(1)

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

(1)

El Reglamento (CE) no 341/2007 de la Comisión (3) abre contingentes arancelarios, fija su modo de gestión e instaura un régimen de certificados de importación y de origen para los ajos y otros productos agrícolas importados de terceros países.

(2)

Las cantidades por las cuales los importadores tradicionales y los nuevos importadores han presentado solicitudes de certificados «A» en los cinco primeros días hábiles de abril de 2008, en virtud del artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 341/2007, rebasan las cantidades disponibles para los productos originarios de China y cualquier tercer país salvo China y Argentina.

(3)

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1301/2006, conviene determinar en qué medida las solicitudes de certificados «A» enviadas a la Comisión antes del 15 de abril de 2008 pueden ser satisfechas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (CE) no 341/2007.

(1)

En el Reglamento (CE) no 1109/2007 de la Comisión (3) se establecieron los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto y ciertos jarabes para la campaña 2007/2008. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (CE) no 316/2008 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión llevan a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

(1)

La Directiva 2004/36/CE introduce un planteamiento armonizado para la aplicación efectiva de las normas de seguridad internacionales en el territorio de la Comunidad, armonizando para ello las normas y los procedimientos de inspección en pista de las aeronaves de terceros países que aterricen en aeropuertos situados en los Estados miembros. Dispone que los Estados miembros deben someter a inspecciones en pista, conforme a un procedimiento armonizado, todas las aeronaves de terceros países que aterricen en cualquiera de sus aeropuertos abiertos al tráfico aéreo internacional, cuando se sospeche que infringen las normas internacionales de seguridad, y participar en la recogida y el intercambio de información sobre las inspecciones en pista efectuadas.

(2)

A fin de aprovechar al máximo los limitados recursos de que disponen las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros, estas deberían dar prioridad a las inspecciones en pista de ciertas categorías de operadores y de aeronaves que se consideren especialmente susceptibles de presentar deficiencias de seguridad.

(3)

Las medidas contempladas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido en el artículo 12 de Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo (2).

1)

«asignación de prioridad en las inspecciones en pista»: la afectación de una porción adecuada del número total de inspecciones en pista que un Estado miembro realice anualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del presente Reglamento;

2)

«sujeto»: un operador o todos los operadores de un determinado Estado y/o un tipo de aeronave y/o una determinada aeronave.

1)

aquellos sujetos que se considere entrañan un riesgo potencial de seguridad, según los análisis periódicos realizados por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA);

2)

los sujetos que, según se desprenda del dictamen emitido por el Comité de seguridad aérea en el contexto de la aplicación del Reglamento (CE) no 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), precisen de un control adicional para verificar, mediante inspecciones en pista sistemáticas, que efectivamente cumplen las oportunas normas de seguridad. Entre estos sujetos pueden figurar aquellos que hayan sido retirados de la lista de compañías aéreas sujetas a la prohibición de operar dentro de la Comunidad establecida en el Reglamento no 2111/2005 («la lista comunitaria»);

3)

aquellos sujetos que se determinen a partir de información facilitada a la Comisión por los Estados miembros o por la AESA, en aplicación del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2111/2005;

4)

las aeronaves con destino a la Comunidad explotadas por los operadores incluidos en el anexo B de la lista comunitaria;

5)

las aeronaves explotadas por otros operadores con licencia otorgada por el mismo Estado que haya otorgado la de cualquier otro operador que figure en la lista comunitaria.

(1)

El Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (2) establece un control de las importaciones de los productos que se recogen en su anexo XVII. Este control ha de efectuarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (3).

(2)

A efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 4, del Acuerdo sobre la Agricultura (4) celebrado en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, y sobre la base de los últimos datos disponibles para 2004, 2005 y 2006, es necesario modificar los volúmenes que activan la imposición de derechos adicionales a los pepinos y las cerezas, excepto las guindas.

(3)

Procede, pues, modificar el Reglamento (CE) no 1580/2007 en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

(1)

El Reglamento (CE) no 1924/2006 establece normas para el uso de declaraciones en el etiquetado, la presentación y la publicidad de alimentos.

