

Las NIIF y las interpretaciones de las mismas son emitidas, respectivamente, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), dos organismos que forman parte de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). En consecuencia, es importante implantar un sistema adecuado de financiación de la IASCF.

(6)

El Grupo consultivo europeo en materia de información financiera (EFRAG) fue creado en 2001 por organizaciones europeas que representan a los emisores, los inversores y los profesionales de la contabilidad que intervienen en el proceso de información financiera. Con arreglo al Reglamento NIC, el EFRAG asesora a la Comisión en cuanto a si una determinada norma contable emitida por el IASB o una interpretación del CINIIF, que esté previsto incorporar, cumple la normativa comunitaria. Por otra parte, el EFRAG se utiliza cada vez más como plataforma para hacer llegar a niveles superiores información técnica sobre proyectos de normas de contabilidad.

(7)

Dado que el EFRAG desempeña una función esencial de apoyo de la legislación del mercado interior y las políticas comunitarias, así como de representación de los intereses europeos en el proceso de elaboración de normas a escala internacional, es necesario que la Comunidad contribuya a su financiación.

(8)

En el ámbito de la auditoría legal, el Consejo internacional de supervisión pública de estándares de auditoría, ética profesional y materias relacionadas (PIOB) fue creado en 2005 por el Grupo de Supervisión, organización internacional responsable de supervisar la reforma de la gobernanza de la Federación Internacional de Expertos Contables (IFAC). La función del PIOB consiste en supervisar el proceso de adopción de las Normas internacionales de auditoría (NIA) y otras actividades de interés público de la IFAC. Las NIA pueden adoptarse y ser aplicadas en la Comunidad, siempre que estas hayan sido desarrolladas con arreglo al debido procedimiento, y con la supervisión pública y la transparencia adecuadas, como exige el artículo 26 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (4).

(9)

La incorporación de las NIA al Derecho comunitario y el papel esencial que desempeña el PIOB a la hora de garantizar que las NIA cumplen los requisitos establecidos por la Directiva 2006/43/CE suponen que la Comunidad está directamente interesada en que el proceso de elaboración y aprobación de estas normas se traduzca en normas que sean acordes con el marco jurídico del mercado interior. En consecuencia, es importante garantizar un sistema adecuado de financiación del PIOB.

(10)

En consecuencia, resulta oportuno instituir un programa comunitario (en lo sucesivo, «el Programa») que permita cofinanciar las actividades del EFRAG, de la IASCF y del PIOB, que, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (5), persiguen fines de interés general europeo, al elaborar y ratificar normas o supervisar los procesos de fijación de normas en el ámbito de la información financiera y la auditoría.

(11)

Resulta asimismo oportuno otorgar subvenciones a las tres estructuras jurídicas de apoyo cuya única finalidad es facilitar apoyo administrativo al Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, creado por la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (6), al Comité de supervisores bancarios europeos, creado por la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (7) y al Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación, creado por la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (8) (en lo sucesivo denominados colectivamente «los comités de supervisores») para que desarrollen sus mandatos y sus proyectos relacionados con la convergencia en materia de supervisión, en particular la formación del personal de las autoridades nacionales de supervisión y la gestión de proyectos informáticos.

(12)

La crisis financiera ha puesto de relieve la urgente necesidad de progresar en el ámbito de la convergencia y la cooperación en materia de supervisión. Por consiguiente, es oportuno que la Comunidad respalde financieramente acciones concretas de los comités de supervisores que deben llevarse a cabo para alcanzar dicho progreso.

(13)

La ejecución y aplicación uniforme del Derecho comunitario en el ámbito de los servicios financieros, por lo que respecta a la supervisión, es esencial para eliminar los obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior. Algunas de las medidas más eficaces y apropiadas para alcanzar este objetivo consisten en que los comités de supervisores proporcionen una mejor formación común al personal de las autoridades nacionales de supervisión y desarrollen instrumentos comunes en el ámbito de las tecnologías de la información.

(14)

Los organismos que desarrollan su actividad en el ámbito de la supervisión, la contabilidad y la auditoría son extremadamente dependientes de financiación y, pese a la importancia que su labor tiene para la Comunidad, ninguno de los beneficiarios del Programa propuestos goza de apoyo financiero con cargo al presupuesto de la Comunidad, lo que puede afectar a su capacidad de cumplir con sus respectivas tareas, esenciales para el funcionamiento del mercado interior.

(15)

La cofinanciación de la Comunidad garantiza que esos organismos dispongan de financiación transparente, estable, diversificada, sana y adecuada, de modo que puedan desempeñar su misión con independencia y eficacia.

(16)

Debe preverse una financiación suficiente mediante una contribución comunitaria con vistas al funcionamiento de los comités de supervisores y a la fijación de normas internacionales de contabilidad y auditoría, y en particular para la IASCF, incluidos el EFRAG y el PIOB.

