25.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/1

(1)

El Reglamento (CEE) no 479/92 del Consejo, de 25 de febrero de 1992, sobre la aplicación del artículo 85, apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea (consorcios) (2), ha sido modificado en diversas ocasiones y de forma sustancial (3). Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

A tenor del artículo 81, apartado 3, del Tratado, el artículo 81, apartado 1, del Tratado puede declararse no aplicable a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 81, apartado 3, del Tratado.

(3)

Con arreglo al artículo 83 del Tratado, las disposiciones de aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado deben aprobarse mediante Reglamento o Directiva. Según el artículo 83, apartado 2, letra b), del Tratado, dichas disposiciones deben establecer normas de desarrollo del artículo 81, apartado 3, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una supervisión efectiva, por un lado, y de simplificar las actividades de administración en la mayor medida posible, por otro. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83, apartado 2, letra d), del Tratado, dichas disposiciones deben definir las funciones respectivas de la Comisión y del Tribunal de Justicia.

(4)

El transporte marítimo es un sector que exige grandes inversiones de capital. La aparición del transporte por contenedores ha incrementado la necesidad de cooperación y de racionalización. La marina mercante de los Estados miembros debe poder realizar las economías de escala necesarias para competir ventajosamente en el mercado mundial de servicios regulares de transporte marítimo de línea.

(5)

Los acuerdos de prestación conjunta de servicios entre compañías de transporte marítimo con objeto de racionalizar sus actividades mediante estipulaciones comerciales, técnicas y operativas (denominados «consorcios» en el sector marítimo) pueden servir para crear los medios necesarios para mejorar la productividad de las compañías de transporte marítimo regular y fomentar el progreso técnico y económico.

(6)

Los transportes marítimos tienen importancia en el desarrollo del comercio comunitario y los acuerdos de consorcio pueden desempeñar un papel a tal efecto, habida cuenta de las características especiales de los transportes marítimos internacionales de línea. La legalización de dichos acuerdos constituye una medida que contribuirá de forma positiva a la mejora de la competitividad del sector marítimo de la Comunidad.

(7)

Los usuarios de los servicios de transporte marítimo ofrecidos por los consorcios pueden obtener una parte del beneficio resultante de las mejoras de la productividad y del servicio gracias, en particular, a una mayor regularidad, a reducciones de los costes derivadas del mayor nivel de utilización de capacidades, a una mejor calidad de servicio resultante de la mejora de los buques y del equipo.

(8)

Debe facultarse a la Comisión para que, mediante Reglamento, declare inaplicables las disposiciones del artículo 81, apartado 1, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de consorcios, con objeto de facilitar una cooperación económicamente deseable entre empresas sin que por ello se produzcan efectos nocivos desde el punto de vista de la política de competencia. La Comisión, en contacto estrecho y constante con las autoridades competentes de los Estados miembros, debe estar facultada para definir con precisión el alcance de estas exenciones y de las condiciones de las mismas.

(9)

Los consorcios en el sector del transporte marítimo regular constituyen un tipo especial y complejo de empresas conjuntas. Existe una gran variedad de acuerdos de constitución de consorcios distintos que operan en circunstancias diversas. Las partes de un consorcio cambian a menudo, y el ámbito de aplicación, las actividades y las cláusulas de tales acuerdos suelen modificarse con frecuencia. Por consiguiente, debe reconocerse competencia a la Comisión para determinar periódicamente qué consorcios pueden acogerse a la exención por categorías.

(10)

A fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones expuestas en el artículo 81, apartado 3, del Tratado, conviene supeditar la exención por categorías al cumplimiento de una serie de condiciones que garanticen una participación equitativa de los cargadores en el beneficio resultante y que no se elimine la competencia.

25.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/5

25.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/7

(1)

El Reglamento (CE) no 80/2001 de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, en lo relativo a las comunicaciones sobre el reconocimiento de las organizaciones de productores, así como a la fijación de los precios y de las intervenciones en el marco de la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (2), ha sido modificado en diversas ocasiones y de forma sustancial (3). Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones en relación con la lista de regiones de los Estados miembros y los códigos de moneda utilizados en el presente Reglamento, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición del mismo.

(2)

La Comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 6, del Reglamento (CE) no 104/2000, publica anualmente la lista de las organizaciones de productores y de sus asociaciones reconocidas. Conviene, pues, que los Estados miembros le comuniquen los datos adecuados.

(3)

La Comisión debe poder llevar a cabo el seguimiento de la regulación de precios efectuada por las organizaciones de productores, así de como la aplicación por parte de estas últimas de los sistemas de la compensación financiera y de la ayuda al aplazamiento.

