13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/1

13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/3

(1)

De conformidad con los Reglamentos (CE) no 950/2006 y/o (CE) no 508/2007 del Consejo, de 7 de mayo de 2007, por el que se abren contingentes arancelarios para la importación en Bulgaria y Rumanía de azúcar de caña en bruto destinado a las refinerías en las campañas de comercialización de 2006/07, 2007/08 y 2008/09 (3), durante el período comprendido entre el 3 al 7 de noviembre de 2008 se presentaron a las autoridades competentes solicitudes de certificados de importación por una cantidad total igual o superior a la cantidad disponible para el número de orden 09.4434.

(2)

En tales circunstancias, la Comisión debe fijar un coeficiente de asignación que permita la expedición de los certificados de forma proporcional a la cantidad disponible y notificar a los Estados miembros que se ha alcanzado el límite correspondiente.

13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/7

(1)

El 19 de septiembre de 2008 Chipre presentó al Consejo una solicitud de Decisión con arreglo al artículo 88, apartado 2, párrafo tercero del Tratado, mediante la cual se declara compatible con el mercado común el plan de Chipre de conceder una ayuda nacional a los agricultores chipriotas afectados por la situación de extrema sequía con el fin de que puedan iniciar el ciclo de producción en la próxima temporada.

(2)

Chipre ha sufrido la segunda, mayor y más prolongada sequía desde 1900, debido a la escasez de precipitaciones en 2007 y 2008; el mes de agosto de 2008 ha sido el mes más caluroso de la última década y el nivel de precipitaciones de enero a agosto de 2008 ha sido del 50 % con respecto al nivel normal.

(3)

Según los datos preliminares de la cosecha de 2008, el 95 % de las superficies de cultivo de cereales no ha recogido cosecha alguna y la producción de forraje se ha visto tan drásticamente reducida que ni siquiera cubre las necesidades mínimas de alimentación de los rumiantes.

(4)

Los embalses de Chipre, que a finales de 2005 acumulaban aproximadamente 150 millones de m3 (o sea el 54,7 % de su capacidad), disponen en la actualidad de 11 millones de m3 (el 4 % de su capacidad total), lo que obligó a las autoridades a restringir estrictamente el suministro de agua de riego a principios de 2007 y a prohibirlo totalmente en 2008.

(5)

Estos daños deben considerarse tanto más graves y excepcionales cuanto que Chipre ha puesto en marcha mecanismos de gestión de riesgos y crisis. En particular, Chipre dispone de técnicas perfeccionadas de riego en casi el 95 % de la superficie de regadío y aplica políticas de precios del agua y medidas punitivas para disuadir de un consumo excesivo y pérdidas de agua, y promueve y facilita incentivos para la instalación de sistemas de reciclado de agua en los hogares. Además, el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 de Chipre incluye también medidas para mejorar la utilización del agua.

(6)

Los agricultores chipriotas, cuyos ingresos se han visto drásticamente reducidos por causa de la sequía, tienen que hacer frente al grave riesgo de no disponer de medios económicos para atender a las necesidades de sus familias e iniciar una nueva cosecha, lo que provoca un peligro inminente de abandono de tierras, erosión del suelo y desertificación.

(7)

La ayuda estatal que se concede, a la que podrán optar 34 000 agricultores y 3 000 ganaderos, asciende a 67,5 millones EUR.

(8)

Para que sea efectiva, es necesario que la ayuda estatal a los agricultores se conceda lo antes posible y que estos tengan acceso a ella también lo antes posible.

(9)

La Comisión no ha emitido hasta ahora su dictamen sobre la naturaleza y la compatibilidad de la ayuda.

(10)

Se dan, por lo tanto, circunstancias excepcionales que permiten considerar la citada ayuda compatible con el mercado común, con carácter excepcional, y en la medida estrictamente necesaria para paliar la situación actual de emergencia.

13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/9

(1)

El 21 de febrero de 2003, la Comisión recibió una denuncia (registrada con la referencia CP 15/2003) sobre la aplicación abusiva de un régimen de ayudas de finalidad regional en favor de la industria hotelera de Cerdeña, que la Comisión había aprobado en 1998 (expediente N 272/98).

(2)

Mediante carta de 26 de febrero de 2003 (D/51355), la Comisión solicitó aclaraciones a las autoridades italianas. Mediante carta de 28 de marzo de 2003, la Comisión aceptó la solicitud de las autoridades italianas, de ampliación del plazo para proporcionar tal información, enviada posteriormente mediante escrito de 22 de abril de 2003 (A/33012).

(3)

El 3 de febrero de 2004, la Comisión decidió, de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, iniciar un procedimiento de investigación formal sobre la posible aplicación abusiva del régimen de ayudas N 272/98. La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2). La Comisión invitaba a las partes interesadas a presentar sus observaciones.

(4)

Mediante carta de 10 de marzo de 2004 (D/5172), la Comisión aceptó la petición que habían formulado las autoridades italianas con el fin de que se ampliara el plazo de presentación de observaciones, que transmitirían posteriormente mediante carta de 19 de abril de 2004, registrada en la Comisión el 26 de abril de 2004.

(5)

Mediante carta de 30 de abril de 2004, registrada ese mismo día en la Comisión, esta recibió las observaciones de una de las partes interesadas, beneficiaria de ayudas en virtud del régimen. La Comisión no recibió ninguna observación más por parte del denunciante.

(6)

Mediante carta de 13 de mayo de 2004 (D/53359), la Comisión envió las observaciones recibidas a las autoridades italianas, para que pudieran rebatirlas.

(7)

Las autoridades italianas no transmitieron respuesta alguna en relación con las observaciones remitidas.

(8)

El 7 de diciembre de 2004 se celebró en Bruselas una reunión con las autoridades italianas.

(9)

Mediante carta de 28 de junio de 2005, registrada en la Comisión el 30 de ese mes (A/35257), las autoridades italianas presentaron información adicional.

(10)

El 22 de noviembre de 2006 la Comisión decidió corregir y ampliar el procedimiento; esta decisión se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  (3). La Comisión invitaba a las partes interesadas a presentar sus observaciones.

(11)

Ni las autoridades italianas ni otras partes interesadas formularon observaciones respecto a la corrección y ampliación del procedimiento.

