18.4.2008   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 108/1

(1)

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

18.4.2008   

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L 108/3

(1)

El artículo 33, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1254/1999 establece que la diferencia entre los precios en el mercado mundial y los precios en la Comunidad de los productos enumerados en el artículo 1 de dicho Reglamento puede compensarse mediante una restitución por exportación.

(2)

Atendiendo a la situación actual del mercado de la carne de vacuno, las restituciones por exportación deben fijarse de conformidad con las normas y criterios contemplados en el artículo 33 del Reglamento (CE) no 1254/1999.

(3)

El artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1254/1999 dispone que las restituciones podrán variar en función del destino, cuando la situación del mercado mundial o las necesidades específicas de determinados mercados así lo exijan.

(4)

La restitución debe limitarse a los productos que puedan circular libremente en el interior de la Comunidad y que lleven la marca sanitaria contemplada en el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (2). Estos productos deben cumplir también los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (3), y del Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano (4).

(5)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (CEE) no 1964/82 de la Comisión, de 20 de julio de 1982, por el que se establecen las condiciones de concesión de restituciones especiales a la exportación para determinadas carnes de vacuno deshuesadas (5), debe reducirse el porcentaje de la restitución especial si la cantidad destinada a ser exportada es inferior al 95 % de la cantidad total en peso de los trozos procedentes del deshuesado, aunque sin ser inferior al 85 % de la misma.

(6)

Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 36/2008 de la Comisión (6) debe ser derogado y sustituido por un nuevo reglamento.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la carne de bovino.

18.4.2008   

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L 108/7

(1)

El Reglamento (CE) no 581/2004 de la Comisión, de 26 de marzo de 2004, por el que se abre una licitación permanente relativa a las restituciones por exportación para determinados tipos de mantequilla (2), establece un procedimiento de licitación permanente.

(2)

Con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 580/2004 de la Comisión, de 26 de marzo de 2004, por el que se establece un procedimiento de licitación relativo a las restituciones por exportación para determinados productos lácteos (3), y tras un examen de las ofertas presentadas en respuesta a la invitación a licitar, procede no conceder ninguna restitución para el período de licitación que concluye el 15 de abril de 2008.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

18.4.2008   

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L 108/8

(1)

El Reglamento (CEE) no 94/92 de la Comisión, de 14 de enero de 1992, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importaciones de terceros países contemplado en el Reglamento (CEE) no 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (2), ha sido modificado en diversas ocasiones (3) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

El Reglamento (CEE) no 2092/91 establece que los productos importados de un tercer país podrán comercializarse cuando sean originarios de un tercer país aplicando normativa de producción e inspección equivalente a la de la Comunidad que figure en una lista que deberá confeccionar la Comisión.

(3)

Es necesario confeccionar dicha lista. Asimismo, es necesario precisar las normas para el procedimiento de examen de las solicitudes de inclusión en la lista presentada por los terceros países.

(4)

Para que el régimen funcione, es necesario determinar los organismos de cada uno de los terceros países encargados de expedir el certificado de inspección a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) no 2092/91.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité a que se refiere el artículo 14, apartado 1, apartado del Reglamento (CEE) no 2092/91.

a)

la autoridad o los organismos encargados, en el tercer país de que se trate, de la expedición de los certificados de control para la importación en la Comunidad;

b)

la autoridad o las autoridades de control en el tercer país y/o los organismos privados autorizados por ese país para efectuar el control de los operadores.

—

las unidades de transformación y acondicionamiento y los exportadores sujetos al régimen de control,

—

los productos cubiertos por dicho régimen.

a)

los tipos y, si es posible, la estimación de las cantidades de productos agrarios y alimenticios destinados a ser exportados a la Comunidad bajo el régimen del artículo 11, apartados 3 y 4;

b)

las normas de producción aplicadas en ese tercer país y, especialmente:

c)

las características del régimen de control y la organización práctica del control en el tercer país:

d)

si se dispone de ellos, los informes de expertos independientes sobre las inspecciones in situ realizadas para comprobar la aplicación efectiva de las normas de producción y de control contempladas en las letras b) y c).

