21.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 366/1

(1)

Mediante carta de 4 de agosto de 2003, la Comisión solicitó información sobre el control de las ayudas estatales en Polonia, incluidas en su caso, las medidas destinadas a la reestructuración del beneficiario. Posteriormente la cuestión fue abordada por los servicios de la Comisión y las autoridades polacas en diversas reuniones de carácter técnico y fue objeto de una correspondencia intensa entre la Comisión y Polonia.

(2)

El 23 de enero de 2004 el consultor encargado de la evaluación independiente del programa de reestructuración en Polonia con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo no 8 remitió a la Comisión su evaluación sobre este asunto.

(3)

Mediante carta de 19 de mayo de 2004 la Comisión comunicó a Polonia que, en relación con estas medidas, había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE y solicitó que le facilitase información sobre una serie de asuntos.

(4)

La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

(5)

Mediante carta de 26 de junio de 2004, las autoridades polacas respondieron a las cuestiones planteadas y solicitaron una decisión de la Comisión en aplicación del punto 10 del Protocolo no 8 por la que se obtiene el acuerdo para modificar el Programa nacional de reestructuración de la industria siderúrgica polaca.

(6)

La Comisión recibió observaciones de los interesados y las remitió a las autoridades polacas mediante carta de 27 de septiembre de 2004.

(7)

Mediante carta de 22 de noviembre de 2004, las autoridades polacas respondieron a las observaciones de los interesados. Con posterioridad, la Comisión se reunió en varias ocasiones con las autoridades polacas. Se les solicitó información adicional mediante carta de 8 de junio de 2005.

(8)

El beneficiario es una empresa en crisis, la siderúrgica Huta Częstochowa S.A (en lo sucesivo denominada «HCz»; véase el punto 2.a). En octubre de 2002, HCz alquiló sus bienes de producción a una nueva empresa, Huta Stali Częstochowa Sp z o.o. (en lo sucesivo denominada «HSCz»; véase el punto 2.b).

(9)

Dos son los tipos de medidas en cuestión: una ayuda a la reestructuración financiera de HCz (véase el punto 3) y otras medidas directas de diversa índole (véase el punto 4).

(10)

La «reestructuración» se desarrolló en tres fases, de las que sólo la última es de interés a los efectos del control de las ayudas estatales. Un primer intento llevado a cabo en noviembre de 2001 en el marco de un procedimiento judicial de conciliación acabó en fracaso. Como consecuencia de ello, HCz se vio obligada a presentar un procedimiento de insolvencia en octubre de 2002. En febrero de 2003, se aceptó la reestructuración de HCz en aplicación de lo dispuesto en una nueva ley, como resultado de la cual se suspendió el procedimiento de insolvencia. En el marco del plan de reestructuración, se han de dividir los activos entre varias empresas y éstas o los activos se han de vender. Una de estas empresas se quedó con los activos de producción de acero para cubrir las deudas contraídas con acreedores comerciales (bancos y proveedores de servicios públicos) y otra recibió fundamentalmente terrenos destinados a resarcir las deudas contraídas con los acreedores públicos (deudas contraídas con instituciones públicas, como son los impuestos). Además, las restantes filiales de HCz se venderán para saldar las deudas públicas y comerciales no reestructurables.

(11)

HCz es el segundo productor de acero de Polonia. Produce fundamentalmente chapa en cuarto (3), un tipo de acero acabado que supone más del 60 % de sus ventas y que se emplea en los sectores naval y de la construcción.

(12)

La primera planta de HCz se creó entre 1896 y 1902. Actualmente HCz está formada por una planta siderúrgica relativamente moderna y un tren de laminación de chapa compuesto por un horno de arco eléctrico, una máquina de colada continua y un tren de laminación de chapa pesada con instalaciones de acabado. La capacidad nominal de producción de la acería (que produce productos semiacabados, es decir, desbastes) es de 700 000 toneladas y la del tren de laminado (que convierte los productos semiacabados en acabados) ronda las 780 000 toneladas.

(13)

HCz posee 14 filiales que le prestan servicios adicionales. Entre ellas se encuentran el fabricante de tubos Rurexpol Sp. z o.o, (4) la fábrica de coque Koksownia Sp. z o.o. y la compañía eléctrica Elsen Sp. z o.o. HCz y sus filiales empleaban a unos 5 000 trabajadores en 2002.

(14)

HCz es propiedad al 100 % del Ministerio de Hacienda polaco. Su capital en acciones asciende a 370 millones de PLN (unos 70 millones de euros) (5). El valor contable de los activos de la compañía a 31 de diciembre de 2003 era de 768,5 millones de PLN (unos 160 millones de €).

(15)

Desde el verano de 2001 experimenta graves dificultades financieras. Al no poder hacer frente al servicio de su deuda (que a finales de 2003 era de unos 1 400 millones de PLN, unos 310 millones de euros), la mayor parte de sus activos, incluidos todos los activos siderúrgicos, se hipotecó en beneficio de los principales acreedores.

(16)

El 11 de noviembre de 2001 HCz solicitó un procedimiento de conciliación judicial, a raíz del cual se suspendió el pago de sus deudas. El procedimiento de conciliación tiene por objeto que la empresa pueda reestructurarse mediante una condonación parcial de sus deudas por parte de sus acreedores. En octubre de 2002 el tribunal anuló el procedimiento de conciliación porque los acreedores no se habían puesto de acuerdo sobre las medidas de reestructuración. En opinión de las autoridades polacas, el procedimiento de conciliación no llegó a buen puerto porque los acreedores exigían que HCz pagase sus deudas mediante la ayuda concedida por el Estado.

(17)

El 28 de diciembre de 2002 HCz solicitó la incoación del procedimiento de insolvencia. Con arreglo a la legislación polaca, una vez finalizado el procedimiento de conciliación HCz estaba obligada a incoar el procedimiento de insolvencia al no poder reembolsar sus deudas exigibles en el momento de la anulación del procedimiento de conciliación. A partir de ese momento HCz entregó en alquiler sus activos de producción, cesó su producción de acero y ya sólo ha actuado como sociedad holding para sus filiales. En la actualidad no está compuesta más que por un órgano de gestión formado por unas 40 personas.

(18)

A raíz del procedimiento de insolvencia relativo a HCz y con objeto de garantizar la continuidad de la producción sin correr el riesgo de que el síndico de la quiebra suspendiese la actividad en el transcurso del procedimiento, se creó una nueva empresa HSCz, bajo el control de Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (en lo sucesivo denominada «TFS», sociedad de responsabilidad limitada que opera en el sector siderúrgico y en la que el Ministerio de Hacienda polaco posee una participación mayoritaria).

(19)

El 28 de octubre de 2002, HSCz alquiló las instalaciones de producción de acero de HCz (incluida la acería, el tren de laminación, la planta de coque y algunos servicios esenciales). El contrato de arrendamiento establece que HSC ha de abonar [...] (6) millones de PLN al mes en concepto del arrendamiento financiero y la absorción de 2057 empleados de HCz (1 950 en la actualidad).

(20)

El contrato de arrendamiento financiero concedió a HSCz una prórroga de 14 meses en el pago del alquiler. Aunque el contrato no contemplaba explícitamente que se debieran abonar intereses por el aplazamiento del pago, el 30 de noviembre de 2004 se calcularon los intereses por el pago aplazado con el resultado de un importe de [...] PLN, que HSCz abonó a HCz.

(21)

TFS sólo transfirió a HSCz el capital mínimo exigido de 50 000 PLN. Por ello, para operar en el mercado sin capital circulante, HSCz acortó el plazo de pago de las deudas a unos 15 días, al tiempo que amplió a más de 50 días el plazo de pago a los acreedores. Ello fue posible ya que, salvo una excepción, todos los proveedores aceptaron de buen grado estas condiciones de pago a cambio de seguir teniendo a HSCz entre sus clientes principales. En la práctica, muchos proveedores celebraron una especie de acuerdos de trueque o de permuta por los que las materias primas, especialmente la escoria, se abonaban mediante productos acabados tales como chapas de acero para su reventa a determinados usuarios finales. Las empresas hicieron un seguimiento estricto de la producción y las cuentas de HSCz y exigieron obtener beneficios significativos en sus operaciones a cambio del riesgo que corrían.

(22)

Sólo se solicitó una garantía adicional para las deudas en concepto del suministro eléctrico facilitado por el operador eléctrico polaco Polskie Sieci Energetyczne S.A. (en adelante «PSE»). Se solicitó a TFS que celebrase tres contratos de garantía por un importe de [...] PLN cada uno. Estos contratos constan, por una parte, de una garantía formada por tres letras de cambio que garantizan el pago de [...] millones de PLN y, por otra, de tres declaraciones que incluyen el consentimiento a someterse a ejecución inmediata con arreglo al Código polaco de procedimiento civil (artículo 777), con lo que ofrece a PSE garantías que ascienden a [...] millones de PLN. El 28 de noviembre de 2002 se emitieron dos letras de cambio/garantías por valor de [...] millones de PLN cada una y válidas hasta el 30 de junio de 2003, mientras que el 30 de diciembre de 2002 se emitió otra garantía por importe de [...] millones de PLN, válida hasta el 31 de marzo de 2005. En concepto de todas las letras de cambio y de las garantías HSCz abonó una comisión fija de [...] PLN, y por la garantía de [...] millones de PLN, una cuantía equivalente aproximadamente al 0,8 %. No obstante, las facturas de electricidad pendientes de pago no superaron nunca la cantidad de [...] millones de PLN, porque el acuerdo de garantía incluía un mecanismo que obligaba a HSCz a abonar cualquier importe pendiente de pago en el plazo de 5 semanas.

(23)

En junio de 1998 el Consejo de Ministros de Polonia aprobó el Primer Programa de Reestructuración del Sector Siderúrgico Polaco. Este Programa se actualizó en 2001 y a él se añadió la Ley de Reestructuración del Sector Siderúrgico (7) de 24 de agosto de 2001, que constituía el fundamento jurídico para la reestructuración del sector siderúrgico polaco.

(24)

El 5 de noviembre de 2002, el Consejo de Ministros de Polonia aprobó la modificación del Primer Programa de Reestructuración, que pasó a denominarse Programa de Reestructuración y Desarrollo del Sector Siderúrgico Polaco hasta el 2006 (en adelante denominado Programa Nacional de Reestructuración o «PNR»). En lo esencial este plan autoriza en el periodo 1997-2006 la concesión de ayudas estatales de hasta 3 387 millones de PLN (unos 713 millones de €) destinadas a la reestructuración del sector siderúrgico polaco.

(25)

En el PNR se indica que en Polonia existen 17 empresas siderúrgicas, divididas en tres grandes grupos. El primero engloba a ocho empresas beneficiarias de ayudas estatales en el marco del PNR. La mayor parte de ellas se destinaron a la consolidación de los cuatros centros de producción más importantes del país, que se han fusionado en el mayor productor siderúrgico polaco, Polskie Huty Stali S.A (en adelante «PHS»), actualmente denominado Mittal Steel Poland (en lo sucesivo «MSP»), a raíz de su venta al holding LNM (8), que se transformó recientemente en Mittal Steel  (9). El segundo grupo abarca a seis empresas que no se incluyeron en el programa de reestructuración porque su principal actividad no estaba relacionada con la producción de acero o porque no habían recibido ayudas. En el tercer grupo se incluyen tres empresas que habían recibido ayudas pero en relación con las cuales se habían iniciado procedimientos de insolvencia.

(26)

HCz figuraba en el tercer grupo. Habida cuenta de la solicitud de incoación del procedimiento de insolvencia por parte de HCz, en el PNR se indica en relación con HCz que «la reestructuración ulterior del tren de laminación tendrá lugar tras el procedimiento de insolvencia» (puntos 3.1.2 y 5.1). De hecho, en el punto 3.1.3.3 se indica que HCz es una de las plantas «en relación con las cuales se iniciaron procedimientos de insolvencia» y que en la actualidad está siendo administrada «por el Síndico Oficial de los activos procedentes de procedimientos de insolvencia.» En el punto 5.4.2 el PNR explica que «para llevar a término la reestructuración de HCz, sería necesario concederle ayudas estatales por un importe de 1 000 millones de PLN y aún así no se lograrían los resultados previstos. En estas circunstancias se deberá reestructurar la empresa mediante liquidación y sus activos de producción serán administrados por HSCz, que continuará la actividad productiva de HCz sin el concurso de ayudas de reestructuración. Los activos de HCz no serán absorbidos por ningún beneficiario de ayudas (punto 3.1.3.1.)».

(27)

El PNR se remitió a la UE y quedó finalizado el 25 de marzo de 2003 tras una intensa negociación con la Comisión. Tras evaluarlo, la Comisión presentó una propuesta de Decisión del Consejo por la que se ampliaba el periodo de gracia para la concesión de ayudas estatales al sector siderúrgico polaco con arreglo al Acuerdo Europeo (cuya vigencia sólo llegaba en principio hasta finales de 1997) hasta finales de 2003, siempre que se alcanzase la viabilidad antes de 2006. Esta Decisión fue aprobada por el Consejo en julio de 2003 (10).

(28)

En este contexto, la UE autorizó a Polonia, a modo de excepción de sus normas, a conceder ayudas de reestructuración al sector siderúrgico (11). Las conclusiones principales del PNR se incluyeron en un Protocolo anejo al Acta de adhesión, el Protocolo no 8 sobre la reestructuración del sector siderúrgico polaco. El Protocolo no 8 avala la concesión de ayudas estatales a las ocho empresas mencionadas (HCz no está entre ellas) de hasta 3 387 millones de PLN. Por otra parte, el Protocolo no 8 subraya que no se permite la concesión de ninguna otra ayuda de reestructuración al sector siderúrgico polaco.

(29)

El 30 de octubre de 2002, justo después de que HCZ presentase la solicitud de incoación del procedimiento de insolvencia, se aprobó la Ley sobre ayudas estatales a empresas de especial importancia para el mercado laboral (se modificó en noviembre de 2003 (12) y en lo sucesivo se hará referencia a ella como «la Ley de 30.10.2002») (13). Esta Ley autoriza a las empresas a llevar a cabo un proceso de reestructuración para evitar la liquidación. A tal efecto, la Ley introdujo un nuevo enfoque, ya que contempla la reestructuración (es decir, una condonación parcial) de las deudas públicas, que hasta entonces sólo podían ser reprogramadas o aplazadas.

(30)

De conformidad con el artículo 7.1 de la Ley de 30.10.2002, las empresas en proceso de reestructuración están protegidas frente a la insolvencia desde el inicio del proceso y hasta la finalización o suspensión del mismo. Este deberá haber concluido 24 meses después de que se haya adoptado la decisión de reestructuración (artículo 19.2 de la Ley de 30.10.2002).

(31)

La Ley de 30.10.2002 regula la reestructuración financiera de las deudas comerciales generadas antes de julio de 2002 y de las deudas públicas generadas antes de junio de 2002 (artículo 3 de la Ley de 30.10.2002, que amplió el periodo anterior en un año). Mientras que la reestructuración financiera privada de las deudas comerciales se basa en un acuerdo de reestructuración que deber ser suscrito por al menos el 50 % de los acreedores (con arreglo al Capítulo 4 de la Ley de 30.10.2002), las deudas públicas pueden ser condonadas parcialmente, si así lo decide el Presidente de la Agencia polaca de Desarrollo Industrial (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., en adelante «ARP»), el organismo responsable de supervisar la reestructuración de las empresas en aplicación de la Ley de 30.10.2002 (con arreglo al Capítulo 5).

(32)

Además, mediante la enmienda de 30.10.2002, que entró en vigor el 14 de noviembre de 2003, se ha introducido en el Capítulo 5.a) de la Ley la posibilidad de recuperar dinero de deudas públicas sobre la base de un régimen especial de reestructuración por el que el beneficiario cede a una sociedad perteneciente a ARP (en adelante «Operator») una parte de sus activos libre de garantías y cuyo valor represente al menos el 25 % de la deuda total. Posteriormente se venden estos activos para pagar a los acreedores públicos (artículo 32.d) de la Ley de 30.10.2002). No obstante, los acreedores públicos han de avalar el régimen especial de reestructuración (artículo 32.h) de la Ley de 30 de octubre de 2002).

(33)

El Capítulo 5.a) y el régimen especial de reestructuración amplían también el ámbito de aplicación temporal y material de las deudas reestructurables. Las deudas pueden ser prorrogadas un año más (hasta el 30 de junio de 2003) y pueden abarcar más tipos diferentes de deuda pública con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.a.1) de la Ley de 30.10.2002 (14).

(34)

El 21 de enero de 2003 HCz solicitó a la ARP que procediese a su reestructuración de conformidad con la Ley de 30.10.2002. El 21 de febrero de 2003 el presidente de ARP aceptó la solicitud y ordenó la puesta en marcha del proceso de reestructuración de conformidad con el artículo 10.1 de la Ley de 30.10.2002, lo que ofrecía a HCz protección frente a la declaración de insolvencia.

(35)

El 18 de abril de 2003 HCz presentó un plan de reestructuración a la ARP. La idea central del mismo consistía en separar los activos productivos de HCz del resto y vender los primeros sin cese de actividad a un inversor privado. El 2 de julio de 2003 la ARP dio su visto bueno al plan, que seguidamente fue remitido al Servicio de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores (en lo sucesivo «UOKiK»), que lo aceptó el 25 de julio de 2003, a condición de que no se concediesen ayudas estatales (15).

(36)

El 7 de agosto de 2003 el presidente de la ARP adoptó la decisión de reestructuración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley de 30.10.2002. En octubre de 2003 se modificó el plan de reestructuración para incluir las condiciones establecidas por el UOKiK. El 1 de diciembre de 2003 fue aprobado por la ARP, que modificó la decisión de reestructuración original.

(37)

El 30 de abril de 2004 el presidente de ARP adoptó una nueva decisión por la que modificaba la decisión de reestructuración, basada en un plan de empresa actualizado fechado el 26 de abril de 2004. Era necesario modificar el plan para tomar en consideración los cambios introducidos en la Ley de 30.10.2002; la nueva versión describía también la división de los activos con mayor detalle (16).

(38)

El plan de reestructuración identificó varios grupos de acreedores en función de la naturaleza jurídica de las obligaciones:

(39)

El primer grupo incluye las deudas de derecho público (importes hasta el 30 de junio de 2003):

cotizaciones a la Seguridad Social (a favor de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (en adelante «ZUS»)) por importe de unos [...] millones de PLN ([...] millones reestructurables, y [...] millones no reestructurables);

Por consiguiente, los «acreedores de derecho público» son: ZUS, FGSP y PFRON, dependientes del Ministerio de Economía y Trabajo, el Municipio de Częstochowa, incluida su Agencia Tributaria, el Ayuntamiento y la provincia de Silesia. A ello hay que añadir otras municipalidades, como Poraj, que adeudan cantidades más pequeñas.

(40)

El segundo grupo está compuesto por deudas comerciales (importes que vencían el 30 de septiembre de 2003), y pueden subdividirse en deudas con acreedores públicos y privados. El primer subgrupo (en adelante «los acreedores públicos con deudas comerciales») está formado por:

(41)

El segundo subgrupo, y simultáneamente el tercer grupo, abarca los siguientes acreedores privados (importes devengados a 30 de septiembre de 2003):

(42)

El plan de reestructuración contempla la reestructuración financiera de las deudas anteriores mediante la división de los activos en tres empresas.

(43)

El plan de reestructuración establece que, a cambio de sus deudas, se deberá ofrecer a los acreedores con deudas comerciales activos de producción siderúrgica. Con ellos se pretende intercambiar deudas por acciones en una filial de nueva creación, MH, que se convertirá en titular de la totalidad del equipo de la acería, el laminador y el edificio de administración.

(44)

El valor de los activos se determinó con arreglo a la legislación polaca sobre empresas de titularidad pública, que exige una evaluación de los activos antes de proceder a la venta. En consecuencia, en agosto de 2003 ATEST llevó a cabo una valoración del alto horno (fundición) (17), que arrojó una cifra de [...] millones de PLN. Por otra parte, el tren de laminado fue valorado por PROFCEN de Częstochowa en [...] millones de PLN. No obstante, habida cuenta de que estas valoraciones fueron cuestionadas por los acreedores comerciales, que las consideraron demasiado optimistas a la vista del método empleado, en diciembre de 2003 ATEST realizó una nueva valoración basada en el flujo de caja descontado del tren de laminado y la fundición, que arrojó la cifra de [...] millones de PLN. Por otra parte, una valoración realizada siguiendo el método suizo (2/3 flujo de tesorería descontado, 1/3 valoración de activos) arrojó una cifra de [...] millones de PLN. Esta valoración fue más o menos confirmada por la oferta que LNM presentó en diciembre de 2003 por valor de [...] millones de PLN, corregida a [...] millones de PLN a finales de 2003 (no obstante, para marzo de 2005 y como consecuencia del incremento significativo del precio del acero, el valor casi se había duplicado hasta alcanzar […entre 600 y 650] millones de PLN).

(45)

El 13 de octubre de 2003, los acreedores comerciales firmaron un acuerdo para la reestructuración de su deuda antes de junio de 2002 (en adelante «el acuerdo de reestructuración») que entró en vigor el 9 de diciembre de 2003. Sobre la base del valor en libros de los activos de MH, es decir, 320 millones de PLN, este acuerdo establecía, en primer lugar, que las deudas a 30 de junio de 2002 de los mencionados acreedores comerciales se liquidarían mediante la conversión parcial en el 80,44 % de las acciones de MH. De ellas, el 72,47 % se abonó en proporción a las deudas vigentes de los acreedores comerciales, y el 7,97 % se asignó proporcionalmente a las garantías existentes de los acreedores. Todo ello condujo a una amortización de la deuda de un 60 % en 2003 y de aproximadamente un 30 % en 2005.