(12)

El régimen de ayudas N 272/98 prevé subvenciones destinadas a inversiones iniciales en la industria hotelera de Cerdeña. El régimen de ayudas de finalidad regional fue aprobado en 1998, una vez la Comisión lo hubiese considerado compatible con el mercado común en virtud de la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE (4).

(13)

El régimen de ayudas contempla dos medidas:

La presente Decisión no se refiere a la segunda parte del régimen, que se menciona únicamente para explicar el contexto general.

(14)

Cuando notificaron el texto de la Ley regional no 9 de 1998, relativa al régimen de ayudas de finalidad regional, las autoridades italianas no enviaron las disposiciones de aplicación.

(15)

En la Decisión de aprobación del régimen, la Comisión describía la medida del siguiente modo:

(16)

Una vez que la Comisión lo hubiera aprobado, la Región de Cerdeña promulgó un Decreto y diversas resoluciones para la aplicación del régimen. El Decreto no 285, adoptado en abril de 1999 (5), fue seguido de varias decisiones administrativas, en particular las Resoluciones no 33/4 y no 33/6 de 27 de julio de 2000. La Resolución no 33/6 coexiste con la Resolución no 33/4 y establece que, en algunos casos excepcionales, se pueden conceder ayudas aunque los trabajos hayan comenzado antes de la presentación de la solicitud.

(17)

Tras la aprobación del mapa italiano de ayudas regionales para el período 2000-2006, se ajustaron las intensidades de ayuda previstas en el régimen (6). Mediante carta de 2 de noviembre de 2000 (A/39177), las autoridades italianas informaron a la Comisión de las medidas de aplicación adoptadas en el marco del ejercicio de las medidas oportunas, y confirmaron:

(18)

Sobre la base de la información proporcionada por las autoridades italianas, la Comisión, mediante carta de 17 de mayo de 2001, tomó nota de que Italia había aceptado la propuesta relativa a las medidas oportunas y había confirmado que el régimen se había ajustado a las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de 1998 (en lo sucesivo, «las Directrices de 1998») (8).

(19)

En la práctica, el régimen se aplicaba por medio de la publicación de convocatorias de solicitudes en las que se instaba a las partes interesadas a presentar solicitudes de ayuda conforme a las Resoluciones anteriormente citadas.

(20)

Según las autoridades italianas, en 2001 se publicó la primera convocatoria (la denominada convocatoria 2000), que instaba a las partes interesadas a presentar una solicitud formal de financiación al amparo del régimen.

(21)

De la información disponible se desprende que la primera convocatoria de solicitudes fue seguida de la aprobación de las Resoluciones siguientes:

(22)

En la página 13 del escrito que remitieron el 22 de abril de 2003 (registrado el 28 de abril de 2003 con la referencia A/33012), las autoridades italianas declararon que «en interés de la región se había decidido incluir en la clasificación algunos proyectos considerados “vitales” (es decir, proyectos cuya ejecución había comenzado antes de la fecha de solicitud de la ayuda, pero tras la entrada en vigor de la Ley el 5 de abril de 1998)». Por consiguiente, según las autoridades italianas, en 2002 se había concedido ayuda a un mínimo de 28 proyectos de inversión emprendidos antes de la fecha de la solicitud de ayuda, y el importe total de las ayudas correspondientes se aproximaba a los 24 millones EUR.

(23)

Cuando inició el procedimiento de investigación formal, la Comisión recordó que, según el punto 4.2 de las Directrices de 1998, las solicitudes de ayuda deben presentarse antes del inicio de la ejecución de los proyectos.

(24)

La Comisión señaló asimismo que esa obligación se había reiterado en la Decisión de la Comisión, de 1998, de no formular objeciones con respecto al régimen de ayudas de finalidad regional en favor de la industria hotelera italiana, Región de Cerdeña (N 272/98).

(25)

No obstante, a pesar de que en la Decisión de la Comisión se indicara la obligación de los beneficiarios de presentar las solicitudes de ayuda antes del inicio de la ejecución de los proyectos, y a pesar de que las autoridades italianas hubiesen confirmado expresamente (9) el cumplimiento de dicha obligación en el marco del ejercicio de las medidas oportunas con posterioridad a la entrada en vigor de las Directrices de 1998, las autoridades italianas adoptaron varias disposiciones de aplicación —en especial, la Resolución de 22 de diciembre de 1998 y la Resolución no 33/6 de 27 de julio de 2000—, las cuales nunca se remitieron a la Comisión y contemplaban la posibilidad de que las ayudas se concedieran, en casos excepcionales y únicamente durante el primer año de aplicación del régimen, en el marco de la primera convocatoria de solicitudes, a proyectos de inversión emprendidos antes de la fecha de presentación de las solicitudes de ayuda. Por lo tanto, la Comisión consideró que las autoridades italianas habían incumplido las obligaciones impuestas mediante la Decisión de la Comisión que autorizó el régimen de ayudas y los requisitos establecidos en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional.

(26)

Por consiguiente, la Comisión consideró que el efecto incentivador de la ayuda podría haberse visto socavado, al no existir una solicitud de ayuda antes del inicio efectivo de la ejecución de los proyectos. Consideró asimismo que pudiese tratarse de un caso de aplicación abusiva del régimen de ayudas N 272/98, a efectos del artículo 16 del Reglamento (CE) no 659/1999 (10) (en lo sucesivo, «el Reglamento de procedimiento»), y cuestionó la compatibilidad con el mercado común de las ayudas concedidas a proyectos de inversión iniciados antes de la fecha de presentación de las solicitudes.

(27)

En la primera Decisión de incoación del procedimiento de investigación formal, la Comisión había centrado su análisis en el hecho de que nunca se le hubiesen comunicado las citadas disposiciones de aplicación del régimen. Por otra parte, en dicha Decisión no se mencionaba la Resolución no 33/6.

(28)

Ahora bien, la concesión de ayudas a que se hace referencia en el considerando 22 guarda relación con la Resolución no 33/6, no con la Resolución no 33/4, citada erróneamente en la Decisión de incoación del procedimiento de investigación formal de 3 de febrero de 2004.

