5.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/1

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

5.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/3

(1)

El Reglamento (CE) no 1458/2003 de la Comisión (2) prevé la apertura y el modo de gestión de un contingente arancelario en el sector de la carne de porcino.

(2)

El Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América en virtud del artículo XXIV, apartado 6, y del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 (3), aprobado mediante la Decisión 2006/333/CE del Consejo (4), prevé un aumento erga omnes del contingente arancelario de importación anual de 1 430 toneladas de carne de porcino.

(3)

La referencia que ha de figurar en las solicitudes de certificado de importación debe ir redactada en las diversas lenguas de la Comunidad.

(4)

Teniendo presente la posible adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2007, es aconsejable establecer un período distinto de presentación de solicitudes de certificado para el primer trimestre de 2007.

(5)

El Reglamento (CE) no 1458/2003 debe modificarse en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la carne de porcino.

1)

En el artículo 4, las letras d) y e) se sustituyen por el texto siguiente:

2)

En el artículo 5, apartado 1, se añade el siguiente párrafo:

«No obstante, las solicitudes de certificado correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2007 se presentarán durante los primeros quince días de enero de 2007.».

3)

Los anexos I a IV se sustituyen por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

5.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/10

(1)

El Reglamento (CE) no 1774/2002 establece requisitos específicos para las normas aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

(2)

Para evitar todo riesgo de dispersión de los agentes patógenos o los residuos, el Reglamento (CE) no 1774/2002 prevé que los subproductos animales deben transformarse, almacenarse y mantenerse separados en una instalación autorizada y supervisada por el Estado miembro interesado, o eliminarse de forma adecuada. En los capítulos III y IV de dicho Reglamento se establecen los requisitos relativos a la autorización de dichas instalaciones.

(3)

En el artículo 26, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1774/2002, se prevé que los Estados miembros elaborarán listas de plantas autorizadas conforme a dicho Reglamento.

(4)

Por consiguiente, es necesario establecer normas de aplicación en relación con estas listas de plantas autorizadas, incluida la presentación de la información contenida en dichas listas en los sitios web nacionales que están a disposición de la Comisión y de la población. Es asimismo necesario crear un sitio web sobre estas listas, de cuyo mantenimiento se encargará la Comisión.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

5.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/12

(1)

El artículo 27, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1), prevé que las personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas que hayan procedido a una vinificación deberán entregar para su destilación todos los subproductos de dicha vinificación.

(2)

El Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión, de 25 de julio de 2000, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado (2), establece las normas de aplicación de esta obligación de destilación así como, en su artículo 49, algunas posibilidades de excepción.

(3)

Hungría ha adoptado las medidas necesarias para la aplicación de dicha obligación de destilación. Sin embargo, en la actualidad, las capacidades de las destilerías de ese Estado miembro no bastan para destilar la totalidad de los subproductos.

(4)

El Reglamento (CE) no 1990/2004 de la Comisión (3) autoriza a Hungría a eximir a algunas categorías de productores de la obligación de destilar los subproductos de la vinificación para la campaña 2004/05. Dicha autorización se ha prorrogado a la campaña 2005/06. Habida cuenta de la situación descrita anteriormente, conviene volver a prorrogar esta autorización para la campaña 2006/07.

(5)

Conviene modificar el Reglamento (CE) no 1990/2004 en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino.

5.8.2006   

ES

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L 215/13

(1)

El artículo 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999 prevé la posibilidad de abrir una destilación de crisis en situaciones de excepcional desequilibrio del mercado causado por excedentes importantes. Esta medida puede limitarse a determinadas categorías de vino o a determinadas zonas de producción y aplicarse a los v.c.p.r.d. a petición del Estado miembro.

(2)

Portugal ha solicitado la apertura de una destilación de crisis para los vinos de mesa producidos en su territorio.

(3)

El mercado del vino de mesa de Portugal registra excedentes importantes que están haciendo disminuir los precios y hacen prever un aumento preocupante de las existencias al final de la campaña 2005/06. Para invertir esta tendencia negativa y solventar así la difícil situación del mercado, es necesario que las existencias de vino de mesa vuelvan a un nivel considerado normal para satisfacer las necesidades del mercado.