(46)

En segundo lugar, el acuerdo de reestructuración establecía que RFG debería utilizar el 19,56 % restante de las acciones de MH para liquidar, por una parte, la totalidad de los intereses sobre las deudas existentes con anterioridad a junio de 2002, calculadas hasta el día de entrada en vigor del acuerdo, es decir, el 9 de diciembre de 2003 (posteriormente ha sido reemplazado por el acuerdo de reestructuración), y, por otra, las deudas surgidas después de junio de 2002 y los intereses correspondientes.

(47)

El acuerdo de reestructuración fue modificado posteriormente en varias ocasiones para cambiar el plazo en el cual los acreedores participantes debían recibir las acciones de MH y el plazo de recepción de ofertas por MH procedentes de inversores estratégicos.

(48)

El acuerdo de reestructuración fue suscrito inicialmente por los acreedores que representaban el 54 % del importe de la deuda exigida, que incluía a los siguientes acreedores comerciales públicos: PSE, Zakład Energetyczny, ARP, PKP, PGNiG y los siguientes acreedores privados: el banco BPH y BPK Logo. Kredyt Bank, ING BSK, Citibank Handlowy, Bank Millenium, CZW Węglozbyt y Kompania Węglowa no dieron su consentimiento en un primer momento. No obstante, de conformidad con el artículo 23.2 de la Ley de 30.10.2002, el acuerdo es de obligado cumplimiento para todos los acreedores con deudas comerciales.

(49)

En marzo de 2004 Bank Millenium, CZW Węglozbyt y Kompania Węglowa dieron su visto bueno al acuerdo de reestructuración. Posteriormente, también Kredyt Bank, ING y Citibank Handlowy avalaron la lógica económica subyacente al programa de reestructuración.

(50)

La Comisión entiende que MH se venderá con las hipotecas sobre activos de la empresa, dado que el producto de la venta se empleará para saldar las demás deudas públicas comerciales y las deudas de derecho público no reestructurables; no será hasta entonces cuando se liberarán las hipotecas.

(51)

El plan de reestructuración aprobado por la decisión de reestructuración establece que Operator asume la totalidad de las deudas públicas reestructurables a 30 de junio de 2003.

(52)

Como contrapartida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.d) de la Ley de 30.10.2002, HCz transferirá a Operator una parte de sus activos — libres de garantías — por valor como mínimo del 25 % de las deudas transferidas a Operator. Estos activos han sido definidos en el plan de reestructuración e incluyen terrenos, una parte de los cuales constituirá un parque industrial, la compañía electroenergética Elsen, y 10 millones de PLN en activos exigibles. Operator tratará de obtener el máximo efectivo posible de estos activos. No se espera poder culminar la venta de la mayor parte de estos activos antes de diciembre de 2005.

(53)

El valor del terreno que recibirá Operator ha sido estimado por un auditor independiente en 120,6 millones de PLN. Junto con las acciones de Elsen, valoradas en unos 25,4 millones de PLN, y las deudas por valor de 10 millones de PLN, los activos de Operator ascenderían a 156 millones de PLN (18). Esta evaluación fue llevada a cabo en nombre de la ARP por parte de BRE Corporate Finance, banco de inversión de Commerzbank en Polonia (19).

(54)

La transferencia de deudas a Operator conlleva automáticamente la liberación de las garantías en relación con estas deudas. No obstante, como consecuencia de la existencia de deudas no reestructurables, algunos acreedores públicos seguirán manteniendo garantías, que seguirán en vigor hasta que HCz/RFG pueda liquidar sus deudas tras la venta de MH.

(55)

ZUS, el Ayuntamiento de Częstochowa, PFRON y el voivodato de Silesia han dado su visto bueno a la reestructuración basada en unas reglas específicas. Por otra parte, las autoridades polacas han señalado que la Agencia Tributaria de Częstochowa, FGŚP y las autoridades municipales de Poraj se opusieron a esta forma de reestructuración a principios de junio de 2005 por considerar que la insolvencia lograría mejores resultados. Por tanto, sus deudas se consideraron no reestructurables y deberán ser saldadas por HCz/RFG. Las autoridades polacas han garantizado que estas deudas se abonarán íntegramente.

(56)

HCz pasará a llamarse RFG. RFG pasará a ser propietaria de varios de los activos restantes y especialmente de las filiales de HCz, como Rurexpol y la planta de coque, la mayoría de las cuales se venderán al inversor estratégico. Además, diversos activos que HSCz alquilaba se cederán a otra filial de HCz llamada Majątek Hutniczy Plus (en adelante «MH Plus») con vistas a revenderla al inversor estratégico en beneficio de RFG.

(57)

Los activos de RFG fueron valorados por primera vez a finales de 2003 por los consultores de la empresa PROFCEN de Częstochowa y esta evaluación se unió a las posteriores valoraciones de las filiales realizadas por ATEST. Las ofertas recibidas de inversores estratégicos han aportado datos adicionales sobre el valor de MH y MH Plus. La segunda base de valoración se fijó a principios de 2005 después de que se recibiera la oferta de compra por acciones de varias filiales (véase el punto 62) y refleja el notorio repunte registrado en el mercado siderúrgico. A continuación figura el valor de las filiales:

Cuadro 1

Estimaciones del valor de las filiales que ha de vender RFG

(58)

RFG tendrá que devolver la totalidad de la deuda de derecho público no reestructurable (unos [...] millones de PLN) (21). Además, deberá pagar intereses sobre las deudas comerciales reestructuradas en forma de conversión en acciones de MH para el periodo del 1 de julio de 2002 al 9 de diciembre de 2003 ([...] millones de PLN) y cualesquiera nuevas deudas comerciales con intereses devengados a partir de junio de 2002 (estimados en [...] millones de PLN) (22). Por tanto, de los [...] millones de PLN que RFG obtendrá de la venta de las filiales, [...] millones de PLN se emplearán para saldar todas las deudas existentes, mientras que [...] millones de PLN se destinarán a cubrir los costes de reestructuración y unos [...] millones de PLN permanecerán en RFG.

(59)

Junto con los acreedores de HCz y bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda polaco, HCz y TFS tienen la intención de vender a un inversor estratégico sus acciones en MH, MH Plus, la planta de coque, Rurexpol y algunas otras filiales, además de acciones en HSCz. El proceso deberá ser supervisado por una comisión negociadora que estará formada por representantes de HCz, TFS y nueve acreedores de HCz (BPH, Citibank Bank Handlowy, Bank Millennium, Kredyt Bank, ING BSK, PSE, PKP, PGNiG y ARP).

(60)

A raíz del primer procedimiento de licitación, la sociedad holding LNM N.V (ahora reagrupada bajo el nombre de Mittal Steel y en adelante llamada «LNM») y la Unión Industrial de Donbass (en lo sucesivo «Donbass») fueron seleccionadas por TFS y HCz como licitadores preferentes para iniciar negociaciones exclusivas. Aunque el 31 de marzo de 2004 se celebró el contrato preliminar, fue rescindido posteriormente. En el otoño se 2004, se volvió a lanzar la licitación con la participación de los licitadores preferentes.

(61)

En febrero de 2005 se concedió exclusividad a LNM sobre la base del precio ofertado. A la vista del repunte de los mercados siderúrgico y de coque, el precio había aumentado significativamente. El 15 de abril se rubricó un acuerdo con LNM. No obstante, el 16 de mayo, después de que fracasaran las conversaciones de LNM con los sindicatos, se entablaron negociaciones con Donbass. Según las autoridades polacas, Donbass estaba dispuesto a igualar el precio ofrecido por LNM, por lo que se llegó a un acuerdo el 16 de junio de 2005, que constituye la base de un acuerdo final consistente en la venta de las empresas a Donbass.

(62)

Se pagará un precio de unos [...] millones de PLN por MH (aproximadamente […(entre 600 y 650)] millones de PLN), MH Plus (unos [...] millones de PLN), Koksownia (unos [...]millones de PLN), Rurexpol y otras 8 filiales de HCz (unos [...] millones de PLN en total) y HSCz (unos [...] millones de PLN — este importe será percibido por TFS). Los vendedores fijaron precios mínimos, si bien, a la vista del precio ofrecido por todos los elementos de la operación, aumentaron proporcionalmente estos importes (dado que, de no hacerlo, habrían corrido el riesgo de que otros licitadores presentaran mejores ofertas por los distintos elementos).

(63)

En octubre de 2004, TFS presentó un plan de empresa actualizado (en adelante «el PE») para HSCz para el periodo 2004-2006, partiendo de la base de que las operaciones y activos de HSCz permanezcan reagrupados en una empresa (en la que estarán integradas MH, MH Plus y HSCz). Este PE incluye inversiones por valor de 252,6 millones de PLN en la planta existente. También se ha previsto la adopción de algunas otras medidas de reestructuración, como son la reducción de costes y un plan medioambiental. Sobre la base de estas medidas, el PE prevé una rentabilidad de las inversiones superior al 10 % para el periodo 2004-2006 y un rendimiento del capital por encima del 5 %.

(64)

La oferta obligaba al inversor a completar el programa de inversión en el plazo de 24 meses a partir de que se hiciera con el control de HSCz, MH y MH Plus. Además, el contrato de venta obligará al inversor a no incrementar la capacidad de producción de productos acabados hasta el 31 de diciembre de 2006, y especialmente a no llevar a cabo inversiones en nuevas líneas de producción de chapas laminadas en caliente.

(65)

Con objeto de evaluar las consecuencias de la reestructuración, PriceWaterhouseCoopers llevó a cabo un estudio económico detallado en nombre de las autoridades polacas (en adelante «el estudio de PWC»), que compara el alcance de la liquidación de deudas en dos supuestos, los de reestructuración e insolvencia. Las medidas de reestructuración se adoptaron a raíz del acuerdo de reestructuración de octubre de 2003 y de la decisión de reestructuración de agosto/diciembre de 2003. Las medidas adoptadas en el supuesto de insolvencia se basan en la hipotética aplicación de la Ley de insolvencia (23) y en la mejor solución para los acreedores públicos institucionales.

(66)

El estudio parte de la base de que la insolvencia y la reestructuración tendrían lugar, en el primer caso, el 31 de diciembre de 2003 (véase el cuadro 2) y, en el segundo, el 31 de marzo de 2005 (véase el cuadro 3). La cuantía de las deudas y el valor de los activos se calculan sobre la base del valor actualizado en ese momento (es decir, en 2003 el valor de MH era de […(entre 325 y 375)] millones de PLN, mientras que en 2005 sería de […(entre 600 y 650)] millones de PLN). La razón de que el estudio se llevara a cabo sobre dos periodos de tiempo diferentes es que los acreedores comerciales ya habían aceptado la reestructuración sobre la base del cuadro 2, mientras que los acreedores públicos institucionales no dieron su autorización en 2003 sino posteriormente con vistas a la hipótesis de marzo de 2005. No obstante, en ese momento las cifras cambiaron notablemente ya que, por una parte, aumentaron los derechos de los acreedores como consecuencia de la acumulación de intereses y, por otra, mejoraron los ingresos procedentes tanto de las hipótesis de insolvencia como de reestructuración al incrementarse el valor de los activos en cuestión.

Cuadro 2

Comparación de ingresos en diciembre de 2003.

Cuadro 3

Comparación de ingresos en marzo de 2005.

(67)

Entre 1997 y mayo de 2002 HCz recibió ayudas económicas del Estado por importe de 25 161 072,08 de PLN (5,3 millones de euros).

(68)

Se concedió una ayuda de 19 699 452 PLN (4,15 millones de euros) destinada a ayudas de funcionamiento y reestructuración del empleo:

(69)

Por otra parte, la Komitet Badań Naukowych (Comisión de investigación científica, en adelante «KBN») concedió 5 461 620 PLN (1,15 millones de euros) a HCz. Estas ayudas se basaban en los acuerdos suscritos entre HCz y KBN y el Instituto de Metalurgia de Gliwice con el fin de fomentar la realización de proyectos de investigación y desarrollo (en lo sucesivo denominados «programas de investigación y desarrollo»). Las ayudas constan de:

(70)

HSCz recibió diversas ayudas económicas entre noviembre de 2002 y enero de 2004.

(71)

HCz aplazó el pago de sus deudas con ZUS y FGSP, aunque posteriormente procedió a su liquidación. Los pagos atrasados (efectuados con más de dos semanas de retraso con relación a la fecha de vencimiento) ascienden en total a 18 155 302 PLN. En relación con estos pagos, que por lo general no se efectuaban con más de seis meses de retraso, HCSz hubo de abonar intereses legales por importe de 560 383 PLN.

(72)

La Agencia Tributaria de Częstochowa aceptó el aplazamiento del pago de deudas fiscales por un importe de unos 7 millones de PLN a cambio del pago de los intereses legales, que se abonaron debidamente. Sin embargo, la Agencia renunció a una parte de los intereses legales adeudados en concepto de pagos atrasados. La diferencia entre los intereses pagados y el total de intereses legales adeudados es de 31 145 PLN.

(73)

El presidente de PFRON renunció a los intereses por deudas de HSCz por importe de 22 821 PLN y aceptó el pago de las cuantías adeudas en plazos de unos 350 000 PLN, lo que constituye un valor equivalente de ayudas de 8 150 PLN. Si se tienen en cuenta los beneficios fiscales por importe de 31 145 PLN, se liberó a HSCz del pago de deudas por un importe total de 62 116 PLN (unos 13 077 euros).

(74)

Por último, el 27 de noviembre de 2002 y el 20 de noviembre de 2003 KBN concedió subvenciones por importe de 1 100 000 PLN y 280 000 PLN (1 380 000 PLN) de unos costes totales de 4 370 000 PLN (30,4 %) destinadas a investigación industrial y actividad precompetitiva para un proyecto concebido con vistas a analizar fórmulas de modernización del proceso tecnológico en las fundiciones mediante la modificación de la distribución de los componentes utilizados para producir acero con vistas a mejorar su calidad y eficiencia (45).

(75)

En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión expresó sus dudas de que las medidas llevadas a cabo por Polonia fuesen constitutivas de ayuda, fundamentalmente por tres razones:

(76)

La Comisión también expresó su inquietud sobre si, a la luz de lo dispuesto en el punto 4.a) del Protocolo no 8, LNM tendría derecho a adquirir acciones de HCz, dado que LNM ya era propietaria de MSP, beneficiaria de ayudas públicas en el marco de dicho Protocolo.

(77)

Mediante carta de 9 de septiembre de 2004, UK Steel, actuando en nombre de los competidores de HCz en el Reino Unido, alega que las condonaciones y los pagos aplazados de deudas, mientras no se reembolsen en su totalidad, constituyen ayuda estatal. UK Steel suscribe los temores de la Comisión de que, en condiciones normales de mercado, los activos siderúrgicos de HCz se habrían liquidado y no se habrían alquilado a HSCz. La empresa británica insta también a la Comisión a aplicar el punto 4.b) del Protocolo no 8, lo que, a su juicio, impediría que LNM comprase activos de HCz.

(78)

Mediante carta fechada el 10 de septiembre de 2004, la República Checa, en su calidad de propietaria de otra planta siderúrgica que fabrica chapas, Vítkovice Steel, declaró su interés en el procedimiento de la Comisión.

(79)

Mediante carta de 10 de septiembre de 2004, LNM participa en el procedimiento de la Comisión como uno de los licitadores potenciales. LNM asevera que su objetivo reside en contribuir a demostrar que la privatización de las compañías siderúrgicas de HCz y la relación entre otras compañías del grupo LNM son plenamente compatibles con el Tratado de adhesión y las normas sobre ayudas estatales. Entre otras cosas, confirma que su filial MSP no adquiere las compañías de HCz. Por otra parte, reitera su inequívoca garantía de que, en caso de lograr adquirir las compañías de HCz, las explotaría como una entidad independiente, totalmente separada de MSP, y de velar por que no se transfieran ayudas estatales o capacidad entre ellas y MSP. La única relación que tendrían las empresas sería de naturaleza comercial por la que MSP suministraría desbastes planos a HCz; esta relación se organizaría de forma transparente y a precios de mercado que no diferirían de los precios aplicados por los competidores de la compañía.

(80)

Donbass intervino en el procedimiento de la Comisión en calidad de licitador potencial mediante carta de 13 de septiembre de 2004. A su juicio, la reestructuración se está llevando a cabo en condiciones de mercado. Dada la pesadez y lentitud de los procedimientos de insolvencia, alberga serias dudas de que fuera interesante adquirir los activos de HCz si se pusiera en marcha el procedimiento de insolvencia.

(81)

La República de Polonia aportó información adicional, en la que explica que ni la reestructuración de HCz ni la explotación de HSCz constaban de ayudas de reestructuración. Sólo reconoce que se concedieron algunas ayudas a HCz antes de finales de 2002. Por último, las autoridades polacas explican por qué la Comisión debería aceptar un cambio del PNR.

(82)

En primer lugar, las autoridades polacas ofrecen nuevos argumentos de por qué la reestructuración de HCz no incluía ayudas estatales. A este respecto, presentan el estudio antes mencionado de la hipótesis de insolvencia realizado por PWC. Su deseo es demostrar que las posibilidades de que se salden todas las deudas de los acreedores públicos son mayores en el caso de la reestructuración que en el de la insolvencia.

(83)

El estudio se basa en un análisis del valor de las garantías, que no se había realizado con anterioridad. De hecho, el estudio de PWC hace hincapié en que las deudas de los acreedores públicos están garantizadas principalmente mediante activos no productivos, con sólo una pequeña parte de la garantía mediante activos productivos, mientras que las deudas de los acreedores privados están garantizadas fundamentalmente con los activos productivos (más valiosos). Además, incluso en los casos en los que las deudas de los acreedores públicos están garantizadas con activos productivos de HCz, se encuentran registradas con fechas posteriores a las deudas de los acreedores privados. Con arreglo a la Ley de insolvencia polaca, tales deudas no pueden ser saldadas hasta que no lo hayan sido otras deudas registradas con anterioridad (es decir, las de los acreedores privados).

(84)

Sobre la base de este estudio, las autoridades polacas alegan que la reestructuración pasaría la prueba del acreedor privado. Sólo unos pocos acreedores públicos reciben menos con la reestructuración que con la insolvencia (aquellos que presentan un signo menos en la última columna de los cuadros 2 y 3) pero, en cualquier caso, sería más de lo que recibirían en una hipótesis realista de insolvencia.

(85)

Las autoridades polacas alegan que el estudio de PWC relativo a 2003 presenta una situación muy optimista para los acreedores institucionales de derecho público. En realidad, la permanente reducción de los ingresos procedentes del procedimiento de insolvencia es básicamente el resultado de la peculiaridad que presenta el procedimiento de insolvencia en Polonia (supervisado por los tribunales), que abarca los costes del síndico, que suelen ascender al 5 % del producto de las ventas y, en el caso de HCz, probablemente hasta un 10 %. Por otra parte, el procedimiento de insolvencia se prolonga durante tanto tiempo que el valor puede disminuir.

(86)

Las autoridades polacas alegan también que la insolvencia podría implicar que no se vendan los activos en un proceso uniforme, dado que algunos acreedores transfieren los derechos de propiedad a los activos individuales, por lo que pueden venderlos separadamente. Ante este hecho, los inversores no pueden estar seguros de adquirir una línea completa de producción, lo que puede conducir a la reducción del precio. Las autoridades polacas han ofrecido varios ejemplos de ventas en el marco del procedimiento de liquidación, incluido el caso de Huta Andrzej en el que el desglose de la titularidad de los activos productivos dificultó en gran medida la venta e hizo que el precio disminuyera. Por tanto, una venta realizada en el marco del procedimiento de insolvencia puede obtener un precio muy inferior al de las organizadas con arreglo al proceso de reestructuración.

(87)

Las autoridades polacas alegan también que los acreedores públicos que arrojan pérdidas seguirán en una situación más beneficiosa que los acreedores privados que, en cualquier caso, optaran por la reestructuración (si desean información pormenorizada vean los cuadros 2 y 3) (46).

(88)

Las autoridades polacas explican que la razón principal por la que los acreedores eran reticentes a firmar el acuerdo de reestructuración era la falta de confianza en que el programa de reestructuración arrojase resultados positivos. Asimismo, sugieren que los acreedores privados suelen mostrarse reticentes ante nuevas propuestas, entre otras cosas porque los bancos no son proclives a intercambiar avales e hipotecas sobre activos por acciones, ya que ello tiene como consecuencia que los auditores o la inspección bancaria rebajen sus deudas pendientes y se vean obligados a apuntar pérdidas en sus libros. Mantener el status quo, por otra parte, les permite mantener un valor más alto en sus libros, aunque no sea realista.

(89)

No obstante, ahora que la reestructuración parece viable, que el tiempo necesario para lograr los resultados no es demasiado y que hay buenas perspectivas de cobrar las deudas, existe una tendencia a aceptar tales acuerdos. De hecho, las autoridades polacas han presentado las cartas remitidas por Kredyt Bank y ING BSK que acreditan que, hasta los bancos más perjudicados por la reestructuración, consideran ahora que el plan de reestructuración es una solución más satisfactoria que la insolvencia. Entre tanto, los acreedores comerciales privados han señalado que están preparados para una nueva reducción del reembolso de intereses con el fin de garantizar que HCz mantiene los fondos suficientes para reembolsar sus deudas no reestructurables y costes asociados.

