28.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 379/1

(1)

Es necesario avanzar en la aplicación del plan de acción europeo sobre productos alimentarios y cultivos ecológicos sobre la base de medidas concretas encaminadas a asegurar una mayor sencillez y coherencia general.

(2)

Los productos ecológicos importados en la Comunidad deben estar autorizados a la comercialización en el mercado comunitario con una referencia a la agricultura ecológica, cuando éstos se hayan producido de conformidad con normas de producción y se hayan sometido a disposiciones de control equivalentes a las establecidas en la legislación comunitaria.

(3)

A tal fin, se reconocerán los terceros países cuyas normas de producción y disposiciones de control sean equivalentes a las aplicadas en la Comunidad, y se publicará una lista de los mismos. Además, se reconocerán e incluirán también en una lista los organismos o autoridades de control competentes para realizar controles en países no incluidos en la lista de países terceros reconocidos. Por último, se permitirá a los operadores de países terceros que produzcan de plena conformidad con las normas comunitarias someter sus actividades a los organismos y autoridades de control reconocidos por la Comisión a tal efecto.

(4)

El Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (2) dispone la posibilidad de que los Estados miembros concedan hasta el 31 de diciembre de 2006 autorizaciones a importadores para llevar a cabo la comercialización en el mercado comunitario de distintos productos en determinadas condiciones. Procede modificar dicho Reglamento para sustituir el régimen de importaciones vigente por el nuevo régimen a partir de dicha fecha.

(5)

A fin de no perturbar el comercio internacional, se considera necesario ampliar la posibilidad de que los Estados miembros sigan concediendo permisos a los importadores caso por caso, para la comercialización de productos en el mercado comunitario hasta la instauración de las medidas necesarias para aplicar el nuevo régimen de importaciones, especialmente en lo relativo al reconocimiento de los organismos y autoridades de control competentes para realizar controles en los países no incluidos en la lista de países reconocidos.

(6)

El Reglamento (CEE) no 2092/91 debe modificarse en consecuencia.

1)

En el artículo 10, apartado 1, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente:

2)

El artículo 11 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 11

1.   Los productos importados de terceros países podrán comercializarse en el mercado comunitario etiquetados como productos con indicaciones que hagan referencia al método de producción ecológica, siempre que:

2.   La Comisión reconocerá, conforme al procedimiento a que se refiere el artículo 14, apartado 2, a los organismos y autoridades de control a que se refiere el artículo 1, letra b), incluidos los organismos y autoridades de control mencionados en el artículo 9, competentes para efectuar controles y expedir las pruebas documentales a que se refiere el apartado 1 letra c) en terceros países, y elaborará una lista de ellos.

Los organismos de control se homologarán con la Norma Europea EN 45011 o Guía ISO/IEC 65 “Criterios generales relativos a los organismos de certificación de productos” (ISO/IEC Guía 65), en la versión publicada más recientemente en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C. Los organismos de control se someterán a evaluación periódica in situ, así como a vigilancia y reevaluación plurianual de sus actividades por parte del organismo de homologación.

Al examinar las solicitudes de reconocimiento, la Comisión solicitará al organismo o a la autoridad de control toda la información necesaria. La Comisión podrá confiar a unos expertos la función de examinar in situ las normas de producción y las actividades de control realizadas en el tercer país por el organismo o autoridad de control en cuestión.

Los organismos o autoridades de control reconocidos facilitarán los informes de evaluación expedidos por el organismo de acreditación o, en su caso, por la autoridad competente, relativos a la evaluación periódica in situ, la vigilancia y la reevaluación plurianual de sus actividades.

Basándose en los informes de evaluación, la Comisión, con la asistencia de los Estados miembros, velará por la oportuna supervisión de los organismos y autoridades de control reconocidos, revisando periódicamente su reconocimiento. La índole de la supervisión se determinará sobre la base de una evaluación del riesgo de que se produzcan irregularidades o infracciones respecto de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

3.   Los productos importados de terceros países también podrán comercializarse en el mercado comunitario etiquetados como productos con indicaciones que hagan referencia al método de producción ecológica, a condición de que:

4.   La Comisión, de conformidad con el procedimiento indicado en el artículo 14, apartado 2, podrá reconocer a los terceros países cuyo sistema de producción cumpla normas equivalentes a las establecidas en los artículos 5 y 6 y cuyas disposiciones de control sean de eficacia equivalente a las establecidas en los artículos 8 y 9, y elaborará una lista de dichos países. En la evaluación de la equivalencia se tendrán en cuenta las directrices del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

Al examinar las solicitudes de reconocimiento, la Comisión solicitará al tercer país que facilite toda la información necesaria. La Comisión podrá confiar a expertos la función de examinar in situ las normas de producción y las disposiciones de control del tercer país en cuestión.

Antes del 31 de marzo de cada año, los terceros países reconocidos enviarán a la Comisión un informe anual conciso relativo a la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones de control.

Basándose en la información contenida en dichos informes anuales, la Comisión, con la asistencia de los Estados miembros, velará por la oportuna supervisión de los terceros países reconocidos, revisando periódicamente su reconocimiento. La índole de la supervisión se determinará sobre la base de una evaluación del riesgo de que se produzcan irregularidades o infracciones respecto de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento o en virtud del presente Reglamento.

5.   Por lo que respecta a los productos no importados con arreglo al apartado 1 y no importados de terceros países reconocidos conforme al apartado 4, la Comisión, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 14, apartado 2, podrá reconocer a los organismos y autoridades de control, incluidos los mencionados en el artículo 9, competentes para realizar controles y emitir certificados en terceros países a los fines del apartado 3, y elaborará una lista de ellos. En la evaluación de la equivalencia se tendrán en cuenta las directrices del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

La Comisión examinará todas las solicitudes de reconocimiento presentadas por un organismo o autoridad de control de un tercer país.

Al examinar dichas solicitudes, la Comisión solicitará al organismo o autoridad de control que facilite toda la información necesaria. El organismo o autoridad de control se someterá a evaluación periódica in situ, así como a vigilancia y reevaluación plurianual de sus actividades, que llevará a cabo un organismo de homologación o, en su caso, una autoridad competente. La Comisión podrá confiar a unos expertos la función de examinar in situ las normas de producción y las actividades de control realizadas en el tercer país por el organismo o autoridad de control en cuestión.

Los organismos o autoridades de control reconocidos facilitarán los informes de evaluación expedidos por el organismo de homologación o, en su caso, por la autoridad competente, relativos a la evaluación periódica in situ, la vigilancia y la reevaluación plurianual de sus actividades.

Basándose en estos informes de evaluación, la Comisión, con la asistencia de los Estados miembros, velará por la oportuna supervisión de los organismos y autoridades de control reconocidos, revisando periódicamente su reconocimiento. La índole de la supervisión se determinará sobre la base de una evaluación del riesgo de que se produzcan irregularidades o infracciones respecto de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento o en virtud del presente Reglamento.

6.   Durante un periodo que comenzará el 1 de enero de 2007 y acabará doce meses después de la publicación de la primera lista de organismos y autoridades de control reconocidos con arreglo al apartado 5, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar a los importadores, en aquellos Estados miembros en los que el importador de que se trate haya notificado su actividad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.1, a comercializar productos importados de terceros países no incluidos en la lista mencionada en el apartado 4, a condición de que proporcione suficientes pruebas de que se cumplen las disposiciones mencionadas en el apartado 3, letras a) y b). En caso de que dejen de cumplirse dichas disposiciones, la autorización se retirará inmediatamente. Las autorizaciones caducarán, a más tardar, veinticuatro meses después de la publicación de la primera lista de organismos y autoridades de control reconocidos con arreglo al apartado 5. Los productos importados estarán cubiertos por un certificado de control expedido por la autoridad u organismo que haya sido aceptado para expedir el certificado de control por la autoridad competente del Estado miembro autorizante.

El certificado original deberá acompañar a las mercancías hasta los locales del primer destinatario; ulteriormente, el importador deberá mantener el certificado a disposición del organismo de control y, en su caso, de la autoridad de control, durante un periodo no inferior a dos años.

Cada Estado miembro informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida con arreglo al presente apartado, incluyendo información sobre las normas de producción y las disposiciones de control afectadas.

A petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión, el Comité indicado en el artículo 14 examinará las autorizaciones concedidas de conformidad con el presente apartado. En caso de que de dicho examen se desprenda el incumplimiento de las disposiciones recogidas en el apartado 3, letras a) y b) del presente artículo, la Comisión pedirá al Estado miembro que concedió la autorización que la retire.

Toda autorización para comercializar productos importados de un tercer país que, antes del 31 de diciembre de 2006, haya sido concedida a un importador por la autoridad competente del Estado miembro respectivo con arreglo al presente apartado expirará el 31 de diciembre de 2007 como máximo.

7.   La Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 14, apartado 2, medidas detalladas para garantizar el cumplimiento del presente artículo y, en particular:

3)

Se suprime el párrafo segundo del artículo 16, apartado 3.

4)

La parte C del anexo III queda modificada como sigue:

28.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 379/5

(1)

El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión para establecer en un reglamento un umbral por debajo del cual se considera que las medidas de ayuda no reúnen todos los criterios del artículo 87, apartado 1, del Tratado y que, por lo tanto, quedan excluidas del procedimiento de notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(2)

La Comisión ha aplicado los artículos 87 y 88 del Tratado y, en particular, ha aclarado en numerosas decisiones el concepto de «ayuda» en el sentido de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado. Asimismo, la Comisión ha expuesto su política por lo que se refiere a un límite máximo de las ayudas de minimis, por debajo del cual se puede considerar que no se aplica el artículo 87, apartado 1, inicialmente en su Comunicación relativa a las ayudas de minimis  (3) y posteriormente en el Reglamento (CE) no 69/2001de la Comisión de 12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis  (4). A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de este Reglamento y para tener en cuenta la evolución de la inflación y del producto interior bruto en la Comunidad hasta 2006 inclusive, así como la probable evolución durante el periodo de vigencia del presente Reglamento, parece conveniente revisar algunas de las condiciones fijadas en el Reglamento (CE) no 69/2001 y proceder a sustituirlo.

(3)

Habida cuenta de las normas especiales que se aplican a los sectores de la producción primaria de productos agrícolas, la pesca y la acuicultura y del riesgo de que importes de ayuda menores que los establecidos en el presente Reglamento pudieran cumplir en estos sectores los criterios del artículo 87, apartado 1, del Tratado, el presente Reglamento no debería aplicarse a dichos sectores. Dada la evolución del sector del transporte, en especial la reestructuración de muchas actividades de transporte tras su liberalización, ya no es preciso excluir al sector del transporte del ámbito del Reglamento de minimis. Así pues, el ámbito del presente Reglamento debería ampliarse al conjunto del sector del transporte. Sin embargo, el límite general de minimis debería adaptarse para tener en cuenta el pequeño tamaño medio de las empresas que operan en el sector del transporte de mercancías y de pasajeros por carretera. Por las mismas razones, y también teniendo en cuenta el exceso de capacidad del sector y los objetivos de la política de transporte por lo que se refiere a la congestión de las carreteras y al transporte de mercancías, la ayuda para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera por parte de las empresas que realizan por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera debería quedar excluida. Esto no es óbice para que la Comisión considere de forma favorable las ayudas estatales para unos vehículos más limpios y menos contaminantes en otros instrumentos comunitarios distintos del presente Reglamento. Habida cuenta del Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (5), el presente Reglamento no se debería aplicar al sector del carbón.

(4)

Considerando las semejanzas entre la transformación y la comercialización de productos agrícolas, por una parte, y de productos no agrícolas, por otra, el presente Reglamento debería aplicarse a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Ni las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera venta, tales como el cosechado, cortado y trillado de cereales, el envasado de huevos, etc., ni la primera venta a revendedores o procesadores deberían considerarse como transformación o comercialización a este respecto. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, la ayuda concedida a favor de empresas activas en la transformación o la comercialización de productos agrícolas ya no debería estar sujeta al Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en los sectores agrario y pesquero (6). Por lo tanto, el Reglamento (CE) no 1860/2004 se debería modificar en consecuencia.

