6.8.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/3

REGLAMENTO (CE) N o 1292/2005 DE LA COMISIÓN

de 5 de agosto de 2005

por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la alimentación animal

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (1), y, en particular, su artículo 23, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

(1)	El Reglamento (CE) no 999/2001 establece normas sobre la utilización de proteínas derivadas de animales en la alimentación animal con el fin de evitar la propagación de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) a los animales.

(2)

El citado Reglamento prohibió el uso de determinadas proteínas animales en la alimentación de animales de granja porque pueden ser potencialmente infectivas de EET o porque podrían dificultar la detección de pequeñas cantidades de proteínas potencialmente infectadas de EET en los piensos, y estableció una tolerancia cero de los componentes prohibidos de origen animal en los piensos.

(3)

La Directiva 2003/126/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, relativa a los métodos de análisis para determinar los componentes de origen animal a los efectos del control oficial de los piensos (2), establece que los análisis oficiales de los piensos para comprobar la presencia e identificar o estimar la cantidad de componentes de origen animal presentes en los piensos deben realizarse de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva. Las pruebas de competencia de los laboratorios, realizadas con arreglo a dicha Directiva por el Instituto de Materiales y Medidas de Referencia (IRMM-JRC) de la Comisión, han demostrado que la capacidad de los laboratorios para detectar pequeñas cantidades de proteínas de mamíferos en los piensos ha mejorado considerablemente.

(4)

Esta mejora de los resultados de los laboratorios ha permitido detectar la presencia accidental de espículas óseas, especialmente en cultivos de tubérculos y raíces. Las pruebas científicas han demostrado que no puede evitarse la contaminación de dichos cultivos por espículas óseas presentes en el suelo. Las partidas de tubérculos y raíces contaminadas deben gestionarse conforme a lo dispuesto en la Directiva 95/53/CE del Consejo, de 25 de octubre de 1995, por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal (3) y, como resultado de ello, con frecuencia han de ser destruidas. Para evitar una aplicación desproporcionada de dicha Directiva, es conveniente que los Estados miembros puedan realizar una evaluación del riesgo de la presencia de componentes animales en los cultivos de tubérculos y raíces antes de considerar una infracción de la prohibición relativa a la alimentación animal.

(5)

El 25 y 26 de mayo de 2000, el Comité Director Científico (CDC) actualizó el informe y el dictamen sobre la seguridad de las proteínas hidrolizadas producidas a partir de pieles de rumiantes que había adoptado en la reunión celebrada los días 22 y 23 de octubre de 1998. Las condiciones en las que las proteínas hidrolizadas pueden considerarse seguras conforme a dicho dictamen están recogidas en el Reglamento (CE) no 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (4). Desde el 1 de mayo de 2004, dichas condiciones se han aplicado también a las proteínas hidrolizadas importadas de terceros países, por lo que no debería mantenerse la prohibición de alimentar a los rumiantes con proteínas hidrolizadas producidas a partir de pieles y cueros de rumiantes.

(6)

En su dictamen de 17 de septiembre de 1999 relativo al reciclaje dentro de la misma especie, y de nuevo en su dictamen de 27 y 28 de noviembre de 2000 sobre la base científica de la prohibición del uso de proteína animal en los piensos destinados a todos los animales de granja, el Comité Director Científico (CDC) indicó que no existen pruebas de la presencia natural de EET en animales de granja no rumiantes destinados a la producción de alimentos, como son los cerdos y las aves de corral. Además, dado que los controles sobre la prohibición que pesa sobre las proteínas animales se basan en la detección en los piensos de fibras de hueso y músculo, los productos derivados de la sangre y las proteínas hidrolizadas derivadas de no rumiantes no deberían dificultar los controles acerca de la presencia de proteínas potencialmente infectadas de EET. Por lo tanto, deben aligerarse las restricciones sobre la alimentación de los animales de granja con productos derivados de la sangre y proteínas hidrolizadas derivadas de no rumiantes.

(7)	Las condiciones para el transporte, almacenamiento y envasado de los piensos a granel que contengan proteínas animales transformadas deben ser precisadas.

(8)	Para mantener o mejorar la calidad de los controles oficiales debe preverse la evaluación continua de la competencia y la formación del personal de laboratorio.