(90)

Las autoridades polacas alegan también que los acreedores comerciales públicos que, sobre la base del estudio de PWC, obtendrían menos de una situación de reestructuración que de liquidación, no tendrían en ningún caso el poder suficiente para impedir que se concluya con arreglo a la normativa polaca un acuerdo de conciliación. Así pues, en la práctica una minoría de acreedores insatisfechos no tendría la fuerza suficiente para forzar la liquidación.

(91)

Por lo que respecta a los acreedores institucionales de derecho público, las autoridades polacas han señalado que la liberación de las hipotecas en manos de los acreedores públicos y la cesión de las deudas a una nueva entidad, Operator, no se lleva a cabo de forma automática, sino que requiere el consentimiento individual de cada uno de los acreedores institucionales de derecho público, que, según las autoridades polacas, es discrecional. El mejor ejemplo de ello lo constituyen tres acreedores públicos institucionales (la Agencia Tributaria de Częstochowa, la FGSP y las autoridades municipales de Poraj), que se opusieron al programa de reestructuración basado en reglas específicas alegando que la liquidación les resultaría más beneficiosa.

(92)

Las autoridades polacas también han facilitado información adicional sobre la actividad de HSCz. En ella alegan que el alquiler por parte de HCz de sus activos de producción de acero a HSCz es una iniciativa que cualquier acreedor privado aprobaría en condiciones normales. Habida cuenta de que las medidas de larga duración adoptadas por el síndico habría ocasionado el cese de las actividades de producción, la solución consistente en alquilar tales activos antes de la liquidación a una empresa independiente al margen del control del síndico es una forma de preservar el valor de los activos como negocio en marcha. A tal efecto, un acreedor privado también habría aceptado un aplazamiento de los pagos en el marco del acuerdo de alquiler.

(93)

Por otra parte, las autoridades polacas no aceptan que sus actividades sean constitutivas de ayuda estatal, ya que la financiación procedía de créditos concedidos en condiciones comerciales por los proveedores y de pagos adelantados de clientes de la siderúrgica, que no querían perder de cliente a HCz/HSCz.

(94)

Por lo que respecta al pago de facturas de energía eléctrica a PSE, las autoridades polacas alegan que las garantías no constituían ayuda estatal ya que HSCz pagó a TFS el tipo de mercado, que ascendía al 2 % de su valor real. Este valor se calculó sobre la base de que la cuantía garantizada no debía exceder en ningún caso de 6 millones de PLN, por lo que la prima de 120 000 PLN debería ser equivalente en realidad al 2 %. A modo de comparación, las autoridades polacas citan el ejemplo del Fondo Nacional de Garantía de Crédito, que ofrece «garantías de crédito» a los clientes de más de 25 bancos comerciales a tipos que actualmente se sitúan en el 1 % a un año, el 1,2 % a 2 años y el 1,4 % a 3 años. Por consiguiente, en opinión de las autoridades polacas, el coste y las cuantías de las garantías reflejan las condiciones de mercado vigentes en ese momento.

(95)

En primer lugar, las autoridades polacas aceptan que la ayuda a HCz de 19 699 452 PLN (4 147 332 euros) concedida entre 1997 y mayo de 2002 era constitutiva de ayuda de reestructuración.

(96)

En segundo lugar, sin embargo, y por lo que respecta a KBN, las autoridades polacas consideran que las subvenciones en cuestión reúnen los criterios fijados en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo (en adelante «las directrices de I+D») (47) y deberían ser consideradas como tales.

(97)

Las autoridades polacas señalan que esta ayuda está parcialmente cubierta por el Programa de 30 de noviembre de 2001 promulgado por el presidente de KBN relativo a los criterios y métodos empleados para la concesión de ayudas públicas a la ciencia, que se incluyó en la lista de ayudas existentes en el Tratado de adhesión. Tal es el caso al menos de la ayuda por importe de 1 380 000 PLN a HSCz, que se concedió con posterioridad a que se adoptara el Programa.

(98)

Las autoridades polacas también consideran que las subvenciones de 5 461 620 PLN concedidas por KBN a HCz, aunque no fueron otorgadas en el marco del Programa, deberían ser consideradas compatibles ya que cumplen condiciones similares a las establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas de I+D. A pesar de que fueron concedidas antes de que el Programa entrase en vigor, las ayudas se evaluaron con arreglo a los mismos criterios del Programa, por lo que se ajustan a lo establecido en las Directrices sobre ayudas de I+D. Las autoridades polacas señalan que no se dispone de más información sobre estas ayudas con arreglo a la parte II, dado que entre tanto KBN se disolvió.

(99)

En tercer lugar, las autoridades polacas alegan que entre tanto se han reembolsado varias ayudas concedidas a HSCz. Los pagos de alquiler aplazados a HCz y los intereses adeudados a ZUS y FGSP se reembolsaron al tipo legal del 16 % entre julio de 2002 y el 21 de enero de 2003, del 13 % hasta el 24 de septiembre de 2003 y del 12,25 % hasta el 25 de noviembre de 2004.

(100)

Por último, la ayuda en forma de beneficios fiscales concedida por PFRON y la Agencia Tributaria de 62 116 PLN (unos 13 077 €) no se ha reembolsado porque las autoridades fiscales no aceptaban el reembolso sin que mediara una decisión de recuperación. No obstante, las autoridades polacas alegan que se trata de ayuda de minimis.

(101)

Las autoridades polacas solicitan el visto bueno de la Comisión con arreglo al punto 10 del Protocolo no 8 a los cambios introducidos en el PNR y han dado garantías de que HCz seguirá operando sin ayudas y no se liquidará. A cambio, las autoridades polacas se comprometen a que HCz no reciba ninguna otra ayuda entre 1997 y 2006 y a que no aumente la capacidad descrita anteriormente antes de finales de 2006, cuando finaliza el periodo de reestructuración establecido en el Protocolo No 8.

(102)

Las autoridades polacas han explicado que, cuando se redactó el PNR en el otoño de 2002, no se consideró que fuera posible la reestructuración de HCz sin ayudas estatales. Mientras pareciera que existía una posibilidad de reembolsar plenamente las deudas mediante ayudas estatales, ningún acreedor quería renunciar a parte de su deuda. Los acreedores de HCz no acordaron reducir sus créditos impagados hasta que el PNR no se opuso a la concesión de nuevas ayudas a la empresa. Además, sólo la entrada en vigor de la Ley de 30 de octubre de 2002 constituyó un instrumento eficaz en el marco del ordenamiento jurídico polaco que permite la condonación de deudas públicas y que se pague a los acreedores en procedimientos bajo su control.

(103)

Las autoridades polacas han asegurado a la Comisión que el contrato de venta de MH, HSCz y otras empresas a un inversor estratégico descartará la posibilidad de que las ayudas estatales se puedan transferir de unos beneficiarios a otros en el marco del Protocolo No 8. A tal efecto, en el contrato de venta al inversor se introducirán las disposiciones de supervisión que se estimen necesarias.

(104)

El punto 1 del Protocolo No 8 establece que «no obstante lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado CE, las ayudas públicas que haya concedido Polonia con objeto de reestructurar determinadas secciones de la industria siderúrgica polaca se considerarán compatibles con el mercado común» si, inter alia, se cumplen las condiciones establecidas en el Protocolo.

(105)

De conformidad con el punto 3 del Protocolo no 8, sólo se podrán conceder ayudas de reestructuración a las empresas que figuran en el Anexo 1. Las autoridades polacas han incluido en dicha lista a 8 empresas. En ella no figuran ni HCz, ni HSCz ni ninguna de las filiales de HCz.

(106)

El punto 6, tercer subapartado, del Protocolo no 8 prohíbe la concesión de ayudas adicionales para la reestructuración de la industria siderúrgica polaca. A tal fin, el punto 18 del Protocolo no 8 faculta a la Comisión para adoptar «las medidas adecuadas para exigir a las empresas afectadas que reembolsen las ayudas concedidas» si la supervisión de la reestructuración pusiera de manifiesto que Polonia ha concedido «ayudas públicas adicionales incompatibles destinadas a la industria siderúrgica».

(107)

El Consejo amplió hasta el 31 de diciembre de 2006 el periodo de gracia para la concesión de ayudas de reestructuración al sector siderúrgico polaco en el marco del Acuerdo Europeo. Esta prórroga ha sido reconocida en el Protocolo no 8 en el marco de la adhesión de Polonia a la Unión Europea. Para lograr este objetivo, abarca una espacio de tiempo que se extiende antes y después de la adhesión. Más concretamente, autoriza una cuantía limitada de ayuda de reestructuración para el periodo de 1997 a 2003 y prohíbe cualquier ayuda de reestructuración adicional a la industria siderúrgica polaca entre 1997 y 2006. A este respecto, difiere claramente de otras disposiciones del Tratado de adhesión tales como el mecanismo provisional establecido en el Anexo IV (el «procedimiento relativo a las ayudas existentes»), que sólo se refiere a las ayudas estatales concedidas con anterioridad a la adhesión en la medida en que «sigan siendo aplicables después» de la fecha de adhesión. Por tanto, el Protocolo puede ser considerado lex specialis que, en relación con el asunto que cubre, sustituye a cualquier otra disposición del Acta de adhesión (48).

(108)

En consecuencia, habida cuenta de que los artículos 87 y 88 del Tratado CE no se aplican, como regla general, a las ayudas concedidas antes de la adhesión que no son aplicables después de la misma, las disposiciones del Protocolo no 8 amplían el control de las ayudas estatales con arreglo al Tratado CE a cualquier ayuda concedida para la reestructuración de la industria siderúrgica polaca entre 1997 y 2006.

(109)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.2 CE, la decisión puede adoptarse tras la adhesión de Polonia porque, al no existir disposiciones específicas en el Protocolo no 8, deberían ser de aplicación las normas y procedimientos habituales. En consecuencia, también será de aplicación el Reglamento (CE) No 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (en adelante «el Reglamento de procedimiento») (49).

(110)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.1 CE, por ayudas estatales se entienden las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas, siempre que afecten al comercio entre los Estados miembros, y, por lo tanto, son incompatibles con el mercado común. El artículo 86.1 CE especifica que el artículo 87 CE también se aplica a las empresas públicas, es decir, a empresas controladas por el Estado.

(111)

La condonación de deudas por parte de las autoridades confiere una ventaja económica, ya que permite la pérdida de ingresos y, por lo tanto, constituye una ayuda procedente de recursos públicos. No obstante, en jurisprudencia, una medida estatal sólo es constitutiva de ayuda a los efectos del artículo 87 CE, si el beneficiario obtiene una ventaja competitiva que no habría logrado en condiciones normales de mercado. De hecho, se ha demostrado que un inversor en una economía de mercado puede aplicar una política estructural en la que se guíe por la perspectiva a largo plazo de que el capital invertido rinda beneficios. Sin embargo, con arreglo a la jurisprudencia, un acreedor en una economía de mercado tendería a tratar de lograr el pago de las cuantías que le adeude un deudor que atraviese por un periodo de dificultades financieras en un plazo de tiempo razonable (50).

(112)

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en caso de que un deudor que se encuentre en una situación financiera delicada proponga la reestructuración de la deuda para evitar la liquidación, cada acreedor debe sopesar detenidamente, como mínimo, la ventaja que supone obtener la cuantía ofrecida en el marco del plan de reestructuración y el importe que podría recuperar mediante la liquidación de la empresa (en adelante se hará referencia a esta evaluación como «la prueba del acreedor privado») (51). El Tribunal de Primera Instancia ha dictaminado que una serie de factores influyen en la prueba del acreedor privado: la condición del acreedor como titular de una deuda garantizada, preferente u ordinaria, la naturaleza y alcance de cualquier garantía que pueda tener, su evaluación de las opciones que tenga una empresa de recuperar la viabilidad y la cuantía que podría recibir en caso de liquidación.

(113)

Por lo que se refiere a la reestructuración de HCz, la Comisión ha evaluado la documentación y la información facilitada por las autoridades polacas y ha llegado a la conclusión de que se han disipado las dudas que manifestó en el momento de la incoación del procedimiento. La Comisión considera ahora que la reestructuración supera la prueba del acreedor privado.

(114)

Sobre la base del estudio de PWC, la Comisión ya no opina que, a la vista de las garantías en manos de los acreedores públicos institucionales, la liquidación obtendría más ingresos que la reestructuración. De las explicaciones que se recogen en el estudio de PWC, la Comisión considera que los acreedores públicos tenían garantías similares a los acreedores privados en los mismos activos de producción. Por consiguiente, se dará prioridad al pago de las cuantías adeudadas a los acreedores privados, lo que reducirá las cuantías abonadas a los acreedores públicos institucionales.

(115)

Por otra parte, la Comisión puede admitir ahora que la presente propuesta de reestructuración permitirá que todos los acreedores públicos se beneficien de la reestructuración de HCz. A tal efecto, la Comisión señala que la evaluación relativa a los acreedores comerciales se debería llevar a cabo con referencia a la situación existente a diciembre de 2003. Aunque el acuerdo de reestructuración ha sido modificado posteriormente, sus elementos básicos han seguido siendo válidos y vinculantes desde entonces. No obstante, la fecha relevante para los acreedores públicos institucionales es junio de 2005, ya que estos acreedores aún tienen que aceptar de forma incondicional las condiciones de la decisión de reestructuración.

(116)

El análisis que pone de relieve que la reestructuración será más rentable que la insolvencia para los acreedores es válido incluso en la hipótesis ideal de insolvencia para los acreedores públicos. En esta hipótesis, sólo tres acreedores públicos institucionales en 2005 y un acreedor público comercial en 2003 (52) podrían haber recibido una cuantía inferior en el caso de reestructuración que de insolvencia. No obstante, estos tres acreedores públicos institucionales han votado en contra de la reestructuración y las autoridades polacas han garantizado que sus deudas se reembolsarán en su totalidad a partir de los activos de RFG. Por consiguiente, estos acreedores públicos no han ofrecido ventaja alguna al deudor ni han comprometido recursos públicos, es decir, que su conducta no puede ser constitutiva de ayuda estatal (53).

(117)

En cuanto al acreedor comercial público, Zakład Energetyczny, que es el proveedor energético en la región de Częstochowa, se debería señalar en primer lugar que la diferencia entre el nivel de satisfacción de sus créditos entre la hipótesis de reestructuración y la de insolvencia es mínima. En segundo lugar, la Comisión considera que un acreedor privado que preste servicios a HCz se pronunciaría en la mayoría de los casos en contra de su declaración de insolvencia, ya que perdería un cliente importante, si HCz dejase de producir durante un periodo prolongado o simplemente abandonara totalmente su producción. Ello es especialmente cierto en el caso de Zakład Energetyczny, que habría perdido a su principal cliente. Por tanto, el acreedor actuó con arreglo a sus intereses empresariales y no concedió a HCz ninguna ventaja de forma indebida.

(118)

Por otra parte, la Comisión entiende que la prueba del acreedor privado requiere una evaluación realista de la insolvencia con relación a la reestructuración, si se tiene en cuenta la jurisprudencia antes mencionada (54) según la cual «el importe que esperan poder recuperar tras la eventual liquidación» se ha de comparar con «su apreciación de las posibilidades de saneamiento de la empresa.»

(119)

En el caso que nos ocupa es muy probable que se restablezca la viabilidad de la empresa. Las deudas comerciales se cederán a un inversor estratégico y había indicios (en 2003), como los sigue habiendo actualmente (en 2005), de que se han presentado ofertas sólidas. Además, también parece que la cesión de deudas a Operator tiene unos fundamentos económicos sólidos. El valor de los activos ha sido confirmado por una empresa de evaluación digna de todo crédito.

(120)

La Comisión entiende también que, en caso de liquidación, resultará imposible garantizar el importe tomado como ejemplo en el estudio de PWC. Este estudio se llevó a cabo en función de una hipótesis ideal para los acreedores públicos y se fundamenta en expectativas para la venta de activos similares a las indicadas para la reestructuración. No obstante, no está ni mucho menos garantizado que el síndico vaya a vender juntos los activos en un proceso uniforme, sino que cabe la posibilidad de que algunos acreedores se lleven activos sobre los que tienen garantías, y debido a ello la venta obtenga probablemente un precio inferior que en el proceso de reestructuración. Las autoridades polacas han facilitado pruebas empíricas que confirman esta hipótesis.

(121)

El comportamiento de los acreedores privados sugiere claramente que adoptarían una actitud de mercado. De hecho, también votaron a favor de la reestructuración a pesar de que, según los cuadros 2 y 3, la insolvencia les favorecía. Así, por ejemplo, en 2003 el banco privado BPH habría perdido, en caso de liquidación, en relación con el importe de 75 millones de PLN que se le adeudaba, el 19 % (14 millones de PLN), mientras que, en el caso de reestructuración, se esperaba que perdiera en torno al 49 % (37 millones de PLN). Así pues, si se compara la reestructuración con la hipótesis ideal de insolvencia, aquella permitía recuperar sólo el 62 % de su deuda, a pesar de lo cual BPH votó a favor del acuerdo de reestructuración.

(122)

Si se aplicase el mismo criterio a los acreedores públicos, casi todos se habrían mostrado a favor de la reestructuración, es decir, la totalidad de los acreedores comerciales públicos y la mayoría de los acreedores públicos institucionales.

(123)

La Comisión también ha disipado las dudas que albergaba sobre si la transferencia de la producción de HCz a HSCz era constitutiva de ayuda. La Comisión señala que la lógica que subyace al alquiler de los activos siderúrgicos antes de la declaración de insolvencia a una empresa distinta fuera del control del síndico fue una manera de preservar el valor de los activos siguiendo el principio de continuidad de la actividad.

(124)

Por otra parte, la Comisión llega a la conclusión de que HSCz obtuvo su capital circulante y la garantía de TFS en condiciones comerciales que se ajustan a la prueba del acreedor privado. La Comisión entiende que HSCz se financió mediante créditos concedidos por los proveedores en condiciones comerciales y mediante pagos por adelantado de los clientes de la acería, a los que les interesaba que continuase la producción siderúrgica en Huta Częstochowa.

(125)

Por lo que se refiere a la garantía concedida por TFS, la Comisión considera que, con arreglo a su práctica habitual para evaluar garantías individuales, no es constitutiva de ayuda estatal (55).

(126)

En primer lugar, HSCz no atravesaba por dificultades financieras en el sentido de lo establecido en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (56), sino que se trata de una nueva empresa sin deudas que ya posee un importante número de pedidos. En segundo lugar, pudo obtener créditos de los mercados financieros sin intervención estatal. En tercer lugar, la garantía no es ilimitada, pues está ligada a un importe máximo fijo.

(127)

En cuanto al precio de la garantía, la Comisión no tiene pruebas de que la comisión pagada no corresponda al precio de mercado. Es evidente que, si se sigue el argumento de las autoridades polacas, debido a las medidas contractuales, el importe garantizado no excedió de 6 millones de PLN y la comisión fue, por tanto, del 2 %. No obstante, aun en el caso de una comisión del 0.8 %, ejemplos de garantías similares con comisiones del 1 % indican que la comisión se ajustaba al mercado, especialmente si tenemos en cuenta que TFS tenía información completa sobre HSCz, por lo que había podido establecer un sistema de supervisión que permitía que el importe garantizado fuera limitado. Además, la Comisión recuerda que en otras asuntos del sector siderúrgico consideró que la comisión adecuada era incluso inferior a las del caso que nos ocupa (57).

(128)

Las ayudas financieras recibidas por HCz entre junio de 1997 y mayo de 2002 por un importe de 25 161072,08 PLN (unos 5,3 millones de euros) procedían de recursos públicos. Habida cuenta de que la chapa de acero es un producto comúnmente comercializado en toda Europa, estas ayudas concedidas por el Estado polaco podrían falsear la competencia al favorecer a HCz y afectar al comercio entre los Estados miembros. Por tanto, son constitutivas de ayudas con arreglo al artículo 87.1 CE.

(129)

Las subvenciones de KBN por importe de 1 328 000 PLN también confirieron una ventaja económica a HSCz, por lo que son constitutivas de ayuda estatal, ya que, al igual que las subvenciones a HCz, afectan al comercio y amenazan con falsear la competencia.

(130)

No obstante, la Comisión no considera una ventaja el pago aplazado de deudas públicas por parte de HCz. Dado que esta empresa no se encontraba en dificultades, la Comisión no tiene razones para creer que, puesto en el lugar de las instituciones públicas, un acreedor privado hubiera optado por la ejecución a corto plazo de sus deudas (58).

(131)

Por otra parte, HSCz abonó intereses legales sobre los pagos aplazados, de conformidad con la legislación polaca; estos intereses se sitúan por encima del tipo de referencia de la Comisión. La Comisión recuerda que, con arreglo al artículo 14 del Reglamento de procedimiento, el objeto de un procedimiento relativo a ayudas ilegales consiste en identificar el importe que se ha de recuperar para restablecer la situación tal como hubiera sido, si la ayuda no se hubiera concedido. No obstante, si el beneficiario ha reembolsado la ayuda hasta un importe igual o superior al interés compuesto a partir del día en que se concedió y hasta su reembolso, de conformidad con la práctica habitual de la Comisión, ya no será constitutiva de ayuda estatal en el sentido de lo dispuesto en el artículo 87.1 CE.

(132)

El tipo de interés legal, que osciló entre el 16 % y el 12,25 % entre 2002 y 2004 (véase el punto 99), es superior al tipo de referencia que aplica la Comisión al reembolso de las ayudas. Con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) de la Comisión No 794/2004 de 21 de abril de 2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (en adelante «el Reglamento de aplicación») (59), se trata del tipo swap interbancario a cinco años de los tres últimos meses del año anterior, incrementado en 75 puntos básicos. Este tipo de referencia se estableció para Polonia en el 7,62 % a partir del 1 de mayo de 2004 (60). Con anterioridad a 2004 no existía en Polonia el tipo swap interbancario a cinco años. En cualquier caso, otros indicadores, como el rendimiento medio de las obligaciones del Tesoro a un año, también eran claramente inferiores (8,24 % en 2002, 5,34 % en 2003 y 6,63 % en 2004).