(5)

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido que, desde el momento en que la Comunidad adopta una normativa por la que se establece una organización común de mercado en un sector determinado, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda establecer excepciones o infringir dicha normativa. Por esta razón, el presente Reglamento no debería aplicarse a la ayuda cuyo importe se determine en función del precio o de la cantidad de productos comprados o comercializados. Tampoco debería aplicarse a la ayuda de minimis que esté vinculada a una obligación de compartir la ayuda con productores primarios.

(6)

El presente Reglamento no debería aplicarse a las ayudas de minimis a la exportación ni a las ayudas de minimis que favorecen a los productos nacionales en detrimento de los importados. Concretamente, no debería aplicarse a la ayuda destinada a financiar la creación y funcionamiento de una red de distribución en otros países. Normalmente las ayudas destinadas a sufragar los costes de participación en ferias comerciales o de estudios o de servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado no constituyen ayudas a la exportación.

(7)

El presente Reglamento no debería aplicarse a las empresas en crisis en el sentido de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (7) habida cuenta de las dificultades que entraña la determinación del equivalente bruto de subvención de la ayuda concedida a este tipo de empresas.

(8)

A la luz de la experiencia de la Comisión, se puede sostener que las ayudas que no excedan de un límite máximo de 200 000 EUR concedidas durante un período de tres años no afectan al comercio entre los Estados miembros y/o no falsean o amenazan con falsear la competencia y, por consiguiente, no se incluyen en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado. Por lo que respecta a las ayudas a las empresas que operan en el sector del transporte por carretera este límite debería fijarse en 100 000 EUR.

(9)

Los años que se deben contabilizar a este efecto son los ejercicios fiscales según lo utilizado a efectos impositivos por la empresa en el Estado miembro correspondiente. El período de tres años debería evaluarse con carácter permanente de tal modo que, para cada nueva subvención con ayuda de minimis, fuese necesario determinar el importe total de ayuda de minimis concedida en el ejercicio fiscal en cuestión, así como durante los dos ejercicios fiscales anteriores. A este efecto debería contabilizarse la ayuda concedida por un Estado incluso cuando se financie total o parcialmente mediante recursos de origen comunitario. No se debería poder dividir las medidas de ayuda que superen este límite de minimis en varias partes menores para incluirlas en el ámbito del presente Reglamento

(10)

De acuerdo con los principios que rigen la ayuda incluida en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado, debería considerarse que la ayuda de minimis se concede en el momento en que se confiere a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico nacional aplicable.

(11)

Para evitar la elusión de las intensidades máximas de ayuda establecidas en diferentes instrumentos comunitarios, la ayuda de minimis no debería acumularse con ayuda estatal correspondiente a los mismos costes subvencionables si dicha acumulación diese lugar a una intensidad de ayuda que supere a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión.

(12)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la correcta aplicación del límite de minimis, todos los Estados miembros deberían aplicar el mismo método de cálculo. Para facilitar este cálculo y de conformidad con la práctica actual de aplicación de la norma de minimis, los importes de ayuda que no consistan en una subvención en efectivo se deberían convertir en su equivalente bruto de subvención. Para calcular el equivalente de subvención de las categorías transparentes de ayuda distintas de las subvenciones o de las ayudas pagaderas en varios plazos, se utilizarán los tipos de interés de mercado vigentes en el momento de la concesión de la ayuda. Con vistas a aplicar de manera uniforme, transparente y sencilla las normas sobre ayudas estatales, se debería considerar que los tipos de mercado a efectos del presente Reglamento son los tipos de referencia que fija periódicamente la Comisión sobre la base de criterios objetivos y se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea o en Internet. Sin embargo podrá ser necesario añadir puntos básicos adicionales al tipo de base en función de las garantías ofrecidas o del riesgo asociado al beneficiario.

(13)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del control, el presente Reglamento debería aplicarse solamente a la ayuda de minimis que sea transparente. La ayuda transparente es aquella cuyo equivalente bruto de subvención puede calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo. Tal cálculo exacto puede, por ejemplo, realizarse por lo que se refiere a subvenciones, subvenciones del tipo de interés y exenciones fiscales limitadas. La ayuda consistente en aportaciones de capital no debería considerarse ayuda de minimis transparente, a menos que la cantidad total de la aportación pública sea inferior al límite máximo de minimis. La ayuda consistente en medidas de capital de riesgo según se establece en las Directrices comunitarias sobre la ayuda estatal para promover inversiones de capitales de riesgo en las pequeñas y medianas empresas (8) no debería considerarse ayuda de minimis transparente, a menos que el régimen de capital de riesgo en cuestión aporte capital solamente hasta el límite máximo de minimis para cada empresa beneficiaria. La ayuda consistente en préstamos debería considerarse ayuda de minimis transparente cuando se haya calculado el equivalente bruto de subvención sobre la base de los tipos de interés de mercado aplicables en el momento de la subvención.

(14)

El presente Reglamento no excluye la posibilidad de que una medida adoptada por un Estado miembro pueda no ser considerada ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado en base a motivos diferentes de los establecidos en el presente Reglamento, por ejemplo, tratándose de inyecciones de capital, si dicha medida ha sido adoptada de conformidad con el principio del inversor en una economía de mercado.

(15)

Es necesario aportar seguridad jurídica para los regímenes de garantía que no pueden afectar al comercio ni falsear la competencia y respecto de los cuales se dispone de datos suficientes para evaluar con certidumbre cualesquiera posibles efectos. El presente Reglamento debería por lo tanto transponer el límite general de minimis de 200 000 EUR a un límite específico para las garantías basado en la cuantía garantizada del préstamo individual que subyace a la garantía correspondiente. Procede calcular este límite específico usando una metodología que evalúe el importe de ayuda estatal incluido en los regímenes de garantía que cubren préstamos a favor de empresas viables. La metodología y los datos utilizados para calcular el límite específico para las garantías deberían excluir las empresas en crisis según se contemplan en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. Por lo tanto, este límite específico no se debería aplicar a la ayuda individual ad hoc concedida al margen de un régimen de garantía ni a la ayuda concedida a las empresas en crisis ni a las garantías de transacciones subyacentes que no consistan en un préstamo, tales como las garantías sobre operaciones en acciones. El límite específico debería determinarse partiendo del hecho de que teniendo en cuenta un tipo máximo (tipo neto por defecto) del 13 %, que representa la peor situación posible para los regímenes de garantía en la Comunidad, puede considerarse que una garantía de un importe de 1 500 000 EUR tiene un equivalente bruto de subvención idéntico al límite general de minimis. Este importe debería reducirse a 750 000 EUR en el caso de las empresas que operan en el sector del transporte por carretera. Únicamente las garantías que cubran hasta el 80 % del préstamo subyacente deberían estar cubiertas por estos límites específicos. Los Estados miembros también pueden utilizar una metodología aceptada por la Comisión tras la notificación de la misma con arreglo a un Reglamento de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales, tal como el Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión de 24 de octubre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas regionales a la inversión (9) , con el fin de evaluar el equivalente bruto de subvención contenido en una garantía, siempre que la metodología aprobada se refiera explícitamente al tipo de garantía y al tipo de transacción subyacente de que se trata en el contexto de la aplicación del presente Reglamento.

(16)

Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión puede examinar si una medida de ayuda que no consiste en una subvención, préstamo, garantía, aportación de capital o medida de capital de riesgo da lugar a un equivalente bruto de subvención que no excede el límite mínimo y que por lo tanto podría quedar amparado por las disposiciones del presente Reglamento

(17)

La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y especialmente que las ayudas concedidas con arreglo a la norma de minimis respeten sus condiciones. De conformidad con el principio de cooperación establecido en el artículo 10 del Tratado, los Estados miembros tienen la obligación de facilitar el cumplimiento de esta misión estableciendo un mecanismo de control que garantice que el importe total de la ayuda de minimis concedida a una misma empresa en concepto de ayuda de minimis no sea superior a 200 000 EUR durante un período de tres ejercicios fiscales. A este efecto, cuando concedan una ayuda de minimis, los Estados miembros deberían informar a la empresa del importe de la ayuda y de su carácter de minimis haciendo referencia al presente Reglamento. Además, antes de conceder dicha ayuda, el Estado miembro interesado debería recibir de la empresa una declaración sobre las otras ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores y comprobar cuidadosamente que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo para este tipo de ayudas. De forma alternativa, debería poderse garantizar que se respeta el límite mediante un registro central o, cuando se trate de regímenes de garantía establecidos por el Fondo Europeo de Inversiones, éste mismo podrá establecer listas de beneficiarios y exigir a los Estados miembros que informen a los beneficiarios de la ayuda de minimis recibida.

(18)

El Reglamento (CE) no 69/2001 expira el 31 de diciembre de 2006. Por consiguiente, el presente Reglamento debería aplicarse a partir del 1 de enero de 2007. Dado que el Reglamento (CE) no 69/2001 no se aplicaba al sector del transporte, al que hasta ahora no se aplicaban las normas de minimis, y siempre que se cumplan ciertas condiciones, el presente Reglamento debería aplicarse a la ayuda concedida antes de su entrada en vigor, a las empresas que operan en el sector del transporte y en el de la transformación y comercialización de los productos agrícolas. Por otra parte, cualquier ayuda individual concedida de conformidad con el Reglamento (CE) no 69/2001 durante el período de aplicación de éste no debería verse afectada por el presente Reglamento.

(19)

Habida cuenta de la experiencia de la Comisión y especialmente de la frecuencia con la que hay que revisar la política relativa a las ayudas estatales, conviene limitar el período de vigencia del presente Reglamento. En caso de que el presente Reglamento expirase sin ser prorrogado, los Estados miembros deberían disponer de un período de adaptación de seis meses por lo que se refiere a las ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento.

a)

la ayuda concedida a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura según se contemplan en el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (10);

b)

la ayuda concedida a las empresas que operan en la producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado;

c)

la ayuda concedida a las empresas que operan en la transformación y comercialización de los productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado, en los siguientes casos:

d)

la ayuda a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir la ayuda vinculada directamente a las cantidades exportadas, a la creación y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación;

e)

la ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales con preferencia sobre los bienes importados;

f)

la ayuda concedida a empresas activas en el sector del carbón, según se define en el Reglamento (CE) no 1407/2002;

g)

la ayuda para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera concedida a empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera;

h)

la ayuda concedida a empresas en crisis.

a)

«productos agrícolas», los productos enumerados en el anexo I del Tratado CE, con excepción de los productos pesqueros;

b)

«transformación de productos agrícolas», una operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, salvo las actividades agrícolas necesarias para preparar un producto animal o vegetal para su primera venta;

c)

«comercialización de productos agrícolas», la detención o exhibición con vistas a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado, con excepción de la primera venta de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte de un productor primario a los consumidores finales se considerará comercialización si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin.

a)

La ayuda consistente en préstamos se considerará ayuda de minimis transparente cuando equivalente bruto de subvención se haya calculado sobre la base de los tipos de interés de mercado aplicables en el momento de la subvención.

b)

La ayuda consistente en aportaciones de capital no se considerará ayuda de minimis transparente, a menos que la cantidad total de la aportación no supere el límite máximo de minimis.

c)

La ayuda consistente en medidas de capital de riesgo no se considerará ayuda de minimis transparente, a menos que el régimen de capital de riesgo en cuestión aporte capital solamente hasta el límite máximo de minimis para cada empresa beneficiaria.

d)

La ayuda individual concedida en virtud de un régimen de garantía a empresas que no sean empresas en crisis se considerará ayuda de minimis transparente cuando la parte garantizada que subyace al préstamo concedido con arreglo al régimen en cuestión no sea superior a 1 500 000 EUR por empresa. La ayuda individual concedida con arreglo a un régimen de garantía a favor de las empresas que operan en el sector del transporte por carretera que no sean empresas en crisis se tratará como ayuda de minimis transparente cuando la parte garantizada del préstamo subyacente concedido con arreglo a dicho régimen no exceda de 750 000 EUR por empresa. Si la parte garantizada del préstamo subyacente sólo corresponde a una proporción determinada de este límite, se considerará que el equivalente bruto de subvención de dicha garantía corresponde a la misma proporción del límite aplicable contemplado en el artículo 2, apartado 2. La garantía no deberá ser superior al 80 % del préstamo subyacente. Los regímenes de garantía también se considerarán transparentes si (i) antes de la aplicación del régimen, la metodología para calcular el equivalente bruto de subvención de las garantías se acepta tras la notificación de dicha metodología a la Comisión conforme a otro Reglamento adoptado por la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales y (ii) la metodología aprobada contempla explícitamente el tipo de garantías y el tipo de transacciones subyacentes de que se trata en el contexto de la aplicación del presente Reglamento

a)

el Fondo Europeo de Inversiones establecerá, con carácter anual, basándose en la información que los intermediarios financieros deben facilitar al FEI, una lista de beneficiarios de la ayuda y del equivalente bruto de subvención recibido por cada uno de ellos.

b)

El Fondo Europeo de Inversiones deberá enviar esta información al Estado miembro correspondiente y a la Comisión; y

c)

el Estado miembro interesado obtendrá una declaración de cada beneficiario de que la ayuda global de minimis que ha recibido no supera el límite establecido en el artículo 2, apartado 2. En caso de que se supere el límite con respecto a uno o más beneficiarios, Estado miembro interesado se asegurará de que la medida de ayuda que da lugar a que se exceda el límite se notifique a la Comisión o se recupere la ayuda del beneficiario.

a)

en el punto 1, se suprimen las palabras «transformación y comercialización»,

b)

se suprime el punto 3.

