(1)

El artículo 162, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 establece que la diferencia entre los precios de los productos contemplados en el anexo I, parte XV, de dicho Reglamento registrados en el mercado mundial y los precios de tales productos registrados en la Comunidad puede compensarse mediante una restitución por exportación.

(2)

Atendiendo a la situación actual del mercado de la carne de vacuno, las restituciones por exportación deben fijarse de conformidad con las normas y criterios contemplados en los artículos 162 a 164, 167 a 170 del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(3)

El artículo 164, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 dispone que las restituciones pueden variar según el destino, en especial cuando así lo requieran la situación de los mercados mundiales, las necesidades específicas de determinados mercados o las obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados en virtud del artículo 300 del Tratado.

(4)

La restitución debe limitarse a los productos que puedan circular libremente en el interior de la Comunidad y que lleven la marca sanitaria contemplada en el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (2). Estos productos deben cumplir también los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (3), y en el Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano (4).

(5)

El artículo 7, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (CE) no 1359/2007 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2007, por el que se establecen las condiciones de concesión de restituciones especiales a la exportación para determinadas carnes de vacuno deshuesadas (5), prevé una disminución de la restitución especial si la cantidad de carne deshuesada destinada a ser exportada es inferior al 95 % de la cantidad total en peso de los trozos procedentes del deshuesado, aunque sin ser inferior al 85 % de la misma.

(6)

Procede, por tanto, derogar el Reglamento (CE) no 343/2008 de la Comisión (6) y sustituirlo por un nuevo Reglamento.

(7)

El Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

(1)

El Reglamento (CE) no 341/2007 de la Comisión (3) prevé la apertura de contingentes arancelarios, fija su modo de gestión e instaura un régimen de certificados de importación y de origen para los ajos y otros productos agrícolas importados de terceros países.

(2)

Las cantidades por las que los importadores tradicionales y los nuevos importadores han presentado solicitudes de certificados «A» durante los cinco primeros días laborables de julio de 2008, en virtud del artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 341/2007, rebasan las cantidades disponibles para los productos originarios de China, y de todos los terceros países distintos de China.

(3)

Asimismo, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1301/2006, es necesario determinar en qué medida pueden ser atendidas las solicitudes de certificados «A» presentadas a la Comisión, a más tardar, el 15 de julio de 2008, en aplicación del artículo 12 del Reglamento (CE) no 341/2007,

(1)

El Reglamento (CE) no 1484/95 de la Comisión (2) estableció las disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de derechos adicionales de importación y fijó los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, los huevos y la ovoalbúmina.

(2)

Según se desprende del control periódico de los datos en que se basa el establecimiento de los precios representativos de los productos de los sectores de la carne de aves de corral, los huevos y la ovoalbúmina, es preciso modificar los precios representativos de importación de determinados productos, teniendo en cuenta las variaciones de precios según su origen. Es necesario, por consiguiente, publicar los precios representativos.

(3)

Teniendo en cuenta la situación del mercado, es preciso aplicar esta modificación a la mayor brevedad posible.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas.

(1)

El Reglamento (CE) no 1098/2007 del Consejo, por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de bacalao del Mar Báltico y para las pesquerías de estas poblaciones, fija las condiciones para la explotación sostenible del bacalao del Mar Báltico, además de las reglas de seguimiento, control y vigilancia de esas actividades.

(2)

El Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (2), requiere la ejecución de actividades de control por parte de la Comisión y de cooperación entre Estados miembros a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común.

(3)

Para asegurar el éxito del plan plurianual aplicable a las poblaciones de bacalao del Mar Báltico y a las pesquerías en las que se explotan esas poblaciones, es necesario establecer un programa específico de control e inspección.

(4)

Es preciso que ese programa específico de control e inspección tenga una duración de tres años, y sus resultados sean objeto de una evaluación periódica por parte de los Estados miembros interesados, en cooperación con la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) creada por el Reglamento (CE) no 768/2005 del Consejo (3).