(29)

La primera Decisión de incoación del procedimiento de investigación formal se refería asimismo a la aplicación abusiva, a efectos del artículo 16 del Reglamento de procedimiento, de un régimen de ayudas previamente aprobado. Por lo general, se entiende que el artículo 16 se refiere a situaciones en las que el beneficiario de una ayuda aprobada utiliza esta de manera que contraviene las condiciones de la decisión individual de concesión de la ayuda o el contrato relativo a las ayudas, y no se entiende que abarque situaciones en las que un Estado miembro, modificando un régimen de ayudas existente, crea nuevas ayudas ilegales [artículo 1, letras c) y f) del Reglamento de procedimiento].

(30)

Por estas razones, y para evitar cualquier posible malentendido, la Comisión consideró necesario corregir y ampliar el procedimiento e invitó a las autoridades italianas y a las demás partes interesadas a que enviaran, en su caso, observaciones.

(31)

En respuesta a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la Decisión de 2004 de iniciar el procedimiento de investigación formal, la Comisión recibió las observaciones de una parte interesada:

En las observaciones se explicaba la existencia del efecto incentivador y el respeto del principio de la necesidad de la ayuda.

(32)

Para explicar el efecto incentivador y el respeto pleno del principio de la necesidad de la ayuda, el interesado formulaba las consideraciones siguientes:

(33)

El interesado justifica la necesidad de la ayuda subrayando, entre otros aspectos, que no hubiese emprendido ese proyecto de inversión a falta de financiación pública. Para poner en marcha la inversión, el interesado había recurrido a financiación bancaria a muy corto plazo a la espera de que le fueran concedidas las ayudas.

(34)

La Comisión no recibió ninguna otra observación tras la publicación de la Decisión de corrección y ampliación del procedimiento (12).

(35)

En respuesta a la valoración realizada por la Comisión en la carta de inicio del procedimiento, las autoridades italianas presentaron tres argumentos principales para sustentar la existencia de expectativas legítimas, el efecto incentivador de la ayuda y la determinación del umbral de minimis.

(36)

En las observaciones remitidas a la Comisión, las autoridades italianas sostienen la existencia de expectativas legítimas y mencionan el principio de seguridad jurídica. En primer lugar explican que, de algún modo, los beneficiarios consideraban la Ley regional no 9 de 1998 una continuación del régimen previo, contemplado en la Ley regional no 40 de 1993 (aún existente y en vigor), que se aplicaba mediante el denominado sistema de ventanilla (a sportello; régimen N 611/93, modificado por el régimen N 250/01), existente y en vigor en el período considerado. Señalan que ese sistema había contribuido a generar entre los beneficiarios expectativas legítimas sobre el derecho a recibir subvenciones simplemente sobre la base de la solicitud de ayuda, con independencia de que los proyectos se hubiesen iniciado o no.

(37)

Las autoridades señalan también que las disposiciones de aplicación del régimen de ayudas de finalidad regional habían sido adoptadas después de que dicho régimen hubiese sido aprobado por la Comisión. La primeras de ellas, el Decreto no 285 de 1999, fue adoptado el 29 de abril de 1999. En su artículo 17 («Disposiciones transitorias») se consideran elegibles los gastos realizados después de la entrada en vigor de la Ley, el 5 de abril de 1998. El Decreto no 285 de 1999 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Cerdeña el 8 de mayo de 1999 (13).

(38)

Las autoridades italianas añaden que, vistos los defectos que presentaba, el Decreto no 285 de 1999 fue anulado el 27 de julio de 2000 mediante la Resolución no 33/3. Al mismo tiempo, la Región de Cerdeña había adoptado nuevas disposiciones de aplicación, las cuales fueron notificadas a la Comisión el 20 de septiembre de 2000.

(39)

Las autoridades italianas subrayan que, al adoptar esas disposiciones el 27 de julio de 2000, la Región de Cerdeña había tenido que tener en cuenta que la publicación del Decreto no 285/99 en el Boletín Oficial había generado expectativas legítimas entre los beneficiarios. Por ese motivo se decidió que, en la primera convocatoria de solicitudes, se aceptarían las solicitudes de ayuda relativas a proyectos de inversión ya iniciados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley regional no 9 de 1998. Así pues, en la Resolución no 33/6 («Norma transitoria referida a la primera convocatoria») se indicaba que, excepcionalmente y por lo que respecta a las solicitudes presentadas en respuesta a la primera convocatoria, serían elegibles a efectos de las ayudas los gastos realizados después del 5 de abril de 1998, fecha de entrada en vigor de la Ley regional no 9 de 1998.

(40)

Las autoridades italianas recuerdan también que, en el marco del ejercicio de las medidas oportunas, mediante carta de 17 de mayo de 2001 (D/52027), la Comisión había establecido que el sistema era compatible con el mercado común, tras solicitar a las autoridades italianas la aplicación del artículo 9 de la Ley regional no 9 de 1998 de conformidad con el Reglamento (CE) no 69/2001 de minimis.

(41)

También explican que la aplicación concreta del régimen tras la entrada en vigor de la Resolución de 27 de julio de 2000 había exigido que se volviesen a presentar las solicitudes de ayuda presentadas antes de la publicación de la primera convocatoria, utilizando los nuevos formularios.

(42)

Las autoridades italianas insisten asimismo en la existencia del efecto incentivador, puesto que las subvenciones eran necesarias para liquidar los préstamos bancarios que cubrían el período comprendido entre la realización de los gastos y el pago de las ayudas.

(43)

Finalmente, las autoridades italianas afirman que los beneficiarios estaban obligados a eligir el régimen de ayudas regionales de referencia, ya que no se podían presentar solicitudes para el mismo proyecto al amparo de varios regímenes. Subrayan además que el régimen sardo de ayudas de finalidad regional contemplado en la Ley regional no 9 de 1998 (N 272/98) y el régimen nacional de ayudas de finalidad regional contemplado en la Ley nacional no 488 de 1992 (N 715/99) eran mutuamente excluyentes.

(44)

Las autoridades italianas sostienen que se respetó el principio del efecto incentivador, a pesar de que los trabajos se hubiesen iniciado antes de la presentación de la solicitud de ayuda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley regional no 9 de 1998. Según las autoridades nacionales, la norma de minimis es de aplicación a la parte de la ayuda concedida antes de la presentación de las solicitudes. La parte de la ayuda por debajo del umbral de 100 000 EUR concedida antes de la presentación de la solicitud debía considerarse por separado, teniendo en cuenta solamente los gastos realizados antes de esa fecha, sin considerar todos los costes del proyecto. Estas consideraciones se refieren a 12 proyectos de un total de 28.