(9)	El Reglamento (CE) no 999/2001 debe, por tanto, modificarse en consecuencia. Por razones prácticas y en aras de la claridad, conviene sustituir totalmente el anexo IV modificado.

(10)	Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 quedará modificado de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 5 de agosto de 2005.

Por la Comisión

Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión

(1) DO L 147 de 31.5.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 260/2005 de la Comisión (DO L 46 de 17.2.2005, p. 31).

(2) DO L 339 de 24.12.2003, p. 78.

(3) DO L 265 de 8.11.1995, p. 17. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2001/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 234 de 1.9.2001, p. 55).

(4) DO L 273 de 10.10.2002, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 416/2005 de la Comisión (DO L 66 de 12.3.2005, p. 10).

ANEXO

El anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 se sustituirá por el texto siguiente:

«ANEXO IV

ALIMENTACIÓN ANIMAL

I. Ampliación de la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1

La prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, se ampliará a:

la alimentación de animales de granja, exceptuados los carnívoros de peletería, con:

i)	proteínas animales elaboradas;

ii)	gelatina procedente de rumiantes;

iii)	productos derivados de la sangre;

iv)	proteínas hidrolizadas;

v)	fosfato dicálcico y fosfato tricálcico de origen animal (“fosfato dicálcico y fosfato tricálcico”);

vi)	piensos que contengan las proteínas enumeradas en los incisos i) a v);

b)	la alimentación de rumiantes con proteína animal y piensos que la contengan.

II. Excepciones a las prohibiciones establecidas en el artículo 7, apartados 1 y 2, y condiciones especiales para la aplicación de tales excepciones

Las prohibiciones establecidas en el artículo 7, apartados 1 y 2, no se aplicarán a:

la alimentación de animales de granja con las proteínas que se mencionan en los incisos i), ii), iii) y iv) y los piensos derivados de dichas proteínas:

i)	leche, productos lácteos y calostro;

ii)	huevos y ovoproductos;

iii)	gelatina derivada de no rumiantes;

iv)	proteínas hidrolizadas procedentes de partes de no rumiantes y de pieles y cueros de rumiantes;

la alimentación de animales de granja no rumiantes con las proteínas que se mencionan en los incisos i), ii) y iii) y con productos derivados de dichas proteínas:

i)	harina de pescado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto B;

ii)	fosfato dicálcico y fosfato tricálcico, de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto C;

iii)	productos derivados de la sangre procedentes de no rumiantes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto D;

c)	la alimentación de peces con harina de sangre procedente de no rumiantes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto D;

los Estados miembros podrán permitir la alimentación de animales de granja con raíces y tubérculos y piensos que contengan tales productos tras la detección de espículas óseas si hubiera habido una evaluación del riesgo favorable; la evaluación del riesgo tendrá en cuenta, por lo menos, la cantidad y la posible fuente de contaminación y el destino final de la partida.

Para el uso de la harina de pescado contemplada en el punto A, letra b), inciso i), y los piensos que contengan harina de pescado en la alimentación de animales de granja no rumiantes (no será aplicable a la alimentación de carnívoros de peletería) se aplicarán las siguientes condiciones:

a)	la harina de pescado se producirá en plantas transformadoras dedicadas exclusivamente a la producción de productos derivados de pescado;

b)	antes de su despacho a libre práctica en la Comunidad, cada partida de harina de pescado importada se analizará mediante microscopía conforme a la Directiva 2003/126/CE de la Comisión;

los piensos que contengan harina de pescado se producirán en establecimientos que no produzcan piensos para rumiantes y que hayan sido autorizados a estos efectos por la autoridad competente.

Como excepción a lo establecido en la letra c):

no requerirán una autorización específica para la producción de piensos compuestos completos a partir de piensos que contengan harina de pescado los productores domésticos de piensos compuestos que:

—	estén inscritos en el registro de la autoridad competente;

—	sólo tengan animales no rumiantes;

—	produzcan piensos completos para uso exclusivo en la misma explotación, y que

—	utilicen en la producción piensos con harina de pescado que contengan menos de un 50 % de proteína cruda;

ii)

la autoridad competente podrá autorizar la producción de piensos para rumiantes en establecimientos que también produzcan piensos con harina de pescado destinados a otras especies animales siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

—	los piensos a granel y envasados para rumiantes se guardan en instalaciones separadas físicamente de aquéllas donde se guardan durante el almacenamiento, el transporte y el envasado la harina de pescado a granel y los piensos a granel que contienen harina de pescado;