(4)

Dado que se cumplen las condiciones del artículo 30, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1493/1999, resulta conveniente disponer que se abra una destilación de crisis por un volumen máximo de 200 000 hectolitros de vino de mesa.

(5)

La destilación de crisis abierta por medio del presente Reglamento debe ajustarse a lo establecido por el Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión, de 25 de julio de 2000, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado (2), para la medida de destilación prevista en el artículo 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999. Igualmente, deben aplicarse otras disposiciones del Reglamento (CE) no 1623/2000, como las relativas a la entrega del alcohol al organismo de intervención y al pago de un anticipo.

(6)

Es necesario que el precio de compra que pague el destilador al productor sea tal que permita solucionar la situación de desequilibrio del mercado y, al mismo tiempo, que haga que los productores se beneficien de la medida.

(7)

El producto obtenido en esta destilación de crisis solo puede ser alcohol bruto o neutro y habrá de entregarse obligatoriamente al organismo de intervención para evitar que se produzcan perturbaciones en el mercado del alcohol de boca, que se abastece principalmente mediante la destilación prevista en el artículo 29 del Reglamento (CE) no 1493/1999.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino.

5.8.2006   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/15

(1)

El 5 de junio de 2003 el Consejo autorizó a la Comisión a iniciar negociaciones con terceros países sobre la sustitución de determinadas disposiciones de los acuerdos bilaterales vigentes por un acuerdo comunitario.

(2)

La Comisión negoció en nombre de la Comunidad un acuerdo con la República Libanesa sobre determinados aspectos de los servicios aéreos, de conformidad con los mecanismos y directrices incluidos en el anexo de la Decisión del Consejo que autoriza a la Comisión a abrir negociaciones con terceros países sobre la sustitución de determinadas disposiciones de los acuerdos bilaterales vigentes por un acuerdo comunitario.

(3)

A reserva de su posible celebración en una fecha posterior, el Acuerdo negociado por la Comisión debe firmarse y aplicarse provisionalmente.

5.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/26

(1)

La reforma de la Estrategia de Lisboa emprendida en 2005 se centra en el crecimiento y el empleo. Las Directrices para el empleo (4) de la Estrategia europea de empleo y las Orientaciones generales de política económica (5) se han adoptado como un conjunto integrado, en el que la Estrategia europea de empleo desempeña un papel primordial en la aplicación de los objetivos de la Estrategia de Lisboa en materia de empleo y mercado de trabajo.

(2)

La Unión Europea debe movilizar todos los recursos nacionales y comunitarios adecuados —incluida la política de cohesión— en las tres dimensiones (económica, social y medioambiental) de la estrategia de Lisboa para explotar mejor sus sinergias en un contexto general de desarrollo sostenible.

(3)

Las Directrices para el empleo y las Orientaciones generales de política económica sólo deben ser objeto de una revisión completa cada tres años, debiendo limitarse rigurosamente su actualización durante los años intermedios del período trienal que finaliza en 2008, a fin de garantizar el grado de estabilidad necesario para su aplicación efectiva.

(4)

Del examen de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros, que figuran en el Informe de situación anual y en el Informe conjunto sobre el empleo elaborados por la Comisión, se desprende que los Estados miembros deberán seguir realizando todos los esfuerzos necesarios para abordar las siguientes áreas prioritarias:

(5)

El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo de 2006 hizo hincapié en el papel primordial que desempeñan las políticas de empleo en el marco del programa de Lisboa, así como en la necesidad de aumentar las oportunidades de empleo para las categorías prioritarias, en el contexto de un enfoque basado en el ciclo de vida. A este respecto, aprobó el Pacto Europeo por la Igualdad de Género, que debería realzar la visibilidad de la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas e impulsar a escala amplia las expectativas y oportunidades de las mujeres.

(6)

La eliminación de los obstáculos para la movilidad de los trabajadores, establecida en los Tratados, incluidos los Tratados de adhesión, debe reforzar el funcionamiento del mercado interior e incrementar su potencial de crecimiento y empleo.