(4)

Los regímenes comunitarios de intervención establecidos en los artículos 21 a 26 del Reglamento (CE) no 104/2000 implican la necesidad de disponer de las cotizaciones registradas en regiones bien definidas y a intervalos regulares.

(5)

Se ha establecido un sistema de transmisión electrónica de datos entre los Estados miembros y la Comisión en el marco de la gestión de la política pesquera común (FIDES II), conviene utilizar dicho sistema con el fin de recoger los datos a que se refiere el presente Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de productos de la pesca.

25.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/34

(1)

En el artículo 67, apartado 3, del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (2), se establece que los ingresos de la Agencia Europea de Medicamentos (en lo sucesivo, «la Agencia») estarán compuestos por la contribución de la Comunidad y las tasas pagadas por las empresas a la Agencia. En el Reglamento (CE) no 297/95 se establecen las categorías y los niveles de dichas tasas.

(2)

En el artículo 12 del Reglamento (CE) no 297/95 se establece que la Comisión revisará y actualizará las tasas de la Agencia en función de la tasa de inflación, con efecto a partir del 1 de abril de cada año.

(3)

Por consiguiente, deben actualizarse estas tasas en función de la tasa de inflación de 2008. La tasa de inflación en la Comunidad, tal como ha publicado la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat), fue del 3,7 % en 2008.

(4)

En aras de la simplicidad, los niveles ajustados de las tasas deben redondearse al centenar de euros más próximo.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 297/95 en consecuencia.

(6)

Por razones de seguridad jurídica, el presente Reglamento no debe aplicarse a las solicitudes válidas que estén pendientes el 1 de abril de 2009.

(7)

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento (CE) no 297/95, la actualización debe entrar en vigor a partir del 1 de abril de 2009. Por consiguiente, es conveniente que el presente Reglamento entre en vigor con carácter de urgencia y que se aplique a partir de dicha fecha.

1)

El artículo 3 queda modificado como sigue:

2)

En el artículo 4, «60 600 EUR» se sustituye por «62 800 EUR».

3)

El artículo 5 queda modificado como sigue:

4)

En el artículo 6, «36 400 EUR» se sustituye por «37 700 EUR».

5)

El artículo 7 queda modificado como sigue:

6)

El artículo 8 queda modificado como sigue:

25.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/37

(1)

En un contexto de necesidades de financiación exterior muy elevadas, los mercados financieros y de capitales letones han estado sometidos en los últimos tiempos a presiones, que son el reflejo de un deterioro general de la confianza del mercado, y de una preocupación creciente respecto a la solidez de la economía letona, dados sus grandes desequilibrios en cuanto al acusado déficit exterior y la elevada deuda externa, el debilitamiento de la hacienda pública, y las altas tasas de inflación de costes y de precios. El nivel de reservas de divisas ha disminuido al intervenir el banco central para mantener la vinculación de la moneda nacional al euro.

(2)

El Consejo revisa regularmente las políticas económicas aplicadas por Letonia, especialmente las relacionadas con el programa de convergencia y el programa nacional de reforma de este país, y con los informes de convergencia.

(3)

Las necesidades totales de financiación exterior de Letonia hasta finales del primer trimestre de 2011 se estiman en unos 7 500 millones EUR.

(4)

Las autoridades letonas han solicitado una asistencia financiera sustancial de la Unión Europea y de otras instituciones financieras y otros países a fin de apoyar la sostenibilidad de la balanza de pagos.

(5)

La balanza de pagos letona está expuesta a una grave amenaza, que justifica la concesión urgente de asistencia mutua por la Comunidad en conjunción con el FMI y otros contribuyentes. Por otra parte, habida cuenta de la urgencia de la cuestión, es imprescindible autorizar una excepción al plazo de seis semanas contemplado en el apartado I, punto 3, del Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anexo al Tratado de la Unión Europea y a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas.

(6)

El paquete de asistencia financiera se aportaría con sujeción a un firme compromiso por parte de las autoridades letonas para aplicar un ambicioso programa de reformas estructurales, presupuestarias y del sistema financiero, destinado a estabilizar la economía y restablecer la credibilidad de su política económica. La Comisión supervisará de manera estrecha y periódica, en colaboración con el CEF, el pleno cumplimiento de las condiciones de política económica vinculadas a la ayuda.

25.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/39

(1)

Mediante la Decisión 2009/289/CE (2), el Consejo decidió otorgar asistencia mutua a Letonia.