—	los piensos para rumiantes se fabrican en instalaciones separadas físicamente de aquéllas donde se fabrican piensos que contienen harina de pescado;

—	se mantienen a disposición de la autoridad competente, durante un mínimo de cinco años, los registros que detallan las adquisiciones y los usos de la harina de pescado y las ventas de piensos que contienen harina de pescado; y

—	se analizan periódicamente los piensos para rumiantes a fin de asegurarse de que no contienen proteínas prohibidas, incluida la harina de pescado;

d)	la etiqueta y la documentación que acompañe a los piensos que contengan harina de pescado deberán incluir claramente la mención “contiene harina de pescado — no apto para la alimentación de rumiantes”;

los piensos a granel que contengan harina de pescado serán transportados en vehículos que no transporten simultáneamente piensos para rumiantes; si el vehículo se utiliza a continuación para transportar piensos para rumiantes, deberá limpiarse a fondo siguiendo un procedimiento aprobado por la autoridad competente, a fin de evitar la contaminación cruzada;

estará prohibido utilizar y almacenar piensos que contengan harina de pescado en explotaciones donde haya rumiantes;

como excepción a esta condición, la autoridad competente podrá autorizar el uso y almacenamiento de piensos con harina de pescado en explotaciones donde haya rumiantes si considera satisfactorias las medidas aplicadas en la explotación para evitar que éstos los ingieran.

Para el uso de la harina del fosfato dicálcico y el fosfato tricálcico contemplados en el punto A, letra b), inciso ii), y los piensos que contengan tales proteínas en la alimentación de animales de granja no rumiantes (no será aplicable a la alimentación de carnívoros de peletería) se aplicarán las siguientes condiciones:

Los piensos que contengan fosfato dicálcico o fosfato tricálcico se producirán en establecimientos que no preparen piensos para rumiantes y que hayan sido autorizados a estos efectos por la autoridad competente.

Sin embargo, como excepción a esta condición:

no requerirán una autorización específica para la producción de piensos compuestos completos a partir de piensos que contengan fosfato dicálcico o fosfato tricálcico los productores domésticos de piensos compuestos que:

—	estén inscritos en el registro de la autoridad competente;

—	sólo tengan animales no rumiantes;

—	produzcan piensos compuestos completos para uso exclusivo en la misma explotación; y

—	utilicen en la producción piensos con fosfato dicálcico o fosfato tricálcico que contengan menos de un 10 % de fósforo total;

ii)

la autoridad competente podrá autorizar la producción de piensos para rumiantes en establecimientos que también produzcan piensos con fosfato dicálcico o fosfato tricálcico destinados a otras especies animales siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

—	los piensos a granel y envasados para rumiantes se fabrican en instalaciones separadas físicamente de aquéllas donde se fabrican piensos que contienen fosfato dicálcico o fosfato tricálcico;

—	los piensos a granel para rumiantes se guardan en instalaciones separadas físicamente de aquéllas donde se guardan, durante el almacenamiento, el transporte y el envasado, fosfato dicálcico y fosfato tricálcico a granel y piensos a granel que contienen fosfato dicálcico y fosfato tricálcico;

—	se mantienen a disposición de la autoridad competente, durante un mínimo de cinco años, los registros que detallan las adquisiciones y los usos del fosfato dicálcico o el fosfato tricálcico y las ventas de piensos que contienen fosfato dicálcico o fosfato tricálcico.

b)	La etiqueta y la documentación que acompañe a los piensos que contengan fosfato dicálcico o fosfato tricálcico deberán incluir claramente la mención “contiene fosfato dicálcico/tricálcico de origen animal — no apto para la alimentación de rumiantes”.

Los piensos a granel que contengan fosfato dicálcico o fosfato tricálcico serán transportados en vehículos que no transporten simultáneamente piensos para rumiantes. Si el vehículo se utiliza a continuación para transportar piensos para rumiantes, deberá limpiarse a fondo siguiendo un procedimiento aprobado por la autoridad competente, a fin de evitar la contaminación cruzada.

Estará prohibido utilizar y almacenar piensos que contengan fosfato dicálcico o fosfato tricálcico en explotaciones donde haya rumiantes.

