29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/1

(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 2597/1999 (2), el Consejo estableció un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de película de politereftalato de etileno (PET) clasificada en los códigos NC ex 3920 62 19 y ex 3920 62 90, originarias de la India («el producto afectado»). La investigación que dio lugar a la adopción de ese Reglamento se denomina en lo sucesivo «investigación original». Las medidas consistían en un derecho ad valorem, que oscilaba entre un 3,8 % y un 19,1 %, sobre las importaciones de determinados exportadores, nombrados individualmente, con un tipo de derecho residual del 19,1 % sobre las importaciones del producto afectado de las demás empresas. El derecho compensatorio que se estableció sobre las importaciones de película de PET fabricada y exportada por Jindal Poly Films Limited, anteriormente conocida como Jindal Polyester Ltd (3) («Jindal» o «la empresa»), era del 7 %. El período de investigación original se prolongó del 1 de octubre de 1997 al 30 de septiembre de 1998.

(2)

A raíz de una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 18 del Reglamento de base, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 367/2006 (4), mantuvo el derecho compensatorio definitivo establecido en el Reglamento (CE) no 2597/1999 sobre las importaciones de película de PET originarias de la India. El período de investigación de reconsideración se prolongó del 1 de octubre de 2003 al 30 de septiembre de 2004.

(3)

A raíz de una reconsideración provisional relativa a las subvenciones concedidas a otro productor indio de película de PET, Garware Polyester Limited («Garware»), el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 1288/2006, modificó el derecho compensatorio definitivo impuesto a Garware por el Reglamento (CE) no 367/2006.

(4)

La Comisión tenía indicios razonables de que Jindal se beneficiaba de mayores niveles de subvenciones en comparación con la investigación original, y que los cambios de estos niveles eran de naturaleza duradera.

(5)

Como consecuencia de ello, la Comisión decidió, tras consultar al Comité consultivo, iniciar ex officio una reconsideración provisional parcial con arreglo al artículo 19 del Reglamento de base, limitada al nivel de las subvenciones concedidas a Jindal, a fin de evaluar la necesidad de proseguir, suprimir o modificar las medidas compensatorias existentes. El 2 de agosto de 2006, la Comisión comunicó, mediante un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea  (5), el inicio de esta reconsideración.

(6)

El período de investigación de la reconsideración («PI de la reconsideración») se prolongó del 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006.

(7)

La Comisión comunicó oficialmente el inicio de la reconsideración provisional parcial a Jindal, al Gobierno de la India y a Du Pont Tejin Films (Luxemburgo), Mitsubishi Polyester Film (Alemania), Toray Plastics Europe (Francia) y Nuroll (Italia), que representan la inmensa mayoría de la producción de película de PET comunitaria (en lo sucesivo, «la industria de la Comunidad»). Se ofreció a las partes interesadas la posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista por escrito y de solicitar ser oídas en el plazo fijado en el anuncio de inicio del procedimiento.

(8)

Con el fin de obtener la información necesaria para su investigación, la Comisión envió un cuestionario a Jindal, que cooperó respondiendo al mismo. Se realizó una inspección in situ en las instalaciones de Jindal en la India.

(9)

Los principales resultados de la investigación se comunicaron a Jindal, al Gobierno de la India y a la industria de la Comunidad, que tuvieron la posibilidad de presentar sus observaciones. Las observaciones de Jindal se discuten a continuación. El Gobierno de la India no hizo ningún comentario.

(10)

El producto afectado es la película de politereftalato de etileno («PET»), originaria de la India, normalmente declarada en los códigos NC ex 3920 62 19 y ex 3920 62 90, como se define en la investigación original.

(11)

Sobre la base de la información disponible y de las respuestas al cuestionario de la Comisión, se investigaron los sistemas siguientes, que implican presuntamente la concesión de subvenciones:

i)

sistema de licencias previas (Advance Licence Scheme),

ii)

sistema de cartilla de derechos (Duty Entitlement Passbook Scheme),

iii)

sistema de unidades orientadas a la exportación/sistema de zonas económicas especiales (Export Oriented Unit Scheme/Special Economic Zones Scheme),

iv)

sistema de exenciones de derechos de exportación sobre los bienes de capital para industrias exportadoras (Export Promotion Capital goods Scheme),

v)

sistema de exención del impuesto sobre los beneficios de las ventas de exportación (Export Income Tax Exemption Scheme),

vi)

sistema de crédito a la exportación (Export Credit Scheme),

vii)

certificado de reposición con franquicia de derechos (Duty-Free Replenishment Certificate).

(12)

Los sistemas i) a iv) y vii) se basan en la Ley de Comercio Exterior (Desarrollo y Reglamentación) de 1992 (no 22 de 1992), que entró en vigor el 7 de agosto de 1992 («la Ley de Comercio Exterior»). La Ley de Comercio Exterior autoriza al Gobierno de la India a expedir notificaciones sobre la política de exportación e importación. El Gobierno de la India publicó un plan plurianual relativo a la política de comercio exterior de ese país para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2004 y el 31 de marzo de 2009 («FTP 2004-2009»), que sucedió a la anterior política de exportación e importación (EXIM). Además, publicó un manual en el que expone los procedimientos que regulan la FTP 2004-2009 («HOP I 2004-2009»), que se actualiza periódicamente (6).

(13)

El sistema de exención del impuesto sobre los beneficios de las ventas de exportación, mencionado en el inciso v), se basa en la Ley del Impuesto sobre los Beneficios de 1961, modificada anualmente por la Ley de Finanzas.

(14)

El sistema de crédito a la exportación, mencionado en el inciso vi), se basa en las secciones 21 y 35A de la Ley de Reglamentación Bancaria de 1949, que autoriza al Banco de Reserva de la India a dirigir instrucciones a los bancos comerciales en materia de créditos a la exportación.

(15)

Con arreglo a la información disponible y a las respuestas a su cuestionario, la Comisión también investigó el sistema integrado de incentivos (Package Scheme of Incentives) de 1993, en lo sucesivo «PSI», del Gobierno de Maharashtra. Este sistema se basa en las resoluciones del Departamento de Industria, Energía y Trabajo del Gobierno de Maharashtra.

(16)

En los puntos 4.1.3 a 4.1.14 de la FTP 2004-2009 y en los capítulos 4.1 a 4.30 del HOP I 2004-2009 figura una descripción detallada del sistema. Este sistema fue sustituido en abril de 2006, es decir, una vez finalizada el PI de la reconsideración, por el «sistema de autorización previa»(Advance Authorisation Scheme). Parece, no obstante, que se trata solo de un cambio de nombre. El análisis que figura a continuación se centra en el ALS en vigor durante el PI de la reconsideración.

(17)

El ALS consta de seis subsistemas. Estos subsistemas difieren, entre otras cosas, en las condiciones de participación. Los exportadores fabricantes y los exportadores comerciantes «vinculados» a los fabricantes auxiliares pueden acogerse a los subsistemas de «exportaciones físicas» y «requisito anual» del ALS. Los contratistas principales que efectúan suministros para las categorías de «transacciones asimiladas a exportaciones»(deemed export) a las que se hace referencia en el punto 8.2 de la FTP 2004-2009, como, por ejemplo, los proveedores de una unidad orientada a la exportación («EOU»), pueden acogerse al subsistema de «transacciones asimiladas a exportaciones» del ALS. Los fabricantes exportadores que suministran al exportador final pueden acogerse al subsistema de «suministros intermedios». Por último, los proveedores intermedios de insumos a los exportadores fabricantes pueden acceder a los beneficios de las «transacciones asimiladas a exportaciones» gracias a los subsistemas de «autorización previa de licencias»(Advance Release Order) y «crédito documentario nacional subsidiario»(Back-to-back Inland Letter of Credit). Dado que Jindal solo utilizó durante el PI de la reconsideración los cuatro primeros subsistemas, son estos los que se describen a continuación de manera más pormenorizada.

(18)

Puede expedirse una licencia previa para:

(19)

Como ya se mencionó, Jindal utilizó el ALS durante el PI de la reconsideración. Más en concreto, hizo uso de los subsistemas i) a iv).

(20)

A efectos de inspección por parte de las autoridades indias, el titular de una licencia está jurídicamente obligado a mantener «una contabilidad veraz y apropiada del consumo de licencias y del uso de los bienes importados» en un formato concreto (capítulo 4.30 del HOP I 2004-2009), en lo sucesivo denominado «el registro de consumo». La inspección puso de manifiesto que la empresa no llevaba correctamente su registro de consumo, es decir, que no registraba la relación entre el insumo y el destino final del producto resultante, como exige el formato requerido por el Gobierno de la India, y ello pese a que no solo exporta el producto resultante, sino que también lo vende en el mercado interior.

(21)

Por lo que respecta a los subsistemas i) y iii), tanto el volumen como el valor de la asignación de importación y de la obligación de exportación (incluidas las transacciones asimiladas a exportaciones) son establecidos por el Gobierno de la India y se hacen constar en la licencia. Además, en el momento de la importación y de la exportación, los funcionarios encargados deben anotar en la licencia las transacciones correspondientes. El Gobierno de la India determina el volumen de las importaciones autorizadas con arreglo a este sistema conforme a las normas estándar de insumos/producción (standard input-output norms, «SION»). Estas normas existen para la mayoría de los productos, incluido el producto afectado, y están publicadas en el volumen II del HOP I 2004-2009. Las SION relativa a la película de PET y a las escamas de PET, un producto intermedio, fueron revisadas a la baja en octubre de 2005.

(22)

Por lo que hace al subsistema iii), se observó que las transacciones asimiladas a exportaciones que han de cumplir sus respectivas obligaciones con arreglo al ALS eran esencialmente ventas dentro de la empresa, es decir, una unidad de Jindal (no se trata de una entidad jurídica separada) que fabrica escamas de PET vendía las escamas con vistas a la producción de película de PET a EOU de Jindal. La importación de materias primas tuvo lugar en el contexto de la fabricación del producto intermedio (escamas de PET). En otras palabras, en el subsistema iii) las ventas interiores se consideran exportaciones.

(23)

En lo tocante al subsistema iv), se suprimen de la licencia previa de Jindal los insumos obtenidos por esta en el mercado interior y se emite una licencia previa intermedia al proveedor interior. El titular de esta licencia previa intermedia puede importar, libre de derechos, las mercancías necesarias para producir el producto que posteriormente será suministrado a Jindal como materia prima para la producción del producto afectado.

(24)

En el caso del subsistema ii) (requisito anual), en la licencia solo se hace constar el valor de la asignación de importación. El titular de la licencia está obligado a «mantener el nexo entre los insumos importados y el producto resultante» [punto 4.24A(c) del HOP I 2002-2009].

(25)

Los insumos importados no son transferibles y deben utilizarse para producir el producto resultante destinado a la exportación. La obligación de exportación debe cumplirse dentro de un plazo establecido, después de haber sido expedida la licencia (18 meses con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una, es decir, un total de treinta meses).

(26)

La inspección puso de manifiesto que la tasa de consumo específico por parte de la empresa de materias primas claves para producir un kilogramo de película de PET, en grados diferentes dependiendo de la calidad de la misma y tal y como se declara en el registro de consumo, estaba por debajo de la SION correspondiente. Así ocurría claramente en relación con las antiguas SION para película de PET y escamas de PET y, en menor grado, con las SION revisadas que entraron en vigor en septiembre de 2005, es decir, durante el PI de la reconsideración. En otras palabras, se permitió a Jindal importar libre de derechos, al igual que establecían las SION, más materias primas de las que necesitaba para su proceso de fabricación. Esto hizo que el registro de consumo real, en consonancia con la FTP 2004-2009, fuera el elemento crucial de la inspección. Sin embargo, el registro no se llevaba correctamente ni nunca fue inspeccionado por el Gobierno de la India. La empresa alegó que el Gobierno de la India ajustaría el beneficio excesivo cuando hubieran expirado las licencias, a saber, treinta meses después de la expedición de una licencia, ya que es práctica habitual hacer uso de las dos posibles prórrogas de seis meses cada una. No obstante, esta alegación no pudo comprobarse, ya que hasta el momento no se ha reembolsado ninguna de las licencias utilizadas por Jindal.

(27)

En el caso de Jindal, los cambios en la administración de la FTP 2004-2009 que se pusieron en práctica en el otoño de 2005 (envío obligatorio del registro de consumo a las autoridades indias en el marco del proceso de reembolso) aún no se habían aplicado. Por consiguiente, no se ha podido comprobar, en el momento actual, la aplicación de facto de esta disposición.

(28)

La exención de derechos de importación constituye una subvención a tenor del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), y del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, en tanto en cuanto la no recaudación de derechos de importación adeudados es una contribución financiera del Gobierno de la India, que otorgó un beneficio a Jindal al mejorar su liquidez.

(29)

Además, los cuatro subsistemas utilizados por Jindal [es decir, los subsistemas i) a iv)] están supeditados por ley a la cuantía de las exportaciones y, por tanto, son específicos y están sujetos a medidas compensatorias de conformidad con el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento de base. Sin un compromiso de exportación, una empresa no puede obtener beneficios al amparo de estos sistemas. Así ocurre, naturalmente, con los sistemas i), ii) y iv), pero incluso las transacciones asimiladas a exportaciones del ALS cumplen este criterio en el caso que nos ocupa, en la medida en que el suministro a una EOU tiene por objeto, en última instancia, exportaciones reales.

(30)

Los subsistemas utilizados en el caso que nos ocupa no pueden considerarse sistemas admisibles de devolución de derechos o sistemas de devolución en casos de sustitución a efectos del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base. No se ajustan a las estrictas normas establecidas en el anexo I, letra i), en el anexo II (definición y normas de devolución) y en el anexo III (definición y normas de devolución en casos de sustitución) del Reglamento de base. El Gobierno de la India no aplicó eficazmente su sistema o procedimiento de verificación con el objeto de comprobar si los insumos se habían consumido en la producción del producto exportado y en qué cuantía (anexo II, punto II.4, del Reglamento de base y, en el caso de los sistemas de devolución en caso de sustitución, anexo III, punto II.2, del Reglamento de base). Las SION para el producto afectado no eran suficientemente precisas. Estas normas no pueden ser consideradas por sí mismas un sistema de verificación del consumo real, dado que la concepción de esas normas comunes, excesivamente generosas, no permite al Gobierno de la India verificar con suficiente precisión qué cantidad de insumos fueron consumidos en la producción destinada a la exportación. Por otra parte, el Gobierno de la India no llevó a cabo un control eficaz basado en el registro de consumo.

(31)

La empresa, en sus observaciones posteriores a la comunicación de la información, sostuvo que lleva un registro de consumo adecuado y, en ese sentido, que se aplica un sistema de verificación apropiado de conformidad con el anexo II del Reglamento de base. Alegó además que el ALS funciona como un sistema de sustitución, de modo que los insumos libres de derechos pueden utilizarse para producir productos destinados a ser vendidos en el mercado interior, en la medida en que se consuman, bien directamente, bien por sustitución, en la producción de mercancías que sean posteriormente exportadas en un período de tiempo razonable. Sin embargo, aun admitiendo que la empresa llevara un registro del consumo de materias primas para producir una cierta cantidad del producto afectado, no mantuvo un sistema que permitiera verificar qué insumos se consumieron en la producción del producto exportado y en qué cuantía, como establece la FTP 2004-2009 (apéndice 23) y de conformidad con el anexo II, punto II, apartado 4, del Reglamento de base. Por añadidura, tampoco aplica un sistema que permita verificar que la cantidad de insumos respecto de los que se reclama la devolución no excede de la cantidad del producto similar exportado, de conformidad con el anexo III, punto II, apartado 2. En el caso que nos ocupa, se insiste, tras minuciosa consideración, en que no existe vinculación alguna entre los insumos libres de derecho consumidos y el producto exportado, y que, por consiguiente, no existe un sistema de verificación adecuado.

(32)

Los subsistemas están sujetos, pues, a medidas compensatorias.

(33)

El importe de la subvención se calculó de la siguiente forma: el numerador es la suma de los derechos de importación condonados (derecho de aduana básico y derecho de aduana especial adicional) sobre el material importado con arreglo a los subsistemas i) a iii), aplicable respectivamente a las importaciones a través del fabricante intermedio; en el caso del subsistema iv), el numerador es la suma de los derechos de importación condonados sobre los insumos utilizados en la producción del producto afectado durante el PI de la reconsideración.

(34)

La empresa, en sus observaciones posteriores a la comunicación de la información, sostuvo que los derechos de aduanas para las materias primas necesarias para la producción de película de PET han disminuido del 15 % al 7,5 % desde marzo de 2006, es decir, desde el final del PI, y pidió que la Comisión tenga en cuenta este cambio a la hora de calcular el tipo de subvención para el ALS. Sin embargo, aunque ha habido casos en los que se han tenido en cuenta hechos ocurridos tras concluir el PI, se trata siempre de casos en los que concurren circunstancias extraordinarias, que no parecen darse en el caso que nos ocupa. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 5 y el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de base, debe rechazarse esta solicitud.

(35)

También en sus comentarios posteriores a la comunicación de la información, la empresa sostuvo que el beneficio a título del subsistema iv) era, en realidad, la diferencia de precios entre las compras regulares de insumos en el mercado interior y las compras de insumos a raíz de la invalidación del ALS, y presentó algunos cálculos al efecto, sin aportar elementos de prueba. Sin embargo, el beneficio se calcula sobre la base del derecho condonado en la licencia, pues el precio de compra o de venta de las materias es una decisión meramente comercial y no altera la cuantía del derecho no pagado. En cualquier caso, esta alegación se presentó por primera vez después de la comunicación de la información, y, puesto que la Comisión no tuvo oportunidad de verificarla, fue rechazada.

(36)

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, cuando se efectuaron alegaciones justificadas, los gastos que se tuvieron que afrontar necesariamente para tener derecho a la subvención se dedujeron de los importes de la subvención. En el numerador figura el importe total de los derechos de importación condonados y no la remisión/la exención excesivas, como solicitó la empresa, dado que el ALS no reúne las condiciones establecidas en el anexo II del Reglamento de base. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, el denominador es el volumen de negocios de exportación durante el PI de la reconsideración. La empresa alegó que las transacciones asimiladas a exportaciones debían incluirse en el volumen de exportación total de la empresa durante dicho período. Sin embargo, habida cuenta de que estas transacciones no son, de hecho, exportaciones, sino más bien ventas al mercado interior, no pueden clasificarse cabalmente como exportaciones y no se incluyeron, por tanto, en el volumen de exportación total.

(37)

El tipo de subvención establecido para el ALS asciende a 14,68 %.

(38)

En el punto 4.3 de la FTP 2004-2009 figura una descripción detallada del sistema.

(39)

Puesto que Jindal no utilizó el DEPBS durante el PI de la consideración, no es necesario analizar la sujeción a medidas compensatorias de este sistema.

(40)

En el capítulo 6 de la FTP 2004-2009, el HOP I 2004-2009 (EOU), la Ley SEZ de 2005 y las disposiciones de aplicación relacionadas figura una descripción detallada de estos sistemas.

(41)

Con la excepción de las empresas puramente comerciales, todas las empresas que se comprometen a exportar una cierta cantidad de su producción de bienes o servicios pueden ser creadas con arreglo al sistema de zonas económicas especiales o al sistema de unidades orientadas a la exportación. Durante el PI de la reconsideración, se constató que Jindal se había acogido a este último, pero no al primero. Por consiguiente, el análisis se centra únicamente en las EOU.

(42)

Es posible establecer una EOU en cualquier lugar de la India. Este sistema es complementario del sistema de zonas económicas especiales.

(43)

Entre otros elementos, una solicitud para obtener el estatuto de EOU debe incluir, entre otros datos, el volumen de producción previsto, el valor proyectado de las exportaciones, los requisitos de importación y los del mercado interior correspondientes a un período de cinco años. Si las autoridades aceptan la solicitud de la empresa, comunicarán a esta los términos y condiciones que debe cumplir para recibir la autorización. El reconocimiento de una empresa como EOU es válido durante un período de cinco años y puede ser renovado.

(44)

Una obligación fundamental de una EUO, tal como figura en la FTP 2004-2009, es conseguir ganancias netas en divisas; es decir, en un período de referencia (cinco años), el valor total de las exportaciones ha de superar el valor total de los productos importados.

(45)

Una EOU tiene derecho a las siguientes concesiones:

(46)

Las unidades que realizan sus actividades con arreglo a estos sistemas están sometidas a la vigilancia de funcionarios de aduanas conforme a lo dispuesto en la sección 65 de la Ley de Aduanas. Las EOU están obligadas por ley a mantener, en el formato especificado, un registro adecuado de todas las importaciones y del consumo y utilización de todos los materiales importados, así como de todas las exportaciones realizadas. Estos documentos deben ser presentados periódicamente a las autoridades competentes («informes de evolución trimestrales y anuales»). No obstante, «en ningún momento se exigirá que [una EOU] vincule cada importación con sus exportaciones, transferencias a otras unidades, ventas interiores o existencias», según dispone el punto 6.11.2 de la FTP 2004-2009.

(47)

Las ventas interiores son expedidas y registradas con arreglo a un sistema de autocertificación. El proceso de expedición de envíos de exportación de una EOU es supervisado por un funcionario de aduanas o impuestos especiales destinado permanentemente en la unidad.

(48)

Jindal utilizó la EOU para importar bienes de capital exentos de derechos de importación y para obtener el reembolso del impuesto central sobre las ventas pagado por las mercancías adquiridas a nivel local. No utilizó la exención de derechos de importación sobre las materias primas, ya que la instalación de la unidad orientada a la exportación utiliza escamas de PET como materia prima para producir película de PET. Estas escamas de PET se producen en otra unidad de la empresa a partir de materias primas adquiridas al amparo del sistema de licencias previas.

(49)

La exención de una EOU de dos tipos de derechos de importación («derecho básico de aduana» y «derecho especial adicional de aduana») y el reembolso del impuesto central sobre las ventas son contribuciones financieras del Gobierno de la India a tenor del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base. El Gobierno condona los ingresos que podría obtener de no aplicarse este sistema, otorgando así un beneficio a la EOU a efectos de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, ya que mejora su liquidez.

(50)

Así, la exención del derecho básico de aduana y del derecho especial adicional de aduana y el reembolso del impuesto sobre las ventas constituyen subvenciones a efectos del artículo 2 del Reglamento de base. Además, están supeditados por ley a la cuantía de las exportaciones y, por tanto, son específicos y están sujetos a medidas compensatorias de conformidad con el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento de base. El objetivo de exportación de una EOU, tal como se establece en el punto 6.1 de la FTP 2004-2009, es una condición necesaria para obtener los incentivos.

(51)

Además, se confirmó que el Gobierno de la India no contaba con un sistema o procedimiento eficaz para verificar si para producir el producto exportado se habían consumido insumos adquiridos exentos de derechos o del impuesto sobre las ventas y en qué cuantía (anexo II, punto II.4, del Reglamento de base y, en el caso de los sistemas de devolución en caso de sustitución, anexo III, punto II.2, del Reglamento de base). En cualquier caso, la exención de los derechos de importación sobre los bienes de capital no es un sistema admisible de devolución de derechos, dado que en el proceso de producción no se consumen dichos bienes.

(52)

El Gobierno de la India no efectuó un nuevo examen basado en los insumos reales, cuando debería haberlo hecho al no haber aplicado un sistema de verificación eficaz (anexo II, punto II, apartado 5, y anexo III, punto II, apartado 3, del Reglamento de base), ni demostró que no se hubiera producido una remisión excesiva.

(53)

En consecuencia, las medidas compensatorias corresponden a la exención del total de los derechos (derecho básico de aduana y derecho adicional especial de aduana) adeudados en el momento de la importación, así como al reembolso del impuesto sobre las ventas, ambos durante el PI de la reconsideración.

(54)

El numerador se estableció de la forma que se describe a continuación: el importe de la subvención se calculó sobre la base del impuesto sobre las ventas reembolsable por las compras efectuadas para el sector de la producción, a saber, piezas y materiales de envasado, durante el PI de la reconsideración. Los gastos que se tuvieron que afrontar necesariamente para tener derecho a la subvención se dedujeron con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento de base.

(55)

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, el importe de la subvención se asignó al volumen de negocios de las exportaciones generado por todas las ventas de exportación del producto afectado durante el PI de la reconsideración (denominador), ya que la subvención depende de la cuantía de las exportaciones y no fue concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas. El margen de subvención así obtenido fue del 0,04 %.

(56)

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de base, el beneficio se calculó a partir del importe de los derechos de aduana no pagados sobre los bienes de capital importados y del importe del impuesto sobre las ventas reembolsado por las adquisiciones de bienes de capital, repartiendo ambas cantidades a lo largo de un período correspondiente al de la amortización normal de dichos bienes de capital en la industria del producto afectado. La empresa alegó que debería tratarse de la tasa de amortización que había utilizado ella misma en sus estados financieros; sin embargo, se interpretó que el requisito que recoge el artículo 7, apartado 3, se refiere a la tasa de amortización especificada en la legislación aplicable a la empresa, en este caso, la tasa especificada en la Ley de Empresa de 1956. El importe de este modo calculado, que es así atribuible al PI de la reconsideración, se adaptó añadiendo los intereses devengados durante dicho período, a fin de reflejar el valor del beneficio a lo largo del tiempo, calculando así el beneficio total de este sistema para el beneficiario. Los gastos necesariamente afrontados para tener derecho a la subvención se dedujeron de esta cantidad de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, para obtener el importe de la subvención como numerador. De conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento de base, el importe de la subvención se asignó al volumen de negocios de exportación de las ventas del producto afectado durante el PI de la reconsideración como denominador, ya que la subvención depende de la cuantía de las exportaciones y no fue concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas. La empresa alegó que las transacciones asimiladas a exportaciones debían incluirse en el volumen total de exportación, pero esta alegación se rechazó por los motivos que se exponen en el considerando 36. El margen de subvención así obtenido fue del 1,26 %.

(57)

Así, el margen total de subvención con arreglo al sistema EOU para Jindal asciende a 1,3 %.

(58)

En el capítulo 5 de la FTP 2004-2009 y en el capítulo 5 del HOP I 2004-2009 figura una descripción detallada de este sistema.

(59)

Pueden acogerse al sistema los productores exportadores y los comerciantes exportadores «vinculados» a fabricantes y proveedores de servicios auxiliares. Se tiene constancia de que Jindal se benefició del sistema durante el PI de la reconsideración.

(60)

A reserva de una obligación de exportación, se permite a una empresa importar bienes de capital (bienes de capital nuevos y, desde abril de 2003, de segunda mano de hasta un máximo de diez años) a un tipo de derecho reducido. A tal fin, el Gobierno de la India, previa solicitud y pago de una tasa, expide una licencia con arreglo al EPCGS. Desde abril de 2000, el sistema establece la aplicación de un tipo reducido de derecho de importación del 5 % a todos los bienes de capital importados al amparo del sistema. Para cumplir la obligación de exportación, los bienes de capital importados deben utilizarse en la producción de una determinada cantidad de mercancías destinadas a la exportación durante un período establecido.

(61)

El EPCGS ofrece subvenciones a efectos del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), y del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, en la medida en que el Gobierno de la India condona ingresos adeudados. Por otra parte, la reducción de derechos otorga un beneficio al exportador, ya que el hecho de no tener que pagar derechos en el momento de la importación mejora su liquidez.

(62)

Además, el EPCGS está supeditado por ley a la cuantía de las exportaciones, ya que dichas licencias no pueden obtenerse sin un compromiso de exportación. Por consiguiente, es específico y está sujeto a medidas compensatorias de conformidad con el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento de base.

(63)

El sistema no puede considerarse un sistema admisible de devolución de derechos o de devolución en casos de sustitución a efectos del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento de base. Los bienes de capital no entran dentro del ámbito de aplicación de los sistemas admisibles, tal como se indica en el anexo I, letra i), del Reglamento de base, pues no se consumen para producir los productos exportados.

(64)

El numerador se estableció de la forma que se describe a continuación: el importe de la subvención se calculó, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de base, a partir del derecho de aduana no pagado por los bienes de capital importados repartido a lo largo de un período correspondiente al período normal de amortización de dichos bienes de capital en la industria de película de PET, lo que, por los motivos que se exponen en el considerando 56, se consideró correspondía a la tasa especificada en la Ley de Empresa de 1956 y no la utilizada por la propia empresa. A este importe se añadió el interés con el fin de reflejar el valor total del beneficio a lo largo del tiempo. Se dedujeron los gastos que fue necesario afrontar para recibir la subvención, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento de base.

(65)

La empresa alegó que los bienes de capital importados libres de derechos al amparo del ECPGS para su utilización en la unidad Khanvel ya no estaban en uso y que el beneficio relativo a estos bienes no debería incluirse en el numerador. Sin embargo, como no consta que la empresa haya dejado de poseer esos bienes ni que no volverá a utilizarlos, la Comisión debe rechazar esta alegación.

(66)

De conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento de base, el importe de esta subvención se asignó repartiéndolo entre el volumen de negocios de exportación del producto afectado generado durante el PI de la reconsideración (denominador), ya que la subvención está supeditada a la cuantía de las exportaciones. La empresa alegó que las transacciones asimiladas a exportaciones debían incluirse en el volumen total de exportación, pero esta alegación se rechazó por los motivos que se exponen en el considerando 36. La subvención recibida por Jindal asciende a un 1,11 %.

(67)

La base jurídica de este sistema se recoge en la Ley del Impuesto sobre los Beneficios de 1961, que se modifica anualmente mediante la Ley de Finanzas. Esta última fija cada año la base para la recaudación de impuestos, así como varias exenciones y deducciones que pueden solicitarse. Así, por ejemplo, las unidades orientadas a la exportación pueden reclamar exenciones fiscales al amparo de la sección 10B de la Ley del Impuesto sobre los Beneficios de 1961.

(68)

No es necesario analizar la sujeción a medidas compensatorias de este sistema, dado que Jindal no obtuvo ningún beneficio a su amparo.

(69)

Los pormenores de este sistema figuran en la Circular general IECD no 5/04.02.01/2002-03 (Crédito a la exportación en divisas) y en la Circular general IECD no 10/04.02.01/2003-04 (Crédito a la exportación en rupias) del Banco de Reserva de la India, dirigidas a todos los bancos comerciales de la India.

(70)

Pueden acogerse a este sistema los exportadores fabricantes y los exportadores comerciantes. Se tiene constancia de que Jindal se benefició del sistema durante el PI de la reconsideración.

(71)

Con arreglo a este sistema, el Banco de Reserva de la India establece límites máximos obligatorios para los tipos de interés aplicables a los créditos a la exportación, tanto en rupias indias como en divisas, que los bancos comerciales pueden aplicar a un exportador «con vistas a poner a disposición de los exportadores créditos a tipos internacionalmente competitivos». El ECS se compone de dos subsistemas, el sistema de crédito a la exportación anterior al envío (Pre-Shipment Export Credit Scheme-packing credit), que cubre los créditos concedidos a un exportador para financiar la compra, la transformación, la fabricación, el envasado o el envío de las mercancías antes de la exportación, y el sistema de crédito de exportación posterior al envío (Post-Shipment Export Credit Scheme), que concede créditos de explotación con el objetivo de financiar los créditos destinados a la exportación. El Banco de Reserva de la India también insta a los bancos a dedicar parte de su crédito bancario neto a financiar la exportación.

(72)

Como resultado de estas circulares generales del Banco de Reserva de la India, los exportadores pueden obtener créditos a la exportación a tipos de interés preferenciales comparados con los tipos de interés para los créditos comerciales ordinarios («créditos de caja»), que vienen determinados por las condiciones del mercado.

(73)

En primer lugar, al reducir los costes financieros en comparación con los tipos de interés del mercado, los tipos de interés preferenciales a los que se ha hecho referencia otorgan a estos exportadores un beneficio en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base. Pese al hecho de que los créditos preferenciales al amparo del ECS son concedidos por bancos comerciales, este beneficio es una contribución financiera de un poder público en el sentido del artículo 2, punto 1, inciso iv), del Reglamento de base. El Banco de Reserva de la India es un organismo público, por lo que encaja en la definición de «poderes públicos» establecida en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento de base, e insta a los bancos comerciales a conceder una financiación preferencial a las empresas exportadoras. Esta financiación preferencial equivale a una subvención que es específica y está sujeta a medidas compensatorias, dado que los tipos de interés preferenciales están supeditados a la cuantía de las exportaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento de base.

(74)

El importe de la subvención se calculó sobre la base de la diferencia entre el interés pagado por los créditos a la exportación utilizados durante el PI de la reconsideración y el importe pagadero si se hubieran aplicado tipos de interés de mercado, como ocurre con los créditos comerciales ordinarios utilizados por la empresa. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, el importe de la subvención (numerador) se asignó repartiéndolo entre el total del volumen de negocios de exportación durante el PI de la reconsideración (denominador), ya que la subvención está supeditada a la cuantía de las exportaciones y no se concede en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas. Jindal obtuvo beneficios al amparo del ECS y percibió una subvención del 0,1 %.

(75)

La base jurídica de este sistema se recoge en el punto 4.2 de la FTP 2004-2009.

(76)

Puesto que no consta que Jindal obtuviera beneficios al amparo del DFRC, no resulta necesario analizar la sujeción a medidas compensatorias de este sistema.

(77)

Para fomentar el establecimiento de industrias en zonas menos desarrolladas del Estado, el Gobierno de Maharashtra concede desde 1964 incentivos a nuevas unidades de expansión creadas en las regiones en desarrollo de este Estado mediante un sistema conocido como Package Scheme of Incentives (sistema integrado de incentivos). Desde su introducción, este sistema ha sido objeto de varias modificaciones; el «PSI 1993» fue de aplicación desde el 1 de octubre de 1993 al 31 de marzo de 2001, mientras que la última modificación, el «PSI 2006», se introdujo en el marco de la Industrial, Investment & Infrastructure Policy of Maharashtra 2006 en la primavera de 2006 y se prevé que sea de aplicación hasta el 31 de marzo de 2011. El PSI del Gobierno de Maharashtra se compone de varios subsistemas, entre los que cabe destacar las ayudas directas a través de la denominada subvención para la promoción de la industria, la exención del impuesto local sobre las ventas y el derecho sobre la electricidad y el reembolso del impuesto sobre el consumo.

(78)

Jindal seguirá recibiendo incentivos al amparo del PSI 1993 hasta mayo de 2011, pero no con las versiones posteriores del sistema. Por consiguiente, para el caso que nos ocupa solo se evaluó el PSI 1993.

(79)

Para poder acogerse al sistema, las empresas deben invertir en zonas menos desarrolladas, creando un nuevo establecimiento industrial o efectuando una inversión de capital de gran envergadura para la expansión o la diversificación de un establecimiento industrial existente. Estas zonas se clasifican en diferentes categorías en función de su desarrollo económico (por ejemplo, zonas poco desarrolladas, zonas muy poco desarrolladas y zonas sin desarrollar). El principal criterio para determinar la cuantía de los incentivos es la zona en que está establecida o va a establecerse la empresa y la magnitud de la inversión.

(80)

Remisión del impuesto local sobre las ventas en la venta de productos acabados. Las mercancías están normalmente sujetas al impuesto central sobre las ventas (para ventas de un Estado a otro) o al impuesto estatal sobre las ventas (para las ventas dentro de un Estado) a distintos niveles, que varían en función del Estado o los Estados en los que se llevan a cabo las transacciones. En abril de 2005, la imposición sobre las ventas dentro del Estado de Maharashtra fue sustituida por un sistema de IVA. Al amparo del sistema de exención, las unidades designadas no están obligadas a recaudar ningún impuesto sobre las ventas por sus transacciones comerciales. Igualmente, las unidades designadas están exentas del pago del impuesto local sobre las ventas por la adquisición de mercancías a un proveedor que, por su parte, tenga acceso a este sistema. Se constató que Jindal se había beneficiado de esta exención en relación con las ventas durante el PI de la reconsideración.

(81)

Devolución de los derechos sobre la electricidad. Las unidades elegibles pueden acogerse a la devolución de los derechos sobre la electricidad consumida con fines de producción durante un período de siete años a partir de la fecha de producción comercial. En el caso de Jindal, el período de siete años expiró el 31 de marzo de 2003. Por consiguiente, Jindal no era ya elegible para el reembolso de los derechos sobre la electricidad.

(82)

Reembolso del impuesto sobre el consumo. El derecho sobre el consumo es un impuesto recaudado por las autoridades locales de la India, entre los que se encuentra el Gobierno de Maharashtra, sobre las mercancías que cruzan los límites territoriales de una ciudad. Las empresas industriales tienen derecho a que el Gobierno de Maharashtra les reembolse el impuesto sobre el consumo si sus instalaciones están situadas en determinadas ciudades específicas del territorio de ese Estado. El importe total que puede devolverse está restringido al 100 % de la inversión de capital fijo. La planta de Jindal está situada fuera de los límites de la ciudad y por lo tanto está exenta del impuesto sobre el consumo, lo que conlleva que este subsistema no es aplicable, pues, en el caso que nos ocupa.

(83)

Jindal solo acumuló derechos de remisión del impuesto sobre las ventas en las ventas de productos acabados efectuadas durante el PI de la reconsideración, lo que en el pasado se ha considerado que no otorga un beneficio al beneficiario [considerando 114 del Reglamento (CE) no 367/2006]. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, el PSI no está sujeto a derechos compensatorios.

(84)

El importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios determinado de conformidad con las disposiciones del Reglamento de base, expresadas ad valorem, para el productor exportador investigado, asciende al 17,1 %. Este importe de subvención supera el umbral mínimo mencionado en el artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base.

(85)

De conformidad con el artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, se examinó si la continuación de la medida en vigor era insuficiente para contrarrestar la subvención sujeta a medidas compensatorias que está causando el perjuicio.

(86)

Se estableció que, durante el PI de la reconsideración, Jindal continuó beneficiándose de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias concedidas por las autoridades indias. Además, el tipo de subvención comprobado durante la presente reconsideración es considerablemente superior al establecido durante la investigación original. No se tiene constancia de que los sistemas vayan a interrumpirse o a suprimirse en un futuro próximo.

(87)

Puesto que se ha demostrado que la empresa recibe subvenciones por un importe mucho más elevado que antes y que es probable que siga recibiendo subvenciones por un importe más elevado que el establecido en la investigación original, se concluye que la continuación de la medida existente no es suficiente para contrarrestar la subvención sujeta a derechos compensatorios que está causando el perjuicio y que, por tanto, debería modificarse el nivel de las medidas a fin de reflejar la nueva situación.

(88)

A la vista de las conclusiones alcanzadas respecto del nivel de subvención de Jindal y de la insuficiencia de las medidas existentes para contrarrestar las subvenciones sujetas a derechos compensatorios determinadas, debe modificarse el derecho compensatorio sobre las importaciones percibidas por Jindal al objeto de reflejar el nuevo nivel de subvenciones establecido.

(89)

El derecho compensatorio modificado debe establecerse con arreglo al nuevo índice de subvención establecido durante la presente reconsideración, puesto que el margen de perjuicio calculado en la investigación original sigue siendo más elevado.

(90)

De conformidad con artículo 24, apartado 1, del Reglamento de base y el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 384/96, ningún producto podrá estar sometido a la vez a derechos antidumping y a derechos compensatorios a efectos de regular una misma situación derivada de la existencia de dumping o de la concesión de subvenciones a la exportación. Sin embargo, dado que Jindal está sometida a un derecho antidumping del 0 % con respecto al producto afectado, esas disposiciones no son de aplicación en el caso que nos ocupa.

(91)

Los hechos y las consideraciones esenciales en los que se iba a basar la propuesta de recomendación de modificación de las medidas vigentes se comunicaron a Jindal, al Gobierno de la India y a la industria de la Comunidad, que tuvieron la posibilidad de presentar sus observaciones. El Gobierno de la India no presentó ninguna observación y las observaciones de Jindal se han abordado en los considerandos pertinentes a cada observación específica.

(92)

La empresa, en sus comentarios posteriores a la comunicación de la información, pidió a la Comisión que aceptara un compromiso de precios al objeto de compensar las subvenciones sujetas a derechos compensatorios determinadas. La Comisión ha examinado la propuesta de la empresa y considera que no es posible aceptar un compromiso de precios. Los compromisos de precios basados en grupos de productos, como propone la empresa, permiten un amplio grado de flexibilidad para modificar las características técnicas de los productos incluidos en el grupo. La película de PET abarca una larga serie de aspectos diferenciadores en evolución, que determinan en gran medida el precio de venta. Por consiguiente, los cambios de estas características tienen una gran incidencia en los precios. Un intento de subdividir los grupos para hacerlos más homogéneos por lo que respecta a sus características físicas se traduciría en una proliferación de grupos que haría inviable su supervisión, sobre todo porque dificultaría la tarea que incumbe a las autoridades aduaneras de discernir la diferencia entre tipos de productos y la clasificación de productos por grupo en el momento de la importación. Por estos motivos, se ha considerado que la aceptación del compromiso en cuestión no es «factible» a tenor de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base. Se informó de ello a Jindal, que tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones. Estas, sin embargo, no han alterado la referida conclusión.

(93)

Habida cuenta de que India Polyfilms Limited, una empresa anteriormente relacionada con Jindal, se fusionó con esta el 1 de abril de 1999 y dejó de ser una entidad separada, fue suprimida de la lista que se establece en el artículo 1, apartado 2.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/12

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/14

(1)

El Reglamento (CE) no 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios (2), establece límites máximos para determinadas toxinas de Fusarium en determinados productos alimenticios.

(2)

El contenido máximo debe establecerse a un nivel estricto que pueda conseguirse razonablemente si se aplican buenas prácticas agrícolas y de producción, y teniendo en cuenta el riesgo relacionado con el consumo del alimento.

(3)

Las condiciones climáticas durante el crecimiento de la planta, en particular en el momento de la floración, tienen una gran influencia en el contenido de toxinas de Fusarium. Sin embargo, las buenas prácticas agrícolas, mediante las cuales se reducen a un mínimo los factores de riesgo, pueden prevenir, hasta cierto punto, la contaminación por hongos del género Fusarium. La Recomendación 2006/583/CE de la Comisión, de 17 de agosto de 2006, sobre la prevención y la reducción de las toxinas de Fusarium en los cereales y los productos a base de cereales (3), contiene principios generales para la prevención y la reducción de la contaminación con toxinas de Fusarium (zearalenona, fumonisinas y tricotecenos) en los cereales, que deben ponerse en práctica mediante la elaboración de códigos nacionales de prácticas basados en estos principios.

(4)

En 2005 se establecieron niveles máximos de toxinas de Fusarium en los cereales y los productos de los cereales, incluidos el maíz y los productos del maíz. En relación con el maíz, todavía no se conocían con precisión todos los factores que influyen en la formación de las toxinas de Fusarium, en particular la zearalenona y las fumonisinas B1 y B2. Por eso se previó no aplicar los niveles máximos para el maíz y los productos del maíz hasta el 1 de julio de 2007, en el caso del deoxinivalenol y la zearalenona, y hasta el 1 de octubre de 2007 en el de las fumonisinas B1 y B2, salvo que antes de esas fechas se modificaran los límites máximos sobre la base de nuevas informaciones sobre su aparición y génesis. Por eso se concedió a los explotadores de empresas alimentarias de la cadena de cereales un período de tiempo que les permitiera investigar las fuentes de formación de estas micotoxinas y determinar las medidas de gestión necesarias para evitar su presencia en la medida en que sea razonablemente posible.

(5)

Tomando en consideración la nueva información recogida desde 2005, procede modificar tanto los niveles máximos para el maíz y los productos del maíz como la fecha de aplicación de los mismos.

(6)

Desde hace poco se cuenta con información que demuestra que, debido a las condiciones climáticas, en las cosechas de 2005 y 2006 se han observado niveles más altos en el maíz, principalmente de zearalenona y fumonisinas, y en menor medida de deoxinivalenol, que en las cosechas de 2003 y 2004. Esto significa que en determinadas condiciones climáticas no es posible alcanzar los niveles previstos para el maíz de zearalenona y fumonisinas, aunque se apliquen medidas preventivas en la medida de lo posible. Esto requiere modificar los niveles máximos para evitar la perturbación del mercado, a la vez que se mantiene un elevado nivel de protección de la salud pública garantizando que la exposición de las personas se mantenga significativamente por debajo del valor orientativo recomendado para la salud.

(7)

Para garantizar una correcta y adecuada aplicación de estos niveles máximos, procede también que se apliquen a todo el maíz y todos los productos del maíz recolectados en una temporada, por lo que la fecha de aplicación debe reflejar el comienzo de la campaña de comercialización del año siguiente de la cosecha. Dado que en Europa la recolección del maíz suele comenzar a mediados de septiembre y prolongarse hasta finales de octubre, procede tomar el 1 de octubre de 2007 como fecha de aplicación.

(8)

Por todo lo indicado, el presente Reglamento debería ser de aplicación a partir del 1 de julio de 2007.

(9)

Además, también hay que proceder a algunas pequeñas modificaciones de carácter técnico.

(10)

Es preciso establecer que el nivel máximo no se aplica al maíz no transformado destinado a su molienda por vía húmeda (producción de almidón). Existen datos científicos de que, independientemente de los contenidos de toxinas de Fusarium en el maíz no transformado, estas toxinas no se detectaron en el almidón de maíz, o solo a niveles desdeñables. Pese a ello, y para proteger la salud pública y la sanidad animal, los explotadores de empresas alimentarias del sector de la molienda por vía húmeda deberán ejercer un control estricto de los subproductos de este proceso destinados a la alimentación animal, para verificar que cumplen los valores orientativos mencionados en la Recomendación 2006/576/CE de la Comisión, de 17 de agosto de 2006, sobre la presencia de deoxinivalenol, zearalenona, ocratoxina A, toxinas T-2 y HT-2 y fumonisinas en productos destinados a la alimentación animal (4).

(11)

Con la molienda en seco, del mismo lote de maíz no transformado se producen fragmentos de diferentes tamaños de partícula. Hay datos científicos que demuestran que las fracciones de menor tamaño de partícula contienen un nivel más elevado de toxinas de Fusarium que las fracciones de mayor tamaño de partícula. Estas fracciones se clasifican según su tamaño en distintas secciones de la nomenclatura combinada, de acuerdo con el porcentaje que pasa por un tamiz con abertura de malla de 500 micras. Conviene establecer diferentes límites máximos para las fracciones de molienda mayores y menores de 500 micras para reflejar los niveles de contaminación de las diferentes fracciones.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1)

En el artículo 11, el texto de la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

2)

La sección 2 del anexo queda modificada como sigue:

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/18

(1)

La distribución gratuita de alimentos en aplicación del Reglamento (CEE) no 3730/87 ha cosechado un gran éxito en los últimos años y ha sido de gran valor para los beneficiarios en un número cada vez mayor de Estados miembros participantes. No obstante, algunas auditorías llevadas a cabo han puesto de manifiesto que es necesario proceder a algunas adaptaciones del texto del Reglamento (CEE) no 3149/92 de la Comisión (2). Además, debido a la evolución de la coyuntura del mercado agrícola, son necesarias algunas adaptaciones de las normas de aplicación del programa.

(2)

El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 3149/92 fija en el 15 de febrero la fecha límite para que los Estados miembros que deseen participar en el siguiente plan anual de distribución de alimentos en beneficio de las personas más necesitadas informen a la Comisión al respecto. A fin de facilitar la planificación presupuestaria, es preciso adelantar esta fecha al 1 de febrero.

(3)

El artículo 3, apartado 2, párrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento (CEE) no 3149/92 establece determinados plazos que el Estado miembro adjudicatario designado debe cumplir en lo que atañe a la salida de almacén de los productos de intervención. A fin de reforzar el cumplimiento de esos plazos, es preciso establecer que, en caso de que se rebasen dichos plazos, los gastos de almacenamiento dejen de correr a cargo del presupuesto comunitario. El artículo 3, apartado 2, párrafo cuarto, del citado Reglamento establece un plazo de 60 días a partir de la adjudicación del contrato al adjudicatario para la retirada de los productos de la intervención. Dado que algunas versiones lingüísticas son ambiguas en lo que se refiere al acto a partir del cual se inicia el plazo antes citado, es necesario redactar esta disposición de forma más precisa.

(4)

El Reglamento (CEE) no 3149/92 no establece ningún plazo para las operaciones de movilización de productos en el mercado en aplicación de su artículo 2, apartado 3, letras c) y d). Estas operaciones pueden llevarse a cabo, por lo tanto, hasta el final del período de ejecución del programa. Es preciso fijar para estas operaciones un plazo que permita la coherencia con el ejercicio presupuestario. Es preciso también, en el marco de las citadas operaciones, establecer disposiciones relativas a las garantías, con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato de suministro.

(5)

Dado que el artículo 4, apartado 2, letra a), párrafo segundo, tercer guión, del Reglamento (CEE) no 3149/92 contempla la posibilidad de obtener productos agrícolas transformados o productos alimenticios en el mercado mediante el suministro, como pago, de productos procedentes de las existencias de intervención, es necesario precisar que esta posibilidad forma parte de la ejecución normal del plan. En vista de la notable reducción de los productos de intervención disponibles en almacén, es preciso disponer que es suficiente que los productos alimenticios obtenidos contengan un ingrediente perteneciente al mismo grupo de productos que el producto de intervención.

(6)

Con el fin de responder mejor a la demanda de las asociaciones benéficas y ampliar la gama de productos alimenticios suministrados, se ha dispuesto que los productos procedentes de las existencias de intervención pueden incorporarse a otros productos para la fabricación de alimentos. En vista de la notable reducción de la diversidad de productos de intervención disponibles en almacén, es preciso suprimir la obligación de ajustarse a un contenido mínimo de productos de intervención en el producto final.

(7)

El artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) no 3149/92 contempla la posibilidad de movilizar en el mercado un producto perteneciente al mismo grupo de productos que el producto temporalmente no disponible en las existencias de intervención. El artículo 4, apartado 2, letra a), párrafo segundo, tercer guión, del citado Reglamento permite obtener en el mercado productos agrícolas transformados o productos alimenticios como pago de productos de intervención del mismo grupo de productos. Es preciso incluir estas posibilidades en las normas relativas a la transformación del producto de intervención establecidas en el artículo 4, apartado 2 bis, del citado Reglamento. Al mismo tiempo y por razones de claridad, es necesario modificar la estructura del artículo 4, apartado 1.

(8)

A fin de clarificar la aplicación de las disposiciones relativas a la liberación de la garantía en caso de incumplimiento de la exigencia secundaria, es preciso fijar las normas de aplicación de la reducción, de conformidad con el artículo 23, apartado 2, letra a), y letra b), tercer guión, del Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrícolas (3).

(9)

En aplicación del artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 3149/92, los Estados miembros tienen que enviar a la Comisión los modelos de convocatoria de licitación antes del inicio del período de ejecución del plan. Esta obligación complica inútilmente la gestión del régimen, por lo que es preciso suprimirla.

(10)

A raíz de distintas modificaciones del texto del artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3149/92, procede, por razones de claridad, adaptar determinadas referencias al citado apartado.

(11)

El artículo 7 del Reglamento (CEE) no 3149/92 establece las disposiciones aplicables en caso de transferencia. Dado que las transferencias requieren una estrecha cooperación entre el Estado miembro destinatario y el Estado miembro proveedor, es preciso que este último facilite al máximo las operaciones en cuestión, con el fin de que los plazos establecidos en el artículo 3, apartado 2, del citado Reglamento puedan cumplirse y las operaciones puedan llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones del artículo 2 del Reglamento (CE) no 884/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo relativo a la financiación por el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA) de las intervenciones en forma de almacenamiento público y la contabilización de las operaciones de almacenamiento público por los organismos pagadores de los Estados miembros (4). En este contexto, es necesario puntualizar que el albarán de retirada expedido por el organismo de intervención del Estado miembro destinatario constituye el documento exigido para la puesta de los productos a disposición del adjudicatario por parte del organismo del Estado miembro proveedor. Además, a fin de garantizar el control de la salida de almacén, es preciso disponer que el organismo de intervención del Estado miembro proveedor informe a la autoridad competente del Estado miembro destinatario del final de la operación de salida de almacén.

(12)

El artículo 8 bis del Reglamento (CEE) no 3149/92, que establece las normas relativas al pago, no da ninguna indicación en el caso de las solicitudes de pago incompletas. Es preciso especificar las normas y las sanciones aplicables en tal caso. Es preciso también establecer las medidas que vaya a adoptar la Comunidad en caso de retraso en los pagos.

(13)

La experiencia ha demostrado que los ciudadanos de la Unión Europea no son suficientemente conscientes del papel desempeñado por la Comunidad en materia de ayuda alimentaria a las poblaciones desfavorecidas. Es necesario disponer, por lo tanto, que la bandera de la Unión Europea figure en los envases.

(14)

Es preciso indicar a qué nivel de la cadena de distribución se aplican los controles previstos en el artículo 9, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CEE) no 3149/92. Además, es conveniente indicar las sanciones que vayan a aplicarse en caso de incumplimiento o irregularidad cometida por los distintos agentes encargados de la distribución.

(15)

Procede, pues, modificar el Reglamento (CEE) no 3149/92.

(16)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido dictamen alguno en el plazo fijado por su presidente.

1)

En el artículo 1, apartado 1, la fecha del «15 de febrero» se sustituye por la del «1 de febrero».

2)

El artículo 3 queda modificado como sigue:

3)

El artículo 4 queda modificado como sigue:

4)

El artículo 7 queda modificado como sigue:

5)

En el artículo 8 bis, se añaden los párrafos siguientes:

«No obstante, en caso de defecto importante de los justificantes el plazo previsto en el párrafo segundo podrá suspenderse mediante notificación escrita al agente económico o a la organización designada para la distribución de los productos. El plazo se reanudará a partir de la fecha de recepción de los documentos solicitados, que deberán enviarse en un plazo de 30 días naturales. En caso de que los documentos no se envíen en ese plazo, se aplicará la reducción especificada en el párrafo primero.

Salvo en caso de fuerza mayor y teniendo en cuenta la posible suspensión prevista en el párrafo tercero, el incumplimiento del plazo de dos meses previsto en el párrafo segundo dará lugar a una reducción del reembolso al Estado miembro, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión (6).

6)

El artículo 9 queda modificado como sigue:

7)

El anexo pasa a ser anexo I y su título se sustituye por el texto siguiente:

8)

El texto que figura en el anexo del presente Reglamento se añade como anexo II.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/24

(1)

El artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1784/2003 establece que el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo blando de alta calidad), 1002, ex 1005, excepto el híbrido para siembra, y ex 1007 , excepto el híbrido para siembra, es igual al precio de intervención válido para la importación de tales productos, incrementado un 55 % y deducido el precio de importación cif aplicable a la remesa de que se trate. No obstante, este derecho no puede sobrepasar el tipo de los derechos del arancel aduanero común.

(2)

El artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1784/2003 prevé que, a efectos del cálculo de los derechos de importación a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo, se establezcan periódicamente precios de importación cif representativos de los productos indicados en dicho apartado.

(3)

Según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1249/96, el precio que debe utilizarse para calcular el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo blando de alta calidad), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 y 1007 00 90 es el precio representativo de importación cif diario, determinado con arreglo al método previsto en el artículo 4 de dicho Reglamento.

(4)

Resulta necesario fijar los derechos de importación para el período que comienza a partir del 1 de octubre de 2007, que son aplicables hasta que se produzca otra modificación.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/27

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación.

(2)

Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2).

(3)

En lo que se refiere a las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno, la restitución aplicable a dichos productos debe calcularse teniendo en cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación de los mismos. El Reglamento (CE) no 1501/95 ha fijado dichas cantidades.

(4)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la diferenciación de la restitución para determinados productos de acuerdo con su destino.

(5)

La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser modificada en el intervalo.

(6)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual de los mercados en el sector de los cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de dichos productos en la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a fijar la restitución en los importes consignados en el anexo.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/29

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1784/2003, la restitución que se aplica a una exportación que deba realizarse durante el período de validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de cereales el día de la presentación de la solicitud de certificado. En tal caso, puede aplicarse a la restitución un elemento corrector.

(2)

El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2), permite la fijación de un elemento corrector para los productos a que se refiere el artículo 1, letras a), b) y c) del Reglamento (CE) no 1784/2003. Ese elemento corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

(3)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la diferenciación del elemento corrector de acuerdo con su destino.

(4)

El elemento corrector debe fijarse de acuerdo con el mismo procedimiento que la restitutión. Puede ser modificado en el intervalo entre dos fijaciones.

(5)

De las disposiciones anteriormente mencionadas se desprende que el elemento corrector debe fijarse con arreglo al anexo del presente Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/31

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación.

(2)

Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2).

(3)

Las restituciones aplicables a la malta deben calcularse teniendo en cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación del producto en cuestión. Estas cantidades se fijan en el Reglamento (CE) no 1501/95.

(4)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la diferenciación de la restitución para determinados productos de acuerdo con su destino.

(5)

La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser modificada en el intervalo.

(6)

La aplicación de estas disposiciones dada la situación actual de los mercados en el sector de los cereales, y en particular las cotizaciones o los precios de estos productos en la Comunidad y en el mercado mundial, lleva a fijar los importes de las restituciones con arreglo al anexo.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/33

(1)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la restitución que se aplica a una exportación que deba realizarse durante el período de validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de cereales el día de la presentación de la solicitud de certificado. En tal caso, puede aplicarse a la restitución un elemento corrector.

(2)

El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2), permite la fijación de un elemento corrector para la malta a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1784/2003. Ese elemento corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

(3)

De las disposiciones anteriormente mencionadas se desprende que el elemento corrector debe fijarse con arreglo al anexo del presente Reglamento.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/35

(1)

El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2681/74 del Consejo, de 21 de octubre de 1974, relativo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes del suministro de productos agrícolas en virtud de la ayuda alimentaria (3), establece que corresponde al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, sección «Garantía», la parte de los gastos correspondiente a las restituciones a la exportación fijadas en la materia con arreglo a las normas comunitarias.

(2)

Con objeto de facilitar la elaboración y la gestión del presupuesto para las acciones comunitarias de ayuda alimentaria y con el fin de permitir a los Estados miembros conocer el nivel de participación comunitaria en la financiación de las acciones nacionales de ayuda alimentaria, es necesario determinar el nivel de las restituciones concedidas para dichas acciones.

(3)

Las normas generales y las modalidades de aplicación establecidas por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003 y por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1785/2003 para las restituciones a la exportación son aplicables mutatis mutandis a las mencionadas operaciones.

(4)

Los criterios específicos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la restitución a la exportación en el caso del arroz se definen en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 1785/2003.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/37

(1)

En virtud del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de la India sobre el azúcar de caña, aprobado mediante la Decisión 75/456/CEE del Consejo (1) (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo»), la Comunidad se comprometió a comprar e importar a precios garantizados una cantidad específica de azúcar de caña, bruto o blanco, originario de la India, que dicho Estado se comprometió a entregar a la Comunidad. El artículo 11 del Acuerdo dispone que cada Parte puede denunciar el Acuerdo mediante un preaviso de dos años dado por escrito a la otra Parte.

(2)

Con el fin del régimen de intervención consiguiente a la reforma de la organización común del mercado del azúcar, los precios interiores del azúcar dejarán de estar garantizados por las compras de intervención. Resulta por lo tanto coherente poner fin al sistema de precios garantizados para el azúcar importado al amparo del Acuerdo con la India.

(3)

Por consiguiente, es necesario denunciar el Acuerdo de conformidad con su artículo 11, y notificar dicha denuncia a la India como signataria del Acuerdo.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/38

(1)

En virtud del Protocolo no 3 sobre el azúcar ACP incluido en el Convenio de Lomé ACP-CEE firmado el 28 de febrero de 1975 y las correspondientes declaraciones anejas al citado Convenio («Protocolo del azúcar»), que se recogen en el Protocolo no 3 adjunto al anexo V del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 («Acuerdo de Asociación ACP-CE») (1), la Comunidad se compromete a comprar e importar, a precios garantizados, cantidades específicas de azúcar de caña en bruto o blanco, originario de los Estados ACP signatarios, que los mencionados Estados se comprometen a suministrarle. El Protocolo del azúcar establece que podrá ser denunciado por la Comunidad respecto de cada Estado ACP y por cada Estado ACP respecto de la Comunidad con un aviso previo de dos años.

(2)

Las disposiciones comerciales actualmente aplicables a los Estados ACP y establecidas en el anexo V del Acuerdo de Asociación ACP-CE expiran el 31 de diciembre de 2007. De conformidad con el artículo 36 del Acuerdo de Asociación ACP-CE, los acuerdos de asociación económica (AAE) constituirán el nuevo marco jurídico para el comercio con los Estados ACP y sustituirán al régimen comercial del Acuerdo de Asociación ACP-CE. El artículo 36, apartado 4, del Acuerdo de Asociación ACP-CE establece que las Partes deben revisar el Protocolo del azúcar en el contexto de las negociaciones de los AAE. La exención respecto de las obligaciones de la Comunidad en virtud del artículo I del GATT en lo que respecta a las preferencias comerciales de los países ACP en virtud del Acuerdo de Asociación ACP-CE, concedida por la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha el 14 de noviembre de 2001, también expira el 31 de diciembre de 2007.

(3)

Con el fin de garantizar la inclusión del régimen de importación de azúcar en el régimen de importación previsto en los AAE, es conveniente adoptar cuantas medidas sean necesarias para poner término al Protocolo del azúcar y a los compromisos que figuren en él con la debida antelación, habida cuenta del plazo de aviso previo de dos años establecido en el Protocolo del azúcar.

(4)

Los procedimientos establecidos en el Protocolo sobre el azúcar han beneficiado a los intereses de los Estados ACP y de la Comunidad garantizando una comercialización provechosa a los exportadores ACP y un abastecimiento estable a las empresas comunitarias de refinado de azúcar de caña. Sin embargo, no es posible seguir manteniendo los procedimientos del Protocolo sobre el azúcar. En un mercado comunitario del azúcar reformado, la Comunidad dejará de garantizar los precios a los productores europeos de azúcar, habida cuenta de la supresión progresiva del mecanismo de intervención anterior.

(5)

En el proceso de transición hacia la liberalización del comercio ACP-CE no pueden coexistir unas cantidades ilimitadas con las garantías de precio y de cantidades contempladas en el Protocolo sobre el azúcar. En cuanto a los países menos adelantados, el acceso ilimitado para el azúcar está programado a partir del 1 de julio de 2009 al amparo de la iniciativa «Todo menos armas». Dado que el comienzo de la segunda fase del período de transición está previsto para el 1 de octubre de 2009, el régimen aplicable al azúcar en virtud de dicha iniciativa debe ajustarse en consecuencia.

(6)

La denuncia se entiende sin perjuicio de un acuerdo mutuo posterior entre la Comunidad y los Estados ACP sobre el tratamiento del azúcar en el contexto de los AAE globales.

(7)

Por consiguiente, es necesario denunciar el Protocolo del azúcar de conformidad con su artículo 10 y notificar tal denuncia a todos los Estados ACP signatarios de dicho Protocolo.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/40

(1)

De conformidad con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, un Estado miembro puede autorizar, durante un período de 12 años a partir de la fecha de notificación de dicha Directiva, la comercialización de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas, no incluidas en el anexo I de la misma, que ya estuvieran comercializadas dos años después de la citada fecha de notificación, mientras esas sustancias se van examinando gradualmente en el marco de un programa de trabajo.

(2)

Los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 703/2001 (3) de la Comisión establecen las normas de desarrollo para la aplicación de la segunda fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Dicha lista incluye la sustancia metomil.

(3)

Los efectos del metomil en la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 703/2001 en lo relativo a los usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Respecto al metomil, el Estado miembro ponente fue el Reino Unido y toda la información pertinente se presentó el 3 de mayo de 2004.

(4)

El informe de evaluación fue sometido a una revisión inter pares por parte de los Estados miembros y la EFSA, y se presentó a la Comisión el 23 de junio de 2006 como conclusión de la EFSA sobre la revisión inter pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa metomil utilizada como plaguicida (4). Este informe de evaluación fue revisado por los Estados miembros y la Comisión en el seno del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(5)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se detectaron varios problemas. En particular, de acuerdo con la información disponible, la exposición del operario excedería del NEAO (nivel de exposición aceptable para el operario) y no se ha demostrado que la exposición de los trabajadores y los transeúntes sea aceptable. Además, por lo que respecta a la ecotoxicología, esta sustancia preocupa a causa del elevado riesgo para las aves y los mamíferos, los organismos acuáticos, las abejas y los artrópodos no objetivo.

(6)

La Comisión pidió al notificante que remitiera sus observaciones sobre los resultados de la revisión inter pares y que señalara si tenía o no la intención de seguir apoyando esta sustancia. El notificante envió sus observaciones, que se han examinado con detenimiento. Sin embargo, a pesar de las razones aducidas, siguen sin resolverse los problemas mencionados, y las evaluaciones realizadas basándose en la información presentada y evaluada durante las reuniones de expertos de la EFSA no han demostrado que pueda preverse que, en las condiciones de utilización propuestas, los productos fitosanitarios que contienen metomil cumplan en general los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE.

(7)

Por tanto, el metomil no debe incluirse en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Deben adoptarse medidas para garantizar que las autorizaciones concedidas para los productos fitosanitarios que contienen metomil se retiren en un plazo determinado y que no se renueven ni concedan nuevas autorizaciones para dichos productos.

(9)

Cualquier prórroga que haya concedido un Estado miembro para la eliminación, el almacenamiento, la comercialización y la utilización de las existencias actuales de productos fitosanitarios que contengan metomil debe limitarse a un período no superior a 12 meses a fin de permitir la utilización de las existencias actuales en un nuevo período vegetativo. Esto garantiza que los agricultores puedan disponer de productos fitosanitarios que contengan metomil durante 18 meses a partir de la adopción de la presente Decisión.

(10)

La presente Decisión no es óbice para la presentación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, de una solicitud de inclusión del metomil en el anexo I de dicha Directiva.

(11)

El Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal no emitió ningún dictamen dentro del plazo establecido por su presidente y, por tanto, la Comisión presentó al Consejo una propuesta relativa a dichas medidas. Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 19, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 91/414/CEE, el Consejo no había adoptado el acto de ejecución propuesto ni manifestado su oposición a la propuesta de medidas de aplicación, por lo que corresponde a la Comisión adoptar dichas medidas.

a)

las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan metomil se retiren antes del 19 de marzo de 2008;

b)

a partir de la fecha de publicación de la presente Decisión, no se conceda ni se renueve ninguna autorización de productos fitosanitarios que contengan metomil.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/42

(1)

En el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, se establece que un Estado miembro puede autorizar, durante un período de 12 años a partir de la fecha de notificación de dicha Directiva, la comercialización de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas no incluidas en el anexo I de la misma, ya comercializadas dos años después de dicha fecha de notificación, mientras esas sustancias se van examinando gradualmente en el marco de un programa de trabajo.

(2)

Los Reglamentos (CE) no 451/2000 (2) y (CE) no 703/2001 (3) de la Comisión establecen las normas de desarrollo para la aplicación de la segunda fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Dicha lista incluye la sustancia trifluralina.

(3)

Los efectos de la trifluralina sobre la salud humana y el medio ambiente se han evaluado de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 451/2000 y (CE) no 703/2001 en lo relativo a una serie de usos propuestos por el notificante. Dichos Reglamentos designan, además, los Estados miembros ponentes que han de presentar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) los informes de evaluación y las recomendaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 451/2000. Respecto a la trifluralina, el Estado miembro ponente fue Grecia y toda la información pertinente se presentó el 11 de julio de 2003.

(4)

El informe de evaluación fue sometido a una revisión inter pares por parte de los Estados miembros y el grupo de trabajo «Evaluación» de la EFSA y se presentó a la Comisión el 14 de marzo de 2005 como conclusión de la EFSA sobre la revisión inter pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa trifluralina utilizada como plaguicida (4). Este informe fue revisado por los Estados miembros y la Comisión en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y fue adoptado el 16 de marzo de 2007 como informe de revisión de la Comisión relativo a la trifluralina.

(5)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se detectaron varios problemas. La trifluralina es altamente tóxica para los organismos acuáticos, en particular los peces. Es también muy persistente en el suelo y no fácilmente biodegradable. Además, presenta posibilidades de acumulación. En particular, supera claramente el factor de bioconcentración (FBC) máximo establecido en la Directiva 91/414/CEE para los organismos acuáticos, lo que es un indicio de la posibilidad de bioacumulación en dichos organismos. Debido a su alta volatilidad, no puede excluirse la propagación por el aire y, a pesar de su rápida degradación fotoquímica, los programas de seguimiento han mostrado casos de migración a lugares alejados del lugar de utilización. Estos problemas han puesto de manifiesto que la trifluralina no cumple los criterios de inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

(6)

La Comisión pidió al notificante que remitiera sus observaciones sobre los resultados de la revisión inter pares y que señalara si tenía o no la intención de seguir apoyando esta sustancia. El notificante remitió sus observaciones, que se han examinado detenidamente. Sin embargo, a pesar de las razones aducidas por el notificante, siguen subsistiendo las preocupaciones mencionadas, y las evaluaciones realizadas basándose en la información presentada y evaluada durante las reuniones de expertos de la EFSA no han demostrado que pueda preverse que, en las condiciones de utilización propuestas, los productos fitosanitarios que contienen trifluralina cumplan en general los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE.

(7)

Por tanto, la trifluralina no debe incluirse en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Deben adoptarse medidas para garantizar que las autorizaciones existentes de los productos fitosanitarios que contienen trifluralina se retiren en un plazo determinado y que no se renueven ni concedan nuevas autorizaciones para dichos productos.

(9)

Cualquier prórroga que haya concedido un Estado miembro para la eliminación, el almacenamiento, la comercialización y la utilización de las existencias actuales de productos fitosanitarios que contengan trifluralina debe limitarse a un período no superior a 12 meses, a fin de permitir la utilización de las existencias actuales en un nuevo período vegetativo. Esto garantiza que los agricultores puedan disponer de tales productos durante 18 meses a partir de la adopción de la presente Decisión.

(10)

La presente Decisión no prejuzga la presentación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, de una solicitud para obtener la inclusión de la trifluralina en el anexo I de dicha Directiva.

(11)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan trifluralina se retiren como muy tarde el 20 de marzo de 2008;

b)

a partir de la fecha de publicación de la presente Decisión, no se conceda ni se renueve ninguna autorización de productos fitosanitarios que contengan trifluralina.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/44

(1)

La Decisión 2006/779/CE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2006, sobre las medidas transitorias de control de sanidad veterinaria relativas a la peste porcina clásica en Rumanía (3), se adoptó a raíz de los brotes de esa enfermedad que se produjeron en ese país.

(2)

La Decisión 2006/779/CE es aplicable durante un período de nueve meses a partir de la entrada en vigor del Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía. Teniendo en cuenta la situación de la peste porcina clásica en Rumanía, conviene prorrogar el período de aplicación de la Decisión 2006/779/CE hasta el 31 de diciembre de 2009.

(3)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2006/779/CE en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/45

(1)

La Decisión 2006/805/CE de la Comisión, de 24 de noviembre de 2006, sobre las medidas de control de sanidad veterinaria relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros (3), se adoptó a raíz de los brotes de esa enfermedad que se produjeron en varios Estados miembros. En ella se establecen determinadas medidas de protección contra la peste porcina clásica en esos Estados miembros.

(2)

La Decisión 2006/805/CE es aplicable durante un periodo de nueve meses a partir de la entrada en vigor del Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía. Teniendo en cuenta la situación de la peste porcina clásica en zonas de Bulgaria, Alemania, Francia, Hungría y Eslovaquia, conviene prorrogar el periodo de aplicación de la Decisión 2006/805/CE hasta el 31 de julio de 2008.

(3)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2006/805/CE en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

29.9.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 255/46

(1)

La Decisión 2006/415/CE de la Comisión, de 14 de junio de 2006, relativa a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en aves de corral de la Comunidad, y por la que se deroga la Decisión 2006/135/CE (4) establece medidas de protección que deben aplicarse para prevenir la propagación de dicha enfermedad, lo que incluye el establecimiento de zonas A y B a raíz de la confirmación o la sospecha de un brote.

(2)

Alemania ha notificado a la Comisión un brote de H5N1 en una explotación de aves de corral situada en su territorio, en el Estado federado de Baviera, y ha adoptado las medidas pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 2006/415/CE, incluido el establecimiento de las zonas A y B previstas en su artículo 4.

(3)

La Comisión ha examinado las citadas medidas en colaboración con Alemania y considera que las fronteras de las zonas A y B establecidas por la autoridad competente de dicho Estado miembro se encuentran a una distancia suficiente del lugar efectivo del brote. En consecuencia, pueden confirmarse las zonas A y B de Alemania y fijarse la duración de la regionalización.

(4)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2006/415/CE en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.