10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/1

(1)

El Reglamento (CE) no 3605/93 del Consejo, de 22 de noviembre de 1993, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (3), ha sido modificado en diversas ocasiones (4) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

En el Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, los términos «público», «déficit» e «inversión» se definen con referencia al Sistema europeo de cuentas económicas integradas (SEC), sustituido por el Sistema Europeo de Contabilidad Nacional y Regional en la Comunidad (adoptado por el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (5), en lo sucesivo «SEC 95»). Son necesarias definiciones precisas en las que se haga referencia a los códigos de clasificación del SEC 95. Dichas definiciones pueden estar sometidas a revisiones en el contexto de la armonización necesaria de las estadísticas nacionales o por otras razones. Cualquier revisión del SEC será decidida por el Consejo, con arreglo a las normas sobre competencias y procedimiento fijadas por el Tratado.

(3)

En virtud del SEC 95, los flujos de intereses con arreglo a contratos de permuta financiera y acuerdos de tipos de interés futuros (forward rate agreements, FRA) se clasifican en la cuenta financiera, y requieren un tratamiento específico para los datos transmitidos en caso de déficit excesivo.

(4)

La definición de «deuda» establecida en el Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo debe precisarse haciendo referencia a los códigos de clasificación del SEC 95.

(5)

En el caso de los productos financieros derivados, tal y como se definen en el SEC 95, no existe valor nominal idéntico al observado para los demás instrumentos de deuda. Por lo tanto, es preciso que los productos financieros derivados no se incluyan en las obligaciones constitutivas de la deuda pública a efectos del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. Para las obligaciones que hayan sido objeto de acuerdos que fijan el tipo de cambio, procede tener en cuenta dicho tipo en la conversión en moneda nacional.

(6)

El SEC 95 ofrece una definición detallada del producto interior bruto a precios corrientes de mercado, que resulta apropiada para el cálculo de la proporción entre el déficit público y el producto interior bruto y la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a que se hace mención en el artículo 104 del Tratado.

(7)

Los gastos consolidados de intereses de las administraciones públicas son un indicador importante para la supervisión de la situación presupuestaria en los Estados miembros. Los gastos de intereses están intrínsecamente vinculados a la deuda pública. La deuda pública que los Estados miembros deben notificar a la Comisión debe consolidarse en el seno de las administraciones públicas. Conviene que los niveles de deuda pública y los gastos de intereses sean coherentes entre sí. La metodología del SEC 95 (punto 1.58) reconoce que, para determinados análisis, los agregados consolidados presentan aún más interés que las cifras globales brutas.

(8)

En virtud del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, la Comisión está obligada a facilitar los datos estadísticos que se utilizarán en dicho procedimiento.

(9)

En ese contexto, Eurostat desempeña específicamente, en nombre de la Comisión, el cometido de autoridad estadística. Como servicio de la Comisión responsable de desempeñar las tareas que en ella recaen con respecto a la producción de estadísticas comunitarias, Eurostat debe ejecutar sus tareas conforme a los principios de imparcialidad, fiabilidad, pertinencia, relación coste/eficacia, secreto estadístico y transparencia, con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 97/281/CE de la Comisión, de 21 de abril de 1997, sobre la función de Eurostat en la elaboración de estadísticas comunitarias (6). La aplicación por parte de las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad de la Recomendación de la Comisión, de 25 de mayo de 2005, relativa a la independencia, la integridad y la responsabilidad de las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad, deberá potenciar el principio de independencia profesional, adecuación de los recursos y calidad de los datos estadísticos.

(10)

Eurostat se encarga, en nombre de la Comisión, de evaluar la calidad de los datos y de suministrar los datos que debe utilizarse en el contexto del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, de conformidad con la Decisión 97/281/CE.

(11)

Debe establecerse un diálogo permanente entre la Comisión y las autoridades estadísticas de los Estados miembros a fin de garantizar la calidad tanto de los datos notificados por los Estados miembros como de la partida de las cuentas públicas en que se basen elaboradas con arreglo al SEC 95.

(12)

Resultan necesarias normas detalladas para que los Estados miembros notifiquen a la Comisión (Eurostat), sin demora y de forma periódica, sus déficits previstos y reales y el nivel de su deuda.

(13)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 C, apartados 2 y 3, del Tratado, la Comisión debe supervisar la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados miembros, y examinar la observancia de la disciplina presupuestaria tendiendo a criterios de déficit y deuda públicos. En el supuesto de que un Estado miembro no cumpla los requisitos en relación con uno de los criterios o ambos, es preciso que la Comisión tenga en cuenta todos los factores pertinentes. La Comisión debe examinar si existe un riesgo de déficit excesivo en un Estado miembro.

a)

notificarán a la Comisión (Eurostat) el déficit público previsto para el año n, la estimación del nivel de su deuda pública real al final del año n-1 el nivel de su deuda pública real de los años n-2, n-3 y n-4;

b)

comunicarán simultáneamente a la Comisión (Eurostat) los datos previstos para el año n y los datos reales para los años n-1, n-2, n-3 y n-4 de los correspondientes déficit presupuestarios de las cuentas públicas, según la definición más usual en cada Estado miembro, y las cifras que expliquen la correspondencia entre el déficit presupuestario de las cuentas públicas y el déficit público para el subsector S.1311;

c)

comunicarán simultáneamente a la Comisión (Eurostat) los datos reales para los años n-1, n-2, n-3 y n-4 de sus fondos de maniobra y las cifras que expliquen la correspondencia entre los fondos de maniobra de cada subsector de la administración pública y el déficit público para los subsectores S.1312, S.1313 y S.1314;

d)

notificarán a la Comisión (Eurostat) su previsión de deuda pública al final del año n y los niveles de su deuda pública real al final de los años n-1, n-2, n-3 y n-4;

e)

comunicarán simultáneamente a la Comisión (Eurostat), para los años n-1, n-2, n-3 y n-4, las cifras que expliquen la contribución del déficit público y de los demás factores pertinentes a la variación del nivel de deuda pública por subsectores.

