30.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 168/1

(1)

Para determinados productos en relación con los cuales se ha abierto un contingente arancelario autónomo de conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) no 2505/96 (1), el volumen del contingente fijado en ese Reglamento se expresa en una unidad de medida distinta del peso en toneladas o en kilos, o del valor. Cuando la nomenclatura combinada establecida en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, no prevé, en relación con dichos productos, una unidad de medida adicional (2), pueden surgir dudas respecto de la unidad de medida que se debe utilizar. En aras de la claridad y con vistas a lograr una gestión más eficaz de los contingentes, es necesario establecer que, a fin de beneficiarse de los contingentes arancelarios autónomos mencionados debe hacerse constar la cantidad exacta de productos importados en la casilla 41 (unidades suplementarias) de la declaración de despacho a libre práctica, utilizando la unidad de medida del volumen del contingente establecido para esos productos en el anexo I del Reglamento (CE) no 2505/96.

(2)

Las necesidades de abastecimiento de la Comunidad en productos a los que se aplica el Reglamento (CE) no 2505/96 deben atenderse en las condiciones más favorables posibles. A tal fin, es preciso abrir, a partir del 1 de julio de 2009, tres nuevos contingentes arancelarios comunitarios, exentos de derechos, para los volúmenes apropiados, evitando al mismo tiempo toda perturbación de los mercados de esos productos.

(3)

El volumen del contingente arancelario comunitario autónomo con el número de orden 09.2767 no basta para dar respuesta a las necesidades de la industria comunitaria. Por tanto, debe aumentarse dicho volumen.

(4)

Es preciso revisar la denominación del producto en relación con el contingente arancelario comunitario autónomo con el número de orden 09.2806.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 2505/96 en consecuencia.

(6)

Teniendo en cuenta la importancia económica del presente Reglamento, es necesario invocar la urgencia contemplada en el artículo I, apartado 3, del Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y a los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea.

(7)

Dado que los contingentes arancelarios han de surtir efecto a partir del 1 de julio de 2009, el presente Reglamento debe empezar a aplicarse a partir de esa fecha y entra en vigor inmediatamente.

1)

Se inserta el artículo 1 bis siguiente:

«Artículo 1 bis

Cuando se presente una declaración de despacho a libre práctica que incluya una solicitud para un producto mencionado en el presente Reglamento, cuyo volumen se exprese en una unidad de medida distinta del peso en toneladas o en kilos, o del valor, para los productos con respecto a los cuales la nomenclatura combinada prevista en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo no haya establecido una unidad suplementaria, deberá hacerse constar la cantidad exacta de productos importados en la casilla 41 (“unidades suplementarias”) de la declaración, utilizando la unidad de medida del volumen contingentario para los productos previstos en el anexo I del presente Reglamento.».

2)

El anexo I queda modificado como sigue:

30.6.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 168/4

(1)

En interés de la Comunidad, procede suspender totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre una serie de nuevos productos que no figuran en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 (1) del Consejo.

(2)

Resulta oportuno eliminar los códigos NC y TARIC 0304296110, 0304999931, 3902909097, 3903909085, 7410210070, 7606129120 y 7606129320 correspondientes a cinco productos que figuran actualmente en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96, puesto que el mantenimiento, para dichos productos, de la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común ya no redunda en interés de la Comunidad.

(3)

Es preciso modificar la descripción de 32 suspensiones en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado así como las tendencias económicas del mercado. Dichas suspensiones deben suprimirse de la lista de dicho anexo y reinsertarse, como suspensiones nuevas, mediante el recurso a nuevas descripciones. Por razones de claridad, dichas suspensiones deben marcarse con un asterisco en la primera columna del anexo I y del anexo II del presente Reglamento.

(4)

La experiencia adquirida ha puesto de manifiesto la necesidad de prever una fecha de expiración de las suspensiones enumeradas en el Reglamento (CE) no 1255/96 a fin de garantizar que se tengan en cuenta los cambios tecnológicos y económicos. Ello no debe excluir la revocación anticipada de algunas medidas o su mantenimiento una vez finalizado ese período, si se alegan razones económicas, de acuerdo con los principios definidos en la Comunicación de la Comisión de 1998 relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos (2).

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1255/96 en consecuencia.

(6)

Dado que las suspensiones establecidas por el presente Reglamento han de surtir efecto a partir del 1 de julio de 2009, este debe aplicarse a partir de esa misma fecha y entrar en vigor inmediatamente. En lo que respecta a los productos con el código NC y TARIC 9001900060, la nueva descripción debe aplicarse con efecto a partir del 1 de enero de 2009.

1)

Se insertan las líneas correspondientes a los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento.

2)

Se suprimen las líneas correspondientes a los productos cuyos códigos NC y TARIC figuran en el anexo II del presente Reglamento.

30.6.2009   

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L 168/18

30.6.2009   

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L 168/20

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 510/2006 y en virtud del artículo 17, apartado 2, del mismo, la solicitud de registro de la denominación «Melton Mowbray Pork Pie» presentada por el Reino Unido ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

(3)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 510/2006, puede no obstante fijarse un período transitorio para las empresas establecidas en el Estado miembro donde esté situada la zona geográfica, a condición de que dichas empresas hayan comercializado legalmente los productos en cuestión, utilizando de forma continua las denominaciones correspondientes durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de publicación mencionada en el artículo 6, apartado 2, de dicho Reglamento, y de que este punto se haya planteado durante el procedimiento nacional de oposición contemplado en el artículo 5, apartado 5, de dicho Reglamento.

(4)

Mediante carta recibida el 6 de abril de 2009, las autoridades del Reino Unido confirmaron a la Comisión que las empresas Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd y Kerry Foods Ltd, establecidas en su territorio, cumplen las condiciones previstas en el artículo 13, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 510/2006.

(5)

En tales condiciones, debe autorizarse a dichas empresas a seguir utilizando la denominación registrada «Melton Mowbray Pork Pie» durante un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

30.6.2009   

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L 168/22

(1)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 509/2006, y en virtud del artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento, la solicitud de Polonia para el registro de la denominación «Pierekaczewnik» se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2).

(2)

Habida cuenta de que no se ha notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 509/2006, esta denominación debe registrarse.

(3)

No se ha solicitado la protección prevista en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) no 509/2006.

