30.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 112/1

(1)

A raíz de una denuncia, la Comisión Europea pidió información a las autoridades francesas sobre las medidas a las que se refiere la presente Decisión mediante cartas de 19 de julio de 1999, 24 de agosto de 2000 y 9 de diciembre de 2000. Francia contestó a la Comisión mediante cartas de 19 de agosto de 1999, 24 de febrero de 2000 y 25 de enero de 2001. El 26 de enero de 2000, la Comisión celebró una reunión con las autoridades francesas y el 31 de marzo de 2000, con una delegación del «Comité interprofessionnel des vins doux naturels» (CIVDN).

(2)

Como las medidas habían sido aplicadas sin autorización previa de la Comisión, fueron inscritas en el registro de ayudas no notificadas con el número NN 139/2002.

(3)

Mediante carta de 21 de enero de 2003, la Comisión informó a Francia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a la citada ayuda.

(4)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2). La Comisión invitó a los demás Estados miembros y terceros interesados a presentar sus observaciones sobre las ayudas en cuestión.

(5)

Las autoridades francesas expusieron alegaciones mediante cartas de 16 y 18 de junio de 2003. La Comisión recibió además observaciones del denunciante, que fueron comunicadas a las autoridades francesas con fecha de 6 de agosto de 2004. Las autoridades francesas contestaron a estas observaciones mediante carta de 10 de septiembre de 2004.

(6)

En 1996, el CIVDN decidió llevar a cabo una medida de reconversión vitícola para sustituir, mediante el arranque y la replantación de variedades vitícolas de calidad, una parte de la producción de vinos dulces naturales de la región de Pirineos Orientales con el fin de atajar la crisis estructural que atravesaba esta producción y que se manifestaba en el hundimiento progresivo de sus mercados. La finalidad de la ayuda era financiar la mejora cualitativa del encepamiento de la región y dejó de concederse el 1 de agosto de 2000.

(7)

Para llevar a cabo esta reconversión (conocida como «Plan Rivesaltes»), los productores de la región podían recibir dos tipos de ayudas:

(8)

Mediante su decisión 96-1 de 5 de julio de 1996, el CIVDN de denominaciones de origen controladas (DOC) aprobó una cotización interprofesional para la financiación del plan de reconversión «Rivesaltes» y «Grand Roussillon».

(9)

La cotización, que ascendía a 50 francos franceses (FRF) (3) por hectolitro producido en la región de Pirineos Orientales, productora de los vinos dulces naturales en cuestión, estaba destinada a financiar el pago de una prima de paralización por toda parcela que, habiendo producido vino de «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» en 1995, produjera vino de mesa o vino de la tierra desde la cosecha de 1996 hasta la de 2000 inclusive. El producto de la percepción de la cotización se destinó a un fondo especial.

(10)

La prima se abonó a los productores que se comprometieron a no acogerse a la DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» durante un período de cinco años. La prima tenía pues como fin compensar a los productores participantes por las pérdidas de ingresos derivadas de la no utilización de esas denominaciones. No implicaba el fin de la producción o una reducción de esta sino solo una compensación por utilizar la producción al margen de la DOC. La finalidad era pues reducir rápidamente el potencial de vino de la DOC puesto a la venta.

(11)

La prima de paralización ascendía a 5 000 FRF anuales por hectárea «paralizada». Las parcelas receptoras de una ayuda dejaban de beneficiarse de la prima el año de su reconversión.

(12)

La Comisión no ha recibido información sobre el monto global de las ayudas pagadas en virtud de esta medida. Tampoco ha recibido datos acerca del importe recaudado por medio de la cotización interprofesional creada ni del número de hectáreas que se benefició de la medida.

(13)

Según las autoridades francesas, el plan de reconversión de los viñedos de la DOC «Rivesaltes» aprobado en 1996 afectaba a 3 250 hectáreas: 1 250 dedicadas a la producción de «Muscat de Rivesaltes», 1 000, a la de «Côtes du Roussillon» y «Côtes du Roussillon Villages» (variedades Syrah, Mourvèdre, Roussanne, Marsanne y Vermentino), y otras 1 000 a la de vinos varietales de la tierra (variedades Chardonnay, Cabernet, Merlot…).

(14)

Para respaldar este plan, las autoridades francesas habían aceptado prestar apoyo financiero por un importe de 111 millones de FRF repartidos del siguiente modo: 85 millones a través del «Office national interprofessionnel des vins» y 26 millones a través de las administraciones locales («Languedoc-Roussillon» y «Conseil général des Pyrénées-Orientales»).

(15)

Ese apoyo preveía una ayuda de 25 000 FRF por hectárea reconvertida en la DOC «Muscat de Rivesaltes» y una ayuda de 40 000 FRF por hectárea reconvertida en la DOC «Côtes du Roussillon Villages» y en vinos de la tierra.

(16)

Las autoridades francesas han estimado en 110 000 francos/hectárea los costes reales de reconversión en la región y confirmado que una gran parte de los planes de reconversión se llevaron a cabo (2 350 hectáreas de las 3 250 previstas).

(17)

El coste total de la reconversión realizada fue, según las autoridades francesas, de 258,5 millones de francos (39,4 millones EUR). Al parecer, las administraciones aportaron 75,250 millones de francos (11,01 millones de EUR) de los 111 millones (16,9 millones EUR) previstos inicialmente. Según lo comunicado por las autoridades francesas, las administraciones sufragaron en total el 29,11 % de los gastos de reconversión efectivos.

(18)

Las autoridades francesas han recordado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (4), transmiten anualmente a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas una relación de las superficies plantadas de viñedo en su territorio, clasificadas por departamento y tipo de uva producida (uvas de vinificación, entre ellas, las de vinos de calidad producidos en regiones determinadas –VCPRD-, y uvas de mesa), además de una relación de arranques y nuevas plantaciones de viñas, por departamentos y tipo de uvas producidas. Las autoridades francesas han adjuntado una copia de los cuadros correspondientes a la campaña 1997/98.

(19)

Mediante su decisión 97-3 de 29 de diciembre de 1997, el CIVDN aprobó una cotización interprofesional, a partir del 1 de enero de 1998, para financiar medidas de promoción publicitaria y de funcionamiento de las DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» y «Banyuls».

(20)

Los importes de esa cotización, impuestos excluidos, eran los siguientes: «Banyuls» y «Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Grand Roussillon», 30 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl; «Rivesaltes», 30 FRF/hl.

(21)

La cotización se asignó a las medidas previstas del siguiente modo: «Rivesaltes», 25 FRF/hl para promoción publicitaria y 5 FRF/hl para funcionamiento; «Grand Roussillon», 45 FRF/hl para promoción publicitaria y 5 FRF/hl para funcionamiento; «Banyuls», 20 FRF/hl para promoción publicitaria y 5 FRF/hl para funcionamiento.

(22)

Mediante su decisión 98-1 de 10 de julio de 1998, el CIVDN aprobó una cotización interprofesional, a partir del 1 de septiembre de 1998, para financiar medidas de promoción publicitaria y de funcionamiento de las DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon» y «Maury».

(23)

Los importes de esa cotización, impuestos excluidos, eran los siguientes: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Maury», 5 FRF/hl; «Rivesaltes», 35 FRF/hl.

(24)

La cotización se asignó a las medidas previstas del siguiente modo: «Rivesaltes», 30 FRF/hl para promoción publicitaria y 5 FRF/hl para funcionamiento; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl para promoción publicitaria y 5 FRF/hl para funcionamiento; «Maury», 5 FRF/hl para funcionamiento.

(25)

Estas dos cotizaciones fueron derogadas por la decisión 99-1 del CIVDN, de 17 de diciembre de 1999, por la que esta organización aprobaba una cotización interprofesional para financiar medidas de promoción publicitaria y de funcionamiento de las DOC siguientes: «Banyuls», «Banyuls Grand Cru», «Muscat de Rivesaltes», «Rivesaltes», «Grand Roussillon» y «Maury».

(26)

Los importes de esa cotización, impuestos excluidos, eran los siguientes: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Rivesaltes», 35 FRF/hl; «Banyuls» y «Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 55 FRF/hl; «Maury», 0 FRF/hl.

(27)

La cotización se asignó a las medidas previstas del siguiente modo: «Rivesaltes», 30 FRF/hl para promoción publicitaria y 5 FRF/hl para funcionamiento; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl para promoción publicitaria y 5 FRF/hl para funcionamiento; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl para promoción publicitaria y 5 FRF/hl para funcionamiento; «Banyuls» y «Banyuls Grand Cru», 20 FRF/hl para promoción publicitaria y 5 FRF/hl para funcionamiento.

(28)

Esta cotización fue prorrogada por el CIVDN, con pequeñas variaciones, mediante la decisión 00-1. En la fecha en que la Comisión decidió incoar el procedimiento de examen, no disponía de información sobre la duración de este último régimen ni sobre una posible prolongación del mismo.

(29)

En primer lugar, la Comisión observó, en lo que respecta a la naturaleza de las cotizaciones, que estas fueron aprobadas directamente por el Gobierno francés siguiendo el procedimiento previsto en la Ley no 200 de 2 de abril de 1943, por la que se creaba un Comité interprofesional de vinos dulces naturales y vinos generosos de denominación controlada. Así, la aprobación por el Gobierno constituía una condición previa para la adopción de las cotizaciones. La Ley no 200 dispone, entre otras cosas, que las cotizaciones son obligatorias para todos los miembros del sector en cuestión desde el momento en que cuentan con el visto bueno del Gobierno o, como en este caso, de su Comisario. De ello se desprende que, para surtir efecto, este tipo de cotizaciones requiere un acto de los poderes públicos. Por esta razón, la Comisión consideró, en la fase del procedimiento de examen, que las cotizaciones eran tasas parafiscales, es decir, recursos públicos.

(30)

La «prima de paralización» prevista por el régimen de ayuda francés no era un tipo de prima previsto por la organización común de mercados (OCM) ni, más concretamente, por el Reglamento (CEE) no 456/80 del Consejo, de 18 de febrero de 1980, relativo a la concesión de primas por abandono temporal y por abandono definitivo de determinadas superficies plantadas de vid y de primas por renuncia a la replantación (5). Este Reglamento preveía únicamente una prima por abandono temporal o definitivo de la producción, pagadera cuando el productor decidía contribuir a la disminución del potencial vitícola comunitario mediante el arranque de sus viñas. Habida cuenta de que no se produjo disminución alguna del potencial vitícola y de que la prima no sirvió para financiar ninguna medida de abandono de viñas, en la fase de incoación del procedimiento de examen no parecía que entrara en el ámbito de aplicación de la antigua OCM vitivinícola [Reglamento (CEE) no 822/87].

(31)

Al parecer, la finalidad de la ayuda era aliviar financieramente a los productores que, en su calidad de empresarios, decidiesen libremente dar un paso puramente comercial cuyas consecuencias económicas parecen constituir gastos relacionados con el ejercicio de la actividad económica. Según la práctica reiterada de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (6), son ayudas de funcionamiento las ayudas que tienen por objeto liberar a la empresa de los costes que normalmente debería soportar ella en el marco de gestión corriente o de sus actividades normales. Esta idea está recogida en el punto 3.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (7) (en lo sucesivo, denominadas «las Directrices agrarias»), según el cual estas ayudas pueden, por su propia naturaleza, perturbar los mecanismos de las OCM.

(32)

La Comisión constató a ese respecto que la ayuda se concedió por hectárea y año y que, por lo tanto, estaba estrechamente vinculada a la cantidad de vino producida. La Comisión recordó que de ningún modo puede aprobar ayudas que sean incompatibles con las disposiciones que rigen una OCM o contrarias al buen funcionamiento de la OCM considerada. En la fase de incoación del procedimiento de examen, la Comisión consideró que la «prima de paralización» parecía una ayuda de funcionamiento capaz de perturbar los mecanismos de la OCM vitivinícola y que, por esta razón, podía ser incompatible con las normas comerciales y de competencia aplicables.

(33)

En lo que respecta a los costes de reconversión, el artículo 14 del Reglamento (CEE) no 822/87 disponía que toda ayuda nacional para la plantación de viñedos quedaba prohibida a partir del 1 de septiembre de 1988, salvo las que cumplieran criterios que permitieran alcanzar el objetivo de la disminución de la cantidad de la producción o de la mejora cualitativa, sin que ello implicase un aumento de la producción. De ahí que solo estuvieran admitidas las plantaciones de variedades de cepas que sirvieran para mejorar la calidad y no tuvieran una productividad elevada en la zona considerada.

(34)

El Reglamento (CEE) no 2741/89 de la Comisión, de 11 de septiembre de 1989, por el que se fijan los criterios para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo en lo relativo a la ayuda nacional a la plantación de superficies vitícolas (8), establecía los criterios con los cuales debían examinarse los proyectos de ayudas nacionales para la plantación de superficies vitícolas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 89 del Tratado. El artículo 2 disponía que los proyectos de ayudas nacionales debían demostrar de forma satisfactoria el cumplimiento del objetivo de disminución del volumen de producción o de mejora de la calidad sin un aumento subsiguiente de la producción.

(35)

El artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2741/89 disponía que el importe de la ayuda asignada por hectárea de viña plantada no debía sobrepasar el 30 % de los gastos reales de arranque y plantación. Según las autoridades francesas, el coste total de la reconversión realizada fue de 258,5 millones FRF, de los que las administraciones públicas aportaron conjuntamente 75,25 millones, lo que suponía el 29,11 % de los gastos de reconversión efectivo. Ahora bien, según el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2741/89, el elemento pertinente para calcular los gastos de reconversión era el de la ayuda efectiva concedida por hectárea de viña plantada. En la fase del procedimiento de examen, esta lógica inducía a excluir los cálculos globales del ejercicio de reconversión considerados en su totalidad y, por consiguiente, los cálculos basados en la media de los gastos totales por hectárea. Además, las autoridades francesas calculaban esta medida en relación con medidas de reconversión distintas.

(36)

En la fase del procedimiento de examen, la Comisión consideró que, habida cuenta de los costes por hectárea declarados por las autoridades francesas (110 000 FRF/ha), las ayudas concedidas no deberían haber rebasado 33 000 FRF/ha ni superado el 30 % de los gastos reales de cada productor, tomado individualmente, y que todo rebasamiento de uno de esos límites podía constituir una ayuda incompatible con las reglas aplicables.

(37)

En virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 10 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (9), la Comisión emplazó a las autoridades francesas a enviarle toda la información necesaria sobre las dos reconversiones efectuadas, en particular, lo siguiente: número de viticultores que percibieron ayudas nacionales para la plantación de superficies vitícolas; superficie plantada, desglosada por categorías de suelo; parte de esta superficie cuya plantación fue precedida de arranque; parte de esta superficie considerada apta para la producción de VCPRD; destino de las superficies plantadas (uva de vinificación, uva de mesa, uva de pasificación, vivero o vid madre de portainjertos, etc.); variedades utilizadas; prueba de la autorización previa de las autoridades francesas para la utilización de dichas variedades; evolución del potencial productivo; y cualesquiera otros datos pertinentes en relación con la intensidad de la ayuda.

(38)

Por lo que respecta a las ayudas para la promoción publicitaria aprobadas por algunas DOC, las autoridades francesas señalaron que habían notificado periódicamente a la Comisión la normativa sobre la tasa parafiscal destinada a la financiación del CIVDN y que la Comisión la había examinado y aprobado. Es cierto que la Comisión, en el contexto de la ayuda estatal no N 184/97 (10) («Ayudas y tasa parafiscales en beneficio del CIVDN»), había aprobado una ayuda pública para un período que concluía a finales de 2002 financiada por una tasa parafiscal destinada a sufragar, entre otras cocas, campañas publicitarias y medidas de funcionamiento del CIVDN. Ahora bien, según la información recibida, las cotizaciones consideradas en el presente caso son cobradas por el CIVDN por añadidura a la tasa parafiscal destinada a las campañas de comunicación y promoción ya autorizada por la Comisión. Por este motivo, la Comisión consideró, en la fase del procedimiento de examen, que la autorización dada con anterioridad no era una autorización tácita de cualquier modificación o de cualquier otra medida que se añadiese a la ayuda autorizada anteriormente.

(39)

La Comisión emplazó a las autoridades francesas a que le enviasen la información necesaria sobre estos regímenes de ayuda, incluidos los regímenes no mencionados ni notificados que, en su caso, estuviesen en vigor, para que pudiera evaluar su compatibilidad con los criterios negativos y positivos aplicables en materia de publicidad y promoción y con el nivel máximo de ayuda autorizado. Esos datos también debían permitirle medir las repercusiones de la posible acumulación de ayudas entre el régimen autorizado con anterioridad y los regímenes no notificados a que se refiere la presente Decisión.

(40)

La Comisión observó además que las tasas parafiscales examinadas eran, en cuanto a su mecanismo, muy similares a la autorizada anteriormente por la Comisión. De los textos por las que se aprobaron se desprendía, además, que únicamente se aplicaban a la producción vitícola de una región concreta. Así pues, en la fase del procedimiento de examen, fue posible inferir que ningún producto importado estaba o había estado sometido a las tasas parafiscales consideradas.

(41)

El denunciante formuló las observaciones que se exponen a continuación. Al mismo tiempo, pidió que no se revelase su identidad, a lo cual ha accedido la Comisión tras examinar los motivos aducidos.

(42)

Según el denunciante, la prima de paralización y la ayuda para la reconversión son los dos componentes de un único régimen de ayuda encaminado solamente a reducir el volumen de una producción concreta. Por ello, para determinar su conformidad con el Derecho comunitario deberían sumarse las ayudas concedidas por la paralización de la producción y las otorgadas por la reconversión de parcelas.

(43)

El denunciante estima que no se respetó la gestión financiera autónoma del «Plan Rivesaltes» prevista en la decisión 96-1 del CIVDN de 5 de julio de 1996 ya que, según él, la prima de paralización se financió con fondos que no procedían exclusivamente del producto de la cotización interprofesional aprobada en 1996 sino que más de 11 millones de FRF destinados a ella provenían de los fondos propios del CIVDN. Además, aduce que, para financiar el plan y, concretamente, la medida de paralización, se utilizó una parte de los fondos obtenidos mediante la cotización para medidas de publicidad y promoción.

(44)

Según el denunciante, el «Conseil général des Pyrénées-Orientales» abonó 2 millones de francos al CIVDN al comienzo del ejercicio 2000 para financiar la prima de paralización. Además, siempre según el denunciante, el citado organismo se ufanó, en su revista «L’accent Catalan» de marzo de 2003, de haber pagado directamente a los viticultores una ayuda por hectárea de 761 EUR y, posteriormente, de 1 293 EUR en el contexto del «Plan Rivesaltes», además de las ayudas en concepto de prima de paralización y de reconversión. Esta ayuda no se notificó a la Comisión.

(45)

En lo que respecta a las ayudas para la promoción publicitaria, el denunciante opina que el producto de las tasas parafiscales a favor del CIVDN se utilizó para financiar campañas de promoción de los productos de empresas concretas y no de de las diferentes categorías de DOC en general. Según él, el «Comité interprofessionnel des vins du Roussillon» (CIVR), organización que ha sustituido al CIVDN, el cual se encuentra en proceso de liquidación, sigue actuando de ese modo. Por ello, considera que esas ayudas son contrarias a la normativa comunitaria ya que no tienen un objetivo de interés general.

(46)

Según el denunciante, en 2001 y 2002, el CIVDN seguía exigiendo a los mayoristas el pago de las tasas parafiscales a pesar de que la organización que le había sucedido, el CIVR, ya había empezado a facturar cotizaciones, lo que le parece ilegal a tenor del Derecho francés.

(47)

Mediante carta de 16 de junio de 2003, las autoridades francesas formularon sus alegaciones a la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a la ayuda notificada.

(48)

Para empezar, las autoridades francesas confirmaron que los regímenes en cuestión no habían sido prorrogados una vez transcurrido el plazo de cinco años a partir de la campaña 1996/97 fijado inicialmente. En cualquier caso, la Comisión fue informada de la disolución del CIVDN mediante sendos escritos de 14 de diciembre de 2000 y 6 de diciembre de 2001 y el CIVR, sustituto del CIVDN, no ha llevado a cabo ninguna medida similar.

(49)

Las autoridades francesas explicaron que la finalidad de la medida no era reducir el potencial vitícola pues los beneficiarios se comprometían a comercializar la producción de las parcelas no como vino de DOC sino como vino de mesa o vino de la tierra. Con todo, no cabe asimilar esta prima a una mera ayuda de funcionamiento que hubiese constituido una ventaja financiera indebida, como hace la Comisión.

(50)

El propósito de la prima era, en efecto, compensar a los beneficiarios por comprometerse a no comercializar la producción de las parcelas como vino de DOC. No suponía pues un complemento de renta sino una mera compensación por el lucro cesante.

(51)

Así, cuando se aplicó la medida, una hectárea de viña de la DOC Rivesaltes, con el rendimiento máximo autorizado (40 hl), producía 25 hl de vino dulce natural, a 1 140 FRF/hl, y 15 hl de vino de mesa o de la tierra, a 350 FRF/hl, lo que suponía una volumen de negocio situado entre 32 250 y 33 000 FRF/ha. Tras la aplicación de la medida, la misma hectárea de viña producía 50 hl de vino de mesa o de la tierra (media agronómica del departamento), lo que suponía un volumen de negocio de entre 12 500 y 17 500 FRF/ha.

(52)

La diferencia media (el lucro cesante de los productores) era pues de unos 15 000 FRF/ha, de los que, para ser completos, debe restarse el coste del alcohol utilizado para la elaboración del vino dulce natural (VDN), que es de 2 000 FRF por cada 25 hl, lo que sitúa la diferencia neta en 13 000 FRF/ha.

(53)

Aun teniendo en cuenta que, a partir de 1999, la diferencia fue menor debido a la caída del precio de producción del VDN (900 FRF/hl), seguía siendo como poco de 6 500 FRF/ha [26 000 FRF (volumen de negocio/ha vino DOC)-17 500 FRF (volumen de negocio/ha vino de mesa o de la tierra)-2 000 FRF (coste del alcohol para elaboración de VDN)].

(54)

En esas condiciones, las autoridades francesas consideran que la prima de paralización no constituía en modo alguno una ayuda de funcionamiento que proporcionase a los beneficiarios complementos de renta indebidos o una ventaja financiera.

(55)

Por otro lado, las autoridades francesas afirman que la prima de paralización no vulneró los mecanismos de la OCM vitivinícola pues no ocasionó perturbaciones en el mercado. Así, en el departamento de Pirineos Orientales, no se destiló volumen alguno en concepto de destilación obligatoria en las campañas 1996/97 a 1999/2000 y los volúmenes objeto de destilación preventiva en esas mismas campañas revelan un funcionamiento normal del mercado de los vinos de mesa y vinos de la tierra.

(56)

Subsidiariamente, las autoridades francesas destacan el carácter solidario de esta medida, según ellas no financiada con fondos públicos sino con una cotización interprofesional de los propios productores.

(57)

Según las autoridades francesas, esta medida era un complemento excepcional de la ayuda nacional para la renovación del viñedo aprobada en aplicación del Reglamento (CEE) no 2741/89.

(58)

Las autoridades francesas recuerdan que la ayuda para la mejora del encepamiento es un régimen cuya primera notificación se remonta a 1993 (ayuda no N 769/93) y del que existe una ficha (FR/XXX/05.00/017) en los inventarios sucesivos de ayudas públicas. En lo que respecta al informe anual, las autoridades francesas explican que según el artículo 8 del Reglamento (CEE) no 2741/89, puede enviarse «acompañando a la comunicación anual que han de efectuar los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 822/87» y que el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 822/87 dispone que «cada año, antes del 1 de septiembre, los Estados miembros […] dirigirán a la Comisión una comunicación sobre la evolución del potencial vitícola que incluirá una relación de las superficies plantadas de viñedo en su territorio» y «antes del 1 de diciembre […], un informe sobre la evolución del potencial vitícola».

(59)

Las autoridades francesas recuerdan que, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo, transmiten anualmente a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas una relación de las superficies plantadas de viñedo en su territorio, clasificadas por departamento y tipo de uva producida (uvas de vinificación, entre ellas, las de VCPRD-, y uvas de mesa) además de una relación de arranques y nuevas plantaciones de viñas, por departamentos y tipo de uvas producidas. Las autoridades francesas han adjuntado una copia de los cuadros correspondientes a la campaña 1997/98 enviados. En esas condiciones, las autoridades francesas estiman que no se las puede acusar de haberse sustraído a las obligaciones derivadas del Reglamento (CEE) no 822/87.

(60)

Para realizar un balance preciso y exhaustivo de la ayuda de reconversión del «Plan Rivesaltes», las autoridades francesas estiman que debe tenerse en cuenta que las viñas de «Muscat de Rivesaltes» no estaban incluidas en las superficies con derecho al complemento de la ayuda de renovación previsto en el plan. Esas viñas únicamente causaron derecho a la ayuda de renovación, conforme a los baremos nacionales. Sin embargo, el importe de 85 millones FRF citado por las autoridades francesas en escritos anteriores incluye 31 millones FRF concedidos en concepto de ayuda nacional de renovación de viñas de «Muscat».

(61)

En definitiva, el balance de la ayuda de reconversión, en el contexto del «Plan Rivesaltes», de las superficies dedicadas a la producción de vinos varietales de la tierra y «Côtes du Roussillon villages», es el siguiente:

(62)

En total, en el contexto del plan se abonaron 36,623 millones FRF a 875 productores para la renovación de 1 238 ha de viñedo.

(63)

En 221 casos, que suponen 166 ha y un importe de 0,883 millones FRF, los beneficiarios percibieron más de 33 000 FRF/ha.

(64)

Las autoridades francesas enviaron la lista de las variedades utilizadas en las reconversiones y las distintas órdenes por las que se fijaba anualmente la cuantía de la ayuda.

(65)

Las autoridades francesas precisan, antes de nada, que estas medidas no se prorrogaron más allá del 31 de diciembre de 2000.

(66)

Las medidas de promoción publicitaria llevadas a cabo con los ingresos de la cotización voluntaria obligatoria (CVO) eran similares a las financiadas con el producto de la tasa parafiscal notificada a la Comisión y aprobada por ella (ayudas N 230/90 (11) y N 184/97).

(67)

Así pues, los fondos obtenidos mediante la percepción de la CVO permitieron afianzar las medidas acometidas con el producto de la tasa parafiscal. En este sentido, se consideró absolutamente necesario intensificar la promoción de estos vinos para abrirles mercados habida cuenta de que la situación en que se encontraban afectaba gravemente a la economía vitícola local.

(68)

Las autoridades francesas subrayan, a este respecto, que está autorizado financiar hasta el 100 % del coste de las ayudas de promoción y que, en el caso de las ayudas para la publicidad, correspondieron a campañas de fomento de productos de DOC financiadas mediante la percepción de tasas parafiscales y contribuciones voluntarias.

(69)

A petición de la Comisión, las autoridades francesas le enviaron ejemplos del material publicitario utilizado.

(70)

Mediante escrito de 10 de septiembre de 2004, las autoridades francesas contestaron a las observaciones formuladas por terceros. En particular, señalaban que las citadas observaciones insinuaban que no se había respetado la finalidad inicial de las ayudas y que estas se habían utilizado en beneficio exclusivo de un competidor de los terceros. Las autoridades francesas rechazaban esas acusaciones, que ponían en entredicho la probidad de las diferentes administraciones públicas, e instaban pues a la Comisión a no tenerlas en cuenta.

(71)

Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, «salvo que el [presente] Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(72)

El artículo 76 del Reglamento (CEE) no 822/87, aplicable cuando se otorgaron las ayudas, disponía que, salvo disposición en contrario del citado Reglamento, los artículos 92, 93 y 94 del Tratado (que ahora son los artículos 87, 88 y 89) se aplicaban a la producción y al comercio de los productos vitícolas.

(73)

Se consideran ayudas las intervenciones que, sea cual sea su forma, pueden favorecer a empresas directa o indirectamente o que constituyen una ventaja económica que la empresa no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado.

(74)

En lo que se refiere a la naturaleza de las cotizaciones en cuestión, la Comisión observa que fue necesario aprobarlas mediante un acto de las autoridades públicas para que surtieran efecto y que los recursos obtenidos con ellas se utilizaron para acometer una política apoyada por el Estado. Por otra parte, no está acreditado que los beneficiarios de las ayudas sean siempre las personas sujetas al pago de la cotización. Por estos motivos, no reúnen los criterios propuestos por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia para no entrar en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado (12). Debido a ello, la Comisión considera que son tasas parafiscales, es decir, recursos públicos.

(75)

Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se consideran ayudas las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos (13).

(76)

La existencia de la ayuda, e incluso su naturaleza, deben determinarse respecto a los beneficiarios potenciales del «Plan Rivesaltes» y de las cotizaciones interprofesionales para la promoción publicitaria y el funcionamiento de determinadas DOC y su financiación. En este sentido, se ha favorecido a determinadas empresas pues la ayuda se concedió únicamente a los productores de las DOC de unas regiones concretas.

(77)

Para determinar si la ayuda pertenece al ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado, es preciso determinar, en última instancia, si puede afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

(78)

El Tribunal ha decretado que, cuando una ventaja concedida por un Estado miembro refuerza la posición de una categoría de empresas con relación a otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios, debe considerarse que tal ventaja influye en estos últimos (14).

(79)

La existencia de una OCM en el sector vitivinícola demuestra que existen intercambios comerciales entre Estados miembros en este sector.

(80)

El cuadro siguiente muestra, por ejemplo, el nivel de los intercambios comerciales de productos vitícolas entre Francia y los demás Estados miembros en los dos últimos años de las reconversiones mencionadas en Francia.

(81)

Así pues, las ayudas otorgadas pueden afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros y falsear o amenazar con falsear la competencia, ya que favorecen determinadas producciones vitícolas nacionales en detrimento de la de otros Estados miembros. Los sectores en cuestión están extremadamente abiertos a la competencia comunitaria y son, por consiguiente, muy sensibles a toda medida que favorezca la producción en cualquier Estado miembro.

(82)

A tenor de lo anterior, la Comisión considera que las medidas de apoyo de las empresas productoras de las DOC de regiones concretas constituyen para ellas una ventaja financiada con recursos públicos de la que no pueden beneficiarse otros agentes económicos, que falsea o amenaza falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones en la medida en que puede afectar al comercio entre los Estados miembros. Por lo tanto, la medida constituye una ayuda en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(83)

Con todo, el artículo 87 del Tratado prevé excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas estatales con el Tratado, si bien algunas de ellas, en particular las previstas en el apartado 2, no son manifiestamente aplicables al presente caso. Las autoridades francesas no han apelado a ellas.

(84)

Por su parte, las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3, del Tratado deben interpretarse estrictamente al examinar cualquier programa de ayuda con finalidad regional o sectorial o cualquier caso individual de aplicación de regímenes de ayudas generales. Las excepciones solo pueden concederse, en particular, cuando que la Comisión pueda demostrar que la ayuda es necesaria para la consecución de uno de los objetivos en cuestión. Conceder el beneficio de las mencionadas excepciones a ayudas que no representen una contrapartida de esta naturaleza equivaldría a permitir alterar los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear la competencia sin justificación alguna desde el punto de vista del interés comunitario y, por ende, a permitir ventajas indebidas a los agentes económicos de determinados Estados miembros.

(85)

La Comisión considera que estas ayudas no se destinan a favorecer el desarrollo económico de una región en la que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en la que exista una grave situación de subempleo, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado. Tampoco se destinan a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado. Las ayudas no se destinan tampoco a promover la cultura y la conservación del patrimonio, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado.

(86)

El artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado dispone que pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Para poder acogerse a esta excepción, las ayudas deben contribuir al desarrollo del sector de que se trate.

(87)

La Comisión constata que las autoridades francesas no han notificado a la Comisión los textos por los que se establecían las ayudas, como lo exige el artículo 88, apartado 3, del Tratado. El artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 define la ayuda ilegal como cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. La obligación de notificación de las ayudas estatales se consagra en el artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999 (15).