(2)

Las solicitudes de autorización de declaraciones de propiedades saludables deben demostrar de forma adecuada y suficiente que la declaración de propiedades saludables se basa y fundamenta en pruebas científicas generalmente aceptadas, mediante la toma en consideración de la totalidad de los datos científicos disponibles y la ponderación de las pruebas.

(3)

Como se dispone en el artículo 15, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1924/2006, es necesario establecer normas de desarrollo sobre las solicitudes de declaración de propiedades saludables presentadas de conformidad con dicho Reglamento, incluidas disposiciones relativas a la preparación y la presentación de las solicitudes.

(4)

Las normas de desarrollo deben garantizar que el expediente de solicitud se recopila de manera que queden definidos y clasificados los datos científicos necesarios para que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria pueda evaluar las solicitudes.

(5)

Las normas de desarrollo constituyen esencialmente una guía de carácter general, por lo que el carácter y dimensión de los estudios necesarios para evaluar el mérito científico de la declaración pueden variar en función de la naturaleza de la misma.

(6)

Las solicitudes de declaración de propiedades saludables deben tener en cuenta los requisitos estipulados en el Reglamento (CE) no 1924/2006, en particular los principios y las condiciones generales que se indican en sus artículos 3 y 5. Cada solicitud de declaración de propiedades saludables debe presentarse de forma separada, caracterizando el tipo de solicitud.

(7)

La información y los documentos que deben proporcionarse de conformidad con el presente Reglamento se entienden sin perjuicio de cualquier información complementaria que pueda solicitar la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (la Autoridad) cuando proceda, como se establece en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1924/2006.

(8)

A petición de la Comisión, la Autoridad emitió un dictamen sobre orientaciones científicas y técnicas para la preparación y presentación de las solicitudes de autorización de declaraciones de propiedades saludables (2). Las solicitudes deben seguir las orientaciones de la Autoridad junto con las normas de desarrollo, para asegurar la armonización de la presentación de las solicitudes ante la Autoridad.

(9)

Con objeto de beneficiarse de la protección de datos, como estipula el artículo 21 del Reglamento (CE) no 1924/2006, las solicitudes de protección de datos protegidos por derechos de propiedad industrial deben estar justificadas y todos los datos deben mantenerse en una parte separada de la solicitud.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

las solicitudes de autorización presentadas de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) no 1924/2006, y

b)

las solicitudes de inclusión de una declaración en la lista que contempla el artículo 13, apartado 3, presentada de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (CE) no 1924/2006.

a)

consistirán principalmente en estudios sobre seres humanos y, en el caso de declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños, en estudios sobre niños;

b)

se presentarán según una jerarquía, en función del diseño del estudio, que refleje el peso relativo de las pruebas que puedan obtenerse de los distintos tipos de estudios.

a)

la población destinataria de la declaración de propiedades saludables prevista;

b)

la cantidad del nutriente u otra sustancia, o del alimento o la categoría de alimentos, y el patrón de consumo requeridos para obtener el efecto benéfico declarado;

c)

cuando proceda, una indicación destinada a las personas que deben evitar utilizar el nutriente u otra sustancia, o el alimento o la categoría de alimentos, que es objeto de la declaración de propiedades saludables;

d)

una advertencia sobre el nutriente u otra sustancia, o el alimento o categoría de alimentos, que pueda suponer un riesgo para la salud en caso de consumo excesivo;

e)

cualquier otra restricción de uso e instrucciones de preparación o uso.

(1)

La Directiva 2004/36/CE introduce un planteamiento armonizado de la aplicación efectiva de las normas de seguridad internacionales en el territorio de la Comunidad mediante la armonización de las normas y procedimientos de inspección en pista de las aeronaves de terceros países que aterricen en aeropuertos situados en los Estados miembros. Dispone que los Estados miembros deben realizar inspecciones en pista, conforme a un procedimiento armonizado, a las aeronaves de terceros países que aterricen en cualquiera de sus aeropuertos abiertos al tráfico aéreo internacional y participar en la recogida y el intercambio de información sobre las inspecciones en pista efectuadas.

(2)

Anteriormente, los Estados miembros podían cumplir en gran medida sus obligaciones derivadas de la Directiva 2004/36/CE mediante su participación voluntaria en el programa SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft o programa de evaluación de la seguridad de las aeronaves extranjeras) puesto en marcha en 1996 por la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC), cuya gestión se ha delegado a las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (AAC).

