(1)

El abastecimiento comunitario de algunos productos de la pesca depende actualmente de las importaciones procedentes de terceros países. Es conveniente para los intereses de la Comunidad proceder a la suspensión total o parcial de los derechos de aduana aplicables a esos productos en el marco de unos contingentes arancelarios de volumen adecuado. A fin de no alterar las perspectivas de desarrollo de dichos productos en la Comunidad, al mismo tiempo que se garantiza a las industrias usuarias un nivel de suministros satisfactorio, tales contingentes deben abrirse con sujeción a los derechos de aduana que sean oportunos en función de la mayor o menor sensibilidad de cada producto en el mercado comunitario.

(2)

Es preciso, además, garantizar que todos los importadores comunitarios tengan un acceso igual y continuado a los nuevos contingentes y que, hasta el agotamiento de estos, los tipos de derecho fijados para ellos se apliquen de forma ininterrumpida a todas las importaciones que realice cada Estado miembro de los productos en cuestión.

(3)

Para garantizar la eficacia de esos contingentes con su gestión común debe permitirse que los Estados miembros extraigan de los volúmenes contingentarios las cantidades correspondientes a sus importaciones reales. Dado que este método de gestión requiere una estrecha colaboración entre los Estados miembros y la Comisión, es preciso que esta controle el ritmo de utilización de los contingentes e informe a aquellos de la evolución registrada.

(4)

El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario (1), dispone para los contingentes arancelarios un sistema de gestión que sigue el orden cronológico de las fechas de admisión de las declaraciones de despacho a libre práctica. La Comisión y los Estados miembros deben gestionar de acuerdo con ese sistema los contingentes arancelarios abiertos por el presente Reglamento.

(5)

El Reglamento (CE) no 379/2004 del Consejo, de 24 de febrero de 2004, relativo a la apertura y modo de gestión durante el período 2004-2006 de unos contingentes arancelarios comunitarios autónomos para determinados productos de la pesca (2), dejó de ser de aplicación el 31 de diciembre de 2006. Ningún contingente arancelario autónomo estaba disponible para el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Además, dado que todos los contingentes abiertos por el presente Reglamento están sujetos a las condiciones de uso final para beneficiarse del tratamiento arancelario favorable, la aplicación retroactiva del presente Reglamento no es posible. Por lo tanto, para asegurar una cierta continuidad con el régimen de contingentes previo, debe preverse un nuevo régimen que permita conceder una reducción de los derechos de importación para los productos pesqueros que se han despachado a libre práctica entre el 1 de enero de 2007 y la entrada en vigor del presente Reglamento. Este nuevo régimen debe tener debidamente en cuenta las condiciones de uso final y las cantidades disponibles de los contingentes específicos.

(6)

En razón de la urgencia, procede hacer una excepción al plazo de seis semanas a que se refiere la parte I, punto 3, del Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas.

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

(1)

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1898/2005 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2005, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas para la salida al mercado comunitario de la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada (2), los organismos de intervención pueden proceder a la venta mediante licitación de determinadas cantidades de mantequilla de intervención que obran en su poder así como a la concesión de una ayuda para la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada. El artículo 25 de dicho Reglamento establece que, habida cuenta de las ofertas recibidas por cada licitación específica, se fijará un precio mínimo de venta de la mantequilla de intervención y un importe máximo de la ayuda para la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada. También se establece que el precio o la ayuda podrán variar en función del destino de la mantequilla, de su contenido de materia grasa y del método de incorporación. El importe de la garantía de transformación, al que se hace referencia en el artículo 28 del Reglamento (CE) no 1898/2005, debe fijarse en consecuencia.

(2)

El estudio de las ofertas recibidas lleva a la decisión de no dar curso a la licitación.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

(1)

El artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1784/2003 establece que el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (trigo blando de alta calidad), 1002 , ex 1005 , excepto el híbrido para siembra, y ex 1007 , excepto el híbrido para siembra, es igual al precio de intervención válido para la importación de tales productos, incrementado un 55 % y deducido el precio de importación cif aplicable a la remesa de que se trate. No obstante, este derecho no puede sobrepasar el tipo de los derechos del arancel aduanero común.