(5)

Debe fomentarse la cooperación entre los Estados miembros interesados, con miras a incrementar la uniformidad de las prácticas de inspección y vigilancia y contribuir a una mayor coordinación de las actividades de control entre las autoridades competentes de esos Estados miembros.

(6)

Procede ejecutar las actividades conjuntas de inspección y vigilancia deberán ejecutarse con arreglo a los planes de despliegue conjunto establecidos por la ACCP.

(7)

Las medidas establecidas en la presente Decisión lo han sido en concertación con los Estados miembros interesados.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de gestión de pesca y acuicultura.

a)

las actividades de inspección y vigilancia indicadas en el anexo I;

b)

todas las infracciones (conforme al anexo II) detectadas durante el período de doce meses, precisando con respecto a cada una de ellas el pabellón del buque, la fecha y el lugar de la inspección y el tipo de infracción; los Estados miembros indicarán el tipo de infracción utilizando las letras con que las se enumeran las infracciones en el anexo II;

c)

el curso dado a anteriores infracciones (conforme al anexo II), ya se trate de las detectadas durante el año civil precedente o de las detectadas antes;

d)

toda medida pertinente de coordinación y cooperación entre Estados miembros.

(1)

La Decisión 82/43/CEE de la Comisión, de 9 de diciembre de 1981 relativa a la creación de un comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1), ha sido modificada en diversas ocasiones (2) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Decisión.

(2)

La igualdad entre las mujeres y los hombres es un requisito de la dignidad humana y de la democracia, y constituye un principio fundamental del Derecho comunitario, de las constituciones y leyes de los Estados miembros, y de los convenios internacionales y europeos.

(3)

La traducción en hechos del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres debe ser estimulada mediante una mejor colaboración y un intercambio de opiniones y experiencias entre los organismos especialmente encargados, en los Estados miembros, del fomento de la igualdad de oportunidades, y la Comisión.

(4)

La plena aplicación, también de hecho, de las Directivas, Recomendaciones y Resoluciones adoptadas por el Consejo en el ámbito de la igualdad de oportunidades puede acelerarse considerablemente gracias a la ayuda de órganos nacionales que disponen de una red de informaciones específicas.

(5)

La preparación y realización de las iniciativas que tome la Comunidad en relación con el empleo de las mujeres, con la mejora de la situación de las mujeres que trabajan en profesiones autónomas y en la agricultura, y con el fomento de la igualdad de oportunidades, requieren una estrecha colaboración con las instituciones especializadas de los Estados miembros.

(6)

Se requiere, por consiguiente, un marco institucionalizado que permita consultar regularmente a dichas instituciones.

(1)

Conforme al artículo 18 de la Directiva 2005/32/CE, la Comisión debe garantizar que, en el ejercicio de sus actividades, exista una participación equilibrada de los Estados miembros y de las partes interesadas respecto de cada medida de ejecución.

(2)

La Directiva 2005/32/CE prevé que dichas partes deben reunirse en un Foro consultivo. Por tanto, es necesario definir los cometidos y la estructura de dicho Foro.

(3)

El Foro consultivo debe ayudar a la Comisión a establecer un plan de trabajo, y debe contribuir a la definición y revisión de las medidas de ejecución, al control de la eficacia de los mecanismos de vigilancia del mercado establecidos y a la evaluación de los acuerdos voluntarios y otras medidas de autorregulación.

(4)

El Foro consultivo debe estar formado por representantes de los Estados miembros y las partes interesadas a las que afecte el producto o grupo de productos correspondiente, tales como la industria, incluidas las PYME y el sector de la artesanía, los sindicatos, los comerciantes, los minoristas, los importadores, los grupos de protección del medio ambiente y las organizaciones de consumidores.

(5)

Es preciso establecer disposiciones que regulen el deber de secreto de los miembros del Foro consultivo, sin perjuicio de las normas de seguridad que la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión (2) adjuntó al Reglamento interno de la Comisión.