(3)

Desde el 1 de enero de 2007, el programa SAFA ha pasado a estar bajo competencia exclusiva de la Comunidad y ahora lo gestiona la Comisión, asistida por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 768/2006 de la Comisión, de 19 de mayo de 2006, que aplica la Directiva 2004/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo en lo relativo a la recogida y el intercambio de información sobre la seguridad de las aeronaves que utilicen los aeropuertos de la Comunidad y la gestión del sistema de información (2).

(4)

El programa SAFA deberá complementarse mediante medidas adecuadas destinadas a garantizar unas normas comunes para la realización de las inspecciones en pista, como un manual para inspecciones en pista.

(5)

El anexo II de la Directiva 2004/36/CE contiene solo criterios muy generales, ya que, en el momento de su adopción, se estaban publicando directrices técnicas y procedimientos detallados, que posteriormente eran aplicados con carácter voluntario por los Estados de la CEAC participantes en el programa SAFA, y que eran actualizados periódicamente por las AAC.

(6)

A la vista de la transferencia del programa SAFA a la Comunidad y de la mayor importancia que la Comisión atribuye a los resultados de las inspecciones en pista llevadas a cabo en aplicación del programa SAFA a la hora de tomar sus decisiones relativas a la inclusión de compañías aéreas en la lista de compañías aéreas prohibidas en la Comunidad, establecida con arreglo al Reglamento (CE) no 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de una lista comunitaria de las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la Comunidad y a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía operadora, y por el que se deroga el artículo 9 de la Directiva 2004/36/CE, se considera necesario especificar los elementos principales del manual para la realización de inspecciones en pista.

(7)

Los elementos principales del manual constituyen las normas fundamentales para la realización eficaz de las inspecciones en pista y, por consiguiente, deberían incluirse cuanto antes en el anexo II de la Directiva 2004/36/CE, que establece el procedimiento para la realización de las inspecciones en pista, en especial una vez que el programa SAFA ha sido transferido a la competencia comunitaria.

(8)

La AESA ha presentado una propuesta para modificar el anexo II de la Directiva 2004/36/CE, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 768/2006.

(9)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2004/36/CE en consecuencia.

(10)

Las medidas contempladas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité del artículo 12 del Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo (3).

(1)

En virtud del artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE, leído en relación con el anexo II de esa Directiva, se autorizó a Italia a aplicar en determinadas «zonas especialmente desfavorecidas» tipos reducidos del impuesto especial sobre el gasóleo y el GLP utilizados para calefacción. Esta excepción era aplicable hasta el 31 de diciembre de 2006.

(2)

Mediante carta de 17 de octubre de 2006, las autoridades italianas solicitaron autorización, en virtud del artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, para aplicar dentro de las mismas zonas geográficas tipos impositivos reducidos al gasóleo y al GLP utilizados para calefacción. Italia desea continuar, tras el 31 de diciembre de 2006, la práctica nacional que sigue en virtud de la mencionada excepción. La presente autorización se solicita para el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012.

(3)

Italia posee un territorio muy diverso, con condiciones climáticas y geográficas variables. En 1999, Italia elevó el nivel general de los impuestos especiales dentro de la reforma de su sistema tributario. Atendiendo a las particularidades de su territorio, Italia introdujo al mismo tiempo tipos impositivos reducidos para el gasóleo y el GLP, a fin de compensar parcialmente los costes de calefacción excesivamente elevados soportados por las personas residentes en determinadas zonas geográficas.

(4)

La diferenciación impositiva tiene por objeto situar a la población de las zonas beneficiarias en mayor pie de igualdad con el resto de la población italiana, reduciendo para ello los costes de calefacción excesivamente elevados. Italia ha determinado las zonas beneficiarias basándose en criterios objetivos, como son las condiciones climáticas de la zona y el acceso a la red de gas natural. Este último criterio denota las posibilidades de elección entre distintos combustibles de que dispone la población considerada.

