26.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 23/1

(1)

El 27 de julio de 2007, la Comisión impuso, mediante el Reglamento (CE) no 896/2007 (2) («el Reglamento provisional»), un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de dihidromircenol originario de la India («el país afectado»).

(2)

Cabe recordar que la investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006 («el período de investigación»). El examen de la evolución pertinente para el análisis del perjuicio abarcó desde el 1 de enero de 2003 hasta el final del período de investigación («el período considerado»).

(3)

Las direcciones de los productores comunitarios enumerados en el considerando 7 del Reglamento provisional se rectifican como sigue:

(4)

Tras el establecimiento de un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de dihidromircenol originario de la India, se comunicaron a todas las partes los hechos y las consideraciones principales en que se basaba el Reglamento provisional (la comunicación provisional). Se concedió a todas las partes un plazo para formular observaciones orales y escritas sobre dicha comunicación.

(5)

Algunas partes interesadas presentaron sus observaciones por escrito. A aquellas partes que lo solicitaron, se les ofreció también la posibilidad de ser oídas. La Comisión siguió recabando y verificando toda la información que consideró necesaria para llegar a sus conclusiones definitivas.

(6)

Se comunicaron a todas las partes interesadas los hechos y las consideraciones principales sobre cuya base estaba previsto recomendar la imposición de un derecho antidumping definitivo y la percepción definitiva de los importes garantizados por el derecho provisional («la comunicación definitiva»). También se les concedió un plazo para que pudieran presentar sus observaciones sobre esta información. Se han tenido en cuenta las observaciones orales y escritas presentadas por las partes y, cuando se ha considerado apropiado, se han modificado en consecuencia las conclusiones.

(7)

No habiéndose recibido observaciones sobre el producto afectado y el producto similar, se confirma lo expuesto en los considerandos 9 a 12 del Reglamento provisional.

(8)

Tras la imposición de medidas provisionales, el productor exportador mencionado en el considerando 17 del Reglamento provisional alegó que en el análisis efectuado por la Comisión se habían ignorado algunos elementos importantes que afectan al coste de la producción y, por tanto, a la determinación del valor normal. Alegó que su valor normal debe basarse en sus propios costes de producción en lugar de determinarse a partir de los precios nacionales en el curso de operaciones comerciales normales de otro productor exportador que había cooperado.

(9)

En primer lugar, se consideró que las citadas alegaciones relativas al coste de producción no estaban justificadas. En segundo lugar, con arreglo al artículo 2 del Reglamento de base, se considera que la metodología utilizada por la Comisión para determinar el valor normal para el productor exportador en cuestión (véase el considerando 17 del Reglamento provisional) es más apropiada, por las siguientes razones: i) en el período de investigación, el productor exportador en cuestión no efectuó ventas interiores del producto similar ni de la misma categoría general de productos; ii) los productos son perfectamente permutables, y iii) solo otro productor exportador cooperó en la investigación. Por otra parte, si el valor normal no se hubiera determinado tomando como base los precios del otro productor indio, habría sido necesario determinar los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos, y a los beneficios, con arreglo al artículo 2, apartado 6, letra c), del Reglamento de base. Globalmente, la utilización de los precios de venta nacionales del otro productor indio parece ser la base más representativa para reflejar las condiciones de venta que prevalecen en el mercado nacional indio y, por tanto, para determinar el valor normal. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(10)

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto y a falta de otras observaciones en relación con el valor normal, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 13 a 17 del Reglamento provisional.

(11)

A falta de comentarios, se confirma el considerando 18 del Reglamento provisional.

(12)

Un productor exportador alegó que, al fijar a efectos de comparación los ajustes del precio de exportación, la Comisión aplicó deducciones no justificadas con relación a algunos elementos relacionados con el coste de transporte, de manipulación y del crédito. La Comisión aceptó la alegación y revisó los ajustes pertinentes en consecuencia.

(13)

No habiéndose recibido más observaciones al respecto, se confirma lo expuesto en el considerando 19 del Reglamento provisional.

(14)

Tras la imposición de medidas provisionales, una parte alegó que, para los productores exportadores que no habían cooperado en la investigación, debía calcularse un margen de dumping más elevado tomando como base los precios cif más bajos de los productores exportadores que sí habían cooperado. A este respecto, cabe señalar que no hay indicios de que las restantes empresas que no cooperaron estuvieran practicando dumping durante el período de investigación a un nivel más elevado que las empresas que cooperaron. Por el contrario, una comparación entre los datos de Eurostat referentes a importaciones originarias de la India y el volumen y el valor de las exportaciones a la Comunidad facilitados por productores exportadores que cooperaron muestran que: i) el volumen de las importaciones a la Comunidad de todos los productores exportadores que no cooperaron representa menos del 20 % del total de las importaciones originarias de la India durante el período de investigación (la cifra exacta no puede divulgarse por razones de confidencialidad), y ii) aparentemente, los precios practicados en el mercado comunitario por los productores exportadores que no cooperaron fueron más elevados que los practicados por las empresas que cooperaron. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(15)

Tras la comunicación final, la misma parte reiteró su alegación en lo concerniente al cálculo del margen de dumping de los productores exportadores que no habían cooperado. No se presentaron nuevos argumentos al respecto que pudieran modificar las conclusiones expuestas en el considerando 14. La parte interesada se limitó a añadir que no podía comprobar los datos relativos a las importaciones utilizados en el análisis efectuado por la Comisión, ya que se había alegado que eran datos confidenciales. Se informó a la empresa de que el volumen de las importaciones y el precio medio de las importaciones se hallaban expuestos detalladamente en los considerandos 38 y 39 del Reglamento provisional, y que las fuentes estadísticas —en este caso, Eurostat— eran públicas. Por consiguiente, nada impedía a la empresa comprobar las conclusiones de la Comisión y hacer valer sus derechos. Por tanto, se rechaza esta alegación.

(16)

Habida cuenta de lo anterior, los márgenes de dumping definitivos, expresados como porcentaje del precio cif en frontera de la Comunidad, no despachado de aduana, son los siguientes:

(17)

Tras la imposición de medidas provisionales, un productor exportador afirmó que el productor comunitario que había importado grandes cantidades de dihidromircenol de la India durante el período de investigación (véase el considerando 25 del Reglamento provisional) debía quedar excluido de la definición de industria de la Comunidad y, en consecuencia, del análisis del perjuicio y de la determinación del nivel de eliminación del perjuicio. A este respecto, cabe recordar que el productor comunitario en cuestión no reorientó sus actividades principales de la producción a la importación. En efecto, efectuó las citadas importaciones de la India, en particular para mantener su propia producción del producto similar. Además, no existe ningún motivo para excluir a esta empresa de la industria de la Comunidad. Por otra parte, cabe señalar que incluso si el productor en cuestión estuviera excluido de la definición de industria de la Comunidad, las conclusiones en lo que respecta al perjuicio no habrían sido diferentes. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(18)

El mismo productor exportador también afirmó que la situación económica global de los productores comunitarios era muy buena; en particular, se señaló que había mejorado considerablemente en 2005 y durante el período de investigación, y según dicho exportador, cabe prever que dicha situación se mantendrá en un futuro próximo. Esas conclusiones se basaban en la evolución de la producción de la industria de la Comunidad, del volumen de ventas, de las existencias y de la cuota de mercado presentados en los considerandos 45 a 47 del Reglamento provisional. Este argumento no puede aceptarse porque no tiene debidamente en cuenta que se ha producido una caída espectacular de los precios de venta del dihidromircenol en la Comunidad (véanse los considerandos 47 a 49 del Reglamento provisional) ni que la industria de la Comunidad solo ha conseguido incrementar su producción y su volumen de ventas y, en consecuencia, conservar su cuota de mercado comunitario en expansión, a costa de graves pérdidas, y de una caída del rendimiento de las inversiones y del flujo de salida de caja. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(19)

Tras la comunicación final, el productor exportador indicado en el considerando 17 reiteró su alegación y añadió que la Comisión no había analizado correctamente la situación del productor comunitario en cuestión, es decir, el productor que había importado grandes cantidades del producto afectado. En particular, alegó que no se habían analizado los siguientes aspectos: i) el porcentaje de la producción comunitaria total del producto afectado correspondiente a dicho productor importador; ii) la naturaleza del interés manifestado por dicho productor importador respecto de las importaciones; iii) la solidez, a largo plazo, del compromiso mostrado por el productor importador a favor de la producción nacional en contraposición con la continuación de las importaciones, y iv) la proporción entre las importaciones y la producción nacional en lo que respecta a este productor importador.

(20)

A este respecto, cabe señalar que todos los puntos planteados en relación con la situación del productor comunitario de que se trata sí se analizaron adecuadamente; sin embargo, no fue posible divulgar algunos detalles, dado su carácter confidencial. Como puede verse en el considerando 25 del Reglamento provisional y en el anterior considerando 17, las principales razones para no excluir al productor de que se trata de la definición de industria de la Comunidad y de la producción comunitaria fueron: i) la naturaleza de su interés en las importaciones (importaba el producto afectado para mantener su propia producción del producto similar en la Comunidad), y ii) el impacto marginal de su situación sobre la situación global de la industria de la Comunidad (a saber, que su eventual exclusión no habría modificado las conclusiones relativas al perjuicio). Por último, es obvio que lo que este productor pretendía al respaldar la denuncia y al cooperar plenamente en la investigación era frenar la afluencia de importaciones objeto de dumping originarias de la India. Por consiguiente, demostró claramente su preferencia por la producción nacional respecto de la continuación de las importaciones. En consecuencia, se rechaza la alegación indicada en el considerando 19.

