18.11.2008   

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L 307/1

18.11.2008   

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L 307/3

(1)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 810/2008 de la Comisión (2), los certificados de autenticidad deben expedirse previamente a la importación de la carne de vacuno en la Comunidad. La lista de las autoridades de los países exportadores competentes para expedir estos certificados se adjunta en anexo a dicho Reglamento.

(2)

Paraguay ha modificado el nombre de la autoridad responsable de la expedición de los certificados de autenticidad. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 810/2008, la lista establecida en el anexo II de dicho Reglamento debe, por tanto, modificarse en consecuencia.

(3)

Con el fin de evitar que el nombre de la autoridad mencionada en los certificados de autenticidad expedidos recientemente no se corresponda con el nombre de la autoridad que figura en el Reglamento (CE) no 810/2008, conviene que la modificación de dicho Reglamento sea aplicable a partir del 1 de julio de 2008, fecha de comienzo del actual ejercicio contingentario. En lo que respecta al ejercicio contingentario precedente, que finaliza el 30 de junio de 2008, la Comisión no ha recibido ninguna información sobre certificados de autenticidad expedidos por las autoridades competentes de Paraguay.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

«—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.»

18.11.2008   

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L 307/4

(1)

En el Reglamento (CE) no 1925/2006 sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos, se establece que, en caso de que no existan disposiciones comunitarias, deben notificarse y evaluarse las nuevas disposiciones nacionales relativas, entre otras cosas, a la prohibición o la restricción del uso de otras determinadas sustancias en la fabricación de alimentos específicos.

(2)

De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 12, leído en relación con el artículo 11, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 1925/2006, las autoridades checas notificaron a la Comisión el 30 de noviembre de 2007 un proyecto de Decreto por el que se establecen requisitos para los complementos alimenticios y el enriquecimiento de productos alimenticios, y, en particular, su artículo 2, apartado 3, su artículo 4, y sus anexos 4 y 5.

(3)

En el artículo 2, apartado 3, del proyecto de Decreto, se establece, a través de su anexo 4, una lista de otras sustancias en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1925/2006, así como las condiciones correspondientes en las que pueden utilizarse estas sustancias para la fabricación de complementos alimenticios.

(4)

En el artículo 2, apartado 3, y el artículo 4 del proyecto de Decreto se establece, a través de su anexo 5, una lista de plantas y otras sustancias que están prohibidas para la fabricación de complementos alimenticios y productos alimenticios en general.

(5)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1925/2006, la Comisión ha consultado a los demás Estados miembros en el marco del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(6)

En el proyecto de Decreto, tal como está redactado en la actualidad, no se indica por qué las sustancias que figuran en el anexo 4 deben cumplir los umbrales previstos en el mismo por motivos de salud pública.

(7)

En ausencia de normativa comunitaria armonizada, los Estados miembros mantienen sus competencias para regular la producción y la comercialización de bienes en su territorio sin perjuicio de los artículos 28 y 30 del Tratado CE.

(8)

En particular, el artículo 2, apartado 3, del proyecto de Decreto, leído en relación con su anexo 4, parece sugerir que no se permite la utilización de las sustancias que no aparecen en su lista para la fabricación de complementos alimenticios.

(9)

Incluso en caso de que se demostrara que el anexo 4 está justificado por motivos de salud pública, el proyecto de Decreto no indica cómo se tratará a los productos, legalmente producidos o comercializados en otros Estados miembros que incumplan los requisitos establecidos en su artículo 2, apartado 3, y su artículo 4.

(10)

El proyecto de Decreto no contiene ninguna disposición que garantice la libre circulación de los complementos alimenticios legalmente producidos o comercializados en otros Estados miembros que contengan sustancias que estén incluidas en su anexo 4, pero que no se ajusten a las condiciones previstas en el mismo, o sustancias diferentes de las incluidas en su anexo 4, bien en forma de cláusula de reconocimiento mutuo o de procedimiento de autorización que permita a los operadores económicos conseguir la inclusión de estas sustancias en la lista nacional de sustancias autorizadas.