30.6.2009   

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L 168/24

(1)

En la reunión celebrada los días 14 y 15 de diciembre de 2006, el Consejo Europeo acordó que debe reforzarse la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra la inmigración clandestina y reconoció, en particular, que las medidas contra el empleo ilegal debían intensificarse en los Estados miembros y la Unión Europea.

(2)

La posibilidad de encontrar trabajo en la UE sin poseer el estatuto legal exigido es uno de los principales factores de atracción de la inmigración clandestina en la UE. Así pues, la lucha contra la inmigración clandestina y la estancia ilegal debe incluir medidas que atajen ese factor de atracción.

(3)

Tales medidas deben centrarse en la prohibición general del empleo de nacionales de terceros países que no tengan derecho a residir en la Unión Europea, y en la imposición de sanciones a los empleadores que no la respeten.

(4)

La presente Directiva establece unas normas mínimas, por lo que los Estados miembros quedan libres de adoptar o mantener sanciones y medidas más estrictas e imponer obligaciones más estrictas para los empleadores.

(5)

Estas disposiciones no deben aplicarse a los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro, con independencia de que tengan permiso para trabajar en su territorio. Tampoco debe aplicarse a las personas que gozan del derecho de libre circulación en la Comunidad con arreglo al artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (4). Quedan también excluidos los nacionales de terceros países que se encuentren en una situación al amparo del Derecho comunitario, como aquellos que estén trabajando legalmente en un Estado miembro y sean destinados por un contratista a otro Estado miembro en el marco de una prestación de servicios. La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio del Derecho nacional que prohíba el empleo de los nacionales de terceros países con residencia legal pero que trabajan en contravención de su estatuto de residencia.

(6)

A efectos específicos de la presente Directiva deben definirse determinados términos y las definiciones deben utilizarse únicamente para los fines de la presente Directiva.

(7)

La definición de empleo debe abarcar sus elementos constitutivos, es decir, las actividades que son o deben ser remuneradas, realizadas para el empleador o bajo su dirección o supervisión, independientemente de la relación jurídica de que se trate.

(8)

La definición de empleador puede incluir una asociación de personas a la que se reconozca la capacidad de realizar actos jurídicos sin personalidad jurídica.

(9)

A fin de evitar el empleo de nacionales de terceros países en situación irregular, antes de contratar a nacionales de terceros países, incluso cuando sea con la intención de destinarlos a otro Estado miembro en el marco de una prestación de servicios, los empleadores deben tener la obligación de comprobar que dichos nacionales disponen de un permiso de residencia válido u otra autorización de estancia equivalente, que pruebe que los nacionales de terceros países permanecen legalmente en el territorio del Estado miembro.

(10)

Con objeto de que los Estados miembros puedan, en particular, detectar la existencia de documentos falsificados, los empleadores deben tener asimismo la obligación de comunicar a las autoridades competentes la contratación de nacionales de terceros países. A fin de minimizar la carga administrativa, los Estados miembros pueden prever que tales notificaciones se realicen en el marco de otros sistemas de notificación. Los Estados miembros deben poder optar por un procedimiento simplificado para la notificación por parte de los empleadores cuando estos sean personas físicas y el empleo se circunscriba al ámbito particular.

(11)

Los empleadores que hayan cumplido las obligaciones establecidas en la presente Directiva no deben ser considerados responsables de haber contratado a nacionales de terceros países en situación irregular, en particular si la autoridad competente descubre posteriormente que la documentación presentada por un trabajador es falsa o se ha empleado de forma ilícita, a menos que el empleador supiera que el documento era falso.

(12)

Para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los empleadores, los Estados miembros deben esforzarse en la mayor medida posible para tramitar las solicitudes de renovación de los permisos de residencia en tiempo útil.

(13)

Los Estados miembros deben establecer sanciones adecuadas para hacer cumplir la prohibición general y prevenir las infracciones. Tales medidas deben incluir sanciones financieras y contribuciones a los gastos de repatriación de los nacionales de terceros países en situación irregular, junto con la posibilidad de reducir las sanciones financieras cuando los empleadores sean personas físicas y el empleo se circunscriba al ámbito particular.

(14)

Debe exigirse al empleador en todos los casos el abono a los nacionales de terceros países de la remuneración pendiente por el trabajo efectuado y el pago de las cotizaciones sociales e impuestos debidos. Si no puede determinarse el nivel de remuneración, se debe presumir que es al menos el salario previsto en la legislación aplicable sobre el salario mínimo, los convenios colectivos o la práctica establecida del sector de actividad de que se trate. El empleador debe abonar, también, si procede, los costes resultantes del envío de la remuneración pendiente al país que al que ha retornado o ha sido devuelto el nacional de un tercer país empleado ilegalmente. En caso de que el empleador no abone los atrasos, los Estados miembros no deben estar obligados a cumplir con esta obligación en lugar del empleador.

(15)

El nacional de un tercer país empleado ilegalmente no podrá adquirir un derecho de entrada, estancia y acceso al mercado laboral derivado de su relación laboral ilegal ni del pago de salarios o atrasos, contribuciones a la seguridad social o impuestos por parte del empleador o de una persona jurídica que deba pagarles en lugar del empleador.

(16)

Los Estados miembros deben asegurar que se presenten o puedan presentarse reclamaciones y que existan mecanismos para garantizar que los importes recuperados de las remuneraciones pendientes puedan ser abonados a los nacionales de terceros países a quienes corresponda. Los Estados miembros no deben estar obligados a hacer intervenir en dichos mecanismos a sus misiones o representaciones en los terceros países. Los Estados miembros, en el contexto del establecimiento de mecanismos eficaces para facilitar las denuncias y si no está ya previsto por la legislación nacional, deben considerar la posibilidad y el valor añadido de permitir que una autoridad competente inicie un procedimiento contra un empleador con el fin de reclamar la remuneración pendiente.

(17)

Los Estados miembros deben además establecer una presunción de duración de la relación de trabajo de al menos tres meses, de modo que la carga de la prueba recaiga en el empleador por lo que respecta al menos a un determinado período. El trabajador, entre otros, también debe tener la oportunidad de probar la existencia y duración de la relación de trabajo.