(133)

Sólo podían constituir ayuda estatal los aplazamientos de lo pagos a la Agencia Tributaria de Częstochowa y PFRON, en total 62 116,09 PLN, que no se han reembolsado.

(134)

La ayuda de 25 161 072,08 PLN recibida por HCz entre junio de 1997 y mayo de 2002 se concedió teniendo en cuenta que sería considerada ayuda estatal posteriormente en aplicación del PNR y el Protocolo no 8; sin embargo, fue descartada como consecuencia de la insolvencia de HCz. No obstante, habida cuenta de que, con arreglo al Protocolo no 8, esta ayuda se considera ilegal, constituye una ayuda de reestructuración prohibida a menos que sea compatible en el marco de otras directrices sobre ayudas estatales.

(135)

La Comisión señala que, hasta el 23 de julio de 2002, las directrices sobre las ayudas estatales destinadas al sector siderúrgico se incluían en la Decisión de la Comisión no 2496/96/CECA de 18 de diciembre de 1996 por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (61) (en adelante «el Código de ayudas a la siderurgia») (62).

(136)

El artículo 2 del Código de ayudas a la siderurgia autoriza las ayudas que sean compatibles con el Encuadramiento sobre ayudas de I+D. La Comisión considera que las cinco medidas concedidas a KBN por un importe de 5 461 620 PLN no plantean serias dudas en cuanto a su compatibilidad con las directrices de I+D con arreglo al artículo 3.2 del Anexo IV del Tratado de adhesión (63).

(137)

En primer lugar, aunque las subvenciones concedidas por KBN a HCz no están cubiertas directamente por el Programa del presidente de KBN relativo a los criterios para la concesión de ayuda financiera a la ciencia, de 30 de noviembre de 2001 (que ha sido aceptada por la Comisión como ayuda ya existente con arreglo a la medida PL 6 del Anexo IV del Tratado de adhesión), parece que las autoridades polacas no evaluaron su ayuda de manera diferente antes de que el programa se aprobara. De hecho, en el PNR las autoridades polacas ya habían identificado los «recursos de KBN» como «instrumentos de ayuda estatal autorizados en forma de subvenciones de I+D.» (64) Este PNR ha sido evaluado por la Comisión y aprobado mediante decisión del Consejo en julio de 2003 (véase el punto 25).

(138)

En segundo lugar, las medidas de ayuda son compatibles con el Encuadramiento sobre ayudas de I+D. No cabe la menor duda de que las ayudas se concedieron para la realización de actividades de I+D y de que se mantienen por debajo del límite máximo establecido en el Encuadramiento sobre ayudas de I+D para que se consideren compatibles, y habida cuenta de un margen adicional del 10 %, ya que el beneficiario estaba situado en una región del artículo 87.3.a) (65). Se trata de ayudas destinadas a investigación industrial, que se mantienen por debajo del límite del 60 % (subapartados 1, 2 y 4 del punto 39), o de ayudas empleadas para investigación industrial o desarrollo precompetitivo, que se mantienen por debajo del límite máximo para el desarrollo precompetitivo del 35 % (subapartados 3, 4 y 5 del punto 39). Las ayudas produjeron también un efecto incentivador, ya que las autoridades polacas han demostrado claramente que, sin ellas, HCz no habría encargado la realización de las actividades de I+D.

(139)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión no tiene intención de plantear objeciones a las medidas de ayuda concedidas por KBN entre 1997 y 2001, con arreglo al Anexo IV del Tratado de Adhesión, y considera, por tanto, que se trata de ayudas de I+D compatibles y no ayudas de reestructuración con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo no 8.

(140)

No obstante, en el caso de las restantes ayudas de funcionamiento y de reestructuración del empleo por importe de 19 699 452 PLN, la Comisión no ve con arreglo a qué disposiciones del Código relativo a las ayudas a la siderurgia podrían ser compatibles estas ayudas. Obviamente no se trata de ayudas de I+D ni de ayudas al cierre (artículo 4). Además, las ayudas no son ayudas de funcionamiento en el sentido de lo dispuesto en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente (66). En cualquier caso, las autoridades polacas no invocaron excepción alguna ni en el marco del Código sobre ayudas al sector siderúrgico ni en aplicación de las normas de la CE.

(141)

Habida cuenta de que estas medidas no están cubiertas por ninguna otra excepción con arreglo al Código sobre ayudas al sector siderúrgico, la Comisión considera que constituyen ayudas de reestructuración en aplicación del artículo 1 del Código de ayudas al sector siderúrgico, que, con arreglo al Protocolo no 8, se consideran incompatibles con el mercado común.

(142)

En 2002 y 2003 KBN concedió 1 380 000 PLN a HSCz. Esta ayuda puede considerarse como ayuda ya existente con arreglo a la medida de ayuda PL 6 del Anexo IV del Tratado de adhesión. Las autoridades polacas confirmaron que la ayuda se concedió en el marco del régimen aprobado como medida de ayuda PL 6. En consecuencia, estas medidas no plantean serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el Encuadramiento sobre ayudas de I+D con arreglo al artículo 3.2 del Anexo IV del Tratado de adhesión.

(143)

Teniendo en cuenta la compatibilidad de la ayuda concedida a HCz por parte de KBN, el importe de la ayuda potencialmente incompatible que recibió HSCz asciende a 62 116,09 PLN (unos 13 077 euros). No obstante, este importe cumple las condiciones del Reglamento 69/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis  (67), y, por lo tanto, permite a la Comisión concluir que la medida no es constitutiva de ayuda estatal en el sentido de lo dispuesto en el artículo 87.1 CE.

(144)

Por todas estas razones la Comisión concluye que las medidas que han puesto en práctica las autoridades polacas para la reestructuración de HCz formando parte del plan de reestructuración de 7 de agosto de 2003, modificado el 1 de diciembre de 2003 y el 30 de abril de 2004, no son constitutivas de ayuda en el sentido de lo dispuesto en el artículo 87.1 del Tratado CE. Las medidas que han aplicado las autoridades polacas para el funcionamiento de HSCz no son constitutivas de ayuda en el sentido de lo dispuesto en el artículo 87.1 del Tratado CE. Por otra parte, las subvenciones concedidas a HCz y HCSz por parte de KBN destinadas a I+D son compatibles con el mercado común.

(145)

No obstante, la ayuda de reestructuración recibida por HCz entre 1997 y 2002 de 19 699 452 PLN (4,1 millones de euros) no es compatible con el mercado común y ha de ser reembolsada de conformidad con el Protocolo no 8.

(146)

Se solicitará a la empresa que realmente se benefició de la ayuda que la reembolse. En el momento en que se concedió la ayuda, la entidad económica beneficiaria formaba parte de la entidad legal HCz. Habida cuenta de que los activos y el pasivo de HCz se distribuirán entre tres empresas sucesoras, RFG, MH y Operator, la entidad económica beneficiaria de la ayuda ya no se limita a la entidad legal, HCz, sino que también debería abarcar las entidades que recibieron sus activos y su pasivo. En consecuencia, se solicitará el reembolso de la ayuda a HCz, RFG, MH y Operator, que son solidariamente responsables.

(147)

Los importes que se han de recuperar devengarán intereses de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de aplicación. En particular, con arreglo a su artículo 9.4, cuando no se dispongan de tipos swap interbancarios a cinco años, la Comisión podrá fijar, en estrecha cooperación con los Estados miembros, un tipo de interés de recuperación de ayudas estatales empleando un método diferente y en función de la información que obre en su poder. Dado que no se disponía de tipos swap interbancarios a cinco años para Polonia en el momento en que se concedió la ayuda incompatible, el tipo de interés de recuperación que se ha de aplicar debería basarse en un tipo de interés disponible que se considere oportuno para dicho periodo.

(148)

Las autoridades polacas han anunciado una modificación en el PNR con vistas a indicar que HCz no se liquidará sino que puede ser reestructurada sin ayudas estatales. De conformidad con el punto 10 del Protocolo no 8, la Comisión no presenta objeciones a esta modificación.

(149)

De conformidad con el punto 10 del Protocolo no 8 «cualquier modificación posterior del plan general de reestructuración y de los planes específicos deberá contar con el acuerdo de la Comisión y, cuando corresponda, del Consejo.» Dado que la decisión de la Comisión se refiere a ayudas estatales, es conveniente remitirse a las disposiciones de procedimiento del artículo 88 del Tratado CE y al Reglamento No 659/99. En este contexto, la Comisión adopta decisiones, salvo en el caso de que una decisión por la que se considere compatible una ayuda se justifique por circunstancias excepcionales en el sentido de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 2, tercer subapartado.

(150)

Por consiguiente, la Comisión está facultada para aprobar el cambio propuesto, ya que no se modifican las principales cifras que figuran en el Protocolo en relación con las ayudas estatales, su capacidad, proporcionalidad y el momento en el que se conceden (68). La modificación introducida en el PNR no tendrá incidencia alguna en el propio Protocolo no 8. HCz no se convertirá en beneficiario con arreglo al Protocolo no 8 ni se alterará la reducción de capacidad global establecida para el sector siderúrgico polaco en el punto 7.

(151)

Por otra parte, las autoridades polacas han justificado suficientemente la modificación. La reestructuración de HCz parece ser una alternativa basada en las reglas del mercado, ya que la evaluación anterior ha puesto de relieve que, contrariamente a lo que se pensaba en 2003, HCz puede reestructurarse sin ayudas estatales.

(152)

No obstante, la Comisión concluye que no puede aceptar la ayuda concedida a HCz entre 1997 y 2002. La aceptación de esta ayuda implicaría incluir a HCz en la lista de beneficiarios, incrementando así la cuantía de ayuda estatal que podía concederse al sector siderúrgico polaco, lo que desestabilizaría el equilibrio entre los compromisos de ayuda estatal y el falseamiento de la competencia. La Comisión no podía aprobar esta modificación sin el visto bueno del Consejo.

(153)

La Comisión no considera que la venta de las filiales de HCz y HCSz infrinja lo dispuesto en el punto 4 del Protocolo no 8.

(154)

El punto 4 del Protocolo no 8 establece que: «Las empresas beneficiarias no podrán:

El PNR (véase el punto 26) reiteró que esta disposición pretendía impedir que un beneficiario con arreglo al Protocolo no 8 adquiriese activos o acciones de HCz.

(155)

La Comisión considera que en el asunto que nos ocupa se debería tener en cuenta el punto 4.a) y no el punto 4.b) del Protocolo no 8, dado que no implica una venta de activos sino una venta de acciones, que se considera una fusión (69). En la práctica, el inversor estratégico sólo adquirirá acciones de empresas y no activos aislados. Además, la aplicación del punto 4.b) basta para la liquidación de HCz, que no ha sido declarada.

(156)

La Comisión no ve infracción alguna del punto 4.a) del Protocolo no 8, ya que la disposición se dirige claramente a los beneficiarios en virtud del Protocolo no 8 y ni Donbass ni LNM son beneficiarios con arreglo a dicho Protocolo.

(157)

Es cierto que LNM ha adquirido a un beneficiario, MSP. No obstante, a la Comisión no le consta que LNM esté actuando en nombre o en calidad de agente de MSP, sino que LNM y MSP se gestionan como empresas distintas con total independencia la una de la otra. Aun en el supuesto de que la Comisión interpretase los motivos de la disposición anterior en el sentido de que prohíbe toda subvención cruzada entre beneficiarios (posiblemente MSP) y no beneficiarios (en este caso HCz), se le han dado las suficientes garantías de que cualquier comprador se abstendrá de conceder subvenciones cruzadas a HCz a partir de las ayudas recibidas en el marco del PNR. En este contexto, no sólo las autoridades polacas sino también LNM se han comprometido (véanse los considerando 79 y 106) a suscribir estas garantías.

21.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 366/32

(1)

Mediante carta de 22 de junio de 2005, registrada el 27 de junio de 2005, Bélgica notificó a la Comisión su proyecto de ayuda a Ford, en la localidad de Genk. La Comisión pidió información complementaria mediante una carta de 27 de julio de 2005, a la cual las autoridades belgas respondieron por carta de 15 de septiembre de 2005 que se registró con la misma fecha.

(2)

Por carta de 9 de noviembre de 2005, la Comisión informó a Bélgica de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a esta ayuda. Tras lo cual, el 25 de noviembre de 2005, se celebró una reunión con las autoridades belgas.

(3)

Las autoridades belgas presentaron sus observaciones en una carta con fecha de 13 de enero de 2006 que se registró el mismo día.

(4)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 25 de febrero de 2006 (2). La Comisión invitó las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión, pero no recibió ninguna observación de éstas.

(5)

El beneficiario de la ayuda es Ford-Werke GmbH, Fabrieken te Genk (en lo sucesivo denominado «Ford Genk»). Ford-Werke GmbH forma parte de la Ford Motor Company. La fábrica se abrió en 1964. A finales de 2003, en el marco de una reestructuración general de Ford Europa, sufrió una reducción importante de personal que afectó a unos 3 000 trabajadores. Al mismo tiempo, la sociedad anunció un programa de inversiones de cerca de 700 millones de euros, esencialmente destinados a un nuevo sistema de producción flexible. Este programa establecía que la producción en curso del modelo Mondeo se completase con la producción de la nueva generación del Galaxy y de un tercer vehículo. En la actualidad, la fábrica emplea unas 5 000 personas. En 2004, en esta fábrica se produjeron 207 163 vehículos. En Bélgica, el grupo Ford también está instalado en Gante con una fábrica Volvo.

(6)

Según la información proporcionada por Bélgica, los costes subvencionables totales del programa de formación ascienden a 33 840 000 euros. Este total incluye elementos de formación específica hasta un máximo de 25 340 000 euros y medidas de formación general hasta un máximo de 8 500 000 euros.

(7)

Los costes subvencionables y sus respectivos importes que se toman en consideración en el programa son:

(8)

Los costes subvencionables totales se distribuyen del modo siguiente, según el tipo de gasto:

(9)

La ayuda propuesta consiste en una subvención directa en favor de Ford Genk por un importe de 12 279 423 euros, durante el período 2004-2006. De esta suma, 4 677 408 euros (el 38 %) corresponden a la ayuda para formación general, y 7 602 015 euros (el 61 %) a la ayuda para formación específica. La ayuda se concedería en forma de una ayuda «ad hoc» otorgada por la Comunidad flamenca (Vlaamse Gemeenschap). Bélgica garantiza que la ayuda para formación no se acumulará con otras ayudas destinadas a cubrir los mismos gastos.

(10)

El importe de las ayudas previamente mencionadas alcanza intensidades de ayuda del 55 % para la formación general y del 30 % para la formación específica.

(11)

En su Decisión de incoar el procedimiento formal de examen, la Comisión expresó dudas en cuanto a: 1) la interpretación de las autoridades belgas de la magnitud de los costes subvencionables; 2) la clasificación que se propone de algunas partidas como la formación específica o la formación general.

(12)

Por lo que a los costes subvencionables se refiere, la Comisión experimentó ciertas dudas sobre la compatibilidad con el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (3), de una serie de gastos previstos por Bélgica y, en particular:

(13)

Por lo que se refiere a la distribución entre formación «general» y «específica», la Comisión teme que las autoridades belgas hayan aplicado a determinados gastos del proyecto una definición del concepto «formación general» demasiado amplia. Las dudas de la Comisión se refieren, en particular, a las partidas «costes de los servicios de asesoría» y «gastos de personal fuera de la cadena». Según las autoridades belgas, el servicio de formación de Ford Genk considera que el 70 % aproximadamente de estos gastos se refería a formación de alcance general. No obstante, no se ha suministrado ninguna prueba en apoyo de esta alegación.

(14)

En su respuesta a la incoación del procedimiento formal de examen, las autoridades belgas hicieron los siguientes comentarios:

(15)

La medida notificada por Bélgica en favor de Ford Genk constituye una ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado. En efecto, ésta se otorgó en forma de subvención financiada por el Estado o mediante recursos estatales. La medida es selectiva puesto que sólo afecta a Ford Genk, y puede falsear la competencia en la Comunidad al otorgar a esta empresa una ventaja sobre otros competidores que no se benefician de la ayuda. Por último, el mercado del automóvil se caracteriza por unos intercambios comerciales intensivos entre Estados miembros y, por este motivo, la ayuda podría afectar al comercio entre los Estados miembros.

(16)

Bélgica pide que la ayuda se apruebe sobre la base del Reglamento(CE) no 68/2001. La ayuda, en efecto, está vinculada a un programa de formación.

(17)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 68/2001, la exención de la obligación de notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado no se aplica si el importe de ayuda concedido para un único proyecto de ayuda a la formación es superior a un millón de euros. La Comisión observa que, en este caso concreto, la ayuda prevista asciende a 12 279 423 euros; que se piensa conceder a una sola empresa y que se trata de un único proyecto de formación. La Comisión considera, por lo tanto, que la obligación de notificación se aplica a la ayuda propuesta y que Bélgica la ha cumplido.

(18)

El considerando 16 del Reglamento (CE) no 68/2001 explica porqué este tipo de ayuda no puede eximirse de la obligación de notificación: «Es conveniente que los grandes importes de ayuda sigan estando sujetos a una evaluación individual por parte de la Comisión antes de que las ayudas se lleven a efecto».

(19)

Cuando evalúa una ayuda única a la formación que, debido a su importe, no goza de la exención prevista por el Reglamento (CE) no 68/2001 y que, por consiguiente, debe evaluarse sobre la base del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, la Comisión recurre a los mismos principios rectores que los que figuran en el Reglamento (CE) no 68/2001. Habida cuenta del considerando 4 del Reglamento (CE) no 68/2001, según el cual las notificaciones serán evaluadas por la Comisión especialmente a la luz de los criterios establecidos en dicho Reglamento, la Comisión comprueba también si pueden aprobarse todos los costes subvencionables recurriendo para ello una vez más a su amplia capacidad de valoración en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado. Tales medidas deben evaluarse de modo que garanticen la coherencia del proceso de toma de decisiones, así como la igualdad de trato (4).

(20)

La valoración por la Comisión de la compatibilidad de la medida en cuestión con el mercado común deberá comprobar, por lo tanto, si el conjunto de los aspectos sobre los que ha emitido dudas al incoar el procedimiento formal de examen se ajustan al mercado común con arreglo al Reglamento (CE) no 68/2001 y al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado. En particular:

(21)

La Comisión observa que el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (CE) no 68/2001 establece que los costes subvencionables de un proyecto de ayuda a la formación son los siguientes:

(22)

Bélgica presentó un resumen de los gastos de formación mediante el cual la Comisión puede definir los costes subvencionables propuestos. Según la información suministrada por Bélgica, el coste del personal participante en el proyecto de formación no es superior al total de los demás costes subvencionables.

(23)

El artículo 4, apartado 7, letra d), del Reglamento (CE) no 68/2001 establece que la amortización de los instrumentos y equipos en proporción a su utilización exclusiva para el proyecto de formación en cuestión se puede admitir como coste potencialmente subvencionable. Entre los costes potencialmente subvencionables no se mencionan los edificios. En este asunto, los «locales de formación» consisten en instalaciones distintas, ubicadas en salas delimitadas por mamparas de cristal. Estos locales se utilizan para actividades de formación. Como están situados en los vestíbulos de la fábrica, no constituyen edificios separados y puede considerarse que forman parte de la categoría «instrumentos y equipos» definida en el Reglamento (CE) no 68/2001.

(24)

Por consiguiente, la Comisión considera que estos locales constituyen costes subvencionables.

(25)

La Comisión observa que, en principio, las grandes empresas tienen más oportunidades de disponer de su propio servicio de formación y, por consiguiente, tienden en menor medida a solicitar la intervención de servicios externos de asesoría. Para ser compatible con del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, la medida de ayuda también debe ser proporcionada al objetivo y no falsear la competencia en forma contraria al interés común. En estas condiciones, la Comisión considera que sería discriminatorio para la categoría de las grandes empresas negarse a aplicar el artículo 4, apartado 7, letra e), del Reglamento (CE) no 68/2001 a los costes procedentes de los servicios de formación interna. La Comisión acepta, por consiguiente, clasificar estos costes en los gastos subvencionables.

(26)

La Comisión aplicará los mismos criterios que en la presente Decisión a cualquier caso similar que se le notifique.

(27)

No obstante, la Comisión desestima la alegación de las autoridades belgas según la cual la totalidad de los costes en cuestión debe considerarse como parte del capítulo «formación general». De hecho, considera que los servicios de asesoría tienen el mismo alcance (general/específico) que las acciones de formación a las que se refieren. Con el fin de evitar cualquier compensación abusiva de los costes de los servicios de asesoría, a los gastos del servicio de formación con cargo a la formación de alcance «general» o «específico» deberá corresponder, por consiguiente, la misma intensidad de ayuda máxima que a la acción de formación de que se trate. En el marco del proyecto general de formación, los costes del servicio de formación se distribuirán, por lo tanto, en gastos «generales» y «específicos» en proporción de las acciones de formación «general» y «específica» que figuren en el proyecto. En este caso concreto, tomando como base las acciones de formación para las cuales la Comisión autoriza una ayuda, se obtiene un porcentaje del 57,8 % para la formación general y del 42,2 % para la formación específica.