18.4.2008   

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L 108/18

(1)

El Reglamento (CE) no 1484/95 de la Comisión (4), estableció las disposiciones de aplicación del régimen de derechos adicionales de importación y fijó los precios representativos de los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

(2)

Según se desprende del control periódico de los datos en que se basa el establecimiento de los precios representativos de los productos de los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina, es preciso modificar los precios representativos de determinados productos, teniendo en cuenta las variaciones de precios según el origen de los mismos. Es necesario, por consiguiente, publicar los precios representativos.

(3)

Habida cuenta de la situación del mercado, es preciso aplicar esta modificación con la mayor brevedad posible.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la carne de las aves de corral y de los huevos.

18.4.2008   

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L 108/20

(1)

En el artículo 31, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1255/1999 se establece que la diferencia entre los precios en el comercio internacional de los productos contemplados en el artículo 1, letras a), b), c), d), e) y g), de ese mismo Reglamento y los precios comunitarios podrá compensarse mediante una restitución por exportación.

(2)

En el Reglamento (CE) no 1043/2005 de la Comisión, de 30 de junio de 2005, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo en lo que se refiere al régimen de concesión de restituciones a la exportación para determinados productos agrícolas exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, y los criterios para la fijación de su importe (2), se determina para cuáles de estos productos es preciso fijar un tipo de restitución aplicable a su exportación en forma de mercancías incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1255/1999.

(3)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1043/2005, es preciso fijar cada mes el tipo de la restitución por 100 kilogramos de cada uno de los productos de base en cuestión.

(4)

Sin embargo, en el caso de determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, si se fijan por adelantado restituciones a la exportación elevadas, existe el riesgo de poner en peligro los compromisos adquiridos en relación con dichas restituciones. Por consiguiente, a fin de evitar dicho riesgo, es necesario tomar las medidas preventivas adecuadas, sin impedir por ello la celebración de contratos a largo plazo. La fijación de tipos de restitución específicos para la fijación anticipada de restituciones en relación con los productos mencionados permitiría cumplir ambos objetivos.

(5)

En el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1043/2005 se establece que, a efectos de la fijación de los tipos de restitución, es preciso tener en cuenta, cuando proceda, las restituciones a la producción, las ayudas y las demás medidas de efecto equivalente que sean aplicables en todos los Estados miembros, con arreglo a las disposiciones del Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de que se trate, en lo que se refiere a los productos de base contemplados en el anexo I del Reglamento (CE) no 1043/2005 o productos asimilados.

(6)

Con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1255/1999, se contempla el pago de una ayuda a la leche desnatada producida en la Comunidad y transformada en caseína si tal leche y la caseína producida con ella cumplen determinadas condiciones.

(7)

En el Reglamento (CE) no 1898/2005 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2005, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas para la salida al mercado comunitario de la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada (3), se establece que las industrias que fabrican determinados productos deben tener acceso a mantequilla y nata a precios reducidos.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

18.4.2008   

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L 108/23

(1)

La medida que aquí se examina fue notificada por Portugal el 20 de junio de 2006. Por carta de 6 de julio del mismo año, la Comisión pidió a Portugal información complementaria y, en aplicación del artículo 4, apartado 5, del Reglamento (CE) no 659/1999 (2), propuso prorrogar el plazo para la adopción de las decisiones en materia de ayudas estatales hasta tomar una decisión sobre otra medida análoga que había sido notificada previamente por el Estado miembro y que se encontraba todavía en fase de examen (3). Por carta de 25 de julio de 2006, Portugal aceptó esa propuesta.

(2)

Por carta de 11 de mayo de 2007, la Comisión reanudó el examen de la medida notificada y recordó a Portugal que esta notificación seguía sin estar completa. Portugal facilitó datos complementarios por cartas de 5 y de 26 de julio de 2007.

(3)

Por carta de 10 de agosto de 2007, la Comisión notificó a Portugal su decisión de incoar contra esa medida el procedimiento que dispone el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

(4)

Por carta de 17 de septiembre de 2007, las autoridades portuguesas presentaron sus observaciones en el marco de ese procedimiento.

