18.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/1

(1)

El Reglamento (CEE) no 954/79 del Consejo (3) fija los requisitos que los Estados miembros deben cumplir al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre un código de conducta de las conferencias marítimas o al adherirse a ella.

(2)

La Convención sobre un código de conducta de las conferencias marítimas define un marco regulador internacional de las conferencias marítimas, fijando en particular normas de acceso a la distribución de la participación en el tráfico entre las compañías navieras establecidas en los territorios de los Estados Partes en la Convención, que favorece el tráfico exterior mutuo.

(3)

El Reglamento (CE) no 1419/2006 del Consejo de 25 septiembre 2006 (4) derogó el Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos (5), que, entre otras cosas, establecía una exención de la prohibición estipulada por el artículo 81, apartado 1, del Tratado en relación con las conferencias marítimas.

(4)

Al término del período transitorio establecido en el artículo 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1419/2006, la prohibición estipulada en el artículo 81, apartado 1, del Tratado se aplicará a los servicios de transporte marítimo regulares y, en consecuencia, las conferencias marítimas ya no estarán autorizadas a operar en el tráfico con origen o destino en puertos de los Estados miembros.

(5)

De este modo, los Estados miembros no podrán cumplir sus obligaciones de conformidad con la Convención sobre un código de conducta de las conferencias marítimas. A partir de esa fecha, los Estados miembros no estarán en situación de ratificar, aprobar o adherirse a la Convención. Por lo tanto, el Reglamento (CEE) no 954/79 no podrá seguir aplicándose y debe ser derogado con efectos a partir del final del período transitorio establecido en el Reglamento (CE) no 1419/2006, a saber, el 18 de octubre de 2008.

18.12.2007   

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L 332/3

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

18.12.2007   

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L 332/5

(1)

El Reglamento (CE) no 312/2003 del Consejo aplica por parte de la Comunidad las disposiciones arancelarias previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra (2).

(2)

Mediante la Decisión 2005/106/CE (3), el Consejo aprobó un Protocolo al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca (4) (en adelante denominado «el Protocolo»). El Protocolo incluye nuevas concesiones arancelarias comunitarias, algunas de las cuales están limitadas por contingentes arancelarios.

(3)

El Reglamento (CE) no 305/2005 de la Comisión, de 19 de octubre de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 312/2003 del Consejo respecto de los contingentes arancelarios para determinados productos originarios de Chile estableció las citadas nuevas concesiones.

(4)

Con arreglo al Protocolo, el volumen de los nuevos contingentes arancelarios deberá incrementarse anualmente en un 5 % de la cantidad inicial, a partir del 1 de enero de 2005. En aras de la claridad, es necesario fijar el volumen total de los contingentes arancelarios disponibles para 2005 en relación con los productos considerados, con el incremento anual ya incluido para ese año.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 312/2003 en consecuencia.

(6)

El volumen de contingentes arancelarios establecido en el presente el Protocolo debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, por lo que el presente Reglamento debe aplicarse a partir de la misma fecha y entrar en vigor de forma inmediata.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código aduanero.

1)

En el artículo 3 se añade el apartado 3 siguiente:

«3.   El volumen anual del contingente arancelario correspondiente al número de orden 09.1941 del anexo del presente Reglamento se aumentará cada año en un 5 % de la cantidad inicial a partir del 1 de enero de 2005.».

2)

El anexo queda modificado tal como se indica en el anexo del presente Reglamento.

18.12.2007   

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L 332/7

(1)

La información que deben presentar importadores y productores incluye estimaciones de las cantidades de gases fluorados de efecto invernadero que tienen previsto usar en las principales aplicaciones, incluidas las cantidades utilizadas como materia prima, al objeto de proporcionar a la Comisión y los Estados miembros información adicional que permita recoger datos sobre las emisiones de los sectores implicados.

(2)

Los productores compran y venden gases fluorados de efecto invernadero a otros productores, y ello por razones comerciales; en estos casos solo el productor comprador puede informar sobre las cantidades de tales substancias que tiene previsto usar en las principales aplicaciones.

(3)

Se ha procedido a la consulta de las partes interesadas acerca del formato del informe, y se han tenido en cuenta sus experiencias de presentación de informes derivadas del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (2).

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2037/2000.

18.12.2007   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/25

(1)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) no 842/2006, se ha realizado un examen de la oportunidad de incluir información medioambiental adicional en las etiquetas de los productos y aparatos a que se refiere el artículo 7, apartado 2, de ese mismo Reglamento.

(2)

Los requisitos de etiquetado tienen en cuenta los sistemas de etiquetado utilizados actualmente en la Comunidad para los productos y aparatos que contienen gases fluorados de efecto invernadero, incluidos los sistemas de etiquetado establecidos para esos productos y aparatos por las normas industriales.

(3)

En aras de la claridad, procede determinar los términos precisos en los que debe estar redactada la información que figure en las etiquetas. Los Estados miembros deben poder decidir que se utilicen las lenguas oficiales del Estado en esas etiquetas.

(4)

Procede incluir en el etiquetado información adicional que indique si los productos y aparatos de refrigeración y aire acondicionado y las bombas de calor a que se refiere el presente Reglamento han sido aislados con espuma en la que se han inyectado gases fluorados de efecto invernadero, con objeto de promover la recuperación de tales espumas.

(5)

En los casos en que se añadan gases fluorados de efecto invernadero al producto o aparato fuera de la fábrica, resulta oportuno que la etiqueta precise la cantidad total de esos gases que contenga el producto o aparato.

(6)

La etiqueta debe ser concebida de tal forma que sea claramente legible y permanezca firmemente adherida al producto o aparato durante todo el tiempo en el que el producto o aparato contenga gases fluorados de efecto invernadero.

(7)

Es necesario que la etiqueta se coloque de tal forma que sea visible para los técnicos de instalación y reparación.

(8)

Resulta conveniente que, en los productos y aparatos de aire acondicionado y en las bombas de calor, la etiqueta se coloque teniendo en cuenta el perfil técnico del producto o aparato.

(9)

La posibilidad de incluir información medioambiental adicional en las etiquetas ha obligado a los fabricantes a modificarlas y, por lo tanto, procede prever un período adecuado antes de que el presente Reglamento sea aplicable.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

a)

la frase «Contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kioto»;

b)

los nombres químicos abreviados de los gases de efecto invernadero utilizados o que se vayan a utilizar en el aparato, según la nomenclatura industrial estándar del aparato o la sustancia;

c)

la cantidad de gases fluorados de efecto invernadero, expresada en kilogramos;

d)

si procede, los términos «Sellado herméticamente».

18.12.2007   

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L 332/27

(1)

La Directiva 89/552/CEE del Consejo (4) coordina determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de las actividades de radiodifusión televisiva. Sin embargo, las nuevas tecnologías incorporadas a la transmisión de servicios de comunicación audiovisual hacen necesaria una adaptación del marco regulador que refleje los efectos de los cambios estructurales, la difusión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y la evolución tecnológica en los modelos de negocio, especialmente en la financiación de la radiodifusión televisiva comercial, y que garantice unas condiciones óptimas de competitividad y seguridad jurídica para las tecnologías de la información y los servicios e industrias de medios de comunicación en Europa, así como para el respeto de la diversidad cultural y lingüística.

(2)

Si bien las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes que rigen las actividades de radiodifusión televisiva en los Estados miembros están ya coordinadas por la Directiva 89/552/CEE, las normas que se aplican a otras actividades, tales como los servicios de comunicación audiovisual a petición, presentan divergencias, algunas de las cuales pueden entorpecer la libre circulación de dichos servicios en la Unión Europea y falsear la competencia dentro del mercado interior.

(3)

Los servicios de comunicación audiovisual son tanto servicios culturales como servicios económicos. Su importancia cada vez mayor para las sociedades y la democracia —sobre todo por garantizar la libertad de la información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación—, así como para la educación y la cultura, justifica que se les apliquen normas específicas.

(4)

El apartado 4 del artículo 151 del Tratado obliga a la Comunidad a tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas.

(5)

En sus Resoluciones de 1 de diciembre de 2005 (5) y 4 de abril de 2006 (6) relativas a la Ronda de Doha y la Conferencia Ministerial de la OMC, el Parlamento Europeo exige que los servicios públicos básicos, tales como los servicios audiovisuales, se excluyan de la liberalización en el marco de la Ronda de negociación relativa al AGCS. En su Resolución de 27 de abril de 2006 (7), el Parlamento Europeo brinda su apoyo a la Convención de la Unesco sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y afirma, en particular, «que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial». La Decisión 2006/515/CE del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativa a la celebración de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (8) aprobó en nombre de la Comunidad dicha Convención de la Unesco. La Convención entró en vigor el 18 de marzo de 2007. La presente Directiva respeta los principios de dicha Convención.

(6)

Los servicios de comunicación audiovisual tradicionales —como la televisión— y los servicios de comunicación audiovisual a petición que están surgiendo son potenciales fuentes de empleo en la Comunidad, en especial en las pequeñas y medianas empresas, y estimulan el crecimiento económico y la inversión. Teniendo en cuenta la importancia de procurar que exista una igualdad de condiciones de competencia y un verdadero mercado europeo de servicios de comunicación audiovisual, deben respetarse los principios básicos del mercado interior, tales como la libre competencia y la igualdad de trato, con objeto de garantizar la transparencia y la previsibilidad de los mercados de los servicios de comunicación audiovisual y reducir las barreras de acceso al mercado.

(7)

Las empresas europeas que prestan servicios de comunicación audiovisual sufren una situación de inseguridad jurídica y de tratamiento desigual en cuanto al régimen jurídico aplicable a los nuevos servicios de comunicación audiovisual a petición. Por consiguiente, es necesario, para evitar el falseamiento de la competencia, mejorar la seguridad jurídica, contribuir a la plena realización del mercado interior y facilitar la creación de un espacio único de información, al menos un conjunto básico de normas coordinadas, que se apliquen a todos los servicios de comunicación audiovisual, tanto de radiodifusión televisiva (servicios de comunicación audiovisual lineales) como servicios de comunicación audiovisual a petición (servicios de comunicación audiovisual no lineales). Los principios fundamentales de la Directiva 89/552/CEE, a saber, el principio del país de origen y las normas mínimas comunes, han dado buenos resultados, por lo que deben conservarse.

(8)

El 15 de diciembre de 2003 la Comisión aprobó una Comunicación sobre el futuro de la política reguladora europea en el sector audiovisual, en la que se subraya que la política de regulación del sector debe proteger, tanto ahora como en el futuro, determinados intereses públicos, como la diversidad cultural, el derecho a la información, el pluralismo de los medios de comunicación, la protección de los menores y la protección de los consumidores, así como las medidas a adoptar para aumentar el nivel de conocimiento y de formación del público en materia de medios de comunicación.

(9)

La Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 25 de enero de 1999, sobre el servicio público de radiodifusión (9), confirmó que es preciso que los servicios públicos de radiodifusión sigan aprovechando el progreso tecnológico para el cumplimiento de su función. La coexistencia de prestadores de servicios de comunicación audiovisual públicos y privados es un rasgo característico del mercado europeo de medios audiovisuales.

(10)

La Comisión aprobó la iniciativa «i2010 — Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo» para fomentar el empleo y el crecimiento en la sociedad de información y los sectores de medios de comunicación. Esto es una estrategia de amplio alcance destinada a favorecer la producción de contenidos europeos, el desarrollo de la economía digital y la adopción de las TIC, en el contexto de la convergencia de los servicios de la sociedad de la información y de los servicios de medios de comunicación, redes y dispositivos, mediante una modernización y despliegue de todos los instrumentos políticos de la UE: instrumentos reguladores, investigación y asociaciones con la industria. La Comisión se ha comprometido a crear un marco coherente en el mercado interior para los servicios de la sociedad de la información y los servicios de medios, modernizando el marco legal de los servicios audiovisuales, comenzando con la propuesta presentada en 2005 para modernizar la Directiva «Televisión sin fronteras», convirtiéndola en una Directiva «sobre los servicios de comunicación audiovisual». El objetivo de la iniciativa i2010 se alcanzará, en principio, permitiendo a las industrias crecer con solo la reglamentación necesaria y permitiendo a las pequeñas industrias nacientes, que crearán riqueza y puestos de trabajo en el futuro, desarrollarse, innovar y crear empleo en un mercado libre.

(11)

El Parlamento Europeo adoptó el 4 de septiembre de 2003 (10), el 22 de abril de 2004 (11) y el 6 de septiembre de 2005 (12) sendas Resoluciones que pedían la adaptación de la Directiva 89/552/CEE a los cambios estructurales y la evolución tecnológica, respetándose plenamente sus principios subyacentes, que conservan su validez. Además, la Resolución apoya en principio el planteamiento general de fijar normas básicas para todos los servicios de comunicación audiovisual y normas adicionales para los servicios de radiodifusión televisiva.

(12)

La presente Directiva contribuye a un mejor ejercicio de los derechos fundamentales y concuerda plenamente con los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (13), en particular su artículo 11. A este respecto, no impide en modo alguno a los Estados miembros aplicar sus normas constitucionales en materia de libertad de prensa y libertad de expresión en los medios de comunicación.

(13)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros que se desprenden de la aplicación de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (14). En consecuencia, los proyectos de normas nacionales aplicables a los servicios de comunicación audiovisual a petición, que sean de carácter más estricto o más detallado que lo que se requiere para la mera incorporación al Derecho nacional de la presente Directiva deben estar sujetos a las obligaciones de procedimiento establecidas en virtud del artículo 8 de la Directiva 98/34/CE.

(14)

La Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (15), ha de entenderse, de conformidad con su artículo 1, apartado 3, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse a nivel comunitario o nacional en función de objetivos de interés general, en particular en relación con la regulación de contenidos y la política audiovisual.

(15)

Ninguna disposición de la presente Directiva debe exigir a los Estados miembros que impongan nuevos sistemas de licencias o autorizaciones administrativas a los servicios de comunicación audiovisual, ni animarles a tal proceder.

(16)

A efectos de la presente Directiva, la definición de servicios de comunicación audiovisual debe englobar únicamente servicios de comunicación audiovisual, tanto si se trata de radiodifusión televisiva como a petición, que sean medios de comunicación de masas, es decir, que estén destinados a una parte significativa del público en general y que puedan tener un claro impacto sobre él. Su alcance debe estar limitado a los servicios tal como están definidos en el Tratado y, por lo tanto, debe abarcar cualquier forma de actividad económica, incluida la de las empresas de servicio público, pero no las actividades que no son fundamentalmente económicas ni entran en competencia con la radiodifusión televisiva, como los sitios web de titularidad privada y los servicios consistentes en la prestación de servicios o distribución de contenido audiovisual generado por usuarios privados con el fin de compartirlo e intercambiarlo entre grupos de interés.

(17)

Los servicios de comunicación audiovisual a petición se caracterizan por ser «como televisión», esto es, que compiten por la misma audiencia que las emisiones de radiodifusión televisiva, y que, habida cuenta de la naturaleza y de los medios de acceso al servicio, el usuario puede tener una expectativa razonable de contar con la protección normativa incluida en la presente Directiva. Sobre esta base y para evitar discrepancias respecto a la libre circulación y competencia, el concepto de «programa» debe interpretarse de forma dinámica teniendo en cuenta la evolución de la radiodifusión televisiva.

(18)

A efectos de la presente Directiva, la definición de servicios de comunicación audiovisual debe abarcar los medios de comunicación de masas en su función de informar, entretener y educar al público general y debe incluir las comunicaciones audiovisuales comerciales, pero debe excluir toda forma de correspondencia privada, como los mensajes de correo electrónico enviados a un número limitado de destinatarios. La definición debe excluir asimismo todos los servicios cuyo principal objeto no sea proporcionar programas, es decir, aquellos cuyo contenido audiovisual sea meramente incidental y no constituya la finalidad principal. Como ejemplos cabe citar los sitios web que contienen elementos audiovisuales con una función exclusivamente auxiliar, elementos gráficos animados, pequeños anuncios publicitarios o información relacionada con un producto o servicio no audiovisual. Por estos motivos, los juegos de azar que impliquen una apuesta que represente un valor monetario, incluidas las loterías, las apuestas y otros juegos de azar o de dinero, así como los juegos en línea y los motores de búsqueda, también deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, pero no las emisiones televisivas dedicadas a juegos de azar o de dinero.

(19)

A efectos de la presente Directiva, la definición de prestador del servicio de comunicación debe excluir a las personas físicas o jurídicas que simplemente difunden los programas cuya responsabilidad editorial corresponde a terceros.

(20)

La radiodifusión televisiva incluye actualmente, en particular, la televisión analógica y la digital, la emisión en directo en tiempo real por Internet (live treaming), la difusión web (webcasting) y el cuasivídeo a petición, mientras que el vídeo a petición, por ejemplo, es un servicio de comunicación audiovisual a petición. En general, en la radiodifusión televisiva o programas de televisión que sean también ofrecidos como servicios de comunicación audiovisual a petición por el mismo prestador del servicio de comunicación, los requisitos de la presente Directiva deben considerarse cumplidos si se reúnen los requisitos aplicables a la radiodifusión televisiva, es decir, transmisión lineal. No obstante, cuando se ofrezcan de forma paralela diferentes tipos de servicios que puedan distinguirse claramente, la presente Directiva debe aplicarse a cada uno de los servicios de que se trate.

(21)

La presente Directiva no debe aplicarse a las versiones electrónicas de periódicos y revistas.

(22)

A los efectos de la presente Directiva, el término «audiovisual» debe hacer referencia a imágenes en movimiento, acompañadas o no de sonido, por lo que comprende las películas mudas, pero no la transmisión de audio ni los servicios de radio. Si bien la finalidad principal de un servicio de comunicación audiovisual es suministrar programas, la definición de tal servicio también debe cubrir el contenido basado en texto que acompaña a tales programas, como los servicios de subtitulación y las guías electrónicas de programas. Los servicios independientes basados en texto no corresponden al ámbito de la presente Directiva, que no debe afectar a la libertad de los Estados miembros de regular dichos servicios a nivel nacional de conformidad con el Tratado.

(23)

El concepto de responsabilidad editorial es esencial para definir el papel de prestador del servicio de comunicación y, por lo tanto, para la definición de los servicios de comunicación audiovisual. Los Estados miembros pueden especificar con mayor detalle aspectos de esta definición, sobre todo del concepto de «control efectivo», cuando adopten las disposiciones necesarias para la aplicación de la presente Directiva. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las exenciones en materia de responsabilidad establecidas por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (16).

(24)

En el contexto de la radiodifusión televisiva, el concepto de visionado simultáneo incluye también el visionado casi simultáneo como consecuencia de los breves desfases temporales que se produzcan entre la transmisión y la recepción de la emisión debido a motivos técnicos inherentes al proceso de transmisión.

(25)

Los criterios establecidos en la definición de servicios de comunicación audiovisual y explicados en los considerandos 16 a 23 deben cumplirse en su totalidad y al mismo tiempo.

(26)

Además de la publicidad y la televenta en televisión, debe introducirse en la presente Directiva la definición más amplia de comunicación comercial audiovisual, que, no obstante, no incluye los anuncios de servicio público ni de los llamamientos de organizaciones benéficas cuya emisión sea gratuita.

(27)

El principio del país de origen debe seguir siendo el núcleo de la presente Directiva, teniendo en cuenta que resulta esencial para la creación de un mercado interior. Por lo tanto, debe aplicarse a todos los servicios de comunicación audiovisual a fin de brindar seguridad jurídica a los prestadores de tales servicios, seguridad que constituye un fundamento necesario para la implantación de nuevos modelos de negocio y el despliegue de dichos servicios. También es esencial el principio del país de origen para garantizar la libre circulación de la información y de los programas audiovisuales en el mercado interior.

(28)

Con el fin de promover un sector audiovisual europeo sólido, competitivo e integrado y de reforzar el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea, sigue siendo esencial que sea un único Estado miembro el que tenga jurisdicción sobre un prestador del servicio de comunicación audiovisual y que el pluralismo de la información constituya un principio fundamental de la Unión Europea.

(29)

La evolución tecnológica, en especial en el ámbito de los programas digitales por satélite, obliga a adaptar los criterios subsidiarios para asegurar una regulación adecuada y una aplicación efectiva y para dar a los agentes un control auténtico sobre el contenido de un servicio de comunicación audiovisual.

(30)

Dado que la presente Directiva afecta a servicios ofrecidos al público en general en la Unión Europea, debe aplicarse exclusivamente a los servicios de comunicación audiovisual que puedan ser recibidos directa o indirectamente por el público en uno o más Estados miembros con equipo de consumo normal. La definición de «equipo de consumo normal» debe dejarse a las autoridades nacionales competentes.

(31)

Los artículos 43 a 48 del Tratado consagran el derecho fundamental a la libertad de establecimiento. Por lo tanto, los prestadores del servicio de comunicación son en general libres de elegir los Estados miembros donde vayan a establecerse. El Tribunal de Justicia ha subrayado también que «el Tratado no prohíbe que una empresa haga uso de la libertad de prestación de servicios cuando no ofrece ningún servicio en el Estado miembro en el que se halla establecida» (17).

(32)

Los Estados miembros deben poder aplicar normas más estrictas o detalladas en los ámbitos coordinados por la presente Directiva a los prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción, siempre que estas normas sean conformes con los principios generales del Derecho comunitario. Una buena solución para abordar aquellas situaciones en las que un organismo de radiodifusión televisiva bajo jurisdicción de un Estado miembro ofrece emisiones de radiodifusión televisiva dirigida total o principalmente al territorio de otro Estado miembro, que responde a las preocupaciones de los Estados miembros sin poner en cuestión la correcta aplicación del principio de país de origen, es exigir que los Estados miembros colaboren entre sí y, en caso de elusión del Derecho nacional, aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (18) combinada con un procedimiento más eficiente. El concepto de normas de interés público general ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado e incluye, entre otras cosas, normas sobre la protección de consumidores, la protección de menores y la política cultural. El Estado miembro que solicite la cooperación se asegurará de que las normas nacionales específicas de que se trate sean objetivamente necesarias y se apliquen de manera no discriminatoria y proporcionada.

(33)

Los Estados miembros para determinar caso por caso si una emisión difundida por un prestador del servicio de comunicación establecido en otro Estado miembro está total o principalmente dirigida a su territorio, podrán aducir indicadores tales como el origen de los ingresos por publicidad y/o por abonados, la lengua principal del servicio o la existencia de programas o comunicaciones comerciales destinadas específicamente al público del Estado miembro de recepción.

(34)

En virtud de la presente Directiva, y no obstante la aplicación del principio del país de origen, los Estados miembros pueden aún adoptar medidas que limiten la libertad de circulación de la radiodifusión televisiva, aunque solo en determinadas condiciones y si se sigue el procedimiento establecido en la presente Directiva. No obstante, el Tribunal de Justicia ha fallado sistemáticamente que toda limitación de la libertad de prestación de servicios, al igual que cualquier excepción a un principio fundamental del Tratado, debe interpretarse de manera restrictiva (19).

(35)

En lo que se refiere a los servicios de comunicación audiovisual a petición, las limitaciones a su libre prestación solo serán posibles con arreglo a condiciones y procedimientos que reproducen aquellos ya estipulados en el artículo 3, apartados 4, 5 y 6 de la Directiva 2000/31/CE.

(36)

En su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea», la Comisión subraya que debe analizarse minuciosamente qué planteamiento regulador es el más adecuado y, en particular, si en el caso de un sector o problema concreto es preferible una respuesta legislativa o cabe estudiar otras alternativas como la corregulación o la autorregulación. Además, la experiencia ha demostrado que ambos instrumentos de corregulación y autorregulación aplicados de acuerdo con las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros pueden desempeñar un importante papel, otorgando un alto grado de protección a los consumidores. Las medidas para alcanzar los objetivos de interés general en el sector de servicios de nuevos medios audiovisuales resultarían más eficaces si se adoptan con el apoyo activo de los propios prestadores de servicios.

Así pues, la autorregulación constituye un tipo de iniciativa voluntaria que permite a los operadores económicos, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales o asociaciones en general adoptar directrices entre sí y para sí. Los Estados miembros deben, con arreglo a sus respectivas tradiciones jurídicas, reconocer el cometido que puede desempeñar la autorregulación efectiva como complemento de la legislación y los mecanismos judiciales o administrativos vigentes y su valiosa contribución con vistas a la consecución de los objetivos de la presente Directiva. No obstante, si bien la autorregulación puede ser un método complementario para aplicar ciertas disposiciones de la presente Directiva, en modo alguno puede sustituir a las obligaciones del poder legislativo nacional.

La corregulación, en su mínima expresión, sirve de «vínculo jurídico» entre la autorregulación y el poder legislativo nacional, con arreglo a las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. La corregulación debe preservar la posibilidad de intervención por parte del Estado en el caso de que no se realicen sus objetivos. Sin perjuicio de las obligaciones formales de los Estados miembros en lo relativo a la incorporación a la legislación nacional, la presente Directiva fomenta la utilización de la corregulación y la autorregulación. Esto no obliga a los Estados miembros a crear regímenes de corregulación o autorregulación ni afecta a las iniciativas de corregulación o autorregulación existentes ya implantadas en los Estados miembros y que funcionan de forma efectiva o las pone en peligro.

(37)

La alfabetización mediática abarca las habilidades, los conocimientos y las capacidades de comprensión que permiten a los consumidores utilizar con eficacia y seguridad los medios. Las personas competentes en el uso de los medios podrán elegir con conocimiento de causa, entender la naturaleza de los contenidos y los servicios, aprovechar toda la gama de oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la comunicación y proteger mejor a sus familias y a sí mismas frente a los contenidos dañinos u ofensivos. Por lo tanto, se debe promover el desarrollo de la alfabetización mediática en todos los sectores de la sociedad y seguirse de cerca sus avances.

La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea (20), contiene ya una serie de posibles medidas para fomentar la alfabetización mediática tales como, por ejemplo, la formación permanente de los profesores y formadores, una formación específica para el manejo de Internet dirigida a los niños desde muy temprana edad, mediante sesiones en que participen los padres o la organización de campañas nacionales destinadas a los ciudadanos, en las que participen todos los medios de comunicación, para facilitar información sobre la utilización responsable de Internet.

(38)

Los derechos de radiodifusión televisiva de acontecimientos de gran interés para el público pueden ser adquiridos por los organismos de radiodifusión televisiva con carácter exclusivo. Sin embargo, es esencial fomentar el pluralismo mediante la diversidad de programación y producción de noticias en la Unión Europea y respetar los principios reconocidos en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(39)

Para proteger la libertad fundamental de recibir información y garantizar la plena y adecuada protección de los intereses de los espectadores de la Unión Europea, quienes gocen de derechos exclusivos de radiodifusión televisiva sobre un acontecimiento de gran interés para el público deben conceder a otros organismos de radiodifusión televisiva el derecho a utilizar extractos breves para su emisión en programas de información general en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, y teniendo debidamente en cuenta los derechos exclusivos. Tales condiciones deben comunicarse oportunamente antes de que se celebre el acontecimiento de gran interés para el público en cuestión, a fin de dar a los demás tiempo suficiente para ejercer tal derecho. Los organismos de radiodifusión televisiva deben poder ejercer dicho derecho a través de un intermediario que actúe específicamente en su nombre en cada caso concreto. Tales extractos breves podrían utilizarse en emisiones de radiodifusión que alcancen todo el territorio de la UE por cualquier canal, incluso los canales dedicados a los deportes, y no deben superar los noventa segundos.

El derecho de acceso a extractos breves debe aplicarse sobre una base transfronteriza solo cuando resulte necesario. Por ello, un organismo de radiodifusión televisiva debe buscar el acceso a los extractos en primer lugar en un organismo de radiodifusión televisiva establecido en el mismo Estado miembro que tenga derechos exclusivos sobre el acontecimiento de gran interés para el público.

El concepto de programas de información general no debe incluir la recopilación de extractos breves en programas de entretenimiento.

El principio del país de origen debe aplicarse tanto al acceso como a la utilización de los extractos breves. En un caso transfronterizo, esto significa que las distintas legislaciones se aplican de forma secuencial. En primer lugar, para acceder a extractos breves se debe aplicar la legislación del Estado miembro en el que está establecido el organismo de radiodifusión televisiva que emite la señal inicial, es decir, que facilita el acceso, y que es en general el Estado miembro en el que tiene lugar el acontecimiento. Cuando un Estado miembro haya establecido un sistema equivalente de acceso al acontecimiento en cuestión se debe aplicar en todo caso la legislación de dicho Estado miembro. En segundo lugar, para transmitir extractos breves se debe aplicar la legislación del Estado miembro en el que está establecido el organismo de radiodifusión televisiva que utiliza los extractos breves, es decir, que los transmite.

(40)

Las prescripciones de la presente Directiva relativas al acceso a acontecimientos de gran interés para el público a efectos de la emisión de resúmenes breves de carácter informativo se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (21), y de los correspondientes convenios internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual y derechos conexos. Los Estados miembros deben facilitar el acceso a acontecimientos de gran interés para el público concediendo el acceso a la señal emitida por el organismo de radiodifusión televisiva en la acepción de la presente Directiva. No obstante, pueden seleccionar otros medios equivalentes en la acepción de la presente Directiva. Dichos medios incluyen, entre otras cosas, la concesión del acceso al lugar en que vaya a celebrarse el acontecimiento de que se trate antes de conceder el acceso a la señal. Esta disposición no es óbice para que los organismos de radiodifusión televisiva celebren contratos más pormenorizados.

(41)

Debe garantizarse que la práctica de los prestadores del servicio de comunicación de ofrecer a posteriori la redifusión a petición de la emisión televisiva originalmente en directo de sus programas informativos siga siendo posible sin tener que adaptar cada programa individual, para omitir, por ejemplo, los extractos breves. Esta posibilidad queda limitada a la oferta a petición realizada por el mismo prestador del servicio de comunicación de un programa idéntico de televisión, de forma que no pueda ser utilizada para crear nuevos modelos de negocio a petición basados en los extractos breves.

(42)

Los servicios de comunicación audiovisual a petición son distintos de la radiodifusión televisiva por lo que respecta tanto a la capacidad de elección y el control que puede ejercer el usuario, como a su incidencia sobre la sociedad (22). Ello justifica la imposición de una reglamentación más liviana a los servicios de comunicación audiovisual a petición, que solo deben observar las normas básicas contenidas en la presente Directiva.

(43)

Dadas las características específicas de los servicios de comunicación audiovisual y, en especial, su incidencia en las opiniones de las personas, es esencial que los usuarios sepan exactamente quién es responsable de su contenido. En consecuencia, es importante que los Estados miembros velen por que los usuarios tengan un acceso fácil y directo en todo momento a la información acerca del prestador del servicio de comunicación. Incumbe a los distintos Estados miembros decidir en la práctica cómo se alcanza este objetivo, sin perjuicio de cualquier otra disposición pertinente del ordenamiento jurídico comunitario.

(44)

La disponibilidad de contenidos nocivos en los servicios de comunicación audiovisual siguen siendo motivo de preocupación para el legislador, el sector de medios y los padres. Habrá también nuevos desafíos, especialmente en relación con las nuevas plataformas y productos. En consecuencia, es necesario introducir normas que protejan el desarrollo físico, mental y moral del menor, así como la dignidad humana, en todos los servicios de comunicación audiovisual, incluida la comunicación comercial audiovisual.

(45)

Se deben equilibrar cuidadosamente las medidas para proteger a los menores y la dignidad humana con el derecho fundamental a la libertad de expresión consagrado en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. La finalidad de este tipo de medidas, tales como el uso de códigos PIN (números de identificación personal), de sistemas de filtrado o de identificación, debe ser, pues, asegurar un adecuado nivel de protección del menor y de la dignidad humana, en especial en relación con los servicios de comunicación audiovisual a petición.

La Recomendación relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica reconoce ya la importancia de los sistemas de filtrado e identificación, e incluye una serie de posibles medidas que pueden llevarse a cabo en beneficio de los menores, tales como proporcionar sistemáticamente a los usuarios un sistema de filtrado eficaz, actualizable y fácil de utilizar cuando se suscriban a un proveedor de acceso u ofrecer el acceso a servicios específicamente destinados a los niños y dotados de un sistema de filtros automáticos.

(46)

Los prestadores del servicio de comunicación situados bajo la jurisdicción de los Estados miembros deben estar sujetos en todo caso a la prohibición de difundir pornografía infantil con arreglo a las disposiciones de la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (23).

(47)

Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva en relación con la protección del desarrollo físico, psíquico y moral del menor y del orden público requiere necesariamente que las medidas adoptadas para proteger dichos intereses deban aplicarse mediante un control previo de los servicios de comunicación audiovisual por parte de organismos públicos.

(48)

Los servicios de comunicación audiovisual a petición tienen potencial para sustituir en parte a la radiodifusión televisiva. Por ello, deben fomentar, cuando sea viable, la producción y distribución de obras europeas, contribuyendo así activamente a la promoción de la diversidad cultural. Esta ayuda a las obras europeas podría, por ejemplo, consistir en contribuciones financieras de dichos servicios para la producción y la adquisición de derechos de obras europeas, en una proporción mínima de obras europeas en los catálogos de «vídeo a petición» o en la presentación atractiva de las obras europeas en las guías electrónicas de programas. Es importante reexaminar periódicamente la aplicación de las disposiciones relativas al fomento de obras europeas por parte de los servicios de comunicación audiovisual. En el marco de los informes previstos en la presente Directiva, los Estados miembros deben tener también en cuenta, en particular, la aportación económica de tales servicios a la producción y adquisición de derechos de obras europeas, así como la presencia de obras europeas en el catálogo de servicios de comunicación audiovisual y el consumo efectivo por parte de los usuarios de las obras europeas ofrecidas por estos servicios.

(49)

Al definir los «productores independientes de los organismos de radiodifusión televisiva» a que se refiere el artículo 5 de la Directiva 89/552/CEE, los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta criterios como la posesión de la empresa de producción y el número de programas suministrados al mismo organismo de radiodifusión televisiva y la propiedad de los derechos secundarios.

(50)

Cuando apliquen las disposiciones del artículo 4 de la Directiva 89/552/CEE, los Estados miembros deben fomentar que los organismos de radiodifusión televisiva incluyan una proporción adecuada de obras coproducidas en Europa o de obras europeas de origen no nacional.

(51)

Procede garantizar que las obras cinematográficas sean transmitidas dentro de los períodos acordados entre los titulares de derechos y los prestadores del servicio de comunicación.

(52)

La disponibilidad de servicios de comunicación audiovisual a petición acrecienta la capacidad de elección de los consumidores. Por lo tanto, no parece justificado especificar normas detalladas que rijan la comunicación comercial audiovisual en los servicios de comunicación audiovisual a petición, lo cual, además, carecería de sentido desde una perspectiva técnica. Sin embargo, toda comunicación comercial audiovisual debe observar, no solo las normas de identificación, sino también un conjunto básico de normas cualitativas orientadas a la consecución de objetivos claros de política pública.

(53)

El derecho de réplica es un recurso jurídico apropiado para la radiodifusión televisiva y podría aplicarse también en el ámbito de los servicios en línea. La Recomendación relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica contiene ya unas directrices adecuadas para la aplicación de medidas en la legislación o las prácticas nacionales para garantizar el derecho de réplica o recursos equivalentes en relación con los medios de comunicación en línea.

(54)

Como ha reconocido la Comisión en su Comunicación interpretativa sobre determinados aspectos de las disposiciones en materia de publicidad de la Directiva «Televisión sin fronteras» (24), el desarrollo de nuevas técnicas publicitarias y la innovación en mercadotecnia han creado nuevas oportunidades efectivas para las comunicaciones comerciales audiovisuales en los servicios tradicionales de difusión, lo cual permite potencialmente a estos competir mejor en igualdad de condiciones con las innovaciones que traen consigo los servicios a petición.

(55)

La evolución del mercado y la tecnología ofrece a los usuarios una mayor capacidad de elección y responsabilidad en el uso que hacen de los servicios de comunicación audiovisual. Para guardar la proporcionalidad con los objetivos de interés general, la regulación debe permitir un cierto grado de flexibilidad con respecto a la radiodifusión televisiva. El principio de separación debe limitarse a la publicidad televisiva y la televenta, mientras que procede permitir el emplazamiento de producto en determinadas circunstancias, a menos que un Estado miembro decida otra cosa, y abolir algunas restricciones cuantitativas. No obstante, se debe prohibir el emplazamiento de producto cuando se realiza de manera encubierta. El principio de separación no debe impedir el uso de las nuevas técnicas de publicidad.

(56)

Aparte de las prácticas reguladas por la presente Directiva, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (25), se aplica a las conductas comerciales desleales, tales como las prácticas engañosas y agresivas que tienen lugar en los servicios de comunicación audiovisual. Por añadidura, puesto que la Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productores del tabaco (26), que prohíbe las actividades de publicidad y patrocinio de cigarrillos y otros productos del tabaco en los medios impresos, servicios de la sociedad de la información y difusión radiofónica, se entiende sin perjuicio de la Directiva 89/552/CEE, en razón de las especiales características de los servicios de comunicación audiovisual, la relación entre la Directiva 2003/33/CE y la Directiva 89/552/CEE debe permanecer inalterada tras la entrada en vigor de la presente Directiva. El artículo 88, apartado 1 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (27), que prohíbe la publicidad al público general de determinados medicamentos se aplica, según dispone el apartado 5 del mismo artículo, sin perjuicio del artículo 14 de la Directiva 89/552/CEE. Debe mantenerse sin cambios la relación entre las Directivas 2001/83/CE y 89/552/CEE tras la entrada en vigor de la presente Directiva. Además, la presente Directiva se entiende sin perjuicio del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (28).

(57)

Dado el incremento de posibilidades que tienen los espectadores para eludir la publicidad a través del uso de las nuevas tecnologías, como los grabadores personales de vídeo digital y la mayor oferta de canales, deja de tener justificación una reglamentación pormenorizada en materia de inserción de anuncios con el objetivo de proteger al espectador. La presente Directiva no debe incrementar la cantidad de tiempo por hora en que es admisible la publicidad, pero debe ofrecer a los organismos de radiodifusión televisiva flexibilidad con respecto a su inserción cuando ello no perjudique indebidamente la integridad de los programas.

(58)

La presente Directiva pretende salvaguardar el carácter específico de la televisión europea, en la que la publicidad se inserta preferiblemente entre los programas y de ese modo limita las posibles interrupciones de obras cinematográficas y películas rodadas para la televisión así como de determinadas categorías de programas que aún necesitan protección específica.

(59)

La anterior limitación de la cantidad diaria de publicidad televisiva era en gran medida teórica. La limitación horaria es más importante, porque también se aplica a los períodos de máxima audiencia. En consecuencia, se debe abolir el límite diario y mantener el límite horario en relación con los anuncios de publicidad televisiva y de televenta. Tampoco parecen ya justificadas las restricciones cuantitativas que se aplican a los canales de televenta o de publicidad, dada la mayor libertad de elección de que goza el consumidor. Sin embargo, el límite del 20 % de anuncios de publicidad televisiva y anuncios de televenta por hora de reloj sigue siendo aplicable. El concepto de anuncio de publicidad televisiva debe entenderse como publicidad televisiva en el sentido del artículo 1, letra i), de la Directiva 89/552/CEE modificada por la presente Directiva con una duración inferior a 12 minutos.

(60)

La comunicación audiovisual con fines comerciales encubiertos es una práctica que prohíbe la presente Directiva, por su efecto negativo sobre los consumidores. La prohibición de la comunicación audiovisual con fines comerciales encubiertos no debe afectar al emplazamiento legítimo de productos en el marco de la presente Directiva, siempre que se informe adecuadamente al espectador de dicho emplazamiento, condición que puede cumplirse señalando el hecho de que en un determinado programa hay emplazamiento de producto, por ejemplo, mediante un logotipo neutro.

(61)

El emplazamiento de producto es una realidad en las obras cinematográficas y las obras audiovisuales realizadas para televisión, pero los Estados miembros la regulan de manera heterogénea. Para garantizar la igualdad de condiciones y acrecentar así la competitividad del sector europeo de medios, es necesario aprobar normas en materia de emplazamiento de producto. La definición de emplazamiento de producto que se introduce en la presente Directiva debe englobar toda forma de comunicación comercial audiovisual consistente en incluir o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera que aparezca en un programa, a cambio de una remuneración o contraprestación similar. El suministro gratuito de bienes o servicios, como las ayudas materiales a la producción o los premios, debe considerarse emplazamiento de producto únicamente si los bienes o servicios a los que se refiere tienen un valor significativo. El emplazamiento de producto debe estar sujeto a las mismas normas cualitativas y restricciones aplicables a la comunicación comercial audiovisual. El criterio determinante para distinguir patrocinio y emplazamiento de producto es que, en el emplazamiento de producto, la referencia a un producto está incorporada en la acción de un programa, razón por la cual la definición del artículo 1, letra m), de la Directiva 89/552/CEE modificada por la presente Directiva, incluye para la expresión «figure en». Por el contrario, las referencias a los patrocinadores pueden aparecer en el programa, pero no formar parte del argumento.

(62)

Debe prohibirse, en principio, el emplazamiento de producto. No obstante, es conveniente que existan algunas excepciones para determinados tipos de programas, sobre la base de una lista positiva. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de optar por no acogerse a dichas excepciones, parcialmente o en su totalidad, por ejemplo al autorizar el emplazamiento de producto únicamente en programas que no se hayan producido exclusivamente en dicho Estado miembro.

(63)

Además, deben prohibirse el patrocinio y el emplazamiento de producto cuando influyan en el contenido de los programas de manera que se vea afectada la responsabilidad e independencia editorial del prestador del servicio de comunicación. Este será el caso en lo que se refiere a la colocación de temas.

(64)

El derecho de las personas con discapacidad y de las personas de edad avanzada a participar e integrarse en la vida social y cultural de la comunidad está vinculado indisolublemente a la prestación de unos servicios de comunicación audiovisual accesibles. La accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual incluye, sin limitarse a ellos, aspectos como el lenguaje de signos, el subtitulado, la descripción acústica y menús de pantalla fácilmente comprensibles.

(65)

De acuerdo con los cometidos que el Tratado confiere a los Estados miembros, estos son responsables de la transposición y de la aplicación efectiva de la presente Directiva. Son libres de escoger los instrumentos convenientes de acuerdo con sus tradiciones jurídicas y las estructuras establecidas, y en particular la forma de sus organismos reguladores independientes competentes, a fin de poder llevar a cabo su labor de aplicación de la presente Directiva de manera imparcial y transparente. Más concretamente, los instrumentos elegidos por los Estados miembros deben contribuir a fomentar el pluralismo de los medios de comunicación.