(7)

Tanto a la luz del examen de los programas nacionales de reforma efectuado por la Comisión como de las conclusiones del Consejo Europeo, las prioridades deben centrarse ahora en la aplicación efectiva y oportuna, concediendo especial atención a los objetivos cuantitativos acordados, tal como se establecen en las Directrices para el empleo para 2005-2008, y en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo.

(8)

Los Estados miembros deben tener en cuenta las Directrices para el empleo a la hora de programar su utilización de la financiación comunitaria, en particular la del Fondo Social Europeo.

(9)

Habida cuenta del carácter integrado del conjunto de directrices, los Estados miembros deben aplicar íntegramente las orientaciones generales de política económica.

5.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/28

(1)

Con arreglo a la Directiva 2002/53/CE, el Consejo debe determinar si los exámenes oficiales de las variedades efectuados en un tercer país ofrecen las mismas garantías que los exámenes realizados en los Estados miembros.

(2)

Conforme a las normas que rigen el examen oficial de variedades llevado a cabo en Croacia respecto al trigo, la cebada y el maíz, la admisión de variedades en lo referente a su distinción, estabilidad y homogeneidad debe ser el resultado de exámenes oficiales, efectuados especialmente en cultivo y sobre un número suficiente de caracteres que permita describir la variedad.

(3)

Un estudio de estas normas y del modo en que se aplican en Croacia en relación con las tres especies citadas ha puesto de manifiesto que ofrecen la misma seguridad que las de los Estados miembros, siempre y cuando se cumplan otras condiciones adicionales.

(4)

La presente Decisión no es óbice para que se anulen las decisiones comunitarias sobre las equivalencias si no se cumplen o dejan de cumplirse las condiciones en que se basaron.

(5)

Dado que los anexos pueden necesitar modificaciones frecuentes de sus disposiciones técnicas conviene modificarlos conforme al procedimiento previsto en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuídas a la Comisión (2).

5.8.2006   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/30

5.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/31

(1)

El 27 de enero y 28 de febrero de 2006, la República Italiana remitió a la Comisión los Decretos no 35 y 36 del Ministerio de Infraestructuras y Transportes de 29 de diciembre de 2005 (publicados en la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana el 11 de enero de 2006), que imponían obligaciones de servicio público (OSP) a un total de dieciséis rutas entre aeropuertos de Cerdeña y los principales aeropuertos nacionales italianos, y pidió a la Comisión que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra a) del Reglamento (CEE) no 2408/92, las publicara en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(2)

El 24 de marzo de 2006 la Comisión hizo públicas las obligaciones de servicio público impuestas por el Decreto no 35 (anuncio de 24 de marzo de 2006) (2) a las seis rutas siguientes:

(3)

El 21 de abril de 2006 la Comisión hizo públicas las obligaciones de servicio público impuestas por el Decreto no 36 (anuncio de 21 de abril de 2006) (3) a las diez rutas siguientes:

(4)

Las principales características de las OSP publicadas en los dos anuncios son las siguientes:

(5)

Hay que señalar que, anteriormente a la imposición de OSP a que se refiere la presente Decisión, la República Italiana había impuesto este tipo de obligaciones en seis rutas entre los aeropuertos de Cerdeña y los de Roma y Milán mediante los Decretos de 1 de agosto y 21 de diciembre de 2000. Estas obligaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 7 de octubre de 2000 (4) (anuncio de 7 de octubre de 2000). Tal como dispone el artículo 4, apartado 1, letra d) del Reglamento (CEE) no 2408/92, las rutas consideradas habían sido objeto de licitación con el fin a seleccionar las compañías autorizadas a explotarlas en régimen exclusivo con compensación financiera (5).

(6)

Las compañías autorizadas a explotar las obligaciones de servicio público eran, en este caso, las siguientes:

(7)

Estos acuerdos fueron sustituidos por las OSP impuestas por el Decreto de 8 de noviembre de 2004 y publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2004 (anuncio de 10 de diciembre de 2004) (6). Tras una decisión del Tribunal administrativo regional de la región de Lazio de 17 de marzo de 2005, que anuló parcialmente el Decreto de 8 de noviembre de 2004, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que habían «suspendido» las obligaciones. El Diario Oficial de la Unión Europea de 1 de julio de 2005 publicó un anuncio en este sentido (7). El 6 de diciembre de 2005 las autoridades italianas informaron a la Comisión de que el Decreto de 8 de noviembre 2004 había sido derogado con efecto partir del 15 de noviembre de 2004.

