31.7.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 200/1

(1)

El mercado interior comprende un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales debe estar garantizada. A este efecto existe un sistema comunitario global de homologación de tipo de los vehículos de motor, establecido por la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (3).

(2)

El presente Reglamento constituye un reglamento particular del procedimiento comunitario de homologación de tipo conforme a la Directiva 2007/46/CE. Procede, por tanto, modificar los anexos IV, VI, XI y XV de dicha Directiva en consecuencia.

(3)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los procedimientos de homologación de tipo de una sola vez y de homologación de tipo mixta establecidos en el artículo 6 de la Directiva 2007/46/CE.

(4)

Los requisitos técnicos para la homologación de tipo de vehículos de motor referentes a numerosos elementos de seguridad y medioambientales se han armonizado a escala comunitaria para evitar que difieran de un Estado miembro a otro y asegurar un elevado nivel de seguridad vial y protección del medio ambiente en toda la Comunidad.

(5)

Por consiguiente, el presente Reglamento también tiene por objeto aumentar la competitividad de la industria comunitaria del automóvil permitiendo al mismo tiempo a los Estados miembros ejercer una vigilancia efectiva del mercado en cuanto al cumplimiento de los requisitos detallados de homologación de tipo del presente Reglamento por lo que se refiere a la comercialización de los productos correspondientes.

(6)

Conviene establecer requisitos referentes a la seguridad general de los vehículos de motor y a la eficacia medioambiental de los neumáticos, debido a la disponibilidad de sistemas de control de la presión de los neumáticos que mejoran simultáneamente la seguridad y la eficacia medioambiental de los neumáticos.

(7)

A petición del Parlamento Europeo, se ha introducido un nuevo planteamiento regulador en la legislación comunitaria sobre vehículos. Por tanto, en el presente Reglamento solo deben establecerse las disposiciones fundamentales sobre seguridad de los vehículos y emisiones de ruido y de CO2 de los neumáticos, mientras que las especificaciones técnicas deben fijarse a través de medidas de ejecución adoptadas conforme a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4).

(8)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que determine los procedimientos, ensayos y requisitos específicos de homologación de vehículos de motor, componentes y unidades técnicas independientes; para que defina con más precisión las características que debe reunir un neumático para poder ser definido como «neumático de uso especial», «neumático todoterreno profesional», «neumático reforzado», «neumático de carga extra», «neumático de nieve», «neumático de repuesto de uso provisional de tipo T» o «neumático de tracción»; para que establezca requisitos específicos de seguridad para los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas por carretera en el interior de un Estado miembro o entre Estados miembros; para que exima a determinados vehículos o clases de vehículos de las categorías M2, M3, N2 y N3 de la obligación de instalar sistemas avanzados de frenado de emergencia o sistemas de advertencia de abandono del carril; para que modifique los límites relativos a la resistencia a la rodadura y al ruido de rodadura de los neumáticos como resultado de los cambios en los procedimientos de ensayo, sin reducir el nivel actual de protección del medio ambiente; para que establezca normas sobre el procedimiento para determinar los niveles de ruido de los neumáticos; para que acorte el período de venta de neumáticos que no cumplan los nuevos requisitos establecidos en el presente Reglamento y en sus medidas de aplicación, y para que modifique el anexo IV con el fin de incluir los Reglamentos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Reglamentos CEPE) que se han convertido en obligatorios con arreglo a la Decisión 97/836/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1997, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Acuerdo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones (5). Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, incluso completándolo con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(9)

Además de la iniciativa de la Comisión en curso que tiene por objeto definir un sistema de clasificación de las carreteras, la Comisión debe, en el plazo de doce meses tras la entrada en vigor del presente Reglamento, presentar una propuesta sobre la clasificación de las carreteras de la UE en función de la generación de ruido que complemente la cartografía en materia de ruido en el transporte mediante vehículos de motor, con objeto de fijar prioridades y requisitos en materia de revestimientos de carretera apropiados y de establecer límites máximos de generación de ruido de rodadura.

(10)

El progreso técnico en el ámbito de los sistemas de seguridad avanzados para vehículos ofrece nuevas posibilidades de reducción del número de víctimas de accidentes. Para reducir al mínimo el número de víctimas de accidentes es necesario introducir algunas de las nuevas tecnologías pertinentes.

(11)

El uso obligatorio y consecuente de las tecnologías más recientes para la fabricación de neumáticos y de los neumáticos de baja resistencia a la rodadura será esencial para reducir la parte de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al tráfico por carretera en el sector del transporte, fomentando al mismo tiempo la innovación, el empleo y la competitividad de la industria comunitaria del automóvil.

(12)

Para simplificar la legislación en materia de homologación de tipo con arreglo a las recomendaciones del Informe final del Grupo de Alto Nivel CARS 21, conviene derogar varias Directivas sin reducir el nivel de protección de los usuarios de la carretera. Los requisitos establecidos en dichas Directivas deben transferirse al presente Reglamento y deben sustituirse, cuando proceda, por referencias a los Reglamentos CEPE correspondientes, incorporados al Derecho comunitario con arreglo a la Decisión 97/836/CE. Para reducir la carga administrativa del proceso de homologación de tipo es conveniente permitir a los fabricantes de vehículos obtener la homologación de tipo a efectos del presente Reglamento, en su caso, por medio de la obtención de la aprobación de conformidad con el Reglamento CEPE pertinente que figura en el anexo IV del presente Reglamento.

(13)

Conviene que los vehículos estén diseñados, fabricados y montados de forma que se minimice el riesgo de lesiones para sus ocupantes y otros usuarios de la carretera. A tal fin, es necesario que los fabricantes garanticen que sus vehículos cumplen los requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento y en sus medidas de aplicación. Entre dichas disposiciones deben figurar requisitos relativos a la integridad estructural del vehículo, sistemas que ayuden al conductor a controlarlo, sistemas que proporcionen al conductor visibilidad e información sobre su estado y su entorno, sistemas de iluminación del mismo, sistemas de protección de sus ocupantes, su exterior y sus accesorios, sus masas y dimensiones, sus neumáticos y sistemas avanzados para los mismos y otros elementos varios. Además, es necesario que los vehículos cumplan las disposiciones específicas relativas a determinados vehículos de transporte de mercancías y sus remolques o a los autobuses, según corresponda.

(14)

El calendario para la introducción de nuevos requisitos específicos para la homologación de vehículos debe tener en cuenta la factibilidad técnica de dichos requisitos. En general, los requisitos deben aplicarse inicialmente solo a los nuevos tipos de vehículo. Se debe permitir un plazo adicional para que los tipos de vehículo existentes se ajusten a los requisitos. Por otra parte, la instalación obligatoria de sistemas de control de la presión de los neumáticos debe aplicarse inicialmente solo a los turismos. La instalación obligatoria de otras funciones de seguridad avanzadas debe aplicarse inicialmente solo a los vehículos pesados de transporte de mercancías.

(15)

La Comisión debe continuar evaluando la viabilidad técnica y económica y la madurez de mercado de otras funciones avanzadas de seguridad y presentar un informe que incluya, si procede, propuestas de modificación del presente Reglamento antes del 1 de diciembre de 2012, y posteriormente cada tres años.

(16)

La Comisión debe evaluar la viabilidad de ampliar la instalación obligatoria de los sistemas de control de la presión de los neumáticos, de los sistemas avanzados de frenado de emergencia o de los sistemas de advertencia de abandono del carril a otras categorías de vehículos, y, si procede, proponer una modificación del presente Reglamento.

(17)

La Comisión debe evaluar la viabilidad de endurecer los requisitos de adherencia en superficie mojada de los neumáticos, y, si procede, proponer una modificación del presente Reglamento. Los Estados miembros deben asegurar una vigilancia efectiva de los mercados.