(66)

Es necesaria una estrecha colaboración entre los organismos reguladores nacionales competentes y la Comisión para garantizar la correcta aplicación de la presente Directiva. Del mismo modo, la estrecha colaboración entre los Estados miembros y entre sus organismos reguladores cobra especial importancia cuando se trata de la incidencia que pudieran tener los organismos de radiodifusión televisiva establecidos en un Estado miembro sobre otro Estado miembro. En caso de que la legislación nacional prevea procedimientos para la concesión de licencias y sean más de uno los Estados miembros afectados, conviene que los respectivos organismos reguladores competentes se pongan en contacto antes de proceder a la concesión de dichas licencias. Esta colaboración debe extenderse a todos los ámbitos coordinados por la Directiva 89/552/CEE modificada por la presente Directiva, y en particular sus artículos 2, 2 bis y 3.

(67)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la creación de un espacio sin fronteras interiores para los servicios de comunicación audiovisual al mismo tiempo que se vela por un alto nivel de protección de los objetivos de interés general, en particular la protección de los menores y de la dignidad humana, así como la promoción de los derechos de las personas con discapacidades, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(68)

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (29), se alienta a los Estados miembros a que elaboren, para sí mismos y en interés de la Comunidad, sus propios cuadros, en los que mostrarán, hasta donde sea posible, la correspondencia entre la presente Directiva y las medidas de adaptación, y a hacerlos públicos.

1)

El título se sustituye por el texto siguiente:

2)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

3)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

1.   Los Estados miembros velarán por que todos los servicios de comunicación audiovisual transmitidos por prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción respeten las normas del ordenamiento jurídico aplicables a los servicios de comunicación audiovisual destinados al público en dicho Estado miembro.

2.   A efectos de la presente Directiva, estarán sometidos a la jurisdicción de un Estado miembro los prestadores del servicio de comunicación:

3.   A efectos de la presente Directiva, se considerará que un prestador del servicio de comunicación está establecido en un Estado miembro en los casos siguientes:

4.   Se considerará que los prestadores del servicio de comunicación a los que no se aplique lo dispuesto en el apartado 3 están sometidos a la jurisdicción de un Estado miembro en los casos siguientes:

5.   Si la cuestión de qué Estado miembro tiene jurisdicción no pudiera dilucidarse con arreglo a los apartados 3 y 4, el Estado miembro competente será aquel en el que esté establecido el prestador del servicio de comunicación en el sentido de los artículos 43 a 48 del Tratado.

6.   La presente Directiva no se aplicará a los servicios de comunicación audiovisual destinados exclusivamente a la recepción en terceros países y que no sean recibidos por el público con equipo de consumo normal de manera directa ni indirecta en uno o varios Estados miembros.».

4)

El artículo 2 bis queda modificado como sigue:

5)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3

1.   Los Estados miembros tendrán la facultad de exigir a los prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción el cumplimiento de normas más estrictas o detalladas en los ámbitos regulados por la presente Directiva siempre y cuando estas normas sean conformes a la legislación comunitaria.

2.   En los casos en los que un Estado miembro:

podrá ponerse en contacto con el Estado miembro que tenga jurisdicción con miras a lograr una solución de los problemas planteados que resulte mutuamente satisfactoria. Al recibir una petición debidamente justificada del primer Estado miembro, el Estado miembro que tenga jurisdicción solicitará al organismo de radiodifusión televisiva que cumpla las normas de interés público general pertinentes. El Estado miembro competente informará al primer Estado miembro de los resultados obtenidos en respuesta a su solicitud en el plazo de dos meses. Los Estados miembros podrá invitar al Comité de contacto establecido en el artículo 23 bis a examinar el caso de que se trate.

3.   Cuando el primer Estado miembro considere:

Estas medidas serán objetivamente necesarias, se aplicarán de manera no discriminatoria y proporcionadas a los objetivos que se persiguen.

4.   Los Estados miembros podrán tomar medidas con arreglo al apartado 3 solo si se dan las siguientes condiciones:

5.   La Comisión adoptará una decisión en los tres meses siguientes a la notificación contemplada en el apartado 4, letra a). Si la Comisión decide que las medidas son incompatibles con el Derecho comunitario, el Estado miembro en cuestión se abstendrá de adoptar ninguna de ellas.

6.   Los Estados miembros, en el marco de su legislación y aplicando las medidas adecuadas, velarán por que los prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción cumplan efectivamente las disposiciones de la presente Directiva.

7.   Los Estados miembros estimularán los regímenes de corregulación o autorregulación a nivel nacional en los ámbitos coordinados por la presente Directiva en la medida permitida por sus ordenamientos jurídicos. Estos regímenes deberán gozar de amplia aceptación entre los principales interesados en los Estados miembros de que se trate y prever medios para una aplicación efectiva.

8.   La Directiva 2000/31/CE se aplicará plenamente excepto cuando se disponga lo contrario en la presente Directiva. En caso de conflicto entre una disposición de la Directiva 2000/31/CE y una disposición de la presente Directiva, prevalecerán las disposiciones de la presente Directiva, excepto cuando se disponga lo contrario en la presente Directiva.».

6)

Se suprime el artículo 3 bis.

7)

Se inserta el capítulo siguiente después del artículo 3:

«CAPÍTULO II BIS

DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Artículo 3 bis

Los Estados miembros velarán por que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual bajo su jurisdicción pongan a disposición de los receptores del servicio, de manera fácil, directa y permanente, al menos la siguiente información:

Artículo 3 ter

Los Estados miembros garantizarán, aplicando las medidas idóneas, que los servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por prestadores bajo su jurisdicción no contengan incitaciones al odio por razón de raza, sexo, religión o nacionalidad.

Artículo 3 quater

Los Estados miembros alentarán a los servicios de comunicación audiovisual bajo su jurisdicción a garantizar que sus servicios sean gradualmente accesibles a las personas con una discapacidad visual o auditiva.

Artículo 3 quinquies

Los Estados miembros velarán por que los prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción no emitan obras cinematográficas fuera de los períodos acordados con los titulares de sus derechos.

Artículo 3 sexies

1.   Los Estados miembros velarán por que las comunicaciones comerciales audiovisuales realizadas por prestadores sujetos a su jurisdicción observen las siguientes prescripciones:

2.   Los Estados miembros y la Comisión impulsarán a los prestadores del servicio de comunicación a desarrollar códigos de conducta en relación con la comunicación comercial audiovisual inadecuada que acompañe a los programas infantiles o se incluya en ellos, de alimentos y bebidas que contengan nutrientes y sustancias con un efecto nutricional o fisiológico, en particular aquellos tales como grasas, ácidos transgrasos, sal o sodio y azúcares, para los que no es recomendable una ingesta excesiva en la dieta total.

Artículo 3 septies

1.   Los servicios de comunicación audiovisual o programas patrocinados deberán observar los siguientes requisitos:

2.   Los servicios de comunicación audiovisual o los programas no podrán estar patrocinados por empresas cuya actividad principal sea la fabricación o venta de cigarrillos u otros productos del tabaco.

3.   En los servicios de comunicación audiovisual o programas patrocinados por empresas cuya actividad incluya la fabricación o venta de medicamentos y tratamientos médicos, se podrá promocionar el nombre o la imagen de la empresa, pero no medicamentos específicos o tratamientos médicos que solo puedan obtenerse por prescripción facultativa en el Estado miembro a cuya jurisdicción esté sujeto el prestador del servicio de comunicación.

4.   No se patrocinarán los noticiarios ni los programas informativos de actualidad. Los Estados miembros podrán optar por prohibir que se muestre el logotipo de un patrocinador en programas infantiles, documentales y programas religiosos.

Artículo 3 octies

1.   Queda prohibido el emplazamiento de producto.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el emplazamiento de producto será admisible, a menos que un Estado miembro decida otra cosa, en:

La excepción indicada en el primer guión no se aplicará a los programas infantiles.

Los programas que contengan emplazamiento de producto observarán, al menos, todos los requisitos siguientes:

Excepcionalmente, los Estados miembros podrán optar por no exigir las prescripciones establecidas en la letra d) siempre que el programa de que se trate no haya sido ni producido ni encargado por el propio prestador del servicio de comunicación o una empresa filial de este último.

3.   En cualquier caso, los programas no podrán colocar los siguientes productos:

4.   Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 se aplicará solo a los programas producidos con posterioridad al 19 de diciembre de 2009.».

8)

Se añade el capítulo siguiente:

«CAPÍTULO II TER

DISPOSICIONES ÚNICAMENTE APLICABLES A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL A PETICIÓN

Artículo 3 nonies

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para velar por que los servicios de comunicación audiovisual a petición ofrecidos por los prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción que puedan dañar gravemente el desarrollo físico, mental o moral de los menores se faciliten únicamente de manera que se garantice que, normalmente, los menores no verán ni escucharán dichos servicios de comunicación audiovisual a petición.

Artículo 3 decies

1.   Los Estados miembros velarán por que los servicios de comunicación audiovisual a petición ofrecidos por los prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción fomenten, cuando sea factible y con los medios adecuados, la producción de obras europeas y el acceso a las mismas. Dicho fomento puede llevarse a cabo, entre otras formas, mediante la contribución financiera de dichos servicios a la producción y adquisición de derechos de obras europeas o mediante la inclusión y/o prominencia de obras europeas en el catálogo de programas ofrecidos por el servicio de comunicación audiovisual a petición.

2.   A más tardar el 19 de diciembre de 2011 y, posteriormente, una vez cada cuatro años, los Estados miembros informarán a la Comisión de la aplicación del apartado 1.

3.   Sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros y de un estudio independiente, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del apartado 1, teniendo en cuenta la evolución del mercado, el desarrollo tecnológico y el objetivo de la diversidad cultural.».

9)

Se añade el capítulo siguiente:

«CAPÍTULO II QUATER

DISPOSICIONES SOBRE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS Y LOS RESÚMENES INFORMATIVOS EN RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA

Artículo 3 undecies

1.   Cada Estado miembro podrá adoptar medidas, de conformidad con el Derecho comunitario, para garantizar que los organismos de radiodifusión televisiva sometidos a su jurisdicción no retransmitan en exclusiva acontecimientos que dicho Estado miembro considere de gran importancia para la sociedad, de manera que se prive a una parte importante de público de dicho Estado miembro de la posibilidad de seguir dichos acontecimientos, en directo o en diferido, en la televisión de libre acceso. Si adopta dichas medidas, el Estado miembro de que se trate establecerá una lista de acontecimientos, nacionales o no nacionales, que considere de gran importancia para la sociedad, lo que hará de manera clara y transparente, a su debido tiempo y oportunamente. Al hacerlo, el Estado miembro determinará también si los acontecimientos deben ser transmitidos total o parcialmente en directo o, en caso necesario y apropiado, por razones objetivas de interés público, total o parcialmente en diferido.

2.   Los Estados miembros notificarán inmediatamente a la Comisión cualesquiera medidas que tomen o vayan a tomar en virtud del apartado 1. En un plazo de tres meses a partir del momento en que se efectúe la notificación, la Comisión verificará si dichas medidas se ajustan al Derecho comunitario y las comunicará a los demás Estados miembros. Recabará el dictamen del Comité de contacto que se establezca en virtud del artículo 23 bis. Publicará inmediatamente en el Diario Oficial de la Unión Europea las medidas adoptadas y, como mínimo una vez al año, la lista consolidada de las medidas adoptadas por los Estados miembros.

3.   Los Estados miembros garantizarán, por el medio que proceda y en el marco de sus respectivas disposiciones legales, que los organismos de radiodifusión televisiva sometidos a su jurisdicción no ejerzan los derechos exclusivos que hayan comprado después de la fecha de publicación de la presente Directiva de tal forma que se prive a una parte sustancial del público de otro Estado miembro de la posibilidad de seguir acontecimientos designados por ese otro Estado miembro con arreglo a los apartados 1 y 2, en emisión total o parcialmente en directo o, cuando sea necesario o apropiado por razones objetivas de interés público, total o parcialmente en diferido, en televisión de libre acceso, tal como determine ese otro Estado miembro con arreglo al apartado 1.

Artículo 3 duodecies

1.   Los Estados miembros velarán por que, a efectos de la emisión de breves resúmenes informativos, cualquier organismo de radiodifusión televisiva establecido en la Comunidad tenga acceso, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, a acontecimientos de gran interés público transmitidos en exclusiva por un organismo de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción.

2.   Si otro organismo de radiodifusión televisiva establecido en el mismo Estado miembro que el organismo que pretende obtener el acceso ha adquirido derechos exclusivos sobre el acontecimiento de gran interés para el público, el acceso se solicitará a dicho organismo.

3.   Los Estados miembros velarán por que se garantice dicho acceso, permitiendo para ello a los organismos de radiodifusión televisiva seleccionar libremente extractos breves procedentes de la señal emitida por el organismo de radiodifusión televisiva transmisor indicando, a menos que resulte imposible por razones prácticas, como mínimo su origen.

4.   Como alternativa al apartado 3, los Estados miembros podrán establecer un sistema equivalente que logre el acceso por otros medios, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

5.   Los extractos breves se utilizarán únicamente para programas de información general y solo podrán utilizarse en los servicios de comunicación audiovisual a petición si el mismo prestador del servicio de comunicación ofrece el mismo programa en diferido.

6.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5, los Estados miembros velarán por que, de conformidad con sus ordenamientos y prácticas jurídicas, se determinen las modalidades y las condiciones relativas a la prestación de dichos extractos breves, en particular cualesquiera acuerdos de contraprestación, la longitud máxima de los extractos breves y los límites de tiempo en lo que se refiere a su transmisión. Cuando se haya previsto una contraprestación por ellos, esta no superará los costes adicionales en los que se haya incurrido directamente por prestar el acceso.».

10)

En el artículo 4, apartado 1, se suprime la frase «con arreglo al artículo 6».

11)

Se suprimen los artículos 6 y 7.

12)

El título del capítulo IV se sustituye por el texto siguiente:

13)

El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

1.   La publicidad televisiva y la televenta deberán ser fácilmente identificables como tales y distinguirse del contenido editorial. Sin perjuicio de la utilización de nuevas técnicas publicitarias, la publicidad televisiva y la televenta deberán diferenciarse claramente del resto del programa por medios ópticos y/o acústicos y/o espaciales.

2.   Los anuncios publicitarios y de televenta aislados constituirán la excepción, salvo en el caso de las retransmisiones de acontecimientos deportivos.».

14)

El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 11

1.   Los Estados miembros velarán por que, cuando se inserte publicidad televisiva o televenta durante los programas, no se menoscabe la integridad de estos, teniendo en cuenta las interrupciones naturales y la duración y el carácter del programa, y que no se perjudique a los titulares de sus derechos.

2.   La transmisión de películas realizadas para la televisión (con exclusión de las series, los seriales y los documentales), obras cinematográficas y programas informativos podrá ser interrumpida por publicidad televisiva y/o televenta una vez por cada período previsto de treinta minutos como mínimo. La retransmisión de programas infantiles podrá ser interrumpida por publicidad televisiva y/o televenta una vez por cada período previsto de treinta minutos como mínimo, siempre y cuando la duración prevista del programa sea superior a treinta minutos. No se insertará publicidad televisiva ni televenta durante los servicios religiosos.».

15)

Se suprimen los artículos 12 y 13.

16)

Se suprime el apartado 1 del artículo 14.

17)

Se suprimen los artículos 16 y 17.

18)

El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 18

1.   La proporción de anuncios de publicidad televisiva y de anuncios de televenta no excederá del 20 % por hora de reloj.

2.   El apartado 1 no se aplicará a los anuncios realizados por el organismo de radiodifusión televisiva en relación con sus propios programas y los productos accesorios directamente derivados de dichos programas, a los anuncios de patrocinio ni al emplazamiento de producto.».

19)

El artículo 18 bis se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 18 bis

Los espacios de televenta deberán ser fácilmente identificables como tales por medios ópticos y acústicos y tendrán una duración mínima ininterrumpida de 15 minutos.».

20)

El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 19

Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán, mutatis mutandis, a los canales de televisión dedicados exclusivamente a la publicidad y la televenta, así como a los canales de televisión consagrados de forma exclusiva a la autopromoción. No serán de aplicación a estos canales las disposiciones del capítulo III ni tampoco las de los artículos 11 y 18.».

21)

Se suprime el artículo 19 bis.

22)

El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 20

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 y dentro del respeto del Derecho comunitario, los Estados miembros podrán establecer condiciones distintas de las fijadas en el artículo 11, apartado 2, y en el artículo 18 en lo referente a las emisiones de televisión destinadas exclusivamente al territorio nacional que no puedan ser recibidas directa o indirectamente por el público en uno o varios de los demás Estados miembros.».

23)

El título del capítulo V se sustituye por el siguiente:

24)

Se suprimen los artículos 22 bis y 22 ter.

25)

El título del capítulo VI se sustituye por el siguiente:

26)

En el artículo 23 bis, apartado 2, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

27)

Se inserta el capítulo siguiente:

«CAPÍTULO VI TER

COOPERACIÓN ENTRE ORGANISMOS REGULADORES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo 23 ter

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para intercambiar mutuamente y facilitar a la Comisión la información necesaria para la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva, en particular de sus artículos 2, 2 bis y 3, en especial a través de sus organismos reguladores independientes.».

28)

Se suprimen los artículos 25 y 25 bis.

29)

El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 26

A más tardar el 19 de diciembre de 2011, y posteriormente cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y, en caso necesario, presentará propuestas para adaptarla a la evolución en el campo de los servicios de comunicación audiovisual, en particular a la luz de la evolución tecnológica reciente, la competitividad del sector y los niveles de alfabetización mediática en todos los Estados miembros.

En dicho informe se evaluará asimismo la cuestión de la publicidad televisiva que acompaña o se inserta en los programas infantiles y, en particular, si las normas cuantitativas y cualitativas previstas en la presente Directiva han proporcionado el nivel de protección requerido.».

—

el punto 4 del anexo «Directivas y Reglamentos cubiertos por la letra a) del artículo 3» de este Reglamento se sustituye por el siguiente:

18.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/46

(1)

La Comisión ha negociado, en nombre de la Comunidad Europea, un Acuerdo con Ucrania sobre la readmisión de personas.

(2)

El Acuerdo se firmó, en nombre de la Comunidad Europea, el 18 de junio de 2007, sin perjuicio de su eventual celebración en una fecha ulterior, de conformidad con una Decisión del Consejo adoptada el 12 de junio de 2007.

(3)

El Acuerdo debe ser aprobado.

(4)

El Acuerdo instaura un Comité Mixto de Readmisión que podrá adoptar su reglamento interno. Procede establecer un procedimiento simplificado para determinar la posición de la Comunidad en este caso.

(5)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado su deseo de participar en la adopción y en la aplicación de la presente Decisión.

(6)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y en la aplicación de la presente Decisión y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

(7)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

18.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/66

(1)

La Comisión negoció, en nombre de la Comunidad Europea, un Acuerdo con Ucrania sobre la facilitación de la expedición de visados.

(2)

El Acuerdo fue firmado en nombre de la Comunidad Europea el 18 de junio de 2007, a reserva de su posible celebración en una fecha posterior, de conformidad con una Decisión del Consejo adoptada el 12 de junio de 2007.

(3)

Procede aprobar el Acuerdo.

(4)

En virtud del Acuerdo se instituye un Comité mixto para la gestión de dicho Acuerdo, que podrá adoptar su reglamento interno. Es conveniente prever un procedimiento simplificado para establecer la posición de la Comunidad en el presente caso.

(5)

De conformidad con el Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda, y del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ni el Reino Unido ni Irlanda participan en la adopción de la presente Decisión, y no están vinculados ni sujetos a su aplicación.

(6)

De conformidad con el Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

18.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/77

(1)

El destinatario de la presente Decisión, adoptada con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (1), es Fiat Auto S.p.A. (en adelante, «Fiat») y se refiere al suministro de la información técnica necesaria para la reparación de vehículos de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Lancia.

(2)

La información técnica consiste en los datos, procedimientos e instrucciones necesarios para revisar, reparar y sustituir piezas defectuosas, rotas o gastadas de vehículos de motor o para arreglar fallos de los sistemas de estos vehículos. Incluye siete categorías principales:

(3)

En diciembre de 2006, la Comisión incoó el procedimiento y envió a Fiat un análisis preliminar en el que se señalaba que los acuerdos de la marca con sus socios encargados de los servicios posventa planteaban dudas en cuanto a su compatibilidad con el artículo 81, apartado 1, del Tratado CE.

(4)

Según el análisis preliminar de la Comisión, al parecer mucho después de que hubiese finalizado el período transitorio establecido por el Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (2), Fiat no había difundido todavía ciertas categorías de información técnica sobre la reparación de los vehículos. Además, cuando la Comisión inició su investigación, Fiat aún no había organizado un sistema efectivo que permitiera a los talleres independientes acceder solo a la información técnica necesaria para una reparación concreta. Aunque, mientras se estaba desarrollando la investigación de la Comisión, Fiat mejoró la accesibilidad de su información técnica, especialmente mediante la creación en junio de 2005 de un sitio web («el sitio IT») diseñado con este fin, la información puesta a disposición de los talleres independientes parecía ser aún incompleta.

(5)

De dicho análisis preliminar se desprendía que los mercados afectados en este caso concreto eran el mercado de prestación de servicios de reparación y mantenimiento de turismos, y el mercado de suministro de información técnica a los talleres de reparación. La red de talleres autorizados Fiat disponía de unas cuotas de mercado muy altas en el primero de dichos mercados mientras que, en el segundo, Fiat era el único proveedor capaz de comunicar toda la información técnica necesaria para la reparación de sus vehículos.

(6)

En resumidas cuentas, los acuerdos en materia de servicios y distribución de recambios de Fiat obligan a los miembros de sus redes de talleres autorizados a efectuar la gama completa de servicios de reparación específicos de la marca y a actuar como mayoristas de recambios. La Comisión teme que los posibles efectos perjudiciales provocados por estos acuerdos puedan agravarse debido a que Fiat no propone a los talleres independientes un acceso adecuado a su información técnica, excluyendo así de hecho a empresas dispuestas a —y capaces de— proponer servicios de reparación con un modelo de empresa distinto.

(7)

La conclusión preliminar de la Comisión fue que las modalidades de difusión de la información técnica de Fiat a los talleres de reparación independientes no respondían a las necesidades de estos últimos, tanto en lo referente al alcance como a la accesibilidad de la información disponible. Estas prácticas, en combinación con prácticas similares de otros fabricantes de vehículos de motor, pueden haber contribuido al declive de la posición en el mercado de los talleres de reparación independientes. Esto, a su vez, puede haber causado un daño considerable al consumidor al reducir en gran medida las posibilidades de elección de recambios, aumentar el precio de las reparaciones, plantear posibles problemas de seguridad y dificultar el acceso a talleres de reparación innovadores.

(8)

Por otra parte, el hecho de que Fiat presuntamente no haya ofrecido el acceso adecuado a la información técnica a los talleres de reparación independientes podría impedir que los acuerdos con sus socios encargados de los servicios posventa se beneficien de la exención contemplada en el Reglamento (CE) no 1400/2002, dado que, con arreglo al artículo 4, apartado 2, del mismo, la exención no será aplicable cuando el proveedor de vehículos de motor deniegue a los operadores independientes el acceso a toda información técnica, equipos de diagnóstico y de otro tipo, herramientas, incluido todo programa informático pertinente, y la formación necesaria para la reparación y el mantenimiento de estos vehículos de motor. Según se especifica en el considerando 26 de dicho Reglamento, las condiciones de acceso no deberán hacer distinción entre operadores autorizados e independientes.

(9)

Por último y con carácter preliminar, la Comisión concluye que debido a la falta de acceso a la información técnica necesaria para proceder a las reparaciones, es probable que los acuerdos entre Fiat y los talleres de reparación autorizados no puedan beneficiarse de las disposiciones del artículo 81, apartado 3, del Tratado.

(10)

El 22 de enero de 2007, Fiat propuso a la Comisión compromisos destinados a resolver los problemas de competencia a que se refería la evaluación preliminar.

(11)

Según esos compromisos, el principio que determina el alcance de la información que debe suministrarse es el de no discriminación entre talleres de reparación independientes y autorizados. En este sentido, Fiat garantizará que toda la información técnica, herramientas, equipo, programas informáticos y formación necesaria para la reparación y el mantenimiento de sus vehículos proporcionados a los reparadores autorizados y a los importadores independientes de cualquier Estado miembro de la UE por o en nombre de Fiat se ponen también a disposición de los talleres de reparación independientes.

(12)

Los compromisos especifican que la «información técnica» en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1400/2002, incluye la totalidad de la información suministrada a los talleres autorizados para la reparación o el mantenimiento de vehículos de motor Fiat, Alfa Romeo y Lancia. Como ejemplos concretos se pueden citar los programas informáticos, códigos de errores y otros parámetros, así como las actualizaciones necesarias para trabajar en unidades de control electrónico (UCE) para introducir o reparar las programaciones recomendadas por Fiat, métodos de identificación de los vehículos, catálogos de recambios, soluciones fruto de la experiencia práctica que resuelven problemas específicos de un modelo o lote determinado, y avisos de retirada y otros avisos de reparaciones que pueden llevarse a cabo de forma gratuita en la red de talleres de reparación autorizados.

(13)

El acceso a las herramientas incluye el acceso a herramientas electrónicas de diagnóstico y otras herramientas de reparación, con los correspondientes programas informáticos, sus actualizaciones periódicas y los servicios posventa de dichas herramientas.

(14)

Los compromisos vincularán a Fiat y a sus empresas asociadas pero no serán directamente vinculantes para los importadores independientes de las marcas de dicha empresa. Por consiguiente, en los Estados miembros en los que distribuye a Fiat, Alfa Romeo o Lancia a través de importadores independientes, Fiat aceptó hacer todo lo posible para obligar por contrato a dichos importadores a comunicarle cualquier información técnica, o versión lingüística de dicha información técnica, que estas hayan suministrado a los talleres de reparación autorizados en el Estado miembro de que se trate. Fiat se comprometió a poner sin demora esta información técnica o estas versiones lingüísticas en su sitio web de IT.

(15)

Según el considerando 26 del Reglamento (CE) no 1400/2002, Fiat no está obligada a suministrar a los talleres de reparación independientes información técnica que pudiera permitir a un tercero contrarrestar o neutralizar los dispositivos antirrobo instalados a bordo, recalibrar (3) los dispositivos electrónicos o manipular indebidamente los dispositivos que limitan las prestaciones del vehículo. Como ocurre con cualquier excepción de la legislación europea, el considerando 26 se debe interpretar de forma estricta. Los compromisos especifican que, si Fiat invocara esta excepción para justificar la denegación de información técnica a talleres de reparación independientes, se ha comprometido a garantizar que la información retenida se limitará a lo necesario para permitir la protección descrita en dicho considerando y que la falta de la información en cuestión no impedirá a los talleres de reparación independientes llevar a cabo operaciones distintas de las recogidas en el considerando 26, incluidos los trabajos en UCE de gestión del motor, airbag, pretensores de cinturones de seguridad o elementos del cierre centralizado.

(16)

El artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1400/2002 establece que la información técnica deberá suministrarse de forma proporcional a las necesidades de los talleres de reparación independientes. Ello implica el desglose de la información y una tarificación que refleje en qué medida estos talleres la utilizan.

(17)

En virtud de este principio, los compromisos especifican que Fiat deberá poner en el sitio web de IT toda la información técnica relativa a los modelos que haya sacado después de 1996, y se asegurará de que la totalidad de la información técnica actualizada figure en este sitio web de IT o en su sucesor en todo momento. Además, Fiat garantizará la fácil localización del sitio web en todo momento y un nivel de resultados semejantes a los de los métodos empleados para suministrar información técnica a los miembros de sus redes autorizadas. Cuando Fiat u otra empresa que actúe en su nombre ponga algún elemento de información técnica a disposición de talleres de reparación autorizados en alguna de las lenguas de la UE, Fiat deberá asegurarse de que dicha versión lingüística de la información se ponga sin demora en el sitio web de IT.

(18)

Las siguientes tres categorías de información técnica no están todavía en el sitio web de IT, pero Fiat se ha comprometido a ponerlas antes del 31 de diciembre de 2007:

(19)

Los gastos de acceso al sitio de Fiat se basarán en el precio de suscripción anual a la colección completa de CD-ROM que la firma suministra a sus talleres de reparación autorizados, es decir 3 365 EUR, más 65 EUR para el catálogo de recambios y un canon mensual adicional de 134 EUR para las actualizaciones. No obstante, para respetar el requisito de proporcionalidad que establece el Reglamento, Fiat acepta efectuar un desglose proporcional a un acceso mensual, diario o por horas, al precio de 3 EUR por hora, 22 EUR por día y 350 EUR por mes, para cada marca. Fiat acepta mantener estos gastos de acceso y ajustar estrictamente los aumentos a la tasa de inflación media de la UE durante todo el período de vigencia de los compromisos.

(20)

Los compromisos de Fiat se entienden sin perjuicio de cualquier requisito actual o futuro de la legislación nacional o comunitaria que pueda ampliar el alcance de la información técnica que Fiat deba suministrar a operadores independientes o establecer formas más favorables de suministrar dicha información.

(21)

Si un taller de reparación independiente o una asociación de talleres de reparación independientes lo solicita, Fiat se compromete a aceptar un mecanismo de mediación para la resolución de conflictos relativos al suministro de la información técnica. La mediación se llevará a cabo en el Estado miembro en el que esté registrada la sede de la parte demandante y con arreglo a las normas de un centro local de mediación reconocido. La mediación tendrá lugar sin perjuicio del derecho a presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional competente.

(22)

La Decisión observa que, habida cuenta de los compromisos adquiridos, ya no hay motivos para la intervención de la Comisión. Los compromisos serán obligatorios hasta el 31 de mayo de 2010.

(23)

El Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitió un dictamen favorable el 9 de julio de 2007.

18.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/80

(1)

De conformidad con la Decisión 2004/4/CE de la Comisión (2), no está autorizada, en principio, la introducción en la Comunidad de tubérculos de Solanum tuberosum L. originarios de Egipto. No obstante, para la campaña de importación 2006/07 se autorizó la introducción en la Comunidad de dichos tubérculos desde zonas libres de plagas y siempre que se reunieran determinadas condiciones específicas.

(2)

En el transcurso de la campaña de importación 2006/07 se detectó en una ocasión la presencia de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

Egipto ha reaccionado satisfactoriamente ante esta detección. La zona en cuestión ha sido eliminada de la lista de zonas libres de plagas para la campaña de importación 2007/08.

(4)

A la luz de la información facilitada por Egipto, la Comisión ha determinado que la entrada en la Comunidad de tubérculos de Solanum tuberosum L. procedentes de zonas egipcias libres de plagas no plantea ningún riesgo de propagación de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, siempre y cuando se reúnan determinadas condiciones.

(5)

Por consiguiente, debería autorizarse la introducción en la Comunidad de tubérculos de Solanum tuberosum L. originarios de zonas egipcias libres de plagas para la campaña de importación 2007/08.

(6)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia la Decisión 2004/4/CE.

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

1)

En el artículo 2, apartado 1, «2006/07» se sustituye por «2007/08».

2)

En el artículo 4, «31 de agosto de 2007» se sustituye por «31 de agosto de 2008».

3)

En el artículo 7, «30 de septiembre de 2007» se sustituye por «30 de septiembre de 2008».

4)

El anexo queda modificado como sigue:

18.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/81

(1)

En el Reglamento (CE) no 2160/2003 se establecen requisitos para el control de la salmonela en diferentes poblaciones de aves de corral de los Estados miembros. Estos requisitos se aplican a los Estados miembros a partir de las fechas previstas en el anexo I de dicho Reglamento, en particular, 18 meses después de que se haya fijado un objetivo de reducción de la prevalencia de la salmonela.

(2)

A partir del 1 de julio de 2005 se aplica un objetivo para esta reducción en manadas reproductoras de Gallus gallus de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) no 1003/2005 de la Comisión (4), a partir del 1 de agosto de 2006 para las gallinas ponedoras con arreglo al Reglamento (CE) no 1168/2006, y a partir del 1 de julio de 2007 para pollos de engorde de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) no 646/2007 (5).

(3)

Canadá, Israel, Túnez y los Estados Unidos han presentado a la Comisión sus programas de control de la salmonela en aves de corral reproductoras de Gallus gallus, sus huevos para incubar y pollitos de un día de Gallus gallus destinados a la reproducción. Se ha determinado que estos programas proporcionan garantías equivalentes a las garantías previstas en el Reglamento (CE) no 2160/2003 y, por consiguiente, deben ser aprobados.

(4)

La Decisión 2006/696/CE de la Comisión, de 28 de agosto de 2006, por la que se establece una lista de terceros países desde los cuales pueden importarse a la Comunidad, o transitar por ella, aves de corral, huevos para incubar, pollitos de un día, carne de aves de corral, rátidas y aves silvestres de caza, huevos, ovoproductos y huevos sin gérmenes patógenos específicos, así como las condiciones aplicables a los certificados zoosanitarios y por la que se modifican las Decisiones 93/342/CEE, 200/585/CE y 2003/812/CE (6) contempla las importaciones y el tránsito a través de la Comunidad, en particular, de aves de corral reproductoras y de explotación, huevos para incubar y pollitos de un día, y establece una lista de terceros países a partir de los cuales los Estados miembros están autorizados a importar los animales y los huevos para incubar en cuestión.

(5)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 2160/2003, para ser incluido o continuar en las listas de terceros países previstas por la legislación comunitaria de los cuales los Estados miembros pueden importar los animales o huevos para incubar en cuestión contemplados en dicho Reglamento, el tercer país interesado debe presentar a la Comisión un programa equivalente a los programas nacionales de control de la salmonela que deben establecer los Estados miembros, que debe ser aprobado por la Comisión.

(6)

Como consecuencia de la aprobación de los programas, Canadá, Israel, Túnez y los Estados Unidos deben permanecer en la lista establecida en la Decisión 2006/696/CE de terceros países a partir de los cuales se autoriza a los Estados miembros a importar aves de corral reproductoras de Gallus gallus, sus huevos para incubar y pollitos de un día de Gallus gallus destinados a la reproducción.

(7)

Varios otros terceros países actualmente incluidos en la lista de la Decisión 2006/696/CE todavía no han presentado ningún programa de control de la salmonela a la Comisión. Dado que ya se aplican en la Comunidad los requisitos previstos para las aves de corral reproductoras de Gallus gallus, sus huevos para incubar y los pollitos de un día de Gallus gallus destinados a la reproducción, deben dejar de autorizarse las importaciones de estas aves de corral y estos huevos procedentes de estos terceros países. La lista de terceros países o de partes de terceros países establecida en la parte 1 del anexo I de la Decisión 2006/696/CE debe modificarse en consecuencia.

(8)

A fin de proporcionar garantías equivalentes a los requisitos que se aplican dentro de la Comunidad, los terceros países a partir de los cuales se autoriza a los Estados miembros a importar aves de corral reproductoras y de explotación de Gallus gallus, sus huevos para incubar y pollitos de un día de Gallus gallus, deben certificar que se ha aplicado el programa de control de la salmonela a la manada de origen y que se han efectuado a dicha manada las pruebas de detección de los serotipos de la salmonela con importancia sanitaria tan pronto como comenzaron a aplicarse los requisitos a las diferentes poblaciones de aves de corral de la Comunidad.

(9)

Además, con arreglo al Reglamento (CE) no 2160/2003, en la Comunidad, desde el 1 de enero de 2007, las manadas de Gallus gallus no pueden utilizarse para la reproducción y sus huevos no pueden utilizarse como huevos para incubar, si están infectados con Salmonella Enteritidis y/o Salmonella Typhimurium. Por consiguiente, únicamente debe autorizarse la importación en la Comunidad de las aves de corral reproductoras, los pollitos de un día destinados a la reproducción y los huevos para incubar si se han efectuado análisis a las manadas de origen y si están indemnes de Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium.

(10)

En el Reglamento (CE) no 1177/2006 de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos de uso de métodos específicos de control en el marco de los programas nacionales de control de la salmonela en las aves de corral (7), se establece una serie de normas para la utilización de antibióticos y vacunas en el marco de los programas nacionales de control aprobados por la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) no 2160/2003.

(11)

Los terceros países a partir de los cuales se autoriza a los Estados miembros a importar aves de corral reproductoras y de explotación de Gallus gallus, sus huevos para incubar y pollitos de un día de Gallus gallus, deben certificar que se han aplicado los requisitos específicos para la utilización de antibióticos y vacunas previstos en el Reglamento (CE) no 1177/2006 tan pronto como comenzaron a aplicarse los requisitos a las diferentes poblaciones de aves de corral de la Comunidad. Si se han utilizado antibióticos en pollitos de un día para fines que no sean el control de la salmonela, también debe indicarse en el certificado, debido a que esta utilización puede influir en las pruebas de detección de la salmonela en el momento de la importación.

(12)

Por consiguiente, deben modificarse en consecuencia los modelos de certificados veterinarios para la importación de aves de corral reproductoras y de explotación, pollitos de un día y huevos para incubar, previstos en la Decisión 2006/696/CE. Con el fin de evitar futuras modificaciones de los modelos de certificados veterinarios en el momento en el que empiecen a aplicarse las disposiciones relativas a las importaciones, previstas en el Reglamento (CE) no 2160/2003, a las aves de corral de explotación y los pollitos de un día, distintos de los destinados a la reproducción, deben modificarse también los modelos de certificados veterinarios para las importaciones de estos animales, y debe indicarse claramente cuándo se aplican estas modificaciones a las diferentes poblaciones.

(13)

Bulgaria y Rumanía se adhirieron a la Unión Europea el 1 de enero de 2007. A partir de esta fecha, se aplican a estos nuevos Estados miembros las disposiciones sobre intercambios intracomunitarios establecidas en la Decisión 2006/696/CE. Por consiguiente, Bulgaria y Rumanía deben suprimirse de las listas de terceros países a partir de los cuales está autorizada la importación a los Estados miembros y que figuran en la parte 1 de los anexos I y II de la Decisión 2006/696/CE.

(14)

Para evitar perturbaciones del comercio, debe permitirse la utilización de los certificados veterinarios expedidos de conformidad con la Decisión 2006/696/CE, en su formulación actual, durante un período de sesenta días a partir de la fecha de aplicación de la presente Decisión.

(15)

Sin embargo, con el fin de evitar futuras modificaciones de los modelos de certificados veterinarios en el momento en el que empiecen a aplicarse las disposiciones relativas a las importaciones, previstas en el Reglamento (CE) no 2160/2003, a las gallinas ponedoras y los pollos de engorde de Gallus gallus, deben modificarse también los modelos de certificados veterinarios para las importaciones de estos animales, y debe indicarse claramente cuándo se aplican estas modificaciones a las diferentes poblaciones. Por consiguiente, debe atrasarse la fecha de aplicación de estas modificaciones según proceda.

(16)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2006/696/CE en consecuencia.

(17)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

18.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/101

(1)

La Decisión 2006/415/CE de la Comisión, de 14 de junio de 2006, relativa a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en aves de corral de la Comunidad, y por la que se deroga la Decisión 2006/135/CE (3), establece determinadas medidas de protección que deberán aplicarse para impedir la propagación de esa enfermedad, incluido el establecimiento de zonas A y B, en caso de brote presunto o confirmado de la enfermedad.

(2)

Alemania ha notificado a la Comisión la aparición de un brote de gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en una explotación familiar de su territorio, y ha tomado las medidas apropiadas, como se prevé en la Decisión 2006/415/CE, incluido el establecimiento de zonas A y B, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicha Decisión.

(3)

La Comisión ha examinado las citadas medidas en colaboración con Alemania, y considera que las fronteras de las zonas A y B establecidas por la autoridad competente de dicho Estado miembro están situadas a una distancia suficiente de la localización efectiva del brote. En consecuencia, las zonas A y B de Alemania pueden ser confirmadas y puede fijarse la duración de la regionalización.

(4)

Por tanto, debe modificarse la Decisión 2006/415/CE en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión deben reexaminarse en la próxima reunión del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

18.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/103

(1)

La principal motivación de la delincuencia organizada transfronteriza es obtener beneficios económicos. La obtención de beneficios económicos constituye un estímulo para seguir cometiendo delitos con el fin de obtener mayores beneficios. Los servicios de seguridad consideran que se debería contar con la capacidad necesaria para investigar y analizar las pistas financieras de la actividad delictiva. Para luchar de forma eficaz contra la delincuencia organizada, los Estados miembros de la Unión Europea deben intercambiar rápidamente toda información que pueda llevar al seguimiento e incautación de los productos de actividades delictivas y de otros bienes pertenecientes a los delincuentes.

(2)

El Consejo adoptó el 22 de julio de 2003 la Decisión marco 2003/577/JAI, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (2), y el 24 de febrero de 2005 la Decisión marco 2005/212/JAI, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (3), que tratan sobre determinados aspectos de la cooperación judicial en materia penal en el ámbito del embargo preventivo y el decomiso de los productos, instrumentos y otros bienes relacionados con el delito.

(3)

Resulta necesario establecer una estrecha cooperación entre las respectivas autoridades de los Estados miembros con competencias en el seguimiento de los productos ilegales y otros bienes que puedan ser objeto de decomiso, así como establecer disposiciones que permitan una comunicación directa entre dichas autoridades.

(4)

Para ello, los Estados miembros deben disponer de organismos nacionales de recuperación de activos con competencias en estos ámbitos y también garantizar que dichos organismos puedan intercambiar información con rapidez.

(5)

La red CARIN («Camden Assets Recovery Inter-Agency Network»), establecida en La Haya los días 22 y 23 de septiembre de 2004 por Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido, constituye ya una red global de profesionales y expertos con la intención de reforzar el conocimiento común de los métodos y técnicas en el ámbito de la identificación, embargo preventivo, incautación y decomiso transfronterizo de los productos procedentes del delito y de otros bienes relacionados con él. La presente Decisión debe completar la red CARIN proporcionando una base jurídica a los intercambios de información entre los organismos de recuperación de activos de todos los Estados miembros.

(6)

En su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años», la Comisión abogó por que se reforzaran los instrumentos para hacer frente a los aspectos económicos de la delincuencia organizada, concretamente mediante el fomento de la creación en los Estados miembros de la UE de unidades de inteligencia especializadas en activos delictivos.

(7)

La cooperación entre los organismos de recuperación de activos así como entre estos y otras autoridades encargadas de facilitar el seguimiento y la identificación de los productos de actividades delictivas debe establecerse sobre la base de los procedimientos y los plazos establecidos en la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (4), incluidos los motivos de denegación que esta contiene.

(8)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las disposiciones de cooperación con arreglo a la Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información (5), y de las disposiciones vigentes en materia de cooperación policial.

18.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 332/106