(18)

Los Estados miembros deben contemplar la posibilidad de aplicar otras sanciones a los empleadores, como la exclusión del derecho a recibir todas o alguna de las prestaciones, ayudas o subvenciones públicas, entre otras, las subvenciones agrícolas, la exclusión de las licitaciones públicas y la devolución de todas o alguna de las prestaciones, ayudas o subvenciones públicas ya concedidas, incluidos los fondos de la UE administrados por los Estados miembros. Los Estados miembros deben poder decidir no imponer ulteriores sanciones a los empleadores cuando estos sean personas físicas y el trabajo se circunscriba al ámbito particular.

(19)

La presente Directiva, y en particular sus artículos 7, 10 y 12, deben aplicarse sin perjuicio del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5).

(20)

Habida cuenta del frecuente recurso a la subcontratación en algunos de los sectores afectados, es preciso velar por que al menos el contratista del que el empleador sea subcontratista directo pueda ser considerado responsable solidario o subsidiario del empleador frente a las sanciones financieras. En determinados casos, otros contratistas pueden ser responsables de pagar las sanciones financieras junto con o en lugar de un empleador de nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular. Los atrasos que han de ser cubiertos en virtud de las disposiciones sobre responsabilidad de la presente Directiva, deben incluir también las contribuciones a los fondos nacionales de pago por vacaciones y a los fondos sociales regulados por la ley o por convenios colectivos.

(21)

La experiencia ha puesto de manifiesto que los regímenes de sanciones vigentes resultan insuficientes para garantizar el pleno respeto de las prohibiciones relativas al empleo de nacionales de terceros países en situación irregular, entre otros motivos porque probablemente las sanciones administrativas no bastan para disuadir a determinados empleadores poco escrupulosos. El respeto de las normas puede y debe favorecerse gracias a la aplicación de sanciones penales.

(22)

Así pues, para garantizar la plena eficacia de la prohibición general, es preciso aplicar sanciones más disuasorias en los casos graves, como son las infracciones reiteradas de modo persistente, el empleo ilegal de un número considerable de nacionales de terceros países, las condiciones laborales especialmente abusivas, cuando el empleador sabe que el trabajador es víctima de la trata de seres humanos y el empleo ilegal de un menor. La presente Directiva obliga a los Estados miembros a prever sanciones penales en su legislación nacional por esas infracciones graves. La presente Directiva no crea obligaciones respecto de la aplicación de dichas sanciones o cualesquiera otros sistemas disponibles para hacer cumplir la legislación, en casos individuales.

(23)

En todos los casos que se consideren graves con arreglo a la presente Directiva, si la infracción es intencionada, debe constituir un delito en toda la Comunidad. Las disposiciones de la presente Directiva relativas a los delitos deben aplicarse sin perjuicio de la aplicación de la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (6).

(24)

Los delitos deben castigarse con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias. La obligación de garantizar sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias con arreglo a la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la organización interna de la legislación penal y judicial en los Estados miembros.

(25)

Las personas jurídicas también deben poder ser consideradas responsables por los delitos contemplados en la presente Directiva, ya que muchos empleadores son personas jurídicas. Las disposiciones de la presente Directiva no suponen la obligación por parte de los Estados miembros de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

(26)

Con objeto de mejorar el cumplimiento de la presente Directiva, deben instaurarse mecanismos eficaces para que los nacionales de terceros países afectados puedan presentar denuncias directamente o a través de terceros designados, como organizaciones sindicales o de otra índole. Los terceros designados que intervengan en la presentación de denuncias deben estar protegidos frente a posibles sanciones en virtud de las normas que prohíben la ayuda a la estancia irregular.

(27)

Para completar los mecanismos de denuncia, los Estados miembros deben poder conceder a los nacionales de terceros países que hayan estado sometidos a condiciones laborales especialmente abusivas o que fueran menores empleados ilegalmente y que colaboren en las acciones penales incoadas contra el empleador un permiso de residencia de duración limitada, ligada a la duración del procedimiento nacional correspondiente. Dichos permisos deben concederse en términos comparables a los que se aplican a los nacionales de terceros países incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes (7).

(28)

Con objeto de garantizar un grado de ejecución satisfactorio de la presente Directiva y de reducir en la mayor medida posible divergencias significativas al respecto entre los Estados miembros, estos deben garantizar que se lleven a cabo en su territorio inspecciones eficaces y suficientes y deben comunicar a la Comisión los datos de las inspecciones que realicen.

(29)

Debe alentarse a los Estados miembros a determinar cada año un objetivo nacional para el número de inspecciones en relación con los sectores de actividad en los que el empleo de nacionales de terceros países en situación irregular se concentra en su territorio.

(30)

Con miras a aumentar la eficacia de las inspecciones a los efectos de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben garantizar que la legislación nacional confiera a las autoridades competentes los poderes adecuados para llevar a cabo las inspecciones; que la información relativa al empleo ilegal, incluidos los resultados de las inspecciones anteriores, sea recopilada y tratada para la aplicación efectiva de la presente Directiva; y que se disponga de una plantilla suficiente con los conocimientos y titulación necesarios para llevar a cabo con eficacia las inspecciones.

(31)

Los Estados miembros deben garantizar que las inspecciones, a los efectos de aplicación de la presente Directiva, no afecten, desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, a las inspecciones llevadas a cabo para evaluar el empleo y las condiciones de trabajo.

(32)

En el caso de los trabajadores desplazados que sean nacionales de terceros países, las autoridades de inspección de los Estados miembros pueden encargarse ellos mismos de la cooperación y del intercambio de información previsto en la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (8), para verificar que los nacionales de terceros países en cuestión están empleados legalmente en el Estado miembro de origen.

(33)

La presente Directiva debe considerarse como un complemento a las medidas para combatir el trabajo no declarado y la explotación.

(34)

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (9), debe alentarse a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas para incorporarlas a su ordenamiento, y a hacerlos públicos.

(35)

Todo tratamiento de datos personales efectuado en el marco de la aplicación de la presente Directiva debe ajustarse a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (10).

(36)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, luchar contra la inmigración clandestina atajando el factor de atracción que constituye la posibilidad de trabajar, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(37)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, debe aplicarse respetando la libertad de empresa, los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 20, 21, 47 y 49 de la Carta.

(38)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no están vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.