(18)

El pleno potencial de aumento de la seguridad, con una reducción de las emisiones de CO2 y una disminución del ruido del tráfico, solamente puede lograrse en combinación con un sistema de etiquetado destinado a informar al consumidor sobre las diferentes prestaciones de los neumáticos.

(19)

Conviene aplicar las medidas anunciadas en la Comunicación de la Comisión, de 7 de febrero de 2007, titulada «Resultados de la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros», destinadas a la reducción de las emisiones de CO2 resultantes de los neumáticos. Dicha reducción debe conseguirse combinando la utilización de neumáticos de baja resistencia a la rodadura y de sistemas de control de la presión de los neumáticos. Asimismo, conviene establecer requisitos con el objetivo de reducir el ruido de rodadura de los neumáticos y asegurarse de que se mantienen los niveles de seguridad de los neumáticos. El calendario de aplicación correspondiente debe reflejar el grado de dificultad que plantea cumplir todos estos requisitos. En particular, debido al reto que supone cumplir los requisitos relativos al ruido de rodadura y teniendo en cuenta el tiempo que el sector necesita para sustituir las líneas actuales de neumáticos, conviene prever un plazo más amplio para la aplicación de los requisitos sobre ruido de rodadura con respecto a los nuevos neumáticos de los tipos existentes.

(20)

Probablemente se fabricarán en muy pequeñas cantidades algunas categorías de neumáticos, incluidos los todoterreno profesionales que están sujetos a limitaciones de velocidad y los destinados exclusivamente a vehículos matriculados antes de 1990. Por lo tanto, conviene eximir dichas categorías de neumáticos de determinados requisitos establecidos en el presente Reglamento y en sus medidas de aplicación, cuando dichos requisitos sean incompatibles con el uso de los neumáticos o la carga adicional que representen sea desproporcionada.

(21)

Por lo que se refiere a los neumáticos recauchutados, la Comisión debe proceder a una evaluación apropiada de este sector empresarial, con la participación de todos los interesados, y evaluar si resulta necesaria una adaptación del régimen regulador.

(22)

Es conveniente establecer márgenes de tolerancia con respecto a algunos valores límite de resistencia a la rodadura o de ruido de rodadura para determinados tipos de neumáticos, a fin de tener en cuenta su diseño o características de rendimiento. En particular, es conveniente establecer estos márgenes de tolerancia para los neumáticos diseñados para tener una mejor tracción y frenado en condiciones difíciles por causa de la nieve.

(23)

Los neumáticos de uso especial se utilizan en la construcción de vehículos empleados en la construcción, la explotación forestal y la minería y, por tanto, diseñados principalmente para dar un mejor rendimiento fuera de la carretera que los neumáticos destinados únicamente para su uso en carretera. Para lograr estos resultados se construyen a partir de materias que les permiten resistir el daño mejor que los neumáticos normales y tienen una banda de rodamiento con bloques. Como ambas características esenciales de diseño hacen que los neumáticos de uso especial generen más ruido que los neumáticos normales, debe permitirse que emitan más ruido que los neumáticos normales.

(24)

Los sistemas electrónicos de control de la estabilidad, los sistemas avanzados de frenado de emergencia y los sistemas de advertencia de abandono del carril presentan un gran potencial para reducir considerablemente el número de víctimas de accidentes. Por tanto, la Comisión debe establecer en línea con los Reglamentos CEPE requisitos para dichos sistemas para las categorías de vehículos en las que su aplicación resulte apropiada y para las que esté demostrado que mejorarán el nivel global de seguridad. Debe preverse un plazo suficiente hasta la aplicación de dichos requisitos para permitir la adopción de las medidas de ejecución y posteriormente para el desarrollo y la incorporación en los vehículos de estas tecnologías complejas.

(25)

Con efecto a partir de 2011 para las nuevas homologaciones de tipo, y a partir de 2014 para los vehículos nuevos, los plazos de ejecución para la instalación obligatoria de sistemas electrónicos de control de la estabilidad en los vehículos pesados deben seguir las fechas establecidas en el presente Reglamento.

(26)

Hasta la introducción de sistemas electrónicos de control de la estabilidad, la Comisión debe prever medidas y campañas de información sobre su eficacia y de promoción de su venta. Además, la Comisión debe observar la evolución de los precios para comprobar si los precios de los vehículos nuevos aumentan de manera desproporcionada como consecuencia del equipamiento de los vehículos con arreglo a las nuevas normas de seguridad.

(27)

Las futuras medidas propuestas sobre la base del presente Reglamento o los procedimientos desarrollados en aplicación del mismo deben ser conformes a los principios establecidos por la Comisión en su Comunicación, de 7 de febrero de 2007, titulada «Marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI». En particular, en aras de una mejor reglamentación y una mayor simplificación, y para evitar la constante actualización de la legislación comunitaria vigente en materia de especificaciones técnicas, el presente Reglamento debe hacer referencia a normas y reglamentos internacionales existentes sin reproducirlos en el marco jurídico comunitario.

(28)

Es importante que los componentes de recambio de los sistemas incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento estén sujetos a requisitos de seguridad y procedimientos de homologación equivalentes. Por tanto, conviene prever la homologación de unidades técnicas independientes y componentes de recambio.

(29)

Los Estados miembros deben establecer normas sobre las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y velar por su ejecución. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(30)

El presente Reglamento está relacionado con el Reglamento (CE) no 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (6), y con el Reglamento (CE) no 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (7). En especial, las medidas del presente Reglamento relativas a la reducción de las emisiones de CO2 deben vincularse en la medida de lo posible a las medidas suplementarias para lograr una reducción adicional de 10 g de CO2 por encima del objetivo base de reducción de las emisiones de CO2 de 130 g.

(31)

La Comisión debe, a su debido tiempo, proponer, como enfoque más integrado, otras enmiendas al presente Reglamento o presentar otras propuestas, de conformidad con una evaluación global del impacto que aborde todas las posibles medidas adicionales para lograr los objetivos deseados en materia de emisiones de CO2 y que cubra otras tecnologías disponibles en el mercado, incluidas las tecnologías de retención de la presión del neumático, la mejora de los revestimientos de carretera y cualquier otra nueva tecnología pertinente, así como los requisitos relativos a la eficiencia del aire acondicionado que ya tienen o que podrían tener un efecto claro sobre la resistencia a la rodadura del neumático o la economía de combustible y las emisiones de CO2 del vehículo.

(32)

Debe aplicarse un enfoque coherente y completo para abordar el problema del ruido de rodadura. En lo que respecta a la significativa contribución de los revestimientos de carretera al ruido de rodadura, se está actualmente revisando la norma ISO 10844 que debería considerarse en este contexto con el objetivo de seguir optimizando los revestimientos de carretera. Los Estados miembros deben invertir en mayor medida con arreglo a las normas ISO existentes para mejorar sus revestimientos de carretera. Además debe desarrollarse una política global en materia de emisiones de ruido que cubra todos los sistemas de transporte abarcando también el ruido de la aviación y el ferrocarril además del ruido del transporte por carretera.