28.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 379/11

(1)

El 22 de febrero de 2006, la Comisión recibió una denuncia relativa a determinados sillines originarios de la República Popular China presentada de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de base por la Asociación Europea de Fabricantes de Sillines («el denunciante») en nombre de productores que representan una proporción importante, en este caso el 99 %, de la producción comunitaria total de determinados sillines.

(2)

La denuncia incluía pruebas del dumping de dicho producto y del importante perjuicio resultante, que se consideraron suficientes para justificar el inicio de un procedimiento.

(3)

El 7 de abril de 2006, se inició el procedimiento mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2).

(4)

La Comisión comunicó oficialmente el inicio del procedimiento a los productores exportadores de la República Popular China, los importadores, los comerciantes, los usuarios, los proveedores y las asociaciones notoriamente afectados, así como a los representantes de dicho país y los productores comunitarios denunciantes y otros productores comunitarios notoriamente afectados. Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de dar a conocer sus opiniones por escrito y de solicitar ser oídas en el plazo fijado en el anuncio de inicio.

(5)

Para que los productores exportadores que así lo desearan pudieran presentar una solicitud de trato de economía de mercado o de trato individual, la Comisión envió formularios de solicitud a los productores exportadores chinos notoriamente afectados. Tres grupos de productores exportadores y un productor exportador individual solicitaron que se les concediera el estatuto de economía de mercado, de conformidad con el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, o el trato individual en caso de que la investigación demostrara que no reunían las condiciones para el primero. Hay que señalar que tres de dichos productores exportadores constaban de dos o más empresas vinculadas que participan en la producción y/o venta de sillines.

(6)

Habida cuenta del elevado número de productores exportadores chinos e importadores y productores comunitarios que parece haber, en el anuncio de inicio, la Comisión indicó que podría aplicarse el muestreo en esta investigación para la determinación del dumping y del perjuicio, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.

(7)

Para que la Comisión pudiera decidir si sería necesario un muestreo y, si así fuera, seleccionar una muestra, se pidió a todos los productores exportadores chinos y a los importadores y productores comunitarios que se dieran a conocer a la Comisión y que proporcionaran, según lo especificado en el anuncio de inicio, información básica sobre sus actividades relacionadas con el producto en cuestión durante el período de investigación (1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005).

(8)

Por lo que respecta a los productores exportadores, dado que solo cooperaron en la investigación tres grupos de empresas y una empresa individual, se decidió que no era necesario el muestreo.

(9)

En cuanto a los productores comunitarios, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base, se seleccionó una muestra basada en el mayor volumen representativo de producción de sillines en la Comunidad que pueda investigarse razonablemente en el tiempo disponible. Basándose en la información facilitada por los productores comunitarios, la Comisión seleccionó cinco empresas establecidas en dos Estados miembros diferentes. En cuanto al volumen de producción, las cinco empresas incluidas en la muestra representaban el 86 % de la producción comunitaria total. De conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó a las partes afectadas y estas no plantearon objeción alguna. Además, se pidió a los restantes productores comunitarios que facilitaran cierta información de carácter general para el análisis del perjuicio. Por otra parte, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base, se seleccionó una muestra de importadores basada en el mayor volumen representativo de importaciones del producto afectado en la Comunidad que pueda investigarse razonablemente en el tiempo disponible. Basándose en la información recibida de diversos importadores y considerando la distinta calidad de la información remitida, se seleccionó para la muestra a dos importadores radicados en un Estado miembro. Los dos importadores mencionados representan un 21 % de las importaciones del producto afectado en la Comunidad. Teniendo en cuenta el reducido número de respuestas recibidas de los usuarios, se decidió que el muestreo de estos últimos no era necesario.

(10)

Se enviaron cuestionarios a todas las partes notoriamente afectadas y a todas las demás empresas que se dieron a conocer en los plazos establecidos en el anuncio de inicio. Se recibieron respuestas de cuatro productores exportadores chinos y de un productor del país análogo (Brasil). Se recibieron asimismo respuestas al cuestionario de los cinco productores comunitarios seleccionados en la muestra. Si bien cuatro importadores contestaron al formulario de muestreo, solo dos cooperaron rellenando el cuestionario por completo. Además, cuatro usuarios de sillines devolvieron el cuestionario completamente rellenado. Por otra parte, también se recibió una respuesta al cuestionario por parte de un proveedor de materia prima.

(11)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para la determinación provisional de la existencia de dumping, del perjuicio derivado y del interés de la Comunidad, y llevó a cabo inspecciones en las instalaciones de las siguientes empresas:

(12)

Puesto que era necesario determinar un valor normal para los productores exportadores a los que no se podía conceder el trato de economía de mercado, se efectuó una inspección para determinar el valor normal con arreglo a los datos de un país análogo, Brasil en este caso, en los locales de la siguiente empresa:

(13)

La investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005 (en adelante, «el período de investigación» o «el PI»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó desde el 1 de enero de 2002 hasta el final del período de investigación (en adelante, «el período considerado»).

(14)

El producto afectado son determinados sillines y las partes esenciales de estos (es decir soportes, almohadillado y revestimiento), de bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor, de ciclos con motor auxiliar con o sin sidecar, de aparatos para ejercicios físicos o para uso doméstico («el producto afectado» o «sillines») originarios de la República Popular China. El producto normalmente se declara con los códigos NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 y ex 9506 91 10.

(15)

Un sillín se compone normalmente de tres partes: una base o soporte sobre el que se construye el sillín, producido generalmente mediante un proceso de moldeado por inyección en material plástico; el almohadillado que se aplica al soporte para que el sillín sea cómodo, que puede hacerse de distintos tipos de espuma sintética u otros materiales; y el revestimiento, hecho de material sintético o cuero natural, para cubrir el almohadillado y los bordes del soporte, que da al sillín el tacto y propiedades estéticas. Como en el caso de los tres componentes mencionados más arriba, un sillín suele incorporar un mecanismo de fijación hecho de metal, como una horquilla o una abrazadera, y puede incluir también un muelle o un mecanismo amortiguador de elastómero.

(16)

El producto afectado se utiliza en bicicletas y vehículos similares, y en dispositivos fijos como aparatos para ejercicios físicos. La investigación ha demostrado que, a pesar de las diferencias de forma, materiales y proceso de producción, todos los distintos modelos del producto afectado comparten las mismas características físicas y técnicas básicas y se utilizan esencialmente para los mismos fines. Por lo tanto, se consideran un solo producto a efectos del presente procedimiento.

(17)

La investigación ha mostrado que las características físicas y técnicas básicas de los sillines producidos y vendidos por la industria comunitaria en la Comunidad, los sillines producidos y vendidos en el mercado nacional chino, los sillines importados en la Comunidad procedentes de China, así como los producidos y vendidos en Brasil, son iguales y tienen el mismo uso.

(18)

Por lo tanto, se concluyó de forma provisional que deben considerarse productos similares a efectos del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

(19)

De conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base, en las investigaciones antidumping relativas a importaciones originarias de la República Popular China, el valor normal será determinado de conformidad con los apartados 1 a 6 del mencionado artículo para los productores de los que se demuestre que cumplen los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c) del Reglamento de base.

(20)

De manera sucinta, y solo para facilitar la consulta, a continuación se resumen los criterios para la concesión del trato de economía de mercado:

(21)

Dos grupos de productores exportadores y un productor exportador individual solicitaron la concesión de trato de país de economía de mercado de conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base y respondieron al formulario de solicitud correspondiente previsto para los productores exportadores dentro de los plazos fijados. La Comisión recabó y comprobó en los locales de estas empresas toda la información presentada en las solicitudes de trato de economía de mercado que consideró necesaria. La investigación reveló que la solicitud de trato de economía de mercado solo podía concederse a dos grupos de productores exportadores, mientras que debían rechazarse las solicitudes de un grupo de empresas y de la empresa individual.

(22)

Por lo que respecta al productor exportador individual, la investigación mostró que dicha empresa no cumplía los requisitos de los criterios 1 y 3 antes mencionados. Concretamente, la empresa no pudo demostrar que sus decisiones se adoptaran en respuesta a las señales del mercado y sin interferencias significativas del Estado, en particular porque los volúmenes de ventas en los mercados nacional y de exportación están limitados por los Estatutos de la empresa, que no se pueden modificar sin la aprobación del Estado. Además, la empresa no pudo demostrar que no había distorsiones heredadas del sistema anterior de economía no sujeta a las leyes del mercado, en particular aportando pruebas por escrito relativas a la adquisición de los derechos de uso del terreno.

(23)

Por otra parte, un grupo de productores exportadores no declaró su vinculación con un importante cliente nacional tanto al cumplimentar el formulario de solicitud de trato de economía de mercado como en la respuesta al cuestionario antidumping. La vinculación solo se descubrió mediante comprobaciones realizadas en los locales de dichos productores exportadores. La Comisión tiene por norma examinar en su conjunto a los grupos de empresas vinculadas para determinar si merecen el trato de economía de mercado o el trato individual. Por consiguiente, conceder el trato de economía de mercado o el trato individual a este exportador habría requerido que la empresa vinculada hubiera cooperado plenamente en la investigación, con objeto de determinar sus actividades concretas relativas al producto afectado, el cumplimiento de los criterios para la concesión de dicho trato y la influencia de la relación sobre las transacciones entre ambas empresas. Pero no fue el caso, ya que la empresa vinculada no cooperó en la investigación. Por lo tanto, la Comisión no estaba en condiciones de determinar si este grupo de empresas merece el trato de economía de mercado o el trato individual. Cabe observar que este asunto afectaba a una parte muy importante de las ventas interiores del exportador. Además, esa omisión deliberada plantea dudas en cuanto a la fiabilidad del resto de la información y documentos remitidos a la Comisión. Teniendo en cuenta la referida omisión y su importancia tanto en lo relativo al análisis del trato de economía de mercado como en la determinación del dumping, que se basaría en los datos individuales remitidos por ese grupo de exportadores, se determinó que habían suministrado información falsa o engañosa a efectos de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de base. Se informó inmediatamente a la empresa de las razones por las que se había decidido desestimar la información suministrada y se le dio la oportunidad de presentar nuevas explicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 4, del Reglamento de base. Sin embargo, las explicaciones que dio la empresa fueron insatisfactorias y no convencieron a la Comisión sobre el carácter engañoso de la información ni resolvieron las dudas relativas a la veracidad de los restantes datos remitidos por la empresa. Por todo ello, se consideró que este grupo de productores exportadores no cooperaba en la investigación y se desestimó su solicitud de trato de economía de mercado y de trato individual.

(24)

Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones respecto a las mencionadas conclusiones.

(25)

Como consecuencia de ello, se concedió el trato de economía de mercado a dos grupos de productores exportadores:

(26)

De conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, se establece un derecho de ámbito nacional, en caso de establecerse alguno, para los países incluidos en el ámbito de aplicación de dicho artículo, excepto en los casos en que las empresas puedan demostrar que cumplen todos los criterios que figuran en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base.