(8)

El 28 de febrero de 2006 las autoridades italianas informaron a Comisión de la adopción, el 23 de febrero de 2006, de un Decreto que modificaba el Decreto no 35, de 29 de diciembre 2005, en virtud del cual quedaban derogados, a partir del 2 de mayo de 2006, los Decretos de 1 de agosto y 2 de mayo de 2000.

(9)

En una Comunicación a la Comisión de fecha 22 de marzo de 2005, las autoridades italianas declararon que las OSP publicadas en el anuncio de 7 de octubre de 2000 seguían aplicándose «con carácter voluntario». Esta fue la primera vez que las autoridades italianas informaron a la Comisión de que las OSP aún se aplicaban.

(10)

El régimen jurídico de las OSP está regulado por el Reglamento (CEE) no 2408/92 (en lo sucesivo, «el Reglamento»), cuyo objeto es definir las condiciones de aplicación del principio de libre prestación de servicios al sector del transporte aéreo.

(11)

Las OSP se definen como una excepción al principio del Reglamento por la cual «sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el Estado o Estados miembros interesados autorizarán a las compañías aéreas comunitarias el ejercicio de derechos de tráfico en las rutas intracomunitarias» (8).

(12)

En el artículo 4 se determinan las condiciones de imposición. Deberán interpretarse de forma estricta y de acuerdo con los principios de no discriminación y proporcionalidad. Deberán ser oportunamente justificadas con arreglo a los criterios enunciados en el artículo.

(13)

Más concretamente, el régimen jurídico de las OSP establece que un Estado miembro podrá imponer tales obligaciones en relación con servicios aéreos regulares a un aeropuerto que sirva a una región periférica o en desarrollo situada en su territorio, o en una ruta de baja densidad de tráfico que sirva un aeropuerto regional de su territorio, cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico de la región en la que está situado el aeropuerto, en la medida necesaria para garantizar en dicho trayecto una adecuada prestación de servicios aéreos regulares que cumplan determinadas normas en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías aéreas no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial.

(14)

Los Estados miembros valorarán la adecuación de los servicios regulares de transporte aéreo teniendo en cuenta, ante todo, el interés público, la posibilidad de recurrir a otros modos de transporte, la capacidad de estos modos de satisfacer las necesidades de transporte consideradas, el efecto combinado de todas las compañías aéreas que operen o vayan a operar en la ruta.

(15)

El artículo 4 establece mecanismos en dos fases: en una primera fase [artículo 4, apartado 1, letra a)], el Estado miembro considerado impone OSP en una o varias rutas, aunque éstas siguen abiertas a todas las compañías comunitarias, teniendo como única condición el cumplimiento de dichas obligaciones. En caso de que no se presente ninguna compañía para explotar la ruta a la que se hubieran impuesto OSP, el Estado miembro podrá pasar a una segunda fase [artículo 4, apartado 1, letra d)], consistente en limitar el acceso a dicha ruta a una sola compañía aérea durante un período de hasta tres años, con posibilidad de renovación. Esta compañía será seleccionada mediante una licitación comunitaria. La compañía designada podrá recibir una compensación económica por la explotación de las OSP.

(16)

En virtud del artículo 4, apartado 3, la Comisión puede decidir, previa investigación efectuada a petición de un Estado miembro o por iniciativa propia, si debe continuar aplicándose la imposición de OSP. La Comisión comunicará su decisión al Consejo y a los Estados miembros. Si un Estado miembro recurre al Consejo, éste podrá adoptar, por mayoría cualificada, una decisión diferente.

(17)

El artículo 4, apartado 1, letra a) del Reglamento enuncia una serie de criterios acumulativos a los que se tienen que ajustar las OSP:

(18)

Además, las OSP deben atenerse a los principios fundamentales de proporcionalidad y no discriminación (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2001 en el asunto C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) y otros/Administración General del Estado, Rec. 2001, p. I-01271).