(5)

Así, la reducción de impuestos es aplicable en zonas geográficas (municipios) que responden a alguno de los siguientes criterios: i) municipios comprendidos en la zona climática F según lo definido en el Decreto Presidencial no 412 de 1993 (2), esto es, municipios que sobrepasan los 3 000«grados-día», ii) municipios comprendidos en la zona E según lo definido en el Decreto Presidencial no 412 de 1993, esto es, municipios que presentan valores de entre 2 100 y 3 000«grados-día» (3), y iii) Cerdeña e islas pequeñas (todas las islas italianas, salvo Sicilia). El desarrollo de la red de gas natural reduciría de manera importante los costes adicionales de calefacción y, en particular, incrementaría las posibilidades de elección entre combustibles a disposición del consumidor, por lo que la reducción dejará de aplicarse en los municipios comprendidos en la segunda y tercera zonas mencionadas una vez que tengan acceso a la red de gas natural.

(6)

El rasgo común a estos municipios son los costes adicionales de calefacción que soportan frente al resto de Italia. En las zonas climáticas E y F, la reducción impositiva equivale, en promedio, al 11 %-12 % del precio del gasóleo y del GLP utilizados para calefacción. Los costes medios de calefacción son, debido a las condiciones climáticas, un 90 % superiores a la media nacional en la zona climática E y un 170 % superiores a la media nacional en la zona climática F. En el caso de las islas, los costes adicionales de calefacción, frente a los de la península italiana, se deben a sus particularidades geográficas, una oferta restringida de combustible y costes extra de transporte que encarecen los precios del combustible frente a los de la península italiana.

(7)

La reducción impositiva es siempre inferior a los costes adicionales de calefacción soportados por la población considerada, por lo que no redunda en una sobrecompensación. Más en concreto, las autoridades italianas han manifestado que la reducción impositiva no sobrepasa los costes adicionales soportados en las zonas E y F como consecuencia del frío clima. Asimismo, en relación con las islas, las autoridades han confirmado que la reducción impositiva no redunda en que los precios de los citados combustibles sean inferiores a los de esos mismos combustibles en la península.

(8)

Los tipos impositivos reducidos siguen siendo, tanto en lo que respecta al gasóleo como al GLP, superiores a los niveles impositivos mínimos de la Comunidad fijados en la Directiva 2003/96/CE.

(9)

La medida solo se aplica a la calefacción de locales (de particulares o empresas). No se aplica a otras formas de uso comercial de los citados productos.

(10)

Se considera que la medida no falsea la competencia, ni obstaculiza el funcionamiento del mercado interior y es compatible con la política comunitaria en materia de medio ambiente, energía y transporte.

(11)

En consecuencia, debe autorizarse a Italia, en virtud del artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2003/96/CE, a aplicar un tipo impositivo reducido al gasóleo y al GLP utilizados para calefacción en determinadas zonas geográficas caracterizadas por elevados costes de calefacción, conforme a lo especificado en el anexo de la presente Decisión, hasta el 31 de diciembre de 2012.

(12)

Es preciso garantizar que Italia pueda seguir aplicando la reducción específica a que se refiere la presente Decisión sin interrupción de la situación de que disfrutaba antes del 1 de enero de 2007, en virtud del artículo 18 de la Directiva 2003/96/CE, leído en relación con el anexo II de la misma. Por consiguiente, la autorización solicitada debe otorgarse con efectos a partir del 1 de enero de 2007.

(1)

El Secretario General adjunto del Consejo ha sido autorizado, mediante la Decisión 1999/870/CE (1) y la Decisión 2007/149/CE (2), a actuar, en el contexto de la integración del acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea, como representante de determinados Estados miembros a efectos de la celebración de contratos relativos a la instalación y al funcionamiento de la infraestructura de comunicación para el entorno de Schengen («Sisnet»), en espera de la migración a una estructura de comunicación a cargo de la Comunidad Europea, y a gestionar dichos contratos.

(2)

Las obligaciones financieras derivadas de dichos contratos están a cargo de un presupuesto específico (en lo sucesivo, «el presupuesto de Sisnet»), con el que se financia la infraestructura de comunicación a que hacen referencia esas Decisiones del Consejo.

(3)

La Confederación Suiza participará en las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen en una fecha que deberá fijar el Consejo de conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (3).

(4)

A partir de dicha fecha, la Confederación Suiza deberá participar en el presupuesto.

1)

El artículo 25, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

2)

El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente:

3)

Se añade un apartado al artículo 28:

(1)

El artículo 3, apartado 2, inciso i), letra d), y el artículo 4, apartado 2, inciso i), letra d), del Reglamento (CE) no 2037/2000 prohíben la producción, importación y puesta en el mercado de bromuro de metilo para todos los usos después del 31 de diciembre de 2004 excepto, entre otros (2), para usos críticos de conformidad con el artículo 3, apartado 2, inciso ii), y con los criterios que figuran en la Decisión IX/6 de las Partes en el Protocolo de Montreal y con cualesquiera otros criterios pertinentes acordados por las Partes. Las exenciones para usos críticos se consideran excepciones limitadas a fin de dejar un breve margen de tiempo para la adopción de alternativas.

(2)

Según la Decisión IX/6, el empleo de bromuro de metilo solo debería calificarse de «crítico» si el solicitante considera que su falta de disponibilidad para dicho uso específico puede provocar una importante alteración en el mercado y no existe ningún producto alternativo o sustitutivo técnica y económicamente viable para el usuario que sea aceptable desde el punto de vista ambiental y sanitario, y apropiado para los cultivos y las circunstancias de la propuesta. Asimismo, la producción y el consumo, si los hubiere, de bromuro de metilo para usos críticos solo debería permitirse si se han adoptado todas las medidas técnica y económicamente viables para minimizar el uso crítico y toda emisión asociada de bromuro de metilo. El solicitante debe demostrar también que se está haciendo un esfuerzo apropiado para evaluar, comercializar y garantizar la aprobación normativa nacional de productos alternativos o sustitutivos, y que existen programas de investigación para desarrollar y desplegar productos alternativos y sustitutivos.

(3)

La Comisión recibió seis propuestas de usos críticos de bromuro de metilo de dos Estados miembros: Polonia (12 995 kg) y España (232 151 kg), es decir un total de 245 146 kg.

(4)

La Comisión aplicó los criterios de la Decisión IX/6 y del artículo 3, apartado 2, inciso ii), del Reglamento (CE) no 2037/2000 para determinar la cantidad de bromuro de metilo que se puede autorizar para usos críticos en 2008. La Comisión, en consulta con los Estados miembros, llegó a la conclusión de que existían alternativas adecuadas en la Comunidad y que se habían generalizado en muchas Partes en el Protocolo de Montreal en el período transcurrido desde la compilación de las propuestas de usos críticos por los Estados miembros. Como consecuencia, la Comisión decidió que podían utilizarse 212 671 kg de bromuro de metilo en 2008 para satisfacer los usos críticos de cada uno de los Estados miembros que habían solicitado utilizar bromuro de metilo. Esta cantidad equivale al 1,1 % del consumo de bromuro de metilo de la Comunidad Europea en 1991 e indica que más del 98,9 % del bromuro de metilo se ha sustituido por alternativas. Las categorías de usos críticos se ajustan a las definidas en el cuadro A de la Decisión XIX/9 adoptada en la Decimonovena reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (3).

(5)

El artículo 3, apartado 2, inciso ii), establece que la Comisión también determine qué usuarios pueden beneficiarse de la exención para usos críticos. Como el artículo 17, apartado 2, dispone que los Estados miembros deben definir los requisitos mínimos de cualificación del personal que participa en la aplicación de bromuro de metilo, y como la fumigación es el único uso, la Comisión determinó que los fumigadores de bromuro de metilo serían los únicos usuarios propuestos por el Estado miembro y autorizados por la Comisión para emplear el bromuro de metilo para usos críticos. Los fumigadores están cualificados para aplicarlo con seguridad; los Estados miembros han establecido procedimientos para determinar los fumigadores autorizados dentro de su territorio a utilizar bromuro de metilo para usos críticos.

(6)

La Decisión IX/6 establece que la producción y el consumo de bromuro de metilo para usos críticos solo debería permitirse si no se dispone de bromuro de metilo procedente de existencias almacenadas o recicladas. El artículo 3, apartado 2, inciso ii), dispone que la producción y la importación de bromuro de metilo solamente se permitirán si ninguna de las Partes en el Protocolo dispone de bromuro de metilo reciclado o regenerado. De conformidad con la Decisión IX/6 y el artículo 3, apartado 2, inciso ii), la Comisión determinó que 6 296,744 kg de existencias se encontraban disponibles para usos críticos.

(7)

El artículo 4, apartado 2, inciso ii), establece que, salvo lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, la puesta en el mercado y el uso de bromuro de metilo por parte de empresas distintas de los productores e importadores están prohibidos desde el 31 de diciembre de 2005. El artículo 4, apartado 4, establece que el artículo 4, apartado 2, no se aplicará a la puesta en el mercado ni al uso de sustancias reguladas si se usan para satisfacer las solicitudes autorizadas para usos críticos de usuarios identificados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2.

Por consiguiente, además de los productores e importadores, los fumigadores registrados por la Comisión en 2008 recibirán autorización para comercializar bromuro de metilo y utilizarlo para usos críticos después del 31 de diciembre de 2007. En general, los fumigadores recurren a los importadores en relación tanto con la importación como con el suministro de bromuro de metilo. Podría permitirse a los fumigadores registrados para usos críticos por la Comisión en 2007 que transfirieran a 2008 las cantidades de bromuro de metilo no utilizadas en 2007 («existencias»). La Comisión Europea ha puesto en marcha procedimientos de autorización para descontar esas existencias de bromuro de metilo antes de que puedan importarse o producirse cantidades adicionales para satisfacer las solicitudes autorizadas para usos críticos en 2008.

(8)

Como los usos críticos del bromuro de metilo son aplicables desde el 1 de enero de 2008, y con el fin de que las empresas y operadores interesados puedan beneficiarse del régimen de autorizaciones, es conveniente que la presente Decisión sea aplicable desde la citada fecha.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 18 del Reglamento (CE) no 2037/2000.

(1)

El artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1258/1999, y el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005, disponen que la Comisión debe realizar las comprobaciones necesarias, comunicar a los Estados miembros los resultados de sus comprobaciones, tomar nota de las observaciones de los Estados miembros, convocar reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y comunicarles oficialmente sus conclusiones.

(2)

Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura de un procedimiento de conciliación y, al haberse hecho uso de ella en algunos casos, la Comisión ha examinado el informe elaborado al término del procedimiento.

(3)

En virtud del Reglamento (CE) no 1258/1999 y del Reglamento (CE) no 1290/2005, únicamente puede financiarse el gasto agrícola que haya sido efectuado sin infringir las normas comunitarias.

(4)

De las comprobaciones efectuadas, de los resultados de las reuniones bilaterales y de los procedimientos de conciliación se desprende que una parte de los gastos declarados por los Estados miembros no cumplen esa condición y, por consiguiente, no pueden ser financiados por la Sección de Garantía del FEOGA ni por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, denominado en lo sucesivo FEAGA.

(5)

Procede indicar los importes cuya financiación no asumen la Sección de Garantía del FEOGA ni el FEAGA, los cuales no corresponden a gastos efectuados antes de los 24 meses que precedieron a la comunicación escrita de los resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros.

(6)

En los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes rechazados por no ajustarse a las normas comunitarias ha sido comunicado por la Comisión a los Estados miembros en un informe de síntesis.

(7)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia en asuntos que se encontrasen pendientes en la fecha del 15 de diciembre de 2007 y que se refieran a aspectos contemplados en la misma.

(1)

La Decisión 2006/502/CE de la Comisión (2) exige a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que solo se comercialicen encendedores con seguridad para niños y que prohíban la comercialización de encendedores de fantasía.

(2)

La Decisión 2006/502/CE fue adoptada de conformidad con las disposiciones del artículo 13 de la Directiva 2001/95/CE, que restringe la validez de la Decisión a un período no superior a un año, pero permite su revalidación por períodos adicionales que no podrán ser superiores a un año.

(3)

La Decisión 2006/502/CE fue modificada por la Decisión 2007/231/CE, que por primera vez prolongó la validez de la Decisión por un año, hasta el 11 de mayo de 2008.

(4)

A la luz de la experiencia adquirida hasta la fecha y de los progresos logrados con vistas a una solución alternativa por lo que respecta a la seguridad para niños de los encendedores, es preciso prolongar la validez de la Decisión por otros 12 meses.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por la Directiva 2001/95/CE.