a)

la previsión actualizada del déficit público del año n y los déficit públicos reales de los años n-1, n-2, n-3 y n-4, y cumplirán los requisitos establecidos en el apartado 2, letras b) y c),

b)

la previsión actualizada del nivel de deuda pública al final del año n y los niveles reales de deuda pública al final de los años n-1, n-2, n-3 y n-4, y cumplirán los requisitos establecidos en el apartado 2, letra e).

a)

datos de las cuentas nacionales;

b)

inventarios;

c)

cuadros de notificación en relación con los procedimientos de déficit excesivo;

d)

cuestionarios adicionales y aclaraciones relativas a las notificaciones.

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/10

(1)

El Reglamento (CE, Euratom) no 2728/94 del Consejo, de 31 de octubre de 1994 por el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores (2), ha sido modificado en diversas ocasiones (3) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

El presupuesto general de la Unión Europea tiene que hacer frente a riesgos financieros como consecuencia de las garantías destinadas a cubrir los préstamos a terceros países.

(3)

El Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 1992 llegó a la conclusión de que consideraciones de gestión presupuestaria sana y de disciplina financiera abogaban por el establecimiento de un nuevo mecanismo financiero y que, a tal efecto, convendría crear un Fondo de Garantía para cubrir los riesgos inherentes a los préstamos y a las garantías de préstamos concedidos a terceros países o para proyectos realizados en terceros países. La creación de un Fondo de Garantía destinado a reembolsar directamente a los acreedores de las Comunidades permitirá realizar dicho objetivo.

(4)

En el marco del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, adoptado el 17 de mayo de 2006 (4), la financiación del Fondo de garantía constituye un gasto obligatorio del presupuesto general de la Unión Europea para el período comprendido entre 2007 y 2013.

(5)

Existen mecanismos que permiten hacer frente a las solicitudes de garantía, en particular el recurso provisional a la tesorería previsto en el artículo 12 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (5).

(6)

Conviene constituir el Fondo de Garantía mediante la transferencia progresiva de recursos. A continuación, se le deben asignar los intereses correspondientes a la inversión de sus disponibilidades, así como los reembolsos de los deudores morosos cuando el Fondo haya intervenido como garante.

(7)

En vista de la experiencia adquirida con el funcionamiento del Fondo, resulta suficiente una relación del 9 % entre los recursos del Fondo y las obligaciones garantizadas con carácter principal, más los intereses devengados y no pagados.

(8)

Las transferencias al Fondo de Garantía equivalentes al 9 % del importe de cada operación decidida parecen apropiadas para alcanzar el importe objetivo estimado suficiente. Conviene definir las modalidades para efectuar dichas transferencias.

(9)

Si el Fondo de Garantía rebasase el importe objetivo, las cantidades excedentes deberán reintegrarse al presupuesto general de la Unión Europea.

(10)

Conviene encomendar la gestión financiera del Fondo de Garantía al Banco Europeo de Inversiones (en lo sucesivo, «BEI»). La gestión financiera del Fondo está sometida a controles del Tribunal de Cuentas, con arreglo a procedimientos fijados de común acuerdo entre el Tribunal de Cuentas, la Comisión y el BEI.

(11)

Las Comunidades han concedido préstamos y han garantizado préstamos otorgados a los países en vías de adhesión o para proyectos ejecutados en esos países. Estas operaciones de préstamo y de garantía están cubiertas por el Fondo de Garantía y seguirán pendientes o en vigor tras la fecha de la adhesión. A partir de tal fecha dejarán de constituir acciones exteriores de las Comunidades, por lo que deberán ser cubiertas directamente por el presupuesto general de la Unión Europea y no ya por el Fondo de Garantía.

(12)

El Fondo de Garantía cubre los impagos de préstamos emitidos por el BEI para los que las Comunidades establecen una garantía en virtud del mandato exterior del BEI. Además, en consonancia con el mandato exterior del BEI, que surtió efecto a partir del 1 de febrero de 2007, el Fondo también debe cubrir los impagos correspondientes a las garantías de préstamos emitidos por el BEI para los que las Comunidades establecen una garantía.

(13)

Los Tratados no prevén, para la adopción del presente Reglamento, más poderes que los del artículo 308 del Tratado CE y del artículo 203 del Tratado CEEA.

—

con una transferencia anual del presupuesto general de la Unión Europea con arreglo a los artículos 5 y 6,

—

con los intereses devengados por la inversión financiera de las disponibilidades del Fondo,

—

con las cantidades cobradas de los deudores morosos, en la medida en que el Fondo haya intervenido como garante.

—

100 millones de euros, o

—

el importe pendiente debido conforme al mecanismo regulador.

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/15

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/17

(1)

El Reglamento (CE) no 1698/2005, que establece el marco jurídico para la ayuda prestada por el Feader en favor del desarrollo rural en la Comunidad, ha sido modificado por el Reglamento (CE) no 473/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) no 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y el Reglamento (CE) no 1290/2005, sobre la financiación de la política agrícola común (3), con el fin de tener en cuenta el Plan Europeo de Recuperación Económica que fue aprobado por el Consejo Europeo, en su reunión de los días 11 y 12 de diciembre de 2008.