(17)

La financiación comunitaria debe supeditarse, especialmente en el caso particular de la IASCF, a la aplicación concreta de las reformas exigidas por la Comunidad en materia de gobernanza.

(18)

En los proyectos de programas de trabajo que transmitan anualmente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, tal como se solicita en la Resolución del Parlamento Europeo de 9 de octubre de 2008 (9), y en las Conclusiones del Consejo de 14 de mayo de 2008, los comités de supervisores deben incluir una sección en la que se detallen las actividades que se hayan financiado con cargo al Programa durante el año en cuestión, indicando concretamente los importes de la financiación y los resultados de las actividades financiadas, junto con una descripción de las actividades que los comités de supervisores se propongan presentar a la Comisión durante el año siguiente con miras a su financiación con cargo al Programa.

(19)

Además de introducir cambios en su forma de financiación, la IASCF y el EFRAG experimentan actualmente una reforma de su gobernanza, cuya necesidad ha puesto de relieve la crisis financiera, con objeto de garantizar que sus estructuras y procesos les permitan desempeñar su misión de interés público con independencia, eficacia y transparencia y bajo control democrático. La importancia de estas reformas ha sido subrayada por el informe del Grupo de alto nivel sobre supervisión financiera, presidido por Jacques de Larosière (Grupo de Larosière), de 25 de febrero de 2009, por la Comunicación de la Comisión de 4 de marzo de 2009 para el Consejo Europeo de primavera, titulada «Gestionar la recuperación europea», y por la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20) de 2 de abril de 2009. Estas reformas deben efectuarse antes de que comience la cofinanciación de la Comunidad. En relación con la IASCF, las reformas deben incluir, entre otros, el cumplimiento de las expectativas establecidas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2008, sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la gobernanza del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) y en las Conclusiones del Consejo de 8 de julio de 2008, concretamente el establecimiento del Consejo de supervisión, con las facultades pertinentes y una composición adecuada, una mayor transparencia y legitimidad en los procesos de fijación de normas y del orden del día de la IASCF, el refuerzo de la eficacia del Consejo Consultivo de Normas y la formalización del papel de las evaluaciones de impacto como parte de las normas procedimentales del IASB.

(20)

Los beneficiarios que desarrollen actividades internacionales en terceros países, como el PIOB y la IASCF, no deben seguir beneficiándose de la cofinanciación comunitaria si, tras los dos primeros años, no han realizado progresos significativos para garantizar que sus financiaciones totales, incluidos los importes recibidos de terceros países participantes, proceden en su mayoría de fuentes neutrales de financiación.

(21)

La Directiva 2006/43/CE prevé que los Estados miembros deben establecer órganos de supervisión independientes en el ámbito de la auditoría. Sin embargo, recientes acontecimientos en los mercados han puesto de manifiesto deficiencias en numerosos ámbitos, incluida la auditoría. Por lo tanto, con objeto mejorar la calidad de la auditoría en la Unión Europea, la Comisión debe presentar, antes del 1 de julio de 2010, un informe sobre el refuerzo de la cooperación comunitaria en materia de supervisión de empresas de auditoría.

(22)

La crisis financiera podría dar lugar a la creación de nuevos organismos de alcance comunitario o internacional, cuyo mandato comprenda objetivos comunitarios que sean similares a los de los beneficiarios del Programa.

(23)

Debe preverse la posibilidad de incluir en el Programa tales organismos como nuevos beneficiarios, a condición de que cumplan los criterios que establece la presente Decisión.

(24)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (10).

(25)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que seleccione nuevos beneficiarios para el Programa y modifique el anexo en consecuencia. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Decisión, completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(26)

El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (11) (en lo sucesivo, «el Reglamento financiero») y el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002, que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deben aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios, la limitación del número de casos en que la Comisión tenga la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, y la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y la carga administrativa vinculada a su utilización.

(27)

La crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar los modelos de regulación y supervisión del sector financiero de la Unión Europea. En su Comunicación titulada «Gestionar la recuperación europea», la Comisión anunció su intención de presentar las propuestas legislativas necesarias, teniendo debidamente en cuenta las conclusiones presentadas por el Grupo de Larosière. El Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo de 2009 llegó a un acuerdo sobre la necesidad de mejorar la regulación y la supervisión de las entidades financieras en la Unión Europea, basándose para ello en el informe del Grupo de Larosière. La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo lo antes posible, y en cualquier caso antes del 1 de julio de 2010, las propuestas pertinentes.

(28)

La presente Decisión debe establecer la posibilidad de cofinanciar las actividades de ciertos organismos que persiguen fines de interés general comunitario en temas que afectan a toda la Comunidad en la esfera de los servicios financieros, al elaborar o ratificar normas o supervisar los procesos de elaboración de normas en el ámbito de la información financiera y la auditoría.