(5)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4). La Comisión invitó a los interesados a que presentaran sus observaciones, pero no hubo ninguno que así lo hiciera.

(6)

Las ayudas estaban destinadas a la sociedad Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (ENVC), astillero portugués que emplea actualmente a cerca de 1 000 trabajadores.

(7)

Portugal proponía conceder a ENVC ayudas directas por un importe de 6 575 558 euros en relación con siete contratos de construcción naval que se habían firmado entre el 4 de febrero y el 31 de marzo de 2005. A continuación figuran los datos de esos contratos y la ayuda propuesta para cada uno:

(8)

De acuerdo con los datos que figuran en la notificación, el astillero presentó la solicitud de ayuda para los siete contratos en julio de 2005, es decir, con posterioridad a la firma de éstos, y Portugal aprobó las ayudas, a condición de que la Comisión las autorizara, por una orden conjunta de 7 de agosto de 2006 del Ministério das Finanças e da Administração Pública y del Ministério da Economia e da Inovação.

(9)

Estaba previsto que los buques fueran entregados en las fechas siguientes:

(10)

Portugal se propone conceder las ayudas al amparo del Reglamento (CE) no 1177/2002 del Consejo, relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción naval (5) (en lo sucesivo «Reglamento MDT»), modificado por el Reglamento (CE) no 502/2004 del Consejo (6). Dado que el Reglamento MDT entró en vigor el 3 de julio de 2002 y expiró el 31 de marzo de 2005, ya no se encontraba en vigor en el momento en que Portugal aprobó y notificó las ayudas.

(11)

Portugal alega que los contratos están cubiertos por el Reglamento MDT puesto que se firmaron durante su vigencia.

(12)

En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, la Comisión expresó sus dudas sobre la posibilidad de basar en el Reglamento MDT la compatibilidad de las ayudas con el Mercado Común.

(13)

En primer lugar, la Comisión manifestó tener dudas en cuanto al efecto incentivador de las ayudas, destacando que su solicitud no se había presentado sino después de la firma de los contratos y que Portugal sólo había aprobado las ayudas a nivel interno (condicionándolas a la autorización de la Comisión) y sólo cuando ya había transcurrido más de un año desde la presentación de la solicitud. Portugal, además, no había presentado prueba alguna que demostrara que ENVC hubiese recibido en el momento de la firma de los contratos garantías de que fuera a recibir una ayuda estatal. Estas circunstancias llevaban a la Comisión a dudar de que ENVC hubiese sido inducida por la existencia de esas ayudas a acometer la realización de los proyectos.

(14)

En segundo lugar, la Comisión puso en duda la base jurídica para la aprobación de las ayudas al observar que la vigencia del Reglamento MDT había concluido el 31 de marzo de 2005, antes, por tanto, de que Portugal aprobara y notificara la medida. La Comisión señaló también que, en su decisión relativa al procedimiento C 26/2006 (ex N 110/2006) (7), había explicado pormenorizadamente el motivo por el que consideraba que ese Reglamento no podía seguir siendo una base jurídica válida para la autorización de nuevas ayudas de funcionamiento al sector de la construcción naval. Portugal, además, no había presentado a la Comisión en esa fase ninguna información nueva que pudiese alterar su opinión y hacerle considerar que las ayudas fuesen compatibles con el Mercado Común.

(15)

En lo que atañe a los contratos considerados, Portugal señaló, con carácter general, que ENVC, además de hallarse en competencia con algunos astilleros extracomunitarios, se enfrentaba, en particular, a la competencia desleal de los astilleros coreanos, que era precisamente la situación que trataba de combatir el Reglamento MDT. Indicó, asimismo, que los contratos en cuestión no falseaban ni amenazaban falsear la competencia en la EU, ya que todos los astilleros comunitarios tenían igual acceso a las ayudas concedidas en virtud del Reglamento MDT, que era directamente aplicable en todos los Estados miembros. Por consiguiente, no podía considerarse que las medidas notificadas afectaran a los intercambios comerciales entre aquéllos.