Como excepción a esta condición, la autoridad competente podrá autorizar el uso y almacenamiento de piensos con fosfato dicálcico o fosfato tricálcico en explotaciones donde haya rumiantes si considera satisfactorias las medidas aplicadas en la explotación para evitar que éstos los ingieran.

Para el uso de los productos derivados de la sangre contemplados en el punto A, letra b), inciso iii), la harina de sangre contemplada en el punto A, letra c), y los piensos que contengan tales proteínas en la alimentación de animales de granja no rumiantes y peces, se aplicarán las siguientes condiciones:

La sangre procederá de mataderos aprobados por la UE en los que no se sacrifiquen rumiantes y que estén registrados como tales, y se transportará directamente a la planta transformadora en vehículos dedicados exclusivamente al transporte de sangre de animales no rumiantes. Si el vehículo ha sido utilizado anteriormente para transportar sangre de rumiantes, la autoridad competente lo someterá a inspección, una vez limpiado, antes de que pueda transportar sangre de no rumiantes.

Como excepción a esta condición, la autoridad competente podrá permitir el sacrificio de rumiantes en un matadero donde se recoja sangre de no rumiantes destinada a la producción de harina de sangre o productos derivados de la sangre para su uso en la alimentación de animales de granja no rumiantes y peces, si dicho matadero posee un sistema de control reconocido. Este sistema de control comprenderá, como mínimo:

—	el sacrificio de no rumiantes separado físicamente del de rumiantes;

—	instalaciones de recogida, almacenamiento, transporte y envasado para la sangre procedente de rumiantes separadas físicamente de las de la sangre procedente de no rumiantes; y

—	el muestreo y análisis regulares de la sangre de no rumiantes para detectar la presencia de proteínas de rumiante.

Los productos derivados de la sangre y la harina de sangre se producirán en un establecimiento dedicado exclusivamente a la transformación de sangre de no rumiantes.

Como excepción a esta condición, la autoridad competente podrá permitir la producción de productos derivados de la sangre y harina de sangre destinados a la alimentación de animales de granja no rumiantes y peces en establecimientos que transformen sangre de rumiantes y apliquen un sistema de control reconocido para prevenir la contaminación cruzada. Este sistema de control comprenderá, como mínimo:

—	la transformación de la sangre de no rumiantes en un sistema cerrado, separado físicamente del proceso de transformación de la sangre de rumiantes;

—

la conservación de las materias primas a granel y los productos acabados a granel de origen rumiante durante el almacenamiento, el transporte y el envasado en instalaciones separadas físicamente de aquéllas donde se guarden las materias primas a granel y los productos acabados a granel de origen no rumiante; y

—	el muestreo y análisis regulares de productos derivados de la sangre de no rumiantes y de la harina de sangre para detectar la presencia de proteínas de rumiante.

Los piensos que contengan productos derivados de la sangre o harina de sangre se producirán en establecimientos que no preparen piensos para rumiantes o animales de granja distintos de los peces y que hayan sido autorizados a estos efectos por la autoridad competente.

Sin embargo, como excepción a esta condición:

no requerirán una autorización específica para la producción de piensos completos a partir de piensos que contengan productos derivados de la sangre o harina de sangre los productores domésticos de piensos compuestos que:

—	estén inscritos en el registro de la autoridad competente;

—	sólo tengan animales no rumiantes, en caso de que se utilicen productos derivados de la sangre, o sólo peces en caso de que se utilice harina de sangre;

—	produzcan piensos completos para uso exclusivo en la misma explotación, y

—	utilicen en la producción piensos con productos derivados de la sangre o harina de sangre que contengan menos de un 50 % de proteína total;

ii)

la autoridad competente podrá autorizar la producción de piensos para rumiantes en establecimientos que también produzcan piensos con productos derivados de la sangre o harina de sangre destinados a animales no rumiantes o a peces siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

—	los piensos a granel y envasados para rumiantes o animales de granja distintos de los peces se fabrican en instalaciones separadas físicamente de aquéllas donde se fabrican piensos que contienen productos derivados de la sangre o harina de sangre;

—

los piensos a granel se guardan durante el almacenamiento, transporte y envasado en instalaciones separadas físicamente en las condiciones siguientes:

a)	los piensos para rumiantes se mantienen separados de los productos derivados de la sangre y de los piensos que contienen tales productos;

b)	los piensos destinados a animales de granja distintos de peces se mantienen separados de la harina de sangre y de los piensos que contienen harina de sangre;

—	se mantienen a disposición de la autoridad competente, durante un mínimo de cinco años, los registros que detallan las adquisiciones y los usos de los productos derivados de la sangre y la harina de sangre y las ventas de piensos que contienen tales productos.