(33)

Con efecto a partir de las fechas de aplicación a los nuevos vehículos, nuevos componentes y unidades técnicas independientes de los requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento, procede derogar las Directivas siguientes:

(34)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la realización del mercado interior mediante la introducción de requisitos técnicos comunes relativos a la seguridad y la eficacia medioambiental de los vehículos de motor y los neumáticos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones de la acción puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

1)

para la homologación de tipo de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados, en lo que respecta a su seguridad;

2)

para la homologación de tipo de los vehículos de motor, en relación con los sistemas de control de la presión de los neumáticos, en lo que respecta a su seguridad, la eficiencia del combustible y las emisiones de CO2 y, en relación con los indicadores del cambio de velocidades, en lo que respecta a su eficiencia del combustible y las emisiones de CO2, y

3)

para la homologación de tipo de los neumáticos de nueva fabricación en lo que respecta a su seguridad y sus resultados en materia de resistencia a la rodadura y emisiones de ruido de rodadura.

a)

la integridad de la estructura del vehículo, incluidos los ensayos de colisión;

b)

los sistemas que ayuden al conductor a controlar el vehículo, incluidos los sistemas de dirección, frenado y control electrónico de la estabilidad;

c)

los sistemas que proporcionen al conductor visibilidad e información sobre el estado del vehículo y su entorno, incluidos los acristalamientos, los espejos y los sistemas de información del conductor;

d)

los sistemas de iluminación del vehículo;

e)

los sistemas de protección de los ocupantes del vehículo, incluido el acondicionamiento interior, los reposacabezas, los cinturones de seguridad, los anclajes «ISOFIX» o los dispositivos de retención infantil incorporados, y las puertas del vehículo;

f)

el exterior del vehículo y sus accesorios;

g)

la compatibilidad electromagnética;

h)

los avisadores acústicos;

i)

los sistemas de calefacción;

j)

los dispositivos de protección contra la utilización no autorizada;

k)

los sistemas de identificación del vehículo;

l)

las masas y las dimensiones;

m)

la seguridad eléctrica;

n)

los indicadores de cambio de velocidad.

a)

los neumáticos cuya categoría de velocidad sea inferior a 80 km/h;

b)

los neumáticos cuya llanta tenga un diámetro nominal máximo de 254 mm o sea igual o superior a 635 mm;

c)

los neumáticos de repuesto de uso provisional de tipo T;

d)

los neumáticos diseñados para ser montados exclusivamente en los vehículos matriculados por primera vez antes del 1 de octubre de 1990;

e)

los neumáticos equipados con dispositivos adicionales para mejorar sus propiedades de tracción.

a)

vehículos de las categorías M2 y M3, exceptuados aquellos con más de tres ejes, autobuses articulados y autocares, y autobuses de la clase I o de la clase A;

b)

vehículos de las categorías N2 y N3, exceptuados aquellos con más de tres ejes, tractores para semirremolques con una masa bruta del vehículo entre 3,5 y 7,5 toneladas, y los vehículos especiales definidos en los puntos 5.7 y 5.8 de la sección A del anexo II, de Directiva 2007/46/CE;

c)

vehículos de las categorías O3 y O4 equipados con suspensión neumática, exceptuados aquellos con más de tres ejes, remolques para el transporte de carga excepcional y remolques con zonas para viajeros de pie.

a)

la homologación de tipo CE o la homologación de tipo nacional a los nuevos tipos de vehículos de las categorías especificadas en dichos artículos y sus medidas de aplicación, cuando tales vehículos no cumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación, y

b)

la homologación de tipo CE de componentes o unidades técnicas independientes a los nuevos tipos de componentes o unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, cuando tales componentes o unidades técnicas independientes no cumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación.

a)

considerarán que los certificados de conformidad de los vehículos nuevos de las categorías especificadas en dichos artículos ya no son válidos a efectos del artículo 26 de la Directiva 2007/46/CE y prohibirán la matriculación, la venta y la puesta en servicio de dichos vehículos, cuando estos no cumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación, y

b)

prohibirán la venta y la puesta en servicio de nuevos componentes o unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, cuando tales componentes o unidades técnicas independientes no cumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación.

a)

considerarán que los certificados de conformidad de los vehículos nuevos de las categorías M, N y O ya no son válidos a efectos del artículo 26 de la Directiva 2007/46/CE y prohibirán la matriculación, la venta y la puesta en servicio de dichos vehículos, cuando estos no cumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación, y

b)

prohibirán la venta y la puesta en servicio de de nuevos neumáticos destinados a dichos vehículos, cuando tales neumáticos no cumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación.

a)

por motivos relacionados con los límites de la resistencia a la rodadura de los neumáticos C1 y C2 establecidos en el anexo II, parte B, cuadro 2, considerarán que los certificados de conformidad de los vehículos nuevos de las categorías M, N y O ya no son válidos a efectos del artículo 26 de la Directiva 2007/46/CE y prohibirán la matriculación, la venta y la puesta en servicio de dichos vehículos, cuando estos no cumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación, y

b)

prohibirán la venta y la puesta en servicio de nuevos neumáticos destinados a dichos vehículos, cuando tales neumáticos no cumplan los límites relativos a la resistencia a la rodadura establecidos en el anexo II, parte B, cuadro 2.

a)

considerarán los certificados de conformidad de los vehículos nuevos de las categorías M, N y O ya no son válidos a efectos del artículo 26 de la Directiva 2007/46/CE y prohibirán la venta y la puesta en servicio de estos vehículos cuando no cumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación, y

b)

prohibirán la venta y la puesta en servicio de nuevos neumáticos destinados a dichos vehículos, cuando tales neumáticos no cumplan los límites relativos a la resistencia a la rodadura previstos en el anexo II, parte B, cuadro 2.

a)

denegar la homologación de tipo CE o la homologación de tipo nacional a un tipo nuevo de vehículo, ni la homologación de tipo CE a un tipo nuevo de componente o unidad técnica independiente, cuando dicho vehículo, componente o unidad técnica independiente en cuestión cumpla con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación, ni

b)

prohibir la matriculación, venta o puesta en servicio de un vehículo nuevo o la venta o puesta en servicio de un nuevo componente o unidad técnica independiente cuando dicho vehículo, componente o unidad técnica independiente cumpla con lo dispuesto en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación.

a)

normas detalladas relativas a procedimientos, ensayos y requisitos técnicos de homologación de tipo de vehículos de motor, sus remolques, componentes y unidades técnicas independientes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 a 12;

b)

normas detalladas sobre requisitos específicos de seguridad para los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas por carretera en el interior de un Estado miembro o entre Estados miembros, teniendo en cuenta el Reglamento CEPE no 105;

c)

una definición más precisa de las características físicas y requisitos de comportamiento que debe cumplir un neumático para ser definido como «neumático de uso especial», «neumático todoterreno profesional», «neumático reforzado», «neumático de carga extra», «neumático de nieve», «neumático de repuesto de uso provisional de tipo T» o «neumático de tracción», de conformidad con el artículo 3, apartado 2, puntos 8 a 13;

d)

modificaciones de los límites relativos a la resistencia a la rodadura y al ruido de rodadura establecidos en las partes B y C del anexo II cuando sea necesario como resultado de los cambios en los procedimientos de ensayo, y sin reducir el nivel actual de protección del medio ambiente;

e)

normas detalladas sobre el procedimiento para determinar los niveles de ruido a que se refiere el punto 1 de la parte C del anexo II;

f)

modificaciones por las que se modifica el anexo IV para incluir los Reglamentos CEPE que se han convertido en obligatorios de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Decisión 97/836/CE.

a)

medidas que concedan una exención para determinados vehículos o clases de vehículos de las categorías M2, M3, N2 y N3 de la obligación de instalar los sistemas avanzados a que se hace referencia en el artículo 10 cuando, después de un análisis coste/beneficio y teniendo en cuenta todos los aspectos de seguridad, la aplicación de estos sistemas demuestre no ser adecuada para el vehículo o la clase de vehículos en cuestión;

b)

el 31 de diciembre de 2010, a más tardar, y sobre la base de un análisis de rentabilidad, medidas para, acortar el período establecido en el artículo 13, apartado 11, que podrá ser diferente según la clase o categoría de los neumáticos en cuestión.

a)

la formulación de declaraciones falsas durante los procedimientos de homologación o los procedimientos encaminados a una recuperación;

b)

la falsificación de los resultados de los ensayos de homologación de tipo;

c)

la omisión de datos o especificaciones técnicas que pueden entrañar una recuperación o retirada de la homologación de tipo.

31.7.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 200/25

(1)

El título IV de la tercera parte del Tratado constituye la base jurídica para la adopción de legislación comunitaria en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.