(27)

El productor exportador al que no se pudo conceder el trato de economía de mercado solicitó asimismo el trato individual en caso de que no se le concediera el primero. No obstante, la solicitud de la empresa para la concesión del trato individual también se desestimó ya que aquella no cumplía los criterios establecidos en el artículo 9, apartado 5, letra b), concretamente que los precios a la exportación y las cantidades se determinen de manera libre.

(28)

Para determinar el valor normal, la Comisión constató en primer lugar, en relación con cada productor exportador afectado, si el total de sus ventas interiores de sillines era representativo en comparación con el total de sus ventas de exportación a la Comunidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, las ventas interiores se consideran representativas siempre que el volumen total de ventas del productor exportador en el mercado interior de su país represente como mínimo el 5 % del volumen total de sus ventas de exportación a la Comunidad.

(29)

Dentro de los dos grupos de empresas a los que se concedió trato de economía de mercado se encontraban cinco empresas que fabrican sillines para la exportación, tres de las cuales también vendían en el mercado interior. Otra de las empresas vendía en el mercado interior pero no exportaba.

(30)

En el caso de los productores exportadores cuyas ventas interiores globales eran representativas, la Comisión determinó después los modelos de sillines vendidos en el mercado interior que eran idénticos o directamente comparables a los modelos vendidos para su exportación a la Comunidad.

(31)

Para cada uno de esos tipos, se determinó si las ventas interiores eran suficientemente representativas a efectos de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base. Las ventas interiores de un modelo específico se consideraron suficientemente representativas cuando el volumen total de ventas interiores de ese modelo durante el período de investigación representaba el 5 % o más del volumen total de ventas del modelo comparable exportado a la Comunidad.

(32)

Asimismo, la Comisión examinó si podía considerarse que las ventas interiores de cada modelo del producto afectado en cantidades representativas se habían efectuado en el curso de operaciones comerciales normales a efectos del artículo 2, apartado 4, del Reglamento de base, determinando la proporción de ventas rentables del modelo en cuestión a clientes independientes en el mercado interior.

(33)

Cuando el volumen de ventas de un modelo de sillines, vendido a un precio de venta neto igual o superior a su coste de producción, representaba más del 80 % del volumen total de ventas de dicho modelo, y cuando el precio medio ponderado de ese modelo era igual o superior a su coste de producción, el valor normal por modelo de producto se basó en el precio real en el mercado interior. Este precio se calculó como media ponderada de los precios de todas las ventas interiores de ese tipo realizadas durante el período de investigación, con independencia de que fueran rentables o no.

(34)

En los casos en que el volumen de ventas rentables de un modelo de sillines representaba el 80 % o menos del volumen total de ventas de ese modelo, o en que el precio medio ponderado de ese modelo era inferior a su coste de producción, el valor normal por modelo de producto se basó en el precio real en el mercado interior, calculado como media ponderada de las ventas rentables solo de ese modelo, a condición de que esas ventas representaran como mínimo el 10 % del volumen total de ventas de ese modelo.

(35)

Por último, en los casos en que el volumen de ventas rentables de cualquier modelo de sillines representaba menos del 10 % del volumen total de las ventas de ese modelo, se consideró que ese modelo específico se había vendido en cantidades insuficientes para que el precio en el mercado interior constituyera una base apropiada para la determinación del valor normal.

(36)

Cuando no pudieron utilizarse los precios en el mercado interior de un modelo específico vendido por un productor exportador, se utilizó el valor normal calculado.

(37)

Por tanto, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, el valor normal se calculó añadiendo a los costes de fabricación de los modelos exportados de cada exportador, ajustados en caso necesario, una cantidad razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos y en concepto de beneficios. En todos los casos, los gastos de venta, generales y administrativos y el beneficio se determinaron con arreglo a los métodos establecidos en el artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base. Con este fin, la Comisión examinó si los gastos de venta, generales y administrativos soportados y el beneficio obtenido por cada uno de los productores exportadores afectados en el mercado interior constituían datos fiables.

(38)

Los gastos de venta, generales y administrativos reales en el mercado interior se consideraron fiables cuando el volumen total de ventas interiores de la empresa afectada podía considerarse representativo en comparación con el volumen de ventas de exportación a la Comunidad. El margen de beneficio en el mercado interior se determinó tomando como base las ventas interiores de los modelos vendidos en el curso de operaciones comerciales normales. A este fin, se aplicó la metodología expuesta más arriba.

(39)

En el caso de tres las empresas que tenían ventas representativas en el mercado interior, se comprobó que la mayoría de los modelos del producto afectado, que se exportaban, se vendían en el mercado interior en el curso de operaciones comerciales normales. Para aquellos modelos en que no era así, el valor normal se calculó recurriendo al método expuesto más arriba, utilizando la información relativa a los gastos de venta, generales y administrativos y a los beneficios para cada empresa afectada.

(40)

En el caso de las dos empresas sin ventas interiores representativas, el importe de los gastos de venta, generales y administrativos y de los beneficios se determinó a partir de la media de dichos gastos y beneficios de las cuatro empresas con ventas en el mercado interior.

(41)

De conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, el valor normal para los productores exportadores a los que no se concede el trato de economía de mercado debe determinarse sobre la base del precio o del valor calculado en un país análogo.

(42)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó su intención de utilizar Brasil como país análogo apropiado a efectos de determinar el valor normal y se pidió a las partes interesadas que presentaran sus observaciones al respecto.

(43)

Ninguno de los productores exportadores de la República Popular China a los que no se había concedido el trato de economía de mercado planteó objeciones a esta propuesta.

(44)

Sin embargo, un importador y un productor exportador a los que se concedió trato de economía de mercado alegaron que Brasil no es el país análogo más apropiado y que, en su lugar, debería seleccionarse a Taiwán o a México.

(45)

Por lo que respecta a Taiwán, se consideró que, aunque se ha desarrollado una industria de piezas de bicicleta en ese país, la mayor parte de la producción se ha transferido a la República Popular China. En consecuencia, los fabricantes de sillines con sede en Taiwán serían en su mayoría las mismas empresas, o vinculadas a ellas, que están exportando desde China a la Comunidad supuestamente a precios objeto de dumping. Por otro lado, la división habitual del trabajo dentro de este tipo de grupos supone que solo se fabrican en Taiwán unos pocos modelos especializados, con elevados márgenes de beneficio, mientras que la producción de la inmensa mayoría de modelos de la gama media a la gama más baja se ha trasladado a la República Popular China por razones de costes. Por consiguiente, no parece que los precios o los costes de los modelos de sillín fabricados en Taiwán sean el mejor indicador para establecer el valor normal de los sillines fabricados en la República Popular China.

(46)

Por lo que respecta a México, este país se considera un mercado abierto y competitivo, y representa aproximadamente una octava parte del tamaño del mercado brasileño. La Comisión se puso en contacto con dos conocidos productores mexicanos, pero no se ofreció cooperación.

(47)

En cuanto a Brasil, la investigación reveló que es un mercado competitivo para el producto afectado y cuenta al menos con tres productores nacionales, de distintos tamaños; sus importaciones procedentes de terceros países ascienden aproximadamente a un 15 % del consumo interno (8 a 9 millones de sillines al año). Un productor exportador adujo que el grado de competencia en el mercado brasileño no estaba claro debido al reducido número de productores. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que no había pruebas de una posición dominante de uno de los productores brasileños o de que los precios se fijaran por medios ajenos a la competencia. Tampoco había motivos para creer que el acceso a las materias primas, los costes y otras condiciones de producción en Taiwán o México fueran más similares a los de la República Popular China que los de Brasil. Por consiguiente, se consideró que el mercado brasileño era apropiado a efectos de determinación del valor normal.

(48)

Se contactó con tres productores exportadores conocidos en Brasil, y una empresa aceptó cooperar. Se envió por tanto un cuestionario a ese productor y se comprobaron in situ los datos que había proporcionado en su respuesta. Este productor que cooperó está vinculado con uno de los productores comunitarios, pero no hay motivo alguno para pensar que ello pueda afectar a la fiabilidad de los datos, que se comprobaron además en los locales de la empresa.

(49)

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye provisionalmente que Brasil constituye el país análogo más apropiado y razonable de conformidad con el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base.

(50)

Con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, el valor normal para los productores exportadores a los que no se había concedido el trato de economía de mercado se determinó a partir de la información comprobada remitida por el productor del país análogo, es decir, a partir de los precios pagados o por pagar en el mercado brasileño por modelos de productos comparables, de conformidad con la metodología expuesta más arriba.

(51)

El valor normal se fijó a partir de todos los precios pagados o por pagar en el mercado brasileño por modelos de productos comparables, ya que se determinó que todas las transacciones se habían realizado en el curso de operaciones comerciales normales.

(52)

Todos los productores exportadores efectuaron ventas de exportación a la Comunidad directamente a clientes no vinculados radicados en la Comunidad o a través de operadores comerciales vinculados o no vinculados radicados en Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas y Taiwán.

(53)

En los casos en que el producto afectado se había exportado directamente a clientes independientes en la Comunidad, los precios se basaron en los precios de exportación realmente pagados o por pagar por dicho producto, de conformidad con el artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base.

(54)

En los casos en que las ventas se efectuaron a través de un operador comercial vinculado establecido fuera de la Comunidad, el precio de exportación se determinó con arreglo a los primeros precios de reventa a clientes independientes en la Comunidad.

(55)

Se compararon el valor normal y los precios de exportación utilizando los precios en fábrica. Para garantizar una comparación ecuánime entre el valor normal y el precio de exportación, se realizaron los debidos ajustes a fin de tener en cuenta las diferencias que afectaban a los precios y su comparabilidad, de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base. Se hicieron los ajustes apropiados para tener en cuenta los gastos de transporte, seguros, mantenimiento y costes accesorios, envasado, créditos y gastos bancarios en todos los casos en que se consideró que eran razonables y exactos y que estaban justificados por pruebas contrastadas.

(56)

Respecto a las ventas encauzadas a través de empresas vinculadas en Taiwán, se realizó un ajuste conforme al artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base, en los casos en que esas empresas hayan demostrado que desempeñan funciones similares a las de un agente que presta sus servicios a cambio de una comisión. Teniendo en cuenta que no podía considerarse fiable la imputación de los gastos de venta, generales y administrativos proporcionados por la empresa vinculada, el ajuste se basó en los datos sobre los gastos de venta, generales y administrativos y el beneficio obtenidos de un operador comercial no vinculado.

(57)

Por lo que se refiere a la empresas a la que se concedió el trato de economía de mercado, se comparó la media ponderada del valor normal de cada modelo del producto afectado exportado a la Comunidad con la media ponderada del precio de exportación del modelo del producto afectado correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartados 11 y 12, del Reglamento de base.

(58)

La Comisión tiene por norma considerar a los productores exportadores vinculados o pertenecientes a un mismo grupo una sola entidad a efectos de determinación del margen de dumping y fijar, en consecuencia, un margen de dumping único en relación con todos ellos. Se hace así, en particular, porque los márgenes de dumping individuales podrían fomentar la elusión de las medidas antidumping, lo cual las haría ineficaces, al permitir que los productores exportadores vinculados canalizaran sus exportaciones a la Comunidad a través de la empresa con el margen de dumping individual más bajo.

(59)

De acuerdo con esta práctica, los productores exportadores vinculados pertenecientes a un mismo grupo se consideraron una sola entidad y se les atribuyó un margen de dumping único que se calculó a partir de la media ponderada de los márgenes de dumping de los productores que cooperaron en los grupos respectivos.

(60)

Sobre esta base, los márgenes de dumping medios ponderados provisionales expresados como porcentaje del precio cif en frontera de la Comunidad no despachado de aduana son los siguientes:

(61)

A fin de calcular el margen de dumping a escala nacional aplicable a todos los demás exportadores de la República Popular China, la Comisión determinó en primer lugar el grado de cooperación. Se comparó el volumen total de las exportaciones que figuraban en las respuestas al cuestionario de los tres productores exportadores que cooperaron con el total de importaciones objeto de dumping procedentes de China, calculado según se especifica en el considerando 71. Se calculó un porcentaje del 23 %. Por ello, se consideró que el nivel de cooperación era bajo.