(39)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

a)

exigir a todo nacional de un tercer país que obtenga y le presente, antes de ser contratado, un permiso u otra autorización de residencia válido;

b)

conservar, al menos durante el período de empleo, copia o registro del permiso u otra autorización de residencia válido para una posible inspección de las autoridades competentes de los Estados miembros;

c)

notificar a las autoridades competentes designadas por los Estados miembros el inicio del empleo de todo nacional de un tercer país en el plazo fijado por cada Estado miembro.

a)

sanciones económicas que se incrementarán según el número de nacionales de un tercer país empleados ilegalmente, y

b)

el pago de los gastos de retorno de los nacionales de un tercer país empleados ilegalmente en relación con los cuales se lleve a cabo un procedimiento de retorno. Alternativamente, los Estados miembros podrán decidir reflejar en las sanciones económicas a que hace referencia la letra a) al menos el coste medio de los gastos de retorno.

a)

toda remuneración pendiente al nacional de un tercer país empleado ilegalmente. Se presumirá que el nivel de remuneración acordado es al menos igual al salario establecido en las leyes aplicables en materia de salario mínimo, los convenios colectivos o la práctica establecida del sector de actividad de que se trate, a no ser que el empleador o el trabajador puedan demostrar otra cosa, dentro del respeto, cuando proceda, de las disposiciones nacionales obligatorias relativas a los salarios;

b)

un importe igual a todas las cotizaciones sociales e impuestos que el empleador debería haber abonado si el nacional del tercer país hubiese sido empleado legalmente, incluidos los recargos por retraso y las multas administrativas correspondientes;

c)

si procede, los costes derivados del envío de los pagos atrasados al país al que haya retornado o haya sido devuelto el nacional del tercer país.

a)

puedan, con sujeción al período de prescripción que fije el Derecho nacional, presentar una demanda y hacer que se ejecute la correspondiente sentencia contra el empleador por cualquier remuneración pendiente de pago, incluso cuando el trabajador haya regresado voluntariamente o haya sido repatriado, o

b)

cuando esté previsto en la legislación nacional, puedan dirigirse a la autoridad competente del Estado miembro para incoar un procedimiento para obtener la devolución de la remuneración pendiente, sin necesidad de que tengan que presentar una solicitud en ese caso.

a)

exclusión del derecho a recibir todas o algunas prestaciones, ayudas o subvenciones públicas, incluida la financiación de la UE gestionada por los Estados miembros, durante un período máximo de cinco años;

b)

exclusión de la participación en licitaciones públicas tales como las mencionadas en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (12), durante un período máximo de cinco años;

c)

devolución de alguna o de todas las prestaciones, ayudas o subvenciones públicas, incluidos los fondos de la UE administrados por los Estados miembros, concedidas al empleador hasta en los doce meses anteriores a la comprobación del empleo ilegal;

d)

cierre provisional o definitivo de los establecimientos empleados en la infracción, o retirada temporal o definitiva de la autorización para ejercer la actividad económica de que se trate, si la gravedad de la situación lo justifica.

a)

toda sanción económica impuesta en virtud del artículo 5, y

b)

todos los atrasos adeudados en virtud del artículo 6, apartado 1, letras a) y c), y del artículo 6, apartados 2 y 3.

a)

la infracción continúa o es reiterada de modo persistente;

b)

la infracción se refiere al empleo simultáneo de un número importante de nacionales de un tercer país en situación irregular;

c)

la infracción se acompaña de unas condiciones laborales particularmente abusivas;

d)

el autor de la infracción es un empleador que, sin haber sido acusado o condenado por un delito establecido en virtud de la Decisión marco 2002/629/JAI, hace uso del trabajo o los servicios de un nacional de un tercer país en situación irregular, sabiendo que esa persona es víctima de la trata de seres humanos;

e)

la infracción se refiere al empleo ilegal de un menor.

a)

poder de representación de la persona jurídica;

b)

autoridad para adoptar decisiones en nombre de la persona jurídica, o

c)

autoridad para ejercer el control en la persona jurídica.

30.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 168/33

(1)

En la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (3), la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (4), y el Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (5), se establecen normas armonizadas para la autorización, el control y la farmacovigilancia de los medicamentos en la Comunidad.

(2)

En virtud de estas normas, se pueden conceder autorizaciones de comercialización con arreglo a procedimientos comunitarios armonizados. Los términos de estas autorizaciones de comercialización pueden sufrir cambios posteriores, si, por ejemplo, cambia el proceso de producción o la dirección del fabricante.

(3)

El artículo 39 de la Directiva 2001/82/CE y el artículo 35 de la Directiva 2001/83/CE otorgan a la Comisión la facultad de adoptar un reglamento de aplicación relativo a las variaciones introducidas posteriormente en las autorizaciones de comercialización concedidas con arreglo a las disposiciones del título III, capítulo 4, de la Directiva 2001/82/CE y el título III, capítulo 4, de la Directiva 2001/83/CE respectivamente. Para ello, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 1084/2003, de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios concedidas por la autoridad competente de un Estado miembro (6).

(4)

Sin embargo, la mayoría de los medicamentos para uso humano y los medicamentos veterinarios comercializados actualmente han sido autorizados con arreglo a procedimientos exclusivamente nacionales y, por tanto, no están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1084/2003. Las variaciones en las autorizaciones de comercialización concedidas con arreglo a procedimientos exclusivamente nacionales están sujetas, por tanto, a la normativa nacional.

(5)

En consecuencia, aunque la concesión de todas las autorizaciones de comercialización de medicamentos se rige por normas armonizadas en la Comunidad, este no es el caso por lo que se refiere a las variaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización.

(6)

Por motivos de salud pública y coherencia jurídica, y a fin de reducir la carga administrativa y aumentar la previsibilidad para los agentes económicos, las variaciones introducidas en las autorizaciones de comercialización de cualquier tipo deben estar sujetas a normas armonizadas.

(7)

Las disposiciones relativas a las variaciones aprobadas por la Comisión deben prestar una atención especial a la simplificación de los procedimientos administrativos. Para ello, al aprobar estas disposiciones, la Comisión debe prever la posibilidad de presentar una solicitud única para una o varias modificaciones idénticas aportadas a los términos de varias autorizaciones de comercialización.

(8)

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (7), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre las directivas y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(9)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2001/82/CE y la Directiva 2001/83/CE en consecuencia.

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 27 ter

La Comisión adoptará las disposiciones adecuadas para el examen de las variaciones introducidas en los términos de las autorizaciones de comercialización concedidas con arreglo a la presente Directiva.