(28)

Intensidades de ayuda más elevadas implicarían un falseamiento desproporcionado de la competencia. La Comisión considera, en particular, que la obligación de las empresas de financiar una parte razonable de los costes contribuye a la eficacia y a la viabilidad de la medida. Esta es la razón por la que considera que una intensidad de ayuda más elevada alteraría las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común. Por consiguiente, este aspecto de la medida no puede considerarse compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(29)

Antes de decidir medidas de reestructuración, una empresa compara el valor actual de la disminución de los costes que se espera en el futuro con los costes de la reestructuración. Los gastos de formación de los empleados que ocuparán nuevas funciones después de la reestructuración son una parte de los costes normales e indispensables de la reestructuración. De hecho, una vez que la empresa decide despedir a buena parte de su personal, la formación temporal de los empleados previamente mencionados es indispensable para garantizar la continuidad de la producción y de la calidad. La empresa no tiene más opción que la de sufragar estos gastos de formación en favor de la mano de obra que no despide con el fin de sustituir los conocimientos técnicos del personal despedido. Por consiguiente, el efecto de la ayuda en cuestión sería simplemente subvencionar los costes normales e indispensables de la reestructuración de la empresa que, en cualquier caso, hubiese debido sufragar incluso sin contar con una ayuda. De modo que ésta no parece necesaria y, en cualquier caso, no dará lugar a una formación complementaria.

(30)

Además, el considerando 10 del Reglamento (CE) no 68/2001 explica la lógica de las ayudas estatales a la formación: la formación produce efectos externos positivos para la sociedad en su conjunto, dado que incrementa el número de trabajadores cualificados del que pueden abastecerse las demás empresas y mejora la competitividad de la industria europea. No obstante, en este caso concreto, la reestructuración en cuestión dará lugar a una reducción del número de trabajadores cualificados; Parece, por lo tanto, contraria al objetivo explícito del Reglamento (CE) no 68/2001.

(31)

Para ser compatible con del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, la medida de ayuda también debe ser proporcionada al objetivo y no falsear la competencia en forma contraria al interés común. Ahora bien, puesto que Ford Europa es uno de los principales operadores del mercado comunitario de la construcción de automóviles, las fuerzas del mercado por sí mismas deberían bastar para proceder a la formación derivada de la reestructuración en cuestión. Por lo tanto y según los términos del considerando 11 del Reglamento (CE) no 68/2001, cualquier ayuda estatal en favor de dicha formación sería superior al mínimo necesario para lograr el objetivo de la Comunidad que las fuerzas del mercado no alcanzarían por sí solas y, por consiguiente, falsearía la competencia de forma indebida. A este respecto, la Comisión observa en particular que, a pesar de las dudas expresadas en la decisión de incoar el procedimiento, Bélgica no explicó el motivo por el que la empresa no había emprendido las actividades de formación sin ayuda.

(32)

Por consiguiente, la Comisión considera que estos gastos de reestructuración no pueden acogerse al beneficio de una ayuda a la formación.

(33)

Desde hace un año la Comisión acumula pruebas de que algunos constructores de automóviles establecen una competencia entre sus propias fábricas de producción situadas en distintos Estados miembros para producir nuevos modelos. Comparan varios lugares posibles de instalación con miras a la producción de un nuevo producto, luego deciden el lugar que más les conviene basándose en el conjunto de los costes de producción, es decir, todos los tipos de costes y, además, también en las ayudas gubernamentales sean cuales sean y, en particular, las ayudas a la formación. Ante esta realidad económica y teniendo en cuenta el riesgo de que, como consecuencia de ello, algunas ayudas a la formación no contribuyan al objetivo del interés común a que se refiere el considerando 10 del Reglamento (CE) no 68/2001 sino que constituyan simplemente una ayuda de explotación que falsee la competencia, la Comisión debe examinar más cuidadosamente el carácter necesario de la ayuda «Con el fin de tener la certeza de que la ayuda estatal se limita al mínimo necesario para lograr el objetivo de la Comunidad que las fuerzas del mercado no alcanzarían por sí solas» (considerando 11 de dicho Reglamento) (5). Esta valoración se justifica tanto más cuanto que, en la actualidad, el sector automóvil se caracteriza por un considerable superávit de capacidades.

(34)

En asuntos anteriores, la Comisión no analizó con todo detalle la necesidad de una ayuda específica a la formación para los costes de lanzamiento (6). No obstante, es posible que se vea obligada a hacerlo cuando constate que las condiciones económicas han evolucionado en los mercados considerados. En el punto 52 de la sentencia de 30 de septiembre de 2003 en los asuntos acumulados C-57/00 P y C-61/00 P (7), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indica que «independientemente de la interpretación que la Comisión haya hecho en el pasado del artículo 92, apartado 2, letra c), del Tratado, ésta no puede restar valor al fundamento de la interpretación que la Comisión hace de la misma disposición en la Decisión impugnada ni, por tanto, a su validez.». De igual manera, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas indica, en el punto 177 de su sentencia de 15 de junio de 2005 en el asunto T-171/02 (8): «es únicamente en el marco del artículo 87 CE, apartado 3, letra c), en el que debe apreciarse la legalidad de una decisión de la Comisión en la que se declare que una ayuda nueva no cumple los requisitos de aplicación de dicha excepción, y no a la luz de una práctica decisoria anterior de la Comisión, aun suponiendo probada tal práctica».

(35)

La Comisión observa que en la industria del automóvil, la producción de un nuevo modelo es necesaria para mantener la competitividad. El lanzamiento de un nuevo modelo es, por lo tanto, un factor normal y periódico de la industria del automóvil. Para producir nuevos modelos, los fabricantes de automóviles deben formar a sus empleados a las nuevas técnicas que se tengan que adoptar. En general, los gastos de formación asociados, necesarios para el lanzamiento de un nuevo modelo, son sufragados por los constructores de automóviles en razón del incentivo comercial exclusivamente. Por consiguiente, en cualquier caso la empresa hubiese organizado las actividades de formación en cuestión y, en particular, de no haberse concedido ayuda alguna. La ayuda a la formación no es por lo tanto necesaria en este contexto. Ésta no empuja a la empresa a emprender actividades de formación «adicionales», además de las ya realizadas por impulso exclusivo de las fuerzas del mercado. La ayuda cubriría así gastos de funcionamiento que la empresa sufraga habitualmente y, por lo tanto, constituiría una ayuda de explotación que falsea la competencia.

(36)

Además, la instalación de una plataforma única en la fábrica de Genk permitirá sin duda aumentar la eficacia en la producción de los nuevos modelos. La empresa obtendrá así un beneficio directo de la plataforma única. Las fuerzas del mercado bastan pues, por sí solas, a incitar a la empresa a emprender esta racionalización del proceso de fabricación y a sufragar los correspondientes gastos de formación. Por consiguiente, la ayuda no es necesaria ya que cubriría gastos normales de reorganización de una empresa.

(37)

Además, los mismos argumentos que los que se exponen en el considerando 31 sobre el carácter proporcionado de la ayuda y la prohibición de un falseamiento indebido de la competencia como condiciones para garantizar la compatibilidad con las disposiciones del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, se aplican también a la formación asociada al lanzamiento de nuevos modelos. Por consiguiente, cualquier ayuda estatal en favor de dicha formación sería superior al mínimo necesario para lograr el objetivo de la Comunidad que las fuerzas del mercado no alcanzarían por sí solas y, por consiguiente, falsearía la competencia en forma contraria al interés común. A este respecto, la Comisión observa en particular que, a pesar de las dudas expresadas en la Decisión de incoar el procedimiento, Bélgica no explicó porqué motivo, sin ayuda, la empresa no hubiese emprendido las actividades de formación.

(38)

Por consiguiente, los costes de lanzamiento no pueden beneficiarse de una ayuda a la formación.

(39)

En su respuesta a la Decisión de incoar el procedimiento formal de examen, las autoridades belgas dieron garantías sólidas y detalladas de que la solicitud oficial de ayuda precedió al inicio del programa de formación. La Comisión considera que estas garantías son suficientes para disipar las dudas que expresó en la decisión de incoar el procedimiento.

(40)

A la luz de los argumentos que preceden, procede ajustar a la baja los costes subvencionables del proyecto, hasta un importe de 20 310 000 euros. Sobre esta cifra, 13 290 000 euros, es decir el 65 % del total, corresponden a los costes del personal participante en la formación.

(41)

La Comisión observa que, con arreglo al artículo 4, apartado 7, letra f), del Reglamento (CE) no 68/2001, estos costes son subvencionables hasta un importe igual al total de los demás costes subvencionables. Sobre esta base, en este caso concreto un ajuste suplementario es necesario para reducir estos costes a un nivel equivalente a la suma de los otros costes (9). Este ajuste supone finalmente un importe de 14 040 000 euros para los costes totales subvencionables.

(42)

El artículo 4 del Reglamento (CE) no 68/2001 establece una distinción entre las acciones de formación específica y las acciones de formación general.

(43)

El artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) no 68/2001 define la formación específica como la formación que incluye una enseñanza teórica y práctica aplicable directamente en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria y que ofrece cualificaciones que no son transferibles, o sólo de forma muy restringida, a otras empresas o a otros ámbitos laborales.

(44)

El artículo 2, letra e), del Reglamento (CE) no 68/2001, define la formación general como la que incluye una enseñanza que no es única o principalmente aplicable en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, sino que proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles a otras empresas o a otros ámbitos laborales, con lo que mejora sustancialmente la empleabilidad del trabajador. La formación es general si, por ejemplo, ha sido organizada conjuntamente por varias empresas independientes o los empleados de diversas empresas se pueden liberar para la formación.

(45)

Para que sea compatible con el mercado común, la ayuda a la formación no debe superar las intensidades máximas de ayuda subvencionables, en relación con los costes subvencionables, que se fijan en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 68/2001. Estos límites máximos dependen, entre otras cosas, del tamaño de la empresa beneficiaria, de la región en la que se ha establecido y de la categoría de los empleados interesados. La Comisión observa que Ford Genk es una gran empresa, que el proyecto está situado en una región (la provincia de Limburgo) que puede acogerse al beneficio de una ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, y que entre los beneficiarios de la formación no figura ninguna de las categorías de «trabajador desfavorecido» a que se refiere el artículo 2, apartado 3, letra g), del Reglamento (CE) no 68/2001. Habida cuenta de estas circunstancias, las intensidades máximas de ayuda autorizadas son del 30 % para la formación específica y del 55 % para la formación general.

(46)

La Comisión considera que en su respuesta a la decisión de incoar el procedimiento formal de examen, Bélgica le presentó información y garantías suficientes en cuanto a la naturaleza de la formación. Le comunicó, en particular, los nombres de las empresas externas encargadas de la formación general. También se comprometió a corregir, a posteriori, cualquier divergencia en la proporción de formación general propuesta. Este tipo de corrección se efectuará tras las conclusiones de la auditoría de los servicios económicos de la Región flamenca (sobre la base de la cual se determinará finalmente la proporción exacta de formación general).

(47)

La Comisión constata que en el caso de la medida de ayuda en cuestión, las excepciones enunciadas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado no se aplican, ya que la medida de ayuda no persigue ninguno de los objetivos a que se refieren; por otro lado, Bélgica no presentó ningún argumento en este sentido. La ayuda notificada no está destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni a poner remedio a una grave perturbación de la economía de un Estado miembro, ni a promover la cultura y la conservación del patrimonio. Por esta razón la Comisión considera que la ayuda destinada a cubrir los costes que se mencionan en el considerando 7 no puede acogerse, en virtud del artículo 87, apartado 3, letras b) o d), del Tratado, a una excepción a la incompatibilidad fundamental de las ayudas estatales con el mercado común. La excepción enunciada en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado tampoco es aplicable, ya que las medidas están destinadas a promover la formación en una zona que no está cubierta por esta disposición del Tratado. Por último, el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado es aplicable en la medida en que se refiere al fomento de la formación y del desarrollo regional, elemento que ya se ha tenido en cuenta en el conjunto del examen que precede.

(48)

La Comisión considera que una parte de las medidas notificadas por Bélgica, tal como se describen en los considerandos 21 a 41, se refieren a gastos que no son subvencionables, o a ayudas que no son necesarias para emprender las acciones de formación en cuestión. Esta ayuda no es compatible con el mercado común en virtud de una de las excepciones previstas en el Tratado y, por lo tanto, debe prohibirse. Según las autoridades belgas, la ayuda todavía no se ha concedido; por lo que no ha lugar proceder a su recaudación.

(49)

Las otras medidas de la propuesta, que representan 14 040 000 euros de costes subvencionables, lo que corresponde a ayudas por un importe de 6 240 555 euros, respetan los requisitos de compatibilidad con el mercado común con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

21.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 366/40

(1)

Por carta de 26 de enero de 2004, registrada el 11 de febrero de 2004, las autoridades de los Países Bajos notificaron a la Comisión su intención de conceder a KG Holding NV, en lo sucesivo «Kliq Holding» o «KH», una ayuda a la reestructuración conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (2), en lo sucesivo «las directrices». Tras dicha notificación, la Comisión solicitó a los Países Bajos, en abril, agosto y noviembre, que le enviaran información al respecto. En diciembre de 2004, las autoridades de los Países Bajos solicitaron una prórroga del plazo de respuesta, precisando que los resultados de la empresa todavía no eran satisfactorios y que otra empresa podría estar interesada en su absorción.

(2)

Por carta de 5 de agosto de 2005, la Comisión notificó a los Países Bajos su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado respecto a la ayuda notificada.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3). La Comisión invitó así a los interesados a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

(4)

Por carta de 7 de septiembre de 2005, las autoridades neerlandesas solicitaron una prórroga del plazo concedido para presentar sus observaciones sobre la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento; la Comisión a accedió a esta petición por carta de 15 de septiembre de 2005.

(5)

Los Países Bajos enviaron sus observaciones y demás información por cartas de fecha 29 de septiembre de 2005, registrada el 30 de septiembre de 2005, 13 de enero de 2006, registrada el 18 de enero de 2006 y 17 de febrero de 2006, registrada el 23 de febrero de 2006.

(6)

La Comisión no ha recibido observaciones de los interesados.

(7)

KH se creó en 2002 en el marco de la autonomización de los servicios de reintegración del Ministerio de asuntos sociales y empleo neerlandés, que se confiaron a una empresa privada (4). Hacia finales de 2003, KH había reducido drásticamente sus efectivos al aumentar las pérdidas, debido especialmente a la desfavorable situación del mercado y a una deficiente gestión.

(8)

En noviembre de 2003, los Países Bajos notificaron su intención de conceder a la empresa, de acuerdo con las directrices, un préstamo de 45 millones de euros en concepto de ayuda de salvamento para garantizar el funcionamiento de la empresa, sometida a un amplio plan de reestructuración. En diciembre de 2003, la Comisión autorizó la ayuda de salvamento a favor de KH (5) a la espera de que se notificara, en un plazo de seis meses, un plan de reestructuración detallado.

(9)

KH es una sociedad de cartera especializada en prestar servicios de reintegración en el mercado neerlandés del empleo. Tras haber formado parte de la administración neerlandesa, con una plantilla de unos 3 000 efectivos, se convirtió en autónoma el 1 de enero de 2002. El Estado neerlandés es el único accionista. KH tiene en la actualidad unos 700 empleados.

(10)

Además de la filial Kliq Reïntegratie, en lo sucesivo «Oud Kliq» u «OK», con 1 450 empleados, que se ocupaba de los servicios de reintegración, había otra importante filial, Kliq Employability, en lo sucesivo «KE», con 200 empleados. Además, KH tenía participaciones en seis filiales y empresas en participación muy pequeñas, que junto con KE pasan a denominarse en lo sucesivo «AD» (andere dochterondernemingen — otras filiales) y cuyos efectivos van de 4 a 20 asalariados, a saber, «Kliq Experts», «Brug- en Instroomprojecten», «Flexpay BV», «Simnet BV», «Kliq Match BV» y «Kliq business school».

(11)

Las principales actividades de las dos filiales más importantes eran los servicios de reintegración y empleabilidad a favor de las personas para las que es difícil encontrar empleo, entre ellas los discapacitados, pero también de las empresas que tienen dificultades para encontrar personas aptas para determinados empleos.

(12)

El principal mercado afectado en el presente caso es el de los servicios de integración laboral. Tanto los poderes públicos como las empresas privadas subcontratan empresas que ofrecen servicios de integración laboral. Para KH el sector público era, en primera instancia, su mercado principal. Las autoridades locales y el UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) acuden a empresas del tipo de KH. KH tenía una cuota del 16 % en el mercado del UWV frente a, respectivamente, el 12 % (Alexander Calder), el 10 % (Argonaut) y el 9 % (Randstad) de los demás operadores importantes en este mercado. El segundo mercado en importancia para KH es el de los contratos públicos de las administraciones locales en el que su cuota de mercado se eleva a aproximadamente el 38 %. Los demás operadores en este mercado son Alexander Calder (25 %) y TMP (25 %).

(13)

Según el plan de reestructuración, KH debía desvincularse de OK, su filial más importante y deficitaria, vender o liquidar todas las empresas que forman parte de AD, y crear una nueva filial denominada «Kliq BV», en lo sucesivo «New Kliq» o «NK», que debería dedicarse sobre todo a la principal actividad de KH, es decir, los servicios de reintegración (6). Según el plan de reestructuración, NK debería restablecer la viabilidad de KH a largo plazo.

(14)

Las principales características del escenario de base respecto al programa de reestructuración son las siguientes:

(15)

El esquema que figura a continuación presenta la estructura de KH y de las relaciones de propiedad según el plan de reestructuración.

(16)

Debido a que persistían las graves dificultades, KH y OK presentaron una solicitud de suspensión de pagos, que los tribunales de Rotterdam y Utrecht aceptaron el 20 de enero de 2005. El 7 de febrero de 2005, los administradores de KH y OK solicitaron a dichos tribunales que transformaran la suspensión de pagos en quiebra. El 8 de febrero de 2005 estos tribunales declararon la quiebra de KH y OK.

(17)

Por lo que respecta a NK, la empresa había acumulado pérdidas de unos 12 millones de euros entre finales de 2003 y finales de 2004, con unos fondos propios de 5,75 millones de euros que KH había puesto a su disposición en el momento de su creación. Además, el futuro de NK era muy incierto, ya que la empresa no había cubierto los objetivos fijados en el plan de reestructuración y tenía que hacer frente a condiciones de mercado más desfavorables, ya que el volumen del mercado iba a verse reducido con toda seguridad al cambiar la reglamentación, de forma que los municipios ya no estaban obligados a reservar una parte de su presupuesto a los servicios de reintegración.

(18)

En su decisión de agosto de 2005 de incoar al procedimiento, la Comisión llegaba a la conclusión de que la ayuda a la reestructuración que los Países Bajos querían conceder a KH transformando el préstamo de salvamento de 45 millones de euros y los intereses correspondientes en fondos propios no parecía cumplir las condiciones previstas en las directrices. Además, la Comisión tenía dudas de que la ayuda se limitara realmente al mínimo y, en concreto, que el beneficiario pudiera aportar una contribución importante de sus recursos propios. La Comisión, en consecuencia, ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de considerar la ayuda a la reestructuración compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(19)

En septiembre de 2005, las autoridades neerlandesas enviaron una carta como reacción a la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento en la que se incluía información complementaria sobre los siguientes puntos: i) el desarrollo del procedimiento de quiebra de KH y OK; ii) los resultados financieros y la rentabilidad de NK; y iii) el desarrollo del procedimiento judicial que enfrentaba a NK al Estado neerlandés. El último punto citado se refiere más concretamente a la solicitud presentada por NK ante la jurisdicción neerlandesa competente tras la quiebra de KH y OK, para que el Estado transformara en fondos propios el préstamo de salvamento de 9,25 millones de euros que KH había concedido a NK después de que la Comisión autorizara la ayuda de salvamento. Aunque, de conformidad con las directrices, este tipo de ayuda debe consistir en una ayuda de tesorería, debe tener carácter provisional y sólo puede considerarse permanente cuando la Comisión haya aprobado la ayuda a la reestructuración, las autoridades neerlandesas informaron a la Comisión, en verano de 2005, que la jurisdicción neerlandesa competente les había ordenado transformar el préstamo en fondos propios.

(20)

Los Países Bajos informaron a la Comisión, mediante carta de enero de 2006, que NK se había declarado en quiebra el 14 de diciembre de 2005 y que se había puesto en marcha el procedimiento correspondiente. Por último, les Países Bajos comunicaron, en febrero de 2006, los datos actualizados respecto al procedimiento de quiebra iniciado en relación con KH y OK.

(21)

Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, «serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(22)

Conviene precisar en primer lugar que la medida en cuestión consiste en transformar la ayuda de salvamento concedida por el Estado a KH, así como los intereses correspondientes, en fondos propios y por consiguiente imputable al Estado y financiada con recursos estatales. El préstamo de salvamento concedido a KH y su transformación en fondos propios implican al mismo tiempo la existencia de una serie de ventajas que una empresa que conociera el mismo tipo de dificultades y que se encontrara al borde de la quiebra no habría obtenido en el mercado financiero.

(23)

Aunque KH sólo trabaja en el mercado neerlandés, no puede excluirse que la concesión de una ventaja a KH falsee o amenace falsear la competencia y pueda afectar a los intercambios entre los Estados miembros. Además, tal como han indicado las autoridades neerlandesas, hay empresa internacionales de talla más pequeña que actúan en el mercado neerlandés, como TMP y Creyff’s (filial de Solvus, Bélgica), por ejemplo. La ventaja en cuestión parece favorecer a una empresa respecto a sus competidores, lo que falsea o amenaza falsear la competencia y afecta a los intercambios entre los Estados miembros.

(24)

Habida cuenta de lo anterior, la medida notificada a favor de KH debe considerar se como ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado, que debe evaluarse en consecuencia.