(19)

En nuestro caso, la imposición de OSP publicada en el Diario Oficial a petición de la República Italiana contiene varias disposiciones que despiertan serias dudas respecto a su compatibilidad con el artículo 4 del Reglamento. En particular:

(20)

La obligación impuesta a las compañías de explotar las seis rutas a las que afecta la imposición como un conjunto único, es una restricción particularmente importante del principio de libre prestación de servicios. No parece estar fundamentada en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento, y podría ser contraria a los principios de proporcionalidad y no discriminación; teniendo en cuenta, en particular:

(21)

La posibilidad mencionada en el punto 1.6 de ambos anuncios en el sentido de que, si varias compañías aceptan una ruta sujeta a OSP, el ENAC intervendrá, con el fin de «evitar el exceso de capacidad», efectuando una «distribución de las rutas y las frecuencias» entre las compañías aéreas consideradas, podría ser contraria al artículo 3, apartado 1, ya que restringiría la libertad de cada compañía de elegir las rutas y frecuencias en las que desea operar. Por otro lado, la existencia de «exceso de capacidad» parece indicar que no hay necesidad de una intervención normativa que garantice una atención de la demanda básica por parte de los operadores.

(22)

La obligación, prevista en el punto 4.8 de ambos anuncios, de ofrecer tarifas reducidas a los pasajeros tomando únicamente como base su lugar de nacimiento (en este caso, Cerdeña), no parece estar legítimamente justificada y puede constituir una discriminación indirecta fundada en la nacionalidad (véase, por ejemplo, el asunto C-388/01, Comisión/Italia, Rec. 2003, p. I-00721).

(23)

No se ha facilitado una explicación adecuada que justifique:

(24)

A pesar de las advertencias repetidas de los servicios de la Comisión, que deseaban llamar la atención de las autoridades italianas sobre todos estos factores problemáticos y expresar su inquietud acerca de la compatibilidad de la imposición de OSP con el Reglamento, la República Italiana ha decidido publicarla.

(25)

Desde el momento de tal publicación, varias partes interesadas se han dirigido a la Comisión con el fin de dar a conocer de manera informal su inquietud respecto al carácter discriminatorio y desproporcionado de las OSP.

(26)

En vista de lo anteriormente expuesto, y en virtud del artículo 4, apartado 3, del Reglamento, la Comisión puede proceder a una investigación destinada a determinar si la imposición de OSP tiene como efecto restringir indebidamente el desarrollo de una o varias rutas, y decidir así si dicha imposición debe continuar aplicándose a tales rutas.

(27)

El 9 de marzo de 2006 la Comisión pidió a las autoridades italianas, de conformidad con el artículo 12 de Reglamento, facilitar a determinar la información respecto a las OSP en cuestión. La respuesta de las autoridades italianas de 22 de marzo 2006 era incompleta.

—

Una exposición detallada de los objetivos socioeconómicos perseguidos por la imposición de las obligaciones de servicio público mencionadas en el artículo 1, explicando por qué dichas obligaciones se consideran adecuadas y proporcionadas a la consecución de tales objetivos (en particular por lo que se refiere a las diez nuevas rutas no contempladas en el anuncio de 7 de octubre de 2000).

—

Una explicación precisa de cómo funcionarían en la práctica las medidas a que se refiere el punto 1.6 de los dos anuncios mencionados en el artículo 1, previstas a efectos de «evitar el exceso de capacidad» en caso de que varias compañías acepten una ruta sujeta a OSP, y justificación de las mismas con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2408/92.

—

Un análisis jurídico que justifique, conforme al Derecho comunitario, las diferentes condiciones contenidas en las obligaciones de servicio público contempladas en el artículo 1 y, en particular,

—

Un análisis detallado de las relaciones económicas entre las regiones de Cerdeña y las regiones del resto de Italia en las que están situados los aeropuertos afectados por las OSP a que se refiere el artículo 1.

—

Una exposición precisa de la actual oferta de transporte aéreo entre los aeropuertos de Cerdeña y los aeropuertos del resto de Italia afectados por las OSP a que se refiere el artículo 1, precisando cuándo entró en vigor el Decreto no 36.