La Comisión adoptará dichas disposiciones por medio de un reglamento de aplicación. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 89, apartado 2 bis.».

2)

En el artículo 39, apartado 1, se suprimen los párrafos segundo y tercero.

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 23 ter

1.   La Comisión adoptará las disposiciones adecuadas para el examen de las variaciones introducidas en los términos de las autorizaciones de comercialización concedidas con arreglo a la presente Directiva.

2.   La Comisión adoptará las disposiciones a que se refiere el apartado 1 por medio de un reglamento de aplicación. Esta medida, destinada a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptará con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 121, apartado 2 bis.

3.   Al aprobar las disposiciones a que se refiere el apartado 1, la Comisión procurará que sea posible presentar una solicitud única para una o varias modificaciones idénticas aportadas a los términos de varias autorizaciones de comercialización.

4.   Un Estado miembro podrá continuar aplicando las disposiciones nacionales relativas a las variaciones vigentes en el momento de la entrada en vigor del reglamento de aplicación a las autorizaciones de comercialización concedidas antes del 1 de enero de 1998 en relación con los medicamentos autorizados únicamente en dicho Estado miembro. En caso de que a un medicamento al que se le apliquen las disposiciones nacionales de conformidad con el presente artículo se le conceda posteriormente una autorización de comercialización en otro Estado miembro, el reglamento de aplicación se aplicará a dicho medicamento a partir de dicha fecha.

5.   En caso de que un Estado miembro decida continuar aplicando las disposiciones nacionales de conformidad con el apartado 4, informará de ello a la Comisión. En caso de que dicha información no se transmita antes del 20 de enero de 2011, se aplicará el reglamento de aplicación.».

2)

En el artículo 35, apartado 1, se suprimen los párrafos segundo y tercero.

30.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 168/35

(1)

La creación de una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil entre los Estados miembros («la Red») por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001 (3), se deriva de la idea de que la instauración de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Comunidad requiere que se mejore, simplifique y acelere la cooperación judicial efectiva entre los Estados miembros, así como el acceso efectivo a la justicia de las personas implicadas en litigios con una incidencia transfronteriza. La fecha de aplicación de dicha Decisión fue el 1 de diciembre de 2002.

(2)

El Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, adoptado por el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 2004 (4), pide que se realicen esfuerzos suplementarios con el fin de facilitar el acceso a la justicia y la cooperación judicial en materia civil. En particular, hace hincapié en la ejecución efectiva de las disposiciones aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en materia civil, así como en el fomento de la cooperación entre los profesionales del Derecho, con el fin de determinar las prácticas más idóneas.

(3)

Con arreglo al artículo 19 de la Decisión 2001/470/CE, la Comisión presentó, el 16 de mayo de 2006, un informe sobre el funcionamiento de la Red. Este informe concluyó que aunque, en general, la Red había alcanzando los objetivos fijados en 2001, todavía distaba mucho de haber desarrollado todo su potencial.

(4)

Con el fin de garantizar la consecución de los objetivos del Programa de La Haya en materia de mejora de la cooperación judicial y acceso a la justicia, y de hacer frente al previsible aumento de las tareas de la Red en los próximos años, es conveniente dotarla de un marco jurídico más adecuado a fin de aumentar sus medios de acción.

(5)

Es indispensable mejorar las condiciones de funcionamiento de la Red en los Estados miembros mediante puntos de contacto nacionales y, por consiguiente, reforzar el papel de estos tanto en la Red como ante los jueces y los profesionales del Derecho.

(6)

Para alcanzar este objetivo, los Estados miembros deben evaluar los recursos que han de poner a disposición de los puntos de contacto de forma que puedan cumplir plenamente sus tareas. La presente Decisión no debe afectar a la distribución interna de competencias en los Estados miembros respecto de la financiación de las actividades de los miembros nacionales de la Red.

(7)

Para alcanzar este objetivo, igualmente es necesario que en cada Estado miembro exista al menos un punto de contacto capaz de ejercer las atribuciones que se le han atribuido. Si existen varios puntos de contacto, el Estado miembro debe garantizar la coordinación efectiva entre ellos.

(8)

En caso de que un acto comunitario o un instrumento internacional designen la legislación de otro Estado miembro, los puntos de contacto de la Red deben participar en la labor de informar a las autoridades judiciales y extrajudiciales de los Estados miembros sobre el contenido de dicha legislación.

(9)

El trámite de las peticiones de cooperación judicial por los puntos de contacto debe efectuarse con una celeridad compatible con los objetivos generales que persigue la Decisión.

(10)

A efectos del cálculo de los plazos fijados en la presente Decisión, debe aplicarse lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (5).

(11)

La finalidad del registro electrónico es ofrecer información destinada a evaluar el funcionamiento de la Red y la aplicación práctica de los instrumentos comunitarios. Por tanto, no debe incluir toda la información que intercambien los puntos de contacto.

(12)

Las asociaciones profesionales que representen a los profesionales del Derecho, en particular los abogados y procuradores, los notarios y los agentes judiciales que contribuyan directamente a la aplicación de los actos comunitarios y los instrumentos internacionales relativos a la justicia civil, pueden convertirse en miembros de la Red a través de sus organizaciones nacionales con el fin de contribuir, junto con los puntos de contacto, a algunas de las tareas y actividades específicas de la Red.

(13)

Con el fin de desarrollar en mayor medida los cometidos de la Red en materia de acceso a la justicia, los puntos de contacto de los Estados miembros deben contribuir a facilitar al público información general, utilizando los medios tecnológicos más indicados y a proporcionar al menos, en la página web de los Ministerios de Justicia de los Estados miembros, un enlace con el sitio de la Red y con las autoridades responsables de aplicar en la práctica dichos instrumentos. La presente Decisión no debe suponer una obligación para los Estados miembros de autorizar el acceso directo del público a los puntos de contacto.

(14)

Al aplicar la presente Decisión, se ha de tener en cuenta la introducción gradual del sistema europeo de justicia en línea (e-justicia) que tiene como finalidad facilitar la cooperación judicial y el acceso a la justicia.

(15)

Con el fin de mejorar la confianza mutua entre los jueces en la Unión y las sinergias entre las redes europeas en este sentido, la Red debe mantener relaciones asiduas con las otras redes europeas que comparten los mismos objetivos y, en particular, con las redes de instituciones judiciales y de jueces.

(16)

Con el fin de contribuir a promover la cooperación judicial internacional, la Red debe desarrollar contactos con las demás redes de cooperación judicial del mundo, así como con las organizaciones internacionales que fomentan la cooperación judicial internacional.

(17)

Para permitir un seguimiento regular de los progresos realizados en la consecución de los objetivos de la Decisión 2001/470/CE del Consejo en su versión modificada por la presente Decisión, procede que la Comisión presente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo informes sobre las actividades de la Red.

(18)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2001/470/CE en consecuencia.

(19)

Dado que los objetivos de la presente Decisión no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(20)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(21)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

1)

El artículo 2 se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se modifica como sigue:

3)

En el artículo 5, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los puntos de contacto tendrán por función, en particular:

4)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 5 bis

Asociaciones profesionales

1.   Con el fin de contribuir a la realización de las tareas contempladas en el artículo 3, los puntos de contacto mantendrán las relaciones pertinentes con las asociaciones profesionales a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra e), de conformidad con las normas que determine cada Estado miembro.

2.   En particular, las relaciones a que se refiere el apartado 1 podrán incluir las siguientes actividades:

3.   Las asociaciones profesionales no solicitarán a los puntos de contacto información relacionada con casos particulares.».

5)

En el artículo 6, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«A tal efecto, cada Estado miembro velará por que, con arreglo a los procedimientos que él mismo determine, el punto o los puntos de contacto y las autoridades competentes dispongan de los medios para reunirse de forma periódica.».

6)

En el artículo 7, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Con el fin de facilitar el funcionamiento práctico de la Red, los Estados miembros velarán por que los puntos de contacto tengan conocimientos suficientes de una lengua oficial de las instituciones de la Unión distinta de la suya propia a fin de poder comunicarse con los puntos de contacto de otros Estados miembros.».

7)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

Tramitación de las solicitudes de cooperación judicial

1.   Los puntos de contacto responderán sin demora a todas las solicitudes que se les presenten y a más tardar en un plazo de 15 días después de su recepción. Si un punto de contacto no está en condiciones de responder a una solicitud en dicho plazo, informará de ello sucintamente al solicitante y le indicará el tiempo que considere necesario para responder, pero este plazo no podrá exceder, por norma general, de 30 días.

2.   Con el fin de responder con la mayor eficacia y cuanto antes a las solicitudes que se mencionan en el apartado 1, los puntos de contacto utilizarán las tecnologías más adecuadas puestas a su disposición por los Estados miembros.

3.   La Comisión llevará un registro electrónico seguro y de acceso limitado de las solicitudes de cooperación judicial y de las respuestas contempladas en el artículo 5, apartado 2, letras b), c), d) y e). Los puntos de contacto velarán por que la información necesaria para la constitución y el funcionamiento de este sistema se proporcione con regularidad a la Comisión.

4.   La Comisión proporcionará a los puntos de contacto información sobre las estadísticas relativas a las solicitudes de cooperación judicial y a las respuestas que se mencionan en el apartado 3, una vez por semestre como mínimo.».

8)

El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9

Reuniones de los puntos de contacto

1.   Los puntos de contacto de la Red se reunirán como mínimo una vez cada seis meses, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12.

2.   Cada Estado miembro estará representado en dichas reuniones por uno o varios puntos de contacto, que podrán estar acompañados por otros miembros de la Red, pero sin que en ningún caso se supere la cifra de seis representantes por Estado miembro.».

9)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 11 bis

Participación de observadores en las reuniones de la Red

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, Dinamarca podrá hacerse representar en las reuniones mencionadas en los artículos 9 y 11.

2.   Los países en vías de adhesión y los países candidatos podrán ser invitados a participar en estas reuniones en calidad de observadores. Los terceros países que sean Partes de acuerdos internacionales de cooperación judicial en materia civil y mercantil celebrados por la Comunidad también podrán ser invitados a asistir en calidad de observadores a determinadas reuniones de la Red.

3.   Cada Estado observador podrá hacerse representar en estas reuniones por una o más personas, sin exceder en ningún caso de tres representantes por Estado.».

10)

El artículo siguiente se inserta al final del título II:

«Artículo 12 bis

Relaciones con las otras redes y las organizaciones internacionales

1.   La Red mantendrá relaciones y compartirá experiencias y mejores prácticas con las otras redes europeas que compartan los mismos objetivos, en particular con la Red Judicial Europea en materia penal. La Red mantendrá asimismo relaciones de este tipo con la Red Europea de Formación Judicial con el fin de promover, cuando proceda y sin perjuicio de las prácticas nacionales, sesiones de formación sobre cooperación judicial en materia civil y mercantil dirigidas a las autoridades judiciales locales de los Estados miembros.

2.   La Red mantendrá relaciones con la Red de Centros Europeos de Consumidores (Red ECC). En particular, con el fin de proporcionar cualquier información de carácter general sobre la aplicación de los instrumentos comunitarios e internacionales para facilitar el acceso de los consumidores a la justicia, los puntos de contacto de la Red estarán a disposición de los miembros de la Red ECC.

3.   Para cumplir los cometidos contemplados en el artículo 3 en cuanto a los instrumentos internacionales relativos a la cooperación judicial en materia civil y mercantil, la Red mantendrá contactos y procederá al intercambio de experiencias con las otras redes de cooperación judicial establecidas entre Estados terceros y con las organizaciones internacionales que fomentan la cooperación judicial internacional.

4.   La Comisión, en estrecha cooperación con la Presidencia del Consejo y los Estados miembros, se encargará de la aplicación de las disposiciones del presente artículo.».

11)

La denominación del título III se sustituye por la siguiente:

12)

En el artículo 13, apartado 1, se añade la letra siguiente:

13)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 13 bis

Información general del público

La Red contribuirá a facilitar al público información general mediante las tecnologías más adecuadas, con el fin de informarle sobre el contenido y la aplicación de los actos comunitarios o instrumentos internacionales relativos a la cooperación judicial en materia civil y mercantil.

Con este fin, y no obstante lo dispuesto en el artículo 18, los puntos de contacto promocionarán el sistema de información contemplado en el artículo 14 entre el público.».

14)

En el artículo 17, apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

15)

En el artículo 18, punto 4, se suprime la palabra «progresivamente».

16)

El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 19

Informes

A más tardar el 1 de enero de 2014, y a continuación cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre las actividades de la Red. Este informe irá acompañado, si procede, de propuestas destinadas a adaptar la presente Decisión e incluirá información sobre las actividades realizadas por la Red para avanzar en el diseño, el desarrollo y la aplicación de un sistema europeo de justicia en línea (e-justicia), sobre todo por lo que se refiere a facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia.».

17)

El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 20

Notificación

A más tardar el 1 de julio de 2010, los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información citada en el artículo 2, apartado 5.».

30.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 168/41

(1)

El artículo 8 de la Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 8 de abril de 1965, relativa a la instalación provisional de determinadas instituciones y de determinados servicios de las Comunidades (1), preveía la instalación en Luxemburgo de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (denominada en lo sucesivo «la Oficina»). Esta disposición fue aplicada en primer lugar por la Decisión 2000/459/CE, CECA, Euratom del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones (2).

(2)

Las normas y reglamentaciones aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas son aplicables a la Oficina. Es preciso tener en cuenta sus modificaciones recientes.

(3)

El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3), denominado en lo sucesivo «el Reglamento financiero», prevé disposiciones particulares relativas al funcionamiento de la Oficina.

(4)

El sector editorial ha experimentado una evolución tecnológica considerable que debe ser tenida en cuenta para el funcionamiento de la Oficina.

(5)

En aras de la claridad, es conveniente que se derogue la Decisión 2000/459/CE, CECA, Euratom, sustituyéndola por la presente Decisión.

a)

edición del Diario Oficial de la Unión Europea (denominado en lo sucesivo «el Diario Oficial») y garantía de su autenticidad;

b)

edición de otras publicaciones obligatorias;

c)

edición o coedición de publicaciones no obligatorias confiadas a la Oficina en el marco de las prerrogativas de cada institución y, en particular, en el contexto de las actividades de comunicación de las instituciones;

d)

edición o coedición de publicaciones por iniciativa propia, incluidas las publicaciones destinadas a garantizar la promoción de sus servicios; en este contexto, la Oficina puede obtener traducciones mediante un contrato de servicio;

e)

desarrollo, mantenimiento y actualización de sus servicios de edición electrónica destinados al público;

f)

puesta a disposición del público del conjunto de la legislación y otros textos oficiales;

g)

conservación y puesta a disposición del público en forma electrónica de todas las publicaciones de las instituciones;

h)

atribución de números internacionales normalizados o números de catálogo a las publicaciones de las instituciones;

i)

gestión de los derechos de reproducción y traducción de las publicaciones de las instituciones;

j)

promoción y venta de las publicaciones y de los servicios que ofrece al público.

a)

la programación y la planificación de sus programas de publicaciones;

b)

la realización de sus proyectos de edición, independientemente de la forma de edición;

c)

la maquetación y el diseño de sus proyectos de edición;

d)

la información sobre las tendencias del mercado editorial en los Estados miembros y sobre los temas y títulos que pueden conseguir mayor difusión;

e)

la fijación de tiradas y el establecimiento de planes de difusión;

f)

la fijación de los precios de las publicaciones y su venta;

g)

la promoción, difusión y evaluación de sus publicaciones gratuitas o venales;

h)

el análisis, la evaluación y la creación de sitios y servicios de Internet destinados al público;

i)

la elaboración de contratos-marco relativos a actividades de edición;

j)

la supervisión tecnológica de los sistemas de edición.

a)

reagrupación de los documentos que deben publicarse;

b)

preparación, concepción gráfica, corrección, maquetación y verificación de textos y otros elementos, independientemente del formato y del soporte, respetando, por una parte, las indicaciones de las instituciones y, por otra, las normas de presentación tipográfica y lingüística establecidas en colaboración con las instituciones;

c)

indexación y catalogación de las publicaciones;

d)

análisis documental de los textos publicados en el Diario Oficial y de otros textos oficiales distintos de los publicados en el Diario Oficial;

e)

consolidación de textos legislativos;

f)

gestión, desarrollo, actualización y difusión del tesauro multilingüe Eurovoc;

g)

impresión por medio de sus proveedores;

h)

seguimiento de la ejecución de los trabajos;

i)

control de calidad;

j)

recepción cualitativa y cuantitativa;

k)

difusión física y electrónica del Diario Oficial, los textos oficiales distintos de los publicados en el Diario Oficial y las publicaciones no obligatorias;

l)

almacenamiento;

m)

archivado físico y electrónico;

n)

reimpresión de publicaciones agotadas e impresión por pedido;

o)

constitución de un catálogo consolidado de publicaciones de las instituciones;

p)

venta, incluida la facturación, el cobro y pago de ingresos y la gestión de deudas;

q)

promoción;

r)

creación, compra, gestión, actualización, seguimiento y control de las listas de correo de las instituciones y creación de listas de correo adaptadas.

a)

a la contratación pública, asumiendo compromisos jurídicos;

b)

al seguimiento financiero de los contratos con los proveedores;

c)

a la liquidación de gastos, incluida la recepción cualitativa y cuantitativa formalizada mediante la firma del «Páguese»;

d)

a la ordenación de gastos;

e)

a las operaciones de ingresos.

a)

a propuesta del Director, establecerá los objetivos estratégicos y las normas de funcionamiento de la Oficina;

b)

fijará las líneas directrices de las políticas generales de la Oficina, especialmente en lo que respecta a la venta, difusión y edición, y velará por que la Oficina contribuya a la concepción y aplicación de las políticas de información y comunicación en los ámbitos de su competencia;

c)

tomando como base el proyecto preparado por el Director de la Oficina, adoptará un informe anual de gestión dirigido a las instituciones que tratará de la aplicación de la estrategia y de las prestaciones ofrecidas por la Oficina. Antes del 1 de mayo de cada año presentará a las instituciones el informe sobre el ejercicio anterior;

d)

aprobará la previsión de los ingresos y gastos de la Oficina en el marco del procedimiento presupuestario relativo al presupuesto de funcionamiento de la Oficina;

e)

aprobará los criterios, establecidos por el Director de la Oficina, con arreglo a los cuales se llevará la contabilidad analítica de la Oficina;

f)

presentará a las instituciones toda sugerencia que pueda contribuir al buen funcionamiento de la Oficina.

a)

instará, ante las instancias competentes de cada institución, a la adopción de las decisiones de principio que deberán aplicarse conjuntamente;

b)

formulará propuestas de mejora de la estructura y presentación del Diario Oficial y de los textos legislativos oficiales;

c)

formulará propuestas dirigidas a las instituciones sobre la armonización de la presentación de los textos que deban publicarse;

d)

examinará las dificultades que surjan en las operaciones corrientes y formulará, en el marco de la Oficina, las instrucciones necesarias y, para las instituciones, recomendaciones para resolverlas.

30.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 168/48

(1)

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) propone modificar el anexo II del Acuerdo de Asociación ACP-CE para facilitar sus operaciones de concesión de préstamos con cargo a recursos propios en favor de los países ACP más pobres en el marco de la iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) y otras iniciativas de sostenibilidad de la deuda acordadas internacionalmente.

(2)

La coherencia de las políticas entre la concesión de préstamos con cargo a recursos propios del BEI y la iniciativa para los PPME exige una mayor flexibilidad para satisfacer las condiciones acordadas en el marco de dicha iniciativa o en otros marcos internacionales sobre la sostenibilidad de la deuda, en particular por lo que respecta a las bonificaciones de interés.

(3)

Tal disposición ya existe para los recursos gestionados por el BEI en el contexto del instrumento de ayuda a la inversión, de conformidad con el anexo II, artículo 2, del Acuerdo de Asociación ACP-CE.

(4)

El objetivo de los nuevos apartados en el anexo II, artículo 1, del Acuerdo de Asociación ACP-CE es aplicar condiciones uniformes tanto a los recursos propios del BEI como a los instrumentos de ayuda a la inversión.

(5)

El objetivo del nuevo texto en el anexo II, artículos 1, 2 y 4, del Acuerdo de Asociación ACP-CE es aproximar las disposiciones relativas a los recursos propios del BEI y al instrumento de ayuda a la inversión en el marco de los PPME.

(6)

Procede, por lo tanto, modificar el anexo II del Acuerdo de Asociación ACP-CE en ese sentido.

1)

En el artículo 1, se numera el párrafo primero con un 1 y se añaden los apartados siguientes:

«2.   Los fondos para las bonificaciones de interés contempladas en el presente anexo se proporcionarán con cargo a la dotación para bonificaciones de interés especificada en el anexo 1b, apartado 2, letra c).

3.   Las bonificaciones de interés podrán capitalizarse o utilizarse en forma de subvenciones. El montante de la bonificación de interés, calculado en términos de su valor en las fechas de desembolso del préstamo, se imputará a la dotación para bonificaciones de interés especificada en el anexo 1b, apartado 2, letra c), y se pagará directamente al Banco. Hasta un 10 % de esa dotación para bonificaciones de interés podrá utilizarse también para financiar asistencia técnica relacionada con proyectos en los países ACP.

4.   Estos términos y condiciones se entienden sin perjuicio de los términos y condiciones que se puedan imponer a los países ACP sometidos a condiciones de endeudamiento restrictivas en virtud de la iniciativa para los países pobres muy endeudados (“PPME”) u otros marcos para la sostenibilidad de la deuda acordados internacionalmente. Por consiguiente, cuando tales marcos exijan una reducción del tipo de interés de los préstamos superior al 3 %, como se permite con arreglo a los artículos 2 y 4 del presente capítulo, el Banco intentará reducir el coste medio de los fondos mediante la cofinanciación pertinente con otros donantes. Cuando esto no se considere posible, el tipo de interés del préstamo del Banco podrá reducirse en la medida necesaria para ajustarse al nivel que resulte de la iniciativa para los PPME o cualquier otro marco para la sostenibilidad de la deuda acordado internacionalmente.».

2)

En el artículo 2, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7.   En los países no sometidos a condiciones de préstamo restrictivas en virtud de la iniciativa para los PPME u otros marcos para la sostenibilidad de la deuda acordados internacionalmente se podrán conceder préstamos ordinarios en términos y condiciones favorables en los casos siguientes:

En todo caso, el tipo de interés final de los préstamos recogidos en las letras a) o b), nunca será inferior al 50 % del tipo de referencia.».

3)

En el artículo 4, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los préstamos concedidos por el Banco con cargo a sus recursos propios lo serán en los términos y condiciones siguientes:

30.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 168/50

(1)

El Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas (1), dirigido a las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad, enumera quince principios sobre el entorno institucional, los procesos estadísticos y la producción estadística.

(2)

El principio 15 del Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas trata de la accesibilidad y claridad de las mismas, poniendo de relieve que los metadatos de apoyo estén documentados con arreglo a sistemas de metadatos normalizados.

(3)

Los metadatos de referencia son parte integrante del sistema de metadatos de cada autoridad estadística.

(4)

Con la adopción del Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas, las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad se han comprometido a producir unas estadísticas de alta calidad que requieren una información más transparente y armonizada sobre la calidad de los datos.

(5)

En el marco de la iniciativa SDMX sobre las normas técnicas y estadísticas comunes para intercambiar y compartir datos y metadatos, lanzada por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo, la autoridad estadística de la Comunidad (Eurostat), el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se han establecido las directrices orientadas hacia el contenido SDMX para apoyar la creación y la aplicación de metadatos de referencia armonizados en el Sistema Estadístico Europeo.

(6)

Al producir metadatos de referencia sobre la base de una lista armonizada de conceptos estadísticos del Sistema Estadístico Europeo pueden lograrse aumentos de eficiencia considerables, y al mismo tiempo se permite a las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad añadir, en su caso, más conceptos estadísticos o sectores estadísticos en particular.

(7)

El Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a las estadísticas europeas (2), constituye un marco de referencia para la presente Recomendación.

1)

Que inviten a las autoridades estadísticas nacionales a aplicar los conceptos y subconceptos estadísticos enumerados en el anexo cuando compilen los metadatos de referencia en los diversos sectores estadísticos y cuando intercambien los metadatos de referencia con el Sistema Estadístico Europeo u otro.

2)

Que las autoridades estadísticas nacionales añadan los conceptos estadísticos adicionales a dicha lista de conceptos y subconceptos si ello es necesario para los sectores estadísticos concretos.

3)

Que inviten a las autoridades estadísticas nacionales a informar periódicamente a la Comisión (Eurostat) sobre su aplicación de los conceptos y subconceptos enumerados en el anexo.