(16)

En cuanto al efecto incentivador de las ayudas, Portugal alegó que, por causa de diferentes aspectos relacionados con las negociaciones, había sido materialmente imposible para ENVC presentar antes de la firma de los contratos una solicitud de ayuda debidamente justificada: los contactos con los armadores se habían iniciado antes de la solicitud de ayuda presentada por ENVC. Portugal adujo también que, aunque ENVC había firmado los contratos sin la garantía pública de que recibiría ayuda, el astillero negoció y firmó los contratos y construyó los buques con la expectativa de que tanto las autoridades portuguesas como la Comisión autorizarían las ayudas por cumplirse las condiciones objetivas necesarias para beneficiarse de ellas.

(17)

Por lo que respecta a la base jurídica para la autorización de las ayudas, las autoridades portuguesas se remitieron a las observaciones que habían presentado en el marco del procedimiento C 26/2006 (8) y que consideraban aplicables al presente caso. Portugal señaló que los contratos aquí considerados se firmaron durante el período de aplicación del Reglamento MDT, es decir, antes del 31 de marzo de 2005 y antes de que el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC hubiese adoptado el informe del panel que denunciaba ese Reglamento. Portugal declaró también que no había sido posible notificar las ayudas antes de que el reglamento expirara, ya que los contratos no se habían firmado hasta febrero y marzo de 2005 (es decir, poco antes de que expirara el Reglamento MDT). Portugal consideraba, sin embargo, que esa circunstancia no anulaba la validez de los contratos, los cuales cumplían en el momento de su firma las condiciones objetivas previstas en el citado reglamento.

(18)

Como dispone el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, son «incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(19)

La Comisión considera que las medidas propuestas constituyen ayudas estatales a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Las medidas presentan la forma de una subvención financiada con recursos estatales. A pesar de que, como alega Portugal, el Reglamento MDT fuera aplicable en todos los Estados miembros y de que todos los astilleros pudieran acogerse a las ayudas en él enmarcadas, las medidas examinadas tienen un carácter selectivo dado que, en este caso, se limitan a la sociedad ENVC. Esta subvención selectiva puede falsear la competencia ya que ofrece a esa sociedad una ventaja de la que no se benefician otros competidores. A este respecto, el hecho de que ENVC estuviera en competencia con los astilleros coreanos no significa que no lo estuviera también con respecto a otros astilleros del Mercado Común. Además, teniendo en cuenta que la construcción naval es una actividad económica con un significativo volumen de comercio entre los Estados miembros, las medidas examinadas pueden afectar a los intercambios comerciales entre ellos.

(20)

La Comisión confirma, por tanto, que las ayudas notificadas entran en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

(21)

Como principio general, las ayudas estatales sólo pueden considerarse compatibles con el Mercado Común si son necesarias para hacer que las empresas beneficiarias actúen de una forma que contribuya a la consecución de los objetivos previstos en la excepción que sea aplicable en cada caso (9).

(22)

La Comisión señala a este respecto que el objetivo del Reglamento MDT era «permitir a los astilleros comunitarios superar de forma eficaz la competencia desleal de Corea» (sexto considerando). Así, si un astillero coreano competía por un contrato ofreciendo precios inferiores, se podían autorizar ayudas directas por un importe máximo igual al 6 % del valor contractual, antes de la ayuda (artículo 2).

(23)

Portugal alega que, aunque ENVC no tuviera a la firma de los contratos ninguna garantía de que fuera a recibir las ayudas, sí albergaba expectativas de poder recibirlas dado que los contratos cumplían las condiciones objetivas necesarias para acogerse al Reglamento MDT.

(24)

La Comisión considera, sin embargo, que sigue sin probarse suficientemente el carácter determinante que tenían las ayudas para que ENVC firmara los contratos.

(25)

Como ya se indicaba en la decisión de incoar el procedimiento de investigación, Portugal presentó la copia de la carta de un armador que afirmaba haber recibido de algún astillero coreano propuestas de precios inferiores para seis de los contratos considerados (buques C 228 a C 233). Sin embargo, esa carta está fechada el 9 de marzo de 2005, lo que significa que se envió a ENVC después de que esta sociedad hubiera firmado ya los contratos a los que se dirigían esas propuestas. De ello se desprende que, en el momento de la firma de los seis primeros contratos, ENVC no tenía la certeza de que éstos cumplieran todas las condiciones de subvencionabilidad necesarias. En cuanto al séptimo contrato (buque C 210), la situación parece también dudosa puesto que la información de que se hubieran recibido propuestas coreanas con precios inferiores no se envió a ENVC hasta el 31 de marzo de 2005, es decir, el mismo día en que el astillero firmó el contrato.

(26)

Portugal no ha presentado ninguna prueba, ni formal ni informal, de que las autoridades portuguesas indicaran a ENVC antes de la firma de los contratos la posibilidad de obtener ayudas para ellos (10). Parece, por el contrario, que ENVC estaba dispuesta a ejecutar esos contratos incluso sin tener garantías de que fuera a recibir alguna ayuda. Es más, en el documento que presentó al incoarse el procedimiento de investigación, Portugal afirmaba que ENVC estaba jurídicamente obligada a construir los buques, con independencia de que las ayudas llegaran o no a autorizarse, y añadía que ENVC no había solicitado las ayudas sino después de haber expirado el Reglamento MDT, lo que parece confirmar que el astillero estaba dispuesto a ejecutar los proyectos a pesar del riesgo de no verse concedidas finalmente las ayudas.

(27)

Como regla general, la Comisión considera que, para que una ayuda tenga efectos incentivadores, es preciso que su solicitud se presente antes de iniciarse el proyecto (11). Tal condición no se cumple en este caso: la solicitud se presentó después de la firma de los contratos (es decir, en julio de 2005, mientras que éstos se firmaron en febrero y marzo del mismo año). Además, Portugal sólo aprobó las ayudas a nivel interno (supeditándolas a la autorización de la Comisión) y sólo después de que hubiera transcurrido más de un año desde la presentación de la solicitud. Esto indica que tampoco desde un punto de vista formal se cumple el requisito del efecto incentivador de las medidas.

(28)

Por todo ello, la Comisión concluye que Portugal no ha presentado pruebas suficientes del efecto incentivador de las ayudas.

(29)

En lo que atañe a la base jurídica de la autorización de las ayudas, Portugal no ha presentado ningún argumento nuevo que elimine las dudas expresadas por la Comisión en su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. El principal argumento de Portugal a este respecto es que los contratos eran aptos para recibir ayuda dado que se firmaron durante el período de vigencia del Reglamento MDT. Portugal aduce, asimismo, que el hecho de que las ayudas no se notificaran sino después de la expiración de ese reglamento no tiene efecto alguno en la subvencionabilidad de los contratos objeto de las ayudas.

(30)

En una decisión anterior (12), sin embargo, la Comisión expuso ya el motivo por el que consideraba que el Reglamento MDT no podía seguir constituyendo una base jurídica válida para la autorización de nuevas ayudas de funcionamiento en favor de la construcción naval.

(31)

La Comisión subraya que la aplicación temporal del Reglamento MDT figura expresamente en su artículo 5 (13), según el cual este acto «expirará el 31 de marzo de 2005». El hecho de que el artículo 4 del mismo reglamento establezca que las disposiciones de éste se apliquen a «los contratos definitivos firmados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y hasta su expiración» es, en opinión de la Comisión, una condición de compatibilidad y no una simple definición de la aplicación temporal del reglamento.

(32)

Tal conclusión se ve confirmada por la segunda parte del artículo 4, que dispone que el Reglamento MDT no se aplique a «los contratos definitivos firmados antes de que la Comisión comunique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas que ha iniciado el procedimiento de solución de diferencias con Corea (…)» ni a «los contratos definitivos firmados un mes o más después de que la Comisión comunique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la resolución o suspensión del procedimiento de solución de diferencias».

(33)

Es evidente sobre estas bases que el Reglamento MDT sólo sería aplicable en caso de que existiese un litigio con Corea (14) y únicamente hasta el 31 de marzo de 2005 inclusive.