(25)

La Comisión debe evaluar la ayuda como ayuda ad hoc. El artículo 87, apartados 1 y 2, del Tratado prevé excepciones a la incompatibilidad de la ayuda en general, tal como se define en el artículo 1 de dicho artículo.

(26)

La ayuda en cuestión no cumple las condiciones de las excepciones contempladas en el artículo 87, apartado 2. En efecto, la ayuda notificada no es una ayuda de carácter social concedida a los consumidores individuales, ni una ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, ni una ayuda concedida a determinadas regiones de la República Federal de Alemania afectadas por la división de Alemania.

(27)

El artículo 87, apartado 3, letras a) a d) inclusive, del Tratado prevé otras excepciones. Dado que el objetivo principal de la ayuda no es regional, sino que se refiere a la reestructuración de una empresa en crisis, sólo la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), parece que pueda tenerse en cuenta en la medida en que prevé autorizar ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas cuando no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(28)

La Comisión ha definido las directrices que le permiten evaluar las ayudas estatales de salvamento y reestructuración. Los Países Bajos han pedido a la Comisión que examine la medida en cuestión teniendo en cuenta dichas directrices.

(29)

La sección 3.2. (puntos 28 a 63 inclusive) de las directrices, y en concreto los puntos 30 a 47 inclusive, describe las condiciones que deben cumplirse para que la Comisión autorice la ayuda a la reestructuración. La evaluación se expone en los considerandos 30 a 55 inclusive.

(30)

Según el punto 30 de las directrices, la empresa debe poder ser considerada en crisis de acuerdo con la definición del apartado 2.1 (puntos 4 a 8 inclusive) de las mencionadas directrices. Según el punto 6 de las directrices, los síntomas habituales de crisis de una empresa son el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto.

(31)

En el punto 5, letra a), de las directrices, se considera explícitamente que una empresa está en crisis cuando más de la mitad de su capital social ha desaparecido y más de la cuarta parte de dicho capital se ha perdido en el curso de los doce últimos meses.

(32)

Según la notificación, éste es el caso de KH. El control de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2002 permite llegar a la conclusión de que el capital social del holding (consolidado) ascendía a unos 73 millones de euros el 1 de enero de 2002. A finales de ese año, habría descendido a 22 millones de euros, lo que representa una disminución de aproximadamente el 70 %. Además, siguió disminuyendo fuertemente durante nueve meses, hasta septiembre de 2003.

(33)

Las autoridades neerlandesas tienen intención de conceder a KH la ayuda a la reestructuración. KH, a su vez, aportará esta ayuda a sus dos filiales, NK y OK, para llevar a fin la reestructuración.

(34)

La Comisión considera que KH cumple las condiciones para poder ser considerada empresa en crisis en aplicación de los puntos 4 a 8 inclusive de las directrices y que por lo tanto puede beneficiarse de ayudas a la reestructuración.

(35)

La concesión de la ayuda está supeditada a la ejecución del plan de reestructuración que habrá sido autorizado por la Comisión para todas las ayudas individuales similares a las de que se trata. Según los puntos 31 a 34 de las directrices las condiciones son las siguientes:

(36)

Ante todo hay que señalar que el plan de reestructuración notificado estaba incompleto: las autoridades neerlandesas, por ejemplo, omitieron comunicar la planificación actualizada de la liquidez. El plan de reestructuración no daba a la Comisión las informaciones que necesitaba para llevar a cabo una evaluación completa en el marco de las directrices. La Comisión tuvo que solicitar que le comunicaran los costes de liquidez de KH y un análisis de sensibilidad sobre los diferentes escenarios. Habida cuenta de la situación en la que se encontraba KH, las autoridades neerlandesas no han podido, hasta la fecha, suministrar toda la información requerida.

(37)

La Comisión tenía dudas desde el primer momento sobre la capacidad del plan de reestructuración de provocar el cambio exigido debido a la insuficiencia de la rentabilidad interna respecto a la rentabilidad de los fondos propios, ya que los resultados de NK eran inferiores a los objetivos fijados por plan de reestructuración, debido a la persistencia de los problemas estructurales graves que originaron las dificultades a que tuvo que hacer frente KH y por último debido al olvido, por las autoridades neerlandesas, de señalar como era debido la considerable contribución de los beneficiarios a la reestructuración con recursos propios. Debido a estos graves problemas, no se han podido cumplir las condiciones previstas por las directrices para que se pudiera autorizar la ayuda a la reestructuración.

(38)

Como ya se señaló en el considerando 16, la Comisión toma nota además de que KH se declaró en quiebra en febrero de 2005. Al no haber logrado KH provocar el cambio necesario según el plan, conviene, por consiguiente, constatar que su viabilidad a largo plazo tampoco podrá restablecerse por el plan de reestructuración actual o por otro modificado. Conviene destacar, además, como han señalado las autoridades neerlandesas tras la incoación del procedimiento, que incluso NK, la empresa especialmente creada para permitir el cambio de KH, se ha declarado en quiebra, lo que confirma las graves dificultades de NK expuestas en la decisión de incoación del procedimiento y la falta de eficacia del plan de reestructuración.

(39)

Al no cumplirse las condiciones clave previstas por las directrices para la concesión de la ayuda de reestructuración, la Comisión no puede autorizar el plan de reestructuración por lo que no puede aprobarse la mencionada ayuda. Por esta razón, la medida notificada tampoco puede considerarse compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(40)

Habida cuenta de lo expuesto, la Comisión no considera necesario verificar exhaustivamente si se cumplen las demás condiciones previstas por las directrices para la autorización de la ayuda a la reestructuración, y en particular la prevista en el punto 40 de las directrices, en virtud de la cual el importe y la intensidad de la ayuda deben limitarse al mínimo necesario y el beneficiario debe hacer una contribución importante de sus recursos propios.

(41)

De conformidad con el punto 24 de las directrices, la ayuda de salvamento a favor de KH se autorizó inicialmente por un periodo de seis meses como máximo. Las autoridades neerlandesas notificaron el plan de reestructuración elaborado por KH dentro de los seis meses siguientes a la autorización de la ayuda de salvamento a favor de KH.

(42)

De conformidad con el plan de reestructuración notificado por las autoridades neerlandesas, KH cedió una parte del préstamo de salvamento a OK (35,75 millones de euros) y el resto, es decir, 9,25 millones de euros, a NK.

(43)

Las autoridades neerlandesas informaron a la Comisión de que la jurisdicción neerlandesa competente, basándose en los artículos 53 y 69 de la ley neerlandesa sobre quiebra, les había obligado a transformar en fondos propios el préstamo de 9,25 millones de euros. La transformación tuvo lugar al 22 de agosto de 2005. No puede, por lo tanto, considerarse como una ejecución parcial de la medida notificada.

(44)

La Comisión recuerda a las autoridades neerlandesas que, de conformidad con el principio según el cual el derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional, la ejecución de la decisión del tribunal nacional citada en el considerando 43 es contraria a la prohibición de ejecutar una medida de ayuda estatal antes de que sea autorizada por la Comisión en virtud del artículo 88, apartado 3, del Tratado. La transformación del préstamo de salvamento en fondos propios a favor de la reestructuración constituye una ayuda ilegal a la reestructuración. Además, al no cumplir la ayuda notificada las condiciones previstas por las directrices, también sería incompatible la medida que incluyera la ejecución parcial de esa ayuda. La circunstancia de que esta medida se haya ejecutado por decisión de un juez nacional no es relevante a este respecto ya que los jueces nacionales, como los demás órganos del Estado, están obligados a respetar las disposiciones del Tratado.

(45)

La transformación del préstamo de salvamento de 9,25 millones de euros cedido a NK, por decisión del juez nacional, debe, por consiguiente, equipararse a la concesión de una ayuda a la reestructuración ilegal e incompatible a NK. Dado que no puede ser autorizada, esta ayuda a la reestructuración es incompatible con el mercado común.

(46)

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (7), la Comisión deberá decidir, en caso de que se adopte una decisión negativa respecto a una ayuda ilegal, que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda. La Comisión, sin embargo, puede no exigir la recuperación de la ayuda si ello contradice algún principio general del derecho comunitario. En el presente caso no puede invocarse ese principio. Por consiguiente, la ayuda concedida en forma de transformación del préstamo de salvamento de 9,25 millones de euros en fondos propios debe recuperarse en su totalidad.

(47)

Para restablecer su viabilidad a largo plazo, KH ha cedido a OK, de acuerdo con el plan de reestructuración notificado, 35,75 millones de euros, parte del total de ayuda estatal de salvamento cifrado en 45 millones de euros, para financiar el cierre de la última. Contrariamente al préstamo de salvamento de 9,25 millones de euros cedido a NK, este préstamo no se ha transformado en fondos propios. Por esta razón la ayuda en cuestión sigue considerándose ayuda de salvamento.

(48)

De conformidad con el punto 23, letra c), de las directrices: El Estado miembro debe transmitir a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la autorización de la ayuda de salvamento, un plan de reestructuración, un plan de liquidación o la prueba de que el préstamo se ha devuelto en su totalidad.

(49)

En el presente caso, las empresas de que se trata se declararon en quiebra al poco tiempo de presentado el plan de reestructuración a la Comisión. Por esta razón, la Comisión no pudo autorizar dicho plan.

(50)

Las autoridades neerlandesas informaron, sin embargo, a la Comisión que el procedimiento formal de quiebra y liquidación se había puesto en marcha. Esta notificación se atiene al punto 23, letra d), de las directrices, que exige, como alternativa al reembolso íntegro del préstamo o a la presentación de un plan de reestructuración, que se comunique un plan de liquidación. La Comisión autoriza este plan de liquidación siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:

(51)

Si bien los antiguos préstamos concedidos por el Estado a KH no entran en el marco de las medidas de ayuda a la reestructuración consideradas en el presente procedimiento (8), la Comisión desea dar a conocer su punto de vista para contribuir a prevenir la aparición de nuevas contradicciones entre la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales y la aplicación de la legislación nacional por los tribunales competentes, tal como ha sucedido en el caso de la medida descrita en los considerandos 43 a 46 inclusive. Este punto de vista se refiere sobre todo al procedimiento judicial pendiente ante el juez neerlandés tal como se ha expuesto en los considerandos 52 a 55 inclusive.

(52)

Según el plan de reestructuración notificado, KH debía reembolsar íntegramente, antes de 2016, los antiguos préstamos por un importe total de 41 millones de euros, incluida una facilidad de crédito condicional en forma de descubierto autorizado de 17 millones de euros, en lo sucesivo «línea de crédito», que el Estado había concedido en 2002, en condiciones de mercado, tras la creación de KH y que se sale del marco de las medidas de ayuda a la reestructuración.

(53)

En febrero de 2006, los Países Bajos comunicaron por carta a la Comisión que los administradores de la quiebra habían pedido a las jurisdicciones nacionales competentes, en el marco de los procedimientos de quiebra de KH y OK, que ordenaran al Estado a proceder al pago de la totalidad de la línea de crédito que éste había congelado en febrero de 2005 tras la suspensión de pagos a la espera de la quiebra de KH y OK.

(54)

La Comisión es consciente de que el presente asunto es competencia del tribunal nacional correspondiente, que deberá determinar si la decisión del Estado se atenía al acuerdo que ponía fin a la línea de crédito.

(55)

La Comisión considera que si la decisión del Estado era conforma al acuerdo, el tribunal competente debería confirmar esta decisión y rechazar la acción de los administradores de la quiebra. Sin embargo, en caso de que el tribunal considerara que, aunque el Estado hubiera respetado sus derechos y obligaciones contractuales, debía pagar, en el marco del procedimiento de quiebra, la totalidad de la línea de crédito a los administradores, esta decisión podría asimilarse a la concesión de una nueva ayuda estatal a favor de los acreedores de KH y debería notificarse a la Comisión de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(56)

Habida cuenta de lo expuesto, la Comisión debe hacer constar que la medida examinada constituye una ayuda estatal de conformidad con el artículo 87, apartado 1, del Tratado. La información suministrada por las autoridades neerlandesas, en el curso del procedimiento de investigación formal o no, confirma que la ayuda a la reestructuración que los Países Bajos tienen intención de conceder a KH al transformar el préstamo de salvamento de 45 millones de euros y los intereses correspondientes en fondos propios no cumple las condiciones previstas por las directrices, por lo que no se atiene a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(57)

En la medida en que la ayuda haya sido ya concedida en forma de transformación en fondos propios del préstamo de salvamento de 9,25 millones de euros cedida a NK, debe recuperarse.

21.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 366/47

(1)

En 1997, el Consejo adoptó un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas destinado a combatir la competencia fiscal perniciosa (2). Tras los compromisos contraídos en el marco de dicho Código, la Comisión publicó en 1998 una Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (3), en la que hacía hincapié en su determinación de aplicar con todo rigor dichas normas y respetar el principio de igualdad de trato. Este procedimiento se inscribe en el marco de dicha Comunicación.

(2)

Por carta D/50716 de 12 de febrero de 1999, la Comisión pidió a Luxemburgo que le proporcionase información preliminar relativa a las «sociedades exentas de impuestos en virtud de una ley de 1929». Por carta A/32604 de 26 de marzo de 1999, las autoridades luxemburguesas le suministraron una descripción del régimen de sociedades de participaciones financieras exentas (sociedades holding) de «1929» (en adelante holding «1929» exentas), modificado por la «Ley de 29 de diciembre de 1971» y por la «Ley de 30 de noviembre de 1978».

(3)

Por carta D/53671 de 5 de julio de 2000, la Comisión pidió a Luxemburgo información adicional relativa a los holding «1929» exentos y, en particular, información sobre la «Ley de 17 de diciembre de 1938, por la que se regula el régimen denominado de holding multimillonarios» (en adelante denominados «holding exentos multimillonarios»). Por carta A/36150 de 20 de julio de 2000, las autoridades luxemburguesas suministraron la información adicional solicitada.

(4)

Por carta D/51279 de 26 de marzo de 2001, la Comisión pidió información adicional, en particular, el texto de las leyes por las que se establecen los regímenes fiscales a favor de los holding «1929» exentos y de los holding «multimillonarios». Por carta A/33928 de 11 de mayo de 2001, las autoridades luxemburguesas proporcionaron la información solicitada.

(5)

Por carta D/50571 de 11 de febrero de 2002, la Comisión informó a las autoridades luxemburguesas de que, preliminarmente, consideraba esta medida como una ayuda y las invitó a presentarle observaciones con arreglo al procedimiento de cooperación relativo a los regímenes de ayudas existentes instaurado por el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo relativo a las disposiciones de aplicación del artículo 93 [en la actualidad artículo 88] del Tratado CE (4). Tras la reunión celebrada el 19 de abril de 2002 entre la Comisión y las autoridades luxemburguesas, éstas, por carta A/33288 de 2 de mayo de 2002, proporcionaron la información solicitada. El 17 de octubre de 2002 dichas autoridades y la Comisión se volvieron a reunir.

(6)

Por carta A/51743 de 9 de marzo de 2004, la Comisión pidió a Luxemburgo que actualizase la información referente al régimen en cuestión y le comunicase la totalidad de las nuevas disposiciones, tanto si eran objeto de propuestas como si ya se habían adoptado, en cuanto al trato fiscal de los holding «1929» exentos con el fin de dar por clausurado el examen preliminar de dicho régimen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento no 659/1999 del Consejo. Por carta de 6 de mayo de 2004, Luxemburgo comunicó a la Comisión la información solicitada.

(7)

El 15 de septiembre de 2004, las autoridades luxemburguesas y la Comisión celebraron una tercera reunión en la cual se informó a la Comisión de algunos elementos relativos al proyecto de ley no 5231 por el que se introducen enmiendas en la Ley de 31 de julio de 1929 sobre el régimen fiscal de los holding «1929» exentos.

(8)

Por carta D/53536 de 4 de mayo de 2005, la Comisión pidió que se le transmitiese cualquier información relativa a la aprobación, el 19 de abril de 2005, del proyecto de ley no 5231, con el fin de completar la evaluación preliminar del régimen en cuestión. Mediante sendas cartas de 1 de junio de 2005 (A/34536) y 23 de junio de 2005 (A/35047), las autoridades luxemburguesas comunicaron a la Comisión la información solicitada.

(9)

Por carta de 11 de julio de 2005 (D/55311), la Comisión informó, en particular, a Luxemburgo de que, en su evaluación preliminar, consideraba que el régimen en cuestión (modificado por la aprobación del Parlamento de 19 de abril de 2005 del proyecto de ley no 5231, que ha pasado a ser la Ley de 21 de junio de 2005 por la que se modifica el artículo 1 de la ley de 31 de julio de 1929 relativa al régimen fiscal de las sociedades de participaciones financieras) constituía una ayuda incompatible con el mercado común.

(10)

El 25 de julio de 2005, se celebró una cuarta reunión entre dichas autoridades y la Comisión, en la cual se procedió a examinar el expediente, en particular, a la luz de las enmiendas introducidas en el régimen en cuestión por la Ley de 21 de junio de 2005.

(11)

Por carta de 28 de julio de 2005 (D/55780), la Comisión informó a Luxemburgo de su evaluación preliminar en cuanto al carácter de ayuda incompatible con el mercado común de la Ley de 31 de julio de 1929, modificada por la Ley de 21 de junio de 2005, e invitó a Luxemburgo a presentar sus comentarios en aplicación del artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999.

(12)

Mediante sendas cartas de 5 de septiembre de 2005 (D/56729) y 19 de septiembre de 2005 (D/57172), la Comisión pidió a las autoridades luxemburguesas el envío de los comentarios solicitados.

(13)

Al no haber recibido ninguna respuesta en el plazo prescrito, la Comisión, por carta de 25 de noviembre de 2005 (5), propuso a Luxemburgo las siguientes medidas apropiadas, en aplicación del artículo 88, apartado 1, del Tratado:

(14)

En la misma carta, la Comisión invitaba también a las autoridades luxemburguesas a indicarle por escrito, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la propuesta, si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, Luxemburgo aceptaba sin reservas y de forma inequívoca la totalidad de estas medidas apropiadas mencionando la fecha final de revocación del régimen. La Comisión indicó que, en el caso contrario y con arreglo a las disposiciones del artículo 19, apartado 2, de dicho reglamento, podría proceder a incoar el procedimiento previsto en el artículo 4, apartado 4.

(15)

Por carta de 9 de diciembre de 2005 (A/40451), Luxemburgo comunicó a la Comisión que no aceptaba las medidas apropiadas propuestas. Habida cuenta del rechazo opuesto por Luxemburgo y de las observaciones formuladas por las autoridades luxemburguesas en la carta anteriormente mencionada, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(16)

Mediante sendas cartas de 9 de febrero de 2006 (SG D/200621) y 28 de marzo de 2006 (SG D/201345), la Comisión notificó a Luxemburgo la decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado así como una corrección de errores de dicha decisión.

(17)

La Decisión de la Comisión (en su versión corregida) se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (6). En su Decisión, la Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones. En este contexto, la Comisión no recibió ninguna observación por parte de terceros interesados.

(18)

Por carta de 13 de abril de 2006 (A/32917), Luxemburgo presentó sus propias observaciones.

(19)

El 6 de julio de 2006, se celebró una reunión suplementaria entre las autoridades luxemburguesas y la Comisión, durante la cual dichas autoridades proporcionaron información complementaria referente a las actividades de financiación de las sociedades holding «1929» y la posible confianza legítima por parte de éstas de que seguirían disfrutando del régimen de exención durante un período transitorio.

(20)

La ley orgánica de 31 de julio de 1929 referente a los holding exentos introdujo un instrumento fiscal destinado a fomentar la distribución de beneficios acumulados por las compañías de explotación que forman parte de un grupo internacional de empresas, evitándose así la imposición múltiple de los beneficios percibidos por las sociedades holding beneficiarias y repartidos a continuación a sus accionistas. En 1937, tras las modificaciones de la ley de 31 de julio de 1929, Luxemburgo introdujo una exención accesoria para los holding multimillonarios formados por una contribución inicial de capital desembolsado de, como mínimo, mil millones de francos luxemburgueses (LUF). Luxemburgo instauró además un régimen de exención de las participaciones en virtud del cual los dividendos, cánones, plusvalías y productos de una liquidación procedente de la venta de acciones de las empresas en las que la sociedad holding tiene participaciones no son imponibles, siempre y cuando cumplan determinadas condiciones. Por lo tanto, además del régimen general de exención de las participaciones que se inscribe en un marco normativo de derecho común (antiguo artículo 166 de la Ley sobre el Impuesto de las Rentas (Loi sur l'Impôt des Revenus o LIR) y transpone las Directivas «sociedades matrices y filiales» e «intereses y cánones» (7), en la actualidad Luxemburgo dispone de un régimen de exención específico de los holding «1929» y de los holding «multimillonarios».

(21)

Con arreglo a la Ley de 31 de julio de 1929, las sociedades holding «1929» exentos no están sujetas a ninguna contribución directa en Luxemburgo, como el impuesto sobre la renta de las colectividades, el impuesto comercial municipal (8) y el impuesto sobre el valor neto (9). Adeudan, no obstante, los impuestos sobre el capital, como la contribución territorial (10) y el impuesto anual de suscripción (11). Por consiguiente, los dividendos, intereses, cánones y plusvalías percibidos por un holding «1929» exento de impuestos no son imponibles en Luxemburgo. Los pagos de dividendos, cánones (12) e intereses efectuados por un holding «1929» exento no están sujetos a ninguna retención en la fuente (13). Por último, los intereses abonados en el extranjero tanto por los holding «1929» exentos como por cualquier otra sociedad luxemburguesa no están sujetos a ninguna retención en la fuente, mientras que los intereses percibidos por sociedades residentes no exentas se consideran rentas imponibles.