(29)

Se propone la financiación comunitaria para un número reducido y bien delimitado de los organismos más importantes del ámbito de los servicios financieros. Dentro del marco institucional vigente, el nuevo sistema de financiación garantiza una financiación estable, diversificada, sana y adecuada, de modo que los organismos pertinentes puedan desempeñar con independencia y eficacia su misión relativa a la Comunidad o de interés público comunitario. La ayuda financiera se otorgará conforme a lo dispuesto en el Reglamento financiero, así como en el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002.

(30)

Dado que los objetivos de la presente Decisión no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

a)

actividades de apoyo a la aplicación de las políticas comunitarias orientadas a la convergencia en materia de supervisión, en particular mediante la formación del personal de las autoridades nacionales de supervisión y la gestión de proyectos informáticos en el ámbito de los servicios financieros, y

b)

actividades relacionadas con la elaboración de normas o la contribución a su elaboración, la aplicación, evaluación o supervisión de las normas o el seguimiento de los procesos de elaboración de las normas en apoyo de la aplicación de las políticas comunitarias en el ámbito de la información financiera y la auditoría.

a)

ser personas jurídicas sin ánimo de lucro que promuevan el interés público y persigan fines de interés general europeo según lo previsto en el artículo 162 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002, y

b)

no encontrarse, en el momento de otorgar la subvención, en ninguna de las situaciones a que se refieren el artículo 93, apartado 1, el artículo 94 o el artículo 96, apartado 2, letra a), del Reglamento financiero.

a)

en el caso de los beneficiarios que figuran en la sección A del anexo, la financiación de la Comunidad consistirá en subvenciones de funcionamiento, y

b)

en el caso de los beneficiarios que figuran en la sección B del anexo:

a)

su único objeto debe ser permitir a los beneficiarios que figuran en la sección B del anexo desempeñar una función de apoyo administrativo para los comités de supervisores con objeto de desarrollar y aplicar los proyectos especificados en las decisiones por las que se otorgan subvenciones de acción, y

b)

la función de apoyo administrativo de los beneficiarios que figuran en la sección B del anexo deberá estar claramente prevista en sus respectivos estatutos.

a)

proyectos en el ámbito de las tecnologías de la información;

b)

programas de formación y de comisión de servicio dirigidos al personal de las autoridades nacionales de supervisión;

c)

organización de conferencias, seminarios, jornadas de formación y reuniones de expertos;

d)

elaboración y difusión de publicaciones, preparación y ejecución de otras actividades de información;

e)

actividades de investigación y realización de estudios, y

f)

otras actividades de apoyo específicas pertinentes en relación con el Derecho comunitario o con la política comunitaria en el ámbito de la contabilidad y la auditoría o la convergencia o la cooperación en materia de supervisión.

a)

ser sucesor directo de uno de los beneficiarios que figuran en el anexo;

b)

ejercer actividades de apoyo a la aplicación de las políticas comunitarias orientadas hacia la convergencia y la cooperación en materia de supervisón en el ámbito de los servicios financieros, o

c)

participar directamente en el proceso de elaboración de normas internacionales o contribuir a su elaboración, así como participar en la aplicación, evaluación o supervisión de dichas normas, o en el seguimiento de los procesos de elaboración de normas en apoyo de la aplicación de las políticas comunitarias en el ámbito de la información financiera y la auditoría.

a)

cumple el requisito establecido en el apartado 2, letra a), del presente artículo, podrá recibir la subvención de su predecesor que figura en el anexo siempre que, si se trata de una subvención de acción, ese organismo también desarrolle actividades que respondan a lo especificado en el artículo 6, o

b)

desarrolla actividades que responden a lo especificado en el artículo 6 y cumple los requisitos establecidos en el apartado 2, letras b) o c), del presente artículo, podrá recibir una subvención de acción.

a)

para toda acción financiada por el Programa en el marco de una subvención de acción, el beneficiario presente anualmente un informe técnico y financiero sobre el progreso de las actividades y un informe final una vez terminada la acción, y

b)

para todo programa de trabajo financiado por el Programa en el marco de una subvención de funcionamiento, el beneficiario presente anualmente un informe de actividad y financiero sobre la ejecución del programa de trabajo, así como un informe final una vez terminado el período durante el cual pudo acogerse a la financiación comunitaria.

25.9.2009   

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L 253/17

(1)

El 11 de octubre de 2004, el Consejo adoptó la Posición Común 2004/694/PESC (1), con el objetivo de congelar todos los fondos y recursos económicos pertenecientes a todas las personas inculpadas de crímenes de guerra por el TPIY pero que no estuvieran aún detenidas a disposición del Tribunal.

(2)

La Posición Común 2004/694/PESC es aplicable hasta el 10 de octubre de 2009.

(3)

La Posición Común 2004/694/PESC debe renovarse por un nuevo período de 12 meses.

(4)

Las disposiciones comunitarias de ejecución se exponen en el Reglamento (CE) no 1763/2004 del Consejo, de 11 de octubre de 2004, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) (2).