(11)

De conformidad con el artículo 2, apartado 3, y el artículo 4, del Decreto notificado, leído en relación con su anexo 5, los complementos alimenticios y los productos alimenticios en general no deberán contener sustancias narcóticas o psicotrópicas, ni tampoco precursores de categoría 1, ni cualquier otra sustancia que se haya demostrado que tiene efectos tóxicos, genotóxicos, teratogénicos, alucinógenos, narcóticos u otros efectos negativos en el cuerpo humano, ni ninguna de las sustancias que figuran en su anexo 5. La prohibición de otras determinadas sustancias para la fabricación de complementos alimenticios y productos alimenticios en general puede estar justificada por consideraciones de protección de la salud y la vida de las personas, con arreglo a lo establecido en el artículo 30 del Tratado CE.

(12)

Dado que en este último artículo se prevé una excepción, que debe interpretarse en sentido estricto, de la norma de la libre circulación de mercancías dentro de la Comunidad, corresponde a las autoridades nacionales que la invocan mostrar en cada caso, a la luz de los hábitos nutricionales y de los resultados de la investigación científica internacional, que sus normas son necesarias para proteger de manera efectiva los intereses mencionados en esa disposición y, en particular, que la comercialización de los productos en cuestión representa un riesgo real para la salud pública.

(13)

Las autoridades checas no han proporcionado ninguna prueba que pudiera justificar el establecimiento de una lista en la que figuren las sustancias cuya utilización para la fabricación de complementos alimenticios y productos alimenticios en general está prohibida.

(14)

Incluso en caso de que se proporcionara esta prueba, el proyecto de Decreto no contiene ninguna disposición que garantice la libre circulación de complementos alimenticios y productos alimenticios en general legalmente producidos o comercializados en otros Estados miembros que contengan sustancias no permitidas en dicho proyecto de Decreto.

(15)

Por consiguiente, el proyecto de Decreto no proporciona garantías adecuadas de que se protegerán los derechos de los operadores económicos que se derivan de los artículos 28 y 30 del Tratado CE.

(16)

Teniendo en cuenta estas observaciones, la Comisión ha emitido un dictamen negativo de conformidad con el artículo 12, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1925/2006.

(17)

Por consiguiente, debe pedirse a las autoridades checas que no aprueben el proyecto de Decreto en cuestión y que lo modifiquen de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 30 del Tratado CE, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión en su dictamen negativo.

(18)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

18.11.2008   

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L 307/7

(1)

En el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE se establece que un Estado miembro puede autorizar, durante un período de 12 años a partir de la fecha de notificación de dicha Directiva, la comercialización de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas no incluidas en el anexo I de la misma, ya comercializadas dos años después de dicha fecha de notificación, mientras esas sustancias se van examinando gradualmente en el marco de un programa de trabajo.

(2)

Los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 1490/2002 (3) de la Comisión establecen normas de desarrollo para la aplicación de la tercera fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Dicha lista incluye el clorato.

(3)

Los efectos del clorato sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 1490/2002 en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. En dichos Reglamentos se designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Por lo que se refiere al clorato, el Estado miembro ponente fue Francia y toda la información pertinente se presentó el 26 de julio de 2007.

(4)

La Comisión examinó el clorato conforme a lo dispuesto en el artículo 11 bis del Reglamento (CE) no 1490/2002. El proyecto de informe relativo a esta sustancia fue revisado por los Estados miembros y la Comisión en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y fue adoptado el 11 de julio de 2008 como informe de revisión de la Comisión.

(5)

Del examen de esta sustancia activa por parte del Comité se concluyó que, teniendo en cuenta los comentarios enviados por los Estados miembros, existen indicios claros que permiten pensar que tiene efectos perjudiciales para la salud humana, en particular considerando la exposición inaceptable de los operarios a la vista del NEAO (nivel de exposición admisible para el operario) provisional propuesto. Además, la información no era suficiente para establecer un NEAO definitivo y para evaluar la lixiviación de un determinado metabolito en las aguas subterráneas. Por otro lado, el informe de revisión relativo a esa sustancia recoge otros problemas identificados por el Estado miembro ponente en su informe de evaluación.

(6)

La Comisión pidió al notificante que remitiera sus observaciones sobre los resultados del examen del clorato y que señalara si tenía o no la intención de seguir apoyando esta sustancia. El notificante remitió sus observaciones, que se han examinado detenidamente. Sin embargo, a pesar de las razones aducidas por el notificante, siguen sin resolverse los problemas mencionados, y las evaluaciones realizadas a partir de la información presentada no han demostrado que pueda preverse que, en las condiciones de utilización propuestas, los productos fitosanitarios que contienen clorato cumplan en general los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE.

(7)

Por tanto, el clorato no debe incluirse en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Deben adoptarse medidas para garantizar que las autorizaciones concedidas para los productos fitosanitarios que contienen clorato se retiren en un plazo determinado y que no se renueven ni concedan nuevas autorizaciones para dichos productos.

(9)

Cualquier prórroga que haya concedido un Estado miembro para la eliminación, el almacenamiento, la comercialización y la utilización de las existencias actuales de productos fitosanitarios que contengan clorato debe limitarse a un período no superior a 12 meses a fin de permitir la utilización de las existencias actuales en un nuevo período vegetativo, garantizándose así la disponibilidad de productos fitosanitarios que contengan clorato durante 18 meses a partir de la adopción de la presente Decisión.

(10)

La presente Decisión no prejuzga la presentación de una solicitud relativa al clorato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE y en el Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de 17 de enero de 2008, por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en su anexo I (4), con vistas a su posible inclusión en el anexo I de dicha Directiva.

(11)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan clorato se retiren a más tardar el 10 de mayo de 2009;

b)

a partir de la fecha de publicación de la presente Decisión, no se conceda ni se renueve ninguna autorización de productos fitosanitarios que contengan clorato.

18.11.2008   

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L 307/9

(1)

El Reglamento (CE) no 178/2002 establece los principios generales aplicables, en la Comunidad y a escala nacional, a los alimentos y piensos en general y, en particular, a su seguridad. Prevé medidas de emergencia cuando se ponga de manifiesto la probabilidad de que un alimento o un pienso importado de un tercer país entrañe un riesgo grave para la salud de las personas o de los animales, o para el medio ambiente, y dicho riesgo no pueda controlarse satisfactoriamente mediante la adopción de medidas por parte de los Estados miembros afectados.

(2)

Se ha confirmado un brote de hepatitis A en seres humanos en la Comunidad. Se ha determinado que el origen de la enfermedad es el consumo de determinados moluscos bivalvos importados de Perú contaminados con el virus de la hepatitis A (VHA).

(3)

Los moluscos bivalvos contaminados son coquinas (Donax spp.) y el origen de la contaminación es muy probablemente una contaminación viral del agua de las zonas de producción. Por tanto, también pueden estar contaminados otros moluscos bivalvos.

(4)

Dado que el consumo de dichos moluscos bivalvos entraña un grave riesgo para la salud humana, conviene suspender las importaciones en la Comunidad de moluscos bivalvos procedentes de Perú.

(5)

Dada la gravedad de la contaminación, la suspensión debe también aplicarse a los moluscos bivalvos expedidos a la Comunidad antes de la entrada en vigor de la presente Decisión, pero que hayan llegado a los puestos de inspección fronterizos de la Comunidad después de dicha fecha.

(6)

Para garantizar la protección efectiva y uniforme de la salud de los consumidores en todos los Estados miembros, es preciso que la suspensión de las citadas importaciones se establezca a escala comunitaria.

(7)

En Perú, la producción acuícola de vieiras (Pectinidae) se practica en zonas de producción separadas con baja densidad de población y lejos de potenciales fuentes de contaminación. Además, las Pectinidae se procesan para retirar las vísceras y reducir así el riesgo de contaminación viral en la parte comestible del producto. Por tanto, procede autorizar las importaciones de Pectinidae procedentes de Perú así tratadas.

(8)

Además, el tratamiento térmico impide la viabilidad del virus. Por tanto, procede autorizar las importaciones de moluscos bivalvos procedentes de Perú que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico con arreglo a los requisitos fijados en el anexo III, sección VII, capítulo II, punto A.5, letra b), del Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (2).

(9)

Las autoridades peruanas se han comprometido a aplicar medidas correctoras de inmediato y, si es preciso, a autorizar una inspección de la Comisión en los próximos meses. Por tanto, conviene que las medidas previstas en la presente Decisión solo sean aplicables hasta el 31 de marzo de 2009, sin perjuicio de las competencias de la Comisión de modificar, derogar o prorrogar dichas medidas a la luz de cualquier nueva información sobre la evolución de la situación en Perú y del resultado de las inspecciones realizadas por sus servicios.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

Pectinidae evisceradas de origen acuícola;

b)

moluscos bivalvos que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico según lo fijado en el anexo III, sección VII, capítulo II, punto A.5, letra b), del Reglamento (CE) no 853/2004.

18.11.2008   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 307/11

(1)

El respeto de la dignidad humana es uno de los principios básicos de la Unión Europea; entre sus objetivos se encuentra la promoción del pleno empleo y el progreso social, la lucha contra la exclusión social y la discriminación y el fomento de la justicia social y la protección social. De conformidad con el artículo 137, apartado 1, letra h), del Tratado, el papel de la Comunidad consiste en apoyar y complementar las actividades de los Estados miembros para la integración de las personas excluidas del mercado laboral. El artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes.

(2)

La Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social (1), sigue siendo un instrumento de referencia de las políticas comunitarias en lo que respecta a la pobreza y la exclusión social y no ha perdido su pertinencia, aunque es necesario hacer un mayor esfuerzo para poder aplicarla plenamente.

(3)

Desde 1992 han surgido nuevos instrumentos estratégicos. Uno de estos instrumentos es el Método Abierto de Coordinación en materia de Protección Social e Inclusión Social, entre cuyos objetivos se encuentra la inclusión social activa de todos, que se debe asegurar promoviendo la participación en el mercado laboral y luchando contra la pobreza y la exclusión entre las personas y los colectivos más marginados (2). Otro instrumento lo constituye la Estrategia Europea de Empleo, cuyos objetivos son, entre otros, reforzar la inclusión social, combatir la pobreza, impedir la exclusión del mercado laboral y fomentar la integración profesional de las personas desfavorecidas (3).

(4)

La persistencia de la pobreza y el desempleo y la creciente complejidad de las desventajas múltiples requieren soluciones políticas globales e integradas (4). Con vistas a modernizar los sistemas de protección social, es preciso combinar un apoyo a la renta adecuado con el vínculo al mercado de trabajo y el acceso a unos servicios de calidad en una estrategia integrada de inclusión activa (5). Esta estrategia es plenamente complementaria del enfoque de flexiguridad, si bien está orientada a las personas situadas en los márgenes del mercado de trabajo. Contribuye a la Estrategia de Lisboa por medio de la activación y la movilidad de la mano de obra y es una pieza clave de la dimensión social de la Estrategia para un Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (6).

(5)

En la aplicación paulatina de la presente Recomendación, deben tenerse en cuenta las prioridades nacionales y los recursos financieros.

(6)

La presente Recomendación, así como la aplicación de los principios comunes que establece, deben entenderse sin perjuicio de la aplicación de la legislación comunitaria, incluida la normativa relativa a las ayudas estatales y el Reglamento general de exención por categorías (7), así como la reglamentación comunitaria relativa a la contratación pública.

(7)

De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros son responsables de la definición del nivel de apoyo a la renta y el establecimiento de una adecuada combinación de estrategias a la luz de las distintas situaciones y necesidades a escala local, regional y nacional.

a)

una concepción global de las políticas en la que se determine la combinación adecuada de los tres aspectos de la estrategia de inclusión activa, teniendo en cuenta su impacto conjunto en la integración social y económica de las personas desfavorecidas y sus posibles interacciones, incluidas las sinergias y correlaciones de riesgos y beneficios;

b)

una aplicación integrada de los tres aspectos de la estrategia de inclusión activa, a fin de abordar de forma efectiva las múltiples causas de la pobreza y la exclusión social y mejorar la coordinación entre los servicios y agencias públicos que llevan a cabo políticas de inclusión activa;

c)

la coordinación de las políticas entre las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas a la luz de sus respectivas funciones, competencias y prioridades particulares;

d)

la participación activa de todos los demás actores pertinentes, incluidas las personas afectadas por la pobreza y la exclusión social, los interlocutores sociales, las ONG y los prestadores de servicios en el desarrollo, la ejecución y la evaluación de estrategias.

a)

apoyen la aplicación de derechos fundamentales;

b)

promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades;

c)

estudien detenidamente las complejidades de las desventajas múltiples y de las situaciones y las necesidades específicas de los diversos grupos vulnerables;

d)

tengan debidamente en cuenta las circunstancias locales y regionales y mejoren la cohesión territorial;

e)

sean coherentes con un planteamiento de ciclo vital de las políticas sociales y de empleo de modo que puedan apoyar la solidaridad entre generaciones y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

i)

Reconsideren sus sistemas de protección social, en caso necesario, habida cuenta de los principios comunes enumerados en el apartado B de la Recomendación 92/441/CEE. En particular, en el marco de una estrategia de inclusión activa, el derecho a unos recursos suficientes debería:

ii)

Aseguren la aplicación de ese derecho de conformidad con las orientaciones prácticas en la sección C, apartados 1, 2 y 3, de la Recomendación 92/441/CEE del Consejo. En especial, cuando se determinen los recursos necesarios para llevar una vida digna, deberán tenerse en cuenta las condiciones de vida y los niveles de precios por el tipo y el tamaño del hogar en el Estado miembro en cuestión, utilizando los indicadores nacionales apropiados. En un contexto de inclusión activa deben salvaguardarse los incentivos a buscar empleo para las personas cuya condición las hace aptas para el trabajo y se deben ajustar o complementar las cantidades para cubrir necesidades específicas.

i)

Fomenten los siguientes principios comunes en el marco de las estrategias de inclusión activa:

ii)

Apliquen estos principios mediante las siguientes orientaciones prácticas:

—

disponibilidad territorial, accesibilidad física y asequibilidad,

—

solidaridad, igualdad de oportunidades para usuarios y empleados y respeto a la diversidad de usuarios,

—

inversión en capital humano, condiciones laborales e infraestructuras físicas adecuadas,

—

servicios globales y coordinados, diseñados y puestos en funcionamiento de forma integrada,

—

participación de los usuarios y enfoques personalizados para abordar las múltiples necesidades de las personas desde una perspectiva individual,

—

seguimiento y evaluación del rendimiento e intercambio de las mejores prácticas.

18.11.2008   

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L 307/15

(1)

El 15 de octubre de 2007, el Consejo adoptó la Acción Común 2007/677/PESC (1), sobre la Operación Militar de la Unión Europea en la República del Chad y la República Centroafricana (Operación EUFOR Chad/RCA).

(2)

El artículo 10, apartado 3, de dicha Acción Común dispone que el régimen de participación de terceros Estados estará sujeto a un acuerdo basado en el artículo 24 del Tratado.

(3)

A raíz de la autorización del Consejo de 13 de septiembre de 2004, la Presidencia, asistida por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea/Alto Representante para la política exterior y de seguridad común, negoció un Acuerdo entre la Unión Europea y la Federación de Rusia sobre la participación de la Federación de Rusia en la Operación EUFOR Chad/RCA, denominado en lo sucesivo «el Acuerdo».

(4)

Procede aprobar el Acuerdo en nombre de la Unión Europea.

18.11.2008   

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L 307/21

18.11.2008   

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L 307/22

18.11.2008   

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L 307/s3