(2)

En un contexto de necesidades de financiación exterior muy elevadas, los mercados financieros y de capitales letones han estado sometidos en los últimos tiempos a presiones, que son el reflejo de un deterioro general de la confianza del mercado, y de una preocupación creciente respecto a la solidez de la economía letona, dados sus grandes desequilibrios en cuanto al acusado déficit exterior y la elevada deuda externa, el debilitamiento de la hacienda pública, y las altas tasas de inflación de costes y de precios. El nivel de reservas de divisas ha disminuido al intervenir el banco central para mantener la vinculación de la moneda nacional al euro.

(3)

Las necesidades totales de financiación exterior de Letonia hasta finales del primer trimestre de 2011 se estiman en unos 7 500 millones EUR.

(4)

Procede conceder ayuda comunitaria a Letonia por una cuantía máxima de 3 100 millones EUR en virtud del mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros establecido por el Reglamento (CE) no 332/2002. Dicha asistencia debe concederse conjuntamente con un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un importe de 1 500 millones de DEG o 1 700 millones EUR (1 200 % de la cuota de Letonia en el FMI, aproximadamente 1 700 millones EUR) en el marco de un acuerdo de derechos de giro aprobado el 23 de diciembre de 2008. Los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia y Noruega) deben aportar conjuntamente 1 900 millones EUR; el Banco Mundial, 400 millones EUR; y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la República Checa y Polonia, un total de 400 millones EUR, situándose el total en 7 500 millones EUR para el período hasta finales del primer trimestre de 2011.

(5)

La asistencia comunitaria debe estar gestionada por la Comisión. Las condiciones concretas de política económica acordadas con las autoridades letonas, previa consulta al CEF, deben recogerse en un memorándum de acuerdo. Estas condiciones deben incluir, entre otras cosas, medidas para contener inmediatamente las presiones sobre la liquidez, restablecer la estabilidad a largo plazo reforzando el sector bancario, corregir los desequilibrios presupuestarios y adoptar políticas internas que mejoren la competitividad. Las medidas deben incluir un saneamiento presupuestario inmediato y sostenido, una estrategia global de rescate bancario, un fortalecimiento de la capacidad de gestión de crisis de las autoridades reguladoras, unas reformas estructurales amplias, y otras importantes medidas. Las condiciones financieras detalladas deben ser establecidas por la Comisión en el Acuerdo de préstamo.

(6)

La asistencia debe prestarse con el fin de contener las presiones inmediatas sobre la liquidez y supeditada a la aplicación de políticas que restablezcan la estabilidad a largo plazo reforzando el sector bancario, corrigiendo los desequilibrios presupuestarios y adoptando políticas internas que mejoren la competitividad, manteniendo, al mismo tiempo, el tipo de cambio en el tipo central existente dentro de una estrecha banda de fluctuación.

a)

la aprobación de un programa presupuestario a medio plazo claramente definido con el fin de rebajar el déficit de la hacienda pública para 2011, situándolo, como máximo, en el límite de referencia del 3 % del PIB previsto en el Tratado;

b)

la ejecución del presupuesto de 2009 modificado por el presupuesto suplementario adoptado el 12 de diciembre de 2008 (y que debe presentarse de manera detallada antes de finales de marzo de 2009), con un objetivo de déficit público de flujo de caja no superior al 5 % del PIB o 5,3 % en el sentido del SEC 95;

c)

la reducción de las retribuciones medias del sector público al menos en un 15 % en 2009 en términos nominales, con respecto al presupuesto original de 14 de noviembre de 2008, y de nuevo en un 2 % en 2010-2011;

d)

el mantenimiento de las medidas iniciadas en 2008 para reducir los efectivos en la administración central realizando una reducción de al menos 5 % antes de finales de 2008 y una reducción total del 10 % antes del 30 de junio de 2009;

e)

refuerzo de la concepción y aplicación de los procedimientos presupuestarios mediante la adopción de un marco presupuestario y de una ley de reforma presupuestaria mediante una modificación del derecho vigente en materia de gestión presupuestaria y financiera;

f)

introducción de un sistema de pago de salarios claro y transparente para los trabajadores dependientes directamente de la administración pública e instauración de un sistema único de planificación y gestión de los recursos humanos de las instituciones de las administraciones públicas;

g)

implantación de unos mecanismos que aseguren una mayor estabilización del sector bancario a medio y largo plazo, en particular, un extenso abanico de medidas de supervisión, prudenciales y de política monetaria; estas medidas deben limitar el crecimiento del crédito a niveles sostenibles y evitar una dependencia excesiva respecto a la financiación exterior no garantizada; se efectuarán exámenes específicos en el sistema bancario para comprobar que todos los bancos son solventes y disponen de capital suficiente;

h)