(2)

La cooperación judicial en materia civil entre los Estados miembros y terceros países se ha regido tradicionalmente por acuerdos entre los Estados miembros y terceros países. Estos acuerdos, que son numerosos, reflejan a menudo vínculos especiales entre un Estado miembro y un tercer país y tienen por objeto proporcionar un marco jurídico adecuado a las necesidades específicas de las partes interesadas.

(3)

El artículo 307 del Tratado exige que los Estados miembros recurran a todos los medios apropiados para eliminar cualquier incompatibilidad entre el acervo comunitario y los acuerdos internacionales celebrados entre Estados miembros y terceros países, lo que puede implicar la necesidad de renegociar tales acuerdos.

(4)

Para proporcionar un marco jurídico adecuado a las necesidades de un determinado Estado miembro en sus relaciones con un tercer país, puede que también exista una necesidad manifiesta de celebrar nuevos acuerdos con terceros países sobre materias relacionadas con la justicia civil que estén incluidas en el ámbito de aplicación del título IV de la tercera parte del Tratado.

(5)

En su Dictamen 1/03, de 7 de febrero de 2006, relativo a la celebración del nuevo Convenio de Lugano, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó que la Comunidad ha adquirido competencia exclusiva para celebrar un acuerdo internacional como el Convenio de Lugano con terceros países sobre materias que afectan a las normas establecidas en el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (2) (Bruselas I).

(6)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Tratado, corresponde a la Comunidad celebrar acuerdos entre la Comunidad y terceros países en materias que sean competencia exclusiva de la Comunidad.

(7)

El artículo 10 del Tratado exige que los Estados miembros faciliten el cumplimiento de la misión de la Comunidad y se abstengan de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado. Esta obligación de cooperación leal es de aplicación general y no depende de si la competencia de la Comunidad es o no exclusiva.

(8)

En relación con los acuerdos con terceros países sobre determinadas materias de justicia civil que sean competencia exclusiva de la Comunidad, debe establecerse un procedimiento coherente y transparente para autorizar a un Estado miembro a modificar un acuerdo existente o a negociar y celebrar un nuevo acuerdo, en particular cuando la propia Comunidad no haya manifestado su intención de ejercer su competencia externa para celebrar un acuerdo mediante un mandato de negociación ya existente o previsto. Este procedimiento debe aplicarse sin perjuicio de la competencia exclusiva de la Comunidad y de las disposiciones de los artículos 300 y 307 del Tratado. Debe considerarse una medida excepcional y tenercarácter temporal y alcance limitado.

(9)

El presente Reglamento no debe aplicarse si la Comunidad ya ha celebrado con el tercer país de que se trate un acuerdo sobre la misma materia. Únicamente debe considerarse que dos acuerdos tratan sobre la misma materia cuando regulen en cuanto al fondo las mismas cuestiones jurídicas concretas. No debe considerarse que abordan una misma materia aquellas disposiciones que se limiten a una declaración general de intenciones de cooperar respecto a dichas cuestiones.

(10)

Excepcionalmente, el presente Reglamento debe aplicarse también a algunos acuerdos regionales entre unos pocos Estados miembros y unos pocos terceros países, por ejemplo, dos o tres, destinados a abordar situaciones locales y que no están abiertos a la adhesión de otros Estados.

(11)

A fin de garantizar que un acuerdo previsto por un Estado miembro no priva de eficacia al Derecho comunitario ni socava el buen funcionamiento del sistema por él establecido, o que no atenta contra la política de relaciones exteriores de la Comunidad que esta haya decidido, el Estado miembro de que se trate debe notificar a la Comisión sus intenciones con vistas a obtener la autorización tanto para iniciar o continuar negociaciones oficiales sobre un acuerdo, como para celebrar un acuerdo. Tal notificación debe efectuarse por carta o en soporte electrónico. Debe contener toda la información y la documentación pertinentes que permitan a la Comisión evaluar el impacto previsto del resultado de las negociaciones sobre el Derecho comunitario.

(12)

Debe evaluarse si existe un interés suficiente para la Comunidad en celebrar un acuerdo bilateral entre esta y el tercer país de que se trate o, cuando proceda, en sustituir un acuerdo bilateral existente entre un Estado miembro y un tercer país por un acuerdo de la Comunidad. Para ello, todos los Estados miembros debe ser informados de cualquier notificación recibida por la Comisión relativa a un acuerdo que un Estado miembro tenga intención de celebrar, con el fin de permitirles manifestar su interés asociándose a la iniciativa del Estado miembro que realice la notificación. Si de dicho intercambio de información resultase un interés suficiente para la Comunidad, la Comisión debe considerar la posibilidad de proponer un mandato de negociación con vistas a la celebración de un acuerdo entre la Comunidad y el tercer país de que se trate.

(13)

Si la Comisión solicita información adicional de un Estado miembro en relación con su evaluación en cuanto a si dicho Estado miembro debe ser autorizado para iniciar negociaciones con un tercer país, dicha solicitud no debe afectar a los plazos en los que la Comisión debe adoptar una decisión motivada sobre la solicitud de dicho Estado miembro.

(14)

Cuando autorice el inicio de negociaciones oficiales, la Comisión debe poder proponer, de ser necesario, directrices de negociación o pedir la inclusión de determinadas cláusulas en el acuerdo previsto. Durante las distintas fases de las negociaciones debe mantenerse plenamente informada a la Comisión en la medida en que las materias tratadas correspondan al ámbito de aplicación del presente Reglamento y debe autorizarse su participación en calidad de observadora en las negociaciones relativas a estas materias.

(15)

Cuando notifiquen a la Comisión su intención de iniciar negociaciones con un tercer país, solo debe exigirse a los Estados miembros que le comuniquen los elementos pertinentes para la evaluación que aquella ha de llevar a cabo. La autorización de la Comisión y cualquier posible directriz de negociación o, en su caso, la negativa de la Comisión, deben referirse únicamente a materias que correspondan al ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(16)

Se debe informar a todos los Estados miembros de cualquier notificación dirigida a la Comisión sobre los acuerdos previstos o negociados, así como de toda decisión motivada adoptada por la Comisión en el marco del presente Reglamento. No obstante, dicha información debe cumplir plenamente los posibles requisitos de confidencialidad.

(17)

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben velar por que cualquier información declarada confidencial se trate conforme al Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (3).

(18)

Cuando, sobre la base de su evaluación, prevea no autorizar el inicio de negociaciones oficiales o la celebración de un acuerdo negociado, la Comisión, antes de adoptar su decisión motivada, debe emitir un dictamen a la atención del Estado miembro interesado. En caso denegación de la autorización para celebrar un acuerdo negociado, dicho dictamen también debe presentarse al Parlamento Europeo y al Consejo.

(19)

A fin de garantizar que el acuerdo negociado no constituye un obstáculo para la ejecución de la política exterior comunitaria sobre cooperación judicial en materia civil y mercantil, dicho acuerdo debe prever bien su denuncia total o parcial, cuando se celebre un acuerdo posterior entre la Comunidad, o entre esta y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra, sobre la misma materia, bien la sustitución directa de las disposiciones correspondientes del acuerdo por las disposiciones de ese acuerdo posterior.

(20)

Deben establecerse medidas transitorias que contemplen aquellas situaciones en las que, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, un Estado miembro ya haya iniciado el proceso de negociación de un acuerdo con un tercer país, o haya concluido las negociaciones pero todavía no haya expresado su consentimiento para quedar vinculado por el acuerdo.

(21)

Para garantizar que se ha adquirido suficiente experiencia en la aplicación del presente Reglamento, la Comisión no debe presentar un informe sobre tal aplicación antes de que hayan transcurrido ocho años desde su adopción. En este informe, y en el ejercicio de sus prerrogativas, la Comisión debe confirmar el carácter temporal del presente Reglamento o examinar si ha de ser sustituido por un nuevo reglamento que cubra las mismas materias o incluya asimismo materias específicas que sean competencia exclusiva de la Comunidad y se rijan por otros instrumentos comunitarios que se mencionan en el considerando 5.