—

Un análisis detallado de las posibilidades de recurso a otras formas de transporte y de la capacidad de estas últimas para responder a las necesidades consideradas.

—

Un análisis de la demanda actual de transporte aéreo en cada ruta afectada por las obligaciones, incluidas las previsiones de explotación (tráfico de pasajeros, de carga, previsiones financieras, etc.) comunicadas por la compañía o compañías.

—

Una descripción precisa de la duración del recorrido necesario para unir por carretera los diferentes aeropuertos de Cerdeña afectados por las obligaciones, precisando la frecuencia correspondiente.

—

Una descripción de la situación, en la fecha de la notificación de la presente Decisión, de la explotación de los servicios sujetos a las OSP y de la identidad de la compañía o compañías que explotan tales servicios.

—

Información respecto a la existencia, en la fecha de la notificación de la presente Decisión, de eventuales recursos presentados ante los tribunales nacionales y situación jurídica de la imposición de obligaciones de servicio público.

—

Una aclaración de si las obligaciones de servicio público publicadas en el anuncio de 7 de octubre de 2000 continuaron aplicándose después de la suspensión y derogación de obligaciones publicadas en el anuncio de 10 de diciembre de 2004 y, en caso de que así fuera, base jurídica en que se fundamentó tal hecho; razones por las que las autoridades italianas no informaron puntualmente de ello a la Comisión.

5.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/38

(1)

De conformidad con el artículo 2, apartado 1, de las disposiciones de la Comisión en materia de seguridad tal como figuran en el anexo de la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión (1), el Miembro de la Comisión responsable de asuntos de seguridad deberá tomar las medidas apropiadas para garantizar que, al manejarse información clasificada, se respeten en la Comisión las normas de la Comisión en materia de seguridad, entre otros, por los contratistas externos a la Comisión.

(2)

El artículo 2, apartado 2, de las disposiciones de la Comisión en materia de seguridad declara que los Estados miembros y las demás instituciones, órganos, oficinas y agencias establecidos en virtud de los Tratados o sobre la base de los mismos, estarán autorizados para recibir información clasificada de la UE siempre y cuando garanticen que, cuando se trate este tipo de información, se cumplan en sus servicios y locales normas estrictamente equivalentes, entre otros, por los contratistas externos del Estado miembro.

(3)

Las disposiciones de la Comisión en materia de seguridad no incluyen actualmente elementos sobre cómo deberán aplicarse sus principios de base y sus normas mínimas cuando la Comisión confíe a entidades externas, por contrato o por acuerdo de subvención, tareas que impliquen, conlleven y/o contengan información clasificada de la UE.

(4)

Es, pues, necesario insertar normas mínimas comunes específicas a ese respeto en las disposiciones de la Comisión en materia de seguridad y en las normas en materia de seguridad anejas a las mismas.

(5)

Estas normas mínimas comunes deberán ser también cumplidas por los Estados miembros, para que las medidas se tomen de conformidad con las disposiciones nacionales, cuando confíen por contrato o por acuerdo de subvención, tareas que impliquen, conlleven y/o contengan información clasificada de la UE sobre las entidades externas mencionadas en el artículo 2, apartado 2, de las disposiciones de la Comisión en materia de seguridad.

(6)

Estas normas mínimas comunes deberán aplicarse sin perjuicio de otros actos pertinentes, en particular la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (2), el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3), y el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión (4), por el que se establecen sus normas de desarrollo, y en particular de los acuerdos bilaterales y multilaterales mencionados en los artículos 106 y 107 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002.

1)

En el artículo 2, apartado 1, se añade el siguiente apartado:

«Cuando un contrato o un acuerdo de subvención entre la Comisión y un contratista externo o un beneficiario implique el tratamiento de información clasificada de la UE en los locales del contratista o del beneficiario, las medidas apropiadas que deberá tomar dicho contratista externo o beneficiario para garantizar que se cumplan las normas mencionadas en el artículo 1, al tratar información clasificada de la UE, formarán parte integrante del acuerdo o contrato de subvención.».