(6)

Los datos personales relativos a los miembros del Foro consultivo deben ser tratados de conformidad con el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (3).

(1)

La Decisión 2000/572/CE de la Comisión (5) establece las condiciones zoosanitarias y de salud pública, así como la certificación veterinaria, aplicables a las importaciones en la Comunidad de preparados de carne procedentes de terceros países.

(2)

A raíz de la entrada en vigor de los Reglamentos (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 y (CE) no 854/2004 y del Reglamento (CE) no 2075/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne (6), es necesario modificar y actualizar las condiciones sanitarias y los requisitos de certificación comunitarios para las importaciones en la Comunidad de preparados de carne, a fin de introducir las referencias correctas a la nueva legislación.

(3)

El sistema informático veterinario integrado Traces (Trade Control and Expert System) fue introducido mediante la Decisión 2004/292/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, relativa a la aplicación del sistema Traces y por la que se modifica la Decisión 92/486/CEE (7). La normalización de los certificados sanitarios es esencial para el tratamiento informático de los certificados en el sistema Traces.

(4)

La Decisión 2007/240/CE de la Comisión, de 16 de abril de 2007, por la que se establecen nuevos certificados veterinarios para la introducción en la Comunidad de animales vivos, esperma, embriones, óvulos y productos de origen animal en el marco de las Decisiones 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE y 2006/168/CE (8), dispone que los diferentes certificados veterinarios, sanitarios y zoosanitarios exigidos para introducir en la Comunidad animales vivos, esperma, embriones, óvulos y productos de origen animal, así como los certificados para el tránsito a través de la Comunidad de productos de origen animal, se presentarán tomando como base los modelos únicos de certificado veterinario que figuran en el anexo I de dicha Decisión.

(5)

En consecuencia, procede sustituir los modelos de certificados que figuran en los anexos II y III de la Decisión 2005/572/CE por nuevos modelos a fin de garantizar la compatibilidad con Traces.

(6)

Con objeto de evitar cualquier perturbación del comercio, el uso de los certificados expedidos con arreglo a la Decisión 2000/572/CE antes de las modificaciones introducidas por la presente Decisión debe autorizarse durante un período de seis meses a partir de la fecha de aplicación de esta última. Dichos certificados deben aceptarse para la importación en la Comunidad durante un período de diez meses a partir de la fecha de aplicación de la presente Decisión.

(7)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2000/572/CE en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

(*1)   DO L 31 de 1.2.2002, p. 1."

(*2)   DO L 139 de 30.4.2004, p. 1. Versión corregida en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 3."

(*3)   DO L 139 de 30.4.2004, p. 55. Versión corregida en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 22."

(*4)   DO L 147 de 31.5.2001, p. 1.»."

2)

El artículo 4 bis se modifica como sigue:

3)

Los anexos II y III se sustituyen por el texto que figura como anexo de la presente Decisión.

(1)

La Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte (en lo sucesivo denominada «la Agencia») fue creada por la Decisión 2007/60/CE de la Comisión (2), de 26 de octubre de 2006, para que se encargara hasta el 31 de diciembre de 2008 de gestionar la acción de la Comunidad en el ámbito de la Red Transeuropea de Transporte, ejecutando las tareas relacionadas con la concesión de ayudas financieras comunitarias en ese ámbito de conformidad con el Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (3). Muchos de los proyectos enmarcados en esa acción no concluirán hasta bien pasado el 31 de diciembre de 2008.

(2)

La Agencia debe ser competente también para los proyectos que reciban ayuda financiera en virtud del Reglamento (CE) no 680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), dado que ese Reglamento financia para la Red Transeuropea de Transporte medidas similares a las del Reglamento (CE) no 2236/95, las cuales han sido ya delegadas a la Agencia.