(22)

Si el informe presentado por la Comisión confirma el carácter temporal del presente Reglamento, los Estados miembros deben todavía poder notificar a la Comisión, después de la presentación del informe, las negociaciones en curso o ya anunciadas con vistas a la obtención de autorización para el inicio de negociaciones oficiales.

(23)

De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar su objetivo.

(24)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(25)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por tanto, no está vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

a)

un acuerdo bilateral entre un Estado miembro y un tercer país;

b)

un acuerdo regional entre un número limitado de Estados miembros y de terceros países vecinos de estos Estados miembros que tenga por objeto atender a situaciones locales y que no esté abierto a la adhesión de otros Estados.

a)

que el Estado miembro de que se trate haya facilitado información que muestre su interés particular en celebrar el acuerdo debido a vínculos económicos, geográficos, culturales, históricos, sociales o políticos que le unen al tercer país de que se trate;

b)

que, a la luz de la información facilitada por el Estado miembro, quepa considerar que el acuerdo previsto no privará de eficacia al Derecho comunitario ni socavará el buen funcionamiento del sistema por él establecido, y

c)

que el acuerdo previsto no atente contra el objeto y la finalidad de la política de relaciones exteriores de la Comunidad que esta haya decidido.

a)

la denuncia total o parcial del acuerdo en caso de celebración de un acuerdo posterior entre la Comunidad, o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra parte, sobre la misma materia, o

b)

la sustitución directa de las disposiciones pertinentes del acuerdo por las disposiciones de un acuerdo celebrado posteriormente entre la Comunidad o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra parte, sobre la misma materia.

La cláusula a que se refiere el párrafo primero, letra a), se debería redactar en los siguientes términos: «(nombre del Estado o Estados miembros) denunciará(n) total o parcialmente el presente Acuerdo en el momento en que la Comunidad Europea, o la Comunidad Europea y sus Estados miembros, celebre(n) un acuerdo con (nombre del tercer o terceros países) sobre las mismas materias de justicia civil que las reguladas por el presente Acuerdo.».

La cláusula a que se refiere el párrafo primero, letra b), se debería redactar en los siguientes términos: «El presente Acuerdo o algunas de sus disposiciones dejarán de ser aplicables el día en que entre en vigor un acuerdo entre la Comunidad Europea, o la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y (nombre del tercer o terceros países), por otra, sobre las materias reguladas por este último.».

a)

cumple las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, letra b);

b)

cumple las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, letra c), en la medida en que se den circunstancias nuevas y excepcionales respecto de tal condición, y

c)

cumple el requisito en virtud del artículo 5, apartado 2.

a)

confirmar que es oportuno que el presente Reglamento expire en la fecha determinada con arreglo al artículo 14, apartado 1, o

b)

recomendar que el presente Reglamento sea sustituido a partir de esa fecha por un nuevo reglamento.

31.7.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 200/31

(1)

La economía europea se enfrenta a una aguda recesión como resultado de la crisis financiera. Se precisan esfuerzos extraordinarios e inmediatos para hacer frente a esta grave situación económica sin precedentes. Con el fin de restablecer la confianza entre los agentes del mercado, se necesita la adopción sin demora de medidas que repercutan en la economía.

(2)

Por otro lado, no cabe duda de que la fortaleza y la sostenibilidad a largo plazo de la economía europea dependen de la capacidad de remodelarla para adecuarla a los imperativos de seguridad energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La preocupación suscitada por la necesidad de garantizar un abastecimiento fiable de gas no hace sino reforzar esta conclusión.

(3)

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008 dio su apoyo en sus conclusiones, al Plan Europeo de Recuperación Económica (Plan de Recuperación), presentado por la Comisión el 26 de noviembre de 2008 donde se expone cómo pueden los Estados miembros y la Unión Europea coordinar sus políticas y estimular la economía, centrando tal estímulo en los objetivos comunitarios a más largo plazo.

(4)

Una parte importante del Plan de Recuperación es la propuesta de aumentar el gasto comunitario en determinados sectores estratégicos para luchar contra la falta de confianza de los inversores y abrir el camino hacia una economía más fuerte para el futuro. El Consejo Europeo pidió a la Comisión que presentara una lista de proyectos concretos que reflejaran un equilibrio geográfico adecuado y reforzaran la inversión en el desarrollo, ante todo, de proyectos en infraestructuras.

(5)

Para que el Plan de Recuperación sea eficaz, es vital financiar medidas que surtan un efecto rápido sobre la crisis económica y las urgentes necesidades energéticas de la Comunidad. No obstante, el programa especial establecido por el presente Reglamento no debe en modo alguno sentar un precedente para la determinación en el futuro de los índices de cofinanciación en el ámbito de las inversiones en infraestructuras.

(6)

Para que el impacto sea tangible y sustancial, estas medidas deben centrarse en unos pocos sectores específicos en los que la acción contribuya claramente a los objetivos de seguridad de abastecimiento energético y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; existan proyectos de una determinada envergadura y grado de madurez que den un uso rentable y efectivo a unas cantidades considerables de asistencia financiera y catalicen inversiones importantes procedentes de otras fuentes, entre ellas el Banco Europeo de Inversiones; y en los que la actuación a nivel europeo suponga un valor añadido. Los sectores de la infraestructura de gas y electricidad, la energía eólica marina y la captura y almacenamiento de carbono cumplen estos criterios. La elección de estos sectores refleja las circunstancias particulares del Plan de Recuperación y no debe poner en tela de juicio la elevada prioridad que se concede a la eficiencia energética y al fomento de la energía procedente de fuentes renovables, aspectos que se trataban en el Plan de Recuperación.

(7)

En el caso de que no fuese posible comprometer todos los créditos para finales de 2010, la Comisión ha declarado su intención de proponer, si procede y cuando haya de informar en 2010 sobre la aplicación del presente Reglamento, medidas que permitan financiar proyectos que sean coherentes con el Plan de Recuperación, como es el caso de los proyectos en los sectores de la eficiencia energética y de la energía procedente de fuentes renovables.

(8)

En el caso de las infraestructuras de gas y electricidad, los desafíos se han desarrollado en los últimos años. Las recientes crisis del gas (inviernos de 2006 y 2009) y el aumento de los precios del petróleo hasta mediados de 2008 han demostrado la vulnerabilidad de Europa. Las fuentes energéticas autóctonas (gas y petróleo) están disminuyendo de forma que Europa depende cada vez más de las importaciones para su abastecimiento. En este contexto, la infraestructura energética desempeñará un papel fundamental.

(9)

Ahora bien, la actual crisis económica y financiera está afectando a la realización de proyectos infraestructurales de la energía. Algunos importantes proyectos (entre ellos algunos de interés comunitario) corren el riesgo de sufrir grandes retrasos debido a la escasez de fondos. Es conveniente, por lo tanto, apoyar de forma urgente las inversiones en infraestructuras energéticas. En vista del largo tiempo necesario para proyectar y ejecutar estos proyectos, es necesario que la Comunidad proceda a efectuar estas inversiones infraestructurales de forma inmediata para promover, ante todo, los proyectos de más importancia para la seguridad del abastecimiento energético. Esto es fundamental para garantizar, una vez resurja la economía y aumente la demanda energética global, un buen nivel de seguridad en este sentido y a unos precios competitivos.

(10)

Entre los proyectos de infraestructura energética es necesario seleccionar los que más contribuyan al buen funcionamiento del mercado interior de la energía, a la seguridad del abastecimiento energético y a la recuperación de la economía.