(34)

Esta interpretación se apoya también en el propio objetivo con el que se concibió el Reglamento MDT. Tal objetivo figura en su tercer considerando: «(…) como medida excepcional y temporal, y para ayudar a los astilleros comunitarios en aquellos segmentos que hayan sufrido las repercusiones negativas en forma de graves perjuicios por la competencia desleal de Corea, se autorizará un mecanismo defensivo temporal para determinados segmentos de mercado y únicamente durante un período limitado y breve » (15).

(35)

En el presente caso, tanto la fecha en que ENVC presentó su solicitud de ayuda a las autoridades portuguesas, como la fecha en que éstas aprobaron la solicitud y aquélla en que se la notificaron a la Comisión fueron, las tres, posteriores a la fecha de expiración del Reglamento MDT. Las medidas de ayuda se hallan así claramente fuera del ámbito de aplicación temporal de ese reglamento.

(36)

La Comisión señala también que, como ya expuso en su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal en este caso, la interpretación del Reglamento MDT tiene que tener en cuenta las obligaciones internacionales de la Comunidad. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la normativa comunitaria debe ser interpretada, en todo lo que sea posible, de forma coherente con la normativa internacional y con las obligaciones de la Comunidad Europea en el ámbito de la OMC (16).

(37)

En este contexto, la Comisión recuerda que Corea denunció la incompatibilidad del Reglamento MDT con las normas de la OMC. El 22 de abril de 2005, un panel de esa Organización emitió un informe según el cual el Reglamento MDT y diversos regímenes nacionales adoptados en su ámbito — existentes en la fecha en que Corea presentó su denuncia a la OMC — eran contrarios a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (17). El 20 de junio de 2005, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC aprobó el informe elaborado por ese panel, recomendando a la Comunidad la adopción de medidas para que el Reglamento MDT y los regímenes nacionales adoptados a su amparo fueran compatibles con las obligaciones comunitarias en virtud de los Acuerdos de dicha Organización (18). El 20 de julio del mismo año, la Comunidad informó al Órgano de que ya había cumplido su decisión y sus recomendaciones al haber puesto fin a la vigencia del Reglamento MDT desde el 31 de marzo anterior, excluyendo así la posibilidad de que los Estados miembros concedieran más ayudas de funcionamiento en virtud de ese reglamento.

(38)

Así pues, tanto el informe del panel como la decisión del Órgano de adoptar este informe condenaron el Reglamento MDT por infringir las normas de la OMC y obligaron a la Comunidad a dejar de aplicarlo. Esta obligación incluía igualmente cualquier futura decisión de concesión de nuevas ayudas en el marco de ese reglamento (19). El hecho de que la Comunidad informara al Órgano de que ya estaba garantizada la conformidad de su normativa con la decisión y las recomendaciones por él adoptadas (dado que el Reglamento MDT había expirado el 31 de marzo de 2005 y que los Estados miembros no podían ya conceder ayudas de funcionamento a su amparo) supuso asumir el compromiso de no volver a autorizar en su marco ninguna nueva ayuda. Por ello, la aprobación, en su caso, de las ayudas aquí examinadas vendría a infringir los compromisos internacionales de la Comunidad.

(39)

El hecho de que el Consejo no prorrogara el Reglamento MDT al término de su vigencia constituye una clara indicación de su propósito de no autorizar más a la Comisión la aprobación de nuevas ayudas al amparo de ese reglamento. Tal indicación vino a confirmarse cuando la Comunidad notificó al Órgano de Solución de Diferencias la imposibilidad de que los Estados miembros siguieran concediendo ayudas de funcionamiento en virtud del repetido reglamento.

(40)

Portugal no ha presentado nuevos argumentos que cuestionen la opinión expresada por la Comisión en su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal y reiterada en los apartados anteriores.

(41)

La Comisión, por lo tanto, concluye que las ayudas notificadas no pueden ser aprobadas al amparo del Reglamento MDT. Dado que tampoco es aplicable en este caso ninguna de las excepciones dispuestas en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE, las ayudas deben considerarse incompatibles con el Mercado Común.

18.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 108/29

(1)

Se ha comunicado a la Comisión que el Tribunal Supremo de El Salvador, en su sentencia de 28 de octubre de 2007 en los casos 63-2007 y 69-2007, declaró que algunas disposiciones del Convenio no 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo eran incompatibles con el artículo 47 de la Constitución de El Salvador.