(2)

El artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1784/2003 prevé que, a efectos del cálculo de los derechos de importación a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo, se establezcan periódicamente precios de importación cif representativos de los productos indicados en dicho apartado.

(3)

Según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1249/96, el precio que debe utilizarse para calcular el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (trigo blando de alta calidad), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 y 1007 00 90 es el precio representativo de importación cif diario, determinado con arreglo al método previsto en el artículo 4 de dicho Reglamento.

(4)

Resulta necesario fijar los derechos de importación para el período que comienza a partir del 16 de julio de 2007, que son aplicables hasta que se produzca otra modificación.

(1)

El Reglamento (CE) no 1831/2003 prevé la autorización de aditivos para su uso en la alimentación animal.

(2)

El artículo 25 del Reglamento (CE) no 1831/2003 establece medidas transitorias relativas a las solicitudes de autorización de aditivos para la alimentación animal presentadas con arreglo a la Directiva 70/524/CEE antes de la fecha de aplicación del Reglamento (CE) no 1831/2003.

(3)

Las solicitudes de autorización de los aditivos enumerados en los anexos del presente Reglamento se presentaron antes de la fecha de aplicación del Reglamento (CE) no 1831/2003.

(4)

Las observaciones iniciales sobre dichas solicitudes, presentadas con arreglo al artículo 4, apartado 4, de la Directiva 70/524/CEE, se enviaron a la Comisión antes de la fecha de aplicación del Reglamento (CE) no 1831/2003. En consecuencia, dichas solicitudes han de seguir tramitándose de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 70/524/CEE.

(5)

El uso del preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producido por Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) fue autorizado provisionalmente por primera vez para pollos de engorde por el Reglamento (CE) no 1436/98 de la Comisión (3). Se han presentado nuevos datos en apoyo de la solicitud de autorización sin límite de tiempo de este preparado para los pollos de engorde. La evaluación muestra que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 3 bis de la Directiva 70/524/CEE para una autorización de este tipo. Por consiguiente, debe autorizarse, sin límite de tiempo, el uso de dicho preparado tal como se especifica en el anexo I del presente Reglamento.

(6)

El uso del preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producido por Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) fue autorizado provisionalmente por primera vez para pavos de engorde por el Reglamento (CE) no 1353/2000 de la Comisión (4). Se han presentado nuevos datos en apoyo de la solicitud de autorización sin límite de tiempo de este preparado para los pavos. La evaluación muestra que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 3 bis de la Directiva 70/524/CEE para una autorización de este tipo. Por consiguiente, debe autorizarse, sin límite de tiempo, el uso de dicho preparado tal como se especifica en el anexo II del presente Reglamento.

(7)

Se han presentado datos en apoyo de una solicitud de autorización durante cuatro años del preparado de Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340) rica en astaxantina para salmones y truchas. El 25 de enero de 2006, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió un dictamen sobre el uso de dicho preparado. La evaluación muestra que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 9 sexies, apartado 1, de la Directiva 70/524/CEE, para una autorización de este tipo. Por consiguiente, procede autorizar provisionalmente durante cuatro años el uso de este preparado tal como se especifica en el anexo III del presente Reglamento.

(8)

La evaluación de estas solicitudes muestra que son necesarios algunos procedimientos para proteger a los trabajadores contra la exposición a los aditivos que figuran en los anexos. Dicha protección debería garantizarse mediante la aplicación de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (5).

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(1)

En su comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar», de 21 de mayo de 2003, la Comisión indicó que debían adoptarse nuevas iniciativas adaptadas con objeto de reforzar los derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas y que los problemas relativos a la votación transfronteriza debían solucionarse urgentemente.

(2)

En su Resolución de 21 de abril de 2004 (3), el Parlamento Europeo apoyó el propósito de la Comisión de consolidar los derechos de los accionistas, en especial a través de la ampliación de las normas sobre transparencia, los derechos de voto mediante representación, la posibilidad de participar en juntas generales por medios electrónicos y el ejercicio transfronterizo de los derechos de voto.

(3)

Los titulares de acciones con derechos de voto deben poder ejercer estos derechos, dado que se reflejan en el precio de adquisición de las acciones. Además, el control efectivo por parte de los accionistas es un requisito indispensable para el buen gobierno de las empresas, y debe, por lo tanto, facilitarse y fomentarse. Resulta, pues, necesario adoptar medidas para aproximar las legislaciones de los Estados miembros con este fin. Deben suprimirse los obstáculos que disuaden a los accionistas de votar, como la supeditación del ejercicio de los derechos de voto al bloqueo de acciones durante un tiempo determinado antes de la junta general. Sin embargo, la presente Directiva no afecta a la legislación comunitaria existente sobre las participaciones emitidas por los organismos de inversión colectiva o sobre las participaciones adquiridas o cedidas por estos organismos.

(4)

La legislación comunitaria vigente no es suficiente para lograr este objetivo. La Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (4), se centra en la información que los emisores tienen que comunicar al mercado, por lo que no trata del proceso de votación de los accionistas en sí. Además, la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado (5), impone a los emisores la obligación de facilitar cierta información y documentos pertinentes para las juntas generales, pero esta obligación solo se aplica en el Estado miembro de origen del emisor. Por consiguiente, conviene introducir unas normas mínimas para proteger a los inversores y promover el ejercicio ágil y efectivo de los derechos de los accionistas vinculados a acciones con derecho a voto. En lo que se refiere a los derechos distintos del derecho de voto, los Estados miembros tienen libertad para hacer extensivas esas normas mínimas también a las acciones sin derecho a voto, en la medida en que dichas acciones no se beneficien ya de dichas normas.

(5)

Un porcentaje importante de las acciones de sociedades cotizadas obra en poder de accionistas que no residen en el Estado miembro en el que dichas sociedades tienen su domicilio social. Los accionistas no residentes deben poder ejercer sus derechos en relación con la junta general con la misma facilidad que los accionistas que residen en el Estado miembro en el que tiene su domicilio social la sociedad. A tal efecto, es necesario que se supriman los obstáculos que dificultan en la actualidad el acceso de los accionistas no residentes a la información pertinente para la junta general y el ejercicio de los derechos de voto sin asistencia física a la junta general. La supresión de estos obstáculos también debe beneficiar a los accionistas residentes que no deseen o no puedan asistir a la junta general.

(6)

Es importante que los accionistas, con independencia de su lugar de residencia, puedan votar con conocimiento de causa en la junta general, o antes de ella. Todos los accionistas deben tener tiempo suficiente para examinar los documentos que vayan a ser presentados en la junta general y determinar el sentido de su voto. A tal fin, es necesario que la junta general se anuncie de manera oportuna y que los accionistas reciban toda la información que se vaya a presentar a la junta general. Deben aprovecharse las posibilidades que ofrecen las tecnologías modernas para hacer que la información esté inmediatamente disponible. La presente Directiva parte del supuesto de que todas las sociedades cotizadas disponen ya de un sitio Internet.

(7)

Es conveniente que los accionistas tengan, en principio, la posibilidad de incluir puntos en el orden del día de la junta general y de presentar proyectos de resolución en relación con los puntos del orden del día. Sin perjuicio de los diversos plazos y modalidades que actualmente se aplican en los distintos países de la Comunidad, el ejercicio de estos derechos debe supeditarse a dos normas básicas, a saber, que el umbral exigido para el ejercicio de estos derechos no exceda del 5 % del capital social de la sociedad y que, en cualquier caso, todos los accionistas reciban la versión definitiva del orden del día con tiempo suficiente para preparar los debates y la votación de cada uno de sus puntos.

(8)

Todo accionista debe tener la posibilidad de formular preguntas en relación con los puntos del orden del día de la junta general y recibir una respuesta, si bien los Estados miembros deberán decidir las normas de desarrollo relativas a cómo y cuándo han de formularse las preguntas y recibirse las respuestas.

(9)

Las sociedades no deben encontrar obstáculos jurídicos a la hora de ofrecer a sus accionistas cualquier forma de participación por medios electrónicos en la junta general. El ejercicio del voto sin asistencia personal a la junta general, ya sea por correo o por medios electrónicos, no debe estar sujeto a restricciones, con excepción de las necesarias para la verificación de la identidad y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. No obstante, esto no debe impedir a los Estados miembros adoptar normas destinadas a garantizar que los resultados de la votación reflejan las intenciones de los accionistas en todas las circunstancias, incluidas normas destinadas a tratar situaciones en las que se produzcan o se revelen circunstancias nuevas después de que un accionista haya emitido su voto por correo o por medios electrónicos.

(10)

El buen gobierno de las empresas exige un proceso ágil y eficaz de voto por representación. Por consiguiente, deben suprimirse las restricciones y trabas existentes que hacen que el voto por representación resulte difícil y costoso. Sin embargo, el buen gobierno de las empresas exige también garantías suficientes frente a posibles abusos relacionados con los votos por representación. En este sentido, la persona en quien se haya delegado el voto debe estar obligada a seguir las instrucciones que pueda haber recibido del accionista, y los Estados miembros deben tener la posibilidad de adoptar medidas adecuadas para garantizar que el representante del accionista no promueva más intereses que los de este último, con independencia de la cuestión que haya dado lugar al conflicto de intereses. Las medidas contra posibles abusos pueden consistir, en concreto, en regímenes que los Estados miembros adopten para regular la actividad de las personas que se dedican activamente a la captación de votos por delegación o que, de hecho, hayan recogido un número importante de delegaciones, que exceda de un determinado nivel, en particular para garantizar un nivel adecuado de fiabilidad y transparencia. Con arreglo a la presente Directiva, los accionistas tienen un derecho sin restricciones a designar a tales personas como representantes para que asistan a las juntas generales y voten en ellas en su nombre. No obstante, lo dispuesto en la presente Directiva no afecta a las normas o sanciones que los Estados miembros puedan imponer a tales personas cuando hayan emitido los votos haciendo un uso fraudulento de las delegaciones recogidas. Por otra parte, la presente Directiva no obliga en modo alguno a las sociedades a comprobar que los representantes emiten su voto con arreglo a las instrucciones de voto de los accionistas a quienes representan.

(11)

Cuando estén implicados intermediarios financieros, la eficacia de la votación con arreglo a instrucciones depende en gran medida de la eficacia de la cadena de intermediarios, puesto que los inversores a menudo no están en condiciones de ejercer los derechos de voto que confieren sus acciones sin la cooperación de cada uno de los intermediarios de la cadena, que pueden no tener un interés económico en las acciones. Para permitir que el inversor ejerza sus derechos de voto en situaciones transfronterizas es, pues, importante que los intermediarios faciliten el ejercicio de dichos derechos. La Comisión debe seguir estudiando este asunto en el contexto de una Recomendación, a fin de garantizar que los inversores tienen acceso a servicios de votación efectivos y que los derechos de voto se ejercen de conformidad con las instrucciones dadas por los mencionados inversores.

(12)

Como el momento elegido para comunicar al órgano administrativo, de gestión o de supervisión, así como al público, con anterioridad a la celebración de la junta general, el recuento de los votos emitidos electrónicamente o por correo es una cuestión importante de gestión empresarial, podrá ser determinado por los Estados miembros.

(13)

Los resultados de la votación deben determinarse utilizando métodos que reflejen la intención de voto manifestada por los accionistas; también conviene asegurar su transparencia tras la junta general, con su publicación, como mínimo, en el sitio Internet de la sociedad.

(14)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, permitir que los accionistas hagan uso efectivo de sus derechos en toda la Comunidad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sobre la base de la actual legislación comunitaria, y por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de las medidas, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(15)

De conformidad con el apartado 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (6), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de incorporación al Derecho interno, y a hacerlos públicos.

(1)

Algunos accidentes se producen cuando los conductores de vehículos pesados no advierten que otros usuarios de la carretera están muy cerca o junto a su vehículo. Esos accidentes suelen deberse a cambios de dirección en los cruces, intersecciones o rotondas, donde el conductor no detecta la presencia de otros usuarios de la carretera en los ángulos muertos que existen en la zona contigua a su vehículo. Se estima que alrededor de 400 personas mueren cada año en Europa en esas circunstancias, la mayor parte usuarios de la carretera vulnerables, como ciclistas, motociclistas y peatones.

(2)

En su Libro Blanco de 12 de septiembre de 2001«La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad», la Comisión Europea estableció el objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas mortales de accidentes de tráfico en la Unión Europea de aquí a 2010. En su tercer programa de acción europeo de seguridad vial, la Comisión se comprometió a estudiar la posibilidad de retroadaptar los vehículos pesados en circulación con dispositivos de visión indirecta a fin de reducir sus ángulos muertos y contribuir así a reducir el número de accidentes mortales en carretera.

(3)

En su hoja de ruta de 10 años que figura en el informe final «A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century» (Sistema regulador para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI), el Grupo de alto nivel CARS 21 recomendaba un enfoque integrado en relación con la seguridad vial que incluía la introducción obligatoria de nuevos dispositivos de seguridad, como retrovisores para reducir el ángulo muerto de los vehículos pesados.

(4)

Los dispositivos de visión indirecta, tales como los retrovisores gran angular y de proximidad, las cámaras, los monitores u otros sistemas homologados de visión indirecta mejoran el campo de visión del conductor y aumentan la seguridad de los vehículos.

(5)

La Directiva 2003/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 2003, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los dispositivos de visión indirecta y de los vehículos equipados con estos dispositivos (3), presenta un gran potencial de reducción del número de víctimas, pero solo afecta a vehículos de nueva matriculación.

(6)

Por consiguiente, los vehículos que ya están en circulación no están sujetos a las obligaciones establecidas en la Directiva 2003/97/CE. Se estima que esos vehículos no serán sustituidos en su totalidad hasta 2023.

(7)

Para contribuir a reducir los accidentes graves y mortales causados por esos vehículos, en los que se ven implicados usuarios vulnerables, conviene prever, mientras tanto, la retroadaptación de los vehículos considerados con dispositivos mejorados de visión indirecta.

(8)

Los vehículos que ya están en circulación deben ir equipados con retrovisores que reduzcan el ángulo muerto lateral y satisfagan al mismo tiempo los requisitos técnicos de la Directiva 2003/97/CE. Esta medida es técnicamente viable por lo que respecta a la mayoría de los vehículos considerados.

(9)

Resulta, sin embargo, adecuado y proporcionado establecer excepciones y derogaciones para los vehículos cuya vida útil restante sea reducida, los vehículos equipados con retrovisores laterales cuyo campo de visión cubra solo un poco menos que el campo de visión establecido en la Directiva 2003/97/CE y los vehículos en los que no sea económicamente viable instalar retrovisores conformes con la Directiva.

(10)

Las normas y procedimientos previstos en la presente Directiva no deben aplicarse a los vehículos de las categorías N2 y N3 matriculados y/o homologados y/o puestos en servicio por primera vez antes del 1 de enero de 2000, y que sean utilizados fundamentalmente por su interés histórico.

(11)

Las autoridades competentes deben autorizar y aprobar soluciones alternativas para los camiones a los que, por motivos técnicos y/o económicos, no se les pueda hacer cumplir plenamente los requisitos de la presente Directiva. En tales casos, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión la lista de las soluciones técnicas autorizadas y aprobadas para que esta, a su vez, las distribuya a todos los Estados miembros.

(12)

Debe preverse un período transitorio para hacer frente a una demanda de retrovisores elevada en un período corto.

(13)

Los vehículos pesados retroadaptados antes de las fechas de transposición de la Directiva 2003/97/CE con dispositivos de visión indirecta que cubren en gran medida el campo de visión exigido por dicha Directiva deben quedar exentos de los requisitos de la presente Directiva.

(14)

El ejercicio de retroadaptación debe ir acompañado de medidas apropiadas destinadas a aumentar la sensibilización respecto a los peligros relacionados con la existencia de ángulos muertos en los vehículos pesados, incluidas campañas informativas para usuarios de la carretera vulnerables, así como para el ajuste y uso correctos de los dispositivos de visión indirecta.

(15)

Los vehículos de tipos distintos a los cubiertos por la presente Directiva, tales como los vehículos ligeros de transporte de mercancías y los autobuses, que no están equipados con dispositivos mejorados de visión indirecta, se ven a menudo implicados en accidentes debidos al ángulo muerto. Por ello, debe revisarse de forma continua la legislación comunitaria relativa a los requisitos de seguridad activos y pasivos para mejorar y promover la seguridad vial.

(16)

Con el fin de disponer de un análisis más completo y de una estrategia futura en la reducción de los accidentes debidos al ángulo muerto, la Comisión, con arreglo a la Decisión 93/704/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 1993, relativa a la creación de un banco de datos comunitario sobre los accidentes de circulación en carretera (4), y otros actos comunitarios pertinentes, como la Decisión no 2367/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se aprueba el Programa Estadístico Comunitario 2003-2007 (5), debe recopilar datos pertinentes de los Estados miembros y procesar dichos datos de manera apropiada.

(17)

La Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques (6), dispone que deben efectuarse inspecciones técnicas periódicas, con una periodicidad anual como mínimo, para los vehículos de motor utilizados en el transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado exceda de 3,5 toneladas. Para superar la inspección técnica, los vehículos pesados de transporte de mercancías deben ir equipados, entre otras cosas, con retrovisores que cumplan los requisitos de la presente Directiva. Los certificados de inspección técnica expedidos por un Estado miembro a los vehículos matriculados en su territorio gozarán de reconocimiento mutuo a efectos de la libre circulación de los vehículos en las carreteras de los Estados miembros.

(18)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la retroadaptación de los vehículos que ya están en circulación en la Comunidad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión o sus efectos, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(19)

De conformidad con el apartado 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (7), se alienta a los Estados miembros a que elaboren, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros que indiquen, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y sus medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(1)

En la Decisión 2006/415/CE de la Comisión, de 14 de junio de 2006, relativa a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en aves de corral de la Comunidad, y por la que se deroga la Decisión 2006/135/CE (4), se establece una serie de medidas de protección que deben aplicarse con el fin de evitar la propagación de dicha enfermedad, incluida la creación de zonas A y B después de un presunto brote o de un brote confirmado de esta enfermedad.

(2)

Tras la aparición de un brote de gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en la República Checa, la Comisión adoptó la Decisión 2007/434/CE de la Comisión, de 21 de junio de 2007, por la que se modifica la Decisión 2006/415/CE en lo concerniente a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en aves de corral en la República Checa (5).

(3)

Unos días después, la Comisión adoptó la Decisión 2007/454/CE, de 29 de junio de 2007, por la que se modifica la Decisión 2006/415/CE, relativa a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en aves de corral de la Comunidad (6), a fin de confirmar las zonas A y B en la República Checa así como la duración de la regionalización.

(4)

Tras la aparición de un brote de gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en Alemania, la Comisión adoptó la Decisión 2007/483/CE, de 9 de julio 2007, por la que se modifica la Decisión 2006/415/CE en lo concerniente a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en aves de corral en Alemania (7).

(5)

La Comisión ha examinado estas medidas en colaboración con Alemania, y observa con satisfacción que los límites de las zonas A y B establecidos por la autoridad competente de dicho Estado miembro están a una distancia suficiente del lugar en el que se encuentra el brote. Por consiguiente, pueden confirmarse las zonas A y B de Alemania y puede fijarse la duración de esta regionalización.

(6)

Por tanto, deben confirmarse ahora las medidas de protección provisionales previstas en las Decisiones 2007/434/CE y 2007/483/CE. Además, la situación epidemiológica del brote de gripe aviar en aves de corral en la República Checa requiere una modificación de las zonas restringidas y de la duración de las medidas.

(7)

Además, Hungría y el Reino Unido han comunicado a la Comisión que el 12 de marzo de 2007 dejaron de tener efecto en sus territorios todas las medidas de control en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 y, por tanto, ya no son necesarias las medidas establecidas de conformidad con el artículo 4, apartado 2, para las zonas A y B.

(8)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2006/415/CE en consecuencia.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

(1)

El Banco Central Europeo (BCE) observa el principio de eficacia en función de los costes y busca obtener el mejor rendimiento del dinero que dedica a la adquisición de bienes y a la contratación de obras y servicios.

(2)

La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (2) («la Directiva sobre adquisiciones») y el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3) («el Reglamento financiero»), no son de aplicación al BCE.

(3)

El BCE respeta los principios generales del Derecho de adquisiciones contenidos en la Directiva sobre adquisiciones y en el Reglamento financiero.