(11)

En los casos de la captura y almacenamiento de carbono y la energía eólica marina en particular, el presente Reglamento desarrolla el Plan estratégico europeo de tecnología energética, presentado por la Comisión el 22 de noviembre de 2007, que aboga por un programa estratégico conjunto de investigación e innovación energética orientado a la consecución de los objetivos energéticos de la Unión y que se compromete al establecimiento de seis iniciativas industriales europeas. El Consejo Europeo de 16 de octubre de 2008 hizo en sus conclusiones un llamamiento a la Comisión para acelerar activamente la ejecución del Plan estratégico europeo de tecnología energética. Este programa pone en marcha la financiación de los proyectos de captura y almacenamiento de carbono y de energía eólica marina sin perjuicio de la futura instauración de las seis iniciativas industriales basadas en proyectos de demostración energética, según prevé el Plan estratégico europeo de tecnología energética.

(12)

Para que la incidencia en la crisis económica sea inmediata es esencial que el Reglamento recoja una lista de los proyectos que pueden recibir asistencia financiera inmediata, siempre que se ajusten a unos criterios que garanticen la rentabilidad y efectividad y dentro de los límites de la dotación financiera.

(13)

En el caso de los proyectos de infraestructuras de gas y electricidad, se debe elaborar una lista con arreglo a la contribución del proyecto a los objetivos de seguridad y diversificación del abastecimiento, identificados en la Segunda revisión estratégica de la Comisión, de 13 de noviembre de 2008, del sector de la energía y refrendados por el Parlamento Europeo en su Resolución de 3 de febrero de 2009, y por el Consejo en sus conclusiones de 19 de febrero de 2009. Los proyectos deben ser seleccionados tomando como criterios su adecuación a las prioridades fijadas en la citada revisión, su grado de madurez y su aportación a la seguridad y diversificación de las fuentes y del abastecimiento de energía; la optimización de la capacidad de la red y la integración del mercado interior de la energía, en particular en los tramos transfronterizos; el desarrollo de la red para reforzar la cohesión económica y social, reduciendo el aislamiento de las regiones o islas menos favorecidas de la Comunidad; la conexión de las fuentes de energía renovables; la seguridad, la fiabilidad y la interoperabilidad de las redes interconectadas; y a la solidaridad entre Estados miembros. La ejecución de estos proyectos requerirá que las autoridades nacionales, regionales y locales asuman el compromiso de acelerar los procedimientos y autorizaciones administrativas. En el caso de muchos de estos proyectos, las ayudas no llegarán a su destino en el plazo previsto a no ser que se agilice el proceso.

(14)

Tratándose de la energía eólica marina, la lista debe incluir proyectos que, según la información recogida de las partes interesadas en el marco de la European Wind Energy Technology Platform (Plataforma tecnológica europea de la energía eólica), así como de fuentes industriales y de otro tipo, pueden considerarse aprobados y listos para ser ejecutados, son innovadores y desarrollan conceptos bien establecidos, muestran una gran capacidad de respuesta ante la presencia de un estímulo financiero, tienen repercusiones transfronterizas, alcanzan una gran envergadura, y con ellos es fácil demostrar cómo se difunden los resultados tecnológicos de conformidad con los objetivos y estructuras refrendados por el Plan estratégico europeo de tecnología energética. La asistencia financiera debe dirigirse a proyectos que puedan avanzar de forma sustancial con el desarrollo del proyecto en los años 2009 y 2010.

(15)

En el caso de la captura y almacenamiento de carbono, la lista debe establecerse en gran medida sobre la base de la información recogida de las partes interesadas en el marco del Fossil Fuel Forum (Foro de los combustibles fósiles), la Zero Emissions Fossil Fuel Power Plants Technology Platform (Plataforma tecnológica de centrales generadoras de energía con combustibles fósiles y emisión cero) y otras fuentes. La asistencia financiera debe dirigirse a proyectos que puedan avanzar de forma sustancial con el desarrollo del proyecto en los años 2009 y 2010. El grado de preparación de las instalaciones industriales debe evaluarse analizando la madurez y viabilidad de concepto, incluido el componente de la captura de carbono, y también en lo relativo al transporte y almacenamiento de CO2; no debe olvidarse tampoco la coordinación de las autoridades locales en cuanto a su compromiso de prestar su apoyo al proyecto. Los proyectos deben demostrar además cómo van a difundir de manera efectiva los avances tecnológicos logrados y cómo van a lograr acelerar la consecución de los objetivos fijados en el Plan estratégico europeo de tecnología energética.

(16)

Será necesario hacer una selección entre las propuestas elegibles. Al hacerlo es preciso garantizar, entre otras cosas, que no se subvencione más de una propuesta de captura y almacenamiento de carbono en cada Estado miembro con el fin de que se investigue una amplia gama de condiciones geológicas de almacenamiento y se dé respuesta al objetivo de impulsar la recuperación económica en toda Europa.

(17)

La financiación comunitaria no debe falsear indebidamente la competencia ni el funcionamiento del mercado interior, especialmente en lo que se refiere a las normas que regulan el acceso de terceros y a eventuales excepciones a dicho acceso. Toda financiación nacional que se añada a la comunitaria debe ajustarse a la normativa en materia de ayudas estatales. Con independencia de la forma que pueda adoptar, la asistencia financiera comunitaria debe concederse con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas (3) (en lo sucesivo, «Reglamento financiero»), y en el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas (4), salvo cuando las disposiciones del presente Reglamento se aparten explícitamente de dichas normas.

(18)

Dada la gran urgencia con que deben encontrarse soluciones para la crisis económica y las necesidades energéticas imperiosas que atraviesa la Comunidad, el presente Reglamento contiene ya disposiciones detalladas, entre ellas una lista de proyectos subvencionables, respecto de las modalidades de ayuda que se puede conceder. Además, debido a la necesidad urgente de incentivos, antes de finales de 2010 han de suscribirse todos los compromisos legales de ejecución de los compromisos presupuestarios contraídos en 2009 y 2010.

(19)

Al ejecutar las acciones financiadas por el presente Reglamento, deben protegerse los intereses financieros de la Comunidad mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y las demás actividades ilegales, mediante la realización de controles eficaces y la recuperación de los importes pagados indebidamente, así como, en los casos en los que se constaten irregularidades, mediante la aplicación de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (5), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (6), y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (7).

(20)

Teniendo en cuenta las materias abordadas en los subprogramas, la Comisión debe contar con la asistencia de diferentes comités para la selección de las propuestas beneficiarias de financiación y para la determinación de las cantidades que deben concederse con cargo a cada subprograma.

(21)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (8).

(22)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, ayudar a la recuperación económica de la Comunidad, en respuesta a la necesidad de seguridad de abastecimiento energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante un aumento del gasto en determinados sectores estratégicos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, debido al ámbito de aplicación del Reglamento y a la naturaleza de los sectores y proyectos escogidos, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(23)

Dada la gran urgencia con que deben encontrarse soluciones para la crisis económica y para las necesidades energéticas imperiosas de la Comunidad, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación.

a)

infraestructuras de gas y electricidad;

b)

energía eólica marina, y

c)

captura y almacenamiento de carbono.

a)

«captura y almacenamiento de carbono», la captura de dióxido de carbono (CO2) procedente de instalaciones industriales, su transporte a un lugar de almacenamiento y su inyección en una formación geológica subterránea adecuada con vistas a su almacenamiento permanente;

b)

«costes subvencionables», el mismo significado que en el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002;

c)

«infraestructuras de gas y electricidad»,

d)

«parte de un proyecto», cualquier actividad que es independiente financiera, técnica o cronológicamente y que contribuye a la realización de un proyecto;

e)

«fase de inversión», la fase de un proyecto en la que tiene lugar la construcción y se incurre en gastos de capital;

f)

«energía eólica marina», la energía eléctrica generada con motores de turbina movidos por el viento y situados en el mar, más cerca o más lejos del litoral;

g)

«fase de planificación», la fase de un proyecto anterior a la fase de inversión en la que se prepara la ejecución del proyecto, e incluye, si procede, un análisis de viabilidad y unos estudios preparatorios y técnicos, así como la obtención de licencias y autorizaciones y en la que se incurre en gastos de capital.