(2)

En el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 980/2005, se prevé la posibilidad de suspender temporalmente el régimen especial de estímulo a que se refiere el capítulo II, sección 2, de dicho Reglamento, en particular en caso de que la legislación nacional del país afectado deje de incorporar los convenios a que se refiere el anexo III del Reglamento que han sido ratificados en cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 9, apartados 1 y 2, o si dicha legislación no se aplica de manera efectiva.

(3)

El Convenio no 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo se menciona en el anexo III, parte A, punto 14, del Reglamento (CE) no 980/2005.

(4)

La Comisión ha efectuado un examen preliminar de la sentencia del Tribunal Supremo de El Salvador en los casos 63-2007 y 69-2007 y ha determinado que es necesario seguir analizando los efectos jurídicos de dicha sentencia a fin de determinar si con ellos se justifica una suspensión temporal del régimen especial de estímulo. Por consiguiente, la Comisión considera que existen suficientes motivos para efectuar una investigación.

(5)

El 3 de marzo de 2008 se consultó al Comité de preferencias generalizadas.

18.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 108/30

(1)

En el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE se establece que un Estado miembro puede autorizar, durante un período de 12 años a partir de la fecha de notificación de dicha Directiva, la comercialización de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas no incluidas en el anexo I de la misma, ya comercializadas dos años después de dicha fecha de notificación, mientras esas sustancias se van examinando gradualmente en el marco de un programa de trabajo.

(2)

En los Reglamentos (CE) no 1112/2002 (2) y (CE) no 2229/2004 (3) de la Comisión se establecen las disposiciones detalladas de aplicación de la cuarta fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE.

(3)

La rotenona, el extracto de Equisetum y el clorhidrato de quinina son sustancias designadas en la cuarta fase del programa.

(4)

Los únicos notificantes de rotenona, extracto de Equisetum y clorhidrato de quinina comunicaron a la Comisión el 5 de enero de 2007, el 15 de febrero de 2007 y el 20 de junio de 2007, respectivamente, que ya no deseaban participar en el programa de trabajo sobre estas sustancias activas, por lo que no se presentará más información. Por consiguiente, estas sustancias activas no deben incluirse en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

(5)

Con respecto a la rotenona, se ha presentado información que ha sido evaluada por la Comisión junto con expertos de los Estados miembros y que ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir utilizando dichas sustancias. Por tanto, en estas circunstancias procede ampliar el plazo para la retirada de las autorizaciones en el caso de determinados usos esenciales para los que no hay alternativas eficaces y prever condiciones estrictas con el fin de minimizar los posibles riesgos.

(6)

En cuanto a las sustancias activas respecto a las cuales solo se dispone de un breve plazo de preaviso para la retirada de los productos fitosanitarios que las contengan, es razonable prever un plazo para la eliminación, el almacenamiento, la comercialización y la utilización de las existencias actuales limitado a un máximo de 12 meses, a fin de que dichas existencias no se puedan utilizar en más de otro período vegetativo. En los casos en que esté previsto un plazo de preaviso más largo, dicho plazo podrá reducirse para que termine al final del período vegetativo.

(7)

La presente Decisión no prejuzga la presentación de una solicitud de inclusión de estas sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE con arreglo a lo dispuesto en su artículo 6, apartado 2.

(8)

Las medidas establecidas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

se retiren las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan las sustancias activas enumeradas en el anexo I, a más tardar el 10 de octubre de 2008;

b)

no se conceda ni renueve ninguna autorización de productos fitosanitarios que contengan dichas sustancias activas a partir de la fecha de publicación de la presente Decisión.

a)

que garantice que los productos fitosanitarios en cuestión no tienen efectos nocivos para la salud humana o animal ni repercusiones inaceptables para el medio ambiente;

b)

que garantice que los productos fitosanitarios que sigan comercializándose se etiquetan de nuevo para responder a las condiciones restringidas de uso;

c)

que imponga todas las medidas adecuadas de reducción de los posibles riesgos;

d)

que garantice que se buscan seriamente alternativas para tales usos.