6.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 144/1

(1)

Con el fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tratado contempla, por un lado, la adopción de medidas destinadas a garantizar la libre circulación de personas, conjuntamente con las medidas de acompañamiento relativas a los controles en las fronteras exteriores, al asilo y a la inmigración y, por otro, la adopción de medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales de terceros países.

(2)

El Consejo Europeo, en su reunión en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, reafirmó su voluntad de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. Con este fin, conviene que una política europea común en materia de asilo y de inmigración tenga como objetivo tanto el trato equitativo de los nacionales de terceros países como la mejora de la gestión de los flujos migratorios. El establecimiento de una política común en materia de asilo, que incluya un sistema europeo común de asilo, debe de ser uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de instaurar progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a quienes, obligados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Unión Europea.

(3)

La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 (denominada en lo sucesivo «la Convención de Ginebra»).

(4)

En lo que respecta al trato de las personas a las que se aplica la presente Decisión, los Estados miembros están obligados por las disposiciones de los instrumentos de Derecho internacional en los que son parte y que prohíben la discriminación.

(5)

El «interés superior del niño» debe constituir una de las principales consideraciones de los Estados miembros en la aplicación de la presente Decisión, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su caso.

(6)

La aplicación de dicha política debe basarse en la solidaridad entre los Estados miembros y requiere mecanismos que fomenten un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de dicha acogida. Con este fin se estableció, mediante Decisión 2000/596/CE del Consejo (4), el Fondo Europeo para los Refugiados para el periodo 2000-2004. Esta Decisión fue sustituida por la Decisión 2004/904/CE del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005-2010 (5). Gracias a ello se ha mantenido la solidaridad entre los Estados miembros a la luz de la legislación comunitaria recientemente adoptada en materia de asilo, habida cuenta de la experiencia adquirida en la aplicación del Fondo Europeo para los Refugiados durante el período 2000-2004.

(7)

En el Programa de la Haya de 4 y 5 de noviembre de 2004, el Consejo Europeo estableció una serie de objetivos y prioridades para impulsar el desarrollo del sistema europeo común de asilo en su segunda fase.

(8)

El Consejo Europeo subrayó en concreto la necesidad de que la Unión Europea contribuya, con un espíritu de responsabilidad compartida, a la instauración de un sistema de protección internacional más accesible, equitativo y eficaz, así como a fomentar las posibilidades de acceder a esa protección y a soluciones duraderas en una fase lo más temprana posible, y abogó por el desarrollo a nivel europeo de programas regionales de protección, incluido un programa conjunto de reasentamiento para los Estados miembros que deseen participar en él.

(9)

El Consejo Europeo abogó asimismo por el establecimiento de estructuras apropiadas que integren a los servicios de asilo de los Estados miembros para facilitar la cooperación y colaboración prácticas con vista a la consecución de un Procedimiento Único a escala de la Unión Europea, la compilación, evaluación y aplicación conjuntas de la información del país de origen, y el tratamiento de las excepcionales presiones sobre los sistemas de asilo o capacidades de acogida resultantes de factores como la localización geográfica.

(10)

A la luz del establecimiento del Fondo Europeo para la Integración de nacionales de terceros países para aquellos que residan legalmente, el Fondo Europeo para el Retorno de nacionales de terceros países para los que residan ilegalmente y el Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013, en el marco del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios», en particular, con el fin de establecer disposiciones comunes de gestión, control y evaluación, conviene crear un nuevo Fondo Europeo para los Refugiados (denominado en lo sucesivo «el Fondo»).

(11)

A la luz del ámbito de aplicación y la finalidad del Fondo, éste no debe en ningún caso apoyar acciones que se refieran a zonas y centros de retención de personas en terceros países.

(12)

Es necesario adaptar la duración del Fondo a la del Marco Financiero Plurianual tal como establece el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (6).

(13)

La presente Decisión se ha concebido como parte integrante de un marco coherente formado también por la Decisión no 574/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (7), la Decisión no 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (8), y la Decisión no …/2007/CE del Consejo, de …, por la que se establece el Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países para el período 2007-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (9), marco cuyo objetivo es resolver la cuestión del reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros en lo que respecta a la carga financiera derivada de la introducción de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea y de la aplicación de políticas comunes de asilo e inmigración, tal como se han desarrollado de conformidad con el Título IV de la Tercera parte del Tratado.

(14)

Es oportuno respaldar e incrementar los esfuerzos de los Estados miembros para proporcionar condiciones de acogida adecuadas a los refugiados, las personas desplazadas y los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria, de conformidad con la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (10), aplicar procedimientos de asilo equitativos y eficaces y promover las buenas prácticas en materia de asilo, con el fin de proteger los derechos de las personas necesitadas de protección internacional y permitir el funcionamiento eficaz de los sistemas de asilo de los Estados miembros.

(15)

La integración de los refugiados en la sociedad del país en el que se han establecido es uno de los objetivos de la Convención de Ginebra. Debe hacerse lo necesario para que estas personas puedan compartir los valores recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para ello, procede apoyar la actuación de los Estados miembros destinada a promover su integración social, económica y cultural en tanto contribuya a la cohesión económica y social, cuyo mantenimiento y fortalecimiento figuran entre los cometidos fundamentales de la Comunidad mencionados en los artículos 2 y 3, apartado 1, letra k), del Tratado.

(16)

De acuerdo con el Programa de La Haya, es necesario garantizar que los recursos del Fondo se utilizan lo más eficientemente posible en la perspectiva de alcanzar los objetivos de la política de asilo de la Unión Europea, teniendo en cuenta la necesidad de financiar las medidas de reasentamiento y de cooperación práctica entre los Estados miembros como un medio, entre otros, para hacer frente a las presiones excepcionales a que se ven expuestos los sistemas de asilo y las capacidades de acogida.

(17)

El Fondo debe respaldar los esfuerzos de los Estados miembros destinados a reforzar su propia capacidad de desarrollo, supervisión y evaluación de sus políticas de asilo de conformidad con sus obligaciones derivadas de la legislación comunitaria, en particular con vistas a la cooperación práctica entre los Estados miembros.

(18)

El Fondo debe respaldar, asimismo, los esfuerzos que realizan los Estados miembros a título voluntario por ofrecer una protección internacional y soluciones duraderas en sus territorios a los refugiados y personas desplazadas que pueden ser seleccionados a efectos de reasentamiento según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y en particular las acciones emprendidas por los Estados miembros para evaluar las necesidades de reasentamiento y trasladar a las personas afectadas a sus territorios, con vistas a otorgarles un estatuto jurídico seguro y promover su integración efectiva.

(19)

Por su naturaleza, el Fondo debe tener también la capacidad de prestar su apoyo a las operaciones de reparto de la carga que, a título voluntario, convengan los Estados miembros entre sí y que consistan en el traslado de los beneficiarios y los solicitantes de protección internacional de un Estado miembro a otro que les ofrezca un nivel de protección equivalente.

(20)

Por otra parte, el Fondo debe ser capaz de ofrecer el apoyo necesario a los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros por definir, compartir y promover las mejores prácticas y por establecer unas estructuras de cooperación efectiva que permitan reforzar la calidad de la toma de decisiones en el marco del sistema europeo común de asilo.

(21)

Procede constituir una reserva financiera destinada a aplicar medidas urgentes con el fin de proporcionar una protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, de conformidad con la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (11).

(22)

Esta reserva financiera debe poder destinarse también al apoyo de los esfuerzos de los Estados miembros por gestionar las situaciones de presión excepcional resultantes de la llegada repentina de un elevado número de personas eventualmente necesitadas de protección internacional y generadoras, para las capacidades de acogida o los sistemas de asilo de los Estados miembros, de exigencias significativas y urgentes. Conviene, por tanto, fijar las condiciones y el procedimiento aplicable para la concesión de ayuda financiera en tales situaciones.

(23)

El apoyo prestado por el Fondo será más eficaz y alcanzará mejor sus objetivos si la cofinanciación de las acciones elegibles se basa en un programa plurianual, sujeto a una evaluación intermedia, y en un programa anual elaborado por cada Estado miembro en función de su situación y sus necesidades.

(24)

Si bien es conveniente conceder una cantidad fija a cada Estado miembro, no deja de ser justo que una gran parte de los recursos anuales disponibles se asigne de manera proporcional a las cargas que asume cada Estado miembro en sus esfuerzos por acoger refugiados y personas desplazadas, incluidos los refugiados que gozan de protección internacional en el marco de programas nacionales.

(25)

Las personas que acceden a una protección internacional y a una solución duradera a través del reasentamiento deben incluirse en el número de beneficiarios de protección internacional que se tiene en cuenta para la distribución de recursos anuales disponibles entre los Estados miembros.

(26)

Teniendo en cuenta la importancia de la utilización estratégica del reasentamiento desde países o regiones designados para la aplicación de programas regionales de protección, es necesario ofrecer una ayuda financiera suplementaria para el reasentamiento de personas procedentes de los Nuevos Estados Independientes de África Occidental y del África Subsahariana, designados al efecto en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los programas regionales de protección, de 1 de septiembre de 2005, y en las Conclusiones del Consejo de 12 de octubre de 2005, o procedentes de cualesquiera otros países o regiones que se designen al efecto en el futuro.

(27)

Es necesario, asimismo, conceder una ayuda financiera suplementaria a las medidas de reasentamiento orientadas a ciertas categorías de personas especialmente vulnerables, cuando se comprueba que el reasentamiento constituye la respuesta más adecuada a sus necesidades especiales.

(28)

En el contexto de la gestión compartida contemplada en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (12) (en lo sucesivo denominado «el Reglamento financiero»), procede especificar las condiciones necesarias para que la Comisión pueda ejercer las responsabilidades que le incumben en relación con la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea, y clarificar las obligaciones de cooperación que incumben a los Estados miembros. La aplicación de estas condiciones permitiría a la Comisión determinar si los Estados miembros están utilizando el Fondo de forma lícita y correcta, y de conformidad con el principio de buena gestión financiera establecido en el artículo 27 y en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento financiero.

(29)

Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión y control, así como la calidad de la ejecución. A estos efectos, es preciso fijar los principios generales a que deben atenerse todos los programas y las funciones que les corresponde desempeñar.

(30)

De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la responsabilidad principal de la ejecución y del control de las intervenciones del Fondo debe corresponder a los Estados miembros.

(31)

Procede especificar las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y de control, la certificación del gasto y la prevención, detección y corrección de irregularidades e infracciones del Derecho comunitario, de modo que pueda garantizarse la eficiente y correcta ejecución de sus programas anuales y plurianuales. En particular, en lo que atañe a la gestión y al control, es preciso establecer las condiciones que permitan a los Estados miembros garantizar la implantación de los sistemas pertinentes y su satisfactorio funcionamiento.

(32)

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, debe fomentarse la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito.

(33)

La eficacia y el impacto de las acciones apoyadas por el Fondo dependen también de su evaluación y de la difusión de sus resultados. Procede precisar las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en la materia, así como las normas encaminadas a garantizar la fiabilidad de la evaluación y la calidad de la información al respecto.

(34)

Habida cuenta de la importancia de la visibilidad de la financiación comunitaria, la Comisión debe establecer orientaciones destinadas a facilitar que cualesquiera autoridades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales u otras entidades que reciban subvenciones del Fondo reconozcan adecuadamente la ayuda recibida, teniendo en cuenta la práctica respecto de otros instrumentos de gestión compartida, como los Fondos Estructurales.

(35)

Procede, por una parte, evaluar las acciones para reconsiderarlas y valorar sus efectos en el examen intermedio y, por otra, integrar el proceso de evaluación en el sistema de seguimiento de los proyectos.

(36)

La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 37 del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual.

(37)

Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(38)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (13).

(39)

Dado que las medidas de la presente Decisión relativas a la adopción de las orientaciones estratégicas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la misma, mediante la supresión de algunos de estos elementos o la adición de nuevos elementos no esenciales, dichas medidas deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. Por razones de eficacia, los plazos normalmente aplicables en el marco del procedimiento de reglamentación con control deben abreviarse para la adopción de las orientaciones estratégicas.

(40)

La Decisión 2004/904/CE debe ser derogada.

(41)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado, mediante carta de 6 de septiembre de 2005, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(42)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado, mediante carta de 27 de octubre de 2005, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(43)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y, por lo tanto, no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación.

(44)

De conformidad con el artículo 67, apartado 2, guión segundo, del Tratado, la Decisión 2004/927/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por la que determinados ámbitos cubiertos por el Título IV de la Tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se regirán por el procedimiento previsto en el artículo 251 de dicho Tratado (14), hace que el procedimiento a que se refiere el artículo 251 del Tratado sea aplicable en los ámbitos regulados por el artículo 62, punto 1, punto 2, letra a), y punto 3, y el artículo 63, punto 2, letra b), y punto 3, letra b), de dicho Tratado.

a)

condiciones de acogida y procedimientos de asilo;

b)

integración de las personas a las que se refiere el artículo 6 cuya estancia en un determinado Estado miembro tenga un carácter duradero y estable;

c)

refuerzo de la capacidad de desarrollo, supervisión y evaluación de las políticas de asilo de los Estados miembros de conformidad con sus obligaciones derivadas de la actual y la futura legislación comunitaria relativa al sistema europeo común de asilo, en particular con vistas a actividades de cooperación práctica entre los Estados miembros;

d)

reasentamiento de las personas a que se refiere el artículo 6, letra e). A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por «reasentamiento» el proceso por el cual, mediante una petición del ACNUR basada en la necesidad de protección internacional de una persona, los nacionales de terceros países o las personas apátridas son trasladados de un tercer país a un Estado miembro en el que les está permitido residir con uno de los siguientes estatutos:

e)

traslado de las personas pertenecientes a las categorías a que se refiere el artículo 6, letras a) y b), desde el Estado miembro que les ofrece protección internacional a otro Estado miembro en el que recibirán una protección similar, y de las personas pertenecientes a la categoría a que se refiere el artículo 6, letra c), a otro Estado miembro en el que se examinará su solicitud de protección internacional.

a)

las relacionadas con infraestructuras o servicios de alojamiento;

b)

las estructuras y la formación que garanticen el acceso de los solicitantes de asilo al procedimiento de asilo;

c)

el suministro de ayuda material y de cuidados médicos o psicológicos;

d)

asistencia social, información o ayuda para resolver trámites administrativos y/o judiciales, e información o asesoramiento sobre los posibles resultados del procedimiento de asilo, incluidos aspectos como el regreso voluntario;

e)

la asistencia jurídica y lingüística;

f)

la educación, la enseñanza de idiomas y otras iniciativas adaptadas a la situación de la persona de que se trate;

g)

la prestación de servicios de apoyo como la traducción y la formación con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de acogida y la eficacia y calidad de los procedimientos de asilo;

h)

la información a las comunidades locales, así como la formación del personal de las administraciones locales que vayan a estar en contacto con las personas acogidas en el país;

i)

el traslado de las personas pertenecientes a la categoría a que se refiere el artículo 6, letra c), del Estado miembro en el que se encuentran al Estado miembro encargado de examinar su solicitud de asilo.

a)

asesoramiento y asistencia en ámbitos como el alojamiento, los medios de subsistencia, la inserción en el mercado laboral, los cuidados médicos y psicológicos y la asistencia social;

b)

acciones que permitan a estas personas adaptarse a la sociedad del Estado miembro desde una perspectiva sociocultural y compartir los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

c)

acciones destinadas a promover una participación duradera y sostenible en la vida civil y cultural;

d)

medidas centradas en la educación, la formación profesional y el reconocimiento de cualificaciones y títulos;

e)

acciones dirigidas a fomentar que estas personas asuman la responsabilidad de sus vidas y sean autónomas;

f)

acciones que fomenten el contacto y el diálogo constructivo entre estas personas y la sociedad que las acoge, en particular acciones que fomenten la implicación de interlocutores fundamentales, como la población en general, las autoridades locales, las asociaciones de refugiados, grupos de voluntarios, interlocutores sociales y la sociedad civil en sentido amplio;

g)

medidas de apoyo de la adquisición de competencias por estas personas, como la formación lingüística;

h)

acciones que favorezcan que, en sus gestiones antes los organismos públicos, esas personas gocen de igualdad de acceso y de igualdad de resultados.

a)

las destinadas a promover la recogida, almacenamiento, utilización y difusión de la información del país de origen, incluida la traducción de dicha información;

b)

las destinadas a reforzar la capacidad de obtener, analizar y difundir estadísticas sobre los procedimientos de asilo, la acogida, la integración y los beneficiarios de protección internacional;

c)

las destinadas a reforzar la capacidad para evaluar las solicitudes de asilo, incluidas las que sean objeto de recurso;

d)

las destinadas a contribuir a la evaluación de las políticas de asilo, como las evaluaciones nacionales de impacto, las encuestas entre los grupos destinatarios y el desarrollo de indicadores y valores de referencia.

a)

las relacionadas con la elaboración y el desarrollo de un programa de reasentamiento;

b)

las relacionadas con la evaluación de los casos potenciales de reasentamiento por las autoridades competentes de los Estados miembros, como misiones al país de acogida, entrevistas y controles médicos y de seguridad;

c)

la realización de chequeos y tratamientos médicos antes de la salida;

d)

el suministro de material antes de la salida;

e)

el suministro de información antes de la salida;

f)

la organización del viaje, incluida la prestación de servicios de acompañamiento médico;

g)

el suministro de información y asistencia en el momento de la llegada, incluidos los servicios de interpretación.

a)

el suministro de información antes de la salida;

b)

la organización del viaje, incluida la prestación de servicios de acompañamiento médico;

c)

el suministro de información y asistencia en el momento de la llegada, incluidos los servicios de interpretación.

a)

promover la cooperación comunitaria en la aplicación de la legislación comunitaria y las buenas prácticas, incluida la prestación de servicios de interpretación y traducción en apoyo de dicha cooperación;

b)

apoyar la instauración de redes de cooperación transnacionales y proyectos piloto a partir de asociaciones transnacionales entre órganos de dos o más Estados miembros, concebidas para estimular la innovación, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas y mejorar la calidad de la política de asilo;

c)

apoyar campañas transnacionales de sensibilización;

d)

apoyar la realización de estudios y la difusión y el intercambio de información sobre las mejores prácticas y sobre todos los demás aspectos de las políticas de asilo, incluida la utilización de la tecnología más avanzada, y sobre la cooperación a nivel nacional de los interlocutores fundamentales, como las autoridades locales y regionales, las asociaciones de refugiados y los grupos de voluntarios;

e)

apoyar la realización de proyectos piloto, con inclusión de proyectos innovadores, y estudios que investiguen la posibilidad de establecer nuevas formas de cooperación comunitaria y legislación comunitaria en este ámbito;

f)

apoyar la elaboración y el empleo por los Estados miembros de instrumentos, métodos e indicadores estadísticos comunes que permitan medir la evolución de la política de asilo;

g)

facilitar a las redes de organizaciones no gubernamentales de asistencia a los refugiados y los solicitantes de asilo que estén presentes en al menos diez Estados miembros ayudas estructurales para facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas y garantizar que en la concepción y la aplicación de la política comunitaria en materia de asilo se tengan en cuenta la experiencia de las organizaciones no gubernamentales y los intereses de los refugiados y solicitantes de asilo;

h)

prestar servicios de apoyo a los Estados miembros ante situaciones de emergencia debidamente demostradas que requieran una actuación urgente.

a)

están destinadas a ejecutarse de forma inmediata y no pueden incluirse en la práctica en el programa anual pertinente, y

b)

su duración no excede de los seis meses.

a)

acogida y alojamiento;

b)

suministro de medios de subsistencia, incluidos alimentos y ropa;

c)

asistencia médica, psicológica o de otro tipo;

d)

costes de personal y administración ocasionados por la acogida de las personas afectadas y la aplicación de las medidas;

e)

costes logísticos y de transporte;

f)

la asistencia jurídica y lingüística;

g)

prestación de servicios de traducción e interpretación, suministro de información sobre el país de origen y otras medidas que contribuyan a la rápida identificación de las personas eventualmente necesitadas de protección internacional y a una tramitación eficiente y equitativa de las solicitudes de asilo.

a)

los nacionales de terceros países o apátridas que tengan el estatuto definido por la Convención de Ginebra y sean admitidos para residir en calidad de refugiados en uno de los Estados miembros;

b)

los nacionales de terceros países o apátridas acogidos a una forma de protección subsidiaria en el sentido de la Directiva 2004/83/CE;

c)

los nacionales de terceros países o apátridas que hayan solicitado una de las formas de protección contempladas en las letras a) y b);

d)

los nacionales de países terceros o apátridas acogidos a un régimen de protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE;

e)

los nacionales de terceros países o apátridas que están siendo o han sido reasentados en un Estado miembro.

a)

comprobando la existencia y el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, conforme a los procedimientos que se especifican en el artículo 32;

b)

reteniendo o suspendiendo la totalidad o parte de los pagos, de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 41 y 42, en caso de deficiencia en los sistemas de gestión y control nacionales, y aplicando cualquier otra corrección financiera necesaria, de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 45 y 46.

a)

el 30 %, de manera proporcional al número de personas admitidas durante los tres años anteriores que pertenecen a una de las categorías a que se refiere el artículo 6, letras a), b) y e);

b)

el 70 %, de manera proporcional al número de personas que pertenecen a una de las categorías a que se refiere el artículo 6, letras c) y d), registradas durante los tres años anteriores.

a)

personas de un país o región designados para la aplicación de un programa regional de protección;

b)

menores no acompañados;

c)

niños y mujeres pertenecientes a un grupo de riesgo, en particular por haber sido objeto de violencia psicológica, física o sexual o de explotación;

d)

personas con importantes necesidades médicas que sólo puedan atenderse con el reasentamiento.

a)

situación y necesidades en el Estado miembro de que se trate;

b)

rentabilidad de los gastos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el número de personas afectadas por el proyecto;

c)

experiencia, conocimientos, fiabilidad y contribución financiera de la organización solicitante de los fondos y de las organizaciones que cooperen con ella;

d)

complementariedad entre dichos proyectos y otras acciones financiadas por el presupuesto general de la Unión Europea o en el marco de programas nacionales.

a)

estudios, evaluaciones, peritajes y estadísticas, incluidos los de carácter general, relativos al funcionamiento del Fondo;

b)

medidas de información para los Estados miembros, los beneficiarios finales y la población en general, incluidas campañas de sensibilización y la creación de una base de datos común sobre los proyectos financiados con cargo al Fondo;

c)

instalación, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de gestión, seguimiento, inspección y evaluación;

d)

concepción de un marco común de evaluación y seguimiento y de sistemas de indicadores, teniendo en cuenta, cuando proceda, los indicadores nacionales;

e)

mejora de los métodos de evaluación, e intercambio de información sobre las prácticas en este ámbito;

f)

medidas de información y formación para las autoridades designadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 25, que servirán de complemento a los esfuerzos de los Estados miembros para orientar a sus autoridades, de conformidad con el artículo 31, apartado 2.

a)

para el periodo 2008-2010, el 7 % de la cofinanciación anual total asignada a dicho Estado miembro, aumentado en 30 000 EUR, y

b)

para el periodo 2011-2013, el 4 % de la cofinanciación anual total asignada a dicho Estado miembro, aumentado en 30 000 EUR.

a)

una descripción de la situación actual en el Estado miembro en relación con las condiciones de acogida, los procedimientos de asilo, el asesoramiento sobre el retorno voluntario, la integración, y reasentamiento y traslado desde otro Estado miembro de las personas contempladas en el artículo 6, así como la concepción, el seguimiento y la evaluación de las políticas de asilo;

b)

un análisis de las necesidades en el Estado miembro de que se trate en materia de acogida, procedimientos de asilo, asesoramiento sobre el retorno voluntario, integración y reasentamiento y traslado desde otro Estado miembro de las personas contempladas en el artículo 6, así como la concepción, el seguimiento y la evaluación de las políticas de asilo;

c)

la presentación de una estrategia adecuada para alcanzar estos objetivos y las prioridades fijadas para su realización y una descripción de las acciones previstas para cumplir dichas prioridades;

d)

una exposición de la compatibilidad de esa estrategia con otros instrumentos regionales, nacionales y comunitarios;

e)

información sobre las prioridades y sus objetivos específicos. Dichos objetivos se cuantificarán mediante un número reducido de indicadores, atendiendo al principio de proporcionalidad. Los indicadores deberán permitir medir los avances realizados con respecto a la situación de partida, y la eficacia de los objetivos en que se plasmen las prioridades;

f)

una descripción del planteamiento elegido para llevar a la práctica el principio de cooperación establecido en el artículo 11;

g)

un proyecto de plan de financiación que precise, para cada prioridad y cada programa anual, la contribución financiera prevista del Fondo, así como el importe global de la cofinanciación pública o privada;

h)

las disposiciones establecidas para garantizar la publicidad del programa plurianual.

a)

la coherencia del proyecto de programa plurianual con los objetivos del Fondo y las orientaciones estratégicas a que se refiere el artículo 17;

b)

la pertinencia de las acciones contempladas en el proyecto de programa plurianual, teniendo en cuenta la estrategia propuesta;

c)

la conformidad de las disposiciones de gestión y control establecidas por el Estado miembro para la ejecución de las intervenciones del Fondo con las disposiciones establecidas en la presente Decisión;

d)

la conformidad del proyecto de programa plurianual con el Derecho comunitario, y, en particular, con las disposiciones de éste destinadas a garantizar la libre circulación de personas, junto con las medidas de acompañamiento directamente vinculadas a ellas y relativas a los controles en las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración.

a)

los criterios generales de selección de los proyectos que se vayan a financiar en el marco del programa anual;

b)

una descripción de las acciones que vayan a recibir ayudas durante el programa anual;

c)

el desglose financiero propuesto de la contribución del Fondo entre las distintas acciones del programa, y una indicación del importe solicitado para asistencia técnica con arreglo al artículo 16, a efectos de la ejecución del programa anual.

a)

una descripción detallada de la situación actual, especialmente por lo que se refiere al número de llegadas, sus efectos sobre las capacidades de acogida y los sistemas de asilo o infraestructuras, y las necesidades urgentes, así como una previsión motivada de la posible evolución de la situación a corto plazo;

b)

una indicación motivada del carácter excepcional de la situación, sobre la base de elementos entre los que podrán incluirse estadísticas recientes y otros datos relativos a la afluencia de personas en puntos particulares de la frontera de que se trate;

c)

una descripción detallada de las medidas de emergencia previstas, su alcance, su naturaleza y los socios implicados;

d)

un desglose de los costes estimados de las medidas previstas.

a)

la definición de las funciones de los organismos responsables de la gestión y el control, y la asignación de cometidos en el seno de cada organismo;

b)

el respeto del principio de separación de funciones entre dichos organismos y dentro de cada uno de ellos;

c)

los recursos adecuados a fin de que cada organismo pueda ejercer las funciones que le hayan sido asignadas a lo largo de todo el período de ejecución de las medidas cofinanciadas por el Fondo;

d)

los procedimientos para garantizar la adecuación y regularidad de los gastos declarados en el marco de los programas anuales;

e)

unos sistemas de contabilidad, seguimiento e información financiera fiables e informatizados;

f)

un sistema de información y seguimiento en caso de que el organismo responsable confíe la ejecución de las tareas a otro organismo;

g)

manuales de procedimiento en relación con las funciones que vayan a ejercerse;

h)

unas normas para verificar el funcionamiento del sistema;

i)

sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada;

j)

procedimientos de comunicación y seguimiento de las irregularidades y de recuperación de los importes indebidamente abonados.

a)

una autoridad responsable: órgano funcional del Estado miembro, autoridad u organismo público nacional designado por el Estado miembro, u organismo de Derecho privado del Estado miembro que tenga una función de servicio público, que se encargará de la gestión del programa plurianual y de los programas anuales financiados por el Fondo y será el único interlocutor de la Comisión;

b)

una autoridad de certificación: autoridad u organismo público nacional o persona física que actúe en calidad de dicha autoridad u organismo, designado por el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos antes de su envío a la Comisión;

c)

una autoridad de auditoría: autoridad u organismo público nacional, siempre que sea funcionalmente independiente de la autoridad responsable y de la autoridad de certificación, designado por el Estado miembro y encargado de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y control;

d)

en su caso, una autoridad delegada.

a)

estar dotada de personalidad jurídica, excepto cuando sea un órgano funcional del Estado miembro;

b)

disponer de infraestructuras que permitan unas comunicaciones fáciles con un amplio abanico de usuarios y con los organismos responsables de los demás Estados miembros y la Comisión;

c)

desarrollar su actividad en un contexto administrativo que le permita desempeñar adecuadamente sus funciones y evitar conflictos de intereses;

d)

estar en condiciones de aplicar las normas de gestión de los fondos de carácter comunitario;

e)

tener capacidad financiera y de gestión proporcional al volumen de fondos comunitarios que deberá administrar;

f)

disponer de personal que reúna calificaciones profesionales adaptadas al trabajo administrativo en un entorno internacional.

a)

consultar a las entidades con las que haya establecido una relación de cooperación de conformidad con el artículo 11;

b)

presentar a la Comisión proyectos de programas plurianuales y anuales, a los que se hace referencia en los artículos 18 y 20;

c)

organizar y publicar las licitaciones y las convocatorias de propuestas cuando corresponda;

d)

organizar la selección de proyectos para la cofinanciación con cargo al Fondo, de conformidad con los criterios enunciados en el artículo 14, apartado 5;

e)

recibir los pagos de la Comisión y efectuar los pagos en favor de los beneficiarios finales;

f)

garantizar la coherencia y complementariedad entre la cofinanciación del Fondo y la procedente de otros instrumentos financieros nacionales y comunitarios;

g)

supervisar el suministro de los productos y servicios objeto de cofinanciación y que el gasto declarado en relación con las medidas se ha efectuado realmente, así como la conformidad de dicho gasto con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia;

h)

garantizar que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de los documentos contables relacionados con cada una de las acciones del programa anual, y que se procede a la recopilación de los datos sobre la ejecución necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, el control y la evaluación;

i)

asegurarse de que los beneficiarios finales y demás organismos involucrados en la ejecución de las acciones cofinanciadas por el Fondo mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las operaciones relacionadas con la acción, sin perjuicio de las normas contables nacionales;

j)

garantizar que las evaluaciones del Fondo contempladas en el artículo 49 se llevan a cabo dentro de los plazos establecidos en el artículo 50, apartado 2, y cumplen los requisitos de calidad acordados entre la Comisión y el Estado miembro;

k)

establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada de conformidad con los requisitos a que se refiere el artículo 43;

l)

garantizar que la autoridad de auditoría reciba, para la realización de las auditorías definidas en el artículo 30, apartado 1, toda la información necesaria sobre los procedimientos de gestión aplicados y sobre los proyectos cofinanciados por el Fondo;

m)

asegurarse de que la autoridad de certificación reciba toda la información necesaria sobre los procedimientos y verificaciones realizados en relación con el gasto, a efectos de certificación;

n)

elaborar y remitir a la Comisión los informes de situación e informes finales sobre la ejecución de los programas anuales, las declaraciones de gastos emitidas por la autoridad de certificación y las solicitudes de pago o, en su caso, las declaraciones de reembolso;

o)

llevar a cabo actividades de información y asesoramiento, y difundir los resultados de las acciones subvencionadas;

p)

cooperar con la Comisión y las autoridades responsables de los restantes Estados miembros;

q)

comprobar que los beneficiarios finales aplican las orientaciones a las que se refiere el artículo 33, apartado 6.

a)

certificar que:

b)

garantizar, a efectos de certificación, que ha sido convenientemente informada por la autoridad responsable de los procedimientos aplicados y las verificaciones realizadas en relación con el gasto incluido en las declaraciones de gastos;

c)

tener en cuenta, a efectos de certificación, los resultados de todas las auditorías llevadas a cabo por la autoridad de auditoría, o bajo su responsabilidad;

d)

conservar registros contables en soporte electrónico del gasto declarado a la Comisión;

e)

verificar la devolución de toda ayuda comunitaria con respecto a la cual se demuestre, a raíz de la detección de irregularidades, que ha sido abonada de forma indebida, en su caso junto con los intereses devengados;

f)

mantener un registro de los importes recuperables y de los importes recuperados con arreglo al presupuesto general de la Unión Europea, siempre que sea posible, mediante su deducción de la siguiente declaración de gastos.

a)

asegurarse de que se realizan auditorías para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control;

b)

garantizar la realización de auditorías de las medidas basadas en una muestra adecuada a fin de verificar el gasto declarado; la muestra será como mínimo representativa del 10 % de los gastos totales elegibles para cada programa anual;

c)

presentar a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa plurianual, una plan de auditoría que indique los organismos que vayan a llevar a cabo las auditorías mencionadas en las letras a) y b), garantizando que los principales beneficiarios de la cofinanciación por el Fondo sean auditados y que las auditorías se distribuyan de forma equilibrada a lo largo del período de programación.

a)

un informe de auditoría anual que recogerá las constataciones de las auditorías realizadas en el marco del plan de auditoría aplicado al programa anual y en el que comunicará todas las deficiencias observadas en los sistemas de gestión y control del programa;

b)

un dictamen, basado en los controles y auditorías que se hayan realizado bajo la responsabilidad de la autoridad de auditoría, sobre si el funcionamiento del sistema de gestión y control ofrece garantías razonables de que las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión son correctas y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

c)

una declaración en la que se determinará la validez de la solicitud de pago o de la declaración de reembolso del saldo y la legalidad y regularidad de los gastos de que se trate.

a)

una declaración de gastos certificada, debidamente elaborada de conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra a), y el artículo 35, y una solicitud de pago del saldo o declaración de reembolso;

b)

el informe final sobre la ejecución del programa anual, según se indica en el artículo 51;

c)

el informe anual de auditoría, el dictamen y la declaración contemplados en el artículo 30, apartado 3.

a)

en un informe de un organismo de auditoría nacional o comunitario existan pruebas que hagan suponer deficiencias significativas en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control;

b)

el ordenador tenga que efectuar comprobaciones adicionales a raíz de la información que haya llegado a su conocimiento y que le advierta de que una declaración de gastos certificada guarda conexión con una irregularidad grave que no ha sido corregida.

a)

cuando se observe una deficiencia grave en el sistema de gestión y control del programa que afecte a la fiabilidad del procedimiento de certificación de los pagos y con respecto a la cual no se hayan adoptado medidas correctoras, o

b)

cuando el gasto consignado en una declaración certificada de gastos guarde relación con una irregularidad grave que no haya sido corregida, o

c)

cuando un Estado miembro no haya cumplido con las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 31 y 32.

a)

existen fallos graves en los sistemas de gestión y control del programa que suponen un riesgo para la contribución comunitaria ya abonada en favor de éste;

b)

el gasto consignado en una declaración certificada de gastos es irregular y no ha sido corregido por el Estado miembro antes de la incoación del procedimiento de corrección previsto en el presente apartado;

c)

un Estado miembro no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del artículo 31 antes de la incoación del procedimiento de corrección previsto en el presente apartado.

a)

la ejecución financiera y operativa del programa anual;

b)

los progresos realizados en la ejecución del programa plurianual y sus prioridades en relación con sus objetivos específicos y verificables, cuantificando los indicadores siempre que se presten a ello;

c)

las medidas adoptadas por la autoridad responsable a fin de garantizar la calidad y la eficacia de la intervención, en particular:

d)

las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre los programas anuales y plurianuales y darlos a conocer.

6.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 144/22

(1)

Mientras que todos los Estados miembros contribuyen a alcanzar un nivel elevado y uniforme de control de las personas y vigilancia de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea en el marco de unas normas comunes, algunos Estados miembros asumen una carga más pesada que otros.

(2)

La diferencia en la carga se explica por las diferentes condiciones de cada Estado miembro en cuanto a geografía de sus fronteras exteriores, número de pasos fronterizos autorizados y operativos, grado de presión migratoria, tanto legal como ilegal, riesgos y amenazas que se presentan y, finalmente, carga de trabajo de los servicios nacionales responsables de examinar las solicitudes de visado y de expedir los visados.

(3)

El reparto de las cargas entre los Estados miembros y la Unión Europea respecto de la gestión de las fronteras exteriores es uno de los cinco componentes de la política común de gestión de las fronteras exteriores, propuesta por la Comisión en su Comunicación de 7 de mayo de 2002 titulada «Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea» y aprobada por el Consejo en su «Plan para la gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea» el 14 de junio de 2002.

(4)

Si bien el Reglamento (CE) n.o 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (4), constituye un importante paso hacia el progresivo desarrollo de la dimensión operativa del sistema europeo común e integrado de gestión de las fronteras, la aplicación de normas comunes eficaces en materia de control y vigilancia de las fronteras exteriores exige un mecanismo financiero comunitario de solidaridad para apoyar aquellos Estados miembros que soportan, en beneficio de la Comunidad, una continuada y pesada carga.

(5)

En el corpus legislativo común, según se define, en particular, en el Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (5), se prevé la realización de inspecciones fronterizas para ayudar a combatir la inmigración ilegal y la trata de seres humanos y prevenir toda amenaza contra la seguridad interior de los Estados miembros, al tiempo que se establece que las inspecciones fronterizas deben realizarse dentro del pleno respeto de la dignidad humana.

(6)

El Fondo para las Fronteras Exteriores (en lo sucesivo «el Fondo») debe expresar la solidaridad mediante la prestación de ayuda financiera a aquellos Estados miembros que apliquen las disposiciones de Schengen sobre fronteras exteriores.

(7)

Conviene modular estas ayudas financieras de modo que sirvan, al mismo tiempo, de enlace con las antiguas contribuciones financieras de la Unión Europea a aquellos Estados miembros que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Decisión, todavía no apliquen la totalidad de las disposiciones del acervo de Schengen, sin, por ello, constituir una mera continuación de las acciones financiadas anteriormente por otras fuentes cubiertas por el presupuesto general de la Unión Europea. En dichos casos, procede que el Fondo ayude a los nuevos Estados miembros a prepararse para su plena participación lo más rápidamente posible, de acuerdo con el Programa de La Haya de los días 4 y 5 de noviembre de 2004.

(8)

Además procede que el Fondo tenga en cuenta situaciones específicas, como el tránsito por vía terrestre de nacionales de terceros países que necesariamente tienen que cruzar el territorio de uno o varios Estados miembros para circular entre dos partes de su propio país que no son geográficamente contiguas, no solamente en interés mismo del Estado o Estados miembros en cuestión, sino también de todos los Estados miembros que han suprimido los controles en sus fronteras interiores. En estos casos, conviene que las acciones que vayan a financiarse se definan de manera exhaustiva y la asignación de recursos se determine sobre la base de una evaluación efectiva de las necesidades relacionadas con dichas acciones.

(9)

A fin de garantizar un control de las fronteras exteriores uniforme y de gran calidad, así como un tráfico transfronterizo flexible, el Fondo debe contribuir al desarrollo de un sistema europeo común e integrado de gestión de las fronteras que incluya todas las medidas relativas a la política, la legislación, la cooperación sistemática, el reparto de tareas, el personal, el equipo y la tecnología, adoptadas a diferentes niveles por las autoridades competentes de los Estados miembros en régimen de cooperación y, si fuera necesario, junto con otros participantes que utilicen, entre otras cosas, el modelo de seguridad de cuatro niveles y el análisis integrado de riesgos de la Unión Europea.

(10)

De acuerdo con el Protocolo no 5 del Acta de adhesión de 2003 (6) relativo al tránsito de personas por vía terrestre entre la región de Kaliningrado y otras partes de la Federación de Rusia, el Fondo debe soportar los costes adicionales en los que se incurra al aplicar las disposiciones específicas del acervo relativas a dicho tránsito.

(11)

Como complemento de la cooperación operativa desarrollada bajo los auspicios de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea creada mediante el Reglamento (CE) no 2007/2004 (en lo sucesivo «la Agencia»), y además de la asignación de los fondos a los Estados miembros, el Fondo debe introducir asimismo la posibilidad de una respuesta comunitaria frente a deficiencias en pasos fronterizos estratégicos mediante la cofinanciación de medidas específicas para remediar esas deficiencias, a partir de un importe específico reservado anualmente para ese tipo de medidas.

(12)

Conviene que el Fondo apoye medidas nacionales y la cooperación entre Estados miembros en el ámbito de la política de visados y otras actividades previas al cruce de las fronteras, que tienen lugar en una fase que es anterior a los controles en las fronteras exteriores. La gestión eficaz de las actividades de los servicios consulares de los Estados miembros en los terceros países responde al interés de la política común de visados, como un elemento de un sistema con varios niveles dirigido a la facilitación de los viajes legítimos y a la lucha contra la inmigración ilegal en la Unión Europea, y forma parte integrante del sistema europeo común e integrado de gestión de las fronteras.

(13)

A la luz del ámbito de aplicación y la finalidad del Fondo, éste no debe en ningún caso apoyar acciones que se refieran a zonas y centros de retención de personas en terceros países.

(14)

Procede fijar criterios objetivos para asignar recursos anuales disponibles a los Estados miembros. Los criterios deben especificarse según el tipo de fronteras, teniendo en cuenta la circulación y los niveles de amenaza en las fronteras exteriores de los Estados miembros.

(15)

La aplicación de estos criterios debe revisarse en 2010 para poder tener en cuenta las nuevas circunstancias que puedan surgir, incluidas, en particular, las que resulten de los cambios que se produzcan en las propias fronteras exteriores.

(16)

Habida cuenta de que la misión de la Agencia es ayudar a los Estados miembros en la aplicación de los aspectos operativos de la gestión de las fronteras exteriores, y con el fin de impulsar la complementariedad entre su misión y las responsabilidades de los Estados miembros en materia de control y vigilancia de las fronteras exteriores, conviene que la Comisión consulte a la Agencia sobre los proyectos de programas plurianuales presentados por los Estados miembros y las orientaciones estratégicas elaboradas por la Comisión.

(17)

Además, la Comisión puede pedir a la Agencia que contribuya a la evaluación, por parte de la Comisión, de la incidencia del Fondo en el desarrollo de la política y la legislación sobre control de las fronteras exteriores, las sinergias entre el Fondo y las misiones de la Agencia, así como en cuanto a la adecuación de los criterios de distribución de los fondos entre los Estados miembros a la luz de los objetivos perseguidos por la Unión Europea en este ámbito.

(18)

La presente Decisión se ha concebido como parte integrante de un marco coherente formado también por la Decisión no 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (7), la Decisión no 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (8), y la Decisión no .../2007/CE del Consejo, de ..., por la que se establece el Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países para el período 2007-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (9), marco cuyo objetivo es abordar la cuestión del reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros en lo que respecta a la carga financiera derivada de la introducción de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea y de la aplicación de políticas comunes de asilo e inmigración, tal como se han desarrollado de conformidad con el Título IV de la Tercera parte del Tratado.

(19)

Conviene que la participación de un Estado miembro en la presente Decisión no coincida con su participación en un futuro instrumento temporal destinado a ayudar a los Estados miembros beneficiarios a financiar acciones en las nuevas fronteras exteriores de la Unión Europea en favor de la aplicación del acervo de Schengen y el control de las fronteras exteriores.

(20)

Las acciones que reciban apoyo del Fondo deben ser sinérgicas respecto de las acciones que reciban apoyo de los instrumentos comunitarios de asistencia exterior y llevarse a cabo en el marco de la política de relaciones exteriores de la Unión Europea, y en particular dentro de la estrategia para las dimensiones exteriores en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

(21)

El apoyo prestado por el Fondo será más eficaz y alcanzará mejor sus objetivos si la cofinanciación de las acciones elegibles se basa en una programación estratégica plurianual elaborada por cada Estado miembro en colaboración con la Comisión.

(22)

Sobre la base de las orientaciones estratégicas adoptadas por la Comisión, conviene que cada Estado miembro prepare un documento de programación plurianual que tenga en cuenta su situación y sus necesidades específicas y en el que se exponga su estrategia de desarrollo, que debe servir de marco para la preparación de la ejecución de las acciones que deben incluirse en los programas anuales.

(23)

En el contexto de la gestión compartida contemplada en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (10) (en lo sucesivo el «Reglamento Financiero»), procede especificar las condiciones necesarias para que la Comisión pueda ejercer las responsabilidades que le incumben en relación con la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea, y clarificar las obligaciones de cooperación que incumben a los Estados miembros. La aplicación de estas condiciones permitiría a la Comisión determinar si los Estados miembros están utilizando el Fondo de forma lícita y correcta, y de conformidad con el principio de buena gestión financiera establecido en el artículo 27 y en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento financiero.

(24)

Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión y control, así como la calidad de la ejecución. A estos efectos, es preciso fijar los principios generales a que deben atenerse todos los programas y las funciones que les corresponde desempeñar.

(25)

Dado que el Fondo puede apoyar las medidas nacionales de un Estado miembro para aplicar las disposiciones del acervo de Schengen, que se extienden desde el control de la frontera exterior hasta la política de visados, podrían participar en él diversas autoridades de un mismo Estado miembro. Por ello, debe permitirse a los Estados miembros designar a diversas autoridades de certificación y auditoría, o a autoridades delegadas, siempre que haya una clara asignación de funciones para cada una de dichas autoridades.

(26)

De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la responsabilidad principal de la ejecución y del control de las intervenciones del Fondo debe corresponder a los Estados miembros.

(27)

Procede especificar las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y de control, la certificación del gasto y la prevención, detección y corrección de irregularidades e infracciones del Derecho comunitario, de modo que pueda garantizarse la eficiente y correcta ejecución de sus programas anuales y plurianuales. En particular, en lo que atañe a la gestión y al control, es preciso establecer las condiciones que permitan a los Estados miembros garantizar la implantación de los sistemas pertinentes y su satisfactorio funcionamiento.

(28)

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, debe fomentarse la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito.

(29)

La eficacia y el impacto de las acciones apoyadas por el Fondo dependen también de su evaluación y de la difusión de sus resultados. Procede precisar las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en la materia, así como las normas encaminadas a garantizar la fiabilidad de la evaluación y la calidad de la información al respecto.

(30)

Procede, por una parte, evaluar las acciones para reconsiderarlas y valorar sus efectos en el examen intermedio y, por otra, integrar el proceso de evaluación en el sistema de seguimiento de los proyectos.

(31)

Habida cuenta de la importancia de la visibilidad de la financiación comunitaria, la Comisión debe establecer orientaciones destinadas a facilitar que cualesquiera autoridades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales u otras entidades que reciban subvenciones del Fondo reconozcan adecuadamente la ayuda recibida, teniendo en cuenta la práctica respecto de otros instrumentos de gestión compartida, como los Fondos Estructurales.

(32)

La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al punto 37 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (11), constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual.

(33)

Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, apoyar la instauración de un sistema europeo común e integrado de gestión de las fronteras, que abarca, entre otras, la gestión de las actividades organizadas por los servicios consulares y otros servicios de los Estados miembros en terceros países en relación con los flujos de entrada de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la acción prevista, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(34)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (12).

(35)

Dado que las medidas de la presente Decisión relativas a la adopción de las orientaciones estratégicas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la misma, mediante la supresión de algunos de estos elementos o la adición de nuevos elementos no esenciales, dichas medidas deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. Por razones de eficacia, los plazos normalmente aplicables en el marco del procedimiento de reglamentación con control deben abreviarse para la adopción de las orientaciones estratégicas.

(36)

Con objeto de garantizar la aplicación oportuna del Fondo, determinadas disposiciones de la presente Decisión deben aplicarse a partir del 1 de enero de 2007.

(37)

Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la presente Decisión constituye un desarrollo del acervo de Schengen que entra en el ámbito mencionado en los puntos A y B del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (13).

(38)

Debe establecerse un régimen que permita que los representantes de Islandia y Noruega se asocien a los trabajos de los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. El Acuerdo en forma de Canjes de Notas entre el Consejo de la Unión Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre los comités que asisten a la Comisión Europea en el ejercicio de sus competencias de ejecución (14) anejo al Acuerdo mencionado en el considerando 37 prevé un régimen de esas características.

(39)

En lo que respecta a Suiza, la presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo firmado por la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el punto A del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Decisión 2004/860/CE del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones de dicho Acuerdo (15).

(40)

Debe establecerse un régimen que permita que los representantes de Suiza se asocien a los trabajos de los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. El Canje de Notas entre el Consejo de la Unión Europea y Suiza anejo al Acuerdo mencionado en el considerando 39 prevé un régimen de esas características.

(41)

Para determinar las normas suplementarias necesarias para la aplicación de la presente Decisión conviene concluir un acuerdo entre la Comunidad e Islandia, Noruega y Suiza.

(42)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y, por lo tanto, no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Decisión desarrolla el acervo de Schengen según lo dispuesto en el Título IV de la Tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del mencionado Protocolo, debe decidir, en un plazo de seis meses a contar desde la adopción por el Consejo de la presente Decisión, si la incorpora o no a su Derecho interno.

(43)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000 sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (16) y la subsiguiente Decisión 2004/926/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, sobre la ejecución de partes del acervo de Schengen por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (17). Por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no está vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación.

(44)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (18). Por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no está vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(45)

De conformidad con el artículo 67, apartado 2, guión segundo, del Tratado, la Decisión 2004/927/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por la que determinados ámbitos cubiertos por el Título IV de la Tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se regirán por el procedimiento previsto en el artículo 251 de dicho Tratado (19), hace que el procedimiento a que se refiere el artículo 251 del Tratado sea aplicable en los ámbitos regulados por el artículo 62, punto 1, punto 2, letra a) y punto 3 y el artículo 63, punto 2, letra b) y punto 3, letra b), de dicho Tratado.

1)

«fronteras exteriores», las fronteras terrestres de los Estados miembros, incluidas las fronteras fluviales y lacustres, las fronteras marítimas, y sus aeropuertos, puertos fluviales, marítimos y lacustres a los que se aplican las disposiciones del Derecho comunitario en materia de cruce de fronteras exteriores, sean estas fronteras temporales o no;

2)

«fronteras exteriores temporales»:

3)

«paso fronterizo», todo paso habilitado por las autoridades competentes para cruzar las fronteras exteriores notificado de conformidad con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 562/2006;

4)

«Agencia», la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, creada por el Reglamento (CE) n.o 2007/2004.

a)

la organización eficiente de control, que abarca tanto las tareas de verificación como de vigilancia en relación con las fronteras exteriores;

b)

la gestión eficiente de los flujos de personas en las fronteras exteriores por parte de los Estados miembros con objeto de garantizar, por un lado, un alto nivel de protección en las fronteras exteriores y, por otra, el cruce sin problemas de estas fronteras de conformidad con el acervo de Schengen, así como los principios de trato respetuoso y de dignidad;

c)

la aplicación uniforme por los guardias de fronteras de las disposiciones del Derecho comunitario en materia de cruce de fronteras exteriores, en particular el Reglamento (CE) n.o 562/2006;

d)

la mejora de la gestión de las actividades de los servicios consulares y otros servicios de los Estados miembros en los terceros países en relación con los flujos de entrada de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros y de la cooperación entre Estados miembros a este respecto.

a)

aplicación de las recomendaciones, normas operativas y mejores prácticas, resultantes de la cooperación operativa entre Estados miembros en el ámbito del control de fronteras;

b)

definición y aplicación de las medidas necesarias para mejorar los sistemas de vigilancia entre pasos fronterizos;

c)

introducción de medidas o desarrollo de sistemas eficaces que permitan la recogida metódica de información pertinente sobre la evolución de la situación in situ de las fronteras exteriores, tanto en las fronteras mismas como en el territorio que se extiende a un lado y otro de éstas;

d)

garantizar el oportuno registro del número de personas que cruzan cualquier tipo de fronteras exteriores (terrestres, aéreas y marítimas);

e)

introducción o mejora de un sistema de recogida de datos estadísticos y administrativos sobre categorías de viajeros, número y naturaleza de los controles y las medidas de vigilancia aplicadas en los distintos tipos de fronteras exteriores, sobre la base de registros y otras fuentes de recogida de datos;

f)

establecimiento de una coordinación estructural, estratégica y operativa eficaz entre todas las autoridades que operen en los pasos fronterizos;

g)

mejora de la capacidad y cualificación de los guardias de fronteras para realizar sus misiones de vigilancia, asesoramiento y control;

h)

mejora del intercambio de información a nivel nacional entre las autoridades responsables de la gestión de las fronteras exteriores y entre estas autoridades y otras autoridades responsables de migración, asilo y otros asuntos conexos;

i)

promover normas de gestión de calidad.

a)

excepto en el caso de las fronteras exteriores temporales, desarrollo de nuevos métodos de trabajo, medidas logísticas y uso de tecnología punta para reforzar los controles sistemáticos de las personas a la entrada y salida de los pasos fronterizos;

b)

fomento de la utilización de tecnologías y formación especializada del personal responsable de su utilización efectiva;

c)

promoción del intercambio de información y mejora de la formación sobre documentos de viaje falsificados o falsos, incluido el desarrollo y la difusión de herramientas y prácticas comunes de detección de dichos documentos;

d)

fomento de una consulta de datos eficaz y en tiempo real en los pasos fronterizos, mediante la utilización de sistemas de tecnología de la información a gran escala, como el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema de Información de Visados (VIS), y del intercambio eficaz de información, en tiempo real, entre todos los pasos fronterizos situados a lo largo de las fronteras exteriores;

e)

garantizar la explotación óptima, desde el punto de vista operativo y técnico, de los resultados de los análisis de riesgos.

a)

establecimiento progresivo en los Estados miembros de una formación, una educación y una cualificación uniformes de los guardias de fronteras, aplicando el tronco común de formación desarrollado por la Agencia y complementando de manera coherente las actividades de la Agencia en este ámbito;

b)

apoyo e incremento de los intercambios y comisiones de servicios de agentes de la guardia de fronteras entre Estados miembros, como complemento de las orientaciones y las actividades de la Agencia en este ámbito;

c)

fomento de la utilización de tecnologías punta compatibles a lo largo de las fronteras exteriores, cuando resulte indispensable para la aplicación correcta, eficaz o uniforme de las normas;

d)

fomento de la capacidad de las autoridades para aplicar los mismos procedimientos y adoptar decisiones coherentes, rápidas y de gran calidad en materia de cruce de fronteras exteriores, con inclusión de la expedición de visados;

e)

fomento de la utilización del Manual práctico para los guardias de fronteras;

f)

construcción y mejora de las zonas destinadas a las personas a las que se deniega la entrada y a las personas interceptadas tras haber cruzado ilegalmente las fronteras exteriores o en el acto de aproximarse a las fronteras exteriores con ánimo de entrar ilegalmente en el territorio de los Estados miembros;

g)

mejora de la seguridad en los locales de los pasos fronterizos, con el fin de garantizar la protección de los guardias de fronteras así como la de los equipamientos, sistemas de vigilancia y medios de transporte.

a)

refuerzo de la capacidad operativa de la red de funcionarios de enlace e impulso de una cooperación más eficaz mediante redes entre los servicios de los Estados miembros;

b)

introducción de medidas encaminadas a asistir a los Estados miembros y a los transportistas en el cumplimiento de las obligaciones que les imponen la Directiva 2004/82/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas (20) y el artículo 26 del Convenio de 19 de junio de 1990 de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (en lo sucesivo «Convenio de Schengen») (21) a fin de impedir las llegadas ilegales a las fronteras exteriores;

c)

fomento de una cooperación más eficaz con las compañías aéreas en los aeropuertos de los países de partida, que incluya una formación uniforme del personal de estas compañías en materia de documentos de viaje;

d)

fomento de la gestión de calidad y de buenos servicios e instalaciones en términos de infraestructura en el proceso de solicitud de visado;

e)

fomento de la cooperación entre Estados miembros para incrementar la capacidad de los servicios consulares de examen de las solicitudes de visado;

f)

fomento de prácticas de investigación comunes y de procedimientos y decisiones administrativos uniformes en materia de visados por parte de los servicios consulares de un Estado miembro ubicados en distintos terceros países;

g)

fomento del avance hacia una cooperación sistemática y regular entre los servicios consulares y de otro tipo de distintos Estados miembros, especialmente en relación con el VIS, que incluya la puesta en común de recursos y medios de expedición de visados, el intercambio de información, encuestas e investigaciones sobre solicitudes de visado y la creación de centros comunes de solicitud de visados;

h)

fomento de iniciativas nacionales encaminadas a la instauración de prácticas de investigación comunes y de procedimientos administrativos y decisorios uniformes en materia de visados por los servicios consulares de diferentes Estados miembros;

i)

implantación de oficinas consulares comunes.

a)

infraestructuras fronterizas y los edificios correspondientes, como puestos fronterizos, pistas de aterrizaje de helicópteros, carriles o cabinas para las colas de vehículos o de personas en los pasos fronterizos;

b)

infraestructuras, edificios y sistemas necesarios para la vigilancia entre pasos fronterizos y protección contra el cruce ilegal de las fronteras exteriores;

c)

equipamiento operativo, como sensores, videovigilancia, instrumentos de examen de documentos, herramientas de detección y terminales fijos o móviles de consulta del SIS el VIS, el Sistema Europeo de Archivo de Imágenes (FADO) y otros sistemas nacionales y europeos;

d)

medios de transporte necesarios para el control de las fronteras exteriores, como vehículos, buques, helicópteros y aeronaves ligeras, especialmente dotados de equipos electrónicos para la vigilancia de las fronteras y la detección de personas dentro de los medios de transporte;

e)

equipamiento para el intercambio de información, en tiempo real, entre las autoridades competentes;

f)

sistemas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC);

g)

programas de comisiones de servicio e intercambios de personal como los guardias de fronteras, funcionarios de servicios de inmigración y funcionarios consulares;

h)

formación y educación del personal de las autoridades competentes, incluida la formación lingüística;

i)

inversiones en desarrollo, verificación e instalación de tecnologías punta;

j)

estudios y proyectos piloto que apliquen las recomendaciones, las normas operativas y las mejores prácticas resultantes de la cooperación operativa entre Estados miembros en el ámbito del control de fronteras;

k)

estudios y proyectos piloto concebidos para estimular la innovación, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas y mejorar la calidad de la gestión de las actividades organizadas por los servicios consulares y otros servicios de los Estados miembros en terceros países en relación con los flujos de entrada de nacionales de esos terceros países en el territorio de los Estados miembros y de la cooperación entre Estados miembros a este respecto.

a)

inversiones en infraestructuras;

b)

formación del personal que aplica el régimen de tránsito especial;

c)

costes operativos adicionales, incluidos los salarios del personal que aplica específicamente el régimen de tránsito especial.

a)

contribuir a la mejora de las actividades de los servicios consulares y otros servicios de los Estados miembros en los terceros países en relación con los flujos de entrada de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros y de la cooperación entre Estados miembros a este respecto, incluidas las actividades de los funcionarios de enlace con las compañías aéreas y de los funcionarios de enlace de inmigración;

b)

fomentar la progresiva inclusión de los controles aduaneros, veterinarios y fitosanitarios en las actividades de la gestión integrada de las fronteras, conforme a la evolución de la política en esta materia;

c)

prestar servicios de apoyo a los Estados miembros en situaciones de emergencia debidamente justificadas que exijan una actuación urgente en las fronteras exteriores.

a)

promover la cooperación comunitaria en la aplicación de la legislación comunitaria y las buenas prácticas;

b)

apoyar la instauración de redes de cooperación transnacionales y proyectos piloto a partir de asociaciones transnacionales entre servicios consulares de dos o más Estados miembros, concebidas para estimular la innovación y facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas;

c)

apoyar la realización de estudios y la difusión y el intercambio de información sobre las mejores prácticas y sobre todos los demás aspectos del objetivo general de contribuir a la mejora de las actividades organizadas por los servicios consulares de los Estados miembros en los terceros países y a la cooperación entre Estados miembros en este ámbito, incluido sobre el uso de la utilización de tecnología punta;

d)

apoyar la realización de proyectos piloto y estudios sobre la posibilidad de establecer nuevas formas de cooperación comunitaria y legislación comunitaria en este ámbito, y en particular centros comunes de solicitud;

e)

impulsar el desarrollo y la aplicación por los Estados miembros de instrumentos, métodos e indicadores estadísticos comunes para medir la evolución de las políticas en materia de visados y de cooperación consular.

a)

comprobando la existencia y el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, conforme a los procedimientos que se especifican en el artículo 34;

b)

reteniendo o suspendiendo la totalidad o parte de los pagos de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 43 y 44, en caso de deficiencia en los sistemas de gestión y control nacionales, y aplicando cualquier otra corrección financiera necesaria, de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 47 y 48.

a)

30 % para las fronteras terrestres exteriores;

b)

35 % para las fronteras marítimas exteriores;

c)

20 % para los aeropuertos;

d)

15 % para las oficinas consulares.

a)

70 % para la longitud de las fronteras exteriores, que se calculará, sobre la base de los factores de ponderación, para cada sección específica determinada con arreglo al artículo 15, apartado 3, letra a), y

b)

30 % para el volumen de trabajo en sus fronteras terrestres exteriores, determinado con arreglo al apartado 7, letra a).

a)

70 % para la longitud de las fronteras exteriores, que se calculará, sobre la base de los factores de ponderación, para cada sección específica determinada con arreglo al artículo 15 apartado 3, letra b), y

b)

30 % para el volumen de trabajo en sus fronteras marítimas exteriores, determinado con arreglo al apartado 7, letra a).

a)

50 % para el conjunto de las oficinas consulares de los Estados miembros en los países mencionados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (24); y

b)

50 % para el volumen de trabajo en relación con la gestión de la política de visados en las oficinas consulares de los Estados miembros en los países mencionados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 539/2001, determinado con arreglo al apartado 7, letra c), del presente artículo.

a)

se tendrá en cuenta la línea que separa las zonas a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 866/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre un régimen conforme al artículo 2 del Protocolo no 10 del Acta de adhesión (25), pero no la frontera marítima al norte de dicha línea, incluso cuando no constituya una frontera terrestre exterior, mientras sea aplicable lo dispuesto en el artículo 1 del Protocolo 10 del Acta de adhesión de 2003;

b)

por «fronteras marítimas exteriores» se entenderá el límite exterior del mar territorial de los Estados miembros, definido con arreglo a los artículos 4 a 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. No obstante, en los casos en que se requiera llevar a cabo periódicamente operaciones de largo alcance para impedir la inmigración ilegal o la entrada ilegal, se tratará del límite exterior de las zonas sometidas a una amenaza importante. Ello se determinará teniendo en cuenta los datos operativos correspondientes a los dos últimos años, establecidos por el Estado miembro de que se trate. Esta definición de «fronteras marítimas exteriores» se ofrece exclusivamente a efectos de la presente Decisión y todas las operaciones deberán respetar el Derecho internacional.

a)

en las fronteras terrestres y marítimas exteriores:

b)

en los aeropuertos:

c)

en las oficinas consulares:

número de solicitudes de visado.

a)

número de nacionales de terceros países a los que se ha denegado la entrada en la frontera exterior;

b)

número de nacionales de terceros países interceptados al cruzar o intentar cruzar ilegalmente la frontera exterior;

c)

número de pasadores interceptados que hayan ayudado de forma intencionada a nacionales de terceros países a entrar de forma no autorizada;

d)

número de documentos de viaje falsificados o falsos y número de documentos de viaje y visados expedidos por motivos falsos y que hayan sido detectados en los pasos fronterizos con arreglo al Código de fronteras Schengen.

a)

frontera terrestre exterior:

b)

frontera marítima exterior:

a)

situación y necesidades en el Estado miembro de que se trate;

b)

rentabilidad de los gastos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el número de personas afectadas por el proyecto;

c)

experiencia, conocimientos, fiabilidad y contribución financiera de la organización solicitante de los fondos y de las organizaciones que cooperen con ella;

d)

complementariedad entre dichos proyectos y otras acciones financiadas por el presupuesto general de la Unión Europea o en el marco de programas nacionales.

a)

estudios, evaluaciones, peritajes y estadísticas, incluidos los de carácter general, relativos al funcionamiento del Fondo;

b)

medidas de información para los Estados miembros, los beneficiarios finales y el público en general, incluidas campañas de sensibilización y la creación de una base de datos común sobre los proyectos financiados con cargo al Fondo;

c)

instalación, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de gestión, seguimiento, inspección y evaluación;

d)

concepción de un marco común de evaluación y seguimiento y de sistemas de indicadores, teniendo en cuenta, cuando proceda, los indicadores nacionales;

e)

mejora de los métodos de evaluación, e intercambio de información sobre las prácticas en este ámbito;

f)

medidas de información y formación para las autoridades designadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 27, que servirán de complemento a los esfuerzos de los Estados miembros para orientar a sus autoridades, de conformidad con el artículo 33, apartado 2.

a)

para el periodo 2007-2010, el 7 % de la cofinanciación anual total asignada a dicho Estado miembro, aumentado en 30 000 EUR, y

b)

para el periodo 2011-2013, el 4 % de la cofinanciación anual total asignada a dicho Estado miembro, aumentado en 30 000 EUR.

a)

una descripción de la situación actual del Estado miembro en relación con las infraestructuras, equipamientos, medios de transporte, sistemas de TIC y medidas de formación y educación del personal al servicio de las autoridades fronterizas y de las autoridades consulares;

b)

un análisis de las necesidades en el Estado miembro de que se trate en materia de infraestructuras, equipamientos, medios de transporte, sistemas de TIC y medidas de formación y educación del personal al servicio de las autoridades fronterizas y autoridades consulares, y la indicación de los objetivos operativos para responder a estas necesidades durante el período cubierto por el programa plurianual;

c)

la presentación de una estrategia adecuada para alcanzar estos objetivos y las prioridades fijadas para su realización y una descripción de las acciones previstas para cumplir dichas prioridades;

d)

una exposición de la compatibilidad de esa estrategia con otros instrumentos regionales, nacionales y comunitarios;

e)

información sobre las prioridades y sus objetivos específicos. Dichos objetivos se cuantificarán mediante un número reducido de indicadores, atendiendo al principio de proporcionalidad. Los indicadores deberán permitir medir los avances realizados con respecto a la situación de partida, y la eficacia de los objetivos en que se plasmen las prioridades;

f)

una descripción del planteamiento elegido para llevar a la práctica el principio de cooperación establecido en el artículo 12;

g)

un proyecto de plan de financiación que precise, para cada prioridad y cada programa anual, la contribución financiera prevista del Fondo, así como el importe global de la cofinanciación pública o privada;

h)

las disposiciones establecidas para garantizar la publicidad del programa plurianual.

a)

la coherencia del proyecto de programa plurianual con los objetivos del Fondo y las orientaciones estratégicas a que se refiere el artículo 20;

b)

la pertinencia de las acciones contempladas en el proyecto de programa plurianual, teniendo en cuenta la estrategia propuesta;

c)

la conformidad de las disposiciones de gestión y control establecidas por el Estado miembro para la ejecución de las intervenciones del Fondo con las disposiciones establecidas en la presente Decisión;

d)

la conformidad del proyecto de programa plurianual con el Derecho comunitario, y, en particular, con las disposiciones de éste destinadas a garantizar la libre circulación de personas, junto con las medidas de acompañamiento directamente vinculadas a ellas y relativas a los controles en las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración.

a)

los criterios generales de selección de los proyectos que se vayan a financiar en el marco del programa anual;

b)

una descripción de las acciones que vayan a recibir ayudas durante el programa anual;

c)

el desglose financiero propuesto de la contribución del Fondo entre las distintas acciones del programa, y una indicación del importe solicitado para asistencia técnica con arreglo al artículo 18, a efectos de la ejecución del programa anual.

a)

la definición de las funciones de los organismos responsables de la gestión y el control, y la asignación de cometidos en el seno de cada organismo;

b)

el respeto del principio de separación de funciones entre dichos organismos y dentro de cada uno de ellos;

c)

los recursos adecuados a fin de que cada organismo pueda ejercer las funciones que le hayan sido asignadas a lo largo de todo el período de ejecución de las acciones cofinanciadas por el Fondo;

d)

los procedimientos para garantizar la adecuación y regularidad de los gastos declarados en el marco de los programas anuales;

e)

unos sistemas de contabilidad, seguimiento e información financiera fiables e informatizados;

f)

un sistema de información y seguimiento en caso de que el organismo responsable confíe la ejecución de las tareas a otro organismo;

g)

manuales de procedimiento en relación con las funciones que vayan a ejercerse;

h)

unas normas para verificar el funcionamiento del sistema;

i)

sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada;

j)

procedimientos de comunicación y seguimiento de las irregularidades y de recuperación de los importes indebidamente abonados.

a)

una autoridad responsable: órgano funcional del Estado miembro, autoridad u organismo público nacional designado por el Estado miembro, u organismo de Derecho privado del Estado miembro que tenga una función de servicio público, que se encargará de la gestión del programa plurianual y de los programas anuales financiados por el Fondo y será el único interlocutor de la Comisión;

b)

una autoridad de certificación: una autoridad u organismo público nacional o persona física que actúe en calidad de dicha autoridad u organismo, designado por el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos antes de su envío a la Comisión;

c)

una autoridad de auditoría: una autoridad u organismo público nacional, siempre que sea funcionalmente independiente de la autoridad responsable y de la autoridad de certificación, designado por el Estado miembro y encargado de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y control;

d)

en su caso, una autoridad delegada.

a)

estar dotada de personalidad jurídica, excepto cuando sea un órgano funcional del Estado miembro;

b)

disponer de infraestructuras que permitan unas comunicaciones fáciles con un amplio abanico de usuarios y con los organismos responsables de los demás Estados miembros y la Comisión;

c)

desarrollar su actividad en un contexto administrativo que le permita desempeñar adecuadamente sus funciones y evitar conflictos de intereses;

d)

estar en condiciones de aplicar las normas de gestión de los fondos de carácter comunitario;

e)

tener capacidad financiera y de gestión proporcional al volumen de fondos comunitarios que deberá administrar;

f)

disponer de personal que reúna calificaciones profesionales adaptadas al trabajo administrativo en un entorno internacional.

a)

consultar a las entidades con las que haya establecido una relación de cooperación de conformidad con el artículo 12;

b)

presentar a la Comisión los proyectos de programas plurianuales y anuales a los que hacen referencia los artículos 21 y 23;

c)

organizar y publicar las licitaciones y las convocatorias de propuestas cuando corresponda;

d)

organizar la selección de proyectos para la cofinanciación con cargo al Fondo, de conformidad con los criterios enunciados en el artículo 16, apartado 5;

e)

recibir los pagos de la Comisión y efectuar los pagos en favor de los beneficiarios finales;

f)

garantizar la coherencia y complementariedad entre la cofinanciación del Fondo y la procedente de otros instrumentos financieros nacionales y comunitarios;

g)

supervisar el suministro de los productos y servicios objeto de cofinanciación y que el gasto declarado en relación con las medidas se ha efectuado realmente, así como la conformidad de dicho gasto con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia;

h)

garantizar que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de los documentos contables relacionados con cada una de las acciones del programa anual, y que se procede a la recopilación de los datos sobre la ejecución necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, el control y la evaluación;

i)

asegurarse de que los beneficiarios finales y demás organismos involucrados en la ejecución de las acciones cofinanciadas por el Fondo mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las operaciones relacionadas con la acción, sin perjuicio de las normas contables nacionales;

j)

garantizar que las evaluaciones del Fondo contempladas en el artículo 51 se llevan a cabo dentro de los plazos establecidos en el artículo 52, apartado 2, y cumplen los requisitos de calidad acordados entre la Comisión y el Estado miembro;

k)

establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada de conformidad con los requisitos a que se refiere el artículo 45;

l)

garantizar que la autoridad de auditoría reciba, para la realización de las auditorías definidas en el artículo 32, apartado 1, toda la información necesaria sobre los procedimientos de gestión aplicados y sobre los proyectos cofinanciados por el Fondo;

m)

asegurarse de que la autoridad de certificación reciba toda la información necesaria sobre los procedimientos y verificaciones realizados en relación con el gasto, a efectos de certificación;

n)

elaborar y remitir a la Comisión los informes de situación e informes finales sobre la ejecución de los programas anuales, las declaraciones de gastos emitidas por la autoridad de certificación y las solicitudes de pago o, en su caso, las declaraciones de reembolso;

o)

llevar a cabo actividades de información y asesoramiento, y difundir los resultados de las acciones subvencionadas;

p)

cooperar con la Comisión y las autoridades responsables de los restantes Estados miembros;

q)

comprobar que los beneficiarios finales aplican las orientaciones a las que se refiere el artículo 35, apartado 6.

a)

certificar que:

b)

garantizar, a efectos de certificación, que ha sido convenientemente informada por la autoridad responsable de los procedimientos aplicados y las verificaciones realizadas en relación con el gasto incluido en las declaraciones de gastos;

c)

tener en cuenta, a efectos de certificación, los resultados de todas las auditorías llevadas a cabo por la autoridad de auditoría, o bajo su responsabilidad;

d)

conservar registros contables en soporte electrónico del gasto declarado a la Comisión;

e)

verificar la devolución de toda ayuda comunitaria con respecto a la cual se demuestre, a raíz de la detección de irregularidades, que ha sido abonada de forma indebida, en su caso junto con los intereses devengados;

f)

mantener un registro de los importes recuperables y de los importes recuperados con arreglo al presupuesto general de la Unión Europea, siempre que sea posible, mediante su deducción de la siguiente declaración de gastos.

a)

asegurarse de que se realizan auditorías para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control;

b)

garantizar la realización de auditorías de las medidas basadas en una muestra adecuada a fin de verificar el gasto declarado; la muestra será como mínimo representativa del 10 % de los gastos totales elegibles para cada programa anual;

c)

presentar a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa plurianual, un plan de auditoría que indique los organismos que vayan a llevar a cabo las auditorías mencionadas en las letras a) y b), garantizando que los principales beneficiarios de la cofinanciación por el Fondo sean auditados y que las auditorías se distribuyan de forma equilibrada a lo largo del período de programación.

a)

un informe de auditoría anual que recogerá las constataciones de las auditorías realizadas en el marco del plan de auditoría aplicado al programa anual y en el que comunicará todas las deficiencias observadas en los sistemas de gestión y control del programa;

b)

un dictamen, basado en los controles y auditorías que se hayan realizado bajo la responsabilidad de la autoridad de auditoría, sobre si el funcionamiento del sistema de gestión y control ofrece garantías razonables de que las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión son correctas y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

c)

una declaración en la que se determinará la validez de la solicitud de pago o de la declaración de reembolso del saldo y la legalidad y regularidad de los gastos de que se trate.

a)

una declaración de gastos certificada, debidamente elaborada de conformidad con el artículo 31, apartado 1, letra a), y el artículo 37, y una solicitud de pago del saldo o declaración de reembolso;

b)

el informe final sobre la ejecución del programa anual, según se indica en el artículo 53;

c)

el informe anual de auditoría, el dictamen y la declaración contemplados en el artículo 32, apartado 3.

a)

en un informe de un organismo de auditoría nacional o comunitario existan pruebas que hagan suponer deficiencias significativas en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control,

b)

el ordenador tenga que efectuar comprobaciones adicionales a raíz de la información que haya llegado a su conocimiento y que le advierta de que una declaración de gastos certificada guarda conexión con una irregularidad grave que no ha sido corregida.

a)

cuando se observe una deficiencia grave en el sistema de gestión y control del programa que afecte a la fiabilidad del procedimiento de certificación de los pagos y con respecto a la cual no se hayan adoptado medidas correctoras; o

b)

cuando el gasto consignado en una declaración certificada de gastos guarde relación con una irregularidad grave que no haya sido corregida; o

c)

cuando un Estado miembro no haya cumplido con las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 33 y 34.

a)

existen fallos graves en los sistemas de gestión y control del programa que suponen un riesgo para la contribución comunitaria ya abonada en favor de éste;

b)

el gasto consignado en una declaración certificada de gastos es irregular y no ha sido corregido por el Estado miembro antes de la incoación del procedimiento de corrección previsto en el presente apartado;

c)

un Estado miembro no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del artículo 33 antes de la incoación del procedimiento de corrección previsto en el presente apartado.

a)

a más tardar el 30 de junio de 2010, un informe de evaluación de la ejecución de las acciones cofinanciadas por el Fondo;

b)

a más tardar el 30 de junio de 2012 (para el período 2007-2010) y a más tardar el 30 de junio de 2015 (para el período 2011-2013), respectivamente, un informe de evaluación de los resultados y del impacto de las acciones cofinanciadas por el Fondo.

a)

a más tardar el 30 de junio de 2010, un informe para la revisión de los artículos 14 y 15, acompañado de propuestas de modificación, si se considera necesario;

b)

a más tardar el 31 de diciembre de 2010, un informe intermedio sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del Fondo, acompañado de una propuesta relativa a la evolución posterior del Fondo;

c)

a más tardar el 31 de diciembre de 2012 (para el período 2007-2010) y a más tardar el 31 de diciembre de 2015 (para el período 2011-2013), respectivamente, un informe de evaluación a posteriori.

a)

la ejecución financiera y operativa del programa anual;

b)

los progresos realizados en la ejecución del programa plurianual y sus prioridades en relación con sus objetivos específicos y verificables, cuantificando los indicadores siempre que se presten a ello;

c)

las medidas adoptadas por la autoridad responsable a fin de garantizar la calidad y la eficacia de la intervención, en particular:

d)

las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre los programas anuales y plurianuales y darlos a conocer.

a)

designar a la autoridad nacional responsable a que se refiere el artículo 27, apartado 1, letra a), así como, si procede, a la autoridad delegada, lo antes posible después del 7 de junio de 2007, si bien no más tarde del 22 de junio de 2007;

b)

a más tardar el 30 de septiembre de 2007, presentar una descripción de los sistemas de gestión y control a que se refiere el artículo 34, apartado 2.

a)

una estimación de los importes que se les ha asignado para el ejercicio económico de 2007;

b)

estimaciones de los importes que se les asignarán para los ejercicios económicos de 2008 a 2013 basadas en una extrapolación del cálculo de la estimación correspondiente al ejercicio de 2007, teniendo en cuenta las propuestas de crédito anual relativas a los años 2007 a 2013 previstas en el marco financiero.

a)

a más tardar el 1 de julio de 2007, la Comisión facilitará a los Estados miembros una estimación de los importes que se les ha asignado para el ejercicio 2007;

b)

a más tardar el 1 de diciembre de 2007, los Estados miembros presentarán a la Comisión el proyecto de programa anual para 2007;

c)

a más tardar el 1 de marzo de 2008, los Estados miembros presentarán a la Comisión el proyecto de programa anual para 2008.

6.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 144/45

(1)

Con el fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tratado contempla, por un lado, la adopción de medidas destinadas a garantizar la libre circulación de personas, conjuntamente con las medidas de acompañamiento relativas a los controles en las fronteras exteriores, al asilo y a la inmigración y, por otro, la adopción de medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales de terceros países.

(2)

El Consejo Europeo, en su reunión en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, reafirmó su voluntad de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. Con este fin, conviene que una política europea común en materia de asilo y de inmigración tenga como objetivo tanto el trato equitativo de los nacionales de terceros países como la mejora de la gestión de los flujos migratorios.

(3)

Una política comunitaria de retorno eficaz es un complemento necesario de una política de asilo e inmigración legal digna de crédito, así como un importante componente de la lucha contra la inmigración ilegal. Los Estados miembros consagran presupuestos considerables a la aplicación de programas de retorno y realización de operaciones de retorno forzoso. Unas acciones comunes de la Unión Europea en este campo, respaldadas por los adecuados medios financieros procedentes de la Comunidad, podrían apoyar la labor de los Estados miembros, subrayar la necesidad del retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular y reforzar la solidaridad entre Estados miembros.

(4)

El Consejo adoptó, el 28 de febrero de 2002, el Plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea (4), en el que destacaba que la política de readmisión y repatriación constituye parte integrante y crucial de la lucha contra la inmigración ilegal y definía dos elementos, a saber, principios comunes y acciones comunes, en el marco de la mejora de la cooperación administrativa entre Estados miembros.

(5)

El Programa de acción sobre el retorno del Consejo de 28 de noviembre de 2002, basado en la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2002, relativa a una política comunitaria de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, aborda el proceso completo de actuación en relación con la gestión del retorno en los Estados miembros, al abarcar tanto el retorno –voluntario o forzoso– de nacionales de terceros países como las etapas intermedias del propio retorno, entre ellas la preparación y el seguimiento.

(6)

El Consejo Europeo, en su reunión de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003, pidió a la Comisión que examinara todos los aspectos relacionados con el establecimiento de un instrumento comunitario aparte para apoyar, en particular, las prioridades que figuran en el Programa de acción sobre el retorno.

(7)

El Consejo, en sus Conclusiones sobre las prioridades en el desarrollo satisfactorio de una política común de readmisión, de 2 de noviembre de 2004, subrayó que los acuerdos comunitarios de readmisión hacen una importante aportación a una gestión conjunta eficaz de la inmigración y desempeñan un valioso papel en la lucha contra la inmigración ilegal. Constituyen un importante elemento en el marco del diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y los países de origen, antigua residencia y tránsito de los inmigrantes ilegales.

(8)

De conformidad con las Conclusiones de 8 de junio de 2004 en las que el Consejo pidió a la Autoridad Presupuestaria que garantizara la financiación de acciones preparatorias e invitó a la Comisión a tener en cuenta su punto de vista sobre el desarrollo de planes integrados de retorno en estrecha cooperación con los Estados miembros, se han iniciado acciones preparatorias para el período 2005 y 2006.

(9)

El Consejo Europeo, en su reunión de Bruselas de los días 4 y 5 de noviembre de 2004, pidió, en el «Programa de La Haya», el inicio de la fase preparatoria de un Fondo Europeo para el Retorno (denominado en lo sucesivo «el Fondo») y la creación del Fondo antes de 2007, teniendo en cuenta la evaluación de la fase preparatoria.

(10)

En noviembre de 2004, el Consejo tomó nota del informe de la Presidencia sobre un análisis de las mejores prácticas de retorno a determinados países, en el que se afirmaba la existencia de grandes posibilidades de una mayor cooperación práctica entre los Estados miembros en la práctica del retorno, así como la necesidad de dicha cooperación. El informe indicaba la posibilidad de un enfoque más integrado, tanto a nivel nacional como comunitario, de la política de retorno y de las actuaciones en general. Asimismo, el informe señalaba las mejores prácticas de los Estados miembros en materia de retorno voluntario o forzoso de nacionales de terceros países a su país de origen o tránsito, tales como la promoción de programas de retorno voluntario asistido para un retorno sostenible, el asesoramiento en el retorno y la organización de operaciones conjuntas de retorno, vuelos chárter incluidos.

(11)

Es necesario dotar a la Comunidad de un instrumento cuya finalidad sea apoyar e impulsar los esfuerzos realizados por los Estados miembros para mejorar la gestión del retorno en todas sus dimensiones, sobre la base del principio de la gestión integrada del retorno y con vistas a apoyar una aplicación efectiva y equitativa de normas comunes en materia de retorno, tal como figuren en la legislación comunitaria sobre retorno.

(12)

No procede prever ninguna financiación en 2007 en virtud de la presente Decisión durante 2007 para poder tener en cuenta los resultados de las acciones preparatorias sobre retorno (2005-2006) a partir de un informe de la Comisión sobre la evaluación de las acciones preparatorias.

(13)

Las normas comunes en cuestión son, en particular, la Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países (5) y su corolario, la Decisión 2004/191/CE del Consejo, de 23 de febrero de 2004, por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva 2001/40/CE relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países (6) y la Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión (7).

(14)

Se incluyen aquí también los futuros instrumentos comunitarios, tales como un instrumento sobre normas y procedimientos comunes en materia de retorno de los nacionales de terceros países cuya estancia sea ilegal, que ha de establecer unas reglas de juego uniformes en la Unión Europea en materia de procedimientos de retorno, definiendo, por lo tanto, las condiciones en las que los Estados miembros adoptan las medidas de retorno, así como el margen de maniobra de que disponen para ello.

(15)

Los Estados miembros deben garantizar que las acciones emprendidas al amparo del Fondo respetan las obligaciones derivadas de los derechos fundamentales, tal como se reflejan, en particular, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo sobre Derechos Humanos), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, y otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, cuando sean aplicables.

(16)

Teniendo presente que la expulsión colectiva está prohibida con arreglo al Protocolo 4 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, únicamente las personas que son objeto de resoluciones de expulsión individual deben ser devueltas mediante operaciones conjuntas de retorno que pueden optar a financiación en virtud de la presente Decisión.

(17)

A la luz del ámbito de aplicación y la finalidad del Fondo, éste no debe en ningún caso apoyar acciones que se refieran a zonas y centros de retención de personas en terceros países.

(18)

Tal como se afirma en el Programa de acción sobre el retorno aprobado por el Consejo el 28 de noviembre de 2002, y tal como se ha venido reiterando en los instrumentos de la Unión Europea en este ámbito, en particular en las Conclusiones del Consejo sobre la repatriación voluntaria, adoptadas el 2 de noviembre de 2005, el retorno voluntario es un importante elemento de un enfoque equilibrado, efectivo y sostenible del retorno.

(19)

Las acciones elegibles con arreglo al ámbito de aplicación de la gestión integrada del retorno deben tener en cuenta la situación específica de las personas vulnerables.

(20)

Para reforzar la eficiencia de la gestión del retorno a escala nacional, el Fondo debe incluir también acciones relacionadas con el retorno voluntario de personas que no tienen la obligación de abandonar el territorio, como los solicitantes de asilo que todavía no han recibido una decisión negativa o las personas que gozan de protección internacional en el sentido de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (8) o las personas que gozan de protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (9).

(21)

Conviene que un objetivo primordial de la presente Decisión sea la promoción de la gestión integrada del retorno a escala nacional. Se alienta a los Estados miembros a efectuar operaciones de retorno a la luz de planes de acción integrados de retorno, que analicen la situación en los Estados miembros respecto de la población destinataria, fijen objetivos en relación con las operaciones contempladas y, en cooperación con las oportunas partes interesadas como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ofrezcan regímenes de retorno que se centren en retornos efectivos y sostenibles mediante una variedad de medidas. En su caso, conviene evaluar y ajustar periódicamente los planes integrados de retorno.

(22)

Para fomentar el retorno voluntario de las personas, en particular de las personas que no están sujetas a la obligación de abandonar el territorio, conviene prever incentivos para éstas, como un trato preferente mediante la prestación de una mayor asistencia al retorno. Este tipo de retorno voluntario responde al interés tanto de un retorno digno de dichas personas como al de las autoridades en términos de relación coste-eficacia. Debe alentarse a los Estados miembros a dar preferencia al retorno voluntario.

(23)

No obstante, desde el punto de vista de la actuación política, el retorno voluntario y el forzoso están interrelacionados y tienen un efecto de refuerzo mutuo, de modo que conviene alentar a los Estados miembros a que, en su gestión del retorno, refuercen la complementariedad de ambas formas de retorno. Es evidente la necesidad de llevar a cabo retornos forzosos para salvaguardar la integridad de la política de inmigración y asilo de la Unión Europea y los sistemas de inmigración y asilo de los Estados. Por consiguiente, la posibilidad del retorno forzoso es un requisito previo necesario para garantizar que no se vea menoscabada esta política y se aplique el principio de legalidad, que es, a su vez, esencial para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. La presente Decisión debe, por tanto, respaldar las acciones de los Estados miembros destinadas a facilitar el retorno forzoso.

(24)

Además, los principales obstáculos a que se enfrentan los Estados miembros en el campo del retorno a menudo guardan relación con los retornos forzosos. Un importante obstáculo es la incertidumbre en cuanto a la identidad de la persona en cuestión y su carencia de los necesarios documentos de viaje. Con objeto de subsanar esos problemas, debe alentarse a los Estados miembros a que mejoren la cooperación con los servicios consulares de los terceros países e incrementen el intercambio de información y la cooperación operativa entre sí respecto de la cooperación con dichos servicios.

(25)

Por último, es imperativo que la presente Decisión apoye en los Estados miembros que lo consideren apropiado medidas específicas para los retornados en el país de retorno, con el fin, en primer lugar, de garantizar efectivamente el retorno a su ciudad o región de origen en buenas condiciones y, en segundo lugar, para favorecer su integración duradera en su comunidad. Es conveniente que dichas medidas no consistan en una asistencia al tercer país como tal, y que solo puedan optar a la financiación cuando y en la medida en que exista una necesaria continuación con actividades iniciadas y, en su parte principal, llevadas a cabo en el territorio de los Estados miembros en virtud de un plan de retorno integrado.

(26)

Por otra parte, estas medidas deben estar en sinergia con las acciones que reciban apoyo de los instrumentos comunitarios de ayuda exterior, en particular el programa temático sobre asilo e inmigración.

(27)

La presente Decisión se ha concebido como parte integrante de un marco coherente, formado también por la Decisión no 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se crea el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (10), la Decisión no 574/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (11) y la Decisión no .../2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por la que se establece el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países para el período 2007-2013 como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (12), marco cuyo objetivo es resolver la cuestión del reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros en lo que respecta a la carga financiera derivada de la introducción de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea y de la aplicación de políticas comunes de asilo e inmigración, tal como se han desarrollado de conformidad con el Título IV de la Tercera parte del Tratado.

(28)

La Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea creada de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2007/2004 del Consejo (13) (en lo sucesivo la «Agencia») cuenta entre sus tareas la de prestar la asistencia necesaria para organizar operaciones de retorno conjuntas de los Estados miembros y determinar las prácticas idóneas en cuanto a la obtención de documentos de viaje y expulsión de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en el territorio de los Estados miembros. Por consiguiente, procede que la Agencia garantice que se cumplen las condiciones de un esfuerzo de retorno eficaz y coordinado entre los Estados miembros, dejando al mismo tiempo la organización y ejecución de las operaciones de retorno conjuntas a los servicios nacionales competentes. Por lo tanto, conviene que la Agencia pueda utilizar los recursos puestos a disposición por las acciones comunitarias en el marco de la presente Decisión.

(29)

El apoyo prestado por el Fondo será más eficaz y alcanzará mejor sus objetivos si la cofinanciación de las acciones elegibles se basa en una programación estratégica plurianual, elaborada por cada Estado miembro en colaboración con la Comisión.

(30)

Sobre la base de las orientaciones estratégicas adoptadas por la Comisión, conviene que cada Estado miembro prepare un documento de programación plurianual que tenga en cuenta su situación y sus necesidades específicas y en el que se exponga su estrategia de desarrollo, que debe servir de marco para la ejecución de las acciones que deben incluirse en los programas anuales.

(31)

En el contexto de la gestión compartida contemplada en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (14) (en lo sucesivo denominado «el Reglamento financiero»), procede especificar las condiciones necesarias para que la Comisión pueda ejercer las responsabilidades que le incumben en relación con la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea, y clarificar las obligaciones de cooperación que incumben a los Estados miembros. La aplicación de estas condiciones permitiría a la Comisión determinar si los Estados miembros están utilizando el Fondo de forma lícita y correcta, y de conformidad con el principio de buena gestión financiera establecido en el artículo 27 y en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento financiero.

(32)

La Comisión debe establecer el desglose indicativo de los créditos de compromiso disponibles, aplicando un método objetivo y transparente.

(33)

Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión y control, así como la calidad de la ejecución. A estos efectos, es preciso fijar los principios generales a que deben atenerse todos los programas y las funciones que les corresponde desempeñar.

(34)

De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la responsabilidad principal de la ejecución y del control de las intervenciones del Fondo debe corresponder a los Estados miembros.

(35)

Procede especificar las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y de control, la certificación del gasto y la prevención, detección y corrección de irregularidades e infracciones del Derecho comunitario, de modo que pueda garantizarse la eficiente y correcta ejecución de sus programas anuales y plurianuales. En particular, en lo que atañe a la gestión y al control, es preciso establecer las condiciones que permitan a los Estados miembros garantizar la implantación de los sistemas pertinentes y su satisfactorio funcionamiento.

(36)

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, debe fomentarse la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito.

(37)

La eficacia y el impacto de las acciones apoyadas por el Fondo dependen también de su evaluación y de la difusión de sus resultados. Procede precisar las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en la materia, así como las normas encaminadas a garantizar la fiabilidad de la evaluación y la calidad de la información al respecto.

(38)

Procede, por una parte, evaluar las acciones para reconsiderarlas y valorar sus efectos en el examen intermedio y, por otra, integrar el proceso de evaluación en el sistema de seguimiento de los proyectos.

(39)

Habida cuenta de la importancia de la visibilidad de la financiación comunitaria, la Comisión debe establecer orientaciones destinadas a facilitar que cualesquiera autoridades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales u otras entidades que reciban subvenciones del Fondo reconozcan adecuadamente la ayuda recibida, teniendo en cuenta la práctica respecto de otros instrumentos de gestión compartida, como los Fondos Estructurales.

(40)

La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 37 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (15) constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria, durante el procedimiento presupuestario anual.

(41)

Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, promover el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular en el marco de unas normas comunes y del principio de la gestión integrada del retorno, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(42)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (16).

(43)

Dado que las medidas de la presente Decisión relativas a la adopción de las orientaciones estratégicas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la misma, mediante la supresión de algunos de estos elementos o la adición de nuevos elementos no esenciales, dichas medidas deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. Por razones de eficacia, los plazos normalmente aplicables en el marco del procedimiento de reglamentación con control deben abreviarse para la adopción de las orientaciones estratégicas.

(44)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y, por lo tanto, no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación.

(45)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado, mediante carta de 6 de septiembre de 2005, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(46)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado, mediante carta de 27 de octubre de 2005, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(47)

De conformidad con el artículo 67, apartado 2, guión segundo, del Tratado, la Decisión 2004/927/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por la que determinados ámbitos cubiertos por el Título IV de la Tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se regirán por el procedimiento previsto en el artículo 251 de dicho Tratado (17), hace que el procedimiento a que se refiere el artículo 251 del Tratado sea aplicable en los ámbitos regulados por el artículo 62, punto 1, punto 2, letra a) y punto 3 y el artículo 63, punto 2, letra b) y punto 3, letra b), de dicho Tratado,

a)

la introducción y mejora de la organización y ejecución de la gestión integrada del retorno por los Estados miembros;

b)

el refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros en el marco de la gestión integrada del retorno y su aplicación;

c)

el fomento de una aplicación eficaz y uniforme de normas comunes sobre el retorno, de conformidad con la evolución de la política en este ámbito.

a)

se basen en una evaluación global de la situación en el Estado miembro en cuanto a la población destinataria o a cuestiones específicas relativas al retorno y los retos de las operaciones previstas (tales como los relacionados con la obtención de documentos de viaje y otros obstáculos de carácter práctico al retorno), teniendo en cuenta, cuando proceda, el oportuno número de expedientes. La evaluación global se realizará en cooperación con todas las autoridades y partes interesadas pertinentes;

b)

se propongan la implantación de un amplio abanico de medidas que favorezcan los programas de retorno voluntario de nacionales de terceros países, en particular de aquellos que no satisfagan o hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia en sus territorios y, cuando proceda, apliquen operaciones de retorno forzoso respecto de estas personas, dentro del pleno respeto de su dignidad y de los principios humanitarios;

c)

incluyan una planificación y/o un calendario y, en su caso, prevean mecanismos de evaluación periódica que permitan ajustar la planificación y evaluar el impacto del plan en la práctica; y que

d)

incluyan, si los Estados miembros lo consideran oportuno, medidas para facilitar la cooperación entre los organismos administrativos, policiales y judiciales competentes, en distintos niveles de gobierno si procede.

a)

establecimiento o mejora de una cooperación operativa efectiva, estable y duradera de las autoridades de los Estados miembros con las autoridades consulares y servicios de inmigración de los terceros países con vistas a obtener documentos de viaje para el retorno de los nacionales de terceros países y garantizar la rapidez y eficacia de las expulsiones;

b)

promoción de los modos y medios para proporcionar información sobre el retorno en la fase más temprana posible de los procedimientos de asilo e inmigración y para alentar individualmente a los nacionales de terceros países a hacer uso de las posibilidades del retorno voluntario;

c)

facilitación de los retornos voluntarios de los nacionales de terceros países, en particular mediante programas de retorno voluntario asistido, con vistas a garantizar la eficacia y la sostenibilidad de los retornos;

d)

desarrollo de formas de cooperación entre distintos niveles de las autoridades nacionales, regionales, locales, municipales y otras autoridades públicas, que permitan a los funcionarios obtener rápidamente información sobre experiencias de retorno y métodos de otros lugares y, cuando sea posible, poner en común sus recursos;

e)

simplificación y ejecución de los retornos forzosos de los nacionales de terceros países que no satisfagan o hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia, con vistas a reforzar la credibilidad e integridad de las políticas de inmigración y reducir el período de detención de las personas a la espera de expulsión.

a)

cooperación en la recogida y transmisión a los retornados potenciales de información sobre su país de origen, antigua residencia o tránsito;

b)

cooperación en el desarrollo de relaciones de trabajo operativas, eficaces, estables y duraderas entre las autoridades de los Estados miembros y las autoridades consulares y los servicios de inmigración de los terceros países con objeto de facilitar la asistencia consular en la obtención de documentos de viaje para el retorno de los nacionales de terceros países y garantizar la rapidez y eficacia de las expulsiones;

c)

elaboración de planes de retorno integrados conjuntos y su aplicación, incluidos programas de retorno voluntario conjuntos en relación con determinados países de origen, antigua residencia o tránsito;

d)

estudios sobre la situación actualmente existente y las posibilidades de reforzar la cooperación administrativa entre Estados miembros en el ámbito del retorno, así como sobre el papel que deben desempeñar en este ámbito las organizaciones internacionales y no gubernamentales;

e)

intercambio de información y mejores prácticas, ayuda y asesoramiento en cuanto a la manera de abordar el retorno de grupos particularmente vulnerables;

f)

organización de seminarios para expertos sobre las mejores prácticas, centrados en determinados países terceros o regiones, o ambos;

g)

medidas conjuntas que posibiliten la acogida de personas readmitidas en países de origen, antigua residencia o tránsito;

h)

desarrollo conjunto de acciones que garanticen el retorno sostenible de personas al país de origen o de antigua residencia.

a)

refuerzo de la capacidad de las autoridades competentes para adoptar lo más rápidamente posible decisiones de retorno realizadas de forma adecuada;

b)

refuerzo de la capacidad de las autoridades administrativas competentes para ejecutar o aplicar rápidamente las decisiones de expulsión dentro del pleno respeto de la dignidad humana y las pertinentes normas de seguridad europeas respecto de dichas operaciones;

c)

refuerzo de la capacidad de los órganos jurisdiccionales para resolver más rápidamente los recursos interpuestos contra las decisiones de retorno;

d)

organización de seminarios y formación conjunta para el personal de las autoridades administrativas, policiales y judiciales, ya sean de ámbito nacional, regional, local o municipal, u otras autoridades competentes, sobre los aspectos jurídicos y prácticos de las operaciones de retorno;

e)

refuerzo de la capacidad de las autoridades administrativas competentes para aplicar efectivamente acuerdos comunes sobre reconocimiento mutuo y operaciones de retorno conjuntas, incluidas las recomendaciones, normas operativas y prácticas idóneas definidas al respecto por la Agencia en materia de retorno.

1)

En todos los casos de retorno, información a los nacionales de terceros países sobre el retorno en general, asesoramiento individual sobre las posibilidades de retorno voluntario, gastos de traducción, obtención de los documentos de viaje imprescindibles, los costes de los reconocimientos médicos necesarios previos al retorno, costes de viaje y alimentación de retornados y acompañantes, incluido personal médico e intérpretes, alojamiento de acompañantes, incluido personal médico e intérpretes, costes del transporte en el Estado miembro y hasta el país de retorno y cooperación con las autoridades del país de origen, antigua residencia o tránsito;

2)

En todos los casos de retorno, asistencia específica a personas vulnerables como los menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, padres solos con hijos menores y personas que han sido sometidas a tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual;

3)

Además, en el caso del retorno forzoso de nacionales de terceros países que no satisfacen o han dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia, asunción de los costes de viaje, alimentación y alojamiento temporal de los retornados y acompañantes procedentes del Estado miembro participante en el Estado miembro organizador con anterioridad a la partida en caso de operaciones conjuntas de retorno;

4)

Además, en el caso del retorno voluntario de nacionales de terceros países que no satisfacen o han dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia, asistencia a los retornados en la preparación del retorno, así como asunción de los costes esenciales previos al retorno;

5)

Además, en el caso del retorno voluntario de nacionales de terceros países que no tienen la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros y en otros casos, si los Estados miembros lo consideran oportuno, contribución financiera limitada para los gastos iniciales después del retorno, transporte de las pertenencias personales del retornado, alojamiento temporal adecuado durante los primeros días posteriores a la llegada al país de retorno en un centro de acogida o, en caso de necesidad, en un hotel, formación y asistencia al empleo y, en su caso, ayuda limitada para la puesta en marcha de actividades económicas;

6)

Educación y formación del personal de las autoridades administrativas, judiciales, policiales y aduaneras competentes, comisiones de servicio de estas categorías de personal de otros Estados miembros para garantizar una aplicación efectiva y uniforme de las normas comunes sobre retorno y de las obligaciones contraídas con arreglo a instrumentos internacionales que afectan al tratamiento que se ha de dar a los retornados, y reforzar la cooperación, así como misiones para evaluar los resultados de las políticas de retorno en los terceros países;

7)

En el caso de cooperación operativa con las autoridades consulares y los servicios de inmigración de los terceros países, con vistas a obtener los documentos de viaje y garantizar la rapidez de los procedimientos de expulsión, asunción de los costes de viaje y alojamiento en los Estados miembros del personal de las autoridades y servicios responsables de la identificación de los nacionales de terceros países y la verificación de sus documentos de viaje;

8)

En el caso de medidas de reintegración para nacionales de terceros países que no tienen la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros, incentivos en metálico y otras medidas a corto plazo necesarias para iniciar el proceso de reintegración con miras al desarrollo personal del retornado, tales como formación, asistencia a la colocación y al empleo, ayuda para la puesta en marcha de actividades económicas y asistencia y asesoramiento posteriores al retorno;

9)

En el caso de medidas de reintegración para nacionales de terceros países que no satisfacen o han dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia, si los Estados miembros lo consideran oportuno, incentivos en metálico y otras medidas a corto plazo necesarias para iniciar el proceso de reintegración con miras al desarrollo personal del retornado, tales como formación, asistencia a la colocación y al empleo, ayuda para la puesta en marcha de actividades económicas y asistencia y asesoramiento posteriores al retorno, así como medidas que permitan a los Estados miembros ofrecer modalidades de acogida en los terceros países desde la llegada.

a)

promover la cooperación comunitaria en la aplicación de la legislación comunitaria y las buenas prácticas;

b)

apoyar la instauración de redes de cooperación transnacionales y proyectos piloto a partir de asociaciones transnacionales entre órganos ubicados en dos o más Estados miembros concebidas para estimular la innovación, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y mejorar la calidad de la política de retorno;

c)

apoyar campañas transnacionales de sensibilización;

d)

apoyar la realización de estudios y la difusión y el intercambio de información sobre las mejores prácticas y sobre todos los demás aspectos de las políticas de retorno, incluida la utilización de la tecnología más avanzada, en particular para fomentar una mayor investigación comparativa sobre las repercusiones de los programas de retorno anteriores y actuales;

e)

apoyar la realización de proyectos piloto y estudios sobre la posibilidad de establecer nuevas formas de cooperación comunitaria y legislación comunitaria en este ámbito;

f)

respaldar el desarrollo y la aplicación por los Estados miembros de instrumentos, métodos e indicadores estadísticos comunes para medir la evolución de las políticas de retorno, en particular con objeto de difundir estadísticas desglosadas por retornos voluntarios y forzosos;

g)

apoyar la elaboración y actualización regular, en cooperación con la Agencia de un manual común de buenas prácticas en materia de retorno, también en relación con los acompañantes;

h)

prestar servicios de apoyo a los Estados miembros ante situaciones de emergencia debidamente demostradas que requieran una actuación urgente.

a)

los nacionales de terceros países que todavía no hayan recibido una decisión definitiva negativa a su solicitud de protección internacional en un Estado miembro y que puedan optar por hacer uso del retorno voluntario, siempre que no hayan adquirido una nueva nacionalidad y que no hayan abandonado el territorio del Estado miembro;

b)

los nacionales de terceros países que gocen en un Estado miembro de alguna forma de protección internacional en el sentido de la Directiva 2004/83/CE o de una protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE y que opten por hacer uso del retorno voluntario, siempre que no hayan adquirido una nueva nacionalidad y que no hayan abandonado el territorio del Estado miembro;

c)

los nacionales de terceros países que no satisfagan o que hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia en un Estado miembro y que, de conformidad con la obligación de abandonar el territorio del Estado miembro, hagan uso del retorno voluntario;

d)

los nacionales de terceros países que no satisfagan o hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada o estancia en un Estado miembro.

a)

comprobando la existencia y el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, conforme a los procedimientos que se especifican en el artículo 32;

b)

reteniendo o suspendiendo la totalidad o parte de los pagos, de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 41 y 42, en caso de deficiencia en los sistemas de gestión y control nacionales, y aplicando cualquier otra corrección financiera necesaria, de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 45 y 46.

a)

el 50 %, de manera proporcional al número total de nacionales de terceros países que no satisfagan o hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia en el territorio del Estado miembro y sean objeto de una decisión de retorno de conformidad con la legislación nacional y/o comunitaria, por ejemplo un acto o una decisión administrativa o judicial, por la que se establezca o declare la ilegalidad de la estancia y se imponga la obligación del retorno, durante los tres años anteriores;

b)

el 50 %, de manera proporcional al número total de nacionales de terceros países que hayan abandonado efectivamente el territorio de un Estado miembro de conformidad con una orden administrativa o judicial de abandono, bien de manera voluntaria o bajo coerción, durante los tres años anteriores.

a)

los nacionales de terceros países a los que, estando presentes en una zona de tránsito de un Estado miembro, se les haya denegado la entrada;

b)

los nacionales de terceros países que hayan de devolverse por un Estado miembro a otro Estado miembro, por ejemplo, en virtud del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (18).

a)

situación y necesidades en el Estado miembro de que se trate;

b)

rentabilidad de los gastos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el número de personas afectadas por el proyecto;

c)

experiencia, conocimientos, fiabilidad y contribución financiera de la organización solicitante de los fondos y de las organizaciones que cooperen con ella;

d)

complementariedad entre dichos proyectos y otras acciones financiadas por el presupuesto general de la Unión Europea o en el marco de programas nacionales.

a)

estudios, evaluaciones, peritajes y estadísticas, incluidos los de carácter general, relativos al funcionamiento del Fondo;

b)

medidas de información para los Estados miembros, los beneficiarios finales y el público en general, incluidas campañas de sensibilización y la creación de una base de datos común sobre los proyectos financiados con cargo al Fondo;

c)

instalación, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de gestión, seguimiento, inspección y evaluación;

d)

concepción de un marco común de evaluación y seguimiento y de sistemas de indicadores, teniendo en cuenta, cuando proceda, los indicadores nacionales;

e)

mejora de los métodos de evaluación, e intercambio de información sobre las prácticas en este ámbito;

f)

medidas de información y formación dirigidas a las autoridades designadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 25, que servirán de complemento a los esfuerzos de los Estados miembros para orientar a sus autoridades de conformidad con el artículo 31, apartado 2.

a)

para el periodo 2008-2010, el 7 % de la cofinanciación anual total asignada a dicho Estado miembro, aumentado en 30 000 EUR, y

b)

para el periodo 2011-2013, el 4 % de la cofinanciación anual total asignada a dicho Estado miembro, aumentado en 30 000 EUR.

a)

el retorno de aquellos nacionales de terceros países que no estén en posesión de pasaportes u otros documentos de identidad;

b)

el retorno de aquellos nacionales de terceros países que no estén cubiertos por acuerdos de readmisión comunitarios o acuerdos de readmisión nacionales bilaterales, con vistas a reforzar la obligación de Derecho internacional de readmitir a los propios nacionales;

c)

el retorno a un tercer país determinado de aquellos nacionales de terceros países y personas apátridas que hayan llegado de dicho país o hayan residido en él no como nacionales suyos;

d)

el retorno de personas que no tienen la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros, como los solicitantes de asilo que todavía no han recibido una decisión negativa o personas que gozan de protección internacional en el sentido de la Directiva 2004/83/CE o de protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE;

e)

el retorno de grupos particularmente vulnerables.

a)

una descripción de la situación actual en el Estado miembro en relación con el principio de la gestión integrada del retorno, la cooperación con autoridades consulares y servicios de inmigración de terceros países, las medidas y políticas relativas al retorno voluntario y forzoso, con datos desglosados, en la medida en que estén disponibles, entre retornos voluntarios y forzosos, el enfoque hacia medidas de reintegración y sostenibilidad del retorno, la creación de capacidad de las autoridades administrativas y judiciales competentes y la cooperación con otros Estados miembros en relación con lo anteriormente mencionado;

b)

un análisis de las necesidades en el Estado miembro de que se trate en materia de cooperación con autoridades consulares y servicios de inmigración de terceros países, medidas y políticas relativas al retorno voluntario y forzoso, enfoque hacia medidas de reintegración y sostenibilidad del retorno, creación de capacidad de las autoridades administrativas y judiciales competentes y cooperación con otros Estados miembros en relación con lo anteriormente mencionado y la indicación de los objetivos operativos para responder a las necesidades durante el período cubierto por el programa plurianual;

c)

la presentación de una estrategia adecuada para alcanzar estos objetivos y las prioridades fijadas para su realización y una descripción de las acciones previstas para cumplir con dichas prioridades;

d)

una exposición de la compatibilidad de esa estrategia con otros instrumentos regionales, nacionales y comunitarios;

e)

información sobre las prioridades y sus objetivos específicos. Dichos objetivos se cuantificarán mediante un número reducido de indicadores, atendiendo al principio de proporcionalidad. Los indicadores deberán permitir medir los avances realizados frente a la situación de partida, y la eficacia de los objetivos en que se plasmen las prioridades;

f)

una descripción del planteamiento elegido para llevar a la práctica el principio de cooperación establecido en el artículo 12;

g)

un proyecto de plan de financiación que precise, para cada prioridad y cada programa anual, la contribución financiera prevista del Fondo, así como el importe global de la cofinanciación pública o privada;

h)

las disposiciones establecidas para garantizar la publicidad del programa plurianual.

a)

la coherencia del proyecto de programa plurianual con los objetivos del Fondo y las orientaciones estratégicas a que se refiere el artículo 18;

b)

la pertinencia de las acciones previstas en el proyecto de programa plurianual, a la luz de la estrategia que se haya propuesto;

c)

la conformidad de las disposiciones de gestión y control establecidas por el Estado miembro para la ejecución de las intervenciones del Fondo con las disposiciones establecidas en la presente Decisión;

d)

la conformidad del proyecto de programa plurianual con el Derecho comunitario, y, en particular, con las disposiciones de este último destinadas a garantizar la libre circulación de personas, junto con las medidas de acompañamiento directamente vinculadas a ellos y relativas a los controles en las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración.

a)

los criterios de selección de los proyectos que se vayan a financiar en el marco del programa anual;

b)

una descripción de las acciones que vayan a recibir ayudas durante el programa anual;

c)

el desglose financiero propuesto de la contribución del Fondo entre las distintas acciones del programa, y una indicación del importe solicitado para asistencia técnica con arreglo al artículo 17 a efectos de la ejecución del programa anual.

a)

la definición de las funciones de los organismos responsables de la gestión y el control, y la asignación de cometidos en el seno de cada organismo;

b)

el respeto del principio de separación de funciones entre dichos organismos y dentro de cada uno de ellos;

c)

los recursos adecuados a fin de que cada organismo pueda ejercer las funciones que le hayan sido asignadas a lo largo de todo el período de ejecución de las medidas cofinanciadas por el Fondo;

d)

los procedimientos para garantizar la adecuación y regularidad de los gastos declarados en el marco de los programas anuales;

e)

unos sistemas de contabilidad, seguimiento e información financiera fiables e informatizados;

f)

un sistema de información y seguimiento en caso de que el organismo responsable confíe la ejecución de las tareas a otro organismo;

g)

manuales de procedimiento en relación con las funciones que vayan a ejercerse;

h)

unas normas para verificar el funcionamiento del sistema;

i)

sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoria adecuada;

j)

procedimientos de comunicación y seguimiento de las irregularidades y de recuperación de los importes indebidamente abonados.

a)

una autoridad responsable: órgano funcional del Estado miembro, autoridad u organismo público nacional designado por el Estado miembro, u organismo de Derecho privado del Estado miembro que tenga una función de servicio público, que se encargará de la gestión del programa plurianual y de los programas anuales financiados por el Fondo y será el único interlocutor de la Comisión;

b)

una autoridad de certificación: autoridad u organismo público nacional, o persona física que actúe en calidad de dicha autoridad u organismo, designado por el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos antes de su envío a la Comisión;

c)

una autoridad de auditoría: autoridad u organismo público nacional, siempre que sea funcionalmente independiente de la autoridad responsable y de la autoridad de certificación, designado por el Estado miembro y responsable de verificar el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control;

d)

en su caso, una autoridad delegada.

a)

estar dotada de personalidad jurídica, excepto cuando sea un órgano funcional del Estado miembro;

b)

disponer de infraestructuras que permitan unas comunicaciones fáciles con un amplio abanico de usuarios y con los organismos responsables de los otros Estados miembros y la Comisión;

c)

desarrollar su actividad en un contexto administrativo que le permita desempeñar adecuadamente sus funciones y evitar conflictos de intereses;

d)

estar en condiciones de aplicar las normas de gestión de los fondos de carácter comunitario;

e)

tener capacidad financiera y de gestión proporcional al volumen de fondos comunitarios que deberá administrar;

f)

disponer de personal que reúna calificaciones profesionales adaptadas al trabajo administrativo en un entorno internacional.

a)

consultará a las entidades con las que haya establecido una relación de cooperación de conformidad con el artículo 12;

b)

presentará a la Comisión propuestas de programas plurianuales y anuales, a los que se hace referencia en los artículos 19 y 21;

c)

organizará y publicará las licitaciones y las convocatorias de propuestas, cuando corresponda;

d)

organizará la selección de proyectos para la cofinanciación con cargo al Fondo, de conformidad con los criterios enunciados en el artículo 15, apartado 5;

e)

recibirá los pagos de la Comisión y efectuará los pagos en favor de los beneficiarios finales;

f)

garantizará la coherencia y complementariedad entre la cofinanciación del Fondo y la procedente de otros diferentes instrumentos financieros nacionales y comunitarios;

g)

supervisará el suministro de los productos y servicios objeto de cofinanciación y que el gasto declarado en relación con las acciones se ha efectuado realmente, así como la conformidad de dicho gasto con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia;

h)

garantizará que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos contables relacionados con cada una de las acciones correspondientes a los programas anuales, y que se procede a la recopilación de los datos sobre la ejecución, necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, el control y la evaluación;

i)

se asegurará de que los beneficiarios finales y demás organismos involucrados en la ejecución de las acciones cofinanciadas por el Fondo mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las operaciones relacionadas con la acción, sin perjuicio de las normas contables nacionales;

j)

garantizará que las evaluaciones del Fondo contempladas en el artículo 49 se llevan a cabo dentro de los plazos establecidos en el artículo 50, apartado 2, y cumplen los requisitos de calidad acordados por la Comisión y el Estado miembro;

k)

establecerá procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada de conformidad con los requisitos a que se refiere el artículo 43;

l)

garantizará que la autoridad de auditoria reciba, para la realización de las auditorias definidas en el artículo 30, apartado 1, toda la información necesaria sobre los procedimientos de gestión aplicados y sobre los proyectos cofinanciados por el Fondo;

m)

se asegurará de que la autoridad de certificación reciba toda la información necesaria sobre los procedimientos y verificaciones realizados en relación con el gasto a efectos de certificación;

n)

elaborará y remitirá a la Comisión los informes de situación e informes finales sobre la ejecución de los programas anuales, las declaraciones de gastos emitidas por la autoridad de certificación y las solicitudes de pago o, en su caso, las declaraciones de reembolso;

o)

llevará a cabo actividades de información y asesoramiento, y difundirá los resultados de las acciones subvencionadas;

p)

cooperará con la Comisión y las autoridades responsables de los restantes Estados miembros;

q)

comprobará que los beneficiarios finales aplican las orientaciones a las que se refiere el artículo 33, apartado 6.

a)

certificar que:

b)

garantizar, a efectos de certificación, que ha sido convenientemente informada por la autoridad responsable de los procedimientos aplicados y las verificaciones realizadas en relación con el gasto incluido en las declaraciones de gastos;

c)

tener en cuenta, a efectos de certificación, los resultados de todas las auditorías llevadas a cabo por la autoridad de auditoría, o bajo su responsabilidad;

d)

conservar registros contables en soporte electrónico del gasto declarado a la Comisión;

e)

verificar la devolución de toda ayuda comunitaria con respecto a la cual se demuestre, a raíz de la detección de irregularidades, que ha sido abonada de forma indebida, en su caso junto con los intereses devengados;

f)

mantener un registro de los importes recuperables y de los importes recuperados con arreglo al presupuesto general de la Unión Europea, siempre que sea posible, mediante su deducción de la siguiente declaración de gastos.

a)

asegurarse de que se realizan auditorías para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control;

b)

garantizar la realización de auditorías de las acciones basadas en una muestra adecuada a fin de verificar el gasto declarado; la muestra será como mínimo representativa del 10 % de los gastos totales elegibles para cada programa anual;

c)

presentar a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa plurianual, un plan de auditoría que indique los organismos que vayan a llevar a cabo las auditorías mencionadas en las letras a) y b), garantizando que los principales beneficiarios de la cofinanciación por el Fondo sean auditados y que las auditorías se distribuyan de forma equilibrada a lo largo del periodo de programación.

a)

un informe de auditoría anual que recogerá las constataciones de las auditorías realizadas en el marco del plan de auditoría aplicado al programa anual y en el que comunicará todas las deficiencias observadas en los sistemas de gestión y control del programa;

b)

un dictamen, basado en los controles y auditorías que se hayan realizado bajo la responsabilidad de la autoridad de auditoría, sobre si el funcionamiento del sistema de gestión y control ofrece garantías razonables de que las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión son correctas y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

c)

una declaración en la que se determinará la validez de la solicitud de pago o de la declaración de reembolso del saldo final y la legalidad y regularidad de los gastos de que se trate.

a)

una declaración de gastos certificada y una solicitud de pago del saldo o declaración de reembolso correctamente elaborada de conformidad con los artículos 29, apartado 1, letra a) y 35;

b)

el informe final sobre la ejecución del programa anual, según se indica en el artículo 51;

c)

el informe anual de auditoría, el dictamen y la declaración contemplados en el artículo 30, apartado 3.

a)

en un informe de un organismo de auditoría nacional o comunitario existan pruebas que hagan suponer deficiencias significativas en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control,

b)

el ordenador tenga que efectuar comprobaciones adicionales a raíz de la información que haya llegado a su conocimiento y que le advierta de que una declaración de gastos certificada guarda conexión con una irregularidad grave que no ha sido corregida.