(2)

Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 1974/2006 de la Comisión (4) debe complementarse con disposiciones de aplicación adicionales.

(3)

El artículo 70, apartado 4 ter, del Reglamento (CE) no 1698/2005 permite a los Estados miembros aplicar porcentajes de cofinanciación más elevados por el Feader durante 2009, a condición de que el índice global de contribución del Feader, conforme a lo dispuesto en el artículo 70, apartado 3, de dicho Reglamento, sea respetado a lo largo de todo el período de programación. Es necesario determinar el procedimiento según el cual los Estados miembros pueden utilizar esa posibilidad así como el mecanismo a través del cual se garantizará que el porcentaje total de contribución del Feader se respetará durante todo el período de programación.

(4)

Para facilitar la ejecución de estrategias de desarrollo local y, en especial, el funcionamiento de los grupos de acción local, tal como se define en el artículo 62 del Reglamento (CE) no 1698/2005, debe autorizarse la posibilidad de pagar anticipos relacionados con sus costes de funcionamiento.

(5)

Teniendo en cuenta el beneficio medioambiental general resultante de la transferencia de una explotación, o una parte de la misma, a una organización que tiene el objetivo de la gestión de la naturaleza, debe permitirse a los Estados miembros que no requieran al beneficiario el reembolso en caso de que la organización no asuma el compromiso exigido como condición para la concesión de la ayuda.

(6)

Debe facilitarse la ejecución de las operaciones relativas a inversiones asociadas con el mantenimiento, la restauración y la mejora del patrimonio natural así como el desarrollo de parajes de alto valor natural, previstas en el artículo 57, letra a), del Reglamento (CE) no 1698/2005. Por lo tanto, debe permitirse a los Estados miembros fijar el nivel de ayuda de tales operaciones basándose en costes estándar e hipótesis estándar de pérdidas de ingresos, tal como ya está previsto para las operaciones de naturaleza similar con arreglo al artículo 53 del Reglamento (CE) no 1974/2006.

(7)

Para que los Estados miembros puedan beneficiarse del artículo 70, apartado 4 ter, del Reglamento (CE) no 1698/2005, deben adaptarse las normas para el cálculo de la contribución comunitaria en el contexto de las cuentas del Feader, previstas en el Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión (5).

(8)

Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (CE) no 1974/2006 y (CE) no 883/2006 en consecuencia.

(9)

En aras de la coherencia con la fecha de aplicación del Reglamento (CE) no 473/2009, que se complementa con las disposiciones del presente Reglamento, conviene que este último sea aplicable a partir del 1 de enero de 2009. Esta aplicación retroactiva no debe infringir el principio de seguridad jurídica de los beneficiarios potenciales.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de desarrollo rural y del Comité de los fondos agrícolas.

1)

El artículo 6, apartado 1, queda modificado como sigue:

2)

Tras el artículo 8 se añade el artículo siguiente:

«Artículo 8 bis

1.   Los Estados miembros que pretendan realizar modificaciones relacionadas con la aplicación del artículo 70, apartado 4 ter, del Reglamento (CE) no 1698/2005 notificarán a la Comisión un plan de financiación modificado que contendrá los porcentajes aumentados de contribución del Feader que deberán aplicarse en 2009.

El procedimiento del artículo 9 del presente Reglamento se aplicará a las modificaciones notificadas de conformidad con el párrafo primero.

2.   Tras recibir la última declaración de gastos para el año 2009, que debe presentarse a más tardar el 31 de enero de 2010 de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión (6), la Comisión calculará los porcentajes máximos de contribución del Feader que podrán aplicarse al resto del período de programación con el fin de respetar los porcentajes máximos globales de contribución del Feader previstos en el artículo 70, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) no 1698/2005. Los pormenores y el resultado de ese cálculo se comunicarán a los Estados miembros no más tarde del 15 de febrero de 2010.

3.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, no más tarde del 15 de marzo de 2010, un nuevo plan de financiación que contendrá los nuevos porcentajes de contribución del Feader para el resto del período de programación de conformidad con los porcentajes máximos calculados por la Comisión con arreglo al apartado 2.

Si un Estado miembro no notifica el nuevo plan de financiación para esta fecha o si el plan de financiación notificado no se ajusta al cálculo de los porcentajes máximos de la Comisión, estos últimos se aplicarán automáticamente al programa de desarrollo rural de dicho Estado miembro tan pronto como la declaración correspondiente a los gastos contraídos por el organismo liquidador durante el primer trimestre de 2010, y hasta la presentación de un plan de financiación revisado compatible con los porcentajes de cofinanciación calculados por la Comisión.

3)

El artículo 38 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 38

1.   Los costes de funcionamiento de los grupos de acción local mencionados en el artículo 63, letra c), del Reglamento (CE) no 1698/2005 podrán optar a ayudas comunitarias con un límite del 20 % del gasto público total de la estrategia de desarrollo local.

2.   Los grupos de acción local podrán solicitar el pago de un anticipo de los organismos liquidadores competentes si dicha posibilidad está incluida en el programa de desarrollo rural. El importe de los anticipos no será superior al 20 % de la ayuda pública relacionada con los costes de funcionamiento y su pago estará sujeto al depósito de una garantía bancaria o una garantía equivalente correspondiente al 110 % del importe del anticipo. La garantía se liberará, a más tardar, una vez finalizada la estrategia de desarrollo local.