a)

proyectos de infraestructuras de gas y electricidad: 2 365 000 000 EUR;

b)

proyectos de energía eólica marina: 565 000 000 EUR;

c)

proyectos de captura y almacenamiento de carbono: 1 050 000 000 EUR.

a)

la seguridad y diversificación de las fuentes, de las vías y del abastecimiento de energía;

b)

la optimización de la capacidad de la red energética y la integración del mercado interior de la energía, en particular en tramos transfronterizos;

c)

el desarrollo de la red para reforzar la cohesión económica y social, reduciendo el aislamiento de las regiones o islas menos favorecidas de la Comunidad;

d)

la conexión e integración de las fuentes de energía renovables, y

e)

la seguridad, la fiabilidad y la interoperabilidad de las redes energéticas interconectadas, incluyendo la posibilidad de usar flujos multidireccionales de gas en caso necesario.

a)

uno o varios Estados miembros, actuando conjuntamente;

b)

con el consentimiento de todos los Estados miembros directamente afectados por el proyecto en cuestión:

a)

la solidez e idoneidad técnica del enfoque;

b)

la solidez del dispositivo financiero durante toda la fase de inversión de la acción.

a)

madurez, entendida como el hecho de alcanzar la fase de inversión y de incurrir en un gasto de capital significativo para finales de 2010;

b)

la medida en que una falta de acceso a recursos financieros esté retrasando la ejecución de la acción;

c)

la medida en que la asistencia del PEER puede estimular la financiación pública y privada;

d)

repercusiones socioeconómicas;

e)

repercusiones medioambientales;

f)

contribución a la continuidad e interoperabilidad de la red energética y a la optimización de su capacidad;

g)

contribución a la mejora de la calidad, la seguridad y la protección del servicio;

h)

contribución a la creación de un mercado energético bien integrado.

a)

la solidez e idoneidad técnica del enfoque;

b)

la solidez del dispositivo financiero durante toda la fase de inversión del proyecto.

a)

madurez, entendida como el hecho de alcanzar la fase de inversión y de incurrir en un gasto de capital significativo para finales de 2010;

b)

la medida en que una falta de acceso a recursos financieros esté retrasando la ejecución de la acción;

c)

la medida en que el proyecto mejora o incrementa la envergadura de instalaciones e infraestructuras ya en construcción, o en fase de planificación;

d)

la medida en que el proyecto supone la construcción de instalaciones e infraestructuras de gran envergadura y escala industrial, y la medida en que se propone abordar, en particular, los siguientes aspectos:

e)

las características innovadoras del proyecto y el grado en que se demuestra la plasmación de tales características;

f)

las repercusiones del proyecto y su contribución a la red eólica comunitaria, incluidas las posibilidades de reproducción;

g)

el compromiso que demuestren los beneficiarios para difundir los avances tecnológicos logrados por el proyecto entre otros operadores europeos, de forma compatible con la normativa comunitaria y, en particular, con los objetivos y estructuras recogidos en el Plan estratégico europeo de tecnología energética.

a)

los proyectos demostrarán que pueden capturar al menos un 80 % del CO2 de centrales industriales, y que pueden transportar y almacenar geológicamente dicho CO2 bajo tierra en condiciones de seguridad;

b)

en las centrales de energía, la captura de CO2 quedará demostrada en una instalación de al menos 250 MW de producción de electricidad o equivalente;

c)

los promotores del proyecto harán una declaración vinculante en la que asegurarán que los conocimientos generales derivados de la central de demostración serán puestos a disposición del sector en general y de la Comisión, para contribuir a la aplicación del Plan estratégico europeo de tecnología energética.

a)

la solidez e idoneidad técnica del enfoque;

b)

la madurez, entendida como el hecho de alcanzar la fase de inversión —lo cual incluye la exploración y el desarrollo de las opciones de almacenamiento— y de incurrir en un gasto significativo relacionado con la inversión para el proyecto para finales de 2010;

c)

la solidez del dispositivo financiero durante toda la fase de inversión del proyecto;

d)

la determinación de todos los permisos necesarios para la construcción y puesta en marcha del proyecto en el emplazamiento o emplazamientos propuestos y el establecimiento de una estrategia tendente a la obtención de tales permisos.

a)

la medida en que una falta de acceso a recursos financieros esté retrasando la ejecución de la acción;

b)

la financiación solicitada por tonelada de CO2 suprimida en los cinco primeros años de funcionamiento del proyecto;

c)

la complejidad del proyecto y nivel de innovación de las instalaciones, incluidas las actividades de investigación auxiliares; nivel de compromiso que demuestren los beneficiarios para difundir los avances tecnológicos logrados por el proyecto entre otros operadores europeos, de forma compatible con la normativa comunitaria y, en particular, con los objetivos y estructuras recogidos en el Plan estratégico europeo de tecnología energética;

d)

la solidez e idoneidad del plan de gestión, incluyendo, en relación con la información científica, técnica y de ingeniería allí contenida, la demostración de un grado de preparación que permita iniciar las operaciones para el 31 de diciembre de 2015.

a)

en el caso de los proyectos de infraestructuras de gas y electricidad, el Comité instituido por el artículo 15 del Reglamento (CE) no 680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía (9);

b)

en el caso de los proyectos de energía eólica marina, el Comité instituido por el artículo 8 de la Decisión 2006/971/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, relativa al programa específico Cooperación por el que se ejecuta el séptimo programa marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) (10);

c)

en el caso de los proyectos de captura y almacenamiento de carbono, el Comité instituido por el artículo 8 de la Decisión 2006/971/CE.

31.7.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 200/46

(1)

El título IV de la tercera parte del Tratado constituye la base jurídica para la adopción de legislación comunitaria en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.

(2)

La cooperación judicial en materia civil entre los Estados miembros y terceros países se ha regido tradicionalmente por acuerdos entre los Estados miembros y terceros países. Estos acuerdos, que son numerosos, reflejan a menudo vínculos especiales entre un Estado miembro y un tercer país y tienen por objeto proporcionar un marco jurídico adecuado a las necesidades específicas de las partes interesadas.

(3)

El artículo 307 del Tratado exige que los Estados miembros recurran a todos los medios apropiados para eliminar cualquier incompatibilidad entre el acervo comunitario y los acuerdos internacionales celebrados entre Estados miembros y terceros países. Lo anterior puede implicar la necesidad de renegociar tales acuerdos.

(4)

Para proporcionar un marco jurídico adecuado a las necesidades de un determinado Estado miembro en sus relaciones con un tercer país, puede que también exista una necesidad manifiesta de celebrar nuevos acuerdos con terceros países sobre materias relacionadas con la justicia civil que estén incluidas en el ámbito de aplicación del título IV de la tercera parte del Tratado.

(5)

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó que la Comunidad ha adquirido competencia exclusiva para celebrar un acuerdo internacional como el Convenio de Lugano con terceros países sobre materias que afectan a las normas establecidas en el Reglamento (CE) no 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (2) («Bruselas I»).

(6)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Tratado, corresponde a la Comunidad celebrar acuerdos entre la Comunidad y terceros países en materias que sean competencia exclusiva de la Comunidad.

(7)

El artículo 10 del Tratado exige que los Estados miembros faciliten el cumplimiento de la misión de la Comunidad y se abstengan de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado. Esta obligación de cooperación leal es de aplicación general y no depende de si la competencia de la Comunidad es o no exclusiva.

(8)

En relación con los acuerdos con terceros países sobre determinadas materias de justicia civil que son competencia exclusiva de la Comunidad, debe establecerse un procedimiento coherente y transparente para autorizar a un Estado miembro a modificar un acuerdo existente o negociar y celebrar un nuevo acuerdo, en particular cuando la propia Comunidad no haya manifestado su intención de ejercer su competencia externa para celebrar un acuerdo mediante un mandato de negociación ya existente o previsto. Este procedimiento debe aplicarse sin perjuicio de la competencia exclusiva de la Comunidad y de las disposiciones de los artículos 300 y 307 del Tratado. Debe considerarse una medida excepcional y tener carácter temporal y alcance limitado.

(9)

El presente Reglamento no debe aplicarse si la Comunidad ya ha celebrado con el tercer país de que se trate un acuerdo sobre la misma materia. Únicamente debe considerarse que dos acuerdos tratan sobre la misma materia cuando regulen en cuanto al fondo las mismas cuestiones jurídicas concretas. No debe considerarse que abordan una misma materia aquellas disposiciones que se limiten a una declaración general de intenciones de cooperar respecto a dichas cuestiones.

(10)

El presente Reglamento también debe aplicarse a determinados acuerdos regionales a los que se hace referencia en actos jurídicos comunitarios vigentes.

(11)

A fin de garantizar que un acuerdo previsto por un Estado miembro no priva de eficacia al Derecho comunitario ni socava el buen funcionamiento del sistema por él establecido, o que no socava la política de relaciones exteriores de la Comunidad que esta haya decidido, el Estado miembro de que se trate debe notificar a la Comisión sus intenciones con vistas a obtener la autorización tanto para iniciar o continuar negociaciones oficiales sobre un acuerdo, como para celebrar. Tal notificación debe efectuarse por carta o en soporte electrónico. Debe contener toda la información y la documentación pertinentes que permitan a la Comisión evaluar el impacto previsto del resultado de las negociaciones sobre el Derecho comunitario.

(12)

Debe evaluarse si existe un interés suficiente para la Comunidad en celebrar un acuerdo bilateral entre esta y el tercer país de que se trate o, cuando proceda, en sustituir un acuerdo bilateral existente entre un Estado miembro y un tercer país por un acuerdo de la Comunidad. Para ello, todos los Estados miembros deben ser informados de cualquier notificación recibida por la Comisión relativa a un acuerdo que un Estado miembro tenga intención de celebrar, con el fin de permitirles manifestar su interés asociándose a la iniciativa del Estado miembro que realice la notificación. Si de dicho intercambio de información resultase un suficiente interés para la Comunidad, la Comisión debe considerar la posibilidad de proponer un mandato de negociación con vistas a la celebración de un acuerdo entre la Comunidad y el tercer país de que se trate.

(13)

Si la Comisión solicita información adicional de un Estado miembro en relación con su evaluación en cuanto a si dicho Estado miembro debe ser autorizado para iniciar negociaciones con un tercer país, dicha solicitud no debe afectar a los plazos en los que la Comisión debe adoptar una decisión motivada sobre la solicitud de dicho Estado miembro.

(14)

Cuando autorice el inicio de negociaciones oficiales, la Comisión debe poder proponer, de ser necesario, directrices de negociación o pedir la inclusión de determinadas cláusulas en el acuerdo previsto. Durante las distintas fases de las negociaciones debe mantenerse plenamente informada a la Comisión en la medida en que las materias tratadas correspondan al ámbito de aplicación del presente Reglamento y debe autorizarse su participación en calidad de observadora en las negociaciones relativas a estas materias.

(15)

Cuando notifiquen a la Comisión su intención de iniciar negociaciones con un tercer país, solo debe exigirse a los Estados miembros que le comuniquen los elementos pertinentes para la evaluación que aquella ha de llevar a cabo. La autorización de la Comisión y cualquier posible directriz de negociación o, en su caso, la negativa de la Comisión deben referirse únicamente a materias que correspondan al ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(16)

Se debe informar a todos los Estados miembros de cualquier notificación dirigida a la Comisión sobre los acuerdos previstos o negociados, así como de toda decisión motivada adoptada por la Comisión en el marco del presente Reglamento. No obstante, dicha información debe cumplir plenamente los posibles requisitos de confidencialidad.

(17)

La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo debe velar por que cualquier información declarada confidencial se trate conforme al Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (3).

(18)

Cuando, sobre la base de su evaluación, prevea no autorizar el inicio de negociaciones oficiales o la celebración de un acuerdo negociado, la Comisión, antes de adoptar su decisión motivada, debe emitir un dictamen a la atención del Estado miembro interesado. En caso de denegación de la autorización para celebrar un acuerdo negociado, dicho dictamen también debe presentarse al Consejo y al Parlamento Europeo.

(19)

A fin de garantizar que el acuerdo negociado no constituye un obstáculo para la ejecución de la política exterior comunitaria en materia de cooperación judicial en materia civil y mercantil, dicho acuerdo debe prever bien su denuncia total o parcial, cuando se celebre un acuerdo posterior entre la Comunidad o entre esta y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra, sobre la misma materia, bien la sustitución directa de las disposiciones correspondientes del acuerdo por las disposiciones de ese acuerdo posterior.

(20)

Deben establecerse medidas transitorias que contemplen aquellas situaciones en las que, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, un Estado miembro ya haya iniciado el proceso de negociación de un acuerdo con un tercer país, o haya concluido las negociaciones pero todavía no haya expresado su consentimiento para quedar vinculado por el acuerdo.

(21)

Para garantizar que se ha adquirido suficiente experiencia en la aplicación del presente Reglamento, la Comisión no debe presentar un informe sobre tal aplicación antes de que hayan transcurrido ocho años desde su adopción. En este informe, y en el ejercicio de sus prerrogativas, la Comisión debe confirmar el carácter transitorio del presente Reglamento o examinar si ha de ser sustituido por un nuevo reglamento que cubra las mismas materias o incluya asimismo materias específicas que sean competencia exclusiva de la Comunidad y se rijan por otros instrumentos comunitarios.

(22)

Si el informe presentado por la Comisión confirma el carácter temporal del presente Reglamento, los Estados miembros deben todavía poder notificar a la Comisión, después de la presentación del informe, las negociaciones en curso o ya anunciadas con vistas a la obtención de autorización para el inicio de negociaciones oficiales.

(23)

De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar su objetivo.

(24)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(25)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por tanto, no está vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

a)

un acuerdo bilateral entre un Estado miembro y un tercer país;

b)

los acuerdos regionales a que se refiere el artículo 59, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 2201/2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 2, letra c), y apartado 3, de dicho Reglamento y en el artículo 69, apartado 3, del Reglamento (CE) no 4/2009.

a)

que el Estado miembro de que se trate haya facilitado información que muestre su interés particular en celebrar el acuerdo debido a vínculos económicos, geográficos, culturales, históricos, sociales o políticos que le unen al tercer país de que se trate;

b)

que, a la luz de la información facilitada por el Estado miembro, quepa considerar que el acuerdo previsto no privará de eficacia al Derecho comunitario ni socavará el buen funcionamiento del sistema por él establecido;

c)

que el acuerdo previsto no atente contra el objeto y la finalidad de la política de relaciones exteriores de la Comunidad que esta haya decidido.

a)

la denuncia total o parcial del acuerdo en caso de celebración de un acuerdo posterior entre la Comunidad, o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra, sobre la misma materia, o

b)

la sustitución directa de las disposiciones pertinentes del acuerdo por las disposiciones de un acuerdo celebrado posteriormente entre la Comunidad, o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y el mismo tercer país, por otra, sobre la misma materia.

a)

cumple las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, letra b);

b)

cumple la condición establecida en el artículo 4, apartado 2, letra c), en la medida en que se den circunstancias nuevas y excepcionales respecto de tal condición, y

c)

cumple el requisito en virtud del artículo 5, apartado 2.

a)

confirmar que es oportuno que el presente Reglamento caduque en la fecha determinada con arreglo al artículo 14, apartado 1, o bien

b)

recomendar que el presente Reglamento sea sustituido a partir de esa fecha por un nuevo reglamento.

31.7.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 200/52