aplicación de medidas adecuadas respecto a la reestructuración de la deuda del sector privado; se fortalecerá la base jurídica pertinente en lo que respecta al vencimiento y la reestructuración monetaria de la deuda existente; aplicación prioritaria de medidas para facilitar los procedimientos en los casos de insolvencia y para aplicar rápidamente los programas de rescate;

i)

garantía de que los accionistas minoritarios restantes del Banco Parex no se benefician del rescate del banco y medidas para reforzar su estabilidad financiera, mediante un Banco Parex totalmente nacionalizado;

j)

medidas de reforma estructural en el contexto de la estrategia de Lisboa y recogidas en el Programa de reforma nacional de Letonia, como son las políticas activas del mercado laboral y de formación permanente, la mayor implicación del sector privado en las actividades de I + D e innovación, las medidas de promoción de las exportaciones y la eliminación de las cargas administrativas de las empresas;

k)

la ejecución de proyectos financiados por la UE al nivel previsto para contribuir a mejorar la contribución del sector de los bienes intercambiables en el crecimiento económico;

l)

medidas destinadas a mejorar el acceso a la financiación para las empresas y empresarios cuyas solicitudes a los Fondos Estructurales hayan sido aprobadas o que prevean presentar solicitudes a los Fondos Estructurales.

25.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/42

(1)

De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 19, párrafo segundo, de la Directiva 2000/13/CE, el 25 de junio de 2008 las autoridades irlandesas notificaron a la Comisión un proyecto de reglamentación sanitaria relativa al etiquetado obligatorio del país de origen de la carne de aves de corral, de porcino y de ovino.

(2)

El proyecto de reglamentación exige el etiquetado de toda la carne de aves de corral, de porcino y de ovino, así como de los productos alimenticios que contengan al menos el 70 % en peso de dichas carnes, a fin de indicar su país de origen en caracteres claros y legibles en lengua irlandesa o inglesa. Se considera que el término «origen» designa al país en el que el animal ha sido criado durante la mayor parte de su vida y, de no ser el mismo, el país en el que ha sido sacrificado.

(3)

La Directiva 2000/13/CE armoniza las normas que regulan el etiquetado de los productos alimenticios, estableciendo, por una parte, la armonización de determinadas disposiciones nacionales y, por otra, un régimen para las disposiciones nacionales no armonizadas. El alcance de la armonización se define en el artículo 3, apartado 1, en el que se establece la lista de las indicaciones obligatorias que deben figurar en el etiquetado de los productos alimenticios, «en las condiciones, y salvo las excepciones previstas en los artículos 4 a 17». Por otra parte, el artículo 4, apartado 2, prevé que las disposiciones comunitarias o, en su defecto, las disposiciones nacionales puedan establecer otras indicaciones obligatorias además de las enumeradas en el artículo 3, apartado 1, en relación con productos alimenticios determinados.

(4)

El artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2000/13/CE permite la adopción de disposiciones nacionales no armonizadas si están justificadas por una de las razones enumeradas en dicho artículo, entre otras, la represión del fraude y la protección de la salud pública, a condición de que dichas disposiciones no puedan obstaculizar la aplicación de las definiciones y normas previstas por la citada Directiva; por consiguiente, cuando en un Estado miembro se proponga un proyecto de disposiciones nacionales en materia de etiquetado, es necesario comprobar la compatibilidad de las mismas con los requisitos antes mencionados y con las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

(5)

De conformidad con el artículo 3, apartado 1, punto 8, de la Directiva 2000/13/CE, la indicación del lugar de origen o de procedencia es obligatoria «en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio». Esta disposición, al establecer la obligación de indicar el origen o la procedencia de un alimento en los casos en que la presencia de otras indicaciones en la etiqueta de un determinado producto pudiera llevar a pensar que dicho producto tiene un origen diferente, ofrece un mecanismo apropiado para evitar el riesgo de que el consumidor pueda ser inducido a error.

(6)

En el caso de la carne de aves de corral, de porcino y de ovino, las razones esgrimidas por las autoridades irlandesas no permiten concluir que los consumidores irlandeses pudieran, en general, llegar a pensar erróneamente que los productos afectados proceden de un lugar determinado.

(7)

Irlanda no ha aportado pruebas de que el proyecto de reglamentación sea necesario para alcanzar uno de los objetivos enumerados en el artículo 18 antes mencionado ni de que el obstáculo así creado sea proporcionado. Menciona únicamente el objetivo de informar a los consumidores acerca del origen de los productos en cuestión. Esta razón por sí sola no es suficiente para justificar el proyecto de reglamentación.

(8)

Estas constataciones han llevado a la Comisión a emitir un dictamen contrario, de conformidad con el artículo 19, párrafo tercero, de la Directiva 2000/13/CE.

(9)

Por todo lo expuesto, procede instar a las autoridades irlandesas a no adoptar el proyecto de reglamentación en cuestión.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

25.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/44

(1)

La Decisión 1999/177/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 1999, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los niveles de concentración de metales pesados fijados en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (2), expiró el 9 de febrero de 2009.

(2)

En el momento de la expiración de la Decisión 1999/177/CE, continúan en el mercado una cantidad considerable de cajas de plástico y de paletas de plástico que contienen metales pesados cuyo nivel de concentración es superior al previsto en la Directiva 94/62/CE. Teniendo en cuenta la falta de capacidad de la industria para sustituir tales cajas y paletas, existe un elevado riesgo de que dichas cajas y paletas sean eliminadas mediante el depósito en vertederos o la incineración. Ambas soluciones tendrían repercusiones negativas en la salud y el medio ambiente.

(3)

La Directiva 94/62/CE tiene como objetivo limitar la presencia de metales pesados en los envases y garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente, incluidos la reutilización y el reciclado.

(4)

A fin de que la industria tenga tiempo para sustituir estas cajas y paletas de plástico por medio de las mejores técnicas disponibles, es conveniente adoptar las condiciones necesarias para la aplicación de una excepción a dichas cajas y paletas que se encuentran en circuitos de productos, en una cadena cerrada y controlada. Los informes científicos presentados a la Comisión recomiendan que se conceda tal excepción.

(5)

Dado que la Comisión se propone revisar tras cinco años la aplicación del sistema previsto en la presente Decisión y los avances realizados en la eliminación progresiva de las cajas y paletas de plástico que contienen metales pesados, es necesario que los Estados miembros faciliten la información pertinente. A fin de no aumentar la carga administrativa ya existente imponiendo a los Estados miembros una obligación específica de presentación de informes, basta con que dicha información se incluya en los informes que deben presentarse a la Comisión en virtud del artículo 17 de la Directiva 94/62/CE.

(6)

A fin de velar por la seguridad jurídica, la presente Decisión debe aplicarse con efectos a partir de la fecha siguiente a la de la expiración de la Decisión 1999/177/CE, con vistas a evitar cualquier posible efecto negativo derivado de tal expiración.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 21 de la Directiva 94/62/CE.

1)

«metales pesados»: el plomo, el cadmio, el mercurio y el cromo hexavalente;

2)

«introducción intencionada de metales pesados»: la utilización deliberada de una sustancia que contenga metales pesados en la formulación de un envase o componente de envase, cuando se desea su presencia constante en el envase final o componente de envase final para conferir al mismo una característica, apariencia o calidad determinada;

3)

«presencia accidental de metales pesados»: la presencia de metales pesados como ingredientes no utilizados intencionadamente en un envase o componente de envase.

25.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/47

(1)

El 2 de junio de 2008, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adoptó la Resolución 1816 (2008), exhortando a todos los Estados para que cooperen en la determinación de la jurisdicción, y en la investigación y persecución de personas responsables de actos de piratería y de robo a mano armada en las costas de Somalia. Estas disposiciones fueron confirmadas mediante la Resolución 1846 (2008) del CSNU, adoptada el 2 de diciembre de 2008.

(2)

El 10 de noviembre de 2008, el Consejo adoptó la Acción Común 2008/851/PESC relativa a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (1) (operación «Atalanta»).

(3)

La Acción Común 2008/851/PESC establece que las personas que hayan cometido o que se sospeche que han cometido actos de piratería o robos a mano armada en aguas territoriales de Somalia, que sean capturadas y detenidas para la práctica de diligencias judiciales, así como los bienes que hayan servido para cometer esos actos, podrán ser entregados a un tercer Estado que desee ejercer su jurisdicción sobre las personas o bienes antes mencionados siempre que las condiciones de dicha entrega hayan sido acordadas con ese tercer Estado de manera conforme al Derecho internacional aplicable, especialmente el Derecho internacional sobre derechos humanos, para garantizar en particular que nadie sea sometido a la pena de muerte, a tortura ni a cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante.

(4)

De conformidad con el artículo 24 del Tratado, la Presidencia, con la asistencia del Secretario General/Alto Representante (SG/AR), negoció un Canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de Kenia sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería, y detenidas por la fuerza naval EUNAVFOR dirigida por la Unión Europea, así como de las propiedades incautadas en posesión de EUNAVFOR, de EUNAVFOR a Kenia y con vistas a su trato después de la entrega.

(5)

Procede aprobar el Canje de Notas.