(3)

La Agencia no debe encargarse de adoptar las decisiones concretas de concesión de las ayudas financieras comunitarias. No obstante, para aumentar el nivel de eficacia y efectividad en la ejecución del programa, la Comisión debe poder delegar en la Agencia la adopción de modificaciones en esas decisiones.

(4)

Es necesario, en particular, que la Agencia se encargue de las actividades relacionadas con los proyectos, y ello independientemente de la forma y modalidad que adopte la ayuda financiera comunitaria de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 680/2007. En cambio, todas las actividades relacionadas con el programa, como, por ejemplo, las de control o las de formulación de políticas, deben quedar excluidas de las tareas de la Agencia y mantenerse como competencia de la Comisión.

(5)

Es preciso también, para maximizar el valor añadido europeo del programa RTE-T, que la Agencia se haga cargo de medidas de acompañamiento que contribuyan a la eficacia y efectividad del programa, incluyendo la promoción de este entre todos los interesados y el aumento de su visibilidad ante la opinión pública de los Estados miembros y de los terceros países fronterizos. Entre tales medidas se contarían, en primer lugar, el lanzamiento de campañas de promoción y sensibilización orientadas a un fin o destino concreto, incluida la organización de jornadas, conferencias y talleres consagrados a la RTE-T, en segundo lugar, el anuncio y divulgación de resultados y mejores prácticas mediante la preparación y publicación, incluso por medios electrónicos, de comunicados de prensa, informes anuales, directrices para posibles solicitantes o folletos explicativos de «casos de éxito» y, en tercer lugar, la realización de las diligencias necesarias para la participación de representantes de la Agencia o de la Comisión en eventos de particular relevancia, como lo serían los actos de inauguración de infraestructuras de transporte.

(6)

La realización por un consultor externo de un análisis actualizado de los costes y beneficios ha puesto de manifiesto que los recursos administrativos de los que dispone actualmente la Agencia y, en particular, su dotación de personal requieren un significativo incremento. La Agencia ha de seguir constituyendo la opción que ofrezca la mejor relación coste/eficacia.

(7)

Es preciso, pues, modificar la Decisión 2007/60/CE para dar respuesta a esas necesidades.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité regulador de las agencias ejecutivas.

1)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

2)

En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

(*1)   DO L 228 de 23.9.1995, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1159/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 22.7.2005, p. 16)."

(*2)   DO L 162 de 22.6.2007, p. 1.»."

(1)

La iniciativa estratégica i2010, una iniciativa para el crecimiento y el empleo, se basa en las políticas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en la investigación y la innovación, para contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Esta iniciativa promueve la creación de una sociedad europea de la información y fomenta la prestación de unos servicios públicos, incluidos los de salud electrónica, de mejor calidad.

(2)

Los problemas actuales y futuros de los sistemas europeos de asistencia sanitaria pueden resolverse, por lo menos en parte, mediante el despliegue de soluciones basadas en tecnologías de la información y las comunicaciones debidamente probadas (salud electrónica). Uno de los requisitos principales para aprovechar las ventajas de la salud electrónica es una mayor cooperación en materia de interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones de salud electrónica de los Estados miembros. Los sistemas de historiales médicos electrónicos constituyen un elemento esencial de los sistemas de salud electrónica.

(3)

Los sistemas de historiales médicos electrónicos tienen la capacidad potencial de lograr una mayor calidad y seguridad de la información sanitaria que las formas tradicionales de historiales médicos. La interoperabilidad de los sistemas de historiales médicos electrónicos debe facilitar el acceso a la asistencia sanitaria e impulsar su calidad y seguridad en toda la Comunidad, proporcionando a pacientes y profesionales de la salud una información pertinente y actualizada al tiempo que se optimiza la protección de los datos personales y la confidencialidad. La intensificación de la cooperación transfronteriza en el ámbito de la salud electrónica exige la cooperación entre proveedores, compradores y reguladores de servicios de asistencia sanitaria en distintos Estados miembros. Al mismo tiempo, no todas las medidas relacionadas con la interoperabilidad llevan necesariamente a la armonización de la normativa que regula la organización y prestación de los servicios de asistencia sanitaria en los Estados miembros.