(21)

En lo que respecta al considerando 41 del Reglamento provisional, un productor exportador indicó que la subcotización de los precios debería haberse basado en el precio medio de las importaciones originarias de la India y no en los precios de las importaciones de los productores exportadores. A este respecto, cabe señalar que, a la vista del nivel de cooperación en este caso —más del 80 %—, y dado que las estadísticas relativas a las importaciones totales están basadas en un código NC ex y que, por tanto, cabe la posibilidad de que incluyan una determinada cantidad de productos aparte del dihidromircenol (véase el considerando 36 del Reglamento provisional), la comparación de los precios basados en el precio medio de las importaciones sería mucho menos precisa que los márgenes de subcotización establecidos para las distintas empresas. Por tanto, se rechaza esta alegación.

(22)

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto y a falta de otras observaciones en relación con el perjuicio, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 23 a 56 del Reglamento provisional.

(23)

Tras la imposición de medidas provisionales, un productor exportador alegó que las importaciones originarias de la India no habían causado perjuicio a la industria de la Comunidad, ya que su precio estaba aumentando y su cuota de mercado se había reducido en 2,4 puntos porcentuales durante el período de investigación. Este razonamiento no tiene en cuenta varios aspectos importantes de la evolución de las importaciones originarias de la India objeto de dumping ni de la situación del mercado comunitario. Como se ha demostrado en los considerandos 38 a 42 del Reglamento provisional, el volumen de las importaciones objeto de dumping del producto afectado originario de la India a la Comunidad aumentó desde unos 25 000 kilogramos en 2003 hasta unos 760 000 kilogramos en el período de investigación. La cuota de mercado de estas importaciones aumentó del 0,7 % en el año 2003 al 17,3 % durante el período de investigación. La ligera disminución de su cuota de mercado durante el período de investigación se debió a una repentina expansión del mercado comunitario en dicho período, y no a una disminución de su volumen; en efecto, el volumen de las importaciones objeto de dumping originarias de la India siguió aumentando durante el período de investigación, aunque no al mismo ritmo que en el período anterior. Globalmente, la presencia de importaciones objeto de dumping originarias de la India en el mercado comunitario aumentaron mucho más que el consumo comunitario durante el período considerado. Por último, cabe recordar que las importaciones objeto de dumping originarias de la India provocaron una subcotización de los precios de la industria de la Comunidad en unos márgenes considerables. El aumento de las importaciones objeto de dumping a precios que subcotizaron notablemente los precios de la industria de la Comunidad coincidió claramente con la degradación de la situación de dicha industria. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(24)

El mismo productor exportador añadió que el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad había sido autoinfligido. Alegó asimismo que, de no haber sido así, no habría sido posible sufrir pérdidas en un entorno de crecimiento de la demanda, aumento de los precios y, en consecuencia, de incremento de las ventas, del volumen de negocios y de la productividad. Como posible explicación, dicha parte indicó que los salarios habían experimentado una progresión media de un 24 % entre 2003 y el período de investigación.

(25)

En primer lugar, si bien los precios de venta de la industria de la Comunidad aumentaron un 2 % entre 2005 y el período de investigación, eran más de un 30 % más bajos que en 2003, mientras que el volumen de ventas de la industria de la Comunidad solo aumentó un 22 % entre 2003 y el período de investigación (véase el considerando 47 del Reglamento provisional). Como resultado de ello, los ingresos procedentes de las ventas de la industria de la Comunidad en el mercado comunitario disminuyeron considerablemente, en aproximadamente un 15 % durante el período considerado. En segundo lugar, la evolución del coste medio de la mano de obra debe examinarse conjuntamente con la del empleo y la productividad. Como se explica en el considerando 51 del Reglamento provisional, el incremento del 24 % que experimentó el coste de la mano de obra por trabajador durante el período considerado se debió, entre otras cosas, a los cambios que se produjeron en la estructura del empleo, hacia un porcentaje más elevado de la mano de obra cualificada. Los datos confirman que esos cambios dieron lugar a una mayor productividad, que a su vez permitió compensar el incremento del coste medio de la mano de obra. En consecuencia, el coste total de la mano de obra por unidad producida no varió. Además, la producción de dihidromircenol no requiere gran cantidad de mano de obra. Por consiguiente, se considera que el incremento de los salarios no pudo contribuir a las pérdidas de la industria de la Comunidad. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(26)

Tras la comunicación final, el mismo productor exportador presentó nuevos argumentos sobre la relación de causalidad. Pueden resumirse como sigue: i) el perjuicio fue autoinfligido debido a las importaciones del producto afectado efectuadas por el productor comunitario indicado en el considerando 17; ii) el perjuicio fue autoinfligido debido a inversiones masivas efectuadas por la industria de la Comunidad en sus nuevas capacidades de producción y a préstamos contraídos a tal fin con entidades financieras; iii) no se analizó la evolución de las ventas de exportación de la industria de la Comunidad, y iv) el perjuicio fue autoinfligido debido al incremento de la capacidad de producción y a la contratación de más mano de obra cualificada, con el consiguiente incremento de los costes de producción.

(27)

En lo que respecta a estos nuevos argumentos, cabe señalar que: i) las importaciones del producto afectado realizadas por uno de los productores comunitarios no pudieron afectar a la situación global de la industria de la Comunidad porque fueron insignificantes (véanse los considerandos 17 y 20). Además, cabe recordar que dichas importaciones se efectuaron como reacción ante la afluencia masiva de importaciones objeto de dumping originarias de la India y las consiguientes pérdidas causadas a la industria de la Comunidad, es decir después de que se hubiera producido el perjuicio material; ii) no se efectuó ninguna nueva inversión en la capacidad de producción durante el período considerado; al contrario, la capacidad permaneció invariable y las inversiones disminuyeron considerablemente (véanse los considerandos 45 y 49 del Reglamento provisional); iii) los resultados de la actividad exportadora de la industria de la Comunidad se analizaron en el considerando 68 del Reglamento provisional, y no se consideró que hubieran roto la relación causal, y iv) la industria de la Comunidad no contrató mano de obra adicional. Como se indica en el considerando 51 del Reglamento provisional, el empleo disminuyó en un 15 % entre 2003 y el período de investigación. Los cambios en la estructura del empleo se debieron al despido de mano de obra no cualificada. En lo que respecta a la capacidad de producción, cabe recordar que no se produjo ninguna expansión. Por consiguiente, se rechazó la alegación indicada en el considerando 26.

(28)

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto y a falta de otras observaciones sobre causalidad, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 57 a 76 del Reglamento provisional.

(29)

Un productor exportador alegó que el establecimiento de medidas perturbaría considerablemente a los importadores y los usuarios en la Comunidad, de modo que se pondrían en peligro miles de puestos de trabajo e ingresos fiscales, pero no aportó ninguna prueba a este respecto. Se consideró que estos argumentos no eran pertinentes. En efecto, ni los importadores ni los usuarios se opusieron a las conclusiones provisionales relativas a sus intereses (véanse los considerandos 87 y 88 del Reglamento provisional), lo cual puso de manifiesto que las medidas antidumping no afectaban sensiblemente a dichas partes. En consecuencia, se rechazó la alegación. También se informó al productor exportador de que normalmente no se considera que los productores exportadores sean partes a las que afecte el análisis del interés comunitario.

(30)

Tras la comunicación final, dicho productor exportador reiteró sus alegaciones y afirmó que tenía derecho a comentar cualquier aspecto del procedimiento antidumping, incluido el interés comunitario. No obstante, no se presentaron nuevos argumentos al respecto que pudieran modificar las conclusiones expuestas en el considerando 29. En lo que se refiere a los derechos de los productores exportadores a formular observaciones sobre cualquier aspecto del procedimiento, cabe señalar que, en efecto, no hay nada que lo impida. Sin embargo, con arreglo al artículo 21, apartado 2, normalmente estas partes no se ven afectadas por el análisis del interés comunitario, de modo que sus observaciones pueden ignorarse, en particular si no se respaldan con pruebas concretas.

(31)

No habiéndose recibido otras observaciones en relación con el análisis del interés comunitario, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 77 a 90 del Reglamento provisional.

(32)

Cabe recordar que un productor exportador afirmó que el productor comunitario que había importado grandes cantidades de dihidromircenol de la India durante el período de investigación debía quedar excluido de la definición de industria de la Comunidad y que, en consecuencia, la determinación del nivel de eliminación del perjuicio debía basarse únicamente en los dos productores comunitarios restantes. Como se ha indicado en los considerandos 14 y 15, se estimó que dicha alegación no estaba justificada. Desde esa perspectiva, y a falta de otros comentarios en lo concerniente al nivel de eliminación del perjuicio, se confirma lo establecido en los considerandos 92 a 94 del Reglamento provisional.

(33)

Habida cuenta de lo anterior y con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, debe fijarse un derecho antidumping definitivo sobre el nivel de los márgenes de dumping hallados, ya que se constató que estos eran inferiores al nivel de eliminación del perjuicio para los dos productores exportadores que cooperaron en la investigación.

(34)

En lo que respecta a los considerandos 14 y 15, se estima oportuno que, para cualquier otra empresa que no haya cooperado en la investigación, el derecho se fije en el nivel más elevado del derecho impuesto a las empresas que cooperaron.

(35)

En vista de lo anteriormente expuesto, los tipos de derecho son los siguientes:

(36)

Tras la comunicación de los hechos y consideraciones esenciales en función de los cuales se tenía intención de recomendar el establecimiento de derechos antidumping definitivos, Neeru Enterprises ofreció un compromiso relativo a los precios, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base. Sin embargo, cabe señalar que en los últimos años el producto afectado ha mostrado una considerable inestabilidad de los precios y, por tanto, no se presta a un compromiso de precios fijos. Como solución alternativa, se pensó en la posibilidad de indización de los precios mínimos de importación según el precio de la principal materia prima, es decir, alfapineno. Sin embargo, no se consideró viable esta alternativa por las siguientes razones: i) la fluctuación del precio del producto afectado no puede explicarse suficientemente por la fluctuación del precio del alfapineno, y ii) el alfapineno no es un producto básico sobre el cual sea fácil obtener estadísticas que indiquen su precio de mercado. En vista de lo anterior, se concluyó que en este caso no es factible ningún compromiso de precios, de modo que no pueden aceptarse dichos compromisos. El exportador interesado fue informado al respecto y se le ofreció la posibilidad de presentar observaciones. Estas, sin embargo, no han alterado la referida conclusión.

(37)

El tipo del derecho antidumping especificado en el presente Reglamento para la empresa citada individualmente se estableció sobre la base de las conclusiones de la actual investigación. En consecuencia, refleja la situación constatada durante la misma en relación con dicha empresa. Este tipo de derecho (a diferencia del derecho aplicable a escala nacional a «las demás empresas») solo se aplica a las importaciones de productos originarios del país afectado producidos por la empresa y, por lo tanto, por el ente jurídico específicamente mencionado. Los productos importados producidos por cualquier otra empresa no mencionada específicamente en la parte dispositiva del presente Reglamento con su nombre y dirección, incluidas las entidades vinculadas a la mencionada expresamente, no podrán beneficiarse de este tipo y estarán sujetas al tipo del derecho aplicable a «todas las demás empresas».

(38)

Cualquier solicitud de aplicación de estos tipos de derecho individuales (por ejemplo, a raíz de un cambio de nombre de la entidad o de la creación de nuevas entidades de producción o venta) deberá dirigirse inmediatamente a la Comisión junto con toda la información pertinente, en especial cualquier modificación de las actividades de la empresa relacionadas con la producción y las ventas interiores y de exportación derivada, por ejemplo, del cambio de nombre o de la creación de entidades de producción o venta. Si es necesario, el presente Reglamento deberá modificarse en consecuencia, poniéndose al día la lista de empresas que se benefician de los tipos de derecho individuales.

(39)

Teniendo en cuenta la amplitud de los márgenes de dumping constatados y habida cuenta del nivel del perjuicio causado a la industria de la Comunidad, se considera necesario que los importes garantizados por el derecho antidumping provisional en virtud del Reglamento provisional se perciban definitivamente al tipo del derecho definitivamente establecido por el presente Reglamento. Si el derecho definitivo fuera inferior al provisional, deberá recalcularse el derecho y deberán liberarse los importes garantizados superiores al tipo definitivo del derecho.

26.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 23/7

(1)

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

26.1.2008   

ES

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L 23/9

(1)

En el punto III del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y el Reino de Noruega sobre el Protocolo no 2 del Acuerdo bilateral de libre comercio entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega, se establecen contingentes arancelarios anuales aplicables a las importaciones de determinadas mercancías originarias de Noruega. Es conveniente abrir dichos contingentes para 2008 y los años subsiguientes.

(2)

El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (3), establece normas para la gestión de los contingentes arancelarios. Procede estipular que los contingentes arancelarios abiertos mediante el presente Reglamento se gestionen con arreglo a dichas normas.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de cuestiones horizontales relativas al intercambio de productos agrícolas transformados no incluidos en el anexo I del Tratado.

26.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 23/11

(1)

El Acuerdo en forma de Canje de Notas suscrito entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Reino de Noruega, por otra, sobre el Protocolo no 2 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega, aprobado mediante la Decisión 96/753/CE, prevé un contingente arancelario anual aplicable a las importaciones originarias de Noruega de chocolate y demás preparados alimenticios que contengan cacao. Es conveniente abrir dicho contingente para 2008 y los años subsiguientes.

(2)

El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario (3), establece normas para la gestión de los contingentes arancelarios. Procede estipular que el contingente arancelario abierto mediante el presente Reglamento se gestione con arreglo a dichas normas.

(3)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de cuestiones horizontales relativas al intercambio de productos agrícolas transformados no incluidos en el anexo I del Tratado.

26.1.2008   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 23/13

(1)

El Reglamento (CE) no 3199/93 de la Comisión (2) establece que los desnaturalizantes empleados en cada Estado miembro para la desnaturalización completa del alcohol conforme a lo dispuesto en el artículo 27, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/83/CEE deben figurar en el anexo de ese Reglamento.

(2)

De conformidad con el artículo 27, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/83/CEE, los Estados miembros deben eximir de los impuestos especiales el alcohol totalmente desnaturalizado de acuerdo con los requisitos establecidos por cualquiera de ellos, siempre que dichos requisitos hayan sido debidamente notificados y aceptados de conformidad con las condiciones previstas en los apartados 3 y 4 de ese mismo artículo.

(3)

Bulgaria y Rumanía han comunicado los desnaturalizantes que tienen previsto utilizar.

(4)

La Comisión remitió dicha información a los demás Estados miembros el 1 de enero de 2007, por lo que respecta a Bulgaria, y el 9 de enero de 2007, por lo que se refiere a Rumanía.

(5)

Se han planteado objeciones en relación con los requisitos notificados. Por consiguiente, se ha aplicado debidamente el procedimiento mencionado en el artículo 27, apartado 4, de la Directiva 92/83/CEE, y resulta oportuno incluir los requisitos comunicados por Bulgaria y Rumanía en el anexo del Reglamento (CE) no 3199/93.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 3199/93 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de impuestos especiales.

26.1.2008   

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L 23/15

(1)

En el Reglamento (CE) no 1109/2007 de la Comisión (3) se establecieron los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto y ciertos jarabes para la campaña 2007/2008. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (CE) no 45/2008 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión llevan a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

26.1.2008   

ES

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L 23/17

(1)

El Reglamento (CE) no 327/98 abrió y estableció el modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de importación de arroz y arroz partido, repartidos por países de origen y divididos en varios subperíodos conforme a lo indicado en el anexo IX del citado Reglamento.

(2)

El mes de enero constituye el primer subperíodo para los contingentes establecidos en el artículo 1, apartado 1, letras a), b), c) y d), del Reglamento (CE) no 327/98.

(3)

Según se desprende de las comunicaciones efectuadas en aplicación del artículo 8, letra a), del Reglamento (CE) no 327/98, las solicitudes presentadas a lo largo de los diez primeros días hábiles del mes de enero de 2008, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento citado, para los contingentes con los números de orden 09.4148 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166, se refieren a una cantidad superior a la disponible. Por consiguiente, es preciso determinar en qué medida pueden expedirse los certificados de importación, mediante la fijación de un coeficiente de asignación que se aplicará a las cantidades solicitadas.

(4)

Además, de las comunicaciones antes mencionadas se desprende que, en el caso de los contingentes con los números de orden 09.4127 — 09.4128 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, las solicitudes presentadas a lo largo de los diez primeros días hábiles del mes de enero de 2008, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 327/98, se refieren a una cantidad inferior a la disponible.

(5)

Procede, por consiguiente, fijar las cantidades totales disponibles en el subperíodo contingentario siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 327/98, para los contingentes con los números de orden 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166.

26.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 23/21

(1)

A tenor de lo previsto en la Agenda de Lisboa, la Comunidad y los Estados miembros se han comprometido a mejorar la competitividad de las empresas que desarrollan su actividad en Europa. De acuerdo con la Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC) (3), la Comisión y los Estados miembros deben implantar sistemas interoperativos eficientes y efectivos de información y comunicación con vistas al intercambio de información entre las administraciones públicas y los ciudadanos de la Comunidad.

(2)

La iniciativa de administración electrónica a escala paneuropea prevista en la Decisión 2004/387/CE exige la adopción de medidas tendentes a lograr una organización más eficaz de los controles aduaneros y a garantizar la continuidad en el flujo de datos a fin de hacer más eficiente el despacho de aduana, reducir los trámites administrativos, contribuir a la lucha contra el fraude, la delincuencia organizada y el terrorismo, favorecer los intereses fiscales, proteger la propiedad intelectual y el patrimonio cultural, aumentar la fiabilidad de las mercancías y la seguridad del comercio internacional, y mejorar la protección de la salud y del medio ambiente. En este sentido, la provisión de tecnologías de la información y comunicación (TIC) a efectos aduaneros reviste el máximo interés.

(3)

La Resolución del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, sobre la creación de un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas (4), que siguió a la Comunicación de la Comisión titulada «Un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas», invita a la Comisión a que elabore, en estrecha colaboración con los Estados miembros, un plan estratégico plurianual, destinado a crear en la Comunidad un entorno electrónico coherente e interoperativo en el ámbito aduanero. El Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (5), impone el empleo de técnicas de tratamiento de datos para la presentación de declaraciones sumarias y el intercambio electrónico de datos entre autoridades aduaneras, con vistas a basar los controles aduaneros en sistemas automatizados de análisis de riesgos.

(4)

Procede, por tanto, fijar los objetivos que se persiguen con la instauración de un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio, así como la estructura, los medios y los plazos de tal proceso.

(5)

La Comisión debe aplicar la presente Decisión en estrecha colaboración con los Estados miembros. Es preciso, por tanto, especificar las responsabilidades y los cometidos respectivos de las partes y determinar la manera de repartir los costes entre la Comisión y los Estados miembros.

(6)

La Comisión y los Estados miembros deben compartir la responsabilidad de los componentes comunitarios y nacionales de los sistemas de comunicación e intercambio de información, con arreglo a los principios establecidos en la Decisión no 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad (Aduana 2007) (6), teniendo en cuenta la Decisión no 2235/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2002, por la que se adopta un programa comunitario destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (programa Fiscalis 2003-2007) (7).

(7)

A fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Decisión y la coherencia entre los distintos sistemas que se desarrollen, es necesario implantar un mecanismo de seguimiento.

(8)

Los Estados miembros y la Comisión deben facilitar, a través de informes periódicos, información sobre el estado de aplicación de la presente Decisión.

(9)

La instauración de un entorno sin soporte papel requiere una estrecha cooperación entre la Comisión, las autoridades aduaneras y los operadores económicos. Para facilitar tal cooperación, el Grupo de política aduanera habrá de garantizar la coordinación de las actuaciones necesarias para la aplicación de la presente Decisión. Deben celebrarse consultas con los operadores económicos, tanto a nivel nacional como comunitario, en todas las etapas de la preparación de esas actuaciones.

(10)

Los países adherentes y candidatos deben poder participar en las mencionadas actuaciones, a fin de preparar dicha adhesión.

(11)

Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, la instauración de un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(12)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión deben ser aprobadas con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (8).

(13)

En particular, se debe conferir competencias a la Comisión para prorrogar los plazos establecidos en el artículo 4, apartados 2, 3 y 5, de la presente Decisión. Dado que estas medidas son de carácter general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Decisión, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

a)

agilizar los procedimientos de importación y exportación;

b)

reducir los costes administrativos y de cumplimiento de las normas y recortar los plazos de despacho de aduana;

c)

coordinar un enfoque común en lo que respecta al control de las mercancías;

d)

ayudar a garantizar la adecuada recaudación de todos los derechos de aduana y otras exacciones;

e)

facilitar y recibir con rapidez la información pertinente en relación con la cadena internacional de suministros;

f)

permitir un flujo continuo de datos entre las administraciones de los países exportadores e importadores, así como entre las autoridades aduaneras y los operadores económicos, haciendo posible la reutilización de los datos introducidos en el sistema.

a)

intercambio armonizado de información, basado en modelos de datos y formatos de mensaje internacionalmente aceptados;

b)

rediseño de las aduanas y de los procedimientos aduaneros correspondientes a fin de optimizar su eficiencia y eficacia, simplificarlos y reducir los costes de cumplimiento de las normas aduaneras;

c)

puesta a disposición de los operadores económicos de una amplia gama de servicios aduaneros electrónicos que permitan a dichos operadores relacionarse por igual con las autoridades aduaneras de cualquier Estado miembro.

a)

los operadores económicos;

b)

la Comisión;

c)

otras administraciones u órganos oficiales que intervienen en la circulación internacional de mercancías (en lo sucesivo, «otras administraciones u órganos»).

a)

sistemas relativos a la importación y exportación, que interoperen con el sistema de tránsito, permitiendo un flujo continuo de información de un sistema aduanero a otro en todo el territorio de la Comunidad;

b)

un sistema de identificación y registro de los operadores económicos, que interopere con el sistema de los operadores económicos autorizados, permitiendo a estos operadores económicos efectuar una única inscripción para todos los trámites aduaneros que realicen en el territorio de la Comunidad, teniendo en cuenta los sistemas comunitarios y nacionales existentes;

c)

un sistema para el procedimiento de autorización, incluido el proceso de información y consulta, la gestión de certificados para los operadores económicos autorizados, y el registro de dichos certificados en una base de datos a la que tengan acceso las autoridades aduaneras.

a)

una estructura de puntos de acceso único, que permita a los operadores económicos utilizar una única interfaz para presentar por vía electrónica sus declaraciones de aduana, aun en el supuesto de que el procedimiento aduanero se lleve a cabo en otro Estado miembro;

b)

interfaces electrónicas para los operadores económicos que les permitan realizar todos los trámites aduaneros, aun cuando éstos afecten a varios Estados miembros, con las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que estén establecidos, y

c)

servicios de ventanilla única, que posibiliten un flujo continuo de datos entre los operadores económicos y las autoridades aduaneras, entre las autoridades aduaneras y la Comisión, y entre las autoridades aduaneras y otras administraciones u órganos, y que permitan a los operadores económicos presentar en la aduana toda la información exigida a efectos del despacho para importación o exportación, aun en el supuesto de que tal exigencia venga impuesta por disposiciones distintas de la normativa aduanera.

a)

los estudios de viabilidad correspondientes y las especificaciones de carácter funcional y técnico comunes del sistema;

b)

los productos y servicios comunes, incluidos los sistemas comunes de referencia necesarios en materia de información aduanera e información conexa;

c)

los servicios de la red común de comunicación y la interfaz común de sistemas (CCN/CSI) para los Estados miembros;

d)

las actividades de coordinación realizadas por los Estados miembros y la Comisión, en lo referente a la implantación y utilización de los sistemas aduaneros electrónicos, en el dominio común comunitario;

e)

las actividades de coordinación realizadas por la Comisión, en lo referente a la implantación y utilización de los sistemas aduaneros electrónicos, en el dominio exterior comunitario, con exclusión de los servicios destinados a satisfacer requisitos nacionales.

a)

las especificaciones del sistema funcionales y técnicas nacionales;

b)

los sistemas nacionales, incluidas las bases de datos;

c)

las conexiones de red entre las autoridades aduaneras y los operadores económicos y entre las autoridades aduaneras y otras administraciones u órganos, dentro de un mismo Estado miembro;

d)

los programas y los equipos que cada Estado miembro considere necesarios para la plena explotación del sistema.

a)

la coordinación de la instauración, las pruebas de conformidad, el desarrollo, la gestión y el mantenimiento de los componentes comunitarios de los sistemas aduaneros electrónicos;

b)

la coordinación de los sistemas y servicios previstos en la presente Decisión con otros proyectos pertinentes en materia de administración electrónica a nivel comunitario;

c)

la ejecución de las tareas que le hayan sido asignadas, con arreglo al plan estratégico plurianual previsto en el artículo 8, apartado 2;

d)

la coordinación del desarrollo de componentes comunitarios y nacionales, con vistas a la ejecución sincronizada de proyectos;

e)

la coordinación a nivel comunitario de los servicios aduaneros electrónicos y servicios de ventanilla única con vistas a su promoción y aplicación a nivel nacional;

f)

la coordinación de las necesidades de formación.

a)

la coordinación de la instauración, las pruebas de conformidad, el desarrollo, la gestión y el mantenimiento de los componentes nacionales de los sistemas aduaneros electrónicos;

b)

la coordinación de los sistemas y servicios previstos en la presente Decisión con otros proyectos pertinentes en materia de administración electrónica a nivel nacional;

c)

la ejecución de las tareas que les hayan sido asignadas, con arreglo al plan estratégico plurianual previsto en el artículo 8, apartado 2;

d)

el suministro periódico de información a la Comisión sobre todas las medidas adoptadas para permitir a sus respectivas autoridades o a sus operadores económicos la plena explotación de los sistemas aduaneros electrónicos;

e)

la promoción e implantación de servicios aduaneros electrónicos y servicios de ventanilla única a nivel nacional;

f)

la formación necesaria para los agentes de aduanas y demás funcionarios competentes.

a)

la determinación de las estrategias, los recursos necesarios y las fases de desarrollo;

b)

la coordinación de todas las actividades conexas a la aduana electrónica, a fin de garantizar que los recursos, incluidos los ya utilizados a nivel nacional y comunitario, se empleen de manera óptima y con la máxima eficiencia;

c)

la coordinación de los aspectos jurídicos, operativos, de formación y desarrollo de las tecnologías de la información, así como el suministro de información a las autoridades aduaneras y operadores económicos de estos aspectos;

d)

la coordinación de las medidas de ejecución de todos los interesados;

e)

el cumplimiento por todos los interesados de los plazos establecidos en el artículo 4.

26.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 23/27

(1)

El Convenio Internacional del Cacao 2001 fue firmado y celebrado en nombre de la Comunidad Europea el 18 de noviembre de 2002, por la Decisión 2002/970/CE del Consejo (2).

(2)

De conformidad con lo establecido en el artículo 63, apartados 1 y 3, el Convenio Internacional del Cacao 2001 terminará el 30 de septiembre 2008 a menos que se prorrogue más allá de esa fecha por decisión del Consejo Internacional del Cacao durante uno o dos períodos que no excedan de cuatro años en total.

(3)

La prórroga de este Convenio redunda en interés de la Comunidad Europea.

(4)

Procede determinar la posición de la Comunidad Europea en el Consejo Internacional del Cacao.

26.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 23/28

(1)

La Directiva 2001/89/CE introduce medidas comunitarias mínimas de lucha contra la peste porcina clásica. Figura la disposición de que, cuando se haya confirmado un caso primario de peste porcina clásica en jabalíes, los Estados miembros presentarán a la Comisión un plan de medidas de erradicación de dicha enfermedad. La Directiva también contiene disposiciones para la vacunación de urgencia de los jabalíes.

(2)

En Bulgaria existe peste porcina clásica en jabalíes.

(3)

Bulgaria ha creado un programa de vigilancia y control de la fiebre porcina clásica en la totalidad de su territorio. Dicho programa sigue en curso.

(4)

La Decisión 2006/800/CE de la Comisión, de 23 de noviembre de 2006, por la que se aprueban los planes de erradicación de la peste porcina clásica de los jabalíes y de la vacunación de urgencia de los mismos contra dicha enfermedad en Bulgaria (2), se adoptó como una de las medidas para combatir la peste porcina clásica. La Decisión 2006/800/CE es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2007.

(5)

El 15 de octubre de 2007, Bulgaria sometió a aprobación un plan, correspondiente a 2008, de erradicación de la peste porcina clásica de los jabalíes y de vacunación de urgencia de los jabalíes en la totalidad de su territorio.

(6)

La Comisión ha examinado los planes presentados por Bulgaria y considera que se ajustan a las disposiciones de la Directiva 2001/89/CE. En consecuencia, deben ser aprobados.

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

26.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 23/30

(1)

Mientras que la primera tanda de países participantes tuvieron una larga fase de transición, durante la cual, aunque el euro era su moneda, todavía no se había introducido el efectivo en euros, la mayoría de los actuales planes nacionales de transición al euro prevén la introducción de los billetes y monedas en euros el mismo día de adopción del euro. Esta diferencia y la gran disponibilidad de efectivo en euros implica que los Estados miembros que preparen la adopción del euro deberán aplicar una estrategia diferente a la seguida entre 1999 y 2002.

(2)

En estas circunstancias, las disposiciones de la Recomendación de la Comisión, de 11 de octubre de 2000, sobre los medios de facilitar la preparación de los actores económicos a la transición al euro (1), no abordan adecuadamente las cuestiones planteadas por el nuevo contexto. Por consiguiente, a fin de tener en cuenta este nuevo contexto y aprovechar la experiencia adquirida en la introducción del efectivo en euros en 2002, 2007 y 2008, habrá de adoptarse una nueva recomendación.