(88)

Habida cuenta de que las medidas aplicadas por Francia contienen elementos de ayuda estatal, cabe concluir que se trata de nuevas ayudas, no notificadas a la Comisión, y por dicho motivo, ilegales a efectos del Tratado.

(89)

De conformidad con el punto 23.3 de las Directrices agrarias y con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (16), las ayudas ilegales según el artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 deben ser evaluadas con arreglo a las normas y a las directrices vigentes en el momento en que se hayan otorgado.

(90)

Las Directrices agrarias se aplican desde el 1 de enero de 2000. Por consiguiente, las ayudas concedidas después de esa fecha deben ser evaluadas a tenor de esas Directrices mientras que las concedidas antes de esa fecha deben serlo con arreglo a las disposiciones y la práctica aplicables antes de ella.

(91)

El punto 3.2 de las Directrices agrarias dispone que, aunque los artículos 87 a 89 del Tratado son íntegramente aplicables a los sectores regulados por las organizaciones comunes de mercado, su aplicación está condicionada a lo dispuesto en los distintos reglamentos. Es decir, que el recurso por parte de un Estado miembro a lo dispuesto en los artículos 87 a 89 del Tratado no puede tener prioridad sobre lo dispuesto en el reglamento por el que se rige la organización común de mercado de que se trate (17). La Comisión debe examinar también si la ayuda entorpece el correcto funcionamiento del mercado considerado pues, si lo hace, es incompatible con el mercado común.

(92)

Las ayudas del «Plan Rivesaltes» se concedieron entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de julio de 2000, es decir, antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, que se produjo el 1 de agosto de 2000. Al tratarse de medidas que entran en el ámbito de aplicación de la OCM vitivinícola, deben ser examinadas con arreglo a la normativa vigente en aquella época, es decir, el Reglamento (CEE) no 822/87.

(93)

En lo que se refiere a las ayudas para la promoción publicitaria puestas en marcha por algunas DOC, que, según las autoridades francesas, dejaron de aplicarse el 31 de diciembre de 2000, la compatibilidad de las ayudas otorgadas debe examinarse en función de las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo (18), cuyo punto 70 dispone que las ayudas ilegales con arreglo a la letra f) del artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999 se evalúan de conformidad con las normas y directrices aplicables en el momento en que se concedió la ayuda.

(94)

En cuanto a las ayudas estatales financiadas mediante una tasa parafiscal, la Comisión debe proceder a un examen de las medidas financiadas por las ayudas y de la financiación de las propias ayudas.

(95)

La prima de paralización se financió mediante una cotización interprofesional, a la que las autoridades públicas dieron carácter obligatorio, para la reconversión vitícola. La finalidad de la prima era indemnizar a los productores por el lucro cesante derivado de su compromiso de no utilizar la DOC «Rivesaltes» y de reorientar la producción a los vinos de mesa y los vinos de la tierra.

(96)

Pues bien, la prima de paralización prevista por el régimen de ayuda francés no era un tipo de prima previsto por la organización común de mercado ni, más concretamente, por el Reglamento (CEE) no 456/80 del Consejo, que preveía únicamente una prima por abandono temporal o definitivo de la producción, pagadera cuando el productor decidía contribuir a la disminución del potencial vitícola comunitario mediante el arranque de sus viñas.

(97)

La Comisión observa que la medida francesa no estaba encaminada a disminuir la producción de vino sino únicamente a que los productores no se acogiesen a la DOC Rivesaltes. Por ello, ya que no se produjo disminución alguna del potencial vitícola ni se financió ninguna medida de abandono de la producción mediante la prima, la medida no entra en el ámbito de aplicación de la antigua OCM vitivinícola.

(98)

Aun cuando esté descartado examinar la medida con arreglo al Reglamento (CEE) no 456/80 por no tratarse de una medida de abandono de la producción, sí cabe examinarla con arreglo a otras disposiciones horizontales sobre las ayudas estatales pues, a este respecto, el artículo 17 del Reglamento (CEE) no 456/80 precisaba que dicho Reglamento no obstaba a la concesión de las ayudas previstas por las disposiciones nacionales y destinadas a alcanzar objetivos análogos a los del mismo, sin perjuicio del examen que prevén los artículos 92, 93 y 94 del Tratado (actualmente, artículos 87, 88 y 89).

(99)

La medida no preveía el abandono de la producción, por lo que no puede asimilarse a una medida destinada a alcanzar objetivos análogos a los del Reglamento (CEE) no 456/80, es decir, disminuir el potencial vitícola.

(100)

Las propias autoridades francesas han explicado que la finalidad de la medida no era reducir el potencial vitícola pues los beneficiarios se comprometían a comercializar la producción de las parcelas no como vino de DOC sino como vino de mesa o vino de la tierra.

(101)

Las autoridades francesas han precisado que el propósito de la prima era dar a los beneficiarios una compensación por su compromiso de no comercializar la producción de las parcelas «paralizadas» como vino de la DOC. Por ello, según dichas autoridades, no suponía un complemento de renta sino una mera compensación por el lucro cesante. Con todo, las autoridades francesas consideran que no cabe asimilar esta prima a una mera ayuda de funcionamiento que hubiese constituido una ventaja financiera indebida.

(102)

Empero, contrariamente a lo que afirman las autoridades francesas, la Comisión opina que la finalidad de la ayuda nacional era aliviar financieramente a los productores que, en su calidad de empresarios, decidiesen libremente seguir un derrotero puramente comercial cuyos gastos inherentes constituían gastos derivados del ejercicio de la actividad económico. En ese sentido, la compensación estatal del lucro cesante libremente asumido por los agentes económicos suponía una ayuda pública que atenuaba las repercusiones económicas de la decisión comercial de los productores.

(103)

Según la práctica reiterada de la Comisión anterior a la adopción de las Directrices agrarias del 1 de enero de 2000 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (19), son ayudas de funcionamiento las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido soportar en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales. El Tribunal recuerda que, según una jurisprudencia reiterada, en ningún caso puede considerarse que las ayudas al funcionamiento sean compatibles con el mercado común, con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, en la medida en que, por su propia naturaleza, pueden alterar las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común.

(104)

Esta idea ha sido retomada por el punto 3.5 de las Directrices agrarias, según el cual las ayudas estatales unilaterales cuyo objetiva sea simplemente mejorar la situación financiera del productor, sin contribuir en modo alguno al desarrollo del sector, y especialmente las que se otorgan tomando como base para su concesión únicamente el precio, la cantidad, la unidad de producción o la unidad de los medios de producción, deben considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común. El mismo punto 3.5 añade que, por su propia naturaleza, estas ayudas suelen perturbar el mecanismo de las organizaciones comunes de mercado.

(105)

La Comisión observa que la ayuda se otorgó por hectárea y año sobre la base de la continuación de la producción y que, por lo tanto, estaba estrechamente ligada a la cantidad de vino producida.

(106)

La Comisión considera pues que la prima de paralización constituye una ayuda de funcionamiento que puede perturbar los mecanismos de la OCM vitivinícola y que, por ello, es incompatible con las normas de mercado y de competencia aplicables.

(107)

El artículo 14 del Reglamento (CEE) no 822/87 disponía que toda ayuda nacional para la plantación de viñedos quedaba prohibida a partir del 1 de septiembre de 1988, salvo las que cumplieran criterios que permitieran alcanzar el objetivo de la disminución de la cantidad de la producción o de la mejora cualitativa, sin que ello implicase un aumento de la producción.

(108)

El Reglamento (CEE) no 2741/89 establecía los criterios con los cuales debían examinarse los proyectos de ayudas nacionales para la plantación de superficies vitícolas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 92, 93 y 94 del Tratado (que ahora son los artículos 87, 88 y 89).

(109)

El artículo 2 de ese mismo Reglamento disponía que los proyectos de ayudas nacionales debían demostrar de forma satisfactoria el cumplimiento del objetivo contemplado en el artículo 14, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CEE) no 822/87, que era la disminución del volumen de producción o de mejora de la calidad sin un aumento subsiguiente de la producción.

(110)

A su vez, el artículo 3 de ese Reglamento establece que la plantación debe realizarse con una variedad que, en el pago de que se trate, no esté considerada como de elevada productividad, esté reconocida como apropiada para la consecución de mejoras y esté específicamente autorizada por las autoridades nacionales en el contexto del proyecto de ayuda en cuestión.

(111)

Las autoridades francesas han recordado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo, transmiten anualmente a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas una relación de las superficies plantadas de viñedo en su territorio, clasificadas por departamentos y tipo de uva producida (uvas de vinificación, entre ellas, las de vinos de calidad producidos en regiones determinadas –VCPRD-, y uvas de mesa), además de una relación de arranques y nuevas plantaciones de viñas, por departamentos y tipo de uvas producidas. Las autoridades francesas han adjuntado una copia de los cuadros correspondientes a la campaña 1997/98.

(112)

La Comisión ha recibido, efectivamente, información de las autoridades francesas sobre las variedades utilizadas en las reconversiones que acreditaban el cumplimiento de las condiciones recordadas en los puntos 107 a 110. Gracias a ellas, la Comisión ya determinó en el pasado que esas variedades se ajustaban a las características exigidas por la normativa comunitaria aplicable cuando se concedieron las ayudas.

(113)

El artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2741/89 establecía que el importe de la ayuda atribuida por hectárea de viña plantada no podía sobrepasar el 30 % de los gastos reales de arranque y plantación. Los costes tomados en consideración para la atribución de la ayuda podían determinarse a tanto alzado en cada región, especialmente sobre la base de las características geomorfológicas.

(114)

Según los primeros datos facilitados por las autoridades francesas, las administraciones públicas sufragaron en total el 29,11 % de los gastos de reconversión efectivos, lo que les permite afirmar que el importe total de la ayuda no sobrepasó el límite del 30 % previsto por la normativa comunitaria.

(115)

Según el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2741/89, el elemento pertinente para calcular los costes de reconversión era el de la ayuda efectiva concedida por hectárea de viña plantada. Esta lógica excluye los cálculos globales de todo el ejercicio de reconversión y, por lo tanto, los cálculos basados en la media de los costes totales por hectárea.

(116)

La Comisión considera que, habida cuenta de los costes por hectárea comunicados por las autoridades francesas (110 000 FRF/ha), las ayudas concedidas deberían haberse circunscrito, respectivamente, a 33 000 FRF/ha y al 30 % de los gastos reales de los productores, tomados individualmente.

(117)

Según los últimos datos facilitados por las autoridades francesas, en total, en el contexto del plan se abonaron 36,623 millones FRF a 875 productores para la renovación de 1 238 ha de viñedo y en 221 casos, que suponen 166 ha y un importe de 883 000 FRF, los beneficiarios percibieron más de 33 000 FRF/ha.

(118)

La conclusión de la Comisión que los rebasamientos del 30 % de los costes reales o del límite de 33 000 FRF/ha, en casos individuales, constituye una ayuda estatal incompatible con las normas aplicables.

(119)

La Comisión aprobó, en el contexto de la ayuda estatal no N 184/97, una ayuda pública para un período que concluía a finales de 2002 financiada por una tasa parafiscal destinada a sufragar, entre otras cosas, campañas publicitarias y medidas de funcionamiento del CIVDN. El régimen inicial había sido aprobado por la Comisión en 1990, en el marco de la ayuda estatal N 230/90. En aquel entonces, la Comisión había dictaminado que las ayudas para la promoción colectiva tendentes a mejorar y consolidar la imagen de marca de los vinos dulces naturales entre los consumidores y a mejorar las ventas se concedían conforme a las disposiciones del Encuadramiento de las ayudas nacionales para publicidad de productos agrarios y de determinados productos no incluidos en el anexo II del Tratado CEE, con exclusión de los productos pesqueros (20), aplicable a ese tipo de ayudas. Además, la Comisión consideró que los importes correspondientes a gastos administrativos CIVDN no debían considerarse ayudas.

(120)

La Comisión estima que la autorización otorgada en el contexto de la ayuda estatal N 184/97 no constituye una autorización tácita de cualquier modificación o cualquier otra medida, como la de referencia, que se sume a la ayuda autorizada con anterioridad.

(121)

Las autoridades francesas han confirmado que las medidas de promoción publicitaria llevadas a cabo con los ingresos de la cotización voluntaria obligatoria (CVO) eran similares a las financiadas con el producto de la tasa parafiscal notificada a la Comisión y aprobada por ella. Según las autoridades francesas, se trataba pues exclusivamente de un incremento del presupuesto global de la medida.

(122)

Teniendo en cuenta que la concesión de esas ayudas se rigió por las mismas condiciones, la Comisión, basándose en la decisión adoptada en el contexto de la ayuda estatal N 184/97, determina que las ayudas para la promoción publicitaria y el funcionamiento de las DOC financiadas mediante las nuevas cotizaciones son compatibles con las normas de competencia aplicables.

(123)

La Comisión toma de las observaciones del denunciante, según el cual las medidas financiadas no se atuvieron a las normas de competencia aplicables a las ayudas a la publicidad de productos agrícolas porque se pagaron a empresas concretas. Con todo, los documentos presentados para sustentar esta opinión ponen de manifiesto que las citadas medidas son más bien medidas de promoción asimilables a operaciones de asistencia técnica cuyos beneficiarios pueden ser perfectamente los viticultores.

(124)

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (21), la Comisión considera en principio que la financiación de una ayuda estatal por medio de cargas obligatorias puede incidir sobre la ayuda con un efecto protector que va más allá de la ayuda propiamente dicha. En el presente caso, las cotizaciones en cuestión constituyen cargas obligatorias. Según esta misma jurisprudencia, la Comisión considera que una ayuda no puede ser financiada mediante tasas parafiscales que gravan igualmente productos importados de los otros Estados miembros.

(125)

La Comisión ya dictaminó en el contexto de la ayuda estatal N 184/97 que el régimen establecido por las autoridades francesas no gravaba los productos importado de otros Estados miembros.

(126)

De los textos por los que se establecen las tasas parafiscales a que se refiere la presente Decisión se desprende que estas gravan únicamente la producción de vinos dulces naturales acogidos a DOC en el departamento de Pirineos Orientales. La prima de paralización, por su parte, se financió mediante una cotización aplicada únicamente a la producción regional de los vinos a los que se dirigía la medida, excluyéndose pues los productos importados.

(127)

Cabe pues dictaminar que ningún producto importado está sujeto a las tasas parafiscales en cuestión ni lo ha estado.

(128)

La ayuda estatal en forma de «prima de paralización» concedida por Francia a los productores vitícolas franceses que se comprometían a dejar de acogerse a las DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» desde la cosecha de 1996 a la de 2000, ambas incluidas, es incompatible con el mercado común.

(129)

La ayuda estatal en forma de plan de reconversión del viñedo de la DOC «Rivesaltes» concedida por Francia desde la cosecha de 1996 a la de 2000, ambas incluidas, por encima del 30 % de los costes reales o del límite máximo de 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) en casos individuales, es incompatible con el mercado común.

(130)

La ayuda estatal concedida por Francia entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000 en forma de medidas de promoción publicitaria y de funcionamiento de las DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» y «Banyuls», es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(131)

Las medidas objeto de la presente Decisión no fueron notificadas a la Comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado y constituyen por lo tanto ayudas ilegales en el sentido del artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999.

(132)

La Comisión lamenta que Francia haya ejecutado las citadas medidas contraviniendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(133)

Como se trata de ayudas aplicadas sin esperar la decisión definitiva de la Comisión, cabe recordar que, dado el carácter imperativo de las normas de procedimiento definidas en el artículo 88, apartado 3, del Tratado, cuyo efecto directo ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 19 de junio de 1973 en el asunto 77/72 (Carmine Capolongo contra Azienda Agricola Maya) (22), 11 de diciembre de 1973 en el asunto 120/73 (Gebrueder Lorenz GmbH contra Alemania) (23) y 22 de marzo de 1977 en el asunto 78/76 (Steinicke y Weinlig contra Alemania) (24), la ilegalidad de la ayuda no puede remediarse con posterioridad (sentencia de 21 de noviembre de 1991 en el asunto C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires y otros contra Francia) (25).

(134)

El Tribunal de Justicia ha recordado que, cuando se aplica una medida de ayuda de la que forma parte integrante el modo de financiación sin que se haya observado la obligación de notificación, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados, en principio, a ordenar el reembolso de los tributos o cotizaciones específicamente recaudados para la financiación de dicha ayuda. El Tribunal recuerda también que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales proteger los derechos de los justiciables frente a un posible incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de la prohibición de ejecución de las ayudas, establecida en el artículo 88, apartado 3, última frase, del Tratado y que tiene efecto directo. Tal incumplimiento, invocado por los justiciables que puedan alegarlo y comprobado por los órganos jurisdiccionales nacionales, debe conducir a que estos extraigan de este hecho todas las consecuencias, conforme a su Derecho nacional, tanto en lo que atañe a la validez de los actos de ejecución de las medidas de ayuda de que se trate, como a la recuperación de las ayudas económicas concedidas (26).

(135)

En caso de incompatibilidad de las ayudas ilegales con el mercado común, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 establece que la Comisión decida que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda. Dicho reembolso es necesario con el fin de restablecer la situación anterior suprimiendo todas las ventajes financieras de que haya gozado indebidamente el beneficiario de la ayuda concedida ilegalmente, desde la fecha de concesión de dicha ayuda.

(136)

El artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999 establece que la recuperación incluya intereses, calculados a un tipo adecuado fijado por la Comisión. Los intereses se devengarán desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario.

(137)

Las ayudas deberán reembolsarse de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación francesa. Los importes incluirán los intereses devengados desde la fecha en que se abonó la ayuda hasta la fecha de su recuperación efectiva. Se calcularán a partir del tipo de referencia de la Comisión previsto por el método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (27).

(138)

La Comisión no dispone de información acerca del monto global de las ayudas concedidas al amparo de la «prima de paralización» dado que no conoce la cuantía de los ingresos ni el número de hectáreas que causó derecho a las ayudas. La Comisión toma nota de las observaciones de terceros según las cuales la «prima de paralización» contó con financiación y ayudas públicas complementarias no declaradas por las autoridades francesas, si bien precisa que estas observaciones no modifican en modo alguno sus conclusiones. Según la información de que dispone la Comisión, las ayudas públicas destinadas financiar la ayuda de reconversión ascendieron, en total, a 11,01 millones de EUR.

(139)

La presente Decisión no prejuzga las consecuencias que extraiga, en su caso, la Comisión en relación con la financiación de la política agrícola común por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA).

30.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 112/14

(1)

Por carta de 15 de octubre de 2004, registrada el 25 de octubre, la Comisión recibió una denuncia sobre una presunta ayuda estatal ilegal a favor de Frucona Košice, a.s.. El denunciante envió información adicional el 3 de febrero de 2005. El 24 de mayo de 2005 se celebró una reunión con el denunciante.

(2)

Basándose en la información facilitada por este, la Comisión pidió a Eslovaquia por carta de 6 de diciembre de 2004 que le informara sobre la medida en cuestión. Eslovaquia respondió por carta de 4 de enero de 2005, registrada el 17 de enero, por la que informaba a la Comisión de la posible ayuda ilegal concedida a Frucona Košice a.s. y pedía que se autorizara la ayuda como ayuda de salvamento a una empresa en crisis económica. Eslovaquia presentó información adicional por carta de 24 de enero de 2005, registrada el 28 de enero. La Comisión solicitó más información por carta de 9 de febrero de 2005; se le respondió por carta de 4 de marzo de 2005, registrada el 10 de marzo. El 12 de mayo de 2005 tuvo lugar una reunión con las autoridades eslovacas.

(3)

Por carta de 5 de julio de 2005, la Comisión informó a Eslovaquia de que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la citada ayuda.

(4)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2). La Comisión pidió a los interesados que presentaran sus observaciones sobre la medida.

(5)

Las autoridades eslovacas presentaron sus observaciones por carta de 10 de octubre de 2005, registrada el 17 de octubre de 2005. La Comisión recibió observaciones de un interesado (el beneficiario) por carta de 24 de octubre de 2005, registrada el 25 de octubre, observaciones que transmitió a Eslovaquia para darle la oportunidad de expresar su opinión. Eslovaquia envió sus observaciones por carta de 16 de diciembre de 2005, registrada el 20 de diciembre. El 28 de marzo de 2006, tuvo lugar una reunión con el beneficiario en la que este pudo explicar su envío. Eslovaquia presentó información adicional por carta de 5 de mayo de 2006, registrada el 8 de mayo.

(6)

El beneficiario de la ayuda financiera es Frucona Košice a.s. (en lo sucesivo, «el beneficiario»), quien, en el momento de los hechos, se dedicaba a la fabricación de bebidas espirituosas, bebidas sin alcohol, frutas y hortalizas en conserva y vinagre. Actualmente, el beneficiario ya no fabrica bebidas espirituosas. No obstante, se dedica al mercado mayorista de bebidas espirituosas. La empresa está situada en una región que puede acogerse a ayudas regionales en virtud del artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE.

(7)

En el momento en que se produjeron los hechos, el beneficiario daba empleo a unas 200 personas. En sus observaciones sobre la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, el beneficiario facilitó a la Comisión datos sobre su volumen de negocios (incluidos impuestos especiales e IVA) que figuran en el siguiente cuadro.

Cuadro 1

Volumen de negocios en distintos segmentos de producción, incluidos impuestos especiales e IVA (en coronas eslovacas (SKK))

(8)

Estos datos difieren considerablemente de los obtenidos por la Comisión de las autoridades eslovacas que figuran en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal (5). En sus comentarios a las observaciones del beneficiario tras la apertura del procedimiento de investigación formal, las autoridades eslovacas no discuten la exactitud de las cifras anteriores. Según dichas autoridades, el beneficiario cumple los criterios de una empresa mediana.

(9)

La medida consiste en una condonación de una deuda tributaria por parte de la delegación de la Agencia Tributaria de Košice IV («la Agencia Tributaria») en virtud de lo que se conoce como convenio de acreedores. Este procedimiento está regulado por la Ley 328/91 sobre quiebra y Convenio de acreedores («la Ley de quiebra»).

(10)

El convenio de acreedores («el convenio» o «el procedimiento de convenio») es un procedimiento de supervisión judicial que, como el procedimiento de quiebra, pretende resolver la situación financiera de las empresas endeudadas (6). En el procedimiento de quiebra, o bien la empresa deja de existir o bien sus activos son vendidos a otro propietario o se liquida la empresa. En el procedimiento de convenio, en cambio, la empresa endeudada prosigue su actividad sin cambiar de propietario.

(11)

El procedimiento de convenio lo inicia la empresa endeudada. El objetivo es llegar a un acuerdo con los acreedores («el acuerdo») por el que la empresa endeudada salda parte de su deuda y el resto se le cancela. Este acuerdo ha de ser aprobado por un tribunal supervisor.

(12)

Los acreedores cuyos títulos de crédito están garantizados, por ejemplo mediante una hipoteca, actúan como acreedores independientes. Para que la propuesta de convenio sea aceptada, todos los acreedores independientes tienen que votar a favor, mientras que para los demás acreedores basta con la mayoría cualificada. Los acreedores independientes votan individualmente y tienen derecho de veto sobre la propuesta.

(13)

Los acreedores independientes gozan de posición privilegiada también en el procedimiento de quiebra. Los ingresos obtenidos por la venta de los activos asegurados en el procedimiento de quiebra están destinados exclusivamente a cubrir los créditos de los acreedores independientes. Si los créditos de los acreedores independientes no pueden ser cubiertos en su totalidad con el producto de la venta, los importes pendientes se incorporan al segundo grupo junto con los créditos de los demás acreedores. En el segundo grupo, se satisface a los acreedores proporcionalmente.

(14)

De conformidad con la Ley de quiebra, la empresa que solicita un convenio con los acreedores debe presentar al tribunal supervisor una lista de las medidas de reorganización y de financiación de su actividad pendientes tras el convenio.

(15)

En virtud de la Ley 511/92 sobre la Ley de administración de impuestos y tasas y cambios en el sistema de autoridades financieras locales («la Ley de administración fiscal»), una empresa tiene la posibilidad de solicitar a las autoridades fiscales el aplazamiento del pago de impuestos. Se cobra un interés por el importe aplazado y la deuda aplazada ha de ser garantizada.

(16)

La Ley de administración fiscal regula también el procedimiento de ejecución fiscal, cuyo objetivo es satisfacer la deuda tributaria frente al Estado mediante la venta de propiedades inmobiliarias, activos móviles o la empresa en su conjunto.

(17)

Entre noviembre de 2002 y noviembre de 2003, el beneficiario disfrutó de la posibilidad que le brindaba la Ley de administración fiscal de aplazar su obligación de pagar los derechos especiales sobre bebidas espirituosas (7). En total, la deuda aplazada ascendía a 477 015 759 SKK (12,6 millones EUR). Antes de aceptar el aplazamiento de estos pagos, la Agencia Tributaria avaló cada uno de sus títulos de crédito con los activos del beneficiario, tal como estipula la Ley. Las autoridades eslovacas aducen que el valor de estos avales basándose en las cuentas del beneficiario era de 397 476 726 SKK (10,5 millones EUR). El beneficiario, no obstante, alega que el valor de estos avales, estimado por expertos a finales de 2003, era de 193 940 000 SKK (5 millones EUR). Según el beneficiario, este es el valor de los activos asegurados (activos móviles, propiedades inmobiliarias e importes exigibles) expresado en los denominados precios de experto.

(18)

A 1 de enero de 2004, la Ley modificada de administración fiscal limitó la posibilidad de solicitar un aplazamiento fiscal a una vez al año. El beneficiario hizo uso de esta posibilidad para pagar el impuesto especial de diciembre de 2003 en enero de 2004. No obstante, no pudo pagar o tuvo que aplazar el impuesto especial pagadero en diciembre de 2004 al 25 de febrero de 2004. Como resultado, el beneficiario pasó a ser una empresa endeudada según la Ley de quiebra. Además, perdió su licencia de fabricación y procesado de bebidas espiritosas.

(19)

El 8 de marzo de 2004, el beneficiario solicitó al tribunal regional competente el procedimiento de convenio. Tras determinar que se cumplían todos los requisitos legales necesarios, el tribunal regional resolvió por decisión de 29 de abril de 2004 permitir que siguiera adelante el procedimiento de convenio. En la audiencia de 9 de julio de 2004, los acreedores votaron a favor del convenio propuesto por el beneficiario. El convenio fue confirmado el 14 de julio de 2004 por una decisión del tribunal regional de supervisión.

(20)

En agosto de 2004, la Agencia Tributaria recurrió esta decisión confirmatoria del tribunal. Por decisión de 25 de octubre de 2004, el Tribunal Supremo decidió que la apelación era improcedente y declaró la decisión del tribunal regional por la que se aprobaba el convenio válida y eficaz a partir del 23 de julio de 2004. Posteriormente, el fiscal recurrió esta decisión del tribunal regional en un procedimiento extraordinario de apelación. El procedimiento está pendiente ante el Tribunal Supremo.

(21)

Los acreedores, incluida la Agencia Tributaria, llegaron al siguiente acuerdo con el beneficiario: el beneficiario devolvería el 35 % de la deuda en el plazo de un mes a partir de la validez del convenio y los acreedores renunciarían al restante 65 %. Todos los acreedores, por tanto, recibieron idéntico trato. En el siguiente cuadro figuran los importes reales por acreedor:

Cuadro 2

Situación de las deudas del beneficiario antes y después del procedimiento de convenio (en SKK)

(22)

Los créditos de la Agencia Tributaria incluidos en el procedimiento de convenio ascendían a 640 793 831 SKK (16,86 millones EUR) y comprendían impuestos especiales no pagados del período mayo de 2003-marzo de 2004, IVA del período enero-abril 2004 más penalizaciones e intereses. Los créditos a los que renunció la Agencia Tributaria ascendían a 416 515 990 SKK (11 millones EUR). El convenio aportó a la Agencia Tributaria 224 277 841 SKK (5,86 millones EUR).

(23)

En el procedimiento de convenio la Agencia Tributaria actuó como acreedor independiente y, como tal, votó por separado a favor del convenio. La posición privilegiada de la Agencia Tributaria se debía a que algunos de sus importes exigibles incluidos en el procedimiento de convenio estaban garantizados con el aplazamiento de la deuda tributaria del beneficiario en 2002 y 2003 (véase el considerando 17). Todos los demás acreedores votaron a favor del convenio propuesto. Sus importes exigibles eran deudas comerciales normales sin garantía alguna.

(24)

En su propuesta de convenio, de conformidad con los requisitos de la Ley de quiebra, el beneficiario especificaba una serie de medidas de reorganización relativas a la producción, distribución y mano de obra (incluidos despidos).

(25)

En la parte organizativa y de mano de obra, el beneficiario tenía previstas las siguientes medidas: creación de un grupo de producción universal para todas las actividades de producción, reorganización de sus instalaciones de transporte, excluyendo los vehículos con menor valor residual, y reorganización de actividades comerciales. Estas medidas debían ir acompañadas del despido de 50 trabajadores entre marzo y mayo de 2004. Durante el mismo período, otros 50 trabajadores debían trabajar al 60 % de su remuneración.

(26)

En el ámbito técnico y de producción, el beneficiario declaraba que, puesto que la empresa había perdido su licencia para fabricar bebidas espirituosas, se arrendarían las instalaciones de producción a partir de abril de 2004. El beneficiario tenía previsto reducir o cesar la producción de algunas bebidas sin alcohol no rentables y declaró que cualquier introducción de nuevos productos en esta categoría iría precedida de un análisis de su rentabilidad.

(27)

El beneficiario también menciona las siguientes medidas: reestructuración de costes que debería reducir los costes de producción tras el cese de la producción de bebidas espirituosas y la supresión de parte del transporte propio de la empresa y la venta del equipamiento viejo para chatarra.

(28)

El beneficiario planeaba asimismo vender un edificio administrativo, una tienda e instalaciones recreativas y mencionaba la posibilidad de vender o arrendar las instalaciones de producción de vinagre. En sus observaciones sobre la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, las autoridades eslovacas confirmaron que la venta del edificio administrativo, la tienda y las instalaciones recreativas no se había llevado a efecto.

(29)

El beneficiario tenía prevista una venta intensiva de sus existencias de productos listos para la venta (10).

(30)

Según esta propuesta, el beneficiario debía financiar el convenio con sus propios recursos (venta de existencias) de [menos de 150] millones SKK y con financiación externa consistente en un préstamo de un banco comercial de 100 millones SKK. Según la información facilitada por el beneficiario en su respuesta a la apertura de la investigación formal, la deuda pendiente se cubriría con los ingresos obtenidos de la emisión de nuevas acciones (21 millones SKK; 0,56 millones EUR), los ingresos procedentes de la venta de existencias ([menos de 150] millones SKK; [menos de 3,9] millones EUR) y un préstamo de Old Herold s.r.o. ([70-130] millones SKK; [1,8-3,4] millones EUR). El vencimiento de las facturas de Old Herold s.r.o. era de 40 días, lo que, según el beneficiario, era un período largo considerando la precaria situación financiera del beneficiario. Este vencimiento prolongado permitió al beneficiario acumular el efectivo necesario.

(31)

Las autoridades eslovacas informaron a la Comisión tras la apertura del procedimiento de investigación formal que la deuda restante del beneficiario para con la Agencia Tributaria por un valor de 224 277 841 SKK fue saldada el 17 de diciembre de 2004. Las autoridades confirmaron que habían suspendido la condonación de la deuda acordada en el procedimiento de convenio recurrido ante la Comisión Europea.

(32)

En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, la Comisión planteó sus dudas de que la condonación en cuestión no implicara ayuda estatal. En concreto, consideró que el comportamiento de la Agencia Tributaria en el procedimiento de convenio no respetaba el principio del acreedor en una economía de mercado. En particular, consideraba que la Agencia Tributaria estaba en una situación legalmente diferente de los demás acreedores, ya que sus créditos estaban garantizados y tenía la posibilidad de incoar el procedimiento de ejecución fiscal. Dudaba de que el procedimiento de convenio condujera al mejor resultado posible para el Estado en comparación con el procedimiento de quiebra o el procedimiento de ejecución fiscal.

(33)

La Comisión entonces planteó sus dudas sobre la compatibilidad de la ayuda en cuestión con el mercado común. En primer lugar, dudaba de que la ayuda pudiera ser considerada compatible como ayuda de salvamento, tal como sostenían las autoridades eslovacas. Una ayuda de salvamento solo puede consistir en un aporte de liquidez mediante garantías de préstamo o préstamos. La medida en cuestión, sin embargo, es una condonación de la deuda, lo que corresponde a una subvención a fondo perdido. Además, la medida no se concedió con el fin de que el beneficiario presentara un plan de reestructuración o un plan de liquidación o de que devolviera la totalidad de la ayuda en el plazo de seis meses desde la autorización de la medida de salvamento.

(34)

A continuación, la Comisión consideró la compatibilidad de la medida como ayuda de reestructuración y planteó sus dudas sobre si se cumplían dos de las principales condiciones: la existencia de un plan de reestructuración que garantice el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable y la limitación de la ayuda al mínimo necesario.

(35)

Además de los hechos descritos en la parte II, el beneficiario presentó las siguientes observaciones.

(36)

El beneficiario alega que la razón de sus problemas financieros a comienzos de 2004 fue el cambio de la Ley de administración fiscal, que restringía la posibilidad de solicitar el aplazamiento fiscal a una vez al año. Este era un cambio importante para el beneficiario, quien, según sus propias palabras, se había acogido a esta posibilidad en años anteriores.

(37)

Sobre el fondo del asunto en sí, el beneficiario alegó en primer lugar que la Comisión no tenía competencias para examinar la medida en cuestión ya que esta entró en vigor antes de la fecha de adhesión y no era aplicable después de dicha fecha. Se alega que la medida entró en vigor antes de la adhesión porque el procedimiento de convenio se inició el 8 de marzo de 2004 y, como sostiene el beneficiario, se aprobó el 29 de abril de 2004, es decir, antes de la adhesión de la República Eslovaca a la Unión Europea. Además, se dice que las autoridades fiscales dieron su acuerdo al convenio propuesto en las negociaciones que precedieron al inicio del procedimiento de convenio. En diciembre de 2003 tuvo lugar una reunión con la Dirección Fiscal de la República Eslovaca y el 3 de febrero de 2004, la delegación local de la Agencia Tributaria envió una carta al beneficiario en la que presuntamente le confirmaba la posibilidad de proceder mediante convenio.

(38)

El beneficiario sostenía, además, que, aun cuando la Comisión se considerara competente para actuar, la medida no constituía ayuda estatal porque se respetaba el principio del acreedor en una economía de mercado.

(39)

En primer lugar, el beneficiario sostiene que la comparación del procedimiento de convenio con el procedimiento de ejecución fiscal es engañosa ya que la iniciación de aquel excluye o suspende este último. La Agencia Tributaria, por tanto, no podía recurrir al procedimiento de ejecución fiscal. Además, según el beneficiario, de no haberse iniciado voluntariamente el procedimiento de convenio, unas semanas o meses después habría estado legalmente obligado a iniciar el procedimiento de quiebra o un procedimiento de convenio con arreglo a la legislación de insolvencia.

(40)

En segundo lugar, el beneficiario aduce que la decisión del Estado de evitar la quiebra y, en su lugar, buscar una solución mediante el procedimiento de convenio, respetaba el principio del acreedor en una economía de mercado. En concepto de pruebas, el beneficiario presenta las declaraciones de dos auditores y un administrador judicial de la quiebra en las que se dice que la Agencia Tributaria recibiría más y lo recibiría más rápidamente con el procedimiento de convenio que con el procedimiento de quiebra. También presenta otros documentos y estadísticas para demostrar que el procedimiento de quiebra en Eslovaquia dura una media de tres a siete años y los beneficios que se obtiene de la venta de activos (11) son muy limitados.

(41)

El beneficiario basa su análisis principalmente en un informe de la auditora Ekorda de 7 de julio de 2004, que presuntamente obraba en poder de la Agencia Tributaria antes de la votación de los acreedores el 9 de julio de 2004. No obstante, no se han presentado pruebas que demuestren que así era.

(42)

Según el informe de Ekorda, los ingresos procedentes de la venta de activos en caso de quiebra serían, como mucho, 204 millones SKK (5,3 millones EUR), y, tras deducir diversas tasas por valor de 45 millones SKK, únicamente 159 millones SKK (4,2 millones EUR). El propio beneficiario corrigió el importe de las tasas a deducir y obtuvo la cifra de 168 millones SKK (4,4 millones EUR). Aun cuando la Agencia Tributaria como único acreedor independiente y mayor acreedor con diferencia, obtendría la mayor parte de estos ingresos, seguiría siendo menos de lo que obtuvo tras el convenio.

(43)

Ekorda llegó a este resultado basándose en el valor contable a 31 de marzo de 2004 de activos fijos, existencias, tesorería y títulos de crédito a corto plazo tras un ajuste, que reflejaba su carácter de incobrable y su escaso valor. Ekorda ajustó el valor nominal de los activos del beneficiario aplicando el denominado factor de liquidación a cada componente de los activos en el caso de venta mediante procedimiento de quiebra (45 % para activos fijos, 20 % para existencias y títulos de crédito a corto plazo y 100 % para tesorería).

(44)

Ekorda menciona los futuros ingresos fiscales procedentes de la operación del beneficiario (12), así como la tendencia del empleo en la región y la tendencia en la industria de transformación alimentaria en Eslovaquia, como razones de peso en la decisión de mantener en activo al beneficiario.

(45)

El beneficiario cita también otros dos informes. La auditora Marta Kochová concluyó que los ingresos máximos procedentes de la venta de los activos, que, sin embargo, no se evaluaron, serían de 100 millones SKK (2,6 millones EUR) o, previa deducción de tasas por valor de 22 millones SKK, de solamente 78 millones SKK (2 millones EUR). No se facilitó más información sobre este informe. La administradora judicial, la Sra. Holovačová, al parecer declaró que, en su opinión, el procedimiento de convenio generalmente es más beneficioso para los acreedores que la quiebra. Una consideración es que al acreedor le interesa que continúe la actividad económica del deudor (futuros ingresos procedentes del comercio o los impuestos).

(46)

En tercer lugar, el beneficiario sostiene que deberían tenerse en cuenta consideraciones a largo plazo, tales como futuros ingresos fiscales. Asegura que la jurisprudencia que excluye las consideraciones sociopolíticas del criterio del acreedor privado (13) no se aplica cuando el poder público considera el cálculo de futuros ingresos fiscales. Según el beneficiario, la situación del poder público es aquí similar a la situación de un acreedor en una economía de mercado que es un proveedor interesado en la supervivencia de un cliente. A continuación, el beneficiario remite a la jurisprudencia sobre el principio del inversor en una economía de mercado.

(47)

El beneficiario concluye que se cumplía el criterio del acreedor en una economía de mercado y que la medida no constituye ayuda estatal.

(48)

Si, no obstante, las conclusiones de la Comisión fueran otras, el beneficiario alega que la medida en cuestión es compatible como ayuda de reestructuración. Sostiene que la Agencia Tributaria había comprobado la capacidad de su plan empresarial para restablecer la viabilidad a largo plazo antes de aceptar el convenio. Carecer de un plan de reestructuración formal, según el beneficiario, es irrelevante en una situación en la que la Comisión evalúa el asunto a posteriori puesto que ya puede comprobar si el beneficiario en realidad ha vuelto a ser viable. No obstante, el beneficiario considera que, en el caso de una evaluación previa, es necesario un plan detallado de reestructuración. A continuación, describe brevemente las medidas de reestructuración adoptadas: incremento de capital propio, despidos, venta de existencias. El beneficiario considera que el cese de la fabricación de bebidas espirituosas y el arrendamiento de los activos de producción a la empresa Old Herold s.r.o. eran en realidad medidas de reestructuración. Aunque el cese de la producción en principio vino impuesto por la pérdida de la licencia, el beneficiario no solicitó una nueva licencia después del convenio.

(49)

Según el beneficiario, el requisito de que su contribución a la reestructuración fuera significativa también se cumplió.

(50)

Por último, el beneficiario sostiene que debería tenerse en cuenta al aplicar las Directrices sobre ayuda de reestructuración el hecho de estar implantado en una región asistida y de ser uno de los mayores empresarios regionales.

(51)

En su respuesta a la incoación del procedimiento de investigación formal, las autoridades eslovacas hicieron algunos comentarios sobre cuestiones fácticas, que ya se han mencionado en la parte II.

(52)

Las autoridades eslovacas confirmaron que la Agencia Tributaria, en el momento de la votación en el procedimiento de convenio, no tuvieron en cuenta el aspecto de ayuda estatal. La Agencia Tributaria no consideró el convenio como un tipo de ayuda estatal y, por tanto, no se pidió al beneficiario que aportara un plan de reestructuración, que es distinto del plan empresarial presentado al tribunal con arreglo a la legislación de insolvencia.

(53)

En su respuesta a las observaciones del beneficiario, las autoridades eslovacas hicieron las siguientes observaciones.

(54)

Las autoridades eslovacas no consideran relevante en el presente asunto las observaciones del beneficiario sobre la duración media del procedimiento de quiebra y los ingresos medios obtenidos de la venta de activos en un procedimiento de quiebra. Según dichas autoridades, dado el escaso número de acreedores y la existencia de activos con un valor de liquidación positivo que superaba el importe pagado al Estado después del convenio, el procedimiento de quiebra habría concluido en un plazo inferior a la media y el beneficio para la Agencia Tributaria habría sido mayor que con el convenio. Las autoridades fiscales eslovacas realizaron una inspección in situ en la empresa el 21 de junio de 2004 y encontraron que, a 17 de junio de 2004, la tesorería del beneficiario ascendía a 161,3 millones SKK, sus títulos de crédito a 62,8 millones de SKK, existencias de bebidas espirituosas por valor de 84 millones SKK y activos fijos con un valor contable de 200 millones SKK.

(55)

Las autoridades eslovacas consideran que el procedimiento de ejecución fiscal verdaderamente era una alternativa para la Agencia Tributaria. Confirman que la Agencia Tributaria tenía la posibilidad de incoar este procedimiento antes del procedimiento de convenio, lo que podría haber hecho aun cuando el tribunal hubiera denegado la confirmación del convenio (porque la Agencia Tributaria como acreedor independiente no hubiera votado en su favor).

(56)

Las autoridades eslovacas no están de acuerdo con la afirmación del beneficiario de que sus problemas financieros eran debidos a los cambios en la Ley de administración fiscal. Según ellas, los problemas financieros del beneficiario se debían a la estrategia financiera de utilizar impuestos indirectos para el funcionamiento de su propio negocio. En lugar de eso, el beneficiario debería simplemente haber recaudado los impuestos de sus clientes y haberlos transferido al presupuesto del Estado.

(57)

Las autoridades eslovacas no están de acuerdo con que la reunión con la Dirección Fiscal de la República Eslovaca en diciembre de 2003 sea una prueba de convenio preliminar con el visto bueno de la Agencia Tributaria. Dichas autoridades presentaron una carta de 6 de julio de 2004 enviada por la Dirección Fiscal de la República Eslovaca a la Agencia Tributaria subordinada en la que le ordenaban que no aceptara el convenio propuesto por el beneficiario puesto que no era conveniente para el Estado. Esta carta remitía a otra, más general, de 15 de enero de 2004, del Ministro de Hacienda a la Dirección Fiscal subordinada, en la que le ordenaba que no aceptara convenios con acreedores en los que las autoridades fiscales condonaran deudas fiscales. Además, las autoridades eslovacas interpretaban que la carta de 3 de febrero de 2004, a la que hace referencia el beneficiario (véase el considerando 37) desaprobaba explícitamente el convenio del 35 %.

(58)

Estas autoridades sostienen que el beneficiario no había pagado impuestos especiales en el período de aplazamiento prescrito (enero de 2001 a marzo de 2004) y que había aplazado regularmente sus obligaciones fiscales.

(59)

Según las autoridades eslovacas, las diferencias significativas en las estimaciones de los dos informes de auditoría suscitan dudas en cuanto a la credibilidad de los mismos. En concreto, dudan sobre el factor de liquidación que asigna Ekorda a los activos actuales. Este factor debería ser superior al 20 %.

(60)

Por último, según las autoridades eslovacas, el beneficiario no había elaborado un plan de reestructuración viable y las medidas propuestas en el contexto del procedimiento de convenio no podrían ser consideradas medidas de reestructuración.

(61)

Puesto que alguno de los acontecimientos relevantes en el presente asunto se produjo antes de la adhesión de la República Eslovaca a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, la Comisión debe determinar primero si es competente para actuar con respecto a la medida en cuestión.

(62)

La Comisión no puede examinar medidas que entraran en vigor antes de la adhesión y no sean aplicables después de la misma ni con arreglo al denominado procedimiento de medidas transitorias, regido por el anexo IV, punto 3, del Tratado de adhesión, ni en virtud de los procedimientos establecidos en el artículo 88 del Tratado CE. Ni el Tratado de adhesión ni el Tratado CE exigen o habilitan a la Comisión para revisar estas medidas.

(63)

No obstante, las medidas que entraran en vigor después de la adhesión claramente entran en el ámbito de competencias de la Comisión en virtud del Tratado CE. Para determinar el momento en el que entró en vigor una medida concreta, el criterio relevante es el acto jurídicamente vinculante por el cual la autoridad nacional competente se compromete a conceder la ayuda (14).

(64)

El beneficiario alegaba que, en el presente asunto, la medida en cuestión entró en vigor antes de la adhesión y no es aplicable después de esta (véase el considerando 37).

(65)

La Comisión no puede aceptar los argumentos aducidos por el beneficiario. La propuesta de incoar el procedimiento de convenio no es un acto de la autoridad que concede la ayuda sino del beneficiario. De la misma manera, la decisión del tribunal de iniciar el procedimiento de convenio no es un acto de la autoridad que concede la ayuda. Esta decisión solo permitía al beneficiario y a sus acreedores proceder a las negociaciones sobre el convenio, pero claramente no constituía la concesión en sí. No hay pruebas de que la Dirección Fiscal hubiera expresado su acuerdo con la medida en la reunión de diciembre de 2003. Por el contrario, las autoridades eslovacas negaron cualquier acuerdo preliminar de ese tipo. La carta de 3 de febrero de 2004 es explícita en su negativa a aceptar la propuesta de llegar a un acuerdo al 35 %.

(66)

La decisión de la autoridad competente de condonar algunos de sus créditos se tomó el 9 de julio de 2004, cuando la Agencia Tributaria aceptó el convenio propuesto por el beneficiario.

(67)

Por consiguiente, ya no se plantea la cuestión de si la medida es aplicable después de la adhesión.

(68)

La Comisión concluye, por tanto, que es competente para evaluar la medida de conformidad con el artículo 88 del Tratado CE.

(69)

El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE establece que serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(70)

Condonar una deuda para con una autoridad pública, como la Agencia Tributaria, es una forma de utilizar fondos estatales. Puesto que beneficia a una empresa individual, la medida es selectiva.

(71)

Hasta que se produjeron los acontecimientos que desencadenaron el procedimiento de insolvencia, el beneficiario operaba en el mercado de bebidas espirituosas, bebidas sin alcohol, frutas y hortalizas en conserva y vinagre. En 2003, era el tercer fabricante de bebidas espirituosas en Eslovaquia. Desde la pérdida de su licencia para la fabricación de bebidas espirituosas en marzo de 2004, se dedicaba al mercado mayorista de bebidas espirituosas fabricadas por otra compañía, Old Herold, s.r.o., que utilizaba las instalaciones de producción que le arrendaba el beneficiario. En todos los segmentos en los que estaba presente el beneficiario antes del procedimiento de convenio y en los que está presente actualmente existen intercambios entre Estados miembros.

(72)

En la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, la Comisión expresó sus dudas en cuanto a si la medida falseaba o amenazaba falsear la competencia al otorgar al beneficiario una ventaja que normalmente no habría podido obtener en el mercado. En otras palabras, la Comisión dudaba de si el Estado se había comportado como un acreedor en una economía de mercado en relación con el beneficiario.

(73)

Se estableció que el convenio aplicaba las mismas condiciones tanto a los acreedores privados como a la Agencia Tributaria. Se debía pagar a los acreedores el 35 % de la deuda dentro de un plazo prescrito, requisito que cumplió el beneficiario. El 65 % restante se canceló.

(74)

No obstante, antes del convenio, la Agencia Tributaria estaba en una posición más ventajosa legal y económicamente que los acreedores. Por tanto, debe examinarse con detalle si la Agencia Tributaria utilizó todos los medios de que disponía para conseguir la devolución máxima posible de sus títulos de crédito, como habría hecho un acreedor en una economía de mercado.

(75)

Para determinar si se respetó el criterio del acreedor en una economía de mercado, la Comisión debe determinar si la Agencia Tributaria salía mejor parada aceptando las condiciones del convenio que proponía el beneficiario o con el posible resultado de un procedimiento de quiebra o un procedimiento de ejecución fiscal.

(76)

En resumen, la República Eslovaca sostiene que, en su opinión, la medida constituye ayuda estatal y reconoce que, en el momento del convenio, la cuestión de la ayuda estatal simplemente no se contempló. Por el contrario, el beneficiario alega que la medida está libre de ayuda y presenta la documentación descrita anteriormente, en especial los informes de dos auditores.

(77)

Basándose en la información presentada tanto por el beneficiario como por las autoridades eslovacas, la Comisión estableció los siguientes hechos sobre la situación financiera del beneficiario en el año en cuestión en tanto en cuanto es relevante para la aplicación del criterio del acreedor en una economía de mercado. La Comisión no puede verificar en la contabilidad del beneficiario las cifras a 31 de marzo de 2004 facilitadas por el beneficiario y las cifras a 17 de junio de 2004 facilitadas por las autoridades eslovacas. No obstante, no tiene motivos para poner en duda ninguno de esos datos.

Cuadro 3

Situación financiera del beneficiario 2003-2004 (en millones SKK)

(78)

La Comisión examinará primero las pruebas presentadas por el beneficiario que respaldan su opinión de que con el procedimiento de quiebra la Agencia Tributaria saldría peor parada que con el procedimiento de convenio. Puesto que ni las autoridades eslovacas ni el beneficiario presentaron cálculos sobre el procedimiento de ejecución fiscal, la Comisión examinará lo que habría obtenido la Agencia Tributaria con este procedimiento. Por último, examinará las pruebas presentadas tanto por las autoridades eslovacas como por el beneficiario.

(79)

La Comisión no considera el informe de Ekorda un punto de comparación fiable entre el convenio propuesto y el posible procedimiento de quiebra. Las autoridades eslovacas comparten sus dudas.

(80)

En un principio, la Comisión señala que, al publicar su informe el 7 de julio de 2004 (solo dos días antes de la reunión de los acreedores), Ekorda utilizó para sus cálculos la situación de los activos del beneficiario a 31 de marzo de 2004. Del cuadro 3 se deduce claramente que el nivel de los diversos activos cambió considerablemente después del 31 de marzo de 2004. En particular, se vendió una parte considerable de ellos, lo que produjo un incremento de tesorería. Estos cambios son de gran importancia al aplicar los factores de liquidación de Ekorda, que oscilan entre el 20 % para los activos y títulos de crédito a corto plazo y el 100 % para tesorería. Suponiendo que los factores de liquidación estimados por Ekorda sean correctos y aplicando la metodología utilizada por Ekorda, el cuadro siguiente muestra que el resultado del cálculo de Ekorda habría sido diferente si se hubiera basado en cifras desde el 28 de abril de 2004 al 17 de junio de 2004, es decir, antes aún de la reunión de los acreedores de 9 de julio de 2004. Estas cifras muestran también que los factores de liquidación propuestos por Ekorda no son realistas.

Cuadro 4

Comparación del rendimiento que probablemente se habría obtenido de la venta de los activos del beneficiario en un procedimiento de quiebra [en millones SKK]

(81)

Hay que señalar que el plan empresarial presentado al tribunal por el beneficiario prevé la venta de activos por valor de [menos de 150] millones SKK durante el período marzo-mayo de 2004. Ekorda, por tanto, tiene que haber sido consciente de que los activos del beneficiario estarían sujetos a cambios significativos después del 31 de marzo de 2004 y no lo tuvo en cuenta.

(82)

Si Ekorda hubiera tenido en cuenta el valor contable de los activos del beneficiario a partir del 28 de abril de 2004, habría llegado a la conclusión de que el rendimiento obtenido en la quiebra habría sido superior (238 millones SKK; 6,3 millones EUR) al que proponía el beneficiario en su convenio (225 millones SKK; 5,93 millones EUR (26). Esta conclusión habría sido aún más cierta si el análisis se hubiera hecho en junio de 2004 (275 millones SKK; 7,2 millones EUR), más que a tiempo para que la Agencia Tributaria ejerciera su derecho de veto y rechazara la propuesta, lo que hubiera dado lugar al cese del procedimiento de convenio. Una vez más, se señala que estos resultados se obtuvieron utilizando los supuestos y la metodología de Ekorda.

(83)

La Comisión, no obstante, no puede aceptar la metodología utilizada por Ekorda y no considera fiables los supuestos de su análisis. Las dudas de las autoridades eslovacas, descritas en los apartados 55 y 60, respaldan esta conclusión.

(84)

Para empezar, Ekorda no explica en su informe cómo determinó los tres factores de liquidación. Las autoridades eslovacas declararon que el factor de liquidación para las existencias debería ser superior al 20 %.

(85)

La Comisión señala que en 2004, el beneficiario pudo generar [menos de 150] millones SKK procedentes de la venta de sus existencias (véase el considerando 30). Esto es más del [40-50] % del valor contable de existencias en el que basó su evaluación Ekorda, lo que hace suponer que el factor de liquidación del 20 % era demasiado bajo. Los cambios en el balance en 2004 por lo que se refiere a las existencias respaldan esta conclusión. Además, el propio beneficiario en su plan empresarial estimó el rendimiento obtenido de la venta de existencias durante el período marzo-mayo de 2004 en [menos de 110] millones SKK (véase el considerando 30). Ekorda ignoró esta estimación. Por último, de la naturaleza de las actividades del beneficiario puede deducirse que las existencias comprendían productos finales que podrían haberse vendido con facilidad a distribuidores y consumidores más que productos semiacabados que necesitaran elaboración.

(86)

Además, Ekorda utilizó un doble ajuste en lo que se refiere a los títulos de crédito comerciales a corto plazo. En primer lugar, ajustó su valor contable en un 40 % (el valor contable era de 166 millones SKK y el valor que utilizó Ekorda en sus cálculos era de 98 millones SKK) y luego aplicó el bajo factor de liquidación del 20 %. Esta metodología es cuestionable. Puede aceptarse ajustar el valor contable de los títulos de crédito para reflejar su valor real en un momento dado. Sin embargo, Ekorda no aporta aclaraciones sobre por qué el rendimiento obtenido en la quiebra/liquidación solo habría sido una quinta parte (20 millones SKK) de lo que el propio beneficiario creía que habría podido obtener de sus deudores (98 millones SKK).

(87)

Por otra parte, el factor de liquidación del 45 % para los activos no circulantes parece demasiado bajo. Según el beneficiario, el valor de sus activos pignorados en favor de la Agencia Tributaria era de 194 millones de SKK (27). Este valor, según el beneficiario, está expresado en precios estimados por expertos independientes aproximadamente a finales de 2003/comienzos de 2004. En opinión de la Comisión, tales «precios de experto» deberían normalmente reflejar el precio general del activo, expresando el precio al que en ese momento podría venderse. Ekorda no ofrece explicaciones de por qué el rendimiento obtenido de la venta de los activos no circulantes solo habría generado el 45 % de su valor contable de 205 millones SKK (28) cuando el propio beneficiario evaluó estos activos en mucho más.

(88)

En cuanto al argumento del beneficiario de que habría resultado difícil encontrar un comprador ya que la mayor parte de la maquinaria pignorada estaba restringida a la fabricación de bebidas espirituosas, bebidas sin alcohol o conservas, la Comisión tiene dos observaciones que hacer. En primer lugar, se señala que el «precio de experto» de la propiedad inmobiliaria pignorada era de 105 millones SKK, lo que, ya en sí, es superior al total del rendimiento previsto por Ekorda (92 millones SKK). En segundo lugar, la evolución real de la empresa muestra que algunos de sus activos de producción encontraron rápidamente un usuario, Old Herold, s.r.o., una vez que el beneficiario hubo perdido su licencia para fabricar bebidas espirituosas. Parece, por tanto, que había un interés inmediato por parte de un competidor por estos activos de producción.

(89)

Además, la credibilidad del informe de Ekorda se ve también afectada por la forma de calcular las diversas tasas del procedimiento de quiebra, que debían sustraerse del rendimiento total obtenido de la venta de activos. Mientras que Ekorda dedujo 45 millones SKK de tasas, el beneficiario en su presentación daba la cifra de 36 millones SKK, y la estimación de la auditora Sra. Kochová es de 22 millones SKK como máximo. Semejantes discrepancias plantean dudas sobre la exactitud de los supuestos de Ekorda en cuanto al nivel de las tasas y, por consiguiente, también del nivel del rendimiento que podría haberse obtenido en un procedimiento de quiebra. Se señala, no obstante, que, considerando la situación del beneficiario a 17 de junio de 2004, aún con tasas de 36 millones SKK, el rendimiento de la quiebra habría sido superior que el del convenio propuesto.

(90)

Por último, la Comisión señala que las autoridades eslovacas no respaldan la alegación del beneficiario de que el informe de Ekorda obraba en poder de la Agencia Tributaria antes de la reunión de los acreedores de 9 de julio de 2004.

(91)

Como ocurre con el informe de la Sra. Kochová, la Comisión no puede evaluarlo al no tener una copia del mismo. En la información presentada no queda claro cuándo y con qué objeto se elaboró este informe ni en qué supuestos y datos se basó. La Comisión, no obstante, señala que las conclusiones de este auditor son significativamente distintas de las conclusiones de Ekorda. El informe de la administradora judicial, la Sra. Holovačová, solo decía que el procedimiento de convenio generalmente es más beneficioso para los acreedores que la quiebra. La Comisión no puede aceptar ninguno de estos dos informes como pruebas a favor o en contra de la afirmación del beneficiario de que se respetaba el criterio del acreedor en una economía de mercado.

(92)

Basándose en las pruebas disponibles, la Comisión, por tanto, concluye que la venta de los activos en un procedimiento de quiebra habría producido, con toda probabilidad, un rendimiento superior para los acreedores del beneficiario. Considerando que a la Agencia Tributaria se le habría satisfecho la deuda en el primer grupo como acreedor independiente y que, además, habría obtenido la mayor parte del rendimiento distribuido en el segundo grupo (debido a la magnitud de sus créditos en comparación con otros acreedores), la Comisión concluye que casi la totalidad del rendimiento obtenido en la quiebra habría revertido en la Agencia Tributaria.

(93)

La Agencia Tributaria, a diferencia de los acreedores privados, tenía derecho a incoar por iniciativa propia la ejecución fiscal mediante la venta de propiedad inmobiliaria, maquinaria o la empresa en su totalidad. La Comisión considera irrelevante el argumento del beneficiario según el cual el procedimiento de convenio protege a la empresa del procedimiento de ejecución fiscal. Como confirmaron las autoridades eslovacas, el procedimiento de ejecución fiscal era un opción real para la Agencia Tributaria, bien antes de incoar el procedimiento de convenio o después del veto de la Agencia Tributaria al convenio propuesto. Por tanto, esta posibilidad debe ser considerada al aplicar el criterio del acreedor en una economía de mercado. El beneficiario no compara el convenio propuesto con el posible resultado de la ejecución fiscal.

(94)

En su análisis, la Comisión se basa en los datos facilitados tanto por el beneficiario como por las autoridades eslovacas. A este respecto, hay que señalar que las autoridades eslovacas confirmaron que la pignoración a favor de la Agencia Tributaria ascendía a 397 millones SKK, como constaba en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. Este valor parece haberse obtenido de la contabilidad del beneficiario. El beneficiario, por su parte, sostiene que el valor de los activos pignorados expresado en «precios de experto» es de 194 millones SKK (véase el considerando 17). Aunque la Comisión no necesita determinar qué cifra es la correcta, pueden, no obstante, sacarse las siguientes conclusiones:

(95)

En primer lugar, la pignoración era el contravalor de la deuda tributaria aplazada del beneficiario, requerida por la Ley de administración fiscal. Si el valor de los activos del beneficiario realmente ascendía a solo la mitad de la pignoración, como sugería el dictamen pericial presentado por el beneficiario, entonces los avales exigidos por el Estado para dichos aplazamientos eran insuficientes. En estas circunstancias, por tanto, los aplazamientos fiscales autorizados por la Agencia Tributaria entre noviembre de 2002 y noviembre de 2003 por un importe total de 477 millones SKK, con toda probabilidad no respetaban el criterio del acreedor en una economía de mercado. Puesto que estos aplazamientos fiscales entraron en vigor antes de la fecha de adhesión y no son de aplicación con posterioridad a esta, la Comisión no es competente para evaluar la compatibilidad de esas medidas con el mercado común. A los efectos del presente asunto, es además innecesario que la Comisión determine si esas medidas constituyeron ayuda estatal. No obstante, si los primeros aplazamientos ya constituían ayuda estatal, ya no puede apelarse al principio del acreedor en una economía de mercado cuando posteriormente se anula una parte de las deudas aplazadas.

(96)

En segundo lugar, aún cuando se utilizara la cifra inferior presentada por el beneficiario en el cálculo de los ingresos de un procedimiento de ejecución fiscal, un acreedor en una economía de mercado, de haber tenido la posibilidad, habría preferido este procedimiento al procedimiento de convenio.

(97)

En un procedimiento de ejecución fiscal, la autoridad tributaria puede vender los activos del deudor (títulos de crédito y otros activos circulantes, activos móviles, bienes inmuebles) directamente. En el momento en que la Agencia Tributaria votó a favor del convenio, el beneficiario tenía existencias por valor de 84 millones SKK, títulos de crédito exigibles por valor de 63 millones SKK y 161 millones SKK en tesorería (véase el considerando 54). Hay que señalar que ya solo el valor de los activos circulantes (308 millones SKK; 8,1 millones EUR) habría superado el rendimiento obtenido con el convenio (225 millones SKK; 5,93 millones EUR). Aunque se hubieran deducido totalmente los títulos de crédito (29), el valor de los activos circulantes por sí solo (245 millones SKK; 6,4 millones EUR) aún así habría excedido el rendimiento obtenido con el convenio. Además, el beneficiario tenía otros activos cuyo valor era como mínimo de 194 millones SKK.

(98)

Por otra parte, la ejecución fiscal no habría supuesto gastos administrativos como era el caso en el procedimiento de quiebra. Es un procedimiento incoado y controlado por la propia autoridad tributaria por lo que puede presumirse que habría sido realizado con diligencia.

(99)

La Comisión concluye, por tanto, que la ejecución fiscal contra los activos del beneficiario habría producido mayores beneficios que el convenio.

(100)

La Comisión toma especialmente en cuenta la carta presentada por las autoridades eslovacas enviada por el Director de Hacienda a su subordinado, el director de la delegación de la Agencia Tributaria (véase el considerando 57). La carta es una prueba clara de que la Dirección Fiscal (que había mantenido contactos previos con el beneficiario) se oponía al convenio propuesto y cursó a la Agencia Tributaria local instrucciones claras para que no votara a favor del mismo. La razón aducida en la carta era que el convenio propuesto era «desfavorable» para el Estado.

(101)

Las autoridades eslovacas también mostraron que había instrucciones políticas claras, cursadas por el Ministro de Hacienda a principios de 2004 a las delegaciones de la Agencia Tributaria con el fin de que no aceptaran convenios que propusieran la condonación de títulos de crédito de delegaciones (30). Estas instrucciones se cursaron en relación con la modificación de la Ley de administración fiscal el 1 de enero de 2004, en un esfuerzo por fortalecer la disciplina en la recaudación fiscal.