(4)

La falta de interoperabilidad de los sistemas de historiales médicos electrónicos es uno de los mayores obstáculos a la consecución de las ventajas económicas y sociales de la salud electrónica en la Comunidad. La fragmentación del mercado de la salud electrónica se ve agravada por la falta de interoperabilidad técnica y semántica. Los sistemas y normas de información y comunicación en el campo de la salud que se utilizan actualmente en los Estados miembros son a menudo incompatibles y no facilitan el acceso a información esencial para la prestación de una asistencia sanitaria segura y de buena calidad en distintos Estados miembros.

(5)

La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «La salud electrónica — hacia una mejor asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos: Plan de acción a favor de un Espacio Europeo de la Salud Electrónica» (1), presentada el 30 de abril de 2004, expone el potencial de los sistemas de salud electrónica y los principales desafíos para su despliegue a gran escala. El plan de acción esbozado en esta Comunicación aboga por una acción conjunta de la Comunidad y los Estados miembros en el ámbito de la interoperabilidad de los sistemas de historiales médicos electrónicos.

(6)

La Declaración de la Conferencia de alto nivel sobre salud electrónica celebrada en 2007 reconoció la importancia de emprender iniciativas conjuntas entre Estados miembros reforzando una gama de actividades ligadas a la interoperabilidad de los sistemas de historiales médicos electrónicos.

(7)

La Comisión respondió al informe del grupo de expertos independientes «Creación de una Europa innovadora» con la Comunicación titulada «Iniciativa en favor de los mercados líderes de Europa» (2), que centra su atención en la creación y comercialización de productos y servicios innovadores en los ámbitos industriales y sociales más pujantes, entre los que figura la salud electrónica. Uno de los objetivos principales de la iniciativa propuesta es impulsar la interoperabilidad de los sistemas de historiales médicos electrónicos, dado que los sistemas y normas de información y comunicación en el campo de la salud que se utilizan en la actualidad en los Estados miembros a menudo son incompatibles y, por tanto, representan una barrera al desarrollo de soluciones de las tecnologías de la información para la asistencia sanitaria rentables e innovadoras.

(8)

El 23 de mayo de 2007, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el impacto y las consecuencias de la exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (3). La Resolución invita a la Comisión a alentar a los Estados miembros a que presten un apoyo decidido a la introducción de la salud electrónica y la telemedicina, sobre todo desarrollando sistemas interoperables que permitan el intercambio de información sobre pacientes entre los proveedores de asistencia sanitaria de los distintos Estados miembros.

(9)

El objeto de la presente Recomendación es contribuir al desarrollo de una interoperabilidad global de la salud electrónica europea para finales de 2015.

(10)

La presente Recomendación respeta y observa los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, su artículo 7, sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar, y su artículo 8, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal.

(11)

Los historiales médicos se cuentan entre los registros de datos personales más sensibles. La divulgación no autorizada de una afección o diagnóstico médico puede repercutir negativamente en la vida personal y profesional de una persona. El mantenimiento de historiales médicos en formato electrónico eleva el riesgo de revelación accidental o distribución fácil de datos sobre pacientes a personas no autorizadas.

(12)

La interoperabilidad de los sistemas de historiales médicos electrónicos implica la transferencia de datos personales sobre la salud de los pacientes. Estos datos personales deben poder fluir libremente de un Estado miembro a otro, pero al mismo tiempo es preciso proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas. Por tanto, la presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones comunitarias en materia de protección de datos personales, contenidas básicamente en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4), y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (5).

(13)

La Comisión aboga por el desarrollo y la extensión del uso de las tecnologías de protección del derecho a la intimidad (PET) en el tratamiento de datos personales a través de redes de TIC en ámbitos pertinentes como el de la salud electrónica (6).