(45)

La Comisión no recibió ninguna otra observación tras la Decisión de corrección y ampliación del procedimiento.

(46)

Procede recordar que la evaluación del régimen N 272/98 concluyó que la medida constituía una ayuda estatal a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, pues se consideró satisfacía todas las condiciones establecidas en esa disposición.

(47)

La medida proporciona una ventaja económica a una categoría específica de beneficiarios, al reducir sus costes normales. Se concede con cargo a recursos públicos y amenaza con falsear la competencia, ya que refuerza la posición financiera de algunas empresas frente a sus competidores. En la medida en que en el sector hotelero compiten operadores de distintos Estados miembros que tratan de captar turistas, la financiación concedida al sector turístico podría afectar al comercio intracomunitario (14).

(48)

El régimen de ayudas notificado a la Comisión y aprobado por esta de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 constituye una ayuda estatal a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

(49)

En el marco del ejercicio de las medidas oportunas, la Resolución no 34/73 garantizó la compatibilidad con las Directrices de 1998 por lo que respecta a la adecuación de la intensidad de las ayudas de finalidad regional a los umbrales contemplados en el nuevo mapa de ayudas regionales, mientras que la Resolución no 33/4 aseguró el cumplimiento del principio de efecto incentivador; la Comisión concluyó, por lo tanto, que las normas contempladas en esas Resoluciones no añadían nuevos elementos al régimen de ayudas inicialmente aprobado (N 272/98).

(50)

No obstante, a juicio de la Comisión, las normas transitorias introducidas mediante el Decreto no 285 de 1999 podrían haber modificado el régimen aprobado inicialmente por ella. La Comisión señala que no se llegó a pronunciar nunca sobre esas medidas de aplicación, si bien reconoce que el Decreto no 285 de 1999 nunca entró en vigor, pues fue anulado mediante la Resolución no 33/3.

(51)

El régimen N 272/98 fue modificado de nuevo el 27 de julio de 2000, con la adopción de las Resoluciones no 33/4 y no 33/6. Como se ha explicado anteriormente (considerandos 16 a 21), con la Resolución no 33/6 se introdujeron modificaciones en la medida notificada que no eran compatibles con los términos de la Decisión de aprobación del régimen adoptada por la Comisión.

(52)

Como se menciona en el considerando 38, las autoridades italianas afirman haber notificado a la Comisión las citadas disposiciones de aplicación en el marco del ejercicio de las medidas oportunas.

(53)

En primer lugar, la Comisión considera que las autoridades italianas no notificaron las Resoluciones anteriormente mencionadas, y que dichas autoridades la informaron, en el marco del ejercicio de las medidas oportunas, de que la Resolución no 33/4 garantizaba el cumplimiento del principio del efecto incentivador. No obstante, las autoridades italianas no la informaron nunca de la Resolución no 33/6 en el marco del ejercicio de las medidas oportunas, por lo que vulneraron el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y el deber de cooperación que les incumbe de conformidad con el artículo 10 del Tratado (15).

(54)

Por tanto, el régimen de ayudas aplicado con posterioridad mediante la adopción de las disposiciones de aplicación previamente mencionadas no respeta la Decisión inicial de aprobación de la Comisión.

(55)

Así pues, deben considerarse ilegales los proyectos de ayuda cuya ejecución se hubiese iniciado antes de la presentación de cualquier solicitud de ayuda.

(56)

Ni las autoridades italianas ni la parte interesada han puesto en duda expresamente las reservas manifestadas por la Comisión en las cartas de inicio del procedimiento de investigación formal de los días 3 de febrero de 2004 y 22 de noviembre de 2006. Por tanto, la Comisión confirma su propia valoración, que se resume en los apartados siguientes.

(57)

Como se ha indicado, al menos 28 proyectos de inversión se iniciaron en un momento en que no podían acogerse a las ayudas al amparo del régimen considerado.

(58)

Las Directrices de 1998 exigen que todas las solicitudes de ayuda sean presentadas antes del inicio de la ejecución de los proyectos.

(59)

Ese requisito se reiteró en la Decisión de la Comisión, de 1998, de no formular objeciones en cuanto al régimen de ayudas de finalidad regional en favor de la industria hotelera italiana, Región de Cerdeña (N 272/98), en la que se indica expresamente que los beneficiarios deben haber solicitado las ayudas antes de que comience la ejecución de los proyectos.

(60)

Por otra parte, en el marco del ejercicio de las medidas oportunas después de la entrada en vigor de las Directrices de 1998, las autoridades italianas transmitieron a la Comisión la Resolución no 33/4, de 27 de julio de 2000, en cuyo artículo 6 se establece expresamente la elegibilidad de los gastos realizados tras la solicitud de financiación.

(61)

Cabe recordar que la necesidad de la ayuda es un principio general reconocido por el Tribunal en su sentencia en el asunto Philip Morris (16), y que dicho principio constituye inequívocamente un aspecto esencial a efectos de la determinación de la elegibilidad de las inversiones llevadas a cabo por las empresas por lo que respecta a las ayudas en virtud de las Directrices de 1998. Tanto la Decisión de la Comisión previamente mencionada como esas Directrices establecen que la solicitud de ayuda debe presentarse antes del inicio de los proyectos.

(62)

Las autoridades italianas señalaron que el régimen nacional había generado expectativas legítimas en cuanto al derecho a recibir subvenciones simplemente sobre la base de la presentación de una solicitud, con independencia de que la ejecución de los proyectos se hubiese o no iniciado.

(63)

La Comisión no puede aceptar este argumento, pues la Decisión que aprueba el régimen de ayudas de finalidad regional objeto de consideración exige explícitamente que la solicitud de ayuda haya sido presentada antes del inicio de la ejecución del proyecto.

(64)

Por otra parte, la Resolución no 33/6 solo fue enviada a la Comisión después de que se hubiera presentado la denuncia. De hecho, fue remitida a la Comisión con la nota no 5245, de 22 de abril de 2003, en el marco del procedimiento emprendido a raíz de la denuncia (CP 15/2003). Por tanto, no cabe aceptar el argumento de expectativas legítimas expuesto por las autoridades italianas, porque la Comisión no ofreció ninguna garantía específica a las autoridades italianas o a cualquier otra parte interesada, quienes por lo tanto no podían razonablemente albergar ninguna expectativa legítima por lo que respecta a que esa condición no se aplicaría. Según jurisprudencia reiterada, «el derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le ha hecho concebir esperanzas fundadas […]. Por el contrario, nadie puede invocar una violación del principio de protección de la confianza legítima si la Administración no le ha dado unas garantías concretas» (17).