La etiqueta, la documentación comercial o, en su caso, el certificado sanitario que acompañe a los piensos que contengan productos derivados de la sangre o harina de sangre incluirán claramente la mención “contiene productos derivados de la sangre — no apto para la alimentación de rumiantes” o “contiene harina de sangre — sólo apto para la alimentación de peces”, según proceda.

Los piensos a granel que contengan productos derivados de la sangre serán transportados en vehículos que no transporten simultáneamente piensos para rumiantes, y los piensos a granel que contengan harina de sangre en vehículos que no transporten simultáneamente piensos para animales de granja distintos de peces. Si el vehículo se utiliza a continuación para transportar piensos para rumiantes o animales de granja distintos de peces, deberá limpiarse a fondo siguiendo un procedimiento aprobado por la autoridad competente, a fin de evitar la contaminación cruzada.

Estará prohibido utilizar y almacenar piensos que contengan productos derivados de la sangre en explotaciones donde haya rumiantes, y usar y almacenar piensos que contengan harina de sangre en explotaciones donde haya animales de granja distintos de peces.

Como excepción, la autoridad competente podrá autorizar el uso y almacenamiento de piensos que contengan productos derivados de la sangre o harina de sangre en explotaciones donde haya rumiantes o animales de granja distintos de peces si considera satisfactorias las medidas aplicadas en la explotación para evitar que éstos los ingieran.

III. Condiciones generales de aplicación

A.	El presente anexo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1774/2002.

Los Estados miembros mantendrán actualizadas listas de:

a)	los mataderos aprobados para la recogida de sangre de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto D, letra a), de la parte II;

b)	las instalaciones de transformación aprobadas que produzcan fosfato dicálcico, fosfato tricálcico, productos derivados de la sangre o harina de sangre, y

los establecimientos, excluidos los productores domésticos de piensos compuestos, que estén autorizados para fabricar piensos que contengan harina de pescado y las proteínas contempladas en la letra b) y operen conforme a las condiciones establecidas en el punto B, letra c), el punto C, letra a), y el punto D, letra c), de la parte II.

Las proteínas animales transformadas a granel, a excepción de la harina de pescado, así como los productos a granel, incluidos los piensos, fertilizantes orgánicos y enmiendas del suelo que las contengan, se almacenarán y transportarán en instalaciones específicas. El almacén o el vehículo sólo podrán ser utilizados para otros fines, una vez limpiados, después de que la autoridad competente los haya sometido a inspección.

La harina de pescado a granel contemplada en el punto A, letra b), inciso i), de la parte II, el fosfato dicálcico y el fosfato tricálcico a granel contemplados en el punto A, letra b), inciso ii), de la parte II, los productos derivados de la sangre contemplados en el punto A, letra b), inciso iii), de la parte II y la harina de sangre contemplada en el punto A, letra c), de la parte II se almacenarán y transportarán en almacenes y vehículos al efecto.

Como excepción a lo establecido en la letra b):

i)	los almacenes o los vehículos podrán ser utilizados para almacenar y transportar piensos que contengan la misma proteína;

ii)	los almacenes y los vehículos, una vez limpiados, podrán ser utilizados para otros fines después de haber sido inspeccionados por la autoridad competente; y

iii)

los almacenes y los vehículos que transporten harina de pescado podrán ser utilizados para otros fines si la empresa aplica un sistema de control, reconocido por la autoridad competente, para prevenir la contaminación cruzada. Dicho sistema de control comprenderá, como mínimo:

—	registros relativos al material transportado y a la limpieza del vehículo, y

—	el muestreo y análisis regulares de los piensos transportados para detectar la presencia de harina de pescado.

La autoridad competente efectuará frecuentes exámenes in situ para verificar la correcta aplicación del plan de control.

Los piensos, incluidos los alimentos para animales de compañía, que contengan productos derivados de la sangre de rumiantes o proteínas animales transformadas distintas a la harina de pescado, no se fabricarán en los establecimientos que produzcan piensos para animales de granja, a excepción de los piensos para carnívoros de peletería.

Los piensos a granel, incluidos los alimentos para animales de compañía, que contengan productos derivados de la sangre de origen rumiante o proteínas animales transformadas distintas de la harina de pescado se mantendrán durante el almacenamiento, transporte y envasado en instalaciones separadas físicamente de las instalaciones de piensos a granel para animales de granja, a excepción de los piensos para carnívoros de peletería.

Los alimentos para animales de compañía y los piensos destinados a los carnívoros de peletería que contengan fosfato dicálcico o fosfato tricálcico contemplados en el punto A, letra b), inciso ii), de la parte II, y los productos derivados de la sangre contemplados en el punto A, letra b), inciso iii), de la parte II se fabricarán y transportarán de acuerdo con lo dispuesto, respectivamente, en el punto C, letras a) y c), y el punto D, letras c) y e), de la parte II.

1.	Estará prohibida la exportación a terceros países de proteínas animales transformadas derivadas de rumiantes, así como de los productos que las contengan.

La autoridad competente permitirá la exportación de proteínas animales transformadas derivadas de no rumiantes, así como de los productos que las contengan, sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

—	se destinan a un uso no prohibido por el artículo 7,

—	con anterioridad a la exportación, se formaliza un acuerdo por escrito con el país tercero en el que éste se compromete a respetar el uso final y a no reexportar la proteína animal transformada o los productos que contengan tales proteínas para usos prohibidos por el artículo 7.

Los Estados miembros que permitan la exportación conforme al punto 2 informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros, en el seno del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, de todos los términos y condiciones acordados con el país tercero en cuestión, con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Las disposiciones de los puntos 2 y 3 no se aplicarán:

—	a las exportaciones de harina de pescado, siempre y cuando ésta reúna las condiciones establecidas en la letra B de la parte II;

—	a los productos que contengan harina de pescado;

—	ni a los alimentos para animales de compañía.

La autoridad competente efectuará exámenes documentales y físicos, incluidos ensayos sobre los piensos, a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, de conformidad con la Directiva 95/53/CE del Consejo, a fin de comprobar que se cumple lo dispuesto en dicha Directiva y en el presente Reglamento. De detectarse la presencia de proteínas animales prohibidas, se aplicará lo dispuesto en la citada Directiva 95/53/CE. La autoridad competente comprobará periódicamente la competencia de los laboratorios que realicen los análisis para los controles oficiales, en particular evaluando los resultados de ensayos interlaboratorios. Si las competencias no se consideran satisfactorias, se procederá a formar de nuevo al personal de laboratorio, como medida correctora mínima.»

6.8.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/12

REGLAMENTO (CE) N o 1293/2005 DE LA COMISIÓN

de 5 de agosto de 2005

que modifica el Reglamento (CEE) no 2676/90 por el que se determinan los métodos de análisis comunitarios aplicables en el sector del vino

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1), y, en particular, su artículo 46, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

(1)	El método de medición de la sobrepresión de los vinos de aguja y espumosos ha sido establecido con arreglo a criterios reconocidos internacionalmente. La Asamblea General de 2003 de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino aprobó una nueva descripción de ese método.

(2)	La utilización de ese método de medición permite comprobaciones más sencillas y precisas de la sobrepresión de esos vinos.

(3)

La descripción del método usual que figura en el capítulo 37 del anexo del Reglamento (CEE) no 2676/90 de la Comisión (2) ha perdido su razón de ser y, por consiguiente, debe suprimirse el apartado 3 del capítulo 37 del citado anexo. Además, procede incluir en ese anexo un nuevo capítulo con la descripción actualizada de ese método.

(4)	Procede pues modificar el Reglamento (CEE) no 2676/90.

(5)	Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Se modifica el anexo del Reglamento (CEE) no 2676/90 según se indica en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 5 de agosto de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1188/2005 de la Comisión (DO L 193 de 23.7.2005, p. 24).

(2) DO L 272 de 3.10.1990, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 355/2005 (DO L 56 de 2.3.2005, p. 3).