(62)

Por lo tanto, se juzgó apropiado determinar el margen de dumping a escala nacional como la media ponderada de:

(63)

Partiendo de esta base, el nivel de dumping a escala nacional se determinó provisionalmente en el 30,9 % del precio cif en frontera de la Comunidad no despachado de aduana.

(64)

Se sabe que, en la Comunidad, fabrican el producto afectado nueve productores, en cuyo nombre se presentó la denuncia. Dichos productores están radicados en Italia, Polonia, el Reino Unido y Portugal y representan el 99 % de la producción comunitaria durante el período de investigación.

(65)

Además, en la fase inicial solo había un productor comunitario conocido no denunciante. Teniendo en cuenta el volumen de producción de los nueve productores denunciantes y del no denunciante de la Comunidad, la producción total del producto similar ascendió a 16 165 936 unidades en el período de investigación.

(66)

Los siguientes productores comunitarios apoyaron la denuncia:

(67)

Dado que estos nueve productores comunitarios denunciantes, que cooperaron (tanto los incluidos como los no incluidos en la muestra), representan el 99 % de la producción comunitaria del producto similar, constituyen la industria comunitaria a efectos de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base. Los productores comunitarios incluidos en la muestra durante la investigación (en adelante denominados «los productores incluidos en la muestra») representaban el 86 % de la producción comunitaria total de sillines durante el período de investigación. Se pidió a los restantes productores comunitarios que facilitaran cierta información de carácter general para el análisis del perjuicio.

(68)

El consumo comunitario se estableció a partir del volumen de ventas en el mercado comunitario realizado por los cinco productores comunitarios incluidos en la muestra, los cuatro productores comunitarios no incluidos en la muestra, el productor no denunciante de la Comunidad y las importaciones procedentes de China y de otros terceros países clasificados en los códigos NC pertinentes según Eurostat. Como se menciona en el considerando 14, el producto afectado se declara actualmente con los códigos NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 y ex 9506 91 10. Los datos de Eurostat relativos a los dos últimos códigos NC (ex 8714 99 90 y ex 9506 91 10) incluyen también otras piezas de bicicletas y aparatos de gimnasia. Dado que no fue posible obtener a partir de esas dos categorías más amplias los datos relativos únicamente a sillines, se decidió elaborar las estadísticas de importación solo en base a un código NC, a saber, el código NC 8714 95 00. En consecuencia, los volúmenes de importación estimados para determinar el consumo comunitario pueden haberse subestimado ligeramente.

(69)

A partir de estos datos, se constató que durante el período considerado, el consumo aumentó en un 17 % y pasó de 20 701 027 unidades en 2002 a 24 179 012 toneladas en 2005.

Cuadro 1

(70)

Como se ha señalado anteriormente, la investigación actual ha mostrado que los márgenes de dumping medios determinados para China superan el umbral mínimo, según se define en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento de base, y que el volumen de importaciones procedentes de China no es insignificante con arreglo al artículo 5, apartado 7, del Reglamento de base.

(71)

Los volúmenes de importación se determinaron con arreglo a los datos de Eurostat. Como se menciona en el considerando 68, los datos sobre importaciones que aparecen más adelante pueden haberse subestimado ligeramente. Por otra parte, Eurostat suministra estadísticas relativas a los volúmenes de importación de los sillines para bicicleta por cantidades de 100 kg y no por unidades. Por consiguiente, se consideró adecuado utilizar 500 gramos por unidad como peso medio de los sillines importados procedentes de China ya que ese fue el peso que comunicaron un productor exportador y un importador no vinculado.

(72)

Las importaciones procedentes de China aumentaron más del cuádruple durante el período considerado. Efectivamente, pasaron de 1 416 814 unidades en 2002 a 6 276 749 unidades en el período de investigación. En consecuencia, la cuota de mercado pasó del 7 % en 2002 al 26 % durante el período de investigación, lo cual debe considerarse en el contexto de un consumo que solo aumentó en un 17 %, es decir, relativamente menos que el incremento de las importaciones procedentes de China.

(73)

Un importador no vinculado alegó que las estadísticas de importación estaban sobreestimadas ya que se había utilizado un peso medio de 400 gramos por unidad de sillines en la denuncia. La empresa alegó que el peso medio de los sillines importados de China se situaría entre 600 y 800 gramos. Sin embargo, esa misma empresa confirmó durante la visita de inspección que se realizó a sus instalaciones que el peso medio de los sillines importados de China era de 500 gramos, es decir exactamente el peso que había usado la Comisión para la conversión de los datos de Eurostat dados en 100 kg en unidades. Dicho importador alegó igualmente que las estadísticas de las importaciones procedentes de China estaban infladas porque incluían también importaciones de revestimientos de sillines utilizados para la protección de estos últimos. Como se menciona en el considerando 71, las estadísticas de importación se basaban en un solo código NC (NC 8714 95 00), distinto del utilizado normalmente para declarar los revestimientos para asientos, y, por tanto, la alegación del importador carece de fundamento.

Cuadro 2

(74)

El precio medio ponderado de las importaciones de sillines procedentes de China se ha reducido constantemente cada año a lo largo del período considerado y globalmente en un 21 % (de 1,4 EUR por unidad a 1,1 EUR por unidad entre 2002 y el período de investigación).

Cuadro 3

(75)

Para determinar la subcotización de precios, la Comisión analizó datos relativos al período de investigación. Los precios de venta pertinentes de la industria comunitaria eran los aplicados a los clientes independientes, ajustados, cuando procedía, a precio de fábrica, es decir excluidos los fletes en la Comunidad y una vez deducidos descuentos y reducciones. Los precios de los diferentes modelos de sillines, determinados con arreglo a soporte, almohadillado, revestimiento, horquilla y peso, se compararon con los precios de venta de modelos similares cobrados por los exportadores, netos y ajustados, cuando procedía, al precio cif en frontera de la Comunidad con un ajuste adecuado de los derechos de aduana (1,2 %) y los costes posteriores a la importación, como los que soporta un importador en la Comunidad.

(76)

Para el cálculo de los márgenes de subcotización medios ponderados, se tuvieron en cuenta los precios de exportación de los productores exportadores que habían cooperado. Durante el período de investigación, el margen de subcotización medio ponderado de los productores que cooperaron subió un 67,3 %. Por otro lado, teniendo en cuenta todas las importaciones de sillines, es decir las de los productores exportadores de China que cooperaron y las de los que no cooperaron, el cálculo de los márgenes de subcotización medios basados en datos de Eurostat mostró un margen de subcotización medio similar del 70,1 % durante el período de investigación.

(77)

De conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base, en el examen del impacto de los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre la industria comunitaria se incluyó una evaluación de todos los factores económicos pertinentes que influyeron en la situación de dicha industria durante el período considerado.

(78)

Este análisis se llevó a cabo para las empresas incluidas en la muestra. Sin embargo, para ofrecer una imagen completa de la situación de la industria comunitaria, en el caso de los indicadores de los que se disponía de información fiable para la industria comunitaria en su conjunto, esta información también se ha facilitado más adelante. Sobre esta base, los resultados de la industria medidos por factores tales como precios, salarios, inversiones, beneficios, rendimiento del capital invertido, flujo de tesorería y capacidad de reunir capital se han establecido sobre la base de información procedente de las empresas incluidas en la muestra. Los factores de perjuicio tales como cuota de mercado, volumen de ventas y producción se han establecido para toda la industria comunitaria.

(79)

El volumen de producción de la industria comunitaria en su conjunto mostró una clara tendencia negativa durante el período considerado. Mientras que en 2002 el volumen de producción ascendió a 19 546 740 unidades de sillines, durante el período de investigación la industria comunitaria solo fabricó 16 165 936 unidades, lo que representa casi 3,5 millones de unidades o un 17 % menos que en 2002. Como los sillines solo se suelen fabricar en función de los pedidos de los clientes, la evolución negativa del volumen de producción puede estar directamente relacionada con el descenso de la demanda de sillines fabricados por la industria comunitaria.

Cuadro 4

(80)

Se determinó la capacidad de producción utilizando la capacidad nominal de las unidades de producción en posesión de la industria comunitaria, teniendo en cuenta las interrupciones en la producción y el hecho de que, en unos pocos casos, parte de la capacidad se había utilizado para otros productos fabricados (por ejemplo manillares para sillas de ruedas) en las mismas líneas de producción.

(81)

La capacidad de producción de sillines aumentó en un 5 % durante el período considerado, pasando de 29 492 120 unidades en 2002 a 30 921 920 en el período de investigación. El ligero incremento de la capacidad de producción se deriva de las inversiones realizadas en 2004 y en el período de investigación para la producción de algunos nuevos modelos de producto utilizados en bicicletas de carreras. El índice de utilización de la capacidad refleja el descenso de la producción y la demanda, que se ha reducido constantemente durante el período considerado, y apenas alcanzó un 45 % de utilización en el período de investigación.

Cuadro 5

(82)

Por lo que se refiere a las existencias a finales de año, la mayor parte de la producción se realiza por encargo. Por tanto, aunque se observó una reducción de las existencias de un 35 % durante el período considerado, se considera que, en este caso, las existencias no eran un indicador pertinente del perjuicio.

Cuadro 6

(83)

Entre 2002 y 2003, las inversiones para la producción del producto similar se redujeron y pasaron de 3 808 057 EUR a 1 664 147 EUR. En 2004, los productores comunitarios aumentaron sus inversiones y gastaron casi el doble (3 381 996 EUR) que el año anterior. Durante el período de investigación, las inversiones ascendieron a 3 638 962 EUR, lo que significa un 4 % por debajo del nivel alcanzado al principio del período considerado (2002). Durante la investigación, se concluyó que las inversiones en inmuebles, instalaciones y maquinaria se hicieron principalmente para mantener la capacidad de producción y, solo en 2004 y en el período de investigación, en menor medida, para desarrollar nuevos tipos de producto. Habida cuenta de la escasa utilización de la capacidad mencionada anteriormente, las inversiones no se hicieron en ningún caso con la intención de aumentar el volumen global de producción.

(84)

La investigación reveló que la industria comunitaria está considerada el líder mundial por lo que respecta al diseño del producto y a la innovación en materia de sillines. Entre 2000 y el período de investigación, los productores comunitarios diseñaron y comercializaron más de un millar de modelos nuevos de sillines. La I&D representa aproximadamente entre el 8 % y el 10 % del volumen de negocios de la industria comunitaria. Con objeto de salvaguardar esa posición, la industria comunitaria debe mantener cierto nivel de inversiones, aunque la utilización de la capacidad sea baja.

Cuadro 7

(85)

Los dos canales de venta principales para los sillines son el mercado del fabricante del equipo original (OEM) y el «mercado postventa». En el primer caso, los sillines se venden para su instalación en una bicicleta nueva y, en el segundo, para sustituir un sillín usado. Se concluyó que las ventas del OEM representan aproximadamente un 60 % mientras que las del mercado postventa representan aproximadamente un 40 % del total del mercado. Como ocurre con los neumáticos, los sillines son los componentes de bicicleta que se sustituyen con mayor frecuencia.

(86)

El volumen de ventas de la industria comunitaria en su conjunto disminuyó en un 20 % durante el período considerado, pasando de 15 109 569 a 12 139 162 unidades en el período de investigación, es decir que la industria comunitaria vendió casi tres millones de sillines menos en ese período que durante el año 2002. Tras una pequeña reducción del 1 % en 2003 en comparación con 2002, las pérdidas en volumen de ventas se acentuaron en 2004 y en el período de investigación.

(87)

Por lo que se refiere al valor, en todo el período considerado las ventas de sillines por parte de la industria comunitaria solo aumentaron en un 1 %. El valor de las ventas en el mercado comunitario aumentó en un 5 %, pasando de 54 460 180 EUR en 2002 a 56 978 530 EUR en 2003 y, posteriormente, a 58 052 609 EUR en 2003. No obstante, durante el período de investigación, el valor de las ventas de la industria comunitaria se redujo en casi tres millones de euros en comparación con el año anterior. El hecho de que las ventas expresadas en valor no sigan la misma tendencia que las ventas expresadas en volumen se explica por el aumento de los precios medios que se explicará más adelante.

(88)

Paralelamente al descenso de los volúmenes de ventas, la cuota de mercado comunitaria también se redujo de manera significativa y pasó del 81 % en 2002 al 58 % en el período de investigación. En otras palabras, la industria comunitaria perdió veintitrés puntos porcentuales de su cuota mercado en todo el período considerado debido al aumento de las importaciones procedentes de China.

Cuadro 8

(89)

El precio medio de venta por unidad de la industria comunitaria aumentó en un 25 % durante el período considerado. Este aumento de precio puede explicarse, por una parte, como resultado del aumento del coste de las materias primas, que afectó a toda la industria, y, por la otra, por el paso de tipos de productos de baja tecnología a tipos de productos de alta tecnología que incorporan materias primas más caras y cuya producción utiliza asimismo más mano de obra.

(90)

Entre las materias primas más importantes utilizadas para la fabricación de sillines podemos mencionar forros de plástico, revestimientos, poliuretano, carriles y abrazaderas. Los precios de esas materias primas dependen indirectamente de la evolución de los precios del petróleo y de los metales. La materia prima es el factor que más influye en el coste de producción de los sillines, representa aproximadamente la mitad del coste de producción total y tiene un impacto directo en la evolución del precio de venta.

(91)

Se comprobó que los precios medios de las materias primas permanecieron estables entre 2002 y 2003, pero subieron a partir de 2003 y también durante el período de investigación, lo cual se refleja en el incremento de los precios de venta de la industria comunitaria.

(92)

Un importador no vinculado alegó que la subida de los precios de la industria comunitaria era el resultado de un cambio en la demanda de los consumidores. La empresa alegó que la demanda de bicicletas baratas y, en consecuencia, de sillines baratos ha descendido mientras que la demanda de sillines más caros de alta calidad ha aumentado. Esto último está en contradicción con el hecho de que las importaciones a bajo precio procedentes de China aumentaron en términos relativos mucho más que el consumo global de sillines en la Comunidad, como se señala en el considerando 72.

Cuadro 9

(93)

Durante el período considerado, la rentabilidad media ponderada sobre el volumen de negocios neto de la industria comunitaria disminuyó drásticamente y pasó de un 3,8 % en 2002 a solo un 0,4 % en el período de investigación. Mientras que la rentabilidad aumentó hasta el 5,0 % en 2003, luego cayó al 3,1 % en 2004 para alcanzar finalmente un 0,4 % durante el período de investigación. El bajo margen de beneficio se debe a que la industria comunitaria no ha sido capaz de repercutir suficientemente la subida de precios de las materias primas a sus clientes.

Cuadro 10

La industria comunitaria generó un flujo de caja de 3 990 473 EUR durante el período de investigación, lo que equivale aproximadamente a 1,1 millones de euros o un 22 % menos que en el año 2002. La persistencia de esta importante capacidad de liquidez en la industria comunitaria, a pesar de todo, se explica porque requiere mucho capital e importes elevados de depreciación. En general, se puede decir que la liquidez de la industria comunitaria ha seguido una tendencia similar a la de la rentabilidad.

Cuadro 11

(94)

El rendimiento del activo neto se calculó expresando el beneficio neto antes de impuestos del producto similar como porcentaje del valor contable neto del inmovilizado asignado a ese mismo producto. Este indicador siguió una tendencia similar a la de la rentabilidad y se redujo, pasando de un 12 % en 2002 a solo un 1 % en el período de investigación.

Cuadro 12

(95)

Por parte de la industria comunitaria no hubo ninguna alegación ni indicación de que esta hubiera tenido problemas para reunir capital para sus actividades y, por tanto, se concluyó que la industria comunitaria, en su conjunto, estaba en condiciones de reunir capital para sus actividades durante el período considerado.

(96)

El empleo en la industria comunitaria permaneció estable durante todo el período considerado. Tras un pequeño aumento en 2003 y 2004, la industria comunitaria daba trabajo a 418 personas a tiempo completo durante el período de investigación, es decir casi la misma cifra que en 2002. Sin embargo, hay que señalar que todos los productores comunitarios subcontratan partes importantes de su producción a otras pequeñas y medianas empresas radicadas en la Comunidad y, en unos pocos casos, casi la totalidad del proceso de producción a otras pequeñas y medianas empresas. Por tanto, la cantidad total de personas empleadas a tiempo completo en la fabricación de sillines es mucho mayor que la cantidad de trabajadores directamente contratados por la industria comunitaria. Se calcula que la cantidad total de trabajadores empleados en la fabricación del producto similar es, por lo menos, tres veces mayor, es decir aproximadamente 1 200 personas durante el período de investigación. Los salarios medios anuales siguieron la misma tendencia de los costes laborales, es decir, un incremento del 5 % durante el período considerado, pasando de 7 784 339 EUR en 2002 a 8 190 911 EUR en el período de investigación, lo que se sitúa por debajo de la tasa de inflación de la Comunidad durante el mismo período.

Cuadro 13

(97)

La productividad medida como producción por trabajador y por año ascendió a 42 225 unidades en 2002 y fue descendiendo constantemente a lo largo de los años hasta situarse en 33 317 unidades en el período de investigación. Este descenso se ha debido a la disminución del volumen de producción.

Cuadro 14

(98)

Aunque el consumo comunitario aumentó en un 17 % entre 2002 y el período de investigación, el volumen de ventas de la industria comunitaria se mantuvo estable en ese mismo período. Así pues, las ventas de la industria comunitaria aumentaron mucho menos que la demanda durante el período considerado. Por otra parte, la cuota de mercado de las importaciones procedentes de China subió diecinueve puntos porcentuales.

(99)

Por lo que respecta a la incidencia en la industria comunitaria de la magnitud del margen de dumping real, dado el volumen y los precios de las importaciones procedentes de China, dicha incidencia no puede considerarse insignificante.

(100)

No se puede considerar que la industria comunitaria se haya recuperado de los efectos de prácticas de dumping anteriores o subvenciones.

(101)

El análisis de los indicadores de perjuicio reveló que la situación de la industria comunitaria se deterioró notablemente durante el período considerado. La mayor parte de los indicadores de perjuicio (ventas netas en volumen, volumen de producción, utilización de la capacidad, rentabilidad, rendimiento de las inversiones, inversiones, flujo de caja y empleo) registraron una tendencia negativa durante el período considerado.

(102)

No obstante, algunos indicadores de perjuicio muestran una evolución estable (ventas netas en valor y capacidad de reunir capital) o incluso una tendencia positiva (precios medios de venta, capacidad de producción y existencias de cierre). Sin embargo, el aumento de los precios de venta y del valor de las ventas netas durante el período de investigación no se puede atribuir a una mejora de la situación de la industria comunitaria en sí, sino que se debieron al aumento del precio de las materias primas y también a que la industria comunitaria ha desplazado sus actividades hacia la producción de tipos de producto de mayor valor. Por lo que se refiere a las existencias de cierre, como se menciona en el considerando 82, teniendo en cuenta la peculiaridad de esta industria, no se puede considerar que dichas existencias sean relevantes para determinar el prejuicio.

(103)

Dada la evolución extraordinariamente negativa de los indicadores relativos a los beneficios, se puede considerar que está en juego la viabilidad de la industria si no se remedia esta situación. En efecto, como la industria comunitaria consta de pequeñas y medianas empresas y opera en un sector que requiere mucho capital, es harto improbable que pueda sobrevivir financieramente durante mucho tiempo a este ritmo.

(104)

A la vista de lo anterior, se concluye que la industria de la Comunidad ha sufrido un perjuicio importante a tenor del artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base.

(105)

De conformidad con el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, la Comisión examinó si las importaciones objeto de dumping del producto afectado procedentes de China habían causado un perjuicio a la industria comunitaria en un grado que pudiera clasificarse como perjuicio importante. Se examinaron también otros factores conocidos, distintos de las importaciones objeto de dumping, que podrían haber perjudicado asimismo a la industria comunitaria, a fin de garantizar que el posible perjuicio causado por esos otros factores no se atribuyera a esas importaciones.

(106)

Las importaciones procedentes de China aumentaron más del cuádruple durante el período considerado, es decir, que se incrementaron en un 343 % en términos de volumen y 19 puntos porcentuales en términos de cuota de mercado. Al mismo tiempo, los precios medios de todos los productores exportadores de China subcotizaron en un 70,1 % los precios medios de la industria comunitaria durante el período de investigación. El aumento sustancial del volumen de las importaciones procedentes de China y el crecimiento de su cuota de mercado durante el período considerado, a precios que eran solo una fracción de los de la industria comunitaria, coincidió con el claro deterioro de la situación financiera global de la industria comunitaria durante el mismo período.

(107)

Mientras que los precios unitarios de las importaciones procedentes de China no dejaron de descender durante el período considerado (en un 21 %) y pasaron de 1,4 EUR en 2002 a 1,1 EUR en el período de investigación, los precios de la industria comunidad aumentaron en ese mismo período en un 26 %, pasando de 3,6 EUR en 2002 a 4,5 EUR durante el período de investigación. Esta evolución contradictoria de los precios solo puede explicarse en parte porque las gamas de productos de sillines que se fabrican en la Comunidad y en China son distintas. Además, los productores comunitarios han puesto de manifiesto que el acceso y los precios de la mayor parte de materias primas son similares en la Comunidad y en China. También han demostrado que el coste de las materias primas de los sillines en la Comunidad aumentó durante el período considerado. De hecho, algunos productores exportadores de China venden sus productos a la Comunidad por debajo del coste de las materias primas, lo cual muestra claramente que los precios no son bajos a causa de una ventaja comparativa de los productores chinos, sino a causa de la existencia de prácticas de dumping.

(108)

El efecto de este comportamiento desleal en materia de precios de las importaciones objeto de dumping procedentes de China ha sido que los precios de la industria comunitaria se vieron sometidos a una dura presión y ni siquiera pudieron compensar el aumento del coste de las materias primas. Todo ello lo confirmó más adelante la significativa reducción de la rentabilidad de la industria comunitaria.

(109)

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es evidente que las importaciones a bajo precio procedentes de China, que subcotizaron significativamente los precios de la industria comunitaria, han tenido un papel determinante en el deterioro de la situación de dicha industria, lo cual se refleja en particular en el descenso de la producción, los volúmenes de ventas y la cuota de mercado, y en la reducción drástica de la rentabilidad.

(110)

Por lo que respecta a un productor exportador, su margen de dumping determinado estaba por debajo del umbral mínimo. Por tanto, las importaciones de esa empresa no se tomaron en consideración en el análisis del perjuicio del que se habla más arriba. De todas las importaciones procedentes de China, las importaciones de este productor exportador se situaron entre un 28 % y un 33 % durante los años 2002 y 2003, entre un 18 % y un 23 % en 2004 y entre un 12 % y un 17 % en el período de investigación. Los precios medios de esta empresa seguían subcotizando de forma significativa los de la industria comunitaria a lo largo del período considerado. Pese a todo, los márgenes medios de subcotización de esta empresa eran mucho menores que los de las empresas consideradas culpables de dumping. Teniendo en cuenta que las importaciones de esta empresa no eran significativas y, lo que es más importante, disminuyeron radicalmente durante el período considerado, se concluye que las importaciones de este productor exportador que no son objeto de dumping no rompieron la relación causal, es decir, que las importaciones objeto de dumping procedentes de China han causado un perjuicio importante a la industria comunitaria.

(111)

Según Eurostat y la información recogida durante la investigación, los principales terceros países desde los que se importan sillines son Taiwán, la India y Vietnam.

(112)

Las importaciones procedentes de Taiwán ascendieron a 1 145 000 unidades en 2002 y aumentaron durante el período considerado en un 25 %, con lo que pasaron a 1 429 200 unidades en el período de investigación. La cuota de mercado de los sillines importados de Taiwán ascendió a un 6 % en 2002, lo que supone el mismo nivel que en el período de investigación. Las importaciones taiwanesas se realizaron a precios similares a los de la industria comunitaria. La cuota de mercado de las importaciones taiwanesas no aumentó sino que permaneció estable en un 6 % durante el período considerado y los precios se mantuvieron al mismo nivel que los de la industria comunitaria. Por esa razón, no se considera que las importaciones procedentes de Taiwán hayan tenido un efecto negativo sobre la situación de la industria comunitaria.

(113)

Las importaciones de la India ascendieron a 204 200 unidades en 2002 y aumentaron en un 30 %, pasando a 264 600, en el período de investigación. Los precios medios de las importaciones procedentes de la India permanecieron durante todo el período considerado muy por debajo del nivel de importaciones procedentes de China. Eran de 0,63 EUR en 2002, luego subieron a 0,91 EUR en 2003, bajaron drásticamente a continuación para pasar a 0,47 EUR y se situaron en 0,6 EUR en el período de investigación. No obstante, esas importaciones solo representan una cuota de mercado del 1 % a lo largo del período considerado. Por consiguiente, se concluye que a pesar del bajo nivel de precios de las importaciones procedentes de la India, sus efectos no han sido importantes para la situación de la industria comunitaria.

(114)

Por lo que se refiere a las importaciones procedentes de Vietnam, las estadísticas de Eurostat muestran un nivel muy bajo de sillines importados en 2002, situado en 4 400 unidades, que aumentó a 136 600 unidades durante el período de investigación. Los precios de las importaciones procedentes de Vietnam permanecieron en los mismos niveles de los precios de las importaciones procedentes de China. Sin embargo, al igual que en el caso de la India, la cuota de mercado de las importaciones vietnamitas estuvo por debajo del 1 % en 2002 y 2003 y apenas llegó al 1 % en 2004 y en el período de investigación. Por ello, se concluye que esas importaciones no han tenido unos efectos importantes sobre la situación de la industria comunitaria.

(115)

Así que se puede concluir de momento que las importaciones distintas de las procedentes de China no han contribuido al perjuicio importante que ha sufrido la industria comunitaria.

(116)

Como se ha mencionado en el considerando 84, entre el 8 % y el 10 % del volumen de negocios de la industria comunitaria se destina a inversiones en I&D, que incluyen estudios de posición, pruebas y el diseño de nuevos modelos de sillines. Algunos productores comunitarios adujeron que determinados productores exportadores chinos sencillamente copian los productos europeos patentados, gracias a lo cual pueden obtener una ventaja en materia de costes en comparación con los productores de la Comunidad, que se refleja en el bajo precio de los sillines importados procedentes de China. Por otra parte, un importador no vinculado advirtió que las falsificaciones no solo procedían de China, sino que también eran motivo de pleitos entre los productores comunitarios. Se reconoce que las falsificaciones son un asunto importante en este sector y, efectivamente, pueden haber agravado la situación de la industria comunitaria. En cualquier caso, las pérdidas sufridas por infracciones de los derechos de propiedad intelectual causadas por la propia industria comunitaria no bastan para alterar la sólida relación causal entre la aparición de importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por la industria comunitaria. Cabe observar asimismo que en la medida en que las importaciones objeto de dumping procedentes de China se han beneficiado de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, ello no puede considerarse como otro factor ya que dichas infracciones siguen estando relacionadas con las importaciones objeto de dumping.

(117)

La coincidencia temporal entre, por una parte, el aumento de las importaciones objeto de dumping procedentes de China, el aumento de las cuotas de mercado y la subcotización detectada y, por otra, el deterioro evidente de la situación de la industria comunitaria, lleva a la conclusión de que las importaciones objeto de dumping causaron el perjuicio importante sufrido por la industria comunitaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 6, del Reglamento de base. Se analizaron otros factores pero no se consideraron un motivo determinante para el perjuicio sufrido.

(118)

Según este análisis, que distingue y separa debidamente los efectos de todos los factores conocidos sobre la situación de la industria comunitaria de los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping, se concluye provisionalmente que las importaciones de sillines procedentes de la República Popular China han causado un perjuicio importante a la industria comunitaria a efectos de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 6, del Reglamento de base.

(119)

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de base, se examinó si, a pesar de la conclusión sobre el dumping, existían razones de peso para concluir que la adopción de medidas en este caso concreto no redundaría en interés de la Comunidad. A este respecto, también hay que considerar el impacto probable de las posibles medidas sobre todas las partes implicadas en el procedimiento así como las consecuencias de que no se tomen medidas.

(120)

La situación perjudicial en que se encuentra la industria de la Comunidad se debe a sus dificultades para competir con las importaciones a bajo precio y objeto de dumping.

(121)

Se considera que la imposición de medidas permitirá que la industria comunitaria aumente su volumen de ventas y su cuota de mercado, generando así mayores economías de escala y, por ende, el nivel de beneficios necesario para justificar una inversión continua en sus instalaciones de producción y en investigación que le permita mantener la competitividad.

(122)

Un importador alegó que un productor comunitario gozaba de una posición dominante en el mercado, pero no documentó dicha alegación. Teniendo en cuenta que al menos diez productores concurrentes distintos han producido sillines a lo largo del período considerado en la Comunidad, y que no se ha encontrado ningún elemento durante la investigación que apoyara esa alegación, esta se rechazó.

(123)

Si no se impusieran medidas, la industria de la Comunidad continuaría deteriorándose. No podría invertir en nuevas tecnologías ni competir eficazmente con las importaciones procedentes de terceros países. Además, si no se imponen medidas, la industria comunitaria seguiría viéndose privada de los grandes volúmenes del mercado de sillines de gama media, lo que le impediría distribuir sus costes fijos. De hecho, algunas empresas deberían suspender la fabricación del producto similar y despedir a sus trabajadores, lo que ya ocurrió con un productor comunitario en 2005. Por consiguiente, se concluye que la imposición de medidas antidumping redundaría en interés de la industria comunitaria.

(124)

En cuanto a los importadores, solo dos no vinculados respondieron al cuestionario y, posteriormente, se realizó una visita de inspección a uno de ellos. Los volúmenes del producto afectado importado por estos dos importadores representaron el 21 % de las importaciones totales en la Comunidad procedentes de China y el 7 % del consumo comunitario.

(125)

Teniendo en cuenta que la mayoría de las importaciones de sillines en la Comunidad se encauza a través de importadores no vinculados con productores exportadores, las importaciones de esos importadores no vinculados se consideran representativas de los demás importadores no vinculados.

(126)

Para esos dos importadores, las importaciones del producto afectado procedentes de China representaban el 100 % de sus importaciones totales de sillines. En el caso de un importador, el valor de las ventas de sillines correspondiente representó el 8 % de su volumen de negocios total durante el período de investigación. Las ventas de sillines importados procedentes de China fueron rentables durante el período de investigación. Sin embargo, la rentabilidad de las ventas de sillines se situó en 0,7 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad global de esa empresa, que estaba comprendida aproximadamente entre el 2 % y el 6 % en el período de investigación. En el caso del otro importador, el valor de las ventas de los sillines importados en el período de investigación representó solo un 1,2 % del volumen total de negocios de la empresa y se estimó que la rentabilidad de las ventas de sillines era acorde con la rentabilidad global de dicha empresa. Cabe suponer de la información presentada por otros importadores que la situación de esos dos importadores descritos es representativa de la mayoría de importadores de sillines procedentes de China.

(127)

Como las dos empresas importaron sillines solo de China, se puede concluir que la imposición de medidas podría efectivamente afectar negativamente a la situación financiera de esas empresas. No obstante, tomando en consideración que las ventas de sillines solo representan una cuota poco importante del volumen total y de los beneficios de las empresas, no es de esperar que las medidas tengan unos efectos financieros significativos sobre la situación global de esos dos importadores. Además, esas empresas pudieron importar sillines tanto del grupo de empresas que se consideró que no practicaban dumping como de otros terceros países, por ejemplo Taiwán.

(128)

Cuatro usuarios y distribuidores del producto afectado respondieron al cuestionario enviado por la Comisión. Se trata de empresas que utilizan sillines fabricados en la Comunidad y que importan asimismo sillines para el montaje de bicicletas. Esas cuatro empresas utilizaron una cantidad total de 1 255 655 sillines durante el período de investigación, de los cuales más de la mitad (55 %) eran sillines procedentes de China. La cantidad de sillines importados de China y utilizados por las cuatro empresas equivalía al 5,7 % del volumen de ventas de la industria comunitaria y al 2,9 % del consumo total de sillines en la Comunidad durante el período de investigación. Por lo que respecta a los montadores de bicicletas, se consideró que los sillines no constituyen un componente muy importante del coste total de una bicicleta terminada. Como media, los sillines representan, en función del modelo, entre el 1 % y el 4 % del coste total de una bicicleta.

(129)

Dos de los cuatro usuarios declararon que la imposición de un derecho antidumping no tendría probablemente un gran efecto sobre su actividad ya que un aumento en el precio de los sillines se repercutiría posiblemente sobre su cliente final. Por otra parte, alegaron que la diferencia de precio entre los sillines fabricados y vendidos por la industria comunitaria y las importaciones de China era tal que, aunque se impusieran derechos antidumping, los sillines procedentes de China seguirían siendo competitivos.

(130)

Los otros dos usuarios no facilitaron una versión no confidencial de sus observaciones. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 19, apartado 3, dicha información no se tuvo en cuenta provisionalmente.

(131)

Un productor exportador alegó que la imposición de medidas sobre las importaciones de sillines no redundaría en interés de la Comunidad ya que ello podría suponer un mayor riesgo para la existencia de una industria viable europea de fabricación de bicicletas. La empresa alegó que los fabricantes de la Comunidad podrían suspender sus actividades de montaje y empezar, en su lugar, a importar bicicletas terminadas procedentes de China a pesar de la existencia de un derecho antidumping sobre las bicicletas. A este respecto, hay que señalar que los exportadores no intervienen en la determinación del interés comunitario. De todas maneras, se examinó el fondo del argumento. Teniendo en cuenta que dos de los cuatro usuarios de sillines de bicicletas declararon que la imposición de medidas no tendría unos efectos importantes sobre sus empresas a causa del bajo coste de un sillín en el coste global de producción de una bicicleta, en todo caso debe rechazarse el argumento.

(132)

Teniendo en cuenta que las cuatro empresas adquirieron una importante parte de sillines (45 % durante el período de investigación) en la Comunidad y dado que un sillín representa relativamente poco en el coste total de una bicicleta totalmente ensamblada, se concluye que el impacto sobre los costes resultantes de la imposición de medidas antidumping sobre los sillines no influirá de manera significativa en los costes globales de los usuarios. En cualquier caso, si se produce ese impacto, es muy probable que los usuarios de sillines importados lo puedan repercutir sobre el coste adicional.

(133)

Un proveedor de materia prima contestó al cuestionario. Esta empresa se dedica a la venta de las partes metálicas de los sillines a los fabricantes de la Comunidad, en concreto cuadros y muelles de hierro, acero, titanio, vanadio, manganeso o acero al carbono. La empresa está a favor de la imposición de derechos antidumping, ya que espera un incremento de los volúmenes de producción de la industria comunitaria y, en consecuencia, una mayor demanda para sus materias primas.

(134)

Teniendo en cuenta los resultados anteriores y a falta de cualquier otro elemento u otra reacción por parte de organizaciones de consumidores, se concluye que es probable que el impacto de las medidas propuestas en los consumidores sea marginal.

(135)

Por tanto, se concluye que no hay razones convincentes de interés comunitario por las que no deberían establecerse derechos antidumping provisionales.

(136)

Teniendo en cuenta las conclusiones relativas al dumping, al perjuicio resultante, a la causalidad y al interés comunitario, deben imponerse medidas provisionales para evitar que las importaciones objeto de dumping causen más perjuicios a la industria de la Comunidad.

(137)

El nivel de las medidas debe ser suficiente para eliminar el perjuicio causado por esas importaciones, aunque sin rebasar los márgenes de dumping observados. Al calcular el importe del derecho necesario para eliminar los efectos perjudiciales del dumping, se consideró que las medidas deben permitir a la industria comunitaria cubrir sus costes de producción y obtener, en general, un beneficio, antes del pago de los impuestos, que una industria de este tipo en el sector podría obtener razonablemente en condiciones normales de competencia —es decir, sin que se produzcan importaciones objeto de dumping— sobre las ventas del producto similar en la Comunidad. El margen de beneficio antes de impuestos utilizado para este cálculo fue del 5 % del volumen de negocios, basado en la rentabilidad determinada en investigaciones anteriores sobre fabricantes de piezas de bicicleta entre los que se incluyen los productores comunitarios según la definición del considerando 67.

(138)

A continuación se determinó el incremento de los precios necesario comparando la media ponderada del precio de importación, según se había establecido en los cálculos de subcotización de los precios (véase el considerando 75 más atrás), con el precio no perjudicial de los productos vendidos por la industria comunitaria en el mercado comunitario. El precio no perjudicial se ha obtenido ajustando el precio de venta de la industria comunitaria para tener en cuenta las pérdidas y beneficios reales durante el período de investigación, y añadiendo el margen de beneficio mencionado anteriormente. Cualquier diferencia derivada de esta comparación se expresó en porcentaje del valor total cif de importación.

(139)

Para calcular el nivel de eliminación del perjuicio aplicable a escala nacional a los demás exportadores de la República Popular China, debe recordarse que el nivel de cooperación fue bajo. Por consiguiente, el margen de perjuicio se calculó como una media ponderada del margen calculado para el productor que había cooperado y los márgenes más altos establecidos para los tipos representativos exportados por el mismo exportador.

(140)

Los márgenes de perjuicio fueron notablemente mayores que los márgenes de dumping constatados.

(141)

Habida cuenta de lo anterior, se considera que debe establecerse un derecho antidumping provisional al nivel del margen de dumping constatado, pero que no debe ser superior al margen de perjuicio calculado anteriormente, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base.

(142)

Los tipos de derechos antidumping de cada empresa especificados en este Reglamento se establecieron sobre la base de las conclusiones de la presente investigación. Por lo tanto, reflejan la situación constatada durante la investigación con respecto a estas empresas. Estos tipos de derecho (por oposición al derecho nacional aplicable a «todas las demás empresas») son aplicables exclusivamente a las importaciones de productos originarios del país afectado y producidos por las empresas y, por lo tanto, por las personas jurídicas específicas citadas. Los productos importados fabricados por cualquier otra empresa no específicamente mencionada en la parte dispositiva del presente Reglamento con su nombre y dirección, incluidas las entidades jurídicas vinculadas a las mencionadas expresamente, no podrán beneficiarse de estos tipos y estarán sujetos al tipo del derecho aplicable a «todas las demás empresas».

(143)

Cualquier solicitud de aplicación de estos tipos de derecho antidumping individuales por empresa (por ejemplo, a raíz de un cambio de nombre de la entidad o de la creación de nuevas entidades de producción o venta) deberá dirigirse inmediatamente a la Comisión (3) junto con toda la información pertinente, en especial cualquier modificación de las actividades de la empresa relacionadas con la producción y las ventas interiores y de exportación derivada, por ejemplo, del cambio de nombre o del cambio en las entidades de producción y de ventas. La Comisión, cuando así proceda, y tras consultar al Comité consultivo, modificará en consecuencia el Reglamento, poniendo al día la lista de empresas que se beneficiarán de los tipos de derecho individuales. Con el fin de garantizar una aplicación adecuada del derecho antidumping, el margen de dumping a escala nacional debería aplicarse asimismo a los productores que no exportaron a la Comunidad durante el período de investigación.

(144)

En vista de lo expuesto más arriba, los derechos definitivos son los siguientes:

(145)

Con objeto de minimizar el riesgo de elusión debido a la gran diferencia entre los tipos de los derechos, se considera necesario, en este caso, adoptar disposiciones especiales para garantizar la correcta aplicación de los derechos antidumping. Solamente las importaciones del producto afectado fabricado por el productor exportador respectivo pueden beneficiarse del margen de dumping específico calculado para el productor correspondiente. Estas medidas especiales incluyen lo siguiente:

(146)

La presentación a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de una factura comercial válida que debe cumplir los requisitos establecidos en el anexo del presente Reglamento. Las importaciones que no vayan acompañadas de esta factura estarán sujetas al derecho antidumping residual aplicable a todas las demás empresas.

(147)

Se recuerda que, si el volumen de las exportaciones de las empresas que gozan de tipos de derecho antidumping individual inferiores aumentase significativamente tras la imposición de las medidas antidumping, el aumento de volumen podría considerarse un cambio de características del comercio debido a la imposición de medidas a tenor del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. En tales circunstancias, y siempre que se reúnan las condiciones, podrá incoarse una investigación por prácticas de elusión. En la investigación podrá examinarse, entre otros aspectos, la necesidad de suprimir los tipos de derecho individuales y el consiguiente establecimiento de un derecho de ámbito nacional.

(148)

En aras de la buena gestión, debe fijarse un período en el cual las partes interesadas que se dieron a conocer dentro del plazo especificado en el anuncio de inicio puedan dar a conocer sus opiniones por escrito y solicitar una audiencia. Además, se deberá hacer constar que todas las conclusiones relativas al establecimiento de derechos antidumping formuladas a efectos del presente Reglamento son provisionales y podrán reconsiderarse a efectos de cualquier derecho definitivo.

28.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 379/37

(1)

Es necesario establecer medidas transitorias para que los importadores de Bulgaria y Rumanía puedan acogerse a las disposiciones previstas en el Reglamento (CE) no 1870/2005 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2005, por el que se abren contingentes arancelarios, se fija su modo de gestión y se instaura un régimen de certificados de importación y de origen para los ajos importados de terceros países (1). Entre dichas medidas han de figurar, en particular, la determinación de la cantidad de referencia y las definiciones de importadores nuevos y tradicionales.

(2)

Procede modificar el Reglamento (CE) no 1870/2005 en consecuencia.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de las frutas y hortalizas frescas.

1)

Se modifica el artículo 2 de la siguiente manera:

2)

En el artículo 3 se añade el siguiente apartado 4:

«4.   No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en las campañas de importación de 2006/07, 2007/08 y 2008/09 y sólo en el caso de Bulgaria y Rumanía:

3)

Se modifica el anexo II de la siguiente manera:

4)

Se modifica el anexo III de la siguiente manera:

28.12.2006   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 379/39

(1)

Deben introducirse algunas modificaciones técnicas en el Reglamento (CE) no 2295/2003 de la Comisión (1) con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea.

(2)

Los anexos I, II y V del Reglamento (CE) no 2295/2003 contienen ciertas indicaciones en todas las lenguas de la Comunidad tal como estaba constituida el 31 de diciembre de 2006. Dichos anexos han de incluir también las indicaciones correspondientes a Bulgaria y Rumanía.

(3)

Por consiguiente, debe modificarse el Reglamento (CE) no 2295/2003 en consonancia con lo anterior.

1)

El apartado 2 del artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   La autoridad competente asignará al centro de embalaje por ella autorizado un número distintivo que comenzará por las siguientes letras mayúsculas:

2)

Los anexos I, II y V se modifican con arreglo al anexo del presente Reglamento.

28.12.2006   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 379/47

(1)

El Reglamento (CE) no 795/2004 de la Comisión (2) establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único a partir de 2005.

(2)

El artículo 54, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1782/2003 dispone que los agricultores deben retirar de la producción las hectáreas admisibles a efectos de derechos por retirada de tierras y el artículo 56, apartado 1, de dicho Reglamento establece la prohibición de utilizar las tierras retiradas de la producción para cualquier uso agrario.

(3)

El artículo 32, apartado 1, del Reglamento (CE) no 795/2004, dispone que las superficies retiradas deberán permanecer así durante un período que comenzará, a más tardar, el 15 de enero y terminará, como muy pronto, el 31 de agosto.

(4)

La Comisión ha establecido frecuentemente excepciones a estas normas para dar respuesta a las necesidades de forraje de los agricultores en las regiones afectadas por los desastres naturales, en especial, las sequías. Las circunstancias especiales de un desastre natural local requieren un análisis y una decisión sin demora. La experiencia demuestra que para ocuparse adecuadamente y a su debido tiempo de las situaciones locales es apropiado atribuir a los Estados miembros la responsabilidad de adoptar tales decisiones, a condición de que las circunstancias excepcionales las justifiquen.

(5)

Por lo tanto, es preciso que los Estados miembros tengan potestad para reconocer los desastres naturales graves que afecten seriamente la tierra de las explotaciones agrarias en una región determinada y para autorizar, sin demora, a todos los productores afectados el uso de la tierra retirada de la producción para producir pienso y notificarlo a la Comisión. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión tales decisiones nacionales, especialmente qué condiciones climáticas adversas las justifican.

(6)

El Reglamento (CE) no 795/2004 debe modificarse en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Gestión de Pagos Directos.

28.12.2006   

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L 379/49

(1)

El artículo 3, apartado 2, letra f), del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (2), establece que los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) relativos a los mercados de la pesca deben financiarse de forma centralizada.

(2)

El artículo 35 del Reglamento (CE) no 104/2000 especifica los tipos de gastos que realizan los Estados miembros.

(3)

Son aplicables para la financiación de estos gastos las normas de gestión directa centralizada entre la Comisión y los Estados miembros.

(4)

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los fondos comunitarios y proteger los intereses financieros de la Comunidad, el Reglamento (CE) no 1290/2005 establece determinadas obligaciones para los Estados miembros en lo relativo a la gestión y control de esos fondos, la comunicación de información sobre el marco jurídico y administrativo de que disponen para cumplir tales obligaciones y la recuperación de importes indebidamente abonados si se detectan irregularidades en la gestión de los fondos en cuestión. Además, los intereses financieros de las Comunidades en relación con los gastos financiados en virtud del artículo 35 del Reglamento (CE) no 104/2000 están salvaguardados en virtud de las correspondientes normas relativas a la protección de dichos intereses que se establecen en el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3), el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (4), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (5), y el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6).

(5)

Con objeto de garantizar la correcta gestión de los flujos financieros, habida cuenta, en particular, de que corresponde a los propios Estados miembros movilizar, en primer término, los fondos necesarios para financiar los gastos mencionados en el artículo 35 del Reglamento (CE) no 104/2000 antes de que dichos gastos les sean reembolsados semestralmente por la Comisión, los Estados miembros deben recopilar la información pertinente en relación con los gastos y comunicarla a la Comisión junto con la declaración de gastos.

(6)

La Comisión debe reembolsar semestralmente los gastos a los Estados miembros sobre la base de las declaraciones de gastos y de los justificantes que las acompañen.

(7)

A fin de que la Comisión pueda utilizar de forma eficaz la información facilitada por los Estados miembros, es necesario que dicha información se remita por medios electrónicos.

(8)

Con objeto de evitar que a las ayudas abonadas a las organizaciones de productores en divisas distintas del euro se apliquen tipos de cambio distintos de los utilizados en las declaraciones de gastos, es necesario que los Estados miembros afectados apliquen en sus declaraciones de gastos el mismo tipo de cambio que se haya utilizado al efectuar los pagos a los beneficiarios. Los tipos de cambio aplicables deben determinarse en función de los hechos generadores definidos en el Reglamento (CE) no 1925/2000 de la Comisión, por el que se establecen los hechos generadores de los tipos de cambio aplicables al cálculo de determinados importes resultantes de los mecanismos del Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura (7).

(9)

Con objeto de proporcionar un fundamento jurídico para los pagos realizados en el primer período de referencia, el presente Reglamento debe aplicarse con carácter retroactivo a partir del 16 de octubre de 2006.

a)

los gastos realizados durante el período semestral de referencia anterior;

b)

el gasto total realizado desde el inicio del ejercicio financiero hasta el final del período semestral de referencia anterior.

28.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 379/54

(1)

Algunos Estados miembros han presentado solicitudes de modificación de varios centros de intervención que figuran en el anexo del Reglamento (CEE) no 2273/93 de la Comisión (2) para ubicarlos mejor o responder más adecuadamente a las condiciones exigidas. Procede atender dichas solicitudes.

(2)

Habida cuenta de la adhesión de Bulgaria y de Rumanía, resulta necesario determinar los centros de intervención para estos nuevos Estados miembros e incluirlos en la lista establecida en el Reglamento (CEE) no 2273/93.

(3)

El Reglamento (CEE) no 2273/93 debe modificarse en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Gestión de los Cereales.