(102)

Además, la Comisión señala que la propia Agencia Tributaria había recurrido este convenio ya el 2 de agosto de 2004, es decir, ni siquiera un mes después de que se hubiera aceptado el convenio.

(103)

El beneficiario sostenía que la Agencia Tributaria había dado su visto bueno al convenio ya antes de que el beneficiario iniciara el procedimiento. La Comisión considera que la prueba presentada por el beneficiario indica más bien lo contrario. En su carta de 3 de febrero de 2004 al beneficiario, el director de la Agencia Tributaria dice que, aunque en principio no es contrario al uso del procedimiento de convenio, no acepta la propuesta del beneficiario de un convenio con un 35 % de devolución de la deuda.

(104)

Basándose en esta prueba, la Comisión no puede sino concluir que las autoridades eslovacas se opusieron al convenio propuesto por el beneficiario y que se opusieron antes de iniciarse el procedimiento de convenio el 8 de marzo de 2004, antes de la votación de los acreedores el 9 de julio de 2004 y también después de que el tribunal aprobara el convenio.

(105)

El beneficiario sostiene que deberían tenerse en cuenta los efectos a largo plazo, tales como la continuidad de los ingresos fiscales para el Estado (véase el considerando 46).

(106)

En primer lugar, hay que recalcar que el criterio del acreedor en una economía de mercado difiere del criterio del inversor en una economía de mercado. Mientras que un inversor en una economía de mercado está en condiciones de decidir si entabla una relación con la empresa en cuestión y se moverá con las perspectivas de obtener unos ingresos adecuados por su inversión (31), un «acreedor en una economía de mercado», que ya mantiene una relación de Derecho comercial o público con la empresa insolvente, buscará conseguir la devolución de las cantidades que se le adeudan (32) en las condiciones más ventajosas posibles en cuanto al grado de devolución y al plazo. Las motivaciones de este hipotético acreedor en una economía de mercado y las del inversor en una economía de mercado pueden, por tanto, ser distintas. Por consiguiente, la jurisprudencia ha definido criterios distintos para ambas situaciones.

(107)

En segundo lugar, en cuanto a la analogía con el proveedor acreedor, es importante señalar que la naturaleza de sus títulos de crédito y la naturaleza de los del Estado son fundamentalmente distintos. Puesto que las relaciones del proveedor con la empresa insolvente tienen una base exclusivamente contractual, podría genuinamente sufrir la pérdida de un socio empresarial. Si la empresa insolvente se liquida o se vende, el proveedor necesitaría encontrar otro cliente o contratar con el nuevo propietario. El riesgo es mayor cuando su dependencia de la empresa insolvente es considerable. Este acreedor consideraría verdaderamente el futuro. Por el contrario, las relaciones del Estado con la empresa insolvente se basan en el Derecho público y no dependen, por tanto, de la voluntad de las partes. Todo nuevo propietario que asumiera los activos de la empresa liquidada automáticamente estaría obligado a pagar los impuestos. Además, el Estado nunca depende de un contribuyente. Por último y más importante, el Estado no se mueve por el interés al recaudar impuestos y no actúa con criterio comercial o guiado por consideraciones comerciales. Por consiguiente, esta analogía no tiene razón de ser.

(108)

La Comisión concluye que la situación del Estado en el presente asunto no puede compararse a la situación de un hipotético inversor en una economía de mercado o a la situación de un hipotético acreedor dependiente en una economía de mercado. La pérdida de futuros ingresos fiscales no puede por tanto ser tomada en cuenta al aplicar el principio del acreedor en una economía de mercado.

(109)

Por último, en la relación general de impuestos presentada por el beneficiario se observa que una gran mayoría de los impuestos pagados por el beneficiario desde 1995 han sido impuestos indirectos (impuestos especiales e IVA). Puesto que dichos impuestos los paga el consumidor final, la liquidación del beneficiario no habría tenido repercusiones en su recaudación ya que los consumidores siguieron comprando los productos gravados (en este caso, principalmente bebidas espirituosas) a otros productores. El argumento del beneficiario en cuanto a la considerable pérdida futura de ingresos fiscales carece, por tanto, de fundamento.

(110)

Basándose en las pruebas anteriores, la Comisión concluye que en el presente asunto no se respetó el criterio del acreedor en una economía de mercado y que el Estado concedió al beneficiario una ventaja que no habría podido obtener en el mercado.

(111)

Por consiguiente, la Comisión concluye que la medida constituye ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

(112)

La ayuda estatal concedida al beneficiario equivale al importe de la deuda cancelada por la Agencia Tributaria en el procedimiento de convenio, es decir 416 515 990 SKK.

(113)

El objetivo primero de la medida es asistir a una empresa en crisis. En tales casos, se puede aplicar la excepción del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, que permite las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común y se cumplan las condiciones pertinentes.

(114)

A la vista de la cartera de producción del beneficiario, la Comisión evaluó si las normas especiales aplicables a la agricultura son de aplicación en el presente asunto. Basándose en la información sobre el volumen de negocios del beneficiario presentada por las autoridades eslovacas, la Comisión, en su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal llegó a la conclusión de que la mayoría de los productos del beneficiario no son productos que estén contemplados en el anexo I del Tratado CE y que, por tanto, son aplicables las normas generales sobre ayudas estatales.

(115)

En sus observaciones a la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, el beneficiario contestaba los datos sobre el volumen de negocios facilitados previamente a las autoridades eslovacas (véase el Cuadro 1) pero no la decisión de la Comisión de basar su evaluación en las normas generales sobre ayudas estatales. Sin querer determinar si las cifras facilitadas por el beneficiario son exactas (33), la Comisión verificó si su conclusión anterior se mantendría con los nuevos datos. La Comisión concluye que la mayor parte del volumen de negocios del beneficiario está generado por productos que no están contemplados en el anexo I del Tratado CE. Por tanto, son aplicables las normas generales sobre ayudas estatales, no las sectoriales.

(116)

Las ayudas de salvamento y reestructuración a empresas en crisis se rigen actualmente por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (34) («las nuevas Directrices»), que sustituyeron al texto anterior adoptado en 1999 (35) («las Directrices de 1999»)

(117)

Las disposiciones transitorias de las nuevas Directrices estipulan que serán aplicables para la evaluación de toda ayuda de salvamento o de reestructuración que se conceda sin la autorización de la Comisión (ayuda ilegal) cuando la ayuda, o una parte de ella, se haya concedido después de la publicación de las Directrices en el Diario Oficial de la Unión Europea (punto 104). No obstante, si la ayuda se hubiera concedido antes del 1 de octubre de 2004, el examen se realizaría con arreglo a las Directrices aplicables en el momento de la concesión de la ayuda (punto 104).

(118)

La Comisión señala que la aprobación del convenio por parte de la Agencia Tributaria se expidió el 9 de julio de 2004 y entró en vigor el 23 de julio de 2004. Esto significa que la ayuda se concedió ilegalmente antes del 1 de octubre de 2004. Por consiguiente, son de aplicación las Directrices de 1999, que eran aplicables en el momento en que se concedió la ayuda.

(119)

La Comisión concluye que el beneficiario es una empresa mediana según la definición del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (36).

(120)

Según el punto 5 c) de las Directrices de 1999, se considera que una empresa está en crisis si reúne las condiciones establecidas en el Derecho interno para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia.

(121)

El beneficiario era parte en el procedimiento de convenio, aplicable a empresas insolventes como define la Ley de quiebra. Por consiguiente, la empresa puede acogerse a ayudas de salvamento y reestructuración.

(122)

La medida en cuestión fue descrita inicialmente por las autoridades eslovacas como ayuda de salvamento. De conformidad con las Directrices de 1999, la Comisión planteó sus dudas en cuanto a la compatibilidad de la ayuda como ayuda de salvamento por las razones expuestas en la parte III.

(123)

Ni las autoridades eslovacas ni el beneficiario hicieron observaciones sobre esas dudas. Tampoco se han presentado nuevos datos a la Comisión al respecto.

(124)

Puesto que las citadas dudas no han sido despejadas, la Comisión concluye que la ayuda no es compatible como ayuda de salvamento en el sentido de las Directrices de 1999.

(125)

La Comisión planteó dudas sobre si la ayuda era compatible como ayuda de reestructuración en el sentido de las Directrices de 1999 por las razones expuestas en la parte III.

(126)

La Comisión señala que las autoridades eslovacas, sobre las que recae la carga de la prueba de demostrar que la ayuda estatal es compatible con el mercado común, no han presentado nuevos datos que respalden esta conclusión. La Comisión tomó buena nota de las observaciones formuladas por el beneficiario.

(127)

Según las Directrices de 1999, la concesión de una ayuda de reestructuración está supeditada a la ejecución de un plan de reestructuración realista y coherente que restablezca la viabilidad a largo plazo de la empresa. El propio Estado miembro velará por el plan, que deberá ser aprobado por la Comisión. El incumplimiento del plan por parte de la empresa se considera un uso abusivo de la ayuda.

(128)

El plan de reestructuración ha de permitir al beneficiario restablecer su viabilidad a largo plazo en un plazo razonable, partiendo de hipótesis realistas por lo que se refiere a las condiciones futuras de explotación. El plan de reestructuración tendrá en cuenta especialmente las circunstancias que hayan generado las dificultades de la empresa y señalará medidas adecuadas para hacer frente a esas dificultades. Una reestructuración no puede limitarse exclusivamente a una intervención financiera destinada a cubrir las pérdidas anteriores sin abordar las causas que las originan.

(129)

En el caso de empresas situadas en regiones subvencionadas y de pequeñas y medianas empresas, las Directrices de 1999 estipulan que la Comisión podrá mostrarse menos exigente por lo que se refiere a la aplicación de medidas compensatorias y el contenido de los informes de seguimiento. No obstante, estos factores no eximen a estas empresas del requisito de elaborar un plan de reestructuración ni al Estado miembro de la obligación de supeditar la concesión de las ayudas a la ejecución de un plan de reestructuración.

(130)

Tras la apertura del procedimiento de investigación formal, las autoridades eslovacas confirmaron que el plan empresarial que el beneficiario tenía obligatoriamente que presentar como condición para iniciar el procedimiento de convenio fue examinado únicamente por el tribunal competente, es decir, no por la autoridad que concede la ayuda, y que ni el tribunal ni la Agencia Tributaria supervisaron la ejecución del plan.

(131)

Contrariamente a esta afirmación, el beneficiario sostenía que la Agencia Tributaria había estudiado la capacidad del plan empresarial para restablecer la viabilidad a largo plazo antes de aprobar el convenio, pero no presentó pruebas que respaldaran su afirmación.

(132)

El beneficiario, además, alegó que la falta de un plan formal de reestructuración es irrelevante en el caso de una evaluación a posteriori de una ayuda por parte de la Comisión, puesto que entonces la Comisión está en condiciones de evaluar si el beneficiario realmente ha recuperado la viabilidad. Según el beneficiario, un plan formal de reestructuración solo puede exigirse en el caso de una evaluación previa, el único tipo de evaluación al que se aplican las Directrices de 1999.

(133)

Esta línea argumental es incorrecta. Las Directrices de 1999 se aplican a la evaluación de compatibilidad tanto de las ayudas notificadas como de las ayudas ilegales. Siempre que se realiza una evaluación es válida la condición de que la ayuda de reestructuración está supeditada a la elaboración de un plan viable de reestructuración. La Comisión ha realizado su evaluación basándose en la información disponible en el momento en que se concedió la ayuda.

(134)

Debe concluirse que la Agencia Tributaria, como autoridad que concede la ayuda, no tuvo ocasión de evaluar el plan de reestructuración y de supeditar la cancelación de sus títulos de crédito a la ejecución de un plan de reestructuración que estuviera debidamente supervisado. Luego la primero condición formal, que es plenamente aplicable a la evaluación a posteriori, no se cumplió.

(135)

En cuanto al fondo del plan empresarial, las autoridades eslovacas no han presentado información que despejara las dudas de la Comisión sobre si el plan representa un verdadero plan de reestructuración tal como exigen las Directrices de 1999.

(136)

La Comisión no puede sino atenerse a la conclusión a la que llegó en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. El plan empresarial presentado es meramente un plan que aborda el problema agudo del beneficiario: el importe de la deuda con el Estado. El plan no analiza en modo alguno las circunstancias que han generado las dificultades de la empresa ni la situación financiera de la empresa en aquel momento ni sus perspectivas financieras. Al faltar este análisis, el beneficiario no proponía pasos concretos que abordaran las razones individuales que causaron los problemas. La única medida descrita con detalle es la propuesta de reestructuración financiera mediante el convenio con los acreedores.

(137)

El plan no menciona en absoluto el incremento del capital propio del beneficiario, citado por el beneficiario como una de las medidas de reestructuración. Nada en el expediente prueba que la ampliación de capital por parte de Hydree Slovakia debiera ser considerada una medida garante de que el beneficiario no repetiría a largo plazo su estrategia de financiar su producción mediante la deuda del IVA y los impuestos especiales, que es lo que, en definitiva, lo puso en aprietos. Las propias autoridades eslovacas confirmaron que la ampliación de capital en modo alguno disminuyó el riesgo de que se repitiera el problema financiero. Estas dudas cobran aún más peso al considerar que la ampliación de capital ascendía a 21 millones SKK, mientras que la deuda reestructurada era de 644 millones SKK.

(138)

La ampliación de capital en sí no prueba que el mercado creyera en el restablecimiento de la viabilidad del beneficiario a largo plazo. La Comisión señala que el beneficiario no consiguió obtener un préstamo de un banco privado, a pesar de todos sus esfuerzos.

(139)

La Comisión señala, además, que el arrendamiento de las instalaciones de producción a Old Herold s.r.o., competidor del beneficiario, estaba claramente motivado por el hecho de que el beneficiario había perdido su licencia para fabricar bebidas espirituosas y no por el hecho de que la producción generara pérdidas y, por tanto, necesitara ser reestructurada. Es cierto que el propio beneficiario podría haber solicitado una nueva licencia una vez finalizado el convenio, pero no lo hizo. La Comisión, no obstante, señala que el beneficiario sigue vendiendo los productos fabricados por Old Herold utilizando las instalaciones del beneficiario, y lo hace con su propia marca e incluso planea aumentar estas ventas, como declaró en su informe anual para el período comprendido entre el 29 de abril y el 30 de diciembre de 2004. Por tanto, el arriendo de estos activos de producción no puede considerarse una medida de reestructuración ya que, basándose en las pruebas disponibles, no era necesario reestructurar esta parte de la producción.

(140)

En cuanto a las restantes medidas propuestas en el plan empresarial, no han sido despejadas las dudas de la Comisión. Estas medidas son simplemente actividades del funcionamiento normal de la empresa y no medidas de racionalización (venta de equipos o vehículos anticuados). Las dos medidas estructurales propuestas (el cese de la fabricación de productos sin alcohol no rentables y la venta de algunas propiedades inmobiliarias) se describen con mucha vaguedad y sin indicar los productos precisos ni un calendario. Las autoridades eslovacas confirmaron que a 10 de octubre de 2005, no se habían vendido las propiedades inmobiliarias que estaba previsto vender (un edificio administrativo, una tienda e instalaciones recreativas), es decir, que esta medida prevista no se había ejecutado como se anunció.

(141)

La falta de un plan formal de reestructuración y un verdadero análisis de la problemática, las medidas necesarias para atajar los problemas y las condiciones y perspectivas del mercado, todo ello combinado, llevan a la Comisión a la conclusión de que el plan empresarial presentado por el beneficiario no es un auténtico plan de reestructuración como exigen las Directrices de 1999 (37). Las dudas de la Comisión de que el beneficiario logre restablecer su viabilidad a largo plazo, por tanto, no han sido despejadas.

(142)

Aunque su conclusión de que, al carecer de un verdadero plan de reestructuración, sus dudas en cuanto a la viabilidad a largo plazo persisten es ya en sí suficiente para concluir que la ayuda es incompatible con el mercado común, la Comisión analizará también el otro criterio principal de las Directrices de 1999: que la ayuda se limite a lo estrictamente necesario.

(143)

Según el punto 40 de las Directrices de 1999, el importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse a lo estrictamente necesario para permitir la reestructuración en función de las disponibilidades financieras del beneficiario. El beneficiario de la ayuda deberá contribuir de forma importante al plan de reestructuración con cargo a sus propios recursos.

(144)

Los costes de la reestructuración ascendían a 644 591 440 SKK (16,96 millones EUR), el importe total de la deuda reestructurada mediante el convenio. El beneficiario pagó el 35 % de este importe, es decir 225 607 028 SKK (5,93 millones EUR).

(145)

Las autoridades eslovacas no dieron más explicaciones sobre las dudas expresadas por la Comisión a este respecto. El beneficiario explicó cómo financió el pago de la deuda pendiente tras el convenio (véase el considerando 30). Según el beneficiario, su contribución propia ascendía a [menos de 300] millones SKK ([menos de 7,9] millones EUR).

(146)

En primer lugar, la Comisión señala que los recursos de que disponía el beneficiario superaban el importe de la deuda pendiente tras el convenio, lo que sugiere que la ayuda no se limitó a lo estrictamente necesario.

(147)

Y, lo que es más importante, la Comisión considera que el crédito facilitado por Old Herold no puede considerarse contribución propia del beneficiario con arreglo a las Directrices de 1999. Los importes pagaderos constituyen una fuente permanente de financiación del funcionamiento de la empresa. Son créditos a corto plazo que, sin embargo, deben ser devueltos. Solo si los proveedores aceptan un vencimiento del pago superior al normal dispone la empresa de recursos para su reestructuración; este aplazamiento constituye un signo de que el mercado cree en la posibilidad del restablecimiento de la viabilidad.

(148)

El beneficiario no ha demostrado en absoluto que el aplazamiento de pagos de Old Herold superara considerablemente lo que es normal en la práctica comercial entre el beneficiario y sus proveedores. El vencimiento de 40 días parece ser práctica habitual, sobre todo si se tiene en cuenta que se concedió al beneficiario después del convenio. Por tanto, el beneficiario ya no tenía problemas financieros. El fin mismo del convenio era precisamente ayudar al beneficiario a salir de sus problemas financieros.

(149)

La Comisión concluye, por tanto, que este vencimiento aplazado no puede considerarse una contribución a la reestructuración procedente de fuentes externas.

(150)

Sin este aplazamiento, la contribución propia del beneficiario con arreglo a las Directrices de 1999 asciende a [menos de 170] millones SKK ([menos de 4,5] millones EUR) y corresponde por tanto a [menos del 27] % de los costes de reestructuración.

(151)

A diferencia de las nuevas Directrices, las de 1999 no marcan umbrales que indiquen cuándo se considera importante la contribución propia del beneficiario.

(152)

Considerando la práctica de la Comisión al aplicar las Directrices de 1999 y la tendencia en la política de la Comisión a este respecto hacia la introducción de umbrales en las Directrices de 2004 (38), la Comisión considera la contribución del [menos del 27] % bastante baja. Tal contribución podría aceptarse en virtud de las Directrices de 1999 solo si se cumplieran todas las demás condiciones, y la Comisión tendría que tomar en cuenta criterios tales como si la empresa trabaja en una región asistida y en qué medida las fuentes de financiación reflejan la confianza del mercado, además de la del propio beneficiario y sus accionistas, en la viabilidad a largo plazo de la empresa u otras características específicas del asunto.

(153)

A la vista de lo anterior, la Comisión no puede aceptar en el presente asunto que la contribución del beneficiario sea importante. La Comisión concluye que no se han despejado sus dudas en cuanto a si la contribución propia del beneficiario es importante y si la ayuda se limitó a lo estrictamente necesario.

(154)

La Comisión concluye que la ayuda no es compatible con el mercado común como ayuda de salvamento o de reestructuración. Además, tampoco es aplicable al presente asunto ninguna otra excepción establecida en el Tratado CE.

(155)

La Comisión considera que la República Eslovaca condonó ilegalmente la deuda tributaria a Frucona Košice a.s. infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. La ayuda no es compatible con el mercado común con arreglo a ninguna de las excepciones establecidas en el Tratado CE.

(156)

Aun cuando se suspendió la ejecución de la condonación por parte de la Agencia Tributaria a la espera del presente procedimiento, la Comisión considera que la ventaja para el beneficiario se creó en el momento en que la Agencia Tributaria decidió renunciar a parte de sus créditos, poniendo así la ayuda a disposición del beneficiario. Esto se produjo en el momento de la entrada en vigor del convenio de acreedores el 23 de julio de 2004. La ventaja sobre los competidores del beneficiario residía en el hecho de que la Agencia Tributaria no exigió su deuda tributaria.

(157)

Para restablecer la situación anterior a este hecho, debe recuperarse la ayuda.

30.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 112/32

(1)

En virtud del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y el Marco aplicable a las ayudas estatales a la Construcción naval (1) (en lo sucesivo, Marco aplicable) Alemania comunicó a la Comisión, por carta de 19 de octubre de 2005 (registrada por la Comisión el mismo día), la Comisión, su decisión de conceder ayudas regionales a la empresa Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG («Rolandwerft»). Por carta de 16 de noviembre de 2005, la Comisión solicitó más información, que le remitió Alemania por carta de 23 de diciembre de 2005 (registrada el mismo día). Por carta de 18 de enero de 2006 (registrada el mismo día) Alemania introdujo modificaciones en la ayuda notificada.

(2)

La Comisión comunicó a Alemania, por carta de 22 de febrero de 2006, su decisión de incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE debido a estas ayudas. La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión invitó a Alemania y a los demás interesados a que formularan sus observaciones. La Asociación de construcción naval y tecnologías marinas (Verband für Schiffbau und Meerestechnik) se pronunció por carta de 28 de junio de 2006 (registrada el mismo día). El beneficiario formuló sus observaciones mediante carta de 30 de junio de 2006 (registrada el 7 de julio de 2006).

(3)

Las observaciones se comunicaron a Alemania por carta de 17 de julio de 2006. La respuesta de Alemania llegó a la Comisión por carta de 11 de agosto de 2006 (registrada el mismo día).

(4)

Alemania respondió a la incoación del procedimiento de investigación formal por carta de 6 de abril de 2006 (registrada el mismo día). Le siguieron los anexos, remitidos por carta de 11 de abril de 2006 (registrada el 12 de abril de 2006). El 17 de agosto de 2006 la Comisión solicitó información adicional, que Alemania remitió por carta de 14 de septiembre de 2006 (registrada el 15 de octubre de 2006). Alemania transmitió a la Comisión más información por carta de 20 de noviembre de 2006 (registrada el mismo día). El 22 de noviembre de 2006 se celebró una reunión con representantes de Alemania y de los astilleros. Tras esta reunión, Alemania transmitió a la Comisión más información por carta de 24 de noviembre de 2006 (registrada el mismo día).

(5)

La empresa beneficiaria es Rolandwerft. Está localizada en Berne, Baja Sajonia, en el distrito de Wesermarsch (Alemania), región asistida con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE. Los astilleros se encuentran en el río Weser, que desemboca en el Mar del Norte. Pertenecen al Hegemann-Gruppe y se trata de una gran empresa que, de conformidad con la Recomendación de la Comisión sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (2), no puede calificarse de pequeña o mediana empresa.

(6)

Rolandwerft construye buques marítimos. La principal actividad se concentra en la construcción de buques alimentadores, la categoría más pequeña de buques portacontenedores. Además, los astilleros construyen buques especiales, como RoRo/LoLo y de transporte de vehículos. En 1999 Rolandwerft reaccionó ante los cambios en la demanda del mercado y empezó a construir buques más grandes, de una eslora de hasta […] (3) m, un peso de hasta […] t y una capacidad de carga de hasta 850 TEU. Con el fin de poder construir estos buques más grandes, hubo que aplicar un programa de inversiones para adaptar los astilleros, que, entre otras cosas, tenía como finalidad ampliar el elevador de buques. También se había previsto prolongar los muelles de equipamiento, pero hubo que aplazar el plan por razones económicas. Los astilleros Rolandwerft se dedican también a la reparación de buques. Los trabajos de reparación se efectúan tanto en tierra como en el agua.

(7)

Para construir los buques, en primer lugar se prefabrican en la nave 3 las secciones que se montan luego en el exterior en módulos más grandes. Las partes prefabricadas del buque se trasladan desde el taller de montaje externo a la nave de construcción de buques no 1, donde se van ensamblando en los nuevos buques. Una vez terminados, los nuevos buques se ponen en el agua mediante el elevador. El equipamiento posterior se lleva a cabo en uno de los muelles ad hoc previsto para buques de hasta 140 m de eslora. Los componentes del equipamiento se trasladan mediante una grúa de muelle de 50 toneladas y una grúa de construcción de 8 toneladas que se desplazan sobre vías por el muelle.

(8)

Desde principios de los años noventa los astilleros Rolandwerft construían dos buques al mismo tiempo (salvo en épocas de escasa demanda). En el muelle original se podían amarrar a él directamente estos dos buques (que entonces eran más cortos). Cuando Rolandwerft empezó en 1999 la construcción de buques más grandes, el muelle se quedó corto. Por motivos financieros, Rolandwerft no alargó el muelle inmediatamente sino que, como solución transitoria, construía el segundo buque en paralelo al que estaba atracado directamente al muelle («acoderado»). Para cada barco que se equipaba acoderado, Rolandwerft debía alquilar unas […] veces por un plazo de […] una grúa móvil complementaria y […] por […] una grúa flotante más pequeña.

(9)

El equipamiento y reparación de buques acoderados al buque atracado se reveló engorroso, costoso y no rentable. Además, el riesgo de accidentes era más elevado.

(10)

El objetivo de la ayuda es favorecer las inversiones en cinco zonas distintas de los astilleros, a saber, en las naves 1 y 3, en el muelle 1, en equipos de soldadura automática y en la construcción de un muelle suplementario. La mayoría de inversiones ya se han efectuado. La ayuda se solicitó antes de que se iniciaran las inversiones.

(11)

Según indicó Alemania, gracias a las inversiones se crearon 35 puestos de trabajo en Rolandwerft. Parte de las tareas de producción se efectuaban antes en una empresa siderúrgica de […], que fabricaba las secciones prefabricadas de los buques para los astilleros Rolandwerft. Las inversiones permitieron a Rolandwerft reintroducir la fabricación de esas secciones en su propio proceso de fabricación.

(12)

Gracias a las inversiones en la nave 1, esta se alargaría 55 m. Tal como se comunicó a la Comisión, en la actualidad gran parte de los trabajos de construcción de los buques se realiza al aire libre. Una vez materializado el proyecto de inversión, casi todos los trabajos se podrán realizar en la nave.

(13)

En la nave 3 se ubican las instalaciones para la construcción de las secciones. Originalmente la anchura del portón de la nave era de solo 17,4 m, mientras que los buques construidos por Rolandwerft tenían una manga de 22,2 m. En consecuencia, las secciones no se podían fabricar en la orientación necesaria para el montaje, sino que debían construirse dentro de la nave transversalmente para poderlas sacar después por la puerta. Por último, había que girar 90o las secciones con ayuda de grúas móviles para poder unirlas a sus secciones vecinas. Este proceso era largo y costoso. La estrechez del portón de la nave limitaba también la profundidad de las secciones, lo que obligaba a Rolandwerft a fabricar un número mayor de secciones que las estrictamente necesarias. Para corregir esto, había que ensanchar el portón de la nave. Esta parte del proyecto se realizó en 2004.

(14)

Otra parte del proyecto de inversión, realizada en 2004, consistió en prolongar la nave en dirección noroeste. En esta parte de la nave las secciones se sueldan en módulos. Gracias a la ampliación, los trabajos de soldadura se pueden llevar a cabo ahora en la nave, es decir, al abrigo de las inclemencias. Las vías para las grúas se prolongaron hasta la parte nueva de la nave de construcción de las secciones.

(15)

Las secciones se construyen sobre unos soportes para bloques de quilla que también sirven para transportarlas. Como Rolandwerft construye buques más grandes desde las inversiones de 1999, el antiguo sistema de soporte para los bloques de las quillas ya no entra dentro de los aspectos necesarios, según señaló Alemania. Además, antes de soldarlas entre sí, las secciones debían orientarse con extremo cuidado. Para ello, antes de las inversiones se utilizaba una grúa móvil que era lenta y costosa. Por esta razón, los astilleros invirtieron en 2004 en modernos soportes hidráulicos para los bloques de quilla que simplificaban mucho el procedimiento de orientación de las secciones.

(16)

Otro proyecto de inversión, iniciado en agosto de 2005, se refería a la prolongación de la nave 3 en dirección sureste y tenía también por finalidad que no fuera necesario realizar más trabajos al aire libre.

(17)

El proyecto de inversión incluye también la prolongación de las vías para grúas del muelle original en 96 m. Este muelle tiene una longitud de 200 m. Antes de la prolongación, solo alrededor de la mitad de los buques podía equiparse con la grúa. Para la otra mitad Rolandwerft tenía que disponer […] grúas móviles. Se prolongaron las vías de las grúas para poderlas utilizar a lo largo de todo el buque. Esta inversión también se realizó en 2004.

(18)

En 2004 se invirtió, además, en equipos de soldadura automática, con los que se podían llevar a cabo, de forma automática y con más rapidez, los correspondientes trabajos de soldadura.

(19)

El programa de inversiones para los años 2005 y 2006 incluía la construcción de un muelle de equipamiento suplementario; para ello se debía prolongar en unos 180 m el muelle original. Para la construcción del muelle de equipamiento se tenían que realizar las obras siguientes: dragado del piso en el lado río, terraplenado del terreno en el lado tierra y enlace a la red de carreteras y caminos. Además, se debía prolongar otros 150 metros la vía de las grúas, adquirir e instalar otra grúa complementaria de 35 toneladas y realizar las conexiones para el suministro de fluidos. Los trabajos correspondientes se iniciaron en agosto de 2005.

(20)

La decisión de construir buques más grandes a partir de 1999 dio origen a este proyecto de inversiones. Entonces los astilleros invirtieron ya en la rehabilitación del elevador de buques, para adaptar sus instalaciones. Según señaló el beneficiario, las inversiones en el muelle se aplazaron fundamentalmente por dos razones: primero, los medios financieros disponibles se necesitaban urgentemente para los astilleros Peene-Werft pertenecientes también al Hegemann-Gruppe, que en ese momento estaban sometidos a una amplia reestructuración. Debido a un retroceso del mercado, que se mantuvo algunos años, no se pudo disponer de más medios para concluir las medidas inversoras en Rolandwerft. En segundo lugar, estas inversiones eran las más fáciles de retrasar porque el equipamiento y reparación de los buques acoderados era posible técnicamente (aunque poco rentable).

(21)

Otra ventaja del proyecto de inversión es que el nuevo muelle permitirá al astillero en el futuro tomar parte en licitaciones para construcción y reparación de buques de la marina. Debido a los riesgos que conllevan los trabajos en dos buques atracados en paralelo, los astilleros Rolandwerft no podían hasta la fecha construir o reparar buques para la marina alemana. Debido a estos riesgos, la marina alemana no realizaba encargos a Rolandwerft, aunque estos astilleros perteneciera al círculo de los que podían hacerse cargo básicamente de este tipo de trabajos.

(22)

Los costes del proyecto ascienden en total a 13 millones de euros. Estos costes se desglosan de la siguiente manera — Cuadro:

(23)

Alemania ha previsto conceder a Rolandwerft una ayuda estatal por valor de 1,56 millones de euros. Los costes subvencionables del proyecto corresponden a los costes totales de 13 millones de euros; la intensidad de la ayuda es, por consiguiente, del 12 %. La ayuda se concede en el marco de un régimen de régimen de ayudas regionales autorizado por la Comisión (4). La ayuda se solicitó antes de que se iniciara el proyecto de inversión.

(24)

La ayuda la concede el Land de Baja Sajonia a través del Nbank Hannover.

(25)

El procedimiento de investigación formal se incoó porque la Comisión tenía dudas sobre la compatibilidad de la ayuda con el marco aplicable. La Comisión dudaba de que las inversiones en el nuevo muelle de equipamiento pudieran considerarse como inversiones en instalaciones existentes.

(26)

Además, la Comisión sospechaba que las inversiones de Rolandwerft pudieran provocar la ampliación de la capacidad de producción de los astilleros, lo que sería incompatible con el marco aplicable y el mercado común.

(27)

La Comisión recibió observaciones del beneficiario, Rolandwerft, así como de la Asociación de construcción naval y tecnologías marinas (Verband für Schiffbau und Meerestechnik).

(28)

Según el beneficiario, la capacidad de construcción de buques de los astilleros no se incrementará por el proyecto de inversión. El beneficiario señala que también los incrementos de productividad tenían como consecuencia un incremento de la capacidad de las instalaciones correspondientes. Pero ello no significaba necesariamente que se incrementara la capacidad de los astilleros en su conjunto. En el caso de Rolandwerft las inversiones incrementaron la productividad, pero no la capacidad de los astilleros en su conjunto. En vez de eso, el incremento de la productividad se vio absorbido por una mayor actividad de producción interna, que anteriormente estaba subcontratada. Por esta razón no se incrementó el volumen de producción en CGT (compensated gross tonnes).

(29)

El beneficiario presenta una lista de los buques construidos en los últimos años y la cartera de pedidos de los astilleros. En 2004 Rolandwerft construyó […] buques, lo que corresponde a […] CGT. Para 2006 estaba prevista la construcción de […] buques con una capacidad de […] CGT. Para 2007 y 2008 está previsto un volumen de producción anual de […] CGT.

(30)

El beneficiario explica que en el pasado los astilleros habían tenido que comprar ocasionalmente secciones o cascos enteros a terceras empresas. El volumen de producción de Rolandwerft no hubiera podido incrementarse por la compra a proveedores de cascos y secciones ya que equipar los buques requiere tiempo y las instalaciones existentes no permitían un equipamiento eficiente de un mayor número de buques. Por ejemplo, en las naves de construcción de buques existentes solo se podía construir un buque. Para el montaje de los buques en la nave de montaje 1 eran necesarias unas […] semanas por barco.

(31)

El beneficiario suministró información sobre el procedimiento de fabricación de los astilleros. Según ella, los astilleros están ya en pleno rendimiento y no hay posibilidades de poder fabricar más buques tras la ejecución del proyecto de inversión. Las instalaciones de los astilleros se limitan a una capacidad total de alrededor de […] a […] CGT, que se podía haber alcanzado antes de la ejecución del proyecto de inversiones mediante la subcontratación de parte de los trabajos.

(32)

El beneficiario asegura que gracias al proyecto de inversión, los astilleros estarían en situación de participar en las licitaciones para la construcción, reparación y acondicionamiento de buques de la armada. Hasta ahora los astilleros no habían tenido esta posibilidad ya que los trabajos se hubieran tenido que efectuar con los buque acoderados. Por consiguiente, el volumen de producción en CGT disminuiría en relación con el nivel actual, ya que los buques de la armada no se consideran buques mercantes. Por último, el beneficiario señala que aunque la Comisión no comparta el punto de vista de Alemania de que el marco aplicable no prohíbe las ayudas a la inversión a proyectos ligados a un incremento de la producción, este argumento no tiene relevancia a la hora de valorar la compatibilidad de la ayuda a Rolandwerft con el mercado común porque en este caso no hay incremento de capacidad.

(33)

El beneficiario explica también que las inversiones afectan exclusivamente a instalaciones existentes. En el caso concreto de las inversiones para prolongar los muelles, con el fin de poder equipar ambos buques directamente en las instalaciones de los muelles, no se trataba de construir instalaciones nuevas. Los astilleros disponen ya de dos atracaderos en paralelo para equipar los buques. El beneficiario destaca que los atracaderos paralelos representan un riesgo elevado y que por esta razón la marina se negaba a hacer encargos a Rolandwerft. La inversión prevista consistía en una renovación de los muelles existentes para incrementar su productividad. El beneficiario informó sobre cuántas semanas al año se utilizaba el atracadero paralelo y sobre cómo se utilizaría en el futuro.

(34)

El beneficiario señaló además que la prolongación de la vía de las grúas y la instalación de una grúa en conexión con la prolongación del muelle serviría para eliminar la utilización de grúas móviles y flotantes utilizadas actualmente para equipar los buques en el atracadero paralelo. El equipamiento del segundo buque directamente del muelle, que sería posible gracias al proyecto de inversión, incrementaría la rentabilidad y la productividad.

(35)

La Asociación alemana de construcción naval y tecnologías marinas (Verband für Schiffbau und Meerestechnik, en lo sucesivo, «la Asociación») opina que la preocupación de la Comisión sobre un posible incremento de la capacidad no puede desprenderse del Marco aplicable. Estas dudas tampoco están justificadas por la situación actual del mercado, en particular, la ayuda prevista no provocaría un falseamiento de la competencia.

(36)

La Asociación añade que la orientación de la política comunitaria en el ámbito de las ayudas estatales para la construcción naval habían cambiado los últimos años. Los marcos aplicables no incluían cláusulas que impidieran la concesión de ayudas a la inversión para el incremento de la capacidad. La Asociación considera que las cláusulas de este tipo no deben considerarse ya pertinentes. También señaló la Asociación que las reglas específicas del sector que anteriormente figuraban en los marcos aplicables se habían abandonado en la medida de lo posible. La cuestión de la capacidad se citaba solo en relación con las ayudas al cierre. Otros tipos de ayuda, como las ayudas a la reestructuración, entraban dentro de las disposiciones generales para ayudas estatales.

(37)

La Asociación señaló también una interpretación restrictiva de las disposiciones se opondría a la iniciativa LeaderSHIP 2015, que forma parte de la aplicación de la estrategia de Lisboa. La competitividad y la productividad de la industria europea deben incrementarse mediante inversiones en investigación, desarrollo e innovación, lo que hace necesario invertir en instalaciones industriales modernas. Si las ayudas estatales a la inversión no pudieran ir acompañadas de un incremento de las capacidades, irían en contra del objetivo de la iniciativa LeaderSHIP, fundamentalmente contra el objetivo de garantizar y fortalecer la posición en determinados segmentos del mercado. Uno de estos segmentos es el mercado de buques portacontenedores pequeños y medianos, en el que Europa sigue conservando una excelente posición frente a Corea y China.

(38)

La Asociación considera que las inversiones previstas no falseaban la competencia. Actualmente no existe exceso de capacidad, ya que el mercado mundial de construcción naval está experimentando un ciclo de expansión. La demanda sigue siendo favorable, aunque se prevé una ligera recesión en los años 2008/2009. El crecimiento constante del comercio mundial incrementa también el tráfico marítimo. Esto afecta sobre todo al transporte de productos industriales en buques portacontenedores. Se incrementó la demanda de buques más grandes, de 5 000 a 8 000 TEU, que no pueden entrar en puertos pequeños. A consecuencia de ello cada vez es mayor la demanda de buques alimentadores más pequeños para la distribución final de los contenedores. Los astilleros Rolandwerft podrían construir buques de hasta 900 TEU.

(39)

Según señala la Asociación, los buques alimentadores son un importante segmento del ámbito de actividad de los astilleros alemanes. Con todo, los principales competidores son los astilleros chinos, líderes del mercado con un 42,5 % de los pedidos a nivel mundial. El segundo lugar lo ocupa Alemania con el 26,8 % de los pedidos.

(40)

En el segmento de los buques de hasta 900 TEU hay pocos competidores europeos, según indica la Asociación, localizados sobre todo en Alemania y los Países Bajos. La Asociación ve en este segmento un alto potencial de crecimiento. Como los astilleros chinos ofrecen sus buques a precios demasiado bajos, los astilleros alemanes y europeos solo podían mantener su posición de mercado si ofrecían alta calidad e incrementaban constantemente su productividad.

(41)

La Asociación aduce, además, que China y Vietnam seguirán incrementando sus capacidades de construcción naval y, por tanto, su cuota de mercado. Los que demuestra que la competencia en la construcción naval tiene lugar más a nivel global que europeo.

(42)

En sus comentarios sobre la incoación del procedimiento de investigación formal, Alemania hace hincapié en que el considerando 26 del Marco aplicable no incluye disposición alguna sobre la capacidad. En particular, el considerando 26 no incluye ninguna regla que declare inadmisibles las ayudas a la inversión para proyectos que, como resultado de un aumento de la productividad, desemboquen en un incremento de la capacidad. Alemania subraya, además, que el aumento de la productividad de la industria de la construcción naval constituye uno de los objetivos esenciales de la política comunitaria en este sector económico. La iniciativa LeaderSHIP 2015 tiene por objetivo mejorar la posición competitiva de los astilleros europeos y eliminar las desventajas que la industria europea de la construcción naval sufre debido a la subvención de la construcción naval en Asia. Según Alemania, este objetivo solo puede alcanzarse aumentando la productividad.

(43)

Alemania sostiene además la opinión de que del considerando 3 del Marco aplicable no se puede desprender que haya que tener en cuenta las repercusiones de un proyecto de inversión sobre las capacidades al evaluar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común. Además, el sector de la construcción naval ya no está determinado por las características citadas en el considerando 3 del Marco aplicable, sino que se distingue en la actualidad esencialmente por una buena cartera de pedidos, altos precios y limitaciones de capacidad.

(44)

Alemania destaca sobre todo que la cuota de mercado de la industria de construcción naval europea se había reducido en las últimas décadas y que Japón, Corea y China habían incrementado las suyas con ayuda de subvenciones estatales. Estas subvenciones se citan en el considerando 3, letra c, del Marco aplicable como uno de los factores que hay que tener en cuenta. Por consiguiente, los astilleros europeos deben hacer todos los esfuerzos posibles para incrementar su productividad.

(45)

En opinión de Alemania, todo incremento en productividad genera automáticamente una mayor producción de las instalaciones. Un incremento en la productividad según el Marco aplicable no puede significar, por consiguiente, que la misma cantidad se produzca con menos input, es decir, con menos gasto. Alemania hace referencia por último a la finalidad de las ayudas regionales, que deben ir destinadas a contribuir al desarrollo regional y a la creación de empleo. Un incremento de la productividad no debería, en este sentido, tener por consecuencia una disminución de empleo.

(46)

En relación con la situación del mercado, Alemania indica que el tráfico de mercancías se está incrementando y se puede observar una tendencia a utilizar buques más grandes en el segmento de los buques portacontenedores. Existen ya buques con una capacidad de carga de 5 000 TEU y en las últimas previsiones se habla ya de buques de una capacidad de carga de 8 000 TEU. Como estos grandes buques no pueden entrar en muchos puertos, se necesitan buques más pequeños para seguir distribuyendo el cargamento. Por esta razón no se reducirá la demanda de buques alimentadores de 850 TEU, como los que construye Rolandwerft.

(47)

Además, Alemania explica en detalle el proyecto de inversión y adjunta fotografías para ilustrar las medidas y la situación de los astilleros.

(48)

La ampliación de la nave 1 permitirá a los astilleros construir un buque completo en la nave de montaje, lo que ahora no se puede realizar. Al cubrir las zonas de fabricación existentes los trabajos serán más productivos y eficaces.

(49)

Alemania explica también que un buque atracado en el muelle 1 solo ocupa en la actualidad dos tercios del mismo. Se alargará la parte sur del muelle no utilizado. No se trata, pues, de la construcción de una «nueva instalación» a efectos del Marco aplicable. Tan pronto como se haya prolongado el muelle, se le dotará de una grúa que sustituirá a la grúa móvil utilizada hasta ahora.

(50)

Alemania señala que el atracadero paralelo se ha utilizado […] al año (entregas incluidas) de 2003 a 2005. Alemania confirma una vez más que el atracadero paralelo se transferirá al nuevo muelle. Este nuevo muelle se utilizará en un año el mismo tiempo que el atracadero paralelo en los últimos años. Alemania precisa también que el equipamiento de un buque en el segundo atracadero implicaba un mayor riesgo, ya que la grúa flotante necesaria debe colocarse en medio del Weser. En el futuro ya no será necesario equipar ningún buque en el segundo atracadero del muelle 1.

(51)

Según el punto de vista expresado por Alemania, la prolongación del muelle de equipamiento, que permitirá el equipamiento de un segundo buque desde el muelle, no debe equipararse a la construcción de una nueva instalación. Se trataría simplemente de una ligera prolongación del muelle existente. Incluso sin el proyecto de inversión, el muelle ya era más largo que un buque alimentador, de forma que los astilleros podían en cualquier caso equipar dos buques más cortos al mismo tiempo.

(52)

Alemania argumenta que Rolandwerft disponía ya de dos puntos de equipamiento, aunque uno de ellos se encontrara, por así decir, en segunda «fila». Como el segundo barco no estaba al alcance de las grúas del muelle, había que utilizar grúas móviles o flotantes. Tras prolongar el muelle, el trabajo será mucho más eficaz, ya que el buque podrá equiparse directamente desde el muelle. Alemania alega además que la marina alemana se negaba a hacer encargos a Rolandwerft debido a que los trabajos de equipamiento que los astilleros efectuaban en segunda línea.

(53)

Alemania argumenta que el traslado del segundo punto de atraque a un muelle ya existente prolongado no equivale a la construcción de una nueva instalación, sin más bien una medida para incrementar la productividad de los dos puntos de atraque, que ya no se dispondrán en paralelo sino uno detrás del otro. La nueva grúa, que se instalará en el nuevo muelle, sustituirá a las grúas móviles y flotantes usadas en la actualidad. Gracias a la utilización de las nuevas grúas el trabajo será más productivo.

(54)

Alemania destaca que la medida era necesaria porque el equipamiento de un buque en segunda fila reclama mucho tiempo y es poco eficiente. Además el proyecto da la posibilidad a Rolandwerft de participar en licitaciones para repara y transformar buques de la marina alemana.

(55)

Alemania explica además que originalmente Rolandwerft construía buques alimentadores más pequeños y que dos podían atracar en el muelle simultáneamente. La demanda del mercado se ha concentrado sin embargo en buques alimentadores más anchos y largos, de tal manera que dos de estos buques no caben uno detrás del otro al mismo tiempo en el muelle. Por esta razón, los astilleros han comenzado a atracar un segundo buque en paralelo al buque situado directamente en el muelle, para su equipamiento y reparación. La prolongación del muelle sería por lo tanto simplemente una adaptación de la instalación de equipamiento a buques más largos.

(56)

Alemania asegura que en el pasado Rolandwerft colaboró ocasionalmente con los astilleros de Peene y que había equipado cascos de buques prefabricados por estos. Últimamente, sin embargo, Rolandwerft solo ha fabricado buques totalmente construidos en sus astilleros. Alemania explica que las actividades de reparación no se podrán ampliar mientras se mantenga el volumen actual de nuevas construcciones. Parte de los trabajos de reparación se ejecutan en tierra. Para ello sería necesario el taller de montaje externo que ya se utiliza para la fabricación de nuevos buques.

(57)

Alemania añade que la nueva grúa no se utilizará solo en el nuevo muelle sino que originará también una optimización del levantamiento de cargas en el muelle original, al aumentar la capacidad de carga máxima en dicho muelle.

(58)

Alemania señala que la Asociación apoya su punto de vista. Alemania considera que las observaciones de la Asociación son muy pertinentes ya que representa los intereses políticos y económicos del sector económico alemán del transporte marítimo, de los astilleros alemanes y de sus proveedores. Además, en calidad de representante de los distintos grupos de interés, la Asociación dispone de la última información sobre los mercados. Si la Asociación llega a la conclusión de que la ayuda prevista a Rolandwerft no perjudica a la industria de construcción naval de Alemania, la Comisión debería tenerlo en cuenta. Alemania señala también que la Comisión no ha recibido observación negativa alguna contra la ayuda.

(59)

Respecto a las observaciones del beneficiario mismo, Alemania recuerda que Rolandwerft explica que el proyecto de inversión no provocará un aumento de la capacidad. Alemania reafirma que no considera esta cuestión relevante para valorar la compatibilidad de la ayuda.

(60)

Según el artículo 87 del Tratado CE, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, el criterio para que una ayuda afecte a los intercambios comerciales se cumple cuando la empresa beneficiaria ejerce una actividad económica que es objeto de comercio entre Estados miembros.

(61)

La subvención la concede el Land de Baja Sajonia por lo que puede imputarse al Estado. Otorga una ventaja a Rolandwerft que no hubiera podido obtener en el mercado. Rolandwerft ejerce sus actividades en la construcción de buques marítimos. Como estos se comercializan, la medida amenaza con distorsionar la competencia y afecta al comercio entre los Estados miembros. En consecuencia, la subvención constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE y como tal debe evaluarse.

(62)

El artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE establece excepciones a la aplicación de la prohibición general de ayudas establecida en el apartado 1.

(63)

Para evaluar las ayudas en la construcción naval, la Comisión ha adoptado un Marco aplicable las mismas. En él se recogen disposiciones especiales para las ayudas a favor de la industria de construcción naval, en la medida en que las características del sector hacen necesario un tratamiento específico. En el sentido de este Marco, el término «construcción naval» designa la construcción en la Comunidad de buques mercantes marítimos autopropulsados. «Reparación naval» es la reparación o renovación, en la Comunidad, de buques marítimos autopropulsados. La actividad de Rolandwerft entra dentro de estas definiciones, por consiguiente la ayuda en cuestión debe evaluarse a la luz del Marco aplicable. Rolandwerft no construye buques pesqueros comunitarios. Según las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (5), no están autorizadas las ayudas a los astilleros para la construcción de buques pesqueros comunitarios.

(64)

En el considerando 26 del Marco aplicable se lee: «Una ayuda regional a la construcción, la reparación o la transformación de buques solo podrá ser considerada compatible con el mercado común si cumple las siguientes condiciones: debe concederse para invertir en la mejora o modernización de astilleros ya existentes, no estar vinculada a una reestructuración financiera del astillero o astilleros de que se trata y tener por objetivo mejorar la productividad de instalaciones existentes».

(65)

La intensidad de la ayuda no debe superar el 12,5 % o el límite máximo de ayuda regional aplicable de conformidad con el artículo 7, apartado 3, letra c), del Tratado CE, de los dos, el que sea inferior. En el presente caso se debe aplicar el valor máximo del 12,5 %. Además, la ayuda debe limitarse a los gastos subvencionables según la definición de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (6) aplicables.

(66)

Estas medidas de inversión sirven para la racionalización del proceso de producción de Rolandwerft gracias a la rehabilitación de las instalaciones y al cubrimiento de la zona de trabajo que antes estaba al aire libre. Por esta razón estas medidas se pueden contemplar como inversiones en la modernización o mejora de unos astilleros existentes.

(67)

Parte del proyecto se refiere a la prolongación de la nave 1, así como la prolongación de la nave 3 hacia el noroeste y el sureste. La Comisión considera que estas prolongaciones de las naves para buques afectan a instalaciones existentes. El proyecto no conduce de facto a la construcción de una nave para buques suplementaria. La prolongación tiene solo por finalidad que las actividades de construcción naval que antes se realizaban al aire libre, se efectúen ahora en la nave.

(68)

Las demás inversiones en la nave 3 para prolongar las vías de la grúa y ampliar el portón, así como la modernización del soporte para los bloques de quilla, también deben considerarse como inversiones en instalaciones existentes. La Comisión considera además que la prolongación de la vía para la grúa en el muelle 1 y las inversiones en los modernos equipos de soldadura automática constituyen también inversiones en instalaciones existentes. La Comisión ha expresado esta postura en su decisión sobre la incoación del procedimiento de investigación formal.

(69)

La Comisión admite que las inversiones están destinadas a incrementar la productividad de instalaciones existentes. La prolongación de las naves debe llevar a un incremento de la productividad a partir del momento en que los trabajos se podrán llevar a cabo al abrigo de las inclemencias. El ensanchamiento del portón de la nave 3 supondrá una considerable reducción de los costes, ya que no habrá que girar las secciones y se podrán fabricar secciones más profundas. Lo mismo se puede aplicar a la prolongación de la vía de grúa de la nave 3 y del muelle 1, gracias a la cual se podrá evitar la utilización de grúas móviles […], la adquisición de soportes hidráulicos para los bloques de quilla, gracias a los cuales ya no harán falta alinear manualmente cada una de las secciones y la adquisición de equipos de soldadura automática, con los cuales se reducirán el tiempo y el gasto ligados a la soldadura manual.

(70)

Mientras que los proyectos de inversión tendrán efectos claros sobre la productividad, los efectos sobre la capacidad serán, por el contrario, escasos, porque no se crea ninguna instalación nueva y los incrementos de la capacidad serán solo consecuencia del incremento de productividad de las instalaciones existentes. El beneficiario señala, por otra parte, que el incremento de productividad no implica, como tal, incremento alguno de la capacidad de los astilleros en TBC, ya que el incremento de productividad de las instalaciones se absorberá por una mayor fabricación interna debida a la integración de tareas que antes se realizaban externamente. Por consiguiente, la Comisión considera que no existe un incremento desproporcionado de las capacidades.

(71)

Por todo ello, la Comisión llega a la conclusión de que las medidas 1 a 6 del cuadro del considerando 20 pueden considerarse como inversiones para la modernización o mejora de unos astilleros existentes para incrementar la productividad de instalaciones existentes. Los costes correspondientes por un valor de 8 360 000 EUR deben considerarse pues como costes subvencionables.

(72)

Las medidas 7 y 8 del cuadro del considerando 20 se refieren a la construcción de un muelle suplementario y la adquisición de una nueva grúa. La Comisión considera que estas inversiones deben calificarse como medidas de mejora o modernización por dos razones. En primer lugar, ya antes del proyecto de inversión Rolandwerft llegaba a equipar y reparar dos buques al mismo tiempo, al atracar un buque en paralelo al que ya lo estaba directamente al muelle. Esta procedimiento era poco eficiente y muy costoso. Gracias a las inversiones se pueden atracar directamente al muelle dos buques y proceder a su equipamiento en mejores condiciones. En segundo lugar, en el caso de estas inversiones se trata de las últimas de una serie de inversiones iniciadas en 1999 para adaptar los astilleros a la construcción de buques más grandes. Los astilleros había modificado su producción porque la demanda se había desplazado de buques alimentadores mucho más pequeños a los buques alimentadores tal como los fabrica hoy Rolandwerft. La Comisión considera que adaptar la producción a las demandas del mercado puede considerarse como una modernización.

(73)

El objetivo de las inversiones es también incrementar la productividad de las instalaciones existentes. El equipamiento de los buques en el muelle original será más económico porque los buques ya no estarán atracados el uno junto al otro y no habrá que atravesar el buque situado más cerca del muelle. Aunque se puede admitir que el nuevo muelle no equivale simplemente a trasladar una instalación ya existente, la Comisión considera que la construcción de un nuevo muelle de equipamiento provocará un incremento de la productividad del muelle original.

(74)

También la segunda grúa, que se instalará en el muelle prolongado, provocará un incremento de la productividad en el muelle original. La capacidad de carga acumulada de ambas grúas se eleva a un total de 85 toneladas, en comparación a la capacidad de carga máxima anterior de 50 toneladas. De esta forma las grúas del muelle también podrían levantar cargas para las que antes se necesitaba una grúa flotante. Tras las inversiones solo se necesitará una grúa flotante para instalar el motor del buque. Las demás tareas de izado se podrán llevar a cabo con las dos grúas del muelle prolongado. Por otra parte, la grúa original se utiliza frecuentemente para tareas efectuadas en una zona de construcción exterior más pequeña situada directamente detrás del muelle. Tras las inversiones, la segunda grúa podrá utilizarse cuando la primera sea necesaria para tareas en esta zona de construcción exterior. Así pues, los trabajos de equipamiento ya no se deberán interrumpir en tales fases.

(75)

Por ello la Comisión ha llegado a la conclusión de que el objetivo de las inversiones es incrementar la productividad de las instalaciones existentes de los astilleros.

(76)

La Comisión está también convencida de que las inversiones no supondrán un alza desproporcionadas de las capacidades.

(77)

En primer lugar, la Comisión constata que Rolandwerft equipa simultáneamente dos buques desde hace más de 15 años. El equipamiento de buques en segunda línea se había previsto como solución provisional hasta que se llevaran a cabo las inversiones en el muelle. Según indicaciones de Alemania el hecho de que esta solución de transición se mantuviera durante un período tan largo, se debe achacar a la especial situación del mercado y las especiales circunstancias de los astilleros. El grupo Hegemann, como propietario de los astilleros, decidió invertir los recursos disponibles en los astilleros de Peene. Una vez finalizado el proyecto de reestructuración de los astilleros de Peene en 2005, y ante la recuperación del mercado, el grupo Hegemann estaba en condiciones de realizar el proyecto de modernización de Rolandwerft. Dado que los astilleros habían equipado regularmente dos buques al mismo tiempo en los últimos 15 años (con interrupciones en los momentos de menor demanda), la Comisión no tiene motivo alguno para concluir que Rolandwerft disponía, en el momento anterior a las inversiones, de la capacidad de equipar únicamente un solo buque.

(78)

Desde un punto de vista técnico, los estrangulamientos de las fases anteriores de trabajo, a saber, las naves de construcción de los buques y la zona de construcción exterior, impiden a Rolandwerft aumentar su rendimiento en la construcción de nuevos buques y su actividad de reparación. Las naves y la zona de construcción exterior se explotan ya al máximo, lo que impide el potencial incremento de la producción. Respecto a la actividad de reparación de los astilleros, Alemania ha explicado que alrededor del 50 % de los encargos de reparación se debían llevar a cabo en tierra, es decir, en la zona de construcción exterior, pero que su capacidad estaba ya ocupada por las nuevas construcciones. Por ello, los trabajos de reparación suplementarios solo se puede efectuar en vez de las nuevas construcciones navales y no complementariamente. Los mismos argumentos se pueden aplicar a la transformación de buques. Como las inversiones no se refieren a estos estrangulamientos, la capacidad de nuevas construcciones navales, así como las reparaciones y las transformaciones no puede aumentar. Además, hay que señalar que estos estrangulamientos específicos de las instalaciones solo se podrían eliminar con un gran coste, ya que para ello había que duplicar todo el proceso de producción.

(79)

La Comisión ha examinado también si el nuevo muelle llevaría a un incremento de la capacidad de los astilleros en el ámbito del equipamiento de cascos fabricados por terceros. En este caso también, el estrangulamiento se sitúa en las naves de construcción de los buques. Mientras que los nuevos buques construidos por Rolandwerft reciben ya un equipamiento previo en sus naves de construcción de los astilleros, los cascos fabricados por terceros vienen por lo general completamente vacíos y exigen considerables operaciones de montaje y equipamiento. Para montar los casos, se necesitan en el muelle instalaciones técnicas que normalmente se utilizan en las naves para la construcción de nuevos buques. Si se están utilizando las naves de construcción de buques y las instalaciones correspondientes, estas no pueden servir al mismo tiempo para el equipamiento de los cascos. En consecuencia, Rolandwerft no puede ampliar sus actividades en el campo de equipamiento de los cascos fabricados por terceros y mantener al mismo tiempo su fabricación de nuevos buques y de reparación al elevado nivel actual.

(80)

Alemania ha declarado además que el equipamiento de cascos no se efectúa actualmente y tampoco está previsto. En los años de gran demanda esta actividad era muy improbable porque los proveedores potenciales de cascos tenían encargos para años y por lo tanto Rolandwerft no podía conseguir en el mercado cascos ya fabricados de la elevada calidad necesaria. Esta indicación está confirmada por las actividades comerciales efectivas de Rolandwerft en estos últimos años, en los que los astilleros no han equipado complementariamente cascos prefabricados mientras que teóricamente hubiera podido hacerlo en el atracadero paralelo de buques. Alemania ha explicado además que, en caso de un retroceso del mercado a consecuencia de cual los proveedores tendrían de nuevo capacidades libres y por lo tanto se podría disponer de cascos en el mercado, cabe suponer que también se reduciría la cartera de pedidos de Rolandwerft. En tal caso, y por razones de rentabilidad, Rolandwerft trataría de aprovechar sus propias capacidades para la construcción de cuerpos de buques y no para el equipamiento de cascos prefabricados. Incluso si los astilleros equiparan cascos prefabricados, el equipamiento se realizaría en sustitución de la construcción de buques nuevos y no como suplemento a esta actividad.

(81)

La Comisión constata también que, aun en el caso de que debido a las inversiones se llegara hipotéticamente a un ligero incremento de las capacidades en el ámbito del equipamiento de cascos fabricados por terceros, dicho incremento sería en cualquier caso mínimo por las razones técnicas expuestas. Dado que el incremento de productividad alcanzado, consecuencia principalmente de las reducciones de costes originados por la utilización de grúas alquiladas, sería considerable, un incremento moderado de las capacidades debido al equipamiento ocasional de cascos no puede considerarse desproporcionado.

(82)

La Comisión constata también que, con el fin de respaldar su afirmación de que no se han buscado incrementos de capacidad, Rolandwerft ha ofrecido el compromiso de no incrementar la utilización del nuevo muelle durante cinco años. Este compromiso presentado por Alemania prevé que los astilleros limiten sus actividades en el nuevo muelle en el campo de las nuevas construcciones, el equipamiento de cascos prefabricados, así como la reparación y la transformación, a […] al año durante cinco años tras la finalización de las inversiones en el nuevo muelle. La utilización del nuevo muelle solo durante […] corresponde a las actividades planificadas de los astilleros para los próximos años, tal como se presentaron a la Comisión. Además, Rolandwerft se ha comprometido a no construir en segunda línea durante el mismo período. La Comisión constata que estos compromisos no pueden considerarse como prueba de que las inversiones no supongan incremento alguno de la capacidad. Considera, sin embargo, este compromiso como otra prueba de que las razones técnicas, prácticas y económicas planteadas por el beneficiario están justificadas y que el objetivo de las inversiones no es incrementar las capacidades sino mejorar la productividad.

(83)

La Comisión considera, por consiguiente, que las inversiones en el nuevo muelle y la adquisición de la nueva grúa consisten en mejorar o modernizar unos astilleros existentes con el fin de incrementar la productividad de las instalaciones existentes. La inversión no conduce a un incremento desproporcionado de las capacidades. La Comisión considera, por lo tanto, que la construcción de un nuevo muelle y la adquisición de la nueva grúa cumplen los requisitos contemplados en el marco aplicable a las ayudas regionales a la inversión. Son subvencionables, por consiguiente, las inversiones por un valor de 4 640 000 EUR.

(84)

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la ayuda regional prevista a favor de Rolandwerft, a saber 12 % de 13 000 000 EUR, o sea 1 560 000 EUR, cumple las condiciones contempladas en el marco aplicable para las ayudas regionales. La ayuda prevista cumple, por lo tanto, todos los requisitos para considerarla compatible con el mercado común,

30.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 112/41

(1)

Mediante carta de 19 de febrero de 2004 (D/51178), la Comisión envió una solicitud de información a las autoridades francesas relativa al régimen de arrendamiento fiscal en favor de determinadas empresas autorizadas por el Ministerio responsable del presupuesto, establecido por el artículo 77 de la Ley no 98-546 de 2 de julio de 1998, por la que se establecen distintas disposiciones de carácter económico y financiero (2). Mediante carta de 18 de marzo de 2004, las autoridades francesas pidieron una prórroga del plazo que se les había asignado para proporcionar la información solicitada. La Comisión recibió, mediante carta de 3 de mayo de 2004 (A/33117), dicha información de las autoridades francesas. Mediante carta de 6 de julio de 2004 (D/54933), la Comisión pidió a las autoridades francesas que presentasen información complementaria, que llegó el 2 de agosto de 2004 (A/36007).

(2)

Mediante carta de 14 de diciembre de 2004 (D/205909), la Comisión notificó a las autoridades francesas la decisión de incoar el procedimiento formal de examen en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado. Esta decisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3). En esta decisión, la Comisión invitaba a Francia y a las partes interesadas a presentar sus observaciones en un plazo determinado.

(3)

Mediante carta de 6 de enero de 2005 (A/30266), y posteriormente de 4 de febrero de 2005, las autoridades francesas pidieron la prórroga de este plazo, peticiones a las que la Comisión accedió mediante cartas, respectivamente, de 11 de enero de 2005 (D/50220) y de 16 de febrero de 2005 (D/51190).

(4)

La Comisión recibió, el 15 de marzo de 2005 (A/32251), las observaciones de las autoridades francesas. También recibió, dentro del plazo señalado, observaciones de dieciséis partes interesadas, que se transmitieron a las autoridades francesas el 9 de junio de 2005 (D/54454).

(5)

Mediante carta de 7 de julio de 2005 (A/35587), las autoridades francesas pidieron a la Comisión la prórroga del plazo que se les había asignado con el fin de comentar las observaciones de las partes interesadas. La Comisión accedió a la petición, y las autoridades francesas le presentaron, por último, sus observaciones mediante carta de 20 de julio de 2005 (A/35981).

(6)

Mediante correo electrónico de 2 de marzo de 2006 (A/31655), las autoridades francesas transmitieron a la Comisión observaciones complementarias relativas al régimen en cuestión.

(7)

Según el artículo 39 C, primer párrafo, del «Code général des impôts» (Código General de Impuestos, CGI), la amortización de los bienes arrendados o puestos a disposición de cualquier otra forma se reparte a lo largo del período normal de utilización.

(8)

El artículo 77 de la Ley no 98-546 introduce dos disposiciones en el CGI destinadas a luchar contra la evasión fiscal en las operaciones de financiación de bienes muebles por asociaciones y agrupaciones de interés económico (AIE) (4).

(9)

El artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI establece que la amortización fiscalmente deducible de un bien arrendado por una AIE no puede exceder del importe del alquiler percibido por esta, previa deducción de las otras cargas correspondientes al mencionado bien.

(10)

En efecto, debido a la amortización decreciente y a la concentración de los gastos financieros, por definición, en los primeros años de utilización del bien, los resultados de la AIE son muy deficitarios durante este tiempo y se vuelven positivos en un segundo período, cuando el importe de las rentas percibidas es superior a los costes totales (amortizaciones y gastos financieros incluidos). Puesto que las AIE se rigen por el régimen de sociedades, los déficit que registran durante sus primeros años de actividad se deducen de los beneficios imponibles obtenidos por sus miembros por razón de sus actividades. El límite máximo de amortización previsto en el artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI tiene por objeto luchar contra un uso abusivo de este tipo de financiación con fines de evasión fiscal.

(11)

En el CGI se introdujo una excepción a esta limitación, instaurando un sistema de amortización favorable en favor de determinadas empresas. Así pues, el artículo 39 CA del CGI dispone que el límite máximo previsto en el artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI no es aplicable a la financiación por parte de las AIE de bienes muebles amortizables según el método decreciente a lo largo de un período de al menos 8 años (5), cuando esta operación haya recibido la autorización previa del Ministerio del presupuesto.

(12)

Esta autorización se supedita a varias condiciones, básicamente las siguientes:

(13)

En general, la AIE —constituida, en general, por entidades financieras— adquiere el bien que debe financiarse a precio de mercado y lo da en arrendamiento financiero a su usuario. Las rentas pagadas por el usuario y el precio del ejercicio de la opción de compra al final del contrato permiten a la AIE cubrir su propia financiación, intereses y capital incluidos.

(14)

Además de la supresión del límite máximo de la amortización (6), la concesión de la autorización ministerial permite aumentar en un punto el coeficiente de amortización decreciente aplicable habitualmente al bien en cuestión. Además, la reventa del bien por la AIE a su usuario, especialmente cuando han transcurrido dos tercios de la duración normal de uso del bien, queda exenta de la plusvalía de cesión.

(15)

Por lo que se refiere a la condición relativa a la existencia de un interés económico y social significativo (7), las autoridades francesas indicaron que no existen directrices para evaluar este interés, y que el examen se realiza teniendo en cuenta, por una parte, las repercusiones indirectas de la inversión en el empleo, en las condiciones de competencia y en el desarrollo de la actividad en la zona económica en cuestión, incluida, en particular, la contribución al desarrollo o a la creación de un centro de producción, gestión o decisión; y, por otra parte, la contribución de esta inversión a la mejora de la seguridad y la protección del medio ambiente.

(16)

Por lo que se refiere a la retrocesión al usuario del bien de al menos dos tercios del beneficio fiscal obtenido por la AIE gracias a la autorización (8), del artículo 39 CA del CGI se desprende que esta deberá materializarse como una disminución del importe del alquiler o como una reducción del importe de la opción de compra. Además, el importe exacto del beneficio fiscal que debe ser retrocedido por la AIE al usuario debe determinarse en el momento de concederse la autorización.

(17)

A petición de la Comisión, las autoridades francesas proporcionaron un desglose, por sector de actividad, de todos los solicitantes de autorización, así como de los beneficiarios reales del régimen en cuestión:

(18)

En este contexto, las autoridades francesas indicaron que de las 56 solicitudes que no obtuvieron la autorización, 21 solicitudes fueron objeto de desistimiento, 13 solicitudes se archivaron definitivamente y 22 solicitudes fueron denegadas. Por lo que respecta a las 22 solicitudes denegadas, las autoridades francesas precisaron que 15 de ellas correspondían a operaciones de financiación de bienes del ámbito del transporte marítimo, y las otras 7 a la financiación de bienes del ámbito del transporte aéreo.

(19)

Las autoridades francesas indicaron también que los procedimientos de autorización en virtud del artículo 39 CA del CGI se suspendieron el 14 de diciembre de 2004, fecha en la que se les notificó la decisión de incoar el procedimiento formal de examen.

(20)

En su decisión de 14 de diciembre de 2004, la Comisión consideró que parecía haberse concedido un beneficio, en aplicación del artículo 39 CA del CGI, a los inversores, miembros de las AIE fiscales, y a los usuarios de los bienes financiados por AIE. Por lo que respecta a la selectividad de la medida en cuestión, la Comisión destacaba, por una parte, que el Ministerio responsable del presupuesto parecía disponer de un poder discrecional en la valoración de las condiciones para la concesión de la autorización, que le permitían seleccionar, según criterios subjetivos, a los beneficiarios del régimen en cuestión. Por otra parte, todo indicaba que el régimen fiscal del artículo 39 CA del CGI constituía una medida de ayuda en beneficio, principalmente, del sector del transporte. La Comisión consideró, en este contexto, que la medida en cuestión no parecía poder justificarse por la naturaleza o la economía del sistema fiscal francés. Según ella, los beneficios en cuestión implicaban también una utilización de los recursos estatales, así como una distorsión de la competencia, viéndose afectados los intercambios intracomunitarios.

(21)

Por otra parte, por lo que respecta al examen de la compatibilidad del régimen en cuestión con el mercado común, la Comisión consideró, en esta fase, que ninguna de las excepciones previstas en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado eran pertinentes en el presente contexto. El régimen fiscal en cuestión no parecía cumplir las condiciones de las orientaciones, marcos y directrices comunitarias adoptados en el ámbito de las ayudas estatales. Este régimen parecía, por tanto, incompatible con el mercado común.

(22)

La Comisión, en consecuencia, decidió incoar el procedimiento formal de examen con el fin de disipar sus dudas sobre la calificación como ayuda estatal del régimen en cuestión, y en cuanto a su compatibilidad con el mercado común.

(23)

En el marco de sus observaciones, las autoridades francesas sostienen, en primer lugar, que el régimen del artículo 39 CA del CGI no constituye una ayuda estatal. Solo sería una disposición técnica de aplicación de Derecho común que permite poner bajo la vigilancia de las autoridades públicas el modo de financiación en cuestión, y no una excepción al Derecho común. La limitación de la amortización deducible prevista en el artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI tendría por objeto, al establecer una presunción de evasión fiscal, impedir el recurso a este mecanismo de financiación con fines de evasión fiscal. El régimen del artículo 39 CA del CGI tendría por objeto también luchar contra la evasión fiscal. No obstante, los bienes de equipo pesados a que se refiere esta disposición presentan un plazo de rendimiento de la inversión relativamente largo, por lo que el recurso al arrendamiento financiero estaría motivado no solo por una pretensión de optimización fiscal, sino también por una necesidad económica.

(24)

En este contexto, las autoridades francesas alegan que el conjunto de condiciones que deben cumplirse para la concesión de la autorización permitirían efectuar un control, a priori, de las operaciones de financiación de bienes de equipo mediante el alquiler con opción a compra, y descartar como beneficiarias del régimen fiscal en cuestión a todas las financiaciones cuya justificación principal sea la evasión fiscal.

(25)

Este sería, en particular, el caso de la condición consistente en que la inversión debe presentar un interés económico y social significativo, en particular en términos de empleo, cuyo cumplimiento supone que la solicitud de autorización vaya aparejada a compromisos de contratación. A este respecto, las autoridades francesas precisan que los empleos creados deben mantenerse durante el período mínimo de explotación del bien, es decir, durante la duración del contrato de alquiler o puesta a disposición, lo que representa como mínimo 8 años. Según estas, los empleos creados deben permitir un aumento neto del número de asalariados de la empresa que solicita la autorización, y los empleos deben estar directamente vinculados con la inversión.

(26)

Las autoridades francesas precisan, a este respecto, que determinadas solicitudes de autorización han sido objeto de una denegación debido a la falta de un interés económico y social significativo del proyecto de financiación presentado. Dos tipos de situaciones caracterizan la ausencia de tal interés. En primer lugar, la falta de contratación o de contratación suficiente, tanto cuantitativa como cualitativamente, para reforzar o permitir la implantación de un centro de decisión y gestión. En segundo lugar, la hipótesis según la cual la situación financiera del solicitante le permitiría recurrir a otros medios de financiación que no presenten carácter de incentivo.

(27)

La condición vinculada a la retrocesión al usuario de la mayor parte del beneficio fiscal, del que gozan los miembros de la AIE en aplicación del artículo 39 CA del CGI, permitiría también luchar contra la evasión fiscal, al excluir del beneficio de este dispositivo a las operaciones cuyo único fin sea generar beneficios de tesorería.

(28)

Por otra parte, las autoridades francesas alegan que el dispositivo de control establecido de esta manera no presenta un carácter discrecional. Hacen referencia, a este respecto, a la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés en virtud de la cual una autorización, tal como la prevista en el artículo 39 CA del CGI, no tendría carácter discrecional, sino que únicamente conferiría al Ministerio responsable del presupuesto competencias para garantizar que la operación en cuestión cumple las condiciones fijadas por la ley (9).

(29)

En cualquier caso, el beneficio fiscal vinculado a la deducción del importe de la amortización no equivaldría a una pérdida de ingresos fiscales, sino a un reparto diferente, en el tiempo, de la base imponible. Además, la determinación del porcentaje concreto del beneficio mantenido por los inversores, miembros de la AIE, equivaldría a una remuneración cuyo importe resultaría de las condiciones de mercado y de una negociación comercial clásica.

(30)

Por lo que respecta a la selectividad del régimen fiscal en cuestión alegada por la Comisión, las autoridades francesas exponen varios argumentos.

(31)

En primer lugar, dicho régimen constituiría una medida de carácter general susceptible de afectar tanto al sector industrial como al sector del transporte. A título de ejemplo, las autoridades francesas hacen referencia al material de transformación de la pasta de papel, a las cubas de almacenamiento de hidrocarburos, a las prensas de imprenta y a los grupos frigoríficos, que serían bienes industriales que pueden ser amortizados según el método decreciente a lo largo de al menos ocho años. Además, las autoridades francesas indican que determinados medios de transporte están excluidos del ámbito de la disposición, como los camiones y los autobuses, debido a su inferior duración de amortización. La duración de la amortización en cuestión se aplicaría pues a todos los bienes para los que la obtención de un rendimiento de la inversión requiere un plazo bastante largo.

(32)

En segundo lugar, la concentración del beneficio del régimen en cuestión en favor del material de transporte resultaría, en realidad, de acontecimientos independientes de la voluntad de las autoridades francesas, a saber: por una parte, de la evolución de la situación financiera de las empresas industriales, y por otra parte, del atractivo que tenga para los inversores el material de transporte. En efecto, este último incluye activos muy atractivos a ojos de los inversores, que con el fin de limitar sus riesgos, eligen bienes fácilmente negociables en el supuesto de que el explotador encontrase dificultades.

(33)

En tercer lugar, el régimen en cuestión no favorecería a las empresas francesas, en la medida en que la nacionalidad no es un factor que se tenga en cuenta para convertirse en miembro de una AIE. Un inversor extranjero, en particular una entidad financiera, podría así beneficiarse de dicho régimen y de los beneficios de tesorería resultantes, independientemente del lugar de su residencia fiscal.

(34)

En cualquier caso, suponiendo que el régimen del artículo 39 CA del CGI constituya una excepción al Derecho común, tendría un ámbito de aplicación no limitado, una duración de aplicación ilimitada, y estaría basado en criterios objetivos y horizontales de lucha contra la evasión fiscal. Escaparía por tanto a la calificación de ayuda estatal, al igual que el régimen fiscal en cuestión en la Decisión 96/369/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, relativa a una ayuda fiscal en forma de amortización en beneficio de las compañías aéreas alemanas (10).

(35)

Por otra parte, por lo que respecta a la exención de la plusvalía de cesión del bien, las autoridades francesas indican que el beneficio fiscal que obtienen los miembros de la AIE de esta exención debe también retrocederse, en una cuantía de al menos dos tercios, al usuario final del bien. Las autoridades sostienen que esta exención, sujeta a condiciones, se justifica por la naturaleza y la economía del sistema fiscal francés. Esta exención sería necesaria, en caso de cesión anticipada, con el fin de garantizar el mantenimiento del beneficio fiscal resultante de la deducción de la amortización en las condiciones del Derecho común. Además, las autoridades francesas alegan que esta exención será de Derecho común a partir del 1 de enero de 2007. En efecto, a partir de esta fecha, las plusvalías de cesión de títulos de participación que se mantengan durante más de dos años quedarán exentas, a reserva de un porcentaje por gastos y cargas igual al 5 % del resultado neto de las plusvalías de cesión tenidas en cuenta para la determinación del resultado imponible. Ahora bien, habida cuenta de la fecha de celebración de los contratos de puesta a disposición de los bienes celebrados entre las AIE y los usuarios, la fecha en la que sería posible la cesión anticipada de estos bienes sería posterior al 1 de enero de 2007, no pudiendo producirse esta cesión hasta el vencimiento de los dos tercios de la ejecución de dichos contratos. Los miembros de las AIE se beneficiarían, por tanto, de esta exención en aplicación del Derecho común.

(36)

Las autoridades francesas destacan también que la exención de la plusvalía de cesión no es automática. Una de las condiciones para esta exención sería que el usuario real del bien demuestre que, habida cuenta del coste de este, no puede adquirirlo directamente sin poner en peligro su equilibrio financiero. Ahora bien, según el informe del ponente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de 25 de marzo de 1998, esta condición debe considerarse en el contexto de la aplicación de mecanismos alternativos a la deducción fiscal para la suscripción de cuotas de copropiedad de buques («quirats»), suprimida por la ley de finanzas para 1998 (en lo sucesivo denominado «régimen de participaciones»).

(37)

Por lo que respecta a la compatibilidad del régimen fiscal en cuestión con el mercado común, las autoridades francesas alegan que, suponiendo que este régimen constituyese una ayuda estatal, se ajusta al artículo 87, apartado 3, del Tratado, puesto que facilita el desarrollo de determinadas actividades, sin alterar las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común. En efecto, la disposición del artículo 39 CA del CGI no favorecería a los operadores económicos nacionales en detrimento de los operadores de los otros Estados miembros, y no sería más ventajosa que los regímenes existentes en otros Estados miembros.

(38)

Las autoridades francesas hacen referencia, a este respecto, a la situación particular del transporte marítimo, cuyos operadores son los principales usuarios del régimen en cuestión. Constatan, a este respecto, que este régimen es una medida de efecto equivalente al régimen de participaciones –régimen relativo a la financiación de buques registrados en Francia– que ya fue notificado y aprobado por la Comisión sobre la base del artículo 87, apartado 3, del Tratado (11). El régimen de participaciones se derogó en 1998 a causa de su excesivo coste presupuestario. Las autoridades también señalan que el legislador decidió adaptar el arrendamiento fiscal en un contexto caracterizado por el estancamiento del número de buques comerciales registrados en Francia, y con la voluntad de reducir el gasto fiscal. La entrada en vigor del artículo 39 CA del CGI no implicó el crecimiento del sector marítimo francés, sino la consolidación y la renovación de la flota con pabellón francés. Ahora bien, durante el mismo período, las flotas de otros Estados miembros aumentaron, tanto en número de unidades como en tonelaje. Por tanto, la entrada en vigor de dicho régimen no ha perjudicado al desarrollo del sector marítimo de los otros Estados miembros.

(39)

Además, el régimen del artículo 39 CA del CGI se inscribiría perfectamente en el marco de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al transporte marítimo (en lo sucesivo «Directrices comunitarias de 1997») y de la Comunicación C(2004) 43 de la Comisión —Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al transporte marítimo (en lo sucesivo «Directrices comunitarias de 2004») (12). En particular, el régimen contribuiría a promover la competitividad de las flotas comunitarias en el mercado mundial del transporte marítimo, a proteger el empleo comunitario tanto a bordo como en tierra, a mantener y mejorar los conocimientos técnicos marítimos de la Comunidad y a desarrollar las aptitudes marítimas (punto 2.2. de dichas Directrices comunitarias). Además, contribuiría eficazmente a la mejora de la seguridad y a la protección del medio ambiente, al permitir la renovación de la flota. Por lo que respecta, más concretamente, al mantenimiento del empleo de los navegantes y los empleos en tierra de alta calidad, las autoridades francesas recuerdan que, entre las contrapartidas que se exigen para la expedición de la autorización, figura la necesidad de disponer, en el territorio de la Unión, de un centro de decisión estratégico relativo a la gestión de las actividades marítimas y a la gestión de los buques. Los empleos vinculados a la gestión directa del transporte marítimo, así como los vinculados a las actividades conexas, como el seguro, el corretaje y las financiaciones, se beneficiarían por tanto indirectamente del régimen fiscal en cuestión.

(40)

Las autoridades francesas señalan, no obstante, que ni las directrices comunitarias de 1997 (13) ni las de 2004 (14) establecen un vínculo estricto entre las ayudas necesarias para el mantenimiento y el desarrollo del transporte marítimo y el nivel de los empleos creados. Por otro lado, en las Directrices comunitarias de 2004 se manifiesta lo siguiente: «actualmente, nada indica que existan falseamientos de la competencia entre los Estados miembros en una medida contraria al interés común», y «estas medidas han permitido preservar empleos de alta calidad […]» (punto 3.1).

(41)

Por último, por lo que respecta a la aplicación en este caso del principio de la confianza legítima, las autoridades francesas hacen referencia a la Decisión 2002/15/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, relativa a la ayuda estatal aplicada por Francia en favor de la empresa «Bretagne Angleterre Irlande» («BAI» o «Brittany Ferries») (15), en la que se examinó el régimen en cuestión.

(42)

Las autoridades francesas también hacen referencia a su carta a la Comisión de 17 de marzo de 1998 (A/32232), en la que se describe la introducción de los artículos 39 C, segundo párrafo, y 39 CA, del CGI. Dichas autoridades consideran que, a pesar de lo expuesto en esta carta, así como de los distintos asuntos examinados por la Comisión (16) en el marco de los cuales se hizo mención al artículo 39 del CGI, no se ha incoado ningún procedimiento relativo a este régimen durante los seis años siguientes a su entrada en vigor.

(43)

En estas circunstancias, el silencio de la Comisión crea una confianza legítima por lo que respecta a la compatibilidad del artículo 39 CA del CGI con el mercado común, que se opone a cualquier solicitud eventual de recuperación frente a las empresas en cuestión.

(44)

Dieciséis partes interesadas han transmitido sus observaciones a la Comisión, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado, en el plazo correspondiente. La lista de estas partes interesadas figura adjunta a la presente Decisión.

(45)

Por lo que respecta, en primer lugar, a la cuestión de la calificación del régimen en cuestión como ayuda, la mayoría de las partes interesadas se oponen a la posición de la Comisión a este respecto.

(46)

Así pues, según la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCE), Calyon Corporate and Investement Bank (en lo sucesivo denominado «Calyon») y BNP Paribas (en lo sucesivo denominado «BNP»), lo previsto en el artículo 39 CA del CGI no constituye una ayuda estatal, sino que crea un régimen de control de la aplicación del Derecho común relativo a las amortizaciones de determinados activos. Según estas entidades, la combinación de los artículos 39 C, segundo párrafo, y 39 CA del CGI tiene por objetivo luchar contra las pérdidas excesivas de ingresos fiscales, tal como muestran los trabajos parlamentarios previos a la aprobación de la Ley no 98-546 (informe de la Comisión de Finanzas a la Asamblea Nacional de 25 de marzo de 1998).

(47)

La Société General (SG), BNP y Brittany Ferries alegan, por su parte, que el artículo 39 CA del CGI no crea un perímetro fiscal que suponga una excepción al Derecho común, sino que constituye una vuelta al Derecho común en materia de amortización. Se trataría por tanto de un régimen de carácter general. Según la SG, el beneficio económico resultante de la imposición diferida en aplicación del artículo 39 CA del CGI debe compararse con el Derecho común de las amortizaciones y no con el régimen restrictivo excepcional del artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI. Además, el régimen en cuestión estaría abierto a todos los actores económicos que operan en territorio francés, y el artículo 39 CA del CGI no hace referencia, por otra parte, a ningún bien o sector económico concreto. Los beneficios resultantes de la aplicación de este artículo no estarían por tanto reservados ni a la flota comercial marítima francesa ni a las entidades bancarias francesas.

(48)

Por otra parte, la identidad de los miembros de la AIE no constituye un criterio para la concesión de la autorización, y el régimen en cuestión no contiene ninguna restricción por lo que respecta a los miembros de la AIE, aportantes de capacidad fiscal. Según estas partes interesadas, no puede considerarse de forma razonable que las disposiciones combinadas de los artículos 39 C y 39 CA del CGI confieran un beneficio fiscal selectivo a los miembros de las AIE.

(49)

Por otra parte, la autorización prevista en el artículo 39 CA del CGI no se concede discrecionalmente. Por el contrario, según Gaz de France y el BNP, la concesión de la autorización ministerial está sujeta a condiciones objetivas y no discriminatorias. BNP recuerda a este respecto que, según la jurisprudencia del Tribunal (17), corresponde a la Comisión demostrar el trato discrecional de los operadores económicos en el marco de medidas individuales. En efecto, la existencia de un margen de apreciación por parte de la administración podría conducir a la constatación de la naturaleza selectiva de una medida únicamente cuando se cuestiona una medida individual y no el régimen general en el que se basa esta medida. A este respecto, cabe recordar que la administración fiscal no puede imponer condiciones no previstas por la ley. Ahora bien, en este caso concreto, la ley prevé explícitamente cuáles son los criterios aplicables para apreciar la existencia de un «interés económico y social significativo». El BNP, la CNCE y Calyon se refieren, en este contexto, a la decisión del Consejo Constitucional (18) invocada por las autoridades francesas. En cualquier caso, toda decisión de denegación de autorización podría ser objeto de un recurso de anulación ante un tribunal administrativo, que se pronunciaría en función de la motivación aportada a esta denegación.

(50)

Según Calyon y BNP, la selectividad del régimen en cuestión resulta de la práctica del mercado y de las particularidades de los activos de transporte (determinadas garantías de reciclado y de liquidez a largo plazo), y no del contenido del artículo 39 CA del CGI. En efecto, los bienes de transporte presentan particularidades que permiten las financiaciones a largo plazo. Por otra parte, incluso suponiendo que el artículo 39 CA del CGI no exija la autorización previa del Ministerio responsable del presupuesto, los beneficiarios de esta disposición serían los mismos que actualmente.

(51)

Además, según el BNP, las condiciones de aplicación del artículo 39 CA del CGI se justifican por la naturaleza y la economía del sistema fiscal francés, puesto que algunos sectores de actividad requieren inversiones considerables.

(52)

La CNCE alega también que pueden obtenerse beneficios financieros similares a los resultantes de la aplicación del artículo 39 CA del CGI mediante la aplicación de disposiciones de Derecho común. En efecto, las especificidades del artículo 39 CA del CGI no crean una verdadera diferenciación con el Derecho común de las amortizaciones desde el punto de vista de la importancia de las consecuencias fiscales. Según la CNCE, estas especificidades son, por una parte, el beneficio del aumento en un punto del coeficiente de amortización decreciente y, por otra parte, la posibilidad de beneficiarse de la exención de la plusvalía de cesión. BNP admite no obstante que el Estado calcule el coste presupuestario de la aplicación del artículo 39 CA tomando como referencia el artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI.

(53)

Por lo que respecta al aumento en un punto del coeficiente de amortización, el beneficio se vería compensado por el hecho de que los déficit registrados solo son deducibles, en aplicación del artículo 39 CA del CGI, hasta una cuarta parte de los beneficios imponibles para el impuesto sobre sociedades de Derecho común que cada miembro de la AIE obtiene de sus actividades. Además, este beneficio fiscal tendría por objeto compensar las dificultades o las restricciones específicas impuestas a efectos de la concesión de la autorización. El BNP precisa, a este respecto, que el beneficio que obtiene la AIE del aumento en un punto del coeficiente de amortización está condicionado y es relativamente modesto. No podría, en ningún caso, suponer una ventaja competitiva. Air France indica, en este contexto, que una financiación realizada en aplicación del régimen en cuestión genera, en comparación con una financiación realizada mediante empréstito directo, un ahorro de entre el 6 y el 10 % del precio de la aeronave. Alega también que el ahorro obtenido por el arrendatario es totalmente comparable al beneficio financiero que resultaría en caso de recurrirse a otros regímenes fiscales.

(54)

Por lo que se refiere a la exención de la plusvalía de cesión, la CNCE observa que la posibilidad de solicitarla deriva de la economía del sistema fiscal francés y no podría, por tanto, calificarse como ayuda estatal. Su fundamento económico la haría necesaria o funcional en relación con la eficacia del sistema. La exención de la plusvalía de cesión se justifica, según la CNCE, por la necesidad de mantener el beneficio de tesorería resultante del primer apartado de la disposición del artículo 39 CA del CGI. Según Calyon, en el caso particular de los buques, la exención permite poner al armador en una situación comparable a la que habría tenido si hubiera comprado el buque directamente y si hubiera tenido una capacidad financiera suficiente para deducir fiscalmente las amortizaciones. Según el BNP, la exención de la plusvalía tiene por objeto no poner en entredicho el beneficio fiscal derivado de la imposición diferida, en caso de que el usuario ejerza anticipadamente la opción de compra. La SG indica, por su parte, que la exención de la plusvalía de cesión no es más que la contrapartida a las dificultades específicas del régimen fiscal en cuestión, tales como la prohibición de ceder las partes del arrendador, salvo petición expresa en este sentido presentada originalmente por el usuario. Ahora bien, el incremento de los gastos de explotación para el usuario compensaría esta exención.

(55)

Según Brittany Ferries, la exención de la plusvalía prevista por el artículo 39 CA del CGI no es, por otra parte, más favorable que la resultante de las disposiciones de Derecho común (a reserva de un porcentaje de gastos y cargas del 5 %) aplicables a partir del año 2007.

(56)

Air France alega que el ahorro resultante de este régimen fiscal es comparable al obtenido por otros modos de financiación con exacciones fiscales que existen en el mundo. Por otra parte, las operaciones financiadas en aplicación del artículo 39 CA del CGI tienen contrapartidas que relativizan las ventajas de este régimen. Air France señala además que, en algunos casos, la AIE puede repercutir contractualmente al arrendatario los riesgos fiscales y gastos correspondientes, lo que tendría como consecuencia reducir significativamente el ahorro que realizan los usuarios.

(57)

Por último, varias partes interesadas, entre las que figura la Compagnie Méridionale de Navigation, mantienen que el régimen en cuestión introduce, para los armadores, numerosas dificultades que constituyen contrapartidas exigidas por el Estado para la concesión de la autorización. Así pues, los beneficios resultantes de este régimen fiscal compensarían los costes adicionales de la gestión de buques con pabellón francés, lo que se debe esencialmente al coste de la tripulación francesa, que es uno de los más elevados de Europa. Fouquet Sacop destaca, a este respecto, que este régimen le condujo a optar por un rápido crecimiento bajo pabellón francés, al compensarse las dificultades y los costes adicionales vinculados a este pabellón con el régimen fiscal en cuestión. CMA CGM, Broström Tankers, Pétro Marine y Louis Dreyfus Armateurs alegan por su parte que, si no se hubieran beneficiado de dicho régimen, no habrían podido garantizar sus inversiones bajo pabellón francés y participar así en el desarrollo de la flota comunitaria. Bourbon Maritime indica, por su parte, que el dispositivo del artículo 39 CA del CGI permite mantener empleos de alta calidad vinculados a la gestión directa del transporte marítimo y a sus actividades conexas, y que contribuye eficazmente a la mejora de la seguridad y la protección del medio ambiente.

(58)

Por lo que respecta, en segundo lugar, a la condición del artículo 87, apartado 1, del Tratado, relativa a la repercusión en los intercambios entre Estados miembros, varias partes interesadas destacan que los miembros de las AIE y los usuarios de los bienes en cuestión pueden ser operadores extranjeros o sus filiales francesas. Además, el régimen en cuestión no sería más favorable que los existentes en otros Estados miembros. La SG precisa, a este respecto, que entre sus clientes afectados por las autorizaciones, los franceses constituían una minoría.

(59)

Por lo que se refiere, en tercer lugar, a la compatibilidad del régimen en cuestión con el mercado común, la CNCE destaca que las autorizaciones concedidas a los operadores marítimos se inscriben en el espíritu de las directrices comunitarias de 1997 y 2004 (19). La medida en cuestión sería así compatible con el mercado común en aplicación del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, interpretado a la luz de los principios enunciados en dichas directrices comunitarias.

(60)

Brittany Ferries alega que el régimen del artículo 39 CA del CGI es compatible con el mercado común, en aplicación del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, en la medida en que esta disposición solo tiene por objeto paliar las deficiencias del mercado en materia de financiación de inversiones en bienes de equipo pesados. Por otro lado, la mayoría de las partes interesadas destacan que los otros Estados miembros han reaccionado en consecuencia estableciendo disposiciones similares.

(61)

Por lo que respecta, en cuarto lugar, a la aplicación en este caso del principio de confianza legítima, la mayoría de las partes interesadas –beneficiarios del régimen– mantienen que siempre han tenido la convicción de que la medida en cuestión no constituye ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado. La aplicación, en este caso concreto, del principio mencionado se opondría a cualquier recuperación.

(62)

A este respecto, la SG indica que, en virtud del régimen anterior al que nos ocupa, los déficit de las asociaciones generados por las amortizaciones eran íntegramente imputables a los resultados fiscales de los miembros de estas sociedades. Ahora bien, la Comisión no habría considerado nunca que este régimen de Derecho común pudiese constituir una ayuda estatal.

(63)

También se alega que la Comisión se ha abstenido de intervenir durante seis años. Según Calyon, la Comisión parece haber tenido conocimiento de varias operaciones de financiación de activos en aplicación del artículo 39 CA del CGI sin haber planteado nunca la cuestión de su validez respecto al artículo 87 del Tratado (20). La CNCE mantiene, a este respecto, que el plazo transcurrido entre la fecha en la que la Comisión tuvo conocimiento de la ayuda y la fecha de apertura del procedimiento formal de examen es excesivamente largo, y Calyon califica este plazo de poco razonable. Por otra parte, la Comisión ya había establecido excepcionalmente la existencia de una confianza legítima del beneficiario opuesta al reembolso de la ayuda, cuando había transcurrido un plazo de cerca de tres años entre el conocimiento de la medida por la Comisión y la adopción de su decisión final (21).

(64)

Algunas partes interesadas destacan también que la Comisión ha aprobado anteriormente el régimen de participaciones –régimen más favorable fiscalmente que el régimen que se trata en este caso– y que esta circunstancia fue la causa de su confianza legítima en la legalidad del régimen en cuestión. Por otra parte, según la CNCE, el nacimiento de una confianza legítima de los beneficiarios no supone que la Comisión se haya pronunciado sobre un régimen idéntico. La aceptación de un régimen similar podría generar tal confianza. Así pues, en su decisión de 8 de mayo de 2001 (22), la Comisión aceptó un régimen similar. La CNCE y la SG hacen referencia también a varios regímenes similares aprobados por la Comisión (23), así como a la sentencia del Tribunal RSV/Comisión (24).

(65)

Más específicamente, Brittany Ferries considera que la decisión de la Comisión, de 8 de mayo de 2001 (25), fue la causa de su confianza legítima por lo que respecta al hecho de que el régimen en cuestión no supone ayudas estatales.

(66)

La CNCE destaca también que Francia adoptó la Ley no 98-546 unos tres meses después de haber informado a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. Al no haber respondido la Comisión en los dos meses siguientes a la notificación, la medida en cuestión correspondería al régimen de las ayudas existentes en el sentido de la jurisprudencia Lorenz (26).

(67)

Por otra parte, dos partes interesadas presentaron observaciones a la Comisión en el marco del procedimiento formal de examen, solicitando que no se revelase su identidad.

(68)

La primera de estas partes, en las observaciones que transmitió a la Comisión dentro del plazo señalado, alega que el régimen en cuestión es ilegal. Solicita a la Comisión la ampliación del ámbito del presente procedimiento administrativo al régimen de participaciones. Esta parte considera, al igual que la Comisión en su decisión de apertura del procedimiento formal de examen, por una parte, que el régimen en cuestión es selectivo por cuanto favorece a los armadores franceses y, por otra parte, que afecta a los intercambios entre los Estados miembros, en particular en el mercado trans-Canal de la Mancha. Alega, a este respecto, que el régimen de que se trata en este caso, que sucede al régimen de participaciones, se introdujo con el fin de satisfacer a la industria marítima francesa, tal como se desprende del informe de la Comisión de Finanzas de 25 de marzo de 1998.

(69)

Además, al favorecer a los operadores franceses, el régimen fiscal en cuestión contribuye al aumento del exceso de capacidad en el mercado trans-Canal de la Mancha, permitiendo la adquisición de nuevos buques por operadores del sector que no tienen medios financieros para ello. Por otra parte, la distorsión de la competencia resultante de la aplicación de este régimen quedaría ilustrada por las adquisiciones de buques, a través de este mecanismo fiscal, por las compañías Seafrance y Brittany Ferries. De este modo, la capacidad de estas compañías habría aumentado considerablemente tras la adquisición de nuevos buques.

(70)

La segunda parte interesada, que ha solicitado que no se revele su identidad, hace referencia en sus observaciones a la posición competitiva preferencial de que se benefician los operadores franceses, entre los que figura Brittany Ferries, debido a la financiación de sus buques a través del régimen en cuestión. Esta parte hace referencia, a este respecto, al mantenimiento de Brittany Ferries en las líneas trans-Canal de la Mancha y en la línea Francia/Irlanda, a pesar de las condiciones de competencia desfavorables existentes en estas líneas, que condujeron a la desaparición de P&O del mercado.

(71)

Según las autoridades francesas, las observaciones de la mayoría de los terceros interesados confirman su posición en cuanto a la apreciación del régimen en cuestión, que es la siguiente:

(72)

Por lo que se refiere a las observaciones presentadas por las dos partes interesadas cuya identidad se ha mantenido confidencial, las autoridades francesas destacan que se basan en datos inexactos o imprecisos.

(73)

Por lo que respecta al argumento según el cual el beneficio concedido a Brittany Ferries, consistente en poderse acoger al régimen fiscal de la AIE, habría conducido indirectamente a la retirada de P&O del Canal de la Mancha occidental y central, las autoridades francesas contestan que solo dos buques de Brittany Ferries se beneficiaron del régimen, y que la financiación de su buque «Mont St Michel» por este mecanismo fue aprobada mediante decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2001 (27).

(74)

A este respecto, las autoridades británicas realizaron una investigación profunda de la competencia con motivo de la retirada del mercado del operador mencionado. Ahora bien, sus conclusiones no mencionan una posible distorsión de la competencia como la causa de la retirada de este operador. Además, la reducción del volumen de negocios de algunos operadores resultaría del aumento constante de la competencia de las compañías aéreas de bajo coste, y no de la puesta en servicio de buques recientes por otros armadores.

(75)

Por lo que respecta a la voluntad de una de estas partes interesadas de que la Comisión amplíe el ámbito de su examen al régimen de participaciones, las autoridades francesas recuerdan que este régimen se declaró compatible con las normas del Tratado mediante la Decisión de 3 de mayo de 1996.

(76)

Por último, el aumento de la capacidad trans-Canal de la Mancha no se debe a que las compañías se hayan beneficiado del régimen de las AIE fiscales. Convendría, a este respecto, tener en cuenta los nuevos elementos en las líneas en las que operaban anteriormente operadores históricos. Las autoridades francesas indican también, en este contexto, que Eurotúnel duplicó la capacidad de transporte del servicio de carga entre 2000 y 2003 y que P&O compró las participaciones del operador Stena-Line y modernizó su flota.

(77)

Tras el procedimiento formal de examen incoado sobre la base del artículo 88, apartado 2, del Tratado, y habida cuenta de los argumentos presentados en este contexto por las autoridades francesas y las partes interesadas, la Comisión considera que el régimen fiscal del artículo 39 CA del CGI constituye una ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(78)

De conformidad con el artículo 87, apartado 1, del Tratado, «serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(79)

La calificación de una medida nacional como ayuda estatal supone que se cumplen las condiciones acumulativas siguientes: 1) la medida en cuestión confiere una ventaja por medio de recursos estatales; 2) esta ventaja es selectiva; y 3) la medida en cuestión falsea o amenaza con falsear la competencia y es susceptible de afectar a los intercambios entre Estados miembros (28).

(80)

Conviene exponer las razones por las que se considera que el régimen del artículo 39 CA del CGI, descrito anteriormente, cumple estas condiciones acumulativas.

(81)

Cabe recordar que, según el artículo 39 C, primer párrafo, del CGI, la amortización de los bienes arrendados o puestos a disposición de cualquier otra forma se reparte a lo largo de la duración normal de utilización.

(82)

El artículo 39 C, segundo párrafo, y el artículo 39 CA del CGI contienen las normas de amortización aplicables a la financiación, en particular por AIE, de bienes arrendados o puestos a disposición. Según las autoridades francesas, estas dos disposiciones se introdujeron con el fin de luchar contra un recurso abusivo a este modo de financiación.

(83)

Las autoridades francesas, así como las partes interesadas, alegan que el régimen del artículo 39 CA del CGI supone una vuelta al Derecho común en materia de deducción de las amortizaciones, es decir, a las disposiciones del artículo 39, apartado 1, segundo párrafo, y del artículo 39 C, primer párrafo, de dicho código, y no constituye por tanto una ayuda estatal. El artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI constituiría una excepción a las disposiciones de estos artículos.

(84)

Según jurisprudencia reiterada, la aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado va dirigida únicamente a determinar si, en el marco de un régimen jurídico concreto, una medida oficial puede favorecer «a determinadas empresas o producciones» frente a otras, que se encuentren, con respecto al objetivo perseguido por dicho régimen, en una situación de hecho y de Derecho comparable (29).

(85)

Por tanto, para definir lo que constituye una ventaja, en el sentido de la jurisprudencia relativa al concepto de ayuda estatal, es imprescindible determinar la norma de referencia o el régimen común aplicable, en el marco de un régimen jurídico concreto, con los que se comparará esta ventaja (30). A este respecto, el Tribunal estableció que la determinación del marco de referencia reviste una mayor importancia en el caso de medidas fiscales, puesto que la existencia de una ventaja solo puede establecerse en relación con una imposición «normal», es decir, al tipo de imposición vigente en la zona geográfica de referencia (31).

(86)

Ahora bien, en este caso concreto, con el fin de determinar esta norma de referencia en el marco del régimen de amortización de los bienes arrendados o puestos a disposición, solo deben tenerse en cuenta las disposiciones relativas a la financiación de tales bienes por asociaciones, como las AIE. En su defecto, las situaciones de hecho y de Derecho que se tengan en cuenta a efectos de la determinación de la ventaja no serían comparables, ni desde el punto de vista de los miembros de la AIE ni desde el de los usuarios de los bienes en cuestión.

(87)

Así pues, la norma de referencia aplicable en este caso para la determinación de la amortización deducible es la limitación en principio de esta amortización para bienes financiados por AIE, prevista en el artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI (32). No podría tratarse del artículo 39 C, primer párrafo, del CGI, al no ser aplicable esta disposición a una operación de financiación por AIE, es decir, por estructuras que agrupan a varias entidades jurídicas, en general entidades financieras, que distribuyen entre ellas los riesgos inherentes a la operación, por oposición a una operación de financiación realizada por una única entidad financiera que asume ella sola los riesgos en cuestión. A este respecto, conviene por otro lado indicar que, contrariamente a los modos de financiación que no recurren a una AIE, una operación de financiación por un estructura fiscalmente transparente permite un máximo beneficio fiscal, ya que los resultados deficitarios registrados por la AIE durante sus primeros años de actividad se deducen de los beneficios imponibles obtenidos por sus miembros de sus actividades corrientes.

(88)

La Comisión considera, por tanto, que las autoridades francesas y algunas partes interesadas no tienen razones para alegar que el régimen del artículo 39 CA del CGI constituye una vuelta al Derecho común de las amortizaciones, y que el artículo 39 C, segundo párrafo, de dicho código, constituye el régimen de referencia para la evaluación del beneficio fiscal resultante de la aplicación del artículo 39 CA. Cabe también destacar que el artículo 39 CA del CGI prevé expresamente que el beneficio fiscal en cuestión se calcula a partir del saldo de los valores actualizados positivos o negativos correspondientes respectivamente a las reducciones o cotizaciones suplementarias de impuestos, en relación con los que resultarían de la aplicación de las disposiciones del segundo párrafo de este artículo.

(89)

Por lo que respecta al beneficio resultante de la aplicación del artículo 39 CA del CGI, cabe señalar que solo los miembros de AIE (33) que financien bienes muebles cuya duración de amortización sea de al menos 8 años pueden beneficiarse de las ventajas fiscales resultantes de la aplicación del artículo 39 CA del CGI, a saber: 1) una excepción al límite máximo de principio de la amortización deducible, 2) el aumento en un punto del coeficiente de amortización, y 3) la posible exención de la plusvalía de cesión.

(90)

Por una parte, por lo que respecta a la supresión del límite máximo de la amortización deducible en aplicación del artículo 39 CA del CGI, cabe recordar que cada uno de los miembros de la AIE puede, durante el período de depreciación del bien a lo largo del cual los resultados de la AIE sean deficitarios, imputar los déficit de la AIE, prorrateados en función de los derechos que posean, sobre sus propios beneficios imponibles. No se tiene en cuenta, en este contexto, el límite máximo de la amortización del artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI.

(91)

En consecuencia, la aplicación de la excepción prevista en el artículo 39 CA del CGI permite, en la fase deficitaria, una reducción por cada uno de los miembros de la AIE de la base que sería normalmente imponible en aplicación del artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI. En efecto, el hecho de que el importe de la amortización no se limite al importe del alquiler percibido menos los gastos correspondientes al bien arrendado, permite aumentar el importe de la amortización en los primeros ejercicios deficitarios. A este respecto, la circunstancia de que, según el artículo 39 CA del CGI, estos déficit solo sean deducibles hasta una cuarta parte de los beneficios imponibles al tipo del impuesto sobre sociedades de Derecho común que cada miembro de la AIE obtenga del resto de sus actividades, puede limitar de hecho, pero no podría poner en entredicho, la existencia de este beneficio.

(92)

Las autoridades francesas alegan, en este contexto, que el ahorro fiscal así obtenido durante los primeros años de la operación de financiación queda neutralizado por los impuestos adicionales que surgen cuando la AIE comienza a obtener beneficios y las rentas exceden el importe de las anualidades de amortización. No obstante, la Comisión considera que el beneficio obtenido reside en el aplazamiento del pago del impuesto y corresponde al saldo de los valores actualizados de los impuestos pagados durante el período total de amortización teniendo en cuenta los tipos de interés aplicados.

(93)

El informe no 413 del Senado (34) confirma asimismo este análisis, al indicar que «las deducciones fiscales así obtenidas por los asociados durante los primeros años de explotación se ven compensadas por los impuestos adicionales que surgen posteriormente, cuando la estructura de financiación obtiene beneficios». No obstante, este desfase en el tiempo permite, según este informe, obtener una ganancia de tesorería que corresponde a la diferencia entre los valores actualizados de las deducciones fiscales de los primeros ejercicios y las cotizaciones fiscales suplementarias de los últimos ejercicios. La Comisión destaca también que, en la instrucción fiscal no 120, de 17 de junio de 1999 (35), se indica que el beneficio fiscal resultante de la aplicación del artículo 39 CA del CGI permite obtener deducciones fiscales.

(94)

Todo indica, pues, que el régimen instaurado por el artículo 39 CA del CGI tiene por objeto permitir a los miembros de la AIE obtener un beneficio en forma de pago diferido de los impuestos.

(95)

A este respecto, no puede prosperar el argumento según el cual los usuarios cuya AIE no obtiene la autorización prevista en el artículo 39 CA del CGI recurren a otros modos de financiación con el fin de librarse del límite máximo de la amortización fiscalmente deducible del artículo 39 C, segundo párrafo, de dicho código, y no se ven así perjudicados en comparación con los usuarios cuya AIE ha recibido la autorización. En efecto, es importante recordar en primer lugar que, por lo que respecta a un régimen de ayudas, la Comisión puede limitarse a estudiar las características generales del régimen en cuestión, sin verse obligada a examinar cada caso concreto (36). Posteriormente, tal argumento conduce a tener en cuenta situaciones individuales distintas desde un punto de vista de hecho y de Derecho (37) y, por añadidura, hipotéticas.

(96)

Por último, no puede excluirse que los usuarios que no puedan beneficiarse de las disposiciones del artículo 39 CA del CGI se vean incapaces de recurrir a un modo de financiación alternativo. Tal podría ser el caso, en particular, si un organismo bancario decidiera, a la vista de la situación financiera de la empresa en cuestión, no asumir por sí solo los riesgos inherentes a la operación de financiación (arrendamiento financiero propiamente dicho) o si, por razones debidas a la estructura del balance o a la capacidad de financiación de los usuarios, resultaran imposibles otras modalidades de financiación (inversión directa con empréstito o con fondos propios). En cualquier caso, incluso suponiendo que estos usuarios estuvieran efectivamente en condiciones de recurrir a un modo de financiación alternativo y pudieran, en este contexto, amortizar sin límite máximo, la solución más ventajosa inicialmente elegida debería abandonarse en favor de una segunda elección necesariamente menos favorable, y no se beneficiarían del régimen fiscal específico del arrendamiento financiero por AIE (gracias a la obligación de cesión derivada del artículo 39 CA del CGI).

(97)

Por otra parte, además de la supresión del límite máximo del importe de la amortización deducible, los miembros de la AIE se benefician de un aumento en un punto del coeficiente de amortización decreciente y, en la hipótesis de una cesión anticipada del bien al usuario y si se cumplen determinadas condiciones, de una exención de la plusvalía (38).

(98)

Este coeficiente aumentado y la eventual exención de las plusvalías de cesión constituyen ventajas de las que se benefician los miembros de la AIE en aplicación del artículo 39 CA del CGI, pero de las que no se beneficiarían en aplicación del marco fiscal de referencia, a saber, el artículo 39 C, segundo párrafo, de dicho Código. En cualquier caso, la aplicación del artículo 39 CA del CGI por lo que se refiere a estos dos beneficios no podría constituir una vuelta al Derecho común de las amortizaciones, según alegan las autoridades francesas, pues el artículo 39 C, primer párrafo, de dicho Código no prevé en modo alguno tales beneficios fiscales.

(99)

En este contexto, por lo que respecta al argumento según el cual, a partir del año 2007, la exención de la plusvalía de cesión será de Derecho común, cabe constatar que no es pertinente, pues la existencia de este beneficio debe apreciarse a la luz del marco jurídico vigente y no en función de una situación jurídica futura (39). Además, las partes no han alegado que una modificación del marco jurídico aplicable haría desaparecer el beneficio concedido anteriormente.

(100)

Por lo que se refiere al origen estatal de los beneficios derivados de la aplicación del régimen en cuestión, procede recordar que el concepto de ayuda es más general que el de subvención, porque no solo incluye prestaciones concretas, como las subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo distintas formas, reducen las cargas que normalmente gravan el presupuesto de una empresa y que, por consiguiente, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, son de la misma naturaleza y tienen idénticos efectos (40). De ello se desprende que una medida por la cual las autoridades públicas conceden a algunas empresas una exención, una reducción o un aplazamiento del pago del impuesto normalmente debido que, aunque no implique una transferencia de recursos estatales, coloca a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que los otros contribuyentes, constituye una ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado (41). Por tanto, en este caso concreto, aunque las medidas resultantes del artículo 39 CA del CGI no impliquen transferencias de recursos estatales, no puede negarse que implican una pérdida de recursos fiscales y constituyen, por tanto, una financiación estatal.

(101)

En estas circunstancias, la Comisión considera que los miembros de la AIE se benefician de ventajas, en forma de deducciones fiscales (supresión del límite máximo y aumento del coeficiente de amortización) y, en la hipótesis de una cesión anticipada del bien realizada en determinadas condiciones, de una exención fiscal, que representan un coste para el presupuesto del Estado francés.

(102)

En conclusión, por lo que respecta a los miembros de la AIE, considerando que estos deben ceder al menos dos tercios del beneficio fiscal global resultante de la aplicación del artículo 39 CA del CGI al usuario del bien en cuestión, la Comisión considera que el beneficio que obtienen es, como máximo, de un tercio de este beneficio global. La Comisión recuerda, en este contexto, que los miembros de las AIE son esencialmente entidades financieras.

(103)

Por lo que respecta a los usuarios de los bienes en cuestión, la retrocesión de una parte del beneficio fiscal global de que gozan los miembros de la AIE se concreta, según la disposición objeto de controversia, en una disminución del importe de su alquiler o en una reducción del importe de la opción de compra. Este beneficio transferido a los usuarios reduce, de esta manera, las cargas que gravan normalmente su presupuesto en el marco de las operaciones de arrendamiento financiero. La cesión representa al menos dos tercios del beneficio concedido a los miembros de la AIE por medio de recursos estatales, por lo que debe considerarse que los usuarios se benefician, a través de esta medida, de una ventaja otorgada con cargo a recursos estatales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado, que asciende a un mínimo de dos tercios del beneficio global.

(104)

Las autoridades francesas, así como algunas partes interesadas, alegan no obstante que el régimen fiscal establecido en el artículo 39 CA del CGI constituye una medida general de Derecho fiscal francés. Conviene, por tanto, examinar si el beneficio global que obtienen los miembros de la AIE y los usuarios presenta un carácter selectivo.

(105)

Cabe recordar, con carácter preliminar, que la especificidad de una medida estatal, es decir, su carácter selectivo, constituye una de las características del concepto de ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado (42). Por esta razón es importante comprobar si el régimen fiscal en cuestión conlleva o no ventajas en beneficio exclusivo de determinadas empresas o sectores de actividad.

(106)

En principio, una medida fiscal susceptible de ser calificada como ayuda estatal se distingue de una medida fiscal general por el carácter limitado, de hecho o de Derecho, del número de sus beneficiarios. Así pues, para que una medida pueda calificarse como ayuda estatal, las empresas beneficiarias de la misma deben pertenecer a una categoría determinada por la aplicación, de hecho o de Derecho, del criterio establecido por la medida en cuestión (43).

(107)

En este caso concreto, el artículo 39 CA del CGI solo se aplica a los bienes muebles amortizables según un método decreciente a lo largo de un período de al menos 8 años y adquiridos de primera mano, a excepción de los buques, que pueden ser de segunda mano. Por otra parte, en el informe del Senado no 413 (44) se indica que «[…] el régimen tiene precisamente por objeto fomentar grandes inversiones gracias a un incentivo fiscal muy ventajoso».

(108)

La desgravación fiscal resultante de la aplicación de esta disposición beneficia pues, de derecho, exclusivamente a los miembros de las AIE que financian tales bienes (45), y a los usuarios de estos bienes gracias a la obligación de cesión de al menos dos tercios del beneficio fiscal global de que se benefician los miembros de la AIE. Los inversores – miembros de AIE– que no financien los bienes contemplados en el artículo 39 CA del CGI y los usuarios de bienes con una duración de amortización inferior a 8 años no pueden, por el contrario, aspirar a este beneficio fiscal.

(109)

A este respecto, incluso suponiendo que los usuarios de bienes que no puedan beneficiarse del régimen del artículo 39 CA del CGI tengan interés por intentar recurrir a una forma de financiación alternativa a la AIE fiscal, estos se encontrarán, cuando menos, privados de este modo de financiación.

(110)

Además, habida cuenta de la duración de amortización de los bienes en cuestión prevista en el artículo 39 CA del CGI, esta disposición beneficia de facto, esencialmente, a las empresas que operan en el sector del transporte, en particular marítimo y aéreo, así como a las AIE que financian bienes de este sector.

(111)

A este respecto, por una parte, de la información proporcionada por las autoridades francesas se desprende que 182 de las 189 solicitudes de autorización presentadas en aplicación del artículo 39 CA del CGI correspondían al sector del transporte. Además, según estos datos, solo el sector marítimo representa el 75 % de las solicitudes de autorización introducidas y el 82 % de las autorizaciones concedidas (véase el cuadro del considerando 17 supra).

(112)

Por otra parte, el establecimiento de este régimen de excepción por lo que respecta a los límites de amortización de los bienes financiados por AIE, estuvo motivada principalmente por la voluntad del legislador de favorecer al sector del transporte, y más concretamente al transporte marítimo.

(113)

Esto se desprende de los siguientes datos.

(114)

En primer lugar, entre los bienes que pueden optar al régimen en virtud del artículo 39 CA del CGI, solo los buques están contemplados expresamente por la instrucción fiscal no 120 (46). Se prevé así que los únicos bienes de segunda mano susceptibles de beneficiarse del régimen fiscal del artículo 39 CA del CGI son los buques. Por lo que se refiere al procedimiento de expedición de la autorización, también se prevé que, por lo que se refiere a los buques, las solicitudes de autorización deben presentarse antes de su pedido, puesto que empiezan a depreciarse tan pronto como entran en el astillero (47).

(115)

En segundo lugar, de los trabajos preparatorios para la aprobación de la Ley no 98-546 y, más concretamente, del informe del Senado no 413 (48) se desprende que el régimen fiscal anterior se aplicaba a todos los sectores económicos, mientras que el artículo 39 CA del CGI se aplica solo a los «bienes de equipo pesados (aviones, TAV, buques…)». Por lo que respecta, más específicamente, al sector marítimo, dicho informe denuncia el carácter insuficientemente favorable del régimen en cuestión en relación con el régimen de participaciones para dinamizar la inversión en este sector. Se indica también que la introducción, en el artículo 39 CA del CGI, de una disposición que prevé la exención de la plusvalía en caso de cesión anticipada del bien al usuario, se justifica por el carácter menos favorable del régimen en cuestión para la inversión marítima. Las autoridades francesas alegan a este respecto, en sus observaciones de 3 de mayo de 2004, que en un contexto caracterizado por el deseo de frenar el estancamiento del número de buques comerciales registrados en Francia y por la voluntad de reducir el gasto fiscal, además de la imposición diferida vinculada a la amortización, se previó que la AIE pudiera beneficiarse, bajo determinadas condiciones, de una exención de la plusvalía de cesión del bien.

(116)

En tercer lugar, el informe general no 66 relativo al proyecto de ley de finanzas de 1999 (49) afirma que «la Ley no 98-546 […] ha permitido crear un nuevo régimen fiscal en favor de la inversión marítima». También indica que, si bien el régimen privilegiado de financiación mediante arrendamiento financiero instaurado por el artículo 39 CA del CGI no se aplica solamente a los buques, en realidad se ha concebido principalmente para ellos.

(117)

A la vista de las consideraciones anteriores, la Comisión estima que el régimen del artículo 39 CA del CGI presenta un carácter selectivo, puesto que favorece a determinados operadores económicos activos en el sector del transporte así como en el sector financiero. Este régimen no se aplica a todos los operadores económicos, por lo que no puede considerarse una medida general de política fiscal.

(118)

Esta valoración no quedaría invalidada por los argumentos presentados por las autoridades francesas.

(119)

Así pues, en primer lugar, el argumento de las autoridades francesas relativo a la multiplicidad de los sectores que pueden verse afectados por la medida fiscal en cuestión no podría prosperar. En efecto, aparte del hecho de que solo determinados bienes se ven afectados por el régimen fiscal en cuestión, no puede considerarse que el reducido número de solicitudes de autorización para la financiación de bienes procedentes de otros sectores distintos al del transporte (50) pueda poner en entredicho la especificidad del régimen en cuestión. A este respecto, se consideró que la circunstancia de que el número de empresas que pueden aspirar a beneficiarse de una medida fuera muy significativo o que estas empresas pertenezcan a distintos sectores de actividades, no basta para cuestionar su carácter selectivo (51).

(120)

En segundo lugar, contrariamente a lo que alegan las autoridades francesas, el argumento de que existen medidas fiscales equivalentes en los otros Estados miembros no es pertinente para justificar la existencia del régimen del artículo 39 CA del CGI. En efecto, no cabe realizar un examen comparativo de las normas fiscales aplicables en todos los Estados miembros, ni siquiera en algunos de ellos, sin desvirtuar la vocación de las disposiciones relativas al control de las ayudas estatales. En ausencia de armonización a escala comunitaria de las disposiciones fiscales de los Estados miembros, este examen equivaldría a comparar situaciones de hecho y jurídicas diferentes resultantes de disparidades legislativas o reglamentarias entre los Estados miembros (52). Por otra parte, se consideró que la circunstancia de que un Estado miembro pretenda acercar, mediante medidas unilaterales, las condiciones de competencia existentes en un determinado sector económico a las de otros Estados miembros no quita a estas medidas el carácter de ayudas (53). Igualmente, la circunstancia de que competidores de otros Estados miembros se beneficien de medidas fiscales comparables, aunque fueren ilegales, no incide en la calificación de ayuda del régimen en cuestión (54).

(121)

En tercer lugar, Francia y algunas partes interesadas alegan que el carácter no selectivo del régimen en cuestión queda demostrado por la ausencia del poder discrecional de que dispondrían las autoridades francesas para la concesión de la autorización en cuestión.

(122)

La Comisión recuerda que, según la jurisprudencia, incluso las intervenciones que a primera vista son aplicables a la generalidad de las empresas pueden presentar una determinada selectividad, y por consiguiente considerarse como medidas destinadas a favorecer a determinadas empresas o producciones. Este es el caso cuando la administración, que debe aplicar la norma general, dispone de un determinado poder discrecional por lo que se refiere a la aplicación del acto (55).

(123)

En el caso que nos ocupa, cabe señalar de entrada que, dado que la disposición fiscal en cuestión solo puede beneficiar a los usuarios de determinados bienes y a los miembros de la AIE que los financian y que solo beneficia principalmente, de hecho, a los sectores del transporte y financiero, ya se cumple la condición de especificidad. En efecto, otros proyectos de financiación, relativos a bienes correspondientes a sectores distintos del transporte y/o que tienen una duración de amortización inferior a ocho años, podrían presentar garantías que excluyeran toda voluntad de obtener un beneficio fiscal. Por tanto, habida cuenta del ámbito de aplicación limitado de este régimen fiscal, no es necesario, para establecer el carácter selectivo de la medida en cuestión, determinar que las autoridades nacionales competentes disponen de un poder discrecional para la aplicación de dicha medida (56).

(124)

En cualquier caso, al preguntar a las autoridades francesas por el alcance de la verificación a que se consideran obligadas por lo que respecta a la condición de que la inversión en cuestión presente, desde el punto de vista del interés general y especialmente en materia de empleo, un interés económico y social significativo (57), estas indicaron que ese interés se apreciaba en función de seis criterios, entre los que figura el de los efectos de la inversión sobre el medio económico de la zona en que se realizará y en la que opera el usuario. Ahora bien, la Comisión considera que el cumplimiento de esta condición otorga necesariamente a las autoridades nacionales un margen de discrecionalidad.

(125)

Por otra parte, a pesar del carácter legítimo de tal objetivo, procede destacar la ausencia de relación entre esta condición vinculada a la existencia de un interés económico de la inversión y la finalidad buscada por el legislador al imponer la concesión previa de una autorización ministerial para la realización de la inversión. En efecto, las condiciones para la concesión de la autorización deben permitir establecer que el recurso al modo de financiación mediante una AIE no tiene por objetivo obtener un beneficio fiscal. Ahora bien, la condición vinculada al interés económico de la inversión no puede impedir que se obtenga este beneficio. Tales operaciones de financiación, independientemente de la duración de amortización de los bienes en cuestión, podrían no tener por objetivo la obtención de un beneficio fiscal, sin por ello presentar un interés económico y social significativo, principalmente en términos de empleo.

(126)

En este contexto, cabe hacer referencia de nuevo al informe del Senado no 413 (58), del que se desprende que la condición vinculada a la existencia de un interés económico y social significativo es «un medio para favorecer los bienes fabricados en territorio nacional o las financiaciones realizadas en favor de un usuario francés». De forma más general, se indica también en este mismo informe que el procedimiento de autorización deja un excesivo margen de apreciación a la administración.

(127)

La inadecuación de la condición relativa al interés económico de la inversión por lo que respecta al objetivo que se persigue refuerza pues, según la Comisión, el margen de apreciación de que disponen las autoridades nacionales en su aplicación.

(128)

También por lo que respecta al margen de apreciación de que disponen las autoridades francesas para la concesión de la autorización, cabe señalar que la decisión del Consejo Constitucional de 30 de diciembre de 1987 (59), alegada por las autoridades francesas y algunas partes interesadas, no es pertinente en el presente contexto. Dicho asunto trataba sobre un régimen fiscal que preveía la posibilidad de que una persona jurídica nueva resultante de la fusión de dos sociedades pudiera asumir durante un período limitado la totalidad o parte del déficit de las sociedades fusionadas, y que permitía, previa autorización del Ministerio responsable del presupuesto y dentro del límite de esta autorización, en caso de aportación parcial de activos a una sociedad del grupo, la compensación de las pérdidas no deducidas antes de la fusión con los beneficios posteriores. El Consejo Constitucional debió pronunciarse sobre la conformidad de este procedimiento de autorización con el artículo 34 de la Constitución, que confía al legislador la determinación del ámbito de aplicación de una ventaja fiscal. En este contexto, el Consejo Constitucional consideró que la disposición en cuestión no permitía al legislador subdelegar su poder fiscal en el Ministerio, y que a este último solo se le conferían competencias para garantizar, de acuerdo con el objetivo del legislador de evitar que el impuesto fuera eludido, el cumplimiento de las condiciones fijadas por la ley. En esta decisión, el Consejo Constitucional se pronunció sobre el respeto de las competencias respectivas de los poderes legislativo y reglamentario en materia fiscal, pero no sobre la existencia de un poder de apreciación del Ministerio para la adopción de medidas individuales necesarias para la aplicación de la ley.

(129)

En cualquier caso, la Comisión considera que las condiciones del artículo 87, apartado 1, del Tratado no pueden ser cuestionadas por la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.

(130)

En cuarto lugar, por lo que respecta al argumento según el cual las autoridades nacionales no disponen de un poder arbitrario puesto que su decisión podría ser objeto de recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales respecto de los motivos que justifican la denegación de autorización, cabe recordar que no es necesario, para descartar la calificación de medida general, comprobar si el comportamiento de la administración fiscal reviste un carácter arbitrario. Basta con constatar que dicha administración dispone de un poder de apreciación discrecional que le permite modular las condiciones de concesión del beneficio fiscal en cuestión en función de las características de los proyectos de inversiones sujetos a su valoración (60). Asimismo, se consideró que las condonaciones de deudas concedidas en el marco de un procedimiento judicial y de conformidad con el Derecho nacional aplicable presentaban un carácter selectivo, ya que no se derivaban automáticamente de la aplicación de la ley, sino de la elección discrecional de los organismos públicos en cuestión. El juez comunitario recordó, en este contexto, que el artículo 87, apartado 1, del Tratado, no distingue según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos (61). Ahora bien, en el caso que nos ocupa, a fortiori, la circunstancia de que las decisiones por las que se deniega la autorización pudieran ser objeto de recurso ante una jurisdicción nacional no podría poner en entredicho la existencia de un margen de apreciación de las autoridades nacionales en el marco de la aplicación de las condiciones de concesión de la autorización ministerial.

(131)

Por último, la Comisión considera que la alegación de las autoridades francesas sobre la ausencia de distinción por razón de la nacionalidad de los miembros de la AIE y de los usuarios no podría poner en entredicho el carácter selectivo del régimen del artículo 39 CA del CGI (62), por cuanto el informe del Senado no 413 (63) indica que la condición relativa a la existencia de un interés económico y social significativo de la inversión es «un medio para favorecer los bienes fabricados en territorio nacional o las financiaciones realizadas en favor de un usuario francés».

(132)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que el régimen del artículo 39 CA del CGI presenta un carácter selectivo.

(133)

Las autoridades francesas alegan que las disposiciones combinadas de los artículos 39 C, segundo párrafo, y 39 CA del CGI constituyen un medio de control a priori de que dispone la administración fiscal para luchar contra la evasión fiscal resultante de un uso abusivo de las operaciones de financiación de bienes muebles por estructuras fiscalmente transparentes, como las AIE. Consideran que el régimen del artículo 39 CA del CGI se justifica por la naturaleza y la economía del sistema fiscal. Precisan, a este respecto, que el régimen del artículo 39 CA del CGI «está basado en criterios objetivos y horizontales de lucha contra la evasión fiscal».

(134)

Es cierto que el concepto de ayuda estatal no contempla las medidas oficiales que introducen una diferenciación entre empresas cuando esta diferenciación resulta de la naturaleza y la economía del sistema de cargas en el que se inscriben. Esta justificación, basada en la naturaleza o la economía del sistema fiscal, remite a la coherencia de una medida fiscal específica con la lógica interna del sistema fiscal en general. Ahora bien, las diferenciaciones fiscales no pueden ser dictadas simplemente por las finalidades generales y los objetivos que persigue el Estado al adoptar las medidas en cuestión (64).

(135)

En el caso que nos ocupa, la Comisión considera que el artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI, al limitar el importe de la amortización deducible, tiene por objeto efectivamente luchar contra el recurso abusivo a estructuras fiscalmente transparentes con el fin de obtener un rendimiento fiscal en el marco de operaciones de financiación de bienes arrendados o puestos a disposición. Este objetivo parece necesario y racional para garantizar la eficacia del sistema fiscal de amortizaciones de bienes arrendados o puestos a disposición y debe, por consiguiente, considerarse inherente a dicho sistema (65).

(136)

En cambio, el régimen instaurado por el artículo 39 CA del CGI no podría justificarse por la naturaleza y la economía del sistema francés de amortización de bienes arrendados o puestos a disposición. En efecto, si bien las excepciones a la limitación de principio de la amortización prevista en artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI, son admisibles, estas excepciones deberían basarse solamente en condiciones cuyo cumplimiento impidiera el recurso, con fines de máximo beneficio fiscal, a la financiación de dichos bienes por estructuras fiscalmente transparentes, como es el caso de las AIE.

(137)

Ahora bien, por una parte, la limitación del ámbito de aplicación de la excepción en cuestión a la financiación de bienes amortizables en un período de al menos ocho años no se justifica, por sí misma o en combinación con las otras condiciones de concesión de la autorización, respecto al objetivo perseguido por las autoridades francesas. Por otra parte, estas últimas no han proporcionado, en el marco del presente procedimiento administrativo, ninguna explicación relativa a la opción, por lo que respecta al objetivo de lucha contra la evasión fiscal, de limitar esta excepción a los bienes que tengan tal período de amortización.

(138)

Por otra parte, tal como se ha constatado anteriormente, entre las condiciones de concesión de la autorización ministerial, la relativa a la existencia de un interés económico y social, en particular en materia de empleo, de la operación de financiación, deja a las autoridades nacionales un margen de apreciación. Ahora bien, esta condición no está relacionada con el objetivo perseguido por Francia de luchar contra la evasión fiscal. En cualquier caso, tal objetivo social no basta, por sí mismo, para librar al régimen en cuestión de la calificación de ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado, dado que este artículo no distingue entre las causas o los objetivos de las intervenciones oficiales, sino que las define en función de sus efectos (66). Por otra parte, ya se ha considerado que el artículo 87, apartado 1, del Tratado carecería de efecto útil si los motivos relativos a la creación o al mantenimiento de empleo fueran susceptibles de hacer que determinadas medidas específicas escapasen a la definición de ayuda estatal, dado que la mayoría de las ayudas se conceden con el fin de crear o mantener empleos (67).

(139)

En este contexto, las autoridades francesas alegan también que el régimen fiscal del artículo 39 CA del CGI permitió la renovación y la consolidación de la flota marítima. De manera similar, Air France indica que este régimen favorece la renovación de su flota, lo que es necesario debido a la modificación de las normas medioambientales. Ahora bien, aparte del hecho de que tales alegaciones apoyan la apreciación de la Comisión en cuanto al carácter selectivo de dicho régimen, nunca podría considerarse que la persecución de objetivos de política económica o industrial justifica el hecho de que una medida selectiva se exima de la aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado (68). En un contexto similar, se estimó que un régimen que preveía una bonificación de intereses sobre los créditos concedidos para la compra o el arrendamiento con opción de compra de vehículos en favor de personas físicas, PYME, entidades públicas territoriales y entidades de prestación de servicios públicos locales constituía una ayuda y no podía justificarse por la circunstancia de que esta medida tenía por objeto, con vistas a la protección del medio ambiente y la seguridad vial, permitir la renovación del parque de vehículos industriales en España (69).

(140)

El conjunto de motivos de interés general a que el régimen en cuestión tendría por objeto o efecto contribuir, es decir, el empleo, la renovación o la consolidación de los buques o aeronaves en cuestión, por legítimos que sean, no se justifican por la naturaleza y la economía del sistema fiscal en cuestión y son irrelevantes por lo que respecta a la calificación de una medida como ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(141)

La Comisión considera también que es irrelevante, a efectos de la aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado, que el régimen del artículo 39 CA del CGI sea menos favorable para estos beneficiarios de lo que lo era el régimen de participaciones, dado que el régimen en cuestión debe ser evaluado por la Comisión en el momento de su aplicación (70).

(142)

De lo anterior se desprende que la Comisión considera que el régimen del artículo 39 CA del CGI no se justifica por la naturaleza y la economía del sistema fiscal en cuestión, y que por consiguiente su carácter selectivo no se cuestiona.

(143)

Como ya se ha mencionado, los beneficiarios del régimen fiscal del artículo 39 CA del CGI son, por una parte, los operadores económicos activos en los sectores del transporte y la industria y, por otra parte, los miembros de AIE que financian bienes de estos sectores, y que son esencialmente entidades financieras. El conjunto de estos operadores actúan en los mercados comunitarios de los sectores mencionados.

(144)

En este contexto, cabe recordar que las ayudas dirigidas a liberar a una empresa de los gastos que habría debido sufragar en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales, falsean en principio las condiciones de competencia (71). En efecto, se ha considerado que toda concesión de ayudas a una empresa que ejerce sus actividades en el mercado comunitario puede causar distorsiones de la competencia y afectar a los intercambios entre Estados miembros (72).

(145)

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, habida cuenta de la naturaleza y la dimensión internacional de los sectores aludidos, la Comisión considera que la ayuda en cuestión refuerza la posición de los operadores de estos sectores que participan en los intercambios nacionales e intracomunitarios.

(146)

Así pues, los beneficiarios del régimen en cuestión se encuentran en una posición privilegiada en comparación con sus competidores nacionales (73) y sus competidores de otros Estados miembros que no pueden beneficiarse de este régimen porque no financian o no utilizan bienes que se pueden acoger a este régimen, o porque no están sujetos a imposición en Francia.

(147)

Sobre este último punto, si bien es cierto que, desde un punto de vista formal, ningún obstáculo jurídico impide a los operadores económicos de otros Estados miembros financiar o utilizar los bienes contemplados en el artículo 39 CA del CGI, es innegable que, en la práctica, el régimen en cuestión favorece a los operadores con domicilio fiscal en Francia. Cabe señalar, a este respecto, que todas las partes interesadas beneficiarias del régimen en cuestión que han presentado sus observaciones en el marco del procedimiento formal de examen son sociedades de Derecho francés. Cabe también recordar que, por lo que respecta al sector principalmente afectado por el régimen fiscal en cuestión, a saber, el transporte marítimo, las propias autoridades francesas alegan que la adopción de este dispositivo tenía por objeto frenar el estancamiento del número de buques comerciales registrados en Francia y reducir el gasto fiscal. Por último, cabe señalar en el presente contexto que el informe del Senado no 143 (74) indica que este régimen es «un medio para favorecer los bienes fabricados en territorio nacional o las financiaciones realizadas en favor de un usuario francés».

(148)

Por tanto, sin que sea necesario realizar un análisis económico de la situación real de los mercados en cuestión (75), y habida cuenta del hecho de que el régimen fiscal establecido por Francia refuerza la posición de los agentes económicos que se benefician en comparación con otros operadores competidores en los intercambios intracomunitarios, la Comisión considera que este régimen afecta a los intercambios entre Estados miembros y falsea la competencia entre estos operadores.

(149)

A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión considera que el régimen del artículo 39 CA del CGI constituye una ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(150)

Ya se ha señalado que los beneficios fiscales que resultan de la aplicación del artículo 39 CA del CGI son, por una parte, la supresión del límite de la amortización deducible; por otra parte, el aumento en un punto del coeficiente de amortización; y finalmente, la posible exención de la plusvalía de cesión.

(151)

Para cada operación de arrendamiento financiero, el importe de la ayuda corresponde a la diferencia entre los valores actualizados de los impuestos pagados durante el período total de amortización, teniendo en cuenta el aumento en un punto del coeficiente de amortización, y los que habrían resultado de la aplicación de las disposiciones del artículo 39 C, segundo párrafo, del CGI, diferencia a la que debe añadirse la posible exención de la plusvalía de cesión (76). Este importe se determina, para cada operación de arrendamiento financiero, según las modalidades previstas en los apartados 46 y 47 de la instrucción fiscal no 120 (77), a efectos de la retrocesión al usuario de una parte del beneficio global.

(152)

Por lo que respecta al reparto exacto del beneficio global percibido en aplicación del artículo 39 CA del CGI, los miembros de una AIE –beneficiarios directos– deben ceder al menos 2/3 de este beneficio al usuario del bien en cuestión. En el marco de cada operación de arrendamiento financiero, el importe concreto del beneficio que debe cederse al usuario se calcula, en el momento de expedirse la autorización, de acuerdo con las disposiciones del artículo 39 CA del CGI.

(153)

Con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado, el Estado miembro está obligado a informar de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas. El Estado miembro interesado no puede llevar a cabo las medidas proyectadas antes de que este procedimiento haya sido objeto de una decisión final.

(154)

En el caso que nos ocupa, las autoridades francesas, mediante carta de 17 de marzo de 1998 (A/32232), informaron a la Comisión acerca de la introducción del régimen que limita la amortización de los bienes arrendados, con el fin de luchar contra la utilización de este mecanismo con el único fin de máximo beneficio fiscal, y que prevé una excepción a esta limitación. En dicha carta, las autoridades francesas indican que este régimen no parece constituir una ayuda estatal que deba ser objeto de una notificación previa a la Comisión en aplicación del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(155)

La Comisión entiende, en este caso, que esa carta no puede considerarse una notificación según lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. Adicionalmente, la Comisión destaca que la carta en cuestión no respeta las normas en materia de forma mencionadas en la carta de la Comisión a los Estados miembros SG (81) 12740, de 2 de octubre de 1981, vigente en el momento de producirse los hechos. Francia actuó, por tanto, de manera ilegal, aplicando el régimen de ayudas en cuestión infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(156)

El régimen fiscal en cuestión constituye una ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, por lo que procede examinar su compatibilidad a la luz de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 de este artículo. Hay que recordar, a este respecto, que los beneficiarios efectivos del régimen en cuestión se inscriben, según la información transmitida por las autoridades francesas, en los sectores del transporte marítimo, aéreo y ferroviario así como, marginalmente, en el sector industrial (78). Estos beneficiarios pertenecen también al sector financiero, dado que los miembros de la AIE son, esencialmente, entidades financieras.

(157)

Por lo que respecta a las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado, relativas a las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, a las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, así como a las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, basta con señalar que son irrelevantes en el presente contexto, cualquiera que sea la identidad de los beneficiarios del régimen en cuestión.

(158)

Por lo que respecta a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado, cabe señalar que el régimen fiscal en cuestión no constituye un proyecto importante de interés común europeo ni está destinado a poner remedio a una grave perturbación en la economía francesa. Tampoco tiene por objeto promover la cultura y la conservación del patrimonio, con arreglo a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado.

(159)

La Comisión subraya, a este respecto, que ni las autoridades francesas ni las partes interesadas han alegado estas excepciones en el procedimiento administrativo.

(160)

El examen de las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c), del Tratado exige un análisis para cada sector.

(161)

Por lo que respecta a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, que autoriza las ayudas que facilitan el desarrollo de determinadas actividades siempre que no se alteren los intercambios de forma contraria al interés común, la Comisión considera que nada permite plantear que las ayudas concedidas al sector del transporte aéreo en aplicación del régimen en cuestión son compatibles con el mercado común. En efecto, ninguna de las excepciones previstas a este respecto por las directrices de la Comisión relativas a la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado y del artículo 61 del acuerdo EEE a las ayudas estatales en el sector de la aviación (79) es aplicable en el caso que nos ocupa.

(162)

Sin embargo, cabe señalar que la Comisión autoriza, de manera excepcional, determinadas ayudas al funcionamiento en el transporte aéreo:

(163)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión acepta que Francia no integre en el cálculo de las ayudas que deben recuperarse los importes de ayudas correspondientes, en su caso:

(164)

En todos los demás casos, las ayudas concedidas a las empresas de transporte aéreo en aplicación del régimen en cuestión son incompatibles con el Tratado.

(165)

En aplicación del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, las Directrices comunitarias de 1997, y posteriormente las de 2004 (83), definen los regímenes de ayudas estatales que pueden autorizarse con el fin de apoyar los intereses de las empresas comunitarias de transporte marítimo ante la competencia de los terceros países, con vistas a la consecución de objetivos generales tales como:

(166)

Ahora bien, a la vista de los objetivos mencionados, las Directrices comunitarias de 1997 y de 2004 autorizan determinadas medidas fiscales en favor de las compañías marítimas, con el fin de mejorar su competitividad (punto 3.1).

(167)

Se recuerda así que el objetivo de las ayudas estatales, en el marco de la política común de transportes marítimos, consiste en promover la competitividad de la flota comunitaria en el mercado mundial. En consecuencia, los regímenes de desgravación fiscal deben exigir, en general, la existencia de un vínculo con un pabellón comunitario.

(168)

Además, las ventajas obtenidas mediante estos regímenes deben facilitar el desarrollo del transporte marítimo y el empleo en este sector en interés de la Comunidad. En consecuencia, los beneficios fiscales mencionados deben limitarse estrictamente a las actividades de transporte marítimo. Así pues, cuando una compañía de transporte marítimo realice también otras actividades comerciales, es necesaria una estanqueidad contable entre las dos actividades para impedir cualquier «trasvase» hacia actividades que no respondan a la definición del transporte marítimo.

(169)

Es indiscutible que el régimen en cuestión tiene por objeto favorecer la financiación de buques de pabellón francés y el desarrollo del sector marítimo y su empleo.

(170)

También es cierto que las ayudas concedidas en aplicación del régimen en cuestión facilitan la financiación de buques y contribuyen así a la renovación de la flota comunitaria. A este respecto, la Comisión comparte la opinión de las autoridades francesas según la cual las ayudas en cuestión contribuyen a la consolidación de la flota de pabellón nacional, así como a su renovación (84). La Comisión suscribe especialmente al argumento según el cual, por razón del mecanismo de autorización que supedita la aplicación del régimen en cuestión a la obligación de disponer en el territorio de la Comunidad de un centro estratégico de decisiones para la gestión de las actividades marítimas y la gestión de los buques, y que tiene en cuenta consideraciones vinculadas al empleo, dicho régimen contribuye a proteger el empleo comunitario marítimo tanto en tierra como en el mar (85). Estos elementos se han visto por otra parte confirmados por varios armadores, partes interesadas, que destacan la importancia del régimen en cuestión para compensar el coste excesivo de las tripulaciones bajo este pabellón; para garantizar el mantenimiento de empleos de alta calidad en el transporte marítimo; y para contribuir al mantenimiento, o incluso al desarrollo, de una flota bajo el pabellón de un Estado miembro (86). La Comisión precisa no obstante que, en aplicación de las Directrices comunitarias de 2004, si los buques son remolques o dragas, las ayudas concedidas solo pueden considerarse compatibles con el mercado común si al menos el 50 % de su actividad anual corresponde a la definición de transporte marítimo (87).

(171)

A la vista de lo anterior, puede considerarse que el régimen fiscal del artículo 39 CA del CGI, en la medida en que responde al punto 3.1 de las Directrices comunitarias de 2004, es favorable al sector marítimo y se ajusta a los objetivos definidos por las directrices comunitarias aplicables.

(172)

Sin embargo, para poder beneficiarse de la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado, las ayudas concedidas en aplicación de este régimen deben ser estrictamente proporcionadas al objetivo perseguido y no alterar las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común.

(173)

A este respecto, se llama la atención de las autoridades francesas sobre la norma en materia de limitación de las ayudas establecida en el punto 11 de las Directrices comunitarias de 2004, según la cual: «El nivel máximo aceptable de las ayudas es la reducción a cero de las cargas fiscales y sociales aplicables a los marinos y una reducción del impuesto sobre sociedades de las compañías marítimas tal como se describe en el punto 3.1 (penúltimo párrafo). Para evitar posibles falseamientos de la competencia, no podrán concederse beneficios superiores por medio de otros sistemas de ayuda. Por otra parte, aunque cada régimen de ayuda notificado se evaluará en función de sus méritos propios, se considera que el importe de ayuda total concedido en virtud de lo dispuesto en los capítulos 3 al 6 no deberá superar el importe total de los impuestos y contribuciones sociales ingresados por las actividades de transporte marítimo y los marinos.». Para aplicar esta disposición, las autoridades francesas deberán comprobar que las ayudas anuales de que se haya beneficiado un armador determinado en virtud del presente régimen, junto con las concedidas en virtud de todos los regímenes de ayudas afectados por las secciones 3 a 6 de las Directrices comunitarias de 1997 y de 2004, y en particular el sistema de imposición a tanto alzado basado en el tonelaje a favor de las compañías de transporte marítimo (88) y las exenciones de cargas sociales y de pago de la parte marítima del impuesto sobre actividades profesionales, no sobrepasan, para este mismo armador, el importe total de los impuestos, tasas y cotizaciones sociales que habrían debido cobrarse normalmente por las actividades de transporte marítimo y los marinos. Todo lo que sobrepase el importe mencionado es incompatible con el mercado común y deberá recuperarse.

(174)

En consecuencia, la Comisión considera que las ayudas concedidas a las empresas de transporte marítimo, en aplicación del régimen establecido por el artículo 39 CA del CGI, son compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, a reserva de las condiciones expuestas en los considerandos 172 y 173.

(175)

La Comisión considera que las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, relativas al desarrollo de determinadas regiones, no son aplicables al régimen objeto de análisis cuando se utilizan para la financiación de bienes del sector del transporte ferroviario. No obstante, la Comisión ha examinado la compatibilidad de dicho régimen con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(176)

Habida cuenta de la situación histórica de las empresas ferroviarias y del descenso de la cuota de mercado del transporte ferroviario, es necesario acelerar el proceso de sustitución del material rodante con el fin de hacer frente a la competencia de otros medios de transporte. Es necesario un esfuerzo más serio y más rápido de modernización o de renovación del material rodante para evitar una nueva reducción de la cuota de mercado del transporte ferroviario en relación con otros medios de transporte menos duraderos y más nocivos para el medio ambiente.

(177)

La Comisión considera que la sustitución del material rodante es compatible con la política común de refuerzo de la interoperatividad. Además, la sustitución del material rodante contribuye a la seguridad y a la modernización de los servicios en términos de puntualidad, fiabilidad y rapidez. Como la sustitución del material rodante es un elemento esencial de la política de refuerzo del desarrollo del sector ferroviario, la Comisión considera que las medidas propuestas no son contrarias al interés común.

(178)

En consecuencia, la Comisión considera que las ayudas concedidas a las empresas ferroviarias, en aplicación del régimen establecido por el artículo 39 CA del CGI, son compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(179)

Por lo que respecta a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, que autoriza las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, cabe señalar que ninguna característica de este régimen permite considerar que las medidas de ayuda al sector industrial concedidas en aplicación de este serían compatibles con el mercado común.

(180)

Sin embargo, la Comisión no podría excluir de partida la hipótesis según la cual determinados bienes del sector industrial, financiados en aplicación del artículo 39 CA del CGI, lo hayan sido en cumplimiento de las condiciones fijadas por las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (89), en particular, que la inversión haya sido realizada en una región elegible en virtud del artículo 88, apartado 3, letras a) o c), del Tratado y que la contribución de los beneficiarios a la financiación en cuestión sea como mínimo del 25 %. En cualquier caso, los límites de intensidad de las ayudas regionales deberán respetarse en el supuesto de que una empresa se haya beneficiado de una acumulación de las ayudas en cuestión y de ayudas de finalidad regional aprobadas.

(181)

A reserva de estas condiciones, la Comisión considera que las medidas de ayuda concedidas de este modo a este sector son compatibles con el mercado común.

(182)

Por lo que respecta al sector financiero, la Comisión considera que las excepciones no sectoriales anteriormente analizadas son irrelevantes a efectos de la valoración de la compatibilidad con el mercado común de las medidas de ayuda de que se benefician los miembros de las AIE.

(183)

Sin embargo, habida cuenta del carácter global de la operación de financiación mediante arrendamiento financiero, la Comisión considera que las medidas de ayuda al sector del transporte marítimo, aéreo y ferroviario así como al sector industrial, que puedan ser declaradas compatibles con el mercado común, lo serán no solo respecto a los usuarios de los bienes en cuestión, sino también respecto a los miembros de las AIE interesadas. En efecto, no tendría sentido penalizar a los miembros de las AIE por el hecho de su no pertenencia a los sectores mencionados, puesto que su intermediación fue indispensable para la realización de las operaciones de financiación en cuestión, y para que los usuarios se beneficiasen de las excepciones mencionadas supra. La Comisión considera que este análisis se ve apoyado por el hecho de que el porcentaje exacto del beneficio global que debe cederse al usuario, que representa al menos el 2/3 del beneficio global de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 CA del CGI, resulta de una negociación comercial entre los miembros de las AIE y los usuarios, como han apuntado las autoridades francesas. Esta circunstancia demuestra que los miembros de la AIE solo conservan el porcentaje del beneficio global indispensable para la consecución de los objetivos perseguidos, de acuerdo con las normas relativas a la valoración de la compatibilidad de las medidas de ayuda mencionadas.

(184)

La Comisión recuerda que toda ayuda considerada incompatible con el mercado común y concedida de acuerdo con el régimen en cuestión debe recuperarse en aplicación del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE [actual artículo 88 del Tratado] (90).

(185)

Sin embargo, según el artículo 14, apartado 1, «La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho comunitario.». A este respecto, se considera que la Comisión debe tener en cuenta de oficio las circunstancias excepcionales que justifican, de conformidad con dicho artículo 14, apartado 1, que renuncia a exigir la recuperación de las ayudas concedidas ilegalmente cuando esta recuperación sea contraria a un principio general del Derecho comunitario (91).

(186)

En este contexto, cabe recordar que la exigencia fundamental de seguridad jurídica tiene por objeto garantizar la previsibilidad de las situaciones y relaciones jurídicas que dependen del Derecho comunitario y, por consiguiente, se opone a que la Comisión pueda retrasar indefinidamente el ejercicio de sus poderes (92).

(187)

En el caso que nos ocupa, si bien no puede considerarse que se haya violado el principio de confianza legítima (93), la Comisión considera, a la vista de las circunstancias muy específicas del caso, que el principio de seguridad jurídica se ha subestimado en relación con los beneficiarios del régimen fiscal en cuestión.

(188)

En efecto, la Comisión considera que existe un conjunto de indicios excepcionales que permiten considerar, por una parte, que la Comisión retrasó el ejercicio de sus competencias por lo que respecta al examen del régimen en cuestión y, por otra parte, que los beneficiarios de dicho régimen fueron inducidos a error en cuanto a su regularidad.

(189)

Es oportuno recordar que, mediante carta de 17 de marzo de 1998, las autoridades francesas informaron a la Comisión de la existencia del mecanismo del artículo 39 C, segundo párrafo, y artículo 39 CA del CGI. Es cierto que esta carta no constituye una notificación con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado (94) y que la falta de reacción de la Comisión a esta carta no podría, solo por sí misma, constituir una violación del principio de seguridad jurídica, a menos que se prive a las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado de cualquier efecto útil. Aún así, la Comisión tuvo conocimiento del régimen en cuestión en dicha fecha (95).

(190)

Además, en el marco de la instrucción de dos denuncias presentadas ante ella y que denunciaban medidas de ayuda de las que se habrían beneficiado, respectivamente, las compañías marítimas Sea France y BAI, la Comisión, en dos ocasiones, interrogó a las autoridades francesas con respecto al modo de financiación de determinados buques. Ahora bien, tanto en su respuesta de 10 de julio de 2000 como en la de 2 de abril de 2003, las autoridades francesas describieron explícitamente el régimen del artículo 39 CA del CGI (96), exponiendo claramente su contenido.

(191)

Por tanto, al no haber dado curso la Comisión a estas cartas enviadas por las autoridades francesas a petición suya, y en las que se describía el régimen en cuestión, cabe considerar que la Comisión retrasó el ejercicio de sus competencias, puesto que el inicio del procedimiento formal de examen no se produjo hasta el 14 de diciembre de 2004, dejando abierta la duda en cuanto a la regularidad de dicho régimen.

(192)

Por lo que respecta a la referencia de las autoridades francesas a la decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2001 relativa a la ayuda estatal ejecutada por Francia en favor de Brittany Ferries (97), hay que destacar que la Comisión concluyó que el régimen entonces en cuestión constituía una medida general ya que estaba abierto a todos los sectores de la economía y correspondía al Derecho común. Si bien es cierto que el régimen en cuestión en este asunto era el vigente antes de 1998, debe señalarse no obstante que este hecho no se desprende claramente de los motivos de esta decisión, y que esta circunstancia ha podido así contribuir a inducir a error a los beneficiarios del régimen objeto de análisis.

(193)

De todo esto se desprende que la combinación de los elementos citados basta para demostrar el carácter excepcional de las circunstancias del caso que nos ocupa, y justifica, a efectos del respeto del principio de seguridad jurídica frente a los beneficiarios del régimen en cuestión, la opción de limitar la recuperación de las ayudas distinguiendo según su fecha de concesión.

(194)

La Comisión considera por tanto que Francia no debe recuperar las ayudas incompatibles concedidas ilegalmente desde la entrada en vigor, en 1998, de la Ley no 98-546 en el marco de operaciones de financiación respecto a las cuales las autoridades nacionales competentes se hayan comprometido a conceder el beneficio del régimen del artículo 39 CA del CGI en virtud de un acto jurídicamente vinculante (98) previo a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 13 de abril de 2005, de la decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 2004 de incoar el procedimiento formal de examen de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(195)

En cambio, para cada una de las operaciones de financiación respecto de las cuales las autoridades nacionales competentes se hayan comprometido a conceder el beneficio del régimen del artículo 39 CA del CGI en virtud de un acto jurídicamente vinculante posterior a dicha publicación, la ayuda incompatible se recuperará de los beneficiarios. Se tendrá en cuenta, en este contexto, el importe del beneficio conservado por los miembros de la AIE y el importe cedido al usuario (99). En caso de compatibilidad parcial de la ayuda por lo que se refiere al usuario del bien en cuestión, el importe que deberá recuperarse de los miembros de la AIE se determinará en la misma proporción que la aplicada al porcentaje del beneficio retrocedido al usuario del bien.

(196)

La Comisión considera oportuno precisar, en este contexto, que el hecho de que los riesgos fiscales y jurídicos incurridos por los miembros de las AIE hayan podido, en algunos casos, repercutirse contractualmente a los usuarios de los bienes, no es contrario al principio según el cual el objetivo perseguido por la Comisión cuando exige, en su caso, la recuperación de una ayuda ilegal es hacer perder a los distintos beneficiarios el beneficio que obtuvieron en su mercado respectivo frente a sus competidores, y restablecer la situación anterior al pago de dicha ayuda. Al igual que la consecución de este objetivo no depende de la forma en que se haya concedido la ayuda, la realización de este objetivo no depende de disposiciones contractuales acordadas entre los beneficiarios de la ayuda (100).

(197)

La Comisión constata que Francia ha aplicado ilegalmente el régimen de ayudas del artículo 39 CA del CGI, en violación del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(198)

En consecuencia, Francia debe adoptar todas las medidas necesarias para recuperar estas ayudas, con exclusión de aquellas que las autoridades nacionales competentes se hayan comprometido a conceder en virtud de un acto jurídicamente vinculante previo a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 13 de abril de 2005, de la decisión de incoar el procedimiento formal de examen; con exclusión de las relativas a bienes del sector ferroviario y, para las otras operaciones, después de deducir los importes máximos de ayuda admisibles en virtud de las normas sectoriales aplicables en materia de ayudas estatales y teniendo en cuenta las ayudas ya concedidas por otros motivos. Estas normas sectoriales son las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al transporte marítimo de 1997 y de 2004, las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de 1998, modificadas en 2000, y las Directrices comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales de 2005 y, finalmente, para la financiación de bienes del sector industrial, las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional.

(199)

Debe procederse a la recuperación, de sus beneficiarios, de las ayudas incompatibles antes citadas que las autoridades nacionales competentes se hayan comprometido a conceder en virtud de un acto jurídicamente vinculante posterior a la publicación previamente mencionada, de acuerdo con los considerandos 151, 152 y 194 a 196.

(200)

En caso de haberse concedido tales ayudas, la Comisión solicita que Francia le remita el formulario adjunto, debidamente cumplimentado, relativo a la evolución del procedimiento de recuperación, así como una lista de los beneficiarios afectados por la recuperación.

1)

en el sector del transporte marítimo y en el sector del transporte aéreo, hasta un total del máximo de ayuda autorizado, según los casos, por las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales al transporte marítimo o las aplicables en el sector del transporte aéreo, teniendo en cuenta las ayudas ya concedidas en el período de referencia;

2)

en el sector ferroviario, y

3)

en el sector industrial, hasta el importe máximo de ayuda permitido por las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional.