(1)

El artículo 136, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 dispone que el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (trigo blando de calidad alta), 1002 , ex 1005 , excepto los híbridos para siembra, y ex 1007 , excepto los híbridos para siembra, es igual al precio de intervención válido para la importación de tales productos, incrementado un 55 % y deducido el precio cif de importación aplicable a la remesa de que se trate. No obstante, ese derecho no puede sobrepasar los tipos de los derechos de importación del arancel aduanero común.

(2)

El artículo 136, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1234/2007 establece que, a efectos del cálculo del derecho de importación a que se refiere el apartado 1 de ese mismo artículo, deben establecerse periódicamente precios de importación cif representativos de los productos considerados.

(3)

Según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1249/96, el precio que debe utilizarse para calcular el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (trigo blando de calidad alta), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 y 1007 00 90 es el precio representativo de importación cif diario, determinado con arreglo al método previsto en el artículo 4 de dicho Reglamento.

(4)

Procede fijar los derechos de importación para el período que comienza el 16 de marzo de 2009, que se aplicarán hasta que se fijen otros.

(1)

Para garantizar la aplicación uniforme de la nomenclatura combinada aneja al Reglamento (CEE) no 2658/87, es necesario adoptar disposiciones relativas a la clasificación de las mercancías mencionadas en el anexo del presente Reglamento.

(2)

El Reglamento (CEE) no 2658/87 establece las reglas generales aplicables a la interpretación de la nomenclatura combinada. Dichas reglas se aplican también a cualquier otra nomenclatura que se base en ella, total o parcialmente, o que le añada alguna subdivisión adicional, y que se haya establecido mediante disposiciones comunitarias específicas, con objeto de aplicar medidas arancelarias o de otra índole relativas al comercio de mercancías.

(3)

De conformidad con dichas reglas generales, las mercancías que se describen en la columna 1 del cuadro que figura en el anexo deben clasificarse en el código NC que se indica en la columna 2, por los motivos indicados en la columna 3.

(4)

Conviene establecer que las informaciones arancelarias vinculantes facilitadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros en materia de clasificación de mercancías en la nomenclatura combinada, que no se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, puedan seguir siendo invocadas por su titular, de acuerdo con el artículo 12, apartado 6, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (2), durante un período de tres meses.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.

(1)

La finalidad del Reglamento (CE) no 2160/2003 es garantizar la adopción de medidas apropiadas y eficaces para detectar y controlar la salmonela y otros agentes zoonóticos en todas las fases pertinentes de la producción, la transformación y la distribución, en particular en la producción primaria, con objeto de reducir su prevalencia y el riesgo que suponen para la salud pública.

(2)

El Reglamento (CE) no 2160/2003 no se aplica a la producción primaria destinada a un uso doméstico privado o al suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor que abastezcan directamente de productos primarios al consumidor final. De acuerdo con el citado Reglamento ese suministro directo debe estar regulado por normas nacionales que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Reglamento (CE) no 2160/2003.

(3)

El Reglamento (CE) no 2160/2003 dispone que debe establecerse un objetivo comunitario de reducción de la prevalencia de todos los serotipos de salmonela con importancia para la salud pública en los pollos de engorde y los pavos en la producción primaria. Dispone también que el objetivo de la Comunidad es determinar los programas de detección necesarios para comprobar si se han alcanzado los objetivos.

(4)

El Reglamento (CE) no 646/2007 de la Comisión (2) aplica el Reglamento (CE) no 2160/2003 en lo que respecta al objetivo comunitario de reducción de la prevalencia de determinada salmonela en los pollos de engorde en la producción primaria. Establece también el programa de pruebas necesario para verificar el avance en el cumplimiento del objetivo comunitario. El programa de pruebas se aplicará a partir del 1 de enero de 2009.

(5)

El Reglamento (CE) no 584/2008 de la Comisión (3) aplica el Reglamento (CE) no 2160/2003 en lo que respecta al objetivo comunitario de reducción de la prevalencia de determinada salmonela en los pavos en la producción primaria. Establece también el programa de pruebas necesario para verificar el avance en el cumplimiento del objetivo comunitario. El programa de pruebas se aplicará a partir del 1 de enero de 2010.