(22)

Procede destacar que los intereses abonados por los holding «1929» exentos (como por cualquier otra sociedad luxemburguesa) a personas físicas — beneficiarios efectivos según la definición de la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (14) — residentes de un Estado miembro, en Luxemburgo están sujetos a la retención en la fuente que establece dicha Directiva. Existe un impuesto final en origen similar del 10 % sobre los intereses abonados a las personas físicas residentes, aplicable en Luxemburgo desde el 1 de enero de 2006, al que están sujetos los intereses abonados por los holding «1929» exentos.

(23)

Habitualmente, se excluye a los holding «1929» exentos de los convenios bilaterales de prevención de la doble imposición y el fraude fiscal firmados por Luxemburgo.

(24)

Por lo que se refiere a la imposición del capital, un holding «1929» exento está sujeto a un derecho de contribución del 1 % sobre las aportaciones dinerarias o las contribuciones de activos (15). Además están sujetas al impuesto anual de suscripción del 0,2 % del capital social desembolsado y del valor de las primas de emisión, establecido en la fecha de cierre del ejercicio financiero anterior (16). Una sociedad holding «1929» libre de impuestos puede pedir fondos en préstamo a sus accionistas, a bancos u otras entidades de crédito y puede emitir obligaciones. Con el fin de evitar el impago del impuesto de suscripción, se aplican ciertas normas en materia de subcapitalización si la financiación por endeudamiento, en lugar de mediante emisión de acciones, supera determinadas ratios financieras. Por último, los honorarios abonados a los miembros, residentes o no, del consejo de administración, a la dirección o a los interventores de cuentas de una sociedad holding «1929» exenta están sujetos a una retención en la fuente del 20 %.

(25)

Sólo las sociedades (17) registradas en Luxemburgo pueden beneficiarse del régimen de sociedades holding «1929» exentas, al contrario de las sociedades unipersonales, las empresas conjuntas contractuales no constituidas en forma de sociedad, los establecimientos permanentes y las sucursales o agencias locales de sociedades extranjeras. El importe del capital suscrito de una sociedad holding «1929» exenta depende de la forma de sociedad que se elija. En virtud de un decreto del Gran Ducado de 29 de julio de 1977, una sociedad holding «1929» exenta debe tener un capital social íntegramente desembolsado de 24 000 euros como mínimo.

(26)

Las sociedades establecidas en Luxemburgo pueden registrarse como sociedades holding «1929» exentas a condición de que sólo ejerzan actividades de adquisición, posesión y valorización de cualquier forma de participación en otras sociedades luxemburguesas o extranjeras, en particular, mediante la concesión de préstamos, la posesión de patentes y la concesión de licencias de derechos de autor o de conocimientos técnicos a las sociedades en las que tienen participación. Una sociedad holding «1929» exenta no puede ejercer actividades industriales por cuenta propia ni explotar establecimientos comerciales abiertos al público. Si sus actividades se extienden fuera del ámbito definido, pierde su estatuto y se la trata como sociedad mercantil plenamente sujeta al impuesto.

(27)

Las actividades autorizadas de una sociedad holding «1929» exenta incluyen, en particular:

(28)

Las actividades prohibidas incluyen, en particular:

(29)

Las sociedades holding «1929» exentas están sujetas a la vigilancia de la Administración luxemburguesa del registro y de los bienes del Estado, la cual está autorizada a examinar su contabilidad, pero sólo con el fin de comprobar que las actividades ejercidas por dichas sociedades holding respetan los límites establecidos en la normativa de 1929.

(30)

Entre las sociedades holding «1929» exentas, hay una forma específica de holding: la sociedad holding «multimillonaria» exenta de impuestos. Puede constituirse mediante la aportación de acciones de sociedades extranjeras o aumentando el capital social desembolsado y las reservas hasta un importe de 24 millones de euros (mil millones de LUF) como mínimo. Los holding «multimillonarios» exentos pueden optar por un régimen fiscal en el marco del cual el impuesto anual de suscripción se sustituye por un impuesto denominado «impuesto sobre la renta». De acuerdo con el Decreto Gran Ducal de 1937 sobre los holding «multimillonarios» exentos, este impuesto sobre la renta grava los intereses abonados a los titulares de obligaciones y de títulos, los dividendos abonados a los accionistas y los honorarios pagados a los directivos, a los interventores de cuentas y a los liquidadores de la sociedad.

(31)

Si el importe total de los intereses abonados a los titulares de obligaciones o de títulos por el ejercicio financiero en cuestión es de 2 400 000 euros como mínimo, el impuesto se calculará mediante un baremo que incluye el 3 % de los intereses abonados, el 1,8 % de los dividendos, honorarios y remuneraciones hasta un importe distribuido total de 1 200 000 euros y el 0,1 % del importe de los dividendos, honorarios y remuneraciones que superen este límite. Si el importe total de los intereses abonados a los titulares de obligaciones o de títulos por el ejercicio financiero es inferior a 2 400 000 euros, el impuesto se calcula según un baremo distinto que incluye el 3 % de los intereses abonados, el 3 % de los dividendos, honorarios y remuneraciones hasta un importe igual a la diferencia entre 2 400 000 euros y el importe total de los intereses abonados, el 1,8 % de la parte de los dividendos que supere este límite, hasta un importe de 1 200 000 euros, y el 0,1 % del importe de los dividendos, honorarios y remuneraciones residuales que superen este límite. Por consiguiente, los holding «multimillonarios» exentos no están sujetos a las normas ordinarias en materia de subcapitalización aplicables para el impuesto anual de suscripción, y no se aplica ninguna retención en la fuente a los honorarios y remuneraciones.

(32)

Las actividades autorizadas de una sociedad holding «multimillonaria» incluyen, en particular:

(33)

La exención fiscal descrita se amplió, en determinadas condiciones, a los «holding financieros exentos», que constituyen una subdivisión de los holding «1929» exentos. Estas sociedades se encargan de financiar las actividades de las filiales de un grupo de empresas o de las sociedades vinculadas. A este respecto, una sociedad se considera parte de un grupo si utiliza una denominación común que constituye el símbolo de una dependencia recíproca o si las sociedades del mismo grupo poseen una participación sustancial (del 25 % por lo menos) de su capital social y mantienen entre ellas vínculos económicos permanentes.

(34)

Como los holding «multimillonarios» exentos, un holding financiero exento puede ejercer más actividades que un holding «1929» exento por lo que a la financiación intragrupo se refiere. Mientras que los holding «1929» exentos sólo pueden financiar sociedades en las que tienen participación directa, los holding financieros exentos pueden conceder préstamos a cualquier sociedad que sea miembro de su grupo. Las actividades autorizadas de una sociedad holding financiera incluyen, en particular:

(35)

El 6 de noviembre de 2003, el Gobierno luxemburgués depositó ante el Parlamento el proyecto de Ley no 5231 por el que se modificaba la Ley de 31 de julio de 1929 relativa al régimen de las sociedades holding «1929» exentas. El Parlamento luxemburgués, en su sesión del 19 de abril de 2003, aprobó dicho proyecto de Ley con algunas modificaciones. La nueva ley se promulgó el 21 de junio de 2005 y se publicó en el Boletín Oficial del Gran Ducado de Luxemburgo de 22 de junio de 2005. La Ley de 21 de junio de 2005 entró en vigor el 1 de julio de 2005.

(36)

En virtud de esta Ley, los holding que perciben el 5 % como mínimo del total de los dividendos repartidos durante el ejercicio por sociedades no residentes que no estén sujetas a un impuesto sobre la renta comparable al impuesto luxemburgués sobre la renta, pierden el estatuto de holding «1929» exento y pasan a ser sociedades sujetas al régimen tributario común. Los documentos parlamentarios que acompañan el proyecto de Ley explican que, para que un impuesto sobre la renta se considere comparable con el impuesto luxemburgués sobre la renta, debe percibirse a un tipo del 11 % como mínimo (es decir, el 50 % del impuesto luxemburgués de sociedades) y su base impositiva debe ser similar a la que se aplica en Luxemburgo.

(37)

De los comentarios anejos a esta Ley se desprende que estas enmiendas se adoptaron con el fin de que el régimen fiscal de las sociedades holding «1929» se ajustara a las recomendaciones presentadas por el Consejo a las autoridades luxemburguesas el 3 de junio de 2003, en el marco de la evaluación realizada en virtud del Código de conducta en materia de fiscalidad de las empresas. A este respecto, la nueva Ley introduce un régimen de transición que salvaguarda las ventajas existentes para las sociedades que disfrutaban del estatuto de holding «1929» o de holding multimillonario exento, desde la fecha de su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2011.

(38)

En su Decisión de 9 de febrero de 2006, la Comisión considera, en sustancia, que el régimen de las sociedades holding «1929» exentas constituye una ayuda según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado. En efecto, según la Comisión, este régimen concedía exclusivamente a las sociedades holding en cuestión varias ventajas económicas consistentes en exenciones de impuestos de sociedades, de retenciones en la fuente, de impuestos sobre el valor neto y de contribución territorial. Las ventajas citadas se traducen en obligaciones fiscales reducidas ante la Hacienda luxemburguesa para las sociedades holding y los grupos económicos a los que pertenecen.

(39)

Según la Comisión, estas ventajas parecían implicar la utilización de recursos estatales en forma de pérdida de recursos fiscales para el Tesoro luxemburgués. El régimen parecía selectivo puesto que se reservaba a las sociedades en forma de holding que ejercen exclusivamente determinados tipos de actividad, es decir esencialmente actividades financieras, de gestión, de concesión de licencias y de tesorería. El régimen parece limitarse también a las actividades intragrupo, puesto que los beneficiarios deben operar en un grupo para poder acogerse a él. Por consiguiente, no todas las empresas tienen acceso al régimen, sino sólo las que se estructuran en forma de grupo, con la creación de una sociedad de participación en Luxemburgo exclusivamente dedicada a ejercer determinadas actividades, como financiación, gestión de participaciones, coordinación y concesión de licencias y de patentes.

(40)

En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, la Comisión consideró que esta ventaja implicaba un falseamiento de la competencia y afectaba al comercio entre los Estados miembros, puesto que las actividades financieras y de gestión que ejercen habitualmente las sociedades holding «1929» exentas se ejercen generalmente en mercados internacionales en los cuales la competencia es intensa. A este respecto, parecía falsearse la competencia, por estar las sociedades holding «1929» exentas favorecidas con relación a los prestatarios de servicios y a los intermediarios financieros independientes, es decir, especialmente bancos y consultoras clásicas. El comercio parecía verse afectado debido a las ventajas otorgadas por el régimen de las sociedades holding «1929» exentas que sólo favorece a las sociedades holding que ejercen determinadas actividades financieras de carácter esencialmente transfronterizo.

(41)

Ninguna de las excepciones previstas en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado parecía ser aplicable en cuanto que la medida en cuestión representaba una ayuda de funcionamiento no vinculada a la realización de proyectos específicos y sólo parecía reducir los gastos corrientes de sus beneficiarios, sin por ello contribuir a un objetivo comunitario.

(42)

La Comisión concluyó, asimismo, que se trataba de una ayuda existente según lo dispuesto en el artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no 659/1999. A este respecto, las enmiendas introducidas por la nueva Ley de 2005, por la que se modifica el régimen de las sociedades holding «1929» exentas, no parecían alterar el carácter existente de la ayuda en cuestión dado que dejaban sin cambios las ventajas otorgadas por el régimen, al tiempo que se limitada temporalmente el número de beneficiarios a los que no perciben determinados dividendos sujetos a una tributación reducida fuera de Luxemburgo.

(43)

En el marco de la incoación del procedimiento de investigación formal, la Comisión invitó a las autoridades luxemburguesas a proporcionar toda la información pertinente para valorar los efectos del régimen en cuestión en el comercio, en particular, en el sector de los servicios financieros. También invitó a Luxemburgo y a los terceros interesados a presentar observaciones relativas a la posibilidad de que los beneficiarios adujeran la existencia de una confianza legítima que pudiera justificar la adopción de medidas transitorias, en el supuesto de que se pidiera la supresión del régimen en cuestión.

(44)

Ningún tercer interesado presentó formalmente comentarios tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea  (18) de la Decisión de la Comisión de 9 de febrero de 2006. No obstante, varios representantes de sociedades holding «1929» exentas se pusieron informalmente en contacto con la Comisión con el fin de recabar información, especialmente sobre las consecuencias jurídicas para los particulares del procedimiento de investigación formal incoado por la Comisión en virtud del artículo 88, apartado 2, del Tratado y la legalidad de las exenciones de impuestos de las que éstos se habían beneficiado.

(45)

Las autoridades luxemburguesas presentaron sus observaciones por carta de 13 de abril de 2006. A este respecto, las autoridades luxemburguesas expresaron su desacuerdo en cuanto a la calificación de ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, del régimen de exención en favor de las sociedades holding «1929». Luxemburgo no presentó observaciones relativas a la compatibilidad del régimen de exención fiscal en cuestión con el mercado común.

(46)

Mediante su carta de 13 de abril de 2006, Luxemburgo también se negó a proporcionar información pertinente para la evaluación de la medida y de sus efectos en la competencia y el comercio, en particular, en los sectores de servicios financieros, actividades intragrupo y gestión de derechos incorpóreos. No se transmitió información alguna sobre las inversiones administradas por las sociedades holding «1929» exentas, ni tampoco la lista de las sociedades holding exentas. Sobre ese tema, las autoridades luxemburguesas adujeron que las sociedades holding «1929» exentas no eran objeto de autorización administrativa y que, por lo tanto, era imposible hacer una lista de dichos holding.

(47)

Por último, en lo referente a la posible confianza legítima por parte de los beneficiarios del régimen de exención que justificase la aprobación de medidas transitorias en la hipótesis de que la decisión final fuese negativa, las autoridades luxemburguesas observaron que la posible abolición del régimen de sociedades holding «1929» exentas tendría tal impacto en el sistema tributario de Luxemburgo que habría que proteger la confianza de los operadores que actúan en el marco de este régimen. En efecto, estos últimos no podían sospechar que un estatuto jurídico fuese a suprimirse totalmente «de la noche a la mañana».

(48)

En sustancia, en su carta del 13 de abril de 2006, las autoridades luxemburguesas impugnan que el régimen tributario en cuestión se califique como ayuda.

(49)

En primer lugar, estiman que el régimen de sociedades holding «1929» exentas no concede ventajas con relación al régimen tributario común de las sociedades holding. Su objetivo se limita a evitar la multiplicación de cargas tributarias vinculadas a los beneficios que reparten las compañías de explotación. En efecto, sin el régimen de exención en cuestión, los holding «1929» exentos estarían penalizados desde el punto de vista tributario puesto que los beneficios de una empresa de explotación tributan una primera vez como beneficios de ésta, una segunda vez cuando se reparten como rentas de participación de la sociedad holding y, por último — si se reparten de nuevo — como dividendos del accionista del holding.

(50)

En segundo lugar, según las autoridades luxemburguesas, el régimen de las sociedades holding «1929» exentas no es selectivo y, por lo tanto, no falsea la competencia y no afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Todas las empresas que se encuentran en una situación jurídica y de hecho comparable, sobre todo si se trata de adquisición de participaciones, gestión, financiación y valorización de las participaciones que poseen en sociedades controladas, podrían en efecto beneficiarse de dicho régimen.

(51)

Por último, estiman que el régimen de las sociedades holding «1929» exentas no puede falsear la competencia y los intercambios comerciales en la Comunidad puesto que las sociedades holding beneficiarias sólo lo son de rentas pasivas y no se encuentran en situaciones comparables con las de los otros operadores que actúan como prestadores de servicios independientes. En cualquier caso, consideran que la Comisión no ha demostrado que el régimen en cuestión tenga por efecto reforzar la posición de las sociedades holding «1929» exentas con relación a la de los otros tipos de holding.

(52)

Con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, «son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(53)

La Comisión examinó atentamente el régimen de sociedades holding «1929» exentas a la luz de las observaciones de las autoridades luxemburguesas. Las numerosas objeciones formuladas no han permitido a la Comisión modificar su evaluación anterior, según la cual consideró que las ventajas fiscales concedidas por este régimen a esas sociedades constituyen ayudas según el artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(54)

Procede recordar que la calificación de una medida nacional como ayuda estatal supone que se cumplen las siguientes condiciones acumulativas, es decir que: 1) la medida en cuestión otorga una ventaja; 2) dicha ventaja se otorga mediante recursos estatales; 3) la ventaja es selectiva y 4) la medida en cuestión falsea o amenaza falsear la competencia y puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros (19).

(55)

En este caso concreto, la Comisión considera esencialmente que la Ley de 1929 otorga ventajas fiscales que no se limitan a la supresión de la doble imposición de las rentas percibidas por otras sociedades holding en Luxemburgo, es decir, las que, en principio, son imponibles pero disfrutan de reducciones vinculadas a los impuestos que ya han abonado en Luxemburgo o en el extranjero.

(56)

En este contexto, la Comisión considera que el régimen otorga varias ventajas tributarias que constituyen excepciones al derecho común y que dichas ventajas favorecen a determinadas empresas que ejercen un número limitado de actividades en Luxemburgo, actividades pertenecientes, en general, al ámbito financiero. Por consiguiente, el régimen es selectivo. Habida cuenta de la importancia de las objeciones planteadas por Luxemburgo, la Comisión considera oportuno exponer las razones precisas que permiten considerar que el régimen en cuestión anteriormente descrito cumple y acumula las condiciones que se mencionan en el considerando (53).

(57)

En sus observaciones de 13 de abril de 2006, Luxemburgo considera que el sistema tributario aplicado a las sociedades holding «1929» exentas constituye un régimen fiscal general aplicable a las sociedades que sólo perciben rentas pasivas que ya han cotizado el tributo en el momento en que se generan, con independencia de sus dimensiones, sector de actividad y forma legal. Luxemburgo mantuvo también que el régimen se justifica por la economía general del sistema tributario luxemburgués, cuyo objeto es evitar la doble imposición en cuanto que las sociedades que tributan sin restricción tienen acceso a otras formas comparables de prevención de la doble imposición. En particular, según Luxemburgo, el régimen no supone ventajas por dos motivos principales.

(58)

En primer lugar, el sistema tributario aplicado a las sociedades en Luxemburgo prevé varios regímenes aplicables alternativamente a situaciones comparables y a los que tienen acceso el conjunto de los operadores, sin discriminación alguna. Por lo tanto, un sistema así no puede implicar ventajas en virtud del artículo 87, apartado 1, del Tratado, como al parecer reconoció el Tribunal en la sentencia Banks (20). En esta sentencia, el Tribunal parece haber considerado, en efecto, que no se trata de ayuda cuando el conjunto de los operadores tiene acceso de forma indiscriminada a distintas fórmulas de régimen tributario referentes a posibles ventajas según las opciones efectivamente adoptadas por los operadores económicos.

(59)

En segundo lugar, según las autoridades luxemburguesas, la evaluación de la carga tributaria a la cual están sujetas las sociedades holding «1929» exentas debería hacerse teniendo en cuenta el conjunto de los factores, tanto ventajosos como desventajosos, del régimen. Ahora bien, la Comisión no parece haber seguido manifiestamente este enfoque. A este respecto, las autoridades luxemburguesas aducen haber proporcionado, en su carta de 13 de abril de 2006, tres ejemplos de sociedades holding «1929» exentas que se vieron perjudicadas por la aplicación del régimen en cuestión en relación con las sociedades holding no exentas.

(60)

La Comisión no comparte en modo alguno las conclusiones de las autoridades luxemburguesas. En efecto, al contrario de lo que éstas afirman, el régimen en cuestión se caracteriza por varias exenciones fiscales referentes, en particular, al impuesto sobre la renta, al canon comercial municipal y al impuesto sobre el valor neto. Estas exenciones no cumplen la norma de imposición de las sociedades en cuestión. Además, estas exenciones no sólo tienen por objeto evitar una imposición múltiple de la renta, sino también aliviar del pago de determinados impuestos a ciertas actividades económicas, a que se refiere la Ley de 31 de julio de 1929, ejercidas por las sociedades holding exentas.

(61)

Si es cierto que el régimen de exención de 1929 de que disfrutan las sociedades holding exentas no cubre el conjunto de los impuestos adeudados, en principio, por las sociedades luxemburguesas (21), no obstante el presente procedimiento se limita a las exenciones fiscales constatadas y se refiere a varios impuestos personales cuya exención se ha concedido (22). En el caso de los impuestos directos y, en particular, del impuesto sobre la renta, del canon comercial municipal y del impuesto sobre el valor neto (impuesto sobre el patrimonio), la exención de que disfrutan las sociedades holding «1929» es total.

(62)

Teniendo en cuenta lo que antecede, la Comisión admite que, en el caso de la contribución territorial, las sociedades holding «1929» exentas están sujetas a ésta en virtud de la Ley de 1 de diciembre de 1936 y que dichas sociedades holding no disfrutan de ventajas al respecto, al contrario de lo que afirmó en su Decisión de 9 de febrero de 2006.

(63)

Por lo que se refiere a la exención del impuesto sobre la renta y del canon comercial municipal, el alcance de la exención concedida a las sociedades holding «1929» exentas para las rentas de participación (dividendos y plusvalías) es de mucho mayor alcance que la exención de las participaciones concedida para los dividendos y plusvalías realizadas por las sociedades holding no exentas con el fin de evitarles una doble imposición. En particular, se exime a las sociedades holding «1929» exentas al margen de que se sepa si cumplen o no las condiciones necesarias para poder acogerse al régimen común de exención destinado a evitar la doble imposición (23). Por consiguiente, sí disfrutan de estas exenciones al contrario de lo que sucede con las sociedades no exentas. En estas circunstancias, la Comisión considera que la exención en cuestión otorga una ventaja a las sociedades holding «1929» exentas al reducir las cargas que normalmente gravan su presupuesto (24).

(64)

Es más, en el caso del impuesto sobre la renta y del canon comercial municipal, la Comisión desea añadir que los intereses y cánones que perciben las sociedades holding «1929» exentas se eximen totalmente, lo que no es el caso del régimen tributario común aplicable a las otras sociedades de participación en Luxemburgo. Ahora bien, esta exención no puede justificarse por la voluntad de prevenir la doble imposición de estas rentas, especialmente en la medida en que las cargas correspondientes son deducidas en la fuente por quienes las soportan. La exención de estas rentas con arreglo a la Ley de 31 de julio de 1929 constituye por lo tanto una excepción y contradice el principio según el cual los pagos de intereses y de cánones están sujetos, una vez por lo menos, al impuesto sobre la renta. Habida cuenta del carácter de excepción de esta exención, la Comisión considera en consecuencia que, en este caso hipotético, las sociedades holding «1929» exentas se benefician también de una reducción de las cargas que normalmente gravan su presupuesto.

(65)

En el caso de las retenciones en la fuente sobre las rentas distribuidas, los dividendos y los cánones abonados por sociedades holding «1929» exentas, la Comisión constata que dichas sociedades holding no están sujetas en Luxemburgo a la retención en la fuente relativa a los pagos en favor de beneficiarios no residentes normalmente aplicable, incluida la retención aplicada a los honorarios, en el caso de la sociedad holding «multimillonaria». Por consiguiente, la Comisión considera que las sociedades holding «1929» exentas se benefician también, en este caso, de una reducción de las cargas que normalmente gravan su presupuesto.

(66)

Suponiendo incluso que esta exención de la retención en la fuente favorezca directamente a los beneficiarios de las rentas y sólo indirectamente a las sociedades holding «1929» exentas, la Comisión considera que no por ello es menor el efecto de aliviar a estas últimas de cargas que normalmente soportan las sociedades distribuidoras sujetas al impuesto en Luxemburgo. Confirma esta apreciación el hecho de que, cuando se aplica una retención en la fuente, el tipo de imposición es más elevado si asume el coste el distribuidor y si, en tal caso, éste no está legalmente obligado a reflejar la imposición en las rentas abonadas al beneficiario de éstas. Por añadidura, las sociedades holding «1929» exentas gozan de una ventaja indirecta como consecuencia de la mayor facilidad de acceso al capital de riesgo/capital de empréstito vinculado a un mayor rendimiento que se deriva de la exención de que son beneficiarios los inversores.

(67)

Por último, las sociedades holding «1929» exentas no están sujetas al impuesto sobre el valor neto aplicable a las sociedades no exentas en Luxemburgo. Suponiendo incluso que esta exención sólo tenga un alcance económico limitado, no por ello deja de aliviar a las sociedades holding «1929» exentas de una carga que normalmente deben soportar las sociedades en Luxemburgo.

(68)

De todo lo antedicho se desprende que, según la Comisión, las ventajas en cuestión constituyen medidas de excepción que pueden favorecer a determinadas empresas en relación con otras empresas que, en cuanto al objetivo perseguido por dicho régimen — es decir, prevenir que se produzca una imposición múltiple —, se encuentran en una situación jurídica y de hecho comparable. En este contexto, la Comisión considera que la alusión de las autoridades luxemburguesas a la sentencia Banks no es pertinente. En efecto, en dicho asunto, entre las distintas fórmulas posibles de aplicación de determinados regímenes tributarios, ninguno parecía más ventajoso de antemano. Ahora bien, en el caso presente, procede considerar que una exención es, por principio, más ventajosa que la imposición de las rentas. La Comisión concluye que las sociedades holding «1929» exentas gozan con toda certeza y no como una simple posibilidad de una reducción de las cargas que normalmente gravan su presupuesto.

(69)

Los tres ejemplos alegados por las autoridades luxemburguesas en su carta de 13 de abril de 2006 no cuestionan la conclusión según la cual el régimen controvertido otorga ventajas que constituyen una excepción al derecho tributario común y que no justifica la naturaleza del sistema tributario de Luxemburgo. En efecto, por una parte, se trata de hipótesis que no son representativas de la utilización real del régimen de sociedades holding «1929» exentas. Por otra parte, dichos ejemplos se refieren exclusivamente a situaciones en las cuales el régimen común ya concede la exención total de impuestos sobre las rentas. En cambio, Luxemburgo no tiene en cuenta situaciones en las que la exención no es concedida por la normativa común cuando, como se ha constatado anteriormente, sólo en tales situaciones el régimen permite a sus beneficiarios conservar una ventaja específica frente al régimen común.

(70)

La Comisión considera, por consiguiente, que no procede tener en cuenta el conjunto de los impuestos directos e indirectos aplicables con el fin de determinar si existe una ventaja fiscal efectiva concedida a las sociedades holding «1929» exentas, puesto que la existencia de dicha ventaja ya ha quedado ampliamente demostrada. Además, la Comisión constata que no sería posible efectuar un análisis de este tipo en vista del número indefinido de situaciones que habría que tomar en consideración.

(71)

En conclusión, la Comisión considera que el régimen en cuestión constituye una ventaja otorgada a las sociedades holding «1929» exentas.

(72)

Cabe recordar que la especificidad de una medida oficial, es decir, su carácter selectivo, constituye uno de los elementos necesarios del concepto de ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado. Por esta razón es importante comprobar si el régimen fiscal en cuestión conlleva o no ventajas en beneficio exclusivo de determinadas empresas o sectores de actividad (25). Según las autoridades luxemburguesas, en este caso concreto el régimen de sociedades holding «1929» exentas no es selectivo puesto que podrían acogerse a él todas las empresas que se encuentran en situaciones comparables, es decir, que ejercen exclusivamente actividades de gestión y valorización de las participaciones que poseen en sociedades controladas, y de percepción de rentas derivadas de estas actividades.

(73)

La Comisión comparte la opinión de las autoridades luxemburguesas de que la selectividad de una medida, como la exención fiscal para las actividades de las holding, debe apreciarse necesariamente en relación con situaciones comparables (26). Sin embargo, la Comisión considera que, en este caso concreto, para efectuar una comparación deben tomarse en consideración las sociedades que perciben rentas comparables a las de las sociedades holding «1929» exentas. Ahora bien, la Comisión observa que, entre todas las sociedades luxemburguesas sólo las sociedades holding «1929» exentas son eximidas íntegramente de impuestos sobre el conjunto de las rentas que perciben, independientemente de los impuestos que las sociedades en las que tienen participación hayan abonado en la fuente.

(74)

En estas circunstancias, la Comisión no puede sino concluir que este régimen de exención es selectivo puesto que, entre las distintas empresas y actividades que están sometidas al riesgo de imposiciones múltiples, sólo favorece a determinadas empresas que ejercen ciertas actividades exclusivamente.

(75)

Confirma esta evaluación, por otra parte, el hecho de que, según las autoridades luxemburguesas, la Ley de 31 de julio de 1929 tiene por objetivo impedir que este régimen preferente se amplíe de forma excesiva a sociedades distintas de los holding «1929» exentos con el fin de evitar que dicho régimen constituya una carga excesiva para el presupuesto del Estado. La Comisión recuerda al respecto que una justificación basada en la naturaleza o la economía del sistema tributario debe remitir a la coherencia de una medida fiscal específica con la lógica interna del sistema tributario en general (27). Ahora bien, no es así en este caso concreto puesto que Luxemburgo no justifica el régimen de exención de que disfrutan sólo las sociedades holding «1929» exentas respecto a la naturaleza o la economía del régimen tributario nacional.

(76)

Además, la Comisión constata que el beneficio de la exención en virtud de la Ley de 31 de julio de 1929 está supeditado a que se cumplan varias condiciones esencialmente vinculadas a la existencia de un sistema de registro bajo la vigilancia de la Administración y al respeto de determinados requisitos legales relativos al valor neto mínimo y al ejercicio efectivo y exclusivo de unas actividades estrictamente definidas. Ahora bien, según la Comisión, la existencia de estos requisitos estrictos refuerza la naturaleza selectiva del régimen en cuestión.

(77)

Sobre este tema, la Comisión destaca que las sociedades holding «1929» exentas deben limitar sus actividades a la adquisición de participaciones, en cualquiera de sus formas, en otras empresas, así como a la gestión y valorización de dichas participaciones. La Administración de registro y bienes del Estado precisó la sucinta definición que propone la Ley de 31 de julio de 1929 de la valorización de las participaciones y, haciendo una interpretación extensiva, consideró que la valorización debía incluir varias actividades económicas, directa o indirectamente vinculadas a la valorización de participaciones, que se concretan, en particular, en actividades de financiación. Con ello se autoriza a las sociedades holding a conceder anticipos y préstamos, a largo o a corto plazo, a las sociedades en las que tienen participación directa (28).

(78)

En virtud de la Ley de 31 de julio de 1929, la constitución de garantías en favor de los acreedores de las sociedades en las que tienen participación las sociedades holding «1929» exentas, así como la garantía de sus aumentos de capital, están incluidas también en el concepto de valorización de las participaciones. Por otra parte, además de las participaciones en acciones, los holding «1929» exentos pueden poseer obligaciones públicas, privadas, cotizadas o no en mercados regulados o no, emitidas por el sector público o no. De modo que las sociedades holding «1929» exentas pueden poseer sólo obligaciones, con independencia de, o junto con, las actividades de gestión de participaciones. Las sociedades holding de financiación pueden de este modo ampliar el círculo de beneficiarios potenciales de las financiaciones y así conceder préstamos a todas las sociedades que forman parte del grupo y, por consiguiente, al conjunto de sociedades que comparten la misma denominación y de las que una sociedad matriz común posea el 25 % por lo menos.

(79)

Por añadidura, algunas actividades se suponen equivalentes a una adquisición de participaciones, aunque la sociedad holding «1929» exenta en cuestión no posea participación alguna. De este modo una sociedad holding puede poseer patentes y, aunque no pueda explotarlas ni negociarlas, puede conceder licencias de explotación a sociedades terceras o del propio grupo al que pertenece y, por consiguiente, percibir un canon sin perder el beneficio de la exención.

(80)

Entre las actividades autorizadas para las sociedades holding «1929» exentas figura también la actividad de asesoramiento en gestión y la inversión mediante fondos de inversión. Esta actividad tiene por objeto el asesoramiento de los organismos de inversión colectiva en cuanto a la gestión de la cartera que se les encarga. Habitualmente, ejercen estas actividades las empresas consultoras que, en principio, están sujetas a la aplicación del Derecho fiscal común. Sin embargo, si se cumplen determinadas condiciones específicas, una sociedad de asesoramiento puede optar por el estatuto de sociedad holding «1929» (29).

(81)

De lo que antecede se deriva que las actividades que puede ejercer una sociedad holding «1929» están estrictamente limitadas por la Ley de 31 de julio de 1929, puesto que el ejercicio de otras actividades se sanciona con la pérdida del estatuto fiscal de exención. La Comisión considera que estas restricciones confirman la naturaleza selectiva del régimen de exención para las sociedades holding «1929» exentas. Por añadidura, como menciona la Comisión en su Decisión de 9 de febrero de 2006, basta observar que varios sectores económicos no pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece este régimen. Así pues, las empresas que ejercen actividades distintas de las autorizadas en el ámbito de la valorización de participaciones así como las actividades que corresponden a varios sectores, como la industria manufacturera, la agricultura o el comercio, están excluidas del beneficio de dicho régimen.

(82)

La Comisión considera que no hay explicación objetiva que pueda justificar este trato fiscal específicamente reservado a las sociedades holding «1929» exentas que, al limitar su aplicación a determinadas empresas, pretende favorecerlas en relación con sus competidoras.

(83)

Por otra parte, la circunstancia de que sólo tengan acceso al régimen en cuestión las sociedades luxemburguesas que ejercen un número limitado de actividades consolida esta apreciación. En efecto, con el fin de poder beneficiarse del régimen de exención en cuestión, cualquier empresa que desee valorizar sus inversiones debe crear una entidad distinta en Luxemburgo, cuya finalidad consistirá en ejercer exclusivamente las actividades autorizadas por la legislación de 1929. Establecer este tipo de estructura supone por lo tanto inversiones que se añaden a los gastos normales de una actividad de inversión. Sólo estarán en condiciones de beneficiarse de este régimen las empresas que dispongan de una estructura de grupo y de recursos económicos considerables (30) y suficientes para establecer en Luxemburgo una estructura dedicada a las actividades de gestión y financiación de participaciones. Se trata, por ejemplo, de los holding «multimillonarios» exentos.

(84)

Por lo que se refiere al origen estatal de las ventajas derivadas de la aplicación del régimen en cuestión, procede recordar que el concepto de ayuda es más general que el de subvención porque no sólo incluye prestaciones concretas, como las subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo distintas formas, reducen las cargas que normalmente gravan el presupuesto de una empresa y que, por consiguiente, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, son de la misma naturaleza y tienen idénticos efectos (31). De lo que se deduce que un régimen como del que aquí se trata, mediante el cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención del impuesto normalmente adeudado que, aunque no implica transferencias de recursos estatales, pone a sus beneficiarios en una situación financiera más favorable que la de los demás contribuyentes, constituye una ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado (32). Por lo tanto, en este caso concreto, aunque las exenciones derivadas de la aplicación del régimen de las sociedades holding «1929» exentas no constituyen transferencias de recursos estatales, es innegable que implican una pérdida de recursos fiscales y por ello, constituyen una financiación estatal.

(85)

Las autoridades de Luxemburgo estiman que el régimen de las sociedades holding «1929» exentas no está en condiciones de falsear la competencia y los intercambios comerciales en la Comunidad puesto que las sociedades holding beneficiarias sólo son beneficiarias de rentas pasivas y no están en situaciones que puedan compararse con las de los otros operadores que actúan como prestadores de servicios independientes. Consideran, además, que la Comisión no ha demostrado que el régimen tenga por efecto reforzar la posición de las sociedades holding «1929» exentas en relación con las otras sociedades holding.

(86)

La Comisión observa que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por una parte, para que una medida falsee la competencia basta con que el beneficiario de la ayuda compita con otras empresas en mercados abiertos a la competencia (33) y, por otra, que una medida afecta al comercio intracomunitario si la ayuda financiera concedida por el Estado refuerza la posición de una empresa en relación con otras empresas que compiten con ella en el comercio intracomunitario (34).

(87)

La Comisión considera que las sociedades holding «1929» exentas forman parte del sector financiero, en el marco del cual ejercen actividades específicas como conceder préstamos a otros miembros del grupo, emisión de obligaciones, descuento de facturas y gestión de depósitos en efectivo para las sociedades que controlan directa o indirectamente y para otras sociedades de un grupo al que pertenezca una sociedad holding «1929» exenta, o asesoramiento en la gestión de fondos comunes de inversión. Como se ha observado anteriormente, los holding financieros exentos y los holding «multimillonarios» exentos, en virtud de la legislación de 1929, gozan de una mayor flexibilidad operativa en el ejercicio de actividades financieras de este tipo. Los holding «1929» exentos actúan también en el sector de la adquisición y de la gestión de patentes, así como en el de la concesión de licencias por cuenta de las filiales que poseen directa o indirectamente o para otras sociedades del grupo.

(88)

De acuerdo con el proceso de desregulación que ha caracterizado al mercado comunitario de servicios financieros, la competencia en este sector se basa principalmente en la eliminación de toda restricción institucional en el ejercicio de las actividades financieras en el mercado común y en la transparencia y la igualdad de condiciones en el ejercicio de estas actividades cuando son comparables. Sin embargo, este régimen falsea la competencia en la medida en que los holding «1929» exentos gozan de una exención fiscal total de los impuestos directos normalmente aplicables en Luxemburgo sobre las rentas derivadas de estas actividades, al mismo tiempo que dichas actividades son imponibles cuando quienes las ejercen son prestadores de servicios independientes o empresas que no revisten la forma específica de una sociedad holding «1929» exenta.

(89)

Además, teniendo en cuenta el hecho de que la forma estatutaria de sociedad holding «1929» exenta es con frecuencia la que eligen los grupos de dimensión internacional o aquellos cuyas actividades cubren varios sectores, en particular, el comercial, los intercambios comerciales entre Estados miembros se ven afectados por las ventajas fiscales concedidas a las multinacionales comerciales que utilizan los servicios de sociedades holding «1929» exentas. Por añadidura, las sociedades holding «1929» exentas prestan servicios intragrupo y, con algunas limitaciones, pueden introducirse en la actividad industrial y comercial de las sociedades en las que tienen participación, lo que constituye plenamente una actividad económica como confirmó el Tribunal en su reciente sentencia Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze  (35). Por todas estas razones, los efectos en el comercio y el falseamiento de la competencia también se producen en los grupos a los que pertenecen las sociedades holding «1929» exentas, y con motivo de la actividad comercial que ejercen estos grupos.

(90)

Respalda estas conclusiones la constatación del fuerte impacto que las exenciones fiscales en cuestión ejercen en la elección de Luxemburgo como centro financiero privilegiado. A este respecto, la Comisión considera conveniente referirse a los artículos publicados en la prensa (36) según los cuales el sistema financiero luxemburgués está basado en el régimen de exención fiscal de las sociedades holding. Esto constituye un elemento apropiado para establecer que en Luxemburgo las multinacionales financieras utilizan estructuras holding, como las sociedades holding «1929» exentas, entre otras, con el fin de minimizar sus gravámenes tributarios. Según estos artículos de prensa, cerca de 15 000 sociedades holding «1929» exentas están registradas en Luxemburgo.

(91)

A pesar de que las autoridades luxemburguesas no han transmitido datos que permitan establecer el volumen de negocios global realizado por las sociedades holding «1929» exentas, la Comisión considera que no se puede negar la importancia de este régimen para el sector financiero en Luxemburgo ni la de los falseamientos de la competencia y el comercio que de él se derivan.

(92)

La Comisión considera que la ayuda estatal de que gozan las sociedades holding «1929» exentas no puede considerarse compatible con el mercado común. A este respecto, conviene subrayar que las autoridades luxemburguesas no adujeron ningún argumento según el cual una de las excepciones previstas en artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado, sería de aplicación en este caso.

(93)

Las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado, que se refieren a las ayudas de carácter social concedidas a consumidores individuales, las destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y las concedidas a determinadas regiones de la República Federal de Alemania, no se aplican manifiestamente en este caso concreto.

(94)

Lo mismo sucede con la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, que permite autorizar las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de desempleo. El régimen tampoco puede considerarse como un proyecto importante de interés común europeo ni como un remedio a una grave perturbación en la economía luxemburguesa, según el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado, ni tiene por objeto promover la cultura y la conservación del patrimonio según el artículo 87, apartado 3, letra d), de dicho Tratado.

(95)

Por último y en lo referente al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, en virtud del cual se permiten las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, la Comisión constata que las ventajas fiscales otorgadas a las sociedades holding «1929» exentas no están relacionadas con inversiones, creación de empleo o proyectos específicos. Consisten simplemente en una reducción de las cargas que normalmente deberían soportar las sociedades en cuestión en el ejercicio de sus actividades y, por lo tanto, deben ser consideradas como ayudas estatales de funcionamiento. Según la práctica constante de la Comisión, tales ayudas no pueden considerarse compatibles con el mercado común si no facilitan el desarrollo de determinadas actividades o sectores económicos y si su duración no es limitada, o no son decrecientes o proporcionadas a lo estrictamente necesario para remediar desventajas económicas específicas.

(96)

La Comisión observa que el simple hecho de que las ventajas fiscales en cuestión se reserven exclusivamente a las sociedades registradas en Luxemburgo como sociedades holding «1929» exentas parece contrario a la libertad de establecimiento de las entidades económicas establecidas también en dicho país a la vez que están constituidas en otros Estados miembros (37).

(97)

A este respecto la Comisión observa que sólo las empresas establecidas como sociedad en Luxemburgo pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece el sistema tributario luxemburgués a las sociedades holding «1929» exentas y que esta circunstancia no puede justificarse por la naturaleza de dicho sistema tributario. Es evidente que una empresa extranjera que ejerza actividades comparables a las de los holding «1929» exentos, en particular a través de un establecimiento permanente, una agencia o una sucursal de una sociedad extranjera con arreglo al artículo 43 del Tratado, no puede beneficiarse de las ventajas que otorga el régimen de sociedades holding «1929» exentas. En este contexto, la Comisión no puede aceptar el compromiso de las autoridades luxemburguesas de no oponerse a la ampliación del estatuto de exención, con arreglo a la Ley de 31 de julio de 1929, a los establecimientos permanentes de las sociedades extranjeras, situados en Luxemburgo, que cumplan las condiciones previstas en dicha Ley de 31 de julio de 1929. En efecto, el artículo 87, apartado 1, del Tratado, no distingue las intervenciones estatales según sus causas u objetivos, sino que las define en función de sus efectos (38). Por lo tanto, la Comisión confirma su evaluación preliminar según la cual el régimen en cuestión supone una desventaja, en primer lugar, para las empresas extranjeras que operan en Luxemburgo, sin constituirse como sociedades de Derecho luxemburgués, frente a las sociedades holding constituidas en forma de sociedades establecidas en Luxemburgo. Por consiguiente, esta discriminación puede constituir un obstáculo a la libertad de establecimiento de las sociedades extranjeras en Luxemburgo contraria al Tratado y en consecuencia incompatible con el mercado común.

(98)