(65)

La Comisión tampoco puede aceptar los argumentos expuestos por las autoridades italianas, en defensa de la existencia del efecto incentivador en caso de que el beneficiario haya presentado la solicitud de ayuda antes del inicio de los trabajos en virtud de otro régimen de ayudas de finalidad regional.

(66)

La Comisión considera que no se puede transferir el efecto incentivador de un régimen a otro; por tanto, la posibilidad, por parte de una empresa, de solicitar apoyo en virtud de un régimen u otro no puede aceptarse como razón válida que confirme el cumplimiento del principio del efecto incentivador. Las propias autoridades italianas han subrayado (véase el considerando 43) que, por lo que se refiere al mismo proyecto, el beneficiario no puede presentar más de una solicitud en virtud de distintos regímenes de ayuda, y que el régimen de ayudas de finalidad regional contemplado en la Ley regional no 9 de 1998 (ayuda estatal N 272/98) y el régimen nacional de ayudas de finalidad regional contemplado en la Ley no 488 de 1992 (ayuda estatal N 715/99) son mutuamente excluyentes.

(67)

La Comisión tampoco puede aceptar los argumentos expuestos por las autoridades nacionales, en el sentido de que el efecto incentivador sigue existiendo en la medida en que las subvenciones son necesarias para liquidar préstamos bancarios que abarcan el período comprendido entre la realización de los gastos y la concesión de las ayudas. El hecho de que un operador económico esté dispuesto a iniciar la ejecución de un proyecto y a suscribir préstamos para financiar sus costes no prueba de ningún modo que las ayudas sean necesarias para impulsar el proyecto o que incentiven a emprender un proyecto que no se hubiera realizado de otro modo. Es más, cabría señalar que la disponibilidad de un operador económico a iniciar los trabajos y afrontar los riesgos inherentes a un proyecto, sin siquiera presentar una solicitud de ayuda en virtud del régimen pertinente, demuestra que las ayudas no son necesarias para ofrecer tal efecto incentivador.

(68)

Finalmente, la Comisión no puede aceptar los argumentos de las autoridades italianas por lo que se refiere a la norma de minimis, porque dicha norma no puede invocarse para eludir la obligación establecida en las Directrices, de presentar la solicitud de ayuda antes del inicio de la ejecución del proyecto, para que se respete el principio de efecto incentivador. En efecto, el montante que debe tomarse en consideración debe referirse al proyecto en su totalidad, no solamente a la parte de la ayuda concedida antes de la solicitud correspondiente. Por tanto, la Comisión no puede aceptar la posibilidad de considerar elegibles los trabajos iniciales con arreglo a la norma de minimis, obviando la norma contemplada en las Directrices. Además, las autoridades italianas no solo no han tenido en cuenta los proyectos en su totalidad al calcular el umbral de minimis, sino que el mismo beneficiario puede haber recibido ayudas de minimis de otras fuentes, aspecto que las autoridades italianas no parecen haber tomado en consideración.

(69)

En conclusión, a juicio de la Comisión, las autoridades italianas no han demostrado que la concesión de las ayudas se haya ajustado a los términos establecidos en la Decisión de aprobación. La ayuda tampoco podría considerarse compatible incluso en la hipótesis de que se tratase de una ayuda de funcionamiento. Con arreglo a las Directrices de 1998, pueden concederse ayudas de funcionamiento, excepcionalmente, en las regiones elegibles en virtud de la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE. Cerdeña figuraba entre las regiones elegibles a efectos del artículo 87, apartado 3, letra a), durante el período 1998-2006. No obstante, a excepción de las ayudas de minimis, no se aprobaron ayudas de funcionamiento en virtud del régimen considerado. Además, en el marco del presente procedimiento las autoridades italianas no han presentado ninguna prueba de que las ayudas estuviesen justificadas por su contribución al desarrollo regional o por su naturaleza, ni tampoco han demostrado que las ayudas fueran proporcionales a las carencias que pretendían paliar.

(70)

Además, las autoridades italianas no han presentado ningún argumento que sugiera que las ayudas consideradas pudieran ser compatibles con otras disposiciones del Tratado CE, de la normativa en materia de ayudas estatales o de otros marcos, disposiciones o directrices.

(71)

La Comisión tampoco ha podido identificar otra base jurídica que permita aprobar las ayudas. Como se ha explicado, la medida no puede acogerse a la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, que autoriza las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Tampoco son de aplicación en este caso las excepciones a que se refiere el artículo 87, apartado 2, del Tratado CE, referentes a las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales; las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania. Tampoco se puede considerar que la medida fomente un proyecto importante de interés común europeo o ponga remedio a una grave perturbación en la economía italiana, conforme a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE. Por último, la medida tampoco tiene por objeto promover la cultura y la conservación del patrimonio, a efectos del artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE.

(72)

Por consiguiente, la Comisión considera incompatibles con el mercado común las ayudas presumiblemente concedidas a proyectos cuya ejecución se hubiese iniciado antes de la presentación de la solicitud de ayuda en virtud del régimen de ayudas de finalidad regional en favor de la industria hotelera en Cerdeña, aprobado por la Comisión en 1998 (expediente N 272/98), como fue aplicado con arreglo a la Resolución no 33/6 y sobre la base de la primera convocatoria de solicitudes.

(73)

Este dictamen de incompatibilidad se aplica a todas las ayudas concedidas a proyectos cuyos gastos elegibles fueron realizados antes de la presentación de una solicitud de ayuda, sobre la base de las medidas de aplicación pertinentes en vigor en el momento de la presentación de la solicitud, y superiores al importe de minimis al que el beneficiario hubiera podido acceder en el momento considerado, calculado de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 69/2001.

(74)

La Comisión considera que Italia ha aplicado de manera ilegal el régimen considerado, en vulneración de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.

(75)

De su evaluación, la Comisión concluye que las ayudas concedidas a los proyectos anteriormente mencionados en virtud del régimen «Ley regional no 9 de 1998 — ayudas N 272/98», sobre la base de la primera convocatoria de solicitudes y de la Resolución no 33/6, no satisfacen las condiciones establecidas en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de 1998. La ayuda se concedió ilegalmente y era incompatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letras a) y c), del Tratado CE.

(76)

Según una práctica consolidada, la Comisión, de conformidad con el artículo 87 del Tratado CE, impone al beneficiario la recuperación de las ayudas concedidas ilegalmente e incompatibles a efectos del artículo 88 del Tratado CE. Esta práctica ha sido confirmada por el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999.

(77)

Por lo tanto, Italia debe tomar todas las medidas necesarias para obtener de los beneficiarios la recuperación de las ayudas. A tal efecto, en un plazo de cuatro meses desde la notificación de la presente Decisión, deberá exigir a los beneficiarios la recuperación de dichas ayudas.

(78)

Con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999, a la ayuda que debe recuperarse de conformidad con una decisión de recuperación se añaden los intereses calculados a un tipo adecuado que fije la Comisión. Los intereses se devengarán desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación.

(79)

Los intereses se calcularán de conformidad con las disposiciones establecidas en el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (18). A tal efecto, la Comisión pide a Italia que exija los beneficiarios potenciales del régimen, en el plazo de cuatro meses a partir de la presente Decisión, el reembolso de las ayudas, incluidos los intereses, como se detalla a continuación.

(80)

La Comisión pide a Italia que proporcione la información solicitada utilizando el formulario adjunto en el anexo de la presente Decisión, elaborando una lista de los beneficiarios concernidos e indicando claramente las medidas previstas y las ya adoptadas para obtener la recuperación inmediata y efectiva de las ayudas estatales ilegales. La Comisión pide a Italia que presente, en el plazo de dos meses desde la Decisión, toda la documentación que permita comprobar que se han iniciado los procedimientos de recuperación contra los beneficiarios de tales ayudas (circulares, órdenes de recuperación, etc.),

a)

la lista de beneficiarios que han recibido ayuda en virtud del régimen citado en el artículo 1 y el importe total de las ayudas recibidas por cada uno de ellos con arreglo a dicho régimen; para ello utilizará el formulario que se adjunta como anexo a la presente Decisión;

b)

el importe total (capital e intereses) que debe recuperarse de cada beneficiario;

c)

una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión;

d)

documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios que reembolsen la ayuda.

13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/19

(1)

La Directiva 2001/89/CE del Consejo, de 23 de octubre de 2001, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la peste porcina clásica (3), establece medidas comunitarias mínimas para el control de dicha enfermedad. Entre las medidas previstas en caso de brote de peste porcina clásica, figuran los planes de los Estados miembros para la erradicación de la peste porcina clásica de la población de jabalíes, y la vacunación de urgencia de los jabalíes en determinadas condiciones.

(2)

La Decisión 2006/805/CE de la Comisión, de 24 de noviembre de 2006, sobre medidas de protección contra la peste porcina clásica en ciertos Estados miembros (4), se adoptó a raíz de los brotes de esa enfermedad que se produjeron en dichos Estados miembros. En esa Decisión se establecen medidas de lucha contra la peste porcina clásica en las zonas de los Estados miembros en que esta enfermedad afecta a los jabalíes, para evitar la propagación de la enfermedad a otras zonas de la Comunidad.

(3)

Los Estados miembros afectados deben tomar medidas para evitar la propagación de la peste porcina clásica. A tal efecto, presentaron a la Comisión planes de erradicación y de vacunación de urgencia contra la enfermedad, junto con las medidas necesarias para erradicarla en las zonas declaradas infectadas en sus planes, y con las medidas por aplicar en las explotaciones porcinas de dichas zonas.

(4)

Se registran diversas situaciones epidemiológicas relativas a la peste porcina clásica en los Estados miembros o en zonas de los mismos. En aras de la claridad de la legislación comunitaria, procede prever tres listas distintas de zonas, según la situación epidemiológica de cada una.

(5)

Por regla general, dado que el movimiento de cerdos vivos de áreas infectadas plantea mayores riesgos que el movimiento de la carne, y los preparados y productos de carne, debe prohibirse el movimiento de cerdos vivos de los Estados miembros afectados.

(6)

El esperma, los huevos y los embriones procedentes de animales infectados pueden contribuir a la propagación del virus de la peste porcina clásica. Conviene, para prevenir la propagación de la peste porcina clásica a otras zonas de la Comunidad, prohibir el envío de esperma semen, huevos y embriones de zonas enumeradas en el anexo de la presente Decisión.

(7)

Es preciso que una lista establezca los Estados miembros y las zonas donde la situación epidemiológica de la peste porcina clásica sea más favorable y, por lo tanto, como excepción a la prohibición general, puedan enviarse cerdos vivos a otras zonas restringidas, bajo ciertas medidas de salvaguardia. Además, la carne de cerdo fresca procedente de las explotaciones establecidas en esas zonas, y los preparados y productos de carne de dichos cerdos puede enviarse a otros Estados miembros.

(8)

Ciertas zonas afectadas por la peste porcina clásica en los jabalíes están divididas por fronteras nacionales y abarcan territorios vecinos de dos Estados miembros. También deberían fijarse medidas de control de la enfermedad referentes a restricciones en el envío de cerdos vivos en las zonas vecinas afectadas situadas en dos Estados miembros distintos.

(9)

Dada la situación epidemiológica en ciertas zonas de Hungría y Eslovaquia es preciso que estén incluidos en esa primera lista de zonas.

(10)

Una segunda lista debería determinar las zonas donde la situación epidemiológica en la población de jabalíes o en las explotaciones porcinas sea menos favorable debido a focos esporádicos. Desde esas zonas no pueden enviarse cerdos vivos pero sí la carne de cerdo fresca y los preparados y productos de carne de dichos cerdos puede enviarse a otros Estados miembros bajo ciertas medidas de salvaguardia adicionales que debería establecer la presente Decisión.

(11)

Una tercera lista debería incluir las zonas desde las cuales ni los cerdos vivos ni la carne de cerdo fresca y productos de carne pueden en general enviarse a otros Estados miembros. No obstante, conviene que los preparados y productos de carne de cerdo que hayan sido tratados de manera que se elimine el virus de la peste porcina clásica puedan enviarse a otros Estados miembros.

(12)

Además conviene, para evitar la propagación de la peste porcina clásica a otras zonas de la Comunidad, establecer en la presente Decisión que el envío desde Estados miembros con zonas incluidas en dicha tercera lista de carne de cerdo fresca, así como de preparados y productos de carne de cerdo, esté sujeto a ciertas condiciones. En particular, dicha carne de cerdo y dichos productos y preparados porcinos deberían llevar un marcado especial que no pueda confundirse con el marcado sanitario de la carne de cerdo establecido en el Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano (5), ni con la marca de identificación establecida en el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (6).

(13)

Para evitar la propagación de la peste porcina clásica a otras zonas de la Comunidad, en los casos en que a un Estado miembro se le prohíba enviar desde determinadas partes de su territorio carne de cerdo fresca o preparados y productos de carne de cerdo, conviene establecer determinados requisitos, en particular en materia de certificación, para el envío de tal carne, preparados y productos procedentes de otras zonas de su territorio que no estén sometidas a dicha prohibición.

(14)

La Decisión 2006/805/CE ha sufrido varias modificaciones. Por lo tanto, conviene derogarla y sustituirla por la presente.

(15)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

zonas distintas de las recogidas en el anexo, y

b)

de una explotación en la que no hayan entrado cerdos vivos procedentes de las zonas indicadas en el anexo en los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha de envío.

a)

no se haya introducido ningún porcino vivo en los 30 días inmediatamente anteriores al envío;

b)

un veterinario oficial haya efectuado un examen clínico de detección de la peste porcina clásica, conforme al procedimiento establecido en la Parte A, y en los puntos 1, 2 y 3 de la parte D del capítulo IV del anexo de la Decisión 2002/106/CE de la Comisión (7), y

c)

se hayan efectuado, conforme al procedimiento establecido en la parte C del capítulo VI del anexo de la Decisión 2002/106/CE, ensayos de reacción en cadena de la polimerasa para detectar la peste porcina clásica en muestras recogidas, de entre el grupo de porcinos que vayan a ser expedidos, en los siete días inmediatamente anteriores al envío de la remesa, con resultados negativos; se ha de tomar muestra de un número de porcinos de dicho grupo suficiente como para detectar un 5 % de prevalencia, con un 95 % de confianza.

i)

cerdos que se envían directamente al matadero para su sacrificio inmediato,

ii)

cerdos enviados desde una zona vecina de un Estado miembro enumerada en la parte I del anexo,

iii)

cuando el Estado miembro de destino haya dado su consentimiento.

a)

cerdos que se trasladan directamente al matadero para su sacrificio inmediato;

b)

de explotaciones donde:

a)

esperma porcino, salvo el de verracos, procedente de un centro de recogida autorizado, contemplado en el artículo 3, letra a), de la Directiva 90/429/CEE del Consejo (9), y que esté situado fuera de las zonas indicadas en el anexo de la presente Decisión;

b)

óvulos y embriones porcinos, salvo los procedentes de una explotación situada fuera de las zonas indicadas en el anexo.

a)

no se haya registrado ninguna presencia de peste porcina clásica en los 12 meses previos en la explotación en cuestión y la explotación está situada fuera de una zona de protección o vigilancia;

b)

los cerdos hayan residido durante al menos 90 días en la explotación y no se haya introducido ningún cerdo vivo en los 30 días inmediatamente anteriores al envío para su sacrificio a un matadero;

c)

la explotación haya sido inspeccionada al menos dos veces al año por la autoridad veterinaria competente, que debe:

d)

antes de recibir la autorización de envío de los cerdos para su sacrificio a un matadero, un veterinario oficial haya efectuado un examen clínico de detección de la peste porcina clásica, conforme a los procedimientos de comprobación y muestreo establecidos en los puntos 1, 2 y 3 de la Parte D del capítulo IV del anexo de la Decisión 2002/106/CE.

a)

se han producido y tratado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/99/CE del Consejo (10);

b)

están sometidos al certificado veterinario establecido en el artículo 5 de la Directiva 2002/99/CE, y

c)

van acompañados del correspondiente certificado exigido en relación con los intercambios intracomunitarios, establecido por el Reglamento (CE) no 599/2004 de la Comisión (11), cuya parte II se completará del siguiente modo:

«Este producto se ajusta a lo dispuesto en la Decisión 2008/855/CE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, sobre las medidas de control de sanidad veterinaria relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros (12).

—

la marca de identificación de los preparados y productos de carne de cerdo establecida en el anexo II, sección I, del Reglamento (CE) no 853/2004, y

—

el marcado sanitario para la carne fresca de cerdo previsto en el anexo I, sección I, capítulo III, del Reglamento (CE) no 854/2004.

a)

el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 64/432/CEE del Consejo (13), que debe acompañar los cerdos enviados desde su territorio, se complete con el texto siguiente:

«Estos animales se ajustan a lo dispuesto en la Decisión 2008/855/CE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, sobre las medidas de control de sanidad veterinaria relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros (14);

b)

el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 90/429/CEE, que debe acompañar al esperma de verracos enviado desde su territorio, se complete con el texto siguiente:

«Este esperma se ajusta a lo dispuesto en la Decisión 2008/855/CE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, sobre las medidas de control de sanidad veterinaria relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros (15);

c)

el artículo 1 de la Decisión 95/483/CE de la Comisión (16), que debe acompañar a los embriones y los óvulos de porcinos enviados desde su territorio, se complete con el texto siguiente:

«Estos embriones/óvulos (17) se ajustan a lo dispuesto en la Decisión 2008/855/CE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, sobre las medidas de control de sanidad veterinaria relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros (18).

a)

estén sometidos al certificado veterinario establecido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2002/99/CE, y

b)

vayan acompañados del correspondiente certificado exigido en relación con los intercambios intracomunitarios, establecido en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 599/2004, cuya parte II se completará del siguiente modo:

«Esta carne de cerdo fresca, los preparados y los productos de carne de cerdo se ajustan a lo dispuesto en la Decisión 2008/855/CE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, sobre las medidas de control de sanidad veterinaria relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros (19).

a)

las disposiciones del artículo 15, apartado 2, letra b), guiones segundo y cuarto a séptimo, de la Directiva 2001/89/CE se apliquen en las explotaciones porcinas situadas en las zonas que se indican en el anexo;

b)

los vehículos utilizados para el transporte de cerdos procedentes de explotaciones situadas en las zonas indicadas en el anexo de la presente Decisión se limpien y desinfecten inmediatamente después de cada operación, y por que el transportista presente pruebas de tal limpieza y desinfección.

13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/26

(1)

La Decisión 2002/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2002, por la que se establecen las condiciones de importación de esperma de animales domésticos de la especie porcina (2), establece la lista de terceros países a partir de los cuales los Estados miembros deben autorizar la importación de esperma de animales domésticos de la especie porcina así como una lista de los centros de recogida de esperma en esos terceros países que están autorizados para la exportación de dicho esperma a la Comunidad.

(2)

Canadá y los Estados Unidos han solicitado que se introduzcan varias modificaciones en la lista de centros de recogida de esperma autorizados en virtud de la Decisión 2002/613/CE en lo que se refiere a las entradas correspondientes a dichos países.

(3)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2002/613/CE en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/28

(1)

De conformidad con la Decisión 2004/4/CE de la Comisión (2), no está autorizada, en principio, la introducción en la Comunidad de tubérculos de Solanum tuberosum L. originarios de Egipto. No obstante, para la campaña de importación 2007/08 se autorizó la introducción en la Comunidad de dichos tubérculos desde zonas indemnes de plagas y siempre que se reunieran determinadas condiciones específicas.

(2)

Durante la campaña de importación 2007/08 no se detectó la presencia de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

A la luz de la información facilitada por Egipto, la Comisión ha determinado que la entrada en la Comunidad de tubérculos de Solanum tuberosum L. procedentes de zonas egipcias indemnes de plagas no plantea riesgo de propagación de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, siempre y cuando se reúnan determinadas condiciones.

(4)

Por consiguiente, para la campaña de importación 2008/09 procede autorizar la introducción en la Comunidad de tubérculos de Solanum tuberosum L. originarios de zonas egipcias indemnes de plagas.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2004/4/CE en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

1)

En el artículo 2, apartado 1, «2007/2008» se sustituye por «2008/09».

2)

En el artículo 4, «31 de agosto de 2008» se sustituye por «31 de agosto de 2009».

3)

En el artículo 7, «30 de septiembre de 2008» se sustituye por «30 de septiembre de 2009».

4)

El anexo queda modificado como sigue:

13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/29

(1)

El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo adoptó la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva (en lo sucesivo, «la Estrategia de la UE»), que contiene, en su capítulo III, una lista de medidas para combatir dicha proliferación.

(2)

La Unión Europea aplica activamente la mencionada Estrategia de la UE y pone en práctica las medidas enumeradas en su capítulo III, en particular las relativas al refuerzo, aplicación y universalización de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción (en lo sucesivo, «la CABT»).

(3)

En este sentido, la Acción Común 2006/184/PESC del Consejo, de 27 de febrero de 2006, en apoyo de la CABT en el marco de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva (1) ha logrado importantes resultados en cuanto a la universalización y aplicación a nivel nacional, ya que otros siete Estados más han pasado desde entonces a ser parte en la CABT y dos Estados se han beneficiado de la asistencia jurídica facilitada por expertos de la UE.

(4)

Asimismo, las prioridades y medidas establecidas en la Posición Común 2006/242/PESC del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la Conferencia de Revisión de 2006 de la Convención sobre armas biológicas y toxínicas (CABT) (2) respaldan en particular el proceso entre sesiones, la aplicación nacional, las medidas destinadas al fomento de la confianza (MFC) y la universalidad, y siguen guiando las acciones de la UE, incluidos los proyectos de asistencia y de información. Los aspectos de la Posición Común que cuentan con el consenso de los Estados parte en la CABT (en lo sucesivo, «los Estados parte») y que se recogen en el documento final de la Sexta Conferencia de Revisión de la CABT (en lo sucesivo, «la Sexta Conferencia de Revisión») tienen especial significación para las iniciativas de la UE en respaldo de la CABT.

(5)

La UE debería también contribuir a que los Estados parte se beneficien de los conocimientos prácticos adquiridos por los Estados miembros en relación con el proceso de fomento de confianza y la transparencia en el marco de la CABT, en particular mediante el Plan de Acción sobre armas biológicas y toxínicas adoptado por el Consejo el 20 de marzo de 2006, que estipula la presentación periódica de declaraciones de MFC por los Estados miembros y la actualización de las listas de los expertos nombrados y los laboratorios disponibles para colaborar con el instrumento dependiente del Secretario General de las Naciones Unidas destinado a investigar el presunto uso de armas químicas o biológicas,

—

fomento de la universalización de la CABT,

—

apoyo a la aplicación de la CABT por los Estados parte,

—

fomento de la presentación de declaraciones de MFC por los Estados parte,

—

apoyo al proceso entre sesiones de la CABT.

a)

proporcionar a los Estados que aún no sean parte en la CABT medios para realizar iniciativas a nivel nacional o subregional que potencien el conocimiento de la CABT, facilitando asesoramiento jurídico en relación con la ratificación y adhesión a la CABT y ofreciendo formación u otras formas de asistencia para que las autoridades nacionales puedan cumplir sus obligaciones en virtud de la CABT;

b)

asistir a los Estados parte en la aplicación de la CABT a nivel nacional, para velar por que los Estados parte cumplan sus obligaciones en virtud de la CABT a través de la legislación nacional y las medidas administrativas y establezcan relaciones fructíferas entre todas las partes interesadas a nivel nacional, incluidos los parlamentos nacionales y el sector privado;

c)

facilitar la presentación periódica de declaraciones de MFC por los Estados parte, elaborando materiales explicativos relacionados con el proceso de MFC y mejorando los aspectos técnicos de la presentación electrónica de las declaraciones existentes de MFC, así como mejorando la seguridad y el mantenimiento de un sitio web restringido, facilitando el establecimiento de puntos nacionales de contacto y la presentación de las primeras declaraciones de MFC y organizando una conferencia de puntos de contacto de MFC en relación con las reuniones CABT de 2008 y 2009;

d)

promover un debate a nivel regional entre representantes de los gobiernos, las universidades, los institutos de investigación y el sector industrial en torno a los asuntos que se tratan en el período entre sesiones de la CABT, en particular la supervisión de la ciencia y la educación.

13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/37

13.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/s3