2)

Las normas en materia de seguridad establecidas en el anexo de las disposiciones de la Comisión en materia de seguridad se modifican del siguiente modo:

5.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 215/44

(1)

El artículo 52 de los Estatutos dispone que el Consejo de Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que los billetes de banco denominados en monedas con tipo de cambio fijo irrevocable sean cambiados por los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados miembros participantes a sus respectivos valores de paridad. Dichas medidas comprenden el cambio de billetes de un nuevo Estado miembro participante: a) por billetes y monedas en euros, o b) para el abono de fondos en cuenta. En cambio, si en el nuevo Estado miembro participante rige un período transitorio, durante este las medidas comprenderán el cambio de billetes: a) por la moneda nacional del nuevo Estado miembro participante, o b) para el abono de fondos en cuenta.

(2)

El Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (1), permite que los Estados miembros que adoptan el euro se sujeten a distintos regímenes de introducción del efectivo en euros. La presente orientación vela por que el cambio de billetes de los nuevos Estados miembros participantes pueda efectuarse con independencia de qué régimen de introducción del efectivo en euros hayan escogido.

(3)

Ciertas clases de billetes, concretamente los billetes que presentan mutilaciones extremas o los billetes marcados conforme a medidas nacionales de marcado adoptadas para facilitar la retirada de los billetes nacionales, no son aptos para el cambio en general, por lo que quedan excluidos del cambio regulado en la presente orientación.

(4)

En el caso de nuevos Estados miembros participantes sujetos a un período transitorio, la duración de las medidas que se adopten en virtud de la presente orientación será mayor, pues tendrán en cuenta el período transitorio, aunque este no debe suponer la extensión del período de cambio de los billetes de otros nuevos Estados miembros participantes.

—

«Estado miembro participante»: el Estado miembro que ha adoptado el euro,

—

«nuevo Estado miembro participante»: el Estado miembro participante que ha adoptado el euro pero en el cual los billetes y monedas en euros no son la única moneda de curso legal,

—

«fecha de adopción del euro»: la fecha en la que entra en vigor la supresión, conforme al artículo 122, apartado 2, del Tratado, de la excepción de un determinado Estado miembro,

—

«período de doble circulación»: el período comprendido entre la fecha de introducción del efectivo en euros en un determinado nuevo Estado miembro participante y la última fecha en la que la moneda nacional de ese nuevo Estado miembro participante sea de curso legal junto con el euro,

—

«fecha de introducción del efectivo en euros»: la fecha en la que los billetes y monedas en euros pasan a ser de curso legal en un determinado nuevo Estado miembro participante,

—

«moneda nacional»: los billetes y monedas de un nuevo Estado miembro participante emitidos por su autoridad competente antes de la fecha de adopción del euro,

—

«billetes de un nuevo Estado miembro participante»: los billetes emitidos por el BCN de un nuevo Estado miembro participante que eran moneda de curso legal el día antes de la fecha de adopción del euro y que se presentan, para ser cambiados, a otro BCN o su agente autorizado,

—

«período transitorio»: el período de tres años como máximo comprendido entre las cero horas (hora local) de la fecha de adopción del euro y las cero horas (hora local) de la fecha de introducción del efectivo en euros,

—

«BCN del Eurosistema»: el BCN de un Estado miembro participante (incluido el BCN de un nuevo Estado miembro participante),

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«valor de paridad»: el valor resultante de los tipos de conversión que el Consejo de la UE adopte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado 4, del Tratado, sin diferencial entre tipos de compra y venta,

—

«marcado»: la señalización específica de los billetes de banco, por ejemplo mediante taladro, efectuada en virtud de las medidas nacionales adoptadas para facilitar la retirada de los billetes de un nuevo Estado miembro participante emitidos por su autoridad competente antes de la fecha de adopción del euro.

i)

en una operación determinada, o

ii)

en un día determinado,

a)

desde la fecha de adopción del euro del nuevo Estado miembro participante;

b)

hasta que se hayan cambiado todos los billetes aptos para el cambio y presentados para el cambio antes de expirar el plazo de los dos meses siguientes a la fecha de introducción del efectivo en euros del nuevo Estado miembro participante.