El artículo 26, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1975/2006 de la Comisión (7) no se aplicará al pago mencionado en el párrafo primero.

4)

En el artículo 44, apartado 2, se añade la letra siguiente:

5)

En el artículo 53, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Cuando proceda, los Estados miembros establecerán la cuantía de las ayudas previstas en los artículos 31, 37 a 41 y 43 a 49 del Reglamento (CE) no 1698/2005 basándose en costes estándar e hipótesis estándar de pérdidas de ingresos.

Sin perjuicio de las normas materiales y de procedimiento aplicables a la ayuda estatal, el párrafo primero también se aplicará a las inversiones asociadas al mantenimiento, la restauración y la mejora del patrimonio natural así como al desarrollo de parajes de alto valor natural tal como se contempla en el artículo 57, letra a), del Reglamento (CE) no 1698/2005.».

6)

Los anexos II y VII se modifican de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/23

(1)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 2320/2002, la Comisión debe adoptar, en su caso, las medidas necesarias para la aplicación de normas básicas comunes de seguridad aérea en el conjunto de la Comunidad. Esas medidas detalladas se establecen en el Reglamento (CE) no 820/2008 de la Comisión (2).

(2)

Las medidas establecidas por el Reglamento (CE) no 820/2008 en materia de restricción de líquidos transportados por pasajeros que lleguen en vuelos procedentes de terceros países y efectúen transbordo en aeropuertos comunitarios deben revisarse atendiendo a los avances técnicos, la incidencia en el funcionamiento de los aeropuertos y los efectos en los pasajeros.

(3)

Tal revisión ha puesto de manifiesto que las restricciones de los líquidos transportados por los pasajeros que llegan en vuelos procedentes de terceros países y efectúan transbordo en aeropuertos comunitarios ocasionan ciertas dificultades de funcionamiento en tales aeropuertos y causan molestias a los pasajeros afectados.

(4)

Concretamente, la Comisión ha verificado determinadas normas de seguridad en aeropuertos de determinados terceros países y ha llegado a la conclusión de que son satisfactorias, teniendo en cuenta además que dichos países tienen un buen historial de cooperación con la Comunidad y sus Estados miembros. Por ello, la Comisión ha decidido tomar medidas para paliar los problemas antes indicados con respecto a los pasajeros que transporten líquidos obtenidos en los mencionados aeropuertos de esos países.

(5)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) no 820/2008 en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité para la seguridad de la aviación civil.

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/25

(1)

Como consecuencia de las modificaciones del Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en los Reglamentos (CE) no 1782/2003 y (CE) no 73/2009 del Consejo y para la aplicación de la condicionalidad prevista en el Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo (2), han de actualizarse las referencias a dicho Reglamento que se hacen en el Reglamento (CE) no 1975/2006 de la Comisión (3).

(2)

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2009 es de aplicación el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (4). Por tanto, ha de adaptarse el Reglamento (CE) no 1975/2006 para tener en cuenta las referencias al Reglamento (CE) no 73/2009.

(3)

La experiencia ha demostrado que hay lagunas y disposiciones obsoletas en el Reglamento (CE) no 1975/2006 que han de paliarse o eliminarse para velar por la correcta comprensión y la coherencia del texto.

(4)

Determinadas disposiciones del Reglamento (CE) no 796/2004, tales como las que permiten el anuncio de los controles sobre el terreno recogidas en el artículo 23 bis, las que definen las excepciones a la aplicación de reducciones y exclusiones establecidas en el artículo 68 y las contempladas en el artículo 71, apartado 2, deben ser de aplicación general a los fines del Reglamento (CE) no 1698/2005.

(5)

En aras de la claridad, cuando se apliquen las normas de control relativas a las ayudas para el desarrollo rural destinadas a determinadas medidas del eje 2 y del eje 4, de conformidad con lo dispuesto en la parte II, título I, del Reglamento (CE) no 1975/2006, ha de hacerse referencia a la definición y principios de las parcelas agrícolas recogidos en el Reglamento (CE) no 796/2004.

(6)

Con respecto a los controles sobre el terreno de la medida establecida en el artículo 36, letra a, inciso iv), del Reglamento (CE) no 1698/2005, ha de aclararse que el requisito mínimo del 5 % ha de lograrse a nivel de medida.

(7)

La experiencia ha demostrado que es necesario aclarar determinadas disposiciones, especialmente en lo que respecta a las reducciones en caso de declaración en exceso de determinadas medidas aplicables a la superficie y vinculadas con los animales, y a la acumulación de reducciones.

(8)

En aras de la claridad, determinadas referencias a la campaña del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) han de modificarse para que hagan referencia al año civil.

(9)

La disposición del Reglamento (CE) no 1975/2006 relativa a la selección de la muestra de control para la verificación de la condicionalidad ha de volverse a redactar para tener en cuenta la modificación del artículo 45 del Reglamento (CE) no 796/2004 y, además, ha de añadirse un nuevo mecanismo para incrementar la eficacia del sistema de control.

(10)

Para facilitar la aplicación coherente de reducciones en casos de negligencia o incumplimiento intencionado, es necesario especificar el ámbito de la condicionalidad en el que han de clasificarse los requisitos mínimos de utilización de abonos y productos fitosanitarios mencionados en el artículo 39, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1698/2005.

(11)

Debe modificarse el orden de las reducciones en los casos en los que estas se acumulen en el contexto de la verificación de la condicionalidad para velar por una secuencia más coherente.

(12)

Con objeto de abarcar las medidas que no están relacionadas con la superficie o las medidas relacionadas con los animales, debe incluirse el requisito de un informe de control correspondiente a los controles sobre el terreno de las ayudas del eje 1 y del eje 3 y de ciertas medidas del eje 2 y del eje 4.

(13)

La experiencia ha demostrado que es necesario aclarar los requisitos de notificación anual.

(14)

La información sobre los resultados de todo tipo de controles ha de ponerse a disposición de todos los organismos pagadores encargados de la gestión de los distintos regímenes de ayuda de forma que, cuando los hechos lo justifiquen, puedan aplicar reducciones por condicionalidad y subvencionabilidad simultáneamente.

(15)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1975/2006 en consecuencia.

(16)

Con objeto de dar a los Estados miembros tiempo suficiente para adaptar sus procedimientos de control y evitar problemas de contabilidad que podrían producirse en caso de que la aplicación comenzara a mediados de año, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2010. Sin embargo, con vistas a preservar la seguridad jurídica, la excepción a las reducciones resultantes del artículo 138, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión, de 29 de octubre de 2004, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo en lo que respecta a los regímenes de ayuda previstos en los títulos IV y IV bis de dicho Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas (5), que pueden disfrutar los beneficiarios de los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie, debe mantenerse para las solicitudes de ayuda correspondientes al año civil 2009.

(17)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de desarrollo rural.

1)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

Aplicación del Reglamento (CE) no 796/2004

Sin perjuicio de las disposiciones específicas del presente Reglamento, los artículos 5, 22, 23, el artículo 23 bis, apartado 1, los artículos 68, 69, el artículo 71, apartado 2, y el artículo 73, del Reglamento (CE) no 796/2004, se aplicarán mutatis mutandis.».

2)

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7

Aplicación del Reglamento (CE) no 796/2004

A efectos del presente título, el artículo 2, apartados 10, 22 y 23, el artículo 9, el artículo 14, apartado 1 bis, y los artículos 18 y 21 del Reglamento (CE) no 796/2004, se aplicarán mutatis mutandis.

El artículo 2, apartado 1 bis, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 796/2004, también serán aplicables mutatis mutandis. No obstante, en lo que respecta a las medidas contempladas en el artículo 36, letra b), incisos iii), iv) y v), del Reglamento (CE) no 1698/2005, los Estados miembros podrán establecer regímenes alternativos adecuados que permitan la identificación inequívoca de las tierras que se benefician de la ayuda.».

3)

En el artículo 8, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   El artículo 11, apartado 3, y los artículos 12, 15 y 20 del Reglamento (CE) no 796/2004, serán aplicables, mutatis mutandis, a las solicitudes de pago contempladas en el presente título. Además de la información contemplada en el artículo 12, apartado 1, letra d), del citado Reglamento, las solicitudes de pago incluirán también la información prevista en dicha disposición en lo que se refiere a las tierras no agrícolas por las que se solicite ayuda.».

4)

El artículo 12 queda modificado como sigue:

5)

El artículo 16 queda modificado como sigue:

6)

El artículo 17 queda modificado como sigue:

7)

El artículo 18 queda modificado como sigue:

8)

En el artículo 19, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   El artículo 4, apartado 2, y el artículo 22 del Reglamento (CE) no 73/2009, así como el artículo 2, apartados 2, 2 bis, y 31 a 36, y los artículos 41, 42, 43, 46, 47 y 48 del Reglamento (CE) no 796/2004, se aplicarán a los controles del cumplimiento de la condicionalidad.».

9)

Los artículos 20 y 21 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 20

Controles sobre el terreno

1.   Con relación a los requisitos o las normas de los que es responsable, la autoridad de control competente llevará a cabo controles sobre el terreno de al menos el 1 % de todos los beneficiarios que presenten solicitudes de pago en virtud del artículo 36, letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos i), iv) y v), del Reglamento (CE) no 1698/2005.

2.   Serán aplicables el artículo 44, apartado 1, párrafos segundo y tercero, y apartados 1 bis y 2, del Reglamento (CE) no 796/2004.

Artículo 21

Selección de la muestra de control

1.   En lo que respecta a la selección de la muestra de control para llevar a cabo los controles sobre el terreno mencionados en el artículo 20 del presente Reglamento, será aplicable el artículo 45, apartados 1, 1 bis y 1 ter, del Reglamento (CE) no 796/2004.

2.   Las muestras de beneficiarios que han de ser objeto de control con arreglo al artículo 20 se seleccionarán a partir de la muestra de beneficiarios que ya hayan sido seleccionados en aplicación del artículo 12 y a los que se apliquen los requisitos o normas pertinentes.

3.   No obstante, las muestras de beneficiarios que deban ser objeto de control con arreglo al artículo 20 del presente Reglamento podrán seleccionarse de entre la población de beneficiarios que presenten solicitudes de pago al amparo del artículo 36, letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos i), iv) y v), del Reglamento (CE) no 1698/2005, que están obligados a cumplir los respectivos requisitos o normas.

4.   Se podrá tomar la decisión de recurrir a una combinación de los procedimientos descritos en los apartados 2 y 3 cuando esa combinación aumente la eficacia del sistema de control.».

10)

En el artículo 22, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El artículo 22 del Reglamento (CE) no 73/2009, así como el artículo 2, apartados 2, 2 bis y 31 a 36, el artículo 41 y el artículo 65, apartado 4, del Reglamento (CE) no 796/2004, se aplicarán a las reducciones o exclusiones que hayan de aplicarse en caso de haberse constatado incumplimientos.».

11)

Los artículos 23 y 24 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 23

Cálculo de las reducciones y las exclusiones

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1698/2005, en caso de que se constate un incumplimiento, se aplicará una reducción del importe global de la ayuda, en virtud del artículo 36, letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos i), iv) y v), de dicho Reglamento, que se haya concedido o se vaya a conceder a ese beneficiario como consecuencia de solicitudes de pago que haya presentado o vaya a presentar en el transcurso del año civil en que se haya descubierto el incumplimiento.

Si el incumplimiento es consecuencia de una negligencia del beneficiario, la reducción se calculará de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 66 del Reglamento (CE) no 796/2004.

Si el incumplimiento es intencionado, la reducción se calculará de acuerdo con el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) no 796/2004.

2.   A los fines del cálculo de la reducción mencionada en el apartado 1, los requisitos mínimos para el empleo de los abonos y productos fitosanitarios definidos en el artículo 39, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1698/2005 se considerarán parte del ámbito de “medio ambiente” y del ámbito de “salud pública, zoosanidad y fitosanidad”, respectivamente, según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 73/2009. Cada uno de ellos se equipara a un “acto” en la acepción del artículo 2, apartado 32, del Reglamento (CE) no 796/2004.

Artículo 24

Acumulación de reducciones

En caso de acumulación de reducciones, se aplicarán en primer lugar las reducciones correspondientes a los artículos 16 o 17 del presente Reglamento, a continuación, las correspondientes al artículo 18 del presente Reglamento, después, las correspondientes a la presentación tardía de las solicitudes, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CE) no 796/2004, después, las previstas en el artículo 14, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) no 796/2004 y, por último, las establecidas en los artículos 22 y 23 del presente Reglamento.».

12)

El artículo 27 queda modificado como sigue:

13)

En el artículo 28, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

14)

Se añade el artículo 28 bis siguiente:

«Artículo 28 bis

Informe de control

Los controles sobre el terreno llevados a cabo en virtud de la presente sección serán objeto de un informe de control. Se aplicará, mutatis mutandis, el artículo 28 del Reglamento (CE) no 796/2004.».

15)

En el artículo 30, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Los controles a posteriori cubrirán cada año civil al menos un 1 % de los gastos públicos subvencionables correspondientes a las operaciones contempladas en el apartado 1 por las que se haya efectuado el pago final procedente del Feader. Se realizarán dentro de un plazo de doce meses a partir del término del año civil correspondiente.».

16)

El artículo 31 queda modificado como sigue:

17)

El artículo 34 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 34

Notificaciones

Cada año, los Estados miembros comunicarán a la Comisión a más tardar el 15 de julio un informe en el que figuren:

18)

El artículo 36 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 36

Comunicación de los informes de control a los organismos pagadores

1.   Cuando, en el caso de un beneficiario concreto, la gestión de los distintos pagos previstos en el artículo 36, letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos i), iv) y v), del Reglamento (CE) no 1698/2005, en el artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) no 73/2009 y en los artículos 11, 12 y 98, del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo (7) corra a cargo de más de un organismo pagador, los Estados miembros garantizarán que los incumplimientos determinados y, en su caso, las reducciones y exclusiones correspondientes, se comunican a todos los organismos pagadores que hayan participado en dichos pagos.

2.   En caso de que no sea el organismo pagador quien realice los controles, los Estados miembros se encargarán de que este reciba suficiente información sobre los controles efectuados. Corresponde al organismo pagador determinar sus necesidades en materia de información.

La información contemplada en el párrafo primero podrá consistir en un informe de cada control efectuado o, en su caso, de un informe de síntesis.

3.   Se conservará una pista de auditoría suficiente. En el anexo figura una descripción orientativa de los requisitos necesarios para contar con una pista de auditoría satisfactoria.

4.   El organismo pagador tendrá derecho a comprobar la calidad de los controles llevados a cabo por otros organismos y a recibir toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/31

(1)

Todas las sustancias farmacológicamente activas que se usan en la Comunidad en medicamentos veterinarios destinados a ser administrados a animales productores de alimentos deben evaluarse de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2377/90.

(2)

El ácido tiludrónico, en forma de sal disódica, figura actualmente en el anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90 únicamente para équidos y por vía intravenosa.

(3)

El Comité de medicamentos de uso veterinario (en adelante, «el CVMP») ha recibido una solicitud para ampliar el uso del ácido tiludrónico, en forma de sal disódica, a las aves de corral. Tras examinar los datos disponibles de estudios de residuos en aves de corral, el CVMP concluyó que no es necesario establecer límites máximos de residuos (en adelante, «LMR») de ácido tiludrónico, en forma de sal disódica, para aves de corral.

(4)

Sin embargo, como solo se realizaron estudios de residuos tras la administración subcutánea y teniendo en cuenta que, entre 12 y 24 horas tras la administración, la absorción tisular de residuos (también en el sitio de inyección) representaría el 88 % de la dosis diaria admisible calculada, el CVMP concluyó que la ampliación era posible únicamente por vía parenteral y para aves ponedoras y reproductoras. Por lo tanto, procede modificar la entrada actual del anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90 correspondiente al ácido tiludrónico, en forma de sal disódica, de modo que esta sustancia pueda utilizarse por vía parenteral en especies de aves de corral ponedoras y reproductoras.

(5)

El fumarato de hierro no está actualmente incluido en los anexos del Reglamento (CEE) no 2377/90.

(6)

El CVMP ha recibido una solicitud para que considere si el fumarato de hierro debe estar cubierto por las evaluaciones llevadas a cabo de otras sales de hierro que sí figuran en el anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90, para uso en todas las especies productoras de alimentos.

(7)

Tras examinar las evaluaciones realizadas y teniendo en cuenta que el ácido fumárico es un aditivo alimenticio permitido de conformidad con la Directiva 95/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), el CVMP concluyó que procede aplicar también al fumarato de hierro las evaluaciones llevadas a cabo para las sustancias que figuran en el anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90. El CVMP consideró que no se necesita una evaluación específica del fumarato de hierro y que no es necesario establecer LMR de esta sustancia. Recomendó la inclusión de esta sustancia en el anexo II para uso en todas las especies productoras de alimentos. Por lo tanto, procede incluir esta sustancia en el anexo II del Reglamento (CEE) no 2377/90 para uso en todas las especies productoras de alimentos.

(8)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CEE) no 2377/90 en consecuencia.

(9)

Debe preverse un período adecuado antes de la aplicabilidad del presente Reglamento, a fin de que los Estados miembros puedan hacer cualquier adaptación que sea necesaria, a la luz de dicho Reglamento, en las autorizaciones de comercialización de los medicamentos veterinarios de que se trate otorgadas con arreglo a la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (3).

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de medicamentos veterinarios.

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/34

(1)

El Reglamento (CE) no 945/2008 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2008/2009. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (CE) no 464/2009 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006,

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/36

(1)

La Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro (3) ha sido modificada en diversas ocasiones (4) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

(2)

Con el fin de que la población de los Estados miembros tenga mayor conciencia de las actividades de la Comunidad, conviene mantener en favor de los particulares la acción emprendida para garantizar, en la Comunidad, las condiciones de un mercado interior.

(3)

En particular los obstáculos fiscales a la introducción en un Estado miembro, por particulares, de bienes personales que se encuentren en otro Estado miembro perturban la libre circulación de personas en la Comunidad. Es importante por consiguiente eliminarlos en la medida de lo posible mediante el establecimiento de exenciones fiscales.

(4)

Estas exenciones fiscales no pueden aplicarse más que a las introducciones de bienes que no presenten ningún carácter comercial o especulativo y, por consiguiente, conviene fijar los límites y las condiciones de aplicación de las mismas.

(5)

Habida cuenta de las disposiciones de armonización adoptadas en los ámbitos de los impuestos especiales y del impuesto sobre el valor añadido, las normas relativas a las exenciones y a las franquicias a la importación carecen de objeto en dichos ámbitos.

(6)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional de las Directivas que figuran en la Parte B del anexo I.

a)

el impuesto sobre el valor añadido;

b)

los impuestos especiales;

c)

los derechos e impuestos específicos o periódicos relativos a la utilización de los bienes contemplados en el apartado 1 en el interior del país, tales como, por ejemplo, los derechos percibidos al matricular los vehículos automóviles, los impuestos de circulación por carretera y los cánones de televisión.

a)

hayan sido adquiridos en las condiciones generales de imposición del mercado interior de un Estado miembro y que no se beneficien, con carácter de la salida del Estado miembro de procedencia, de ninguna exención ni de ninguna devolución de impuestos sobre el consumo. Para la aplicación de la presente Directiva, se considerará que han satisfecho estas condiciones los bienes adquiridos en las condiciones contempladas en el artículo 151 de la Directiva 2006/112/CE, con excepción del apartado 1, párrafo primero, letra e);

b)

hayan sido realmente destinados al uso del interesado antes del cambio de residencia o el establecimiento de una residencia secundaria. Los Estados miembros podrán exigir que los vehículos de motor de carretera, comprendidos sus remolques, las caravanas, las viviendas transportables, las embarcaciones de recreo y los aviones de turismo hayan estado destinados al uso del interesado al menos seis meses antes del cambio de residencia.

i)

en lo referente a los vehículos de motor de carretera, incluidos sus remolques, las caravanas, las viviendas transportables, las embarcaciones de recreo y los aviones de turismo, que hayan estado destinados al uso del interesado desde al menos doce meses antes del cambio de residencia;

ii)

en lo referente a los demás bienes, que hayan estado destinados al uso del interesado desde al menos seis meses antes del cambio de residencia.

a)

la persona de que se trate es propietaria de la residencia secundaria o la ha tomado en alquiler por un período mínimo de doce meses;

b)

los bienes introducidos corresponden al mobiliario normal de la residencia secundaria.

a)

la introducción deberá efectuarse dentro del período que comienza dos meses antes de la fecha prevista para el matrimonio y que termina cuatro meses después de la fecha de su celebración;

b)

el interesado deberá demostrar que su matrimonio ha tenido lugar o que se han iniciado las gestiones oficiales para su matrimonio.

a)

el particular deberá presentar a las autoridades competentes del Estado miembro de destino una certificación expedida por un notario o por cualquier otra autoridad competente del Estado miembro de procedencia, que demuestre la adquisición por vía sucesoria de los bienes introducidos;

b)

la introducción deberá efectuarse en un plazo de dos años después de la entrada en posesión de los bienes.

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/42

(1)

El anterior Director del CDE, nombrado el 1 de marzo de 2005 para un mandato que concluía el 28 de febrero de 2010, presentó su dimisión con efecto a partir del 23 de agosto de 2007.

(2)

Un comité paritario de selección, constituido por las dos partes, ha propuesto al término de sus trabajos el nombramiento del Sr. Mabousso THIAM como Director del Centro para el Desarrollo de la Empresa, para el resto del mandato que queda por transcurrir.

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/43

(1)

La Directiva 2008/73/CE (2) modificó un total de veintitrés actos del Consejo para establecer, entre otras cosas, procedimientos para confeccionar listas y publicar información en los ámbitos veterinario y zootécnico.

(2)

Dicha Directiva entró en vigor el 3 de septiembre de 2008. Los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ella antes del 1 de enero de 2010. Sin embargo, no prevé que los Estados miembros apliquen dichas disposiciones a partir de la fecha mencionada.

(3)

Por la seguridad jurídica, la Directiva 2008/73/CE debe corregirse para garantizar que las modificaciones introducidas en los diferentes actos del Consejo por dicha Directiva a fin de establecer procedimientos simplificados sean aplicadas de manera uniforme por los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2010. Procede, por tanto, corregir la Directiva 2008/73/CE para que sea también aplicable partir de esta fecha. En consecuencia, dicha Directiva debe asimismo corregirse para prever que los Estados miembros apliquen esas disposiciones a partir de tal fecha.

(4)

Sin embargo, otras modificaciones introducidas por la Directiva 2008/73/CE en las Directivas 64/432/CEE (3) y 90/426/CEE (4) no afectan a los procedimientos simplificados y no requieren, por tanto, que se aplace su aplicación por los Estados miembros al 1 de enero de 2010. Dichas modificaciones se refieren a la adopción de medidas específicas de sanidad animal, de conformidad con el procedimiento establecido en la Decisión 1999/468/CE, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5), y corrigen una referencia obsoleta.

(5)

A fin de garantizar una transición armoniosa hacia los nuevos procedimientos simplificados para confeccionar listas y publicar información en los ámbitos veterinario y zootécnico, debe preverse la posibilidad de que las disposiciones transitorias se adopten de conformidad con el procedimiento establecido en la Decisión 1999/468/CE.

(6)

A fin de garantizar la seguridad jurídica y la continuidad, la presente Decisión debe aplicarse a partir del 3 de septiembre de 2008, es decir, la fecha de entrada en vigor de la Directiva 2008/73/CE.

(7)

Procede, por tanto, corregir la Directiva 2008/73/CE en consecuencia.

1)

En el artículo 20, se suprime el apartado 2.

2)

Se insertan los artículos 23 bis y 23 ter siguientes:

«Artículo 23 bis

Disposiciones transitorias

Podrán adoptarse disposiciones transitorias de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 23 ter, apartado 2.

Artículo 23 ter

Procedimiento de comité

1.   La Comisión estará asistida por el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) no 178/2002 (6).

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3)

En el artículo 24, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 1 de enero de 2010. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2010.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.».

4)

El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 25

Entrada en vigor y aplicabilidad

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2010, con excepción del artículo 1, apartados 1 y 5, y de los artículos 7, 23 bis y 23 ter.».

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/45

(1)

La Decisión 2007/268/CE de la Comisión (3) establece directrices para la realización de programas de vigilancia de la influenza aviar en aves de corral y aves silvestres que deben llevarse a cabo en los Estados miembros. Estas directrices incluyen disposiciones por lo que respecta al envío de resultados de pruebas de laboratorio al laboratorio comunitario de referencia (LCR) de la influenza aviar.

(2)

Desde la adopción de la Decisión 2007/268/CE, la Comisión ha introducido un sistema electrónico para la notificación de resultados de pruebas de laboratorio obtenidos en el marco de la vigilancia de aves de corral y de aves silvestres. Procede utilizar este sistema electrónico en lo referente a las obligaciones de notificación contempladas en la Decisión 2007/268/CE.

(3)

Asimismo, la Decisión 2007/268/CE establece que todos los resultados serológicos positivos deben ser confirmados por los laboratorios nacionales de la influenza aviar mediante una prueba de inhibición de la hemaglutinación, utilizando cepas específicas facilitadas por el LCR para la influenza aviar. Es conveniente sustituir las cepas utilizadas para la confirmación del subtipo H5 de la influenza aviar por otras cepas que puedan alcanzar los mismos parámetros de diagnóstico de un modo más rápido y rentable.

(4)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2007/268/CE en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1)

El anexo I se modifica como sigue:

2)

En el anexo II, parte A, sección A2, el punto 3 se sustituye por el texto siguiente:

10.6.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 145/47

(1)

La Directiva 91/414/CEE contempla la elaboración de una lista comunitaria de sustancias activas autorizadas para su uso en productos fitosanitarios.

(2)

El 22 de febrero de 2008, la empresa Vivagro Sarl presentó a las autoridades de Francia una documentación relativa al aceite de naranja, junto con una solicitud de inclusión de este en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Las autoridades francesas han notificado a la Comisión que, tras un examen preliminar, la documentación de la citada sustancia activa parece cumplir los requisitos sobre datos e información establecidos en el anexo II de la Directiva 91/414/CEE. Asimismo, la documentación presentada parece ajustarse a los requisitos sobre datos e información establecidos en el anexo III de la referida Directiva por lo que respecta a un producto fitosanitario que contenga la sustancia activa en cuestión. Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, la documentación fue transmitida por el solicitante a la Comisión y a los demás Estados miembros, y se sometió al Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(4)

Mediante la presente Decisión procede confirmar oficialmente a escala comunitaria que se considera que la documentación cumple, en principio, los requisitos sobre datos e información establecidos en el anexo II y, al menos en lo relativo a un producto fitosanitario que contenga la sustancia activa en cuestión, los requisitos establecidos en el anexo III de la Directiva 91/414/CEE.

(5)

La presente Decisión no debe ser obstáculo para que la Comisión pueda pedir a los solicitantes datos o información adicionales a fin de aclarar determinados puntos de la documentación.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.