(6)

El Reglamento (CE) no 2160/2003 no se aplica a determinada producción primaria. Sin embargo, se aplica a las manadas de pollos de engorde y pavos cuando el productor tiene intención de suministrar pequeñas cantidades de carne fresca, procedente de dichas manadas, al consumidor final, o bien de abastecer establecimientos locales de venta al por menor que suministren directamente productos primarios al consumidor final. En consecuencia, de acuerdo con los programas de pruebas establecidos en los Reglamentos (CE) no 646/2007 y (CE) no 584/2008, esas aves de corral deben someterse a pruebas obligatorias antes del sacrificio.

(7)

La realización de las pruebas a las citadas manadas de pollos de engorde y pavos ocasiona dificultades prácticas a los productores con cantidades muy pequeñas de animales, puesto que tienen que realizar pruebas continuas antes del sacrificio. En particular, podrían verse obligados a interrumpir las ventas puesto que los resultados de las pruebas deben conocerse antes del sacrificio.

(8)

Para que la introducción de una excepción a la obligación de realizar pruebas continuas a dichas manadas no aumente el riesgo para la salud pública, los Estados miembros deben establecer normas nacionales sobre el suministro de carne fresca por parte del productor de manera que se cumpla el objetivo del Reglamento (CE) no 2160/2003.

(9)

Por tanto, como medida transitoria, procede excluir del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 2160/2003 las manadas de pollos de engorde y pavos cuando el productor tenga la intención de suministrar pequeñas cantidades de carne fresca, procedente de dichas manadas, al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor que abastezcan directamente de productos primarios al consumidor final.

(10)

Este suministro es poco frecuente en invierno y, por tanto, la medida transitoria debe aplicarse a partir de la primavera de 2009.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(1)

La principal tarea y actividad comercial de los aeropuertos es hacerse cargo de las aeronaves desde el aterrizaje hasta el despegue, así como de la carga y los pasajeros, con objeto de permitir a las compañías aéreas prestar servicios de transporte aéreo. Con este fin, los aeropuertos ofrecen una serie de instalaciones y de servicios relacionados con la explotación de las aeronaves y el tratamiento de los pasajeros y la carga, cuyos costes deben recuperar normalmente mediante tasas aeroportuarias. Las entidades gestoras de aeropuertos que proporcionen instalaciones y servicios por los que se perciben tasas aeroportuarias deben intentar funcionar de manera rentable.

(2)

Es necesario establecer un marco común que regule las características esenciales de las tasas aeroportuarias y el método de fijarlas, ya que, a falta de un marco, pueden no satisfacerse los requisitos básicos de la relación entre las entidades gestoras de aeropuertos y los usuarios de los aeropuertos. Dicho marco debe entenderse sin perjuicio de que un Estado miembro determine si, a la hora de fijar las tasas aeroportuarias, pueden tenerse en cuenta los ingresos procedentes de actividades comerciales aeroportuarias y en qué medida.

(3)

La presente Directiva debe aplicarse a los aeropuertos situados en la Comunidad a partir de un tamaño determinado, puesto que la gestión y la financiación de los aeropuertos pequeños no requieren la aplicación de un marco comunitario.

(4)

Además, cuando en un Estado miembro ninguno de los aeropuertos tiene el tamaño mínimo para que se le aplique la presente Directiva, el aeropuerto que registra el mayor movimiento de pasajeros disfruta de una posición tan privilegiada como punto de entrada a dicho Estado miembro que es necesario aplicarle lo dispuesto en la presente Directiva, con el fin de garantizar el respeto de determinados principios básicos en la relación entre la entidad gestora del aeropuerto y los usuarios del propio aeropuerto, en particular en lo relativo a la transparencia de las tasas y la no discriminación entre los distintos usuarios de los aeropuertos.

(5)

A fin de promover la cohesión territorial, los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar un sistema de tasas común a una red de aeropuertos. Las transferencias económicas entre los aeropuertos de tales redes deben ajustarse al Derecho comunitario.

(6)

Por motivos de distribución del tráfico, los Estados miembros deben poder autorizar a una entidad gestora de aeropuerto a que aplique un sistema de tasas común y transparente a los aeropuertos que presten sus servicios en una misma ciudad o conurbación. Las transferencias económicas entre dichos aeropuertos deben cumplir el Derecho comunitario pertinente.

(7)

Los incentivos para poner en marcha nuevas rutas, tales como fomentar, inter alia, el desarrollo de regiones menos favorecidas o ultraperiféricas solo deben concederse de conformidad con el Derecho comunitario.

(8)

La aplicación de tasas por la prestación de servicios de navegación aérea y servicios de asistencia en tierra ya ha sido abordada por el Reglamento (CE) no 1794/2006 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2006, por el que se establece un sistema común de tarificación de los servicios de navegación aérea (4), y por la Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (5), respectivamente. Las tasas percibidas para financiar la asistencia a pasajeros discapacitados y pasajeros con movilidad reducida están reguladas por el Reglamento (CE) no 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo (6).

(9)

En 2004, el Consejo de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) adoptó las políticas sobre las tasas aeroportuarias, que incluyen, inter alia, los principios de la relación entre tasas y costes, de no discriminación y un mecanismo independiente para la regulación económica de los aeropuertos.

(10)

El Consejo de la OACI consideró que una tasa aeroportuaria es un gravamen concebido y aplicado específicamente para sufragar los costes de instalaciones y prestación de servicios para la aviación civil, mientras que un impuesto es un gravamen concebido para aumentar los ingresos de gobiernos nacionales o locales que, por lo general, no se aplica a la aviación civil en su totalidad o teniendo en cuenta específicamente los costes.

(11)

Las tasas aeroportuarias deben ser no discriminatorias. Debe instaurarse un procedimiento obligatorio de consulta regular entre las entidades gestoras y los usuarios de los aeropuertos, que contemple también la posibilidad para ambas partes de recurrir a una autoridad de supervisión independiente siempre que los usuarios impugnen una decisión sobre las tasas aeroportuarias o la modificación del sistema de tarificación.

(12)

Con el fin de garantizar la imparcialidad de sus decisiones y la aplicación correcta y eficaz de la presente Directiva conviene establecer en cada Estado miembro una autoridad de supervisión independiente. Esta autoridad debe disponer de todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencias y medios financieros para el ejercicio de sus funciones.

(13)

Es esencial que los usuarios de los aeropuertos obtengan periódicamente de la entidad gestora del aeropuerto información sobre el método y la base de cálculo de las tasas aeroportuarias. Esta transparencia proporcionaría a las compañías aéreas información sobre los costes incurridos por el aeropuerto y la productividad de las inversiones de un aeropuerto. Para que las entidades gestoras de los aeropuertos puedan evaluar correctamente las necesidades en cuanto a futuras inversiones, los usuarios de los aeropuertos deben transmitirles oportunamente sus previsiones operativas, sus proyectos de desarrollo y sus peticiones y sugerencias específicas.

(14)

Las entidades gestoras de los aeropuertos deben informar a los usuarios sobre sus principales proyectos de infraestructura, ya que estos tienen un impacto significativo en el sistema o el nivel de las tasas aeroportuarias. Esta información debe facilitarse para poder controlar los costes de la infraestructura y ofrecer instalaciones adecuadas y rentables en los aeropuertos en cuestión.

(15)

Debe permitirse a las entidades gestoras de los aeropuertos aplicar tasas aeroportuarias que se correspondan con la infraestructura o los niveles de servicio proporcionados, ya que las compañías aéreas tienen interés legítimo en pedir a las entidades gestoras de los aeropuertos servicios acordes con la relación calidad/precio. No obstante, el acceso a un nivel diferenciado de infraestructura o de servicios debe ofrecerse sobre una base no discriminatoria a todas las compañías aéreas que lo soliciten. Si la demanda es superior a la oferta, el acceso debe determinarse en función de criterios objetivos y no discriminatorios elaborados por la entidad gestora del aeropuerto. Toda diferencia entre tasas aeroportuarias debe ser transparente, objetiva y según criterios claros.

(16)

Los usuarios de un aeropuerto y la entidad gestora del aeropuerto deben poder celebrar un acuerdo sobre el nivel del servicio, relativo a la calidad del servicio prestado en relación con las tasas aeroportuarias percibidas. Las negociaciones sobre la calidad del servicio prestado en relación con las tasas aeroportuarias percibidas pueden llevarse a cabo en el contexto de una consulta periódica.

(17)

En los distintos Estados miembros existen sistemas diferentes en materia de financiación previa de las inversiones en los aeropuertos. En los Estados miembros en los que se recurra a la financiación previa, dichos Estados o las entidades gestoras del aeropuerto en cuestión tendrán que remitirse a las políticas de la OACI y/o establecer sus propias salvaguardias.

(18)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Tratado, en particular sus artículos 81 a 89.

(19)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer principios comunes para la percepción de tasas aeroportuarias en los aeropuertos comunitarios, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, debido a que los sistemas de tasas aeroportuarias no pueden establecerse a nivel nacional de una manera uniforme en toda la Comunidad y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a su dimensión o a sus efectos, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

1)

«aeropuerto»: todo terreno específicamente acondicionado para el aterrizaje, el despegue y las maniobras de aeronaves, con las instalaciones anexas que esas operaciones puedan comportar para las necesidades del tráfico y el servicio de aeronaves, así como las instalaciones necesarias para asistir a los servicios aéreos comerciales;

2)

«entidad gestora del aeropuerto»: la entidad que, conjuntamente o no con otras actividades y en virtud de las disposiciones nacionales legales, reglamentarias o contractuales, tenga por misión la administración y la gestión de las infraestructuras aeroportuarias o de redes aeroportuarias y la coordinación y control de las actividades de los distintos operadores presentes en el aeropuerto o en la red aeroportuaria de que se trate;

3)

«usuario de un aeropuerto»: toda persona física o jurídica que transporte por vía aérea viajeros, correo o carga, con origen en ese aeropuerto o con destino al mismo;

4)

«tasa aeroportuaria»: toda exacción percibida en beneficio de la entidad gestora del aeropuerto y a cargo de los usuarios del aeropuerto, abonada a cambio del uso de las instalaciones y los servicios prestados exclusivamente por la entidad gestora del aeropuerto y relacionados con el aterrizaje, el despegue, la iluminación y estacionamiento de aeronaves, y el tratamiento de los pasajeros y la carga;

5)

«red de aeropuertos»: grupo de aeropuertos debidamente designado al efecto por el Estado miembro y gestionado por la misma entidad gestora de aeropuerto.

(1)

La Directiva 72/245/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1972, relativa a las interferencias de radio (compatibilidad electromagnética) de los vehículos (2), es una de las varias Directivas correspondientes al procedimiento de homologación de tipo CE establecido en virtud de la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques (3). Por tanto, lo dispuesto en la Directiva 70/156/CEE sobre sistemas, componentes y unidades técnicas independientes para vehículos se aplica también a la Directiva 72/245/CEE.

(2)

Según el anexo I, punto 3.2.9, de la Directiva 72/245/CEE, los componentes vendidos como equipo de recambio destinados a ser instalados en vehículos de motor no necesitarán homologación de tipo si no están relacionados con funciones relativas a la seguridad. Se prevé un período de transición de cuatro años a partir del 3 de diciembre de 2004, durante el cual un servicio técnico debe determinar si el componente que va a comercializarse está relacionado con la seguridad o no, y debe expedir una declaración conforme al modelo que figura en el anexo III C. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión Europea los casos de denegación por razones de seguridad. En dicho punto se establece que la Comisión debe decidir si aún se requerirá dicho documento además de la declaración de conformidad, a partir de la experiencia práctica en lo referente a este requisito y de los informes remitidos por los Estados miembros antes de la expiración del período transitorio.

(3)

Conforme a lo dispuesto en el anexo I, punto 3.2.9, de la Directiva 72/245/CEE, y visto que la Comisión Europea no ha recibido informe alguno de los Estados miembros sobre casos de denegación de la declaración, se propone suprimir la participación del servicio técnico en el caso de los componentes vendidos como equipo de recambio destinados a ser instalados en vehículos de motor, si no están relacionados con funciones relativas a la seguridad, y no exigir la declaración conforme al modelo que figura en el anexo III C, según se establece en el anexo I, punto 3.2.9.

(4)

Por tanto, procede modificar en consecuencia la Directiva 72/245/CEE.

(5)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité técnico sobre vehículos de motor.

1)

En la lista de anexos, se suprime la siguiente referencia al anexo III C:

2)

En el anexo I, punto 3.2.9, se suprime el párrafo segundo.

3)

Se suprime el anexo III C.