ANEXO

Se modifica del siguiente modo el anexo del Reglamento (CEE) no 2676/90:

El capítulo 37 «Dióxido de carbono» queda modificado de esta manera:

El apartado 1 se modifica del siguiente modo:

i)	se sustituye el título por el siguiente: «1. FUNDAMENTO DEL MÉTODO»,

ii)	se suprime el punto 1.2.

b)	En el apartado 2, se sustituye el título del punto 2.3 por el siguiente: «Cálculo de la sobrepresión teórica».

c)	Se suprimen los apartados 3 y 4.

Después del capítulo 37, se añade el capítulo 37 bis siguiente:

«37 bis — MEDICIÓN DE LA SOBREPRESIÓN DE LOS VINOS ESPUMOSOS Y DE AGUJA

1. PRINCIPIO

Tras la estabilización térmica y agitación de la botella, se mide la sobrepresión por medio de un afrómetro (calibre de presión). La sobrepresión se expresa en pascales (Pa) (método de tipo I). Este método también es aplicable a los vinos espumosos gasificados y a los vinos de aguja gasificados.

2. MATERIAL

El aparato que se utiliza para medir la sobrepresión en las botellas de vinos espumosos y de aguja se llama afrómetro. Tiene distintas presentaciones que dependen del cierre de la botella (cápsula metálica, corona, tapón de corcho o de plástico).

2.1. Botellas con cápsula

Consta de tres partes (figura 1):

—

La parte superior (o tornillo porta agujas), compuesta por un manómetro, un anillo de ajuste manual, un tornillo sinfín que se desliza en la parte media y una aguja que atraviesa la cápsula. La aguja tiene una perforación lateral que comunica la presión al manómetro. Una junta que queda sobre la cápsula de la botella garantiza la hermeticidad del conjunto.

—	La parte media (o tuerca), que sirve para centrar la parte superior. Se atornilla a la parte inferior de forma que el aparato quede fuertemente sujeto a la botella.

—	La parte inferior (o estribo), provista de un espolón que se desliza bajo el anillo de la botella y sujeta todo el aparato. Existen anillos adaptados a cada tipo de botella.

2.2. Botellas con tapón

Consta de dos partes (figura 2):

—	La parte superior, que es idéntica a la del aparato anterior pero con una aguja más larga. Esta última está formada por un tubo largo y hueco en cuyo extremo se halla una punta que permite perforar el tapón. Esta punta es amovible y cae dentro de la botella una vez que se ha perforado el tapón.

—	La parte inferior, formada por la tuerca y una base que se coloca sobre el tapón. La base tiene cuatro tornillos de ajuste con los que se sujeta el aparato al tapón.

Observaciones sobre los manómetros que llevan estos dos tipos de aparato:

—	Pueden ser mecánicos con tubo de Bourdon o numéricos con sensor piezoeléctrico. En el primero caso, el tubo de Bourdon debe ser obligatoriamente de acero inoxidable.

—	Deben estar graduados en pascales (abreviación Pa). Para los vinos espumosos, lo más práctico es utilizar como unidad 105 pascales (105 Pa) o el kilopascal (kPa).

—

Pueden ser de distintas clases. La clase de un manómetro es la precisión de la lectura respecto de la escala completa expresada en porcentaje (ejemplo: “manómetro 1 000 kPa clase 1” significa que la presión máxima de utilización es de 1 000 kPa, lectura a ± 0 kPa). Para mediciones precisas se recomienda la clase 1.

3. PROCEDIMIENTO

La medición debe efectuarse en botellas cuya temperatura esté estabilizada desde 24 horas antes, como mínimo. Para efectuar la lectura, se perfora la corona o el tapón de corcho o plástico y se agita vigorosamente la botella hasta alcanzar una presión constante.

3.1. Botellas con cápsula

Deslizar el pistón del estribo bajo el anillo de la botella. Cerrar la tuerca hasta que el conjunto quede ajustado a la botella. Enroscar la parte superior en la tuerca. Para evitar pérdidas de gas, debe perforarse la cápsula lo más rápidamente posible hasta que la junta quede en contacto con la cápsula. A continuación, se agita con fuerza la botella hasta alcanzar una presión constante para efectuar la lectura.

3.2. Botellas con tapón

Colocar una punta en el extremo de la aguja. Disponer el aparato sobre el tapón. Ajustar los cuatro tornillos al tapón. Enroscar la parte superior (la aguja perfora el tapón). La punta debe caer dentro de la botella para que la presión se transmita al manómetro. Efectuar la lectura después de agitar la botella hasta alcanzar una presión constante. Recuperar la punta después de la lectura.

4. EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS

La sobrepresión a 20 °C (Paph20) se expresa en pascales (Pa) o kilopascales (kPa). Debe concordar con la precisión del manómetro (por ejemplo: 6,3 105 Pa o 630 Pa, no 6,33 105 Pa o 633 Pa, para un manómetro de 1 000 kPa de escala completa de clase 1).

Cuando la temperatura de medición no sea de 20 °C, conviene corregir el resultado multiplicando la presión medida por el coeficiente que corresponda (véase la tabla 1).

Tabla 1

Relación entre la sobrepresión Paph20 de un vino de aguja o espumoso a 20 °C y la sobrepresión Papht a una temperatura t

°C
0	1,85
1	1,80
2	1,74
3	1,68
4	1,64
5	1,59
6	1,54
7	1,50
8	1,45
9	1,40
10	1,36
11	1,32
12	1,28
13	1,24
14	1,20
15	1,16
16	1,13
17	1,09
18	1,06
19	1,03
20	1,00
21	0,97
22	0,95
23	0,93
24	0,91
25	0,88

5. CONTROL DE LOS RESULTADOS

Método de determinación directa de parámetros físicos (método criterio de tipo I)

Verificación de los afrómetros

Los afrómetros deben verificarse periódicamente (al menos una vez al año).

La verificación se realiza con un banco de calibración. Éste permite comparar el manómetro con un manómetro de referencia, de clase superior, conectado a los patrones nacionales y montado en paralelo. En el control, se comparan los valores indicados por los dos aparatos para presiones crecientes y, después, para presiones decrecientes. Si hay alguna diferencia entre ambos, se efectúan las correcciones necesarias mediante un tornillo de regulación.

Todos los laboratorios y organismos autorizados deben estar equipados con un banco de calibración de este tipo. También los constructores de manómetros deben tener uno.»

6.8.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/21

DECISIÓN DEL CONSEJO

de 12 de julio de 2005

relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros

(2005/600/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 128, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

Visto el dictamen del Comité de empleo,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, uno de los objetivos de la Unión, entre otros, es promover el progreso económico y social y un alto nivel de empleo. El artículo 125 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que los Estados miembros y la Comunidad se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico.

(2)

En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa puso en marcha una estrategia destinada a lograr un crecimiento económico sostenible, aumentar la cantidad y la calidad del empleo y reforzar la cohesión social, en la que se fijaban objetivos a largo plazo en materia de empleo. Sin embargo, al cabo de cinco años, los objetivos de la estrategia distan de haberse alcanzado.

(3)

La presentación de un conjunto integrado de Directrices para el empleo y Directrices generales relativas a las políticas económicas contribuye a centrar la estrategia de Lisboa sobre el crecimiento y el empleo. La estrategia europea para el empleo desempeña el papel principal en la realización de los objetivos de la estrategia de Lisboa en materia de empleo. El refuerzo de la cohesión social es también un elemento clave del éxito de la estrategia de Lisboa. A la inversa, y según establece la Agenda Social, el éxito de la Estrategia Europea de Empleo contribuirá al logro de una mayor cohesión social.

(4)

De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de primavera de 22 y 23 de marzo de 2005, la Unión debe movilizar todos los recursos nacionales y comunitarios adecuados —incluida la política de cohesión— en las tres dimensiones, económica, social y medioambiental, de la estrategia de Lisboa para explotar mejor sus sinergias en un contexto general de desarrollo sostenible.

(5)

Los objetivos de pleno empleo, calidad y productividad del trabajo y cohesión social deben traducirse en prioridades claras: atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado laboral, aumentar la oferta de mano de obra y modernizar los sistemas de protección social; mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas, e incrementar la inversión en capital humano mejorando la educación y las cualificaciones.

(6)	Las Directrices para el empleo deben ser objeto de una revisión exhaustiva sólo cada tres años, debiendo limitarse estrictamente su actualización durante los años intermedios hasta 2008.

(7)	El Comité de empleo y el comité de protección social han formulado un dictamen conjunto sobre las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2005-2008).

(8)	La Recomendación del Consejo de 14 de octubre de 2004 sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros (3) sigue siendo válida como marco general de referencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Quedan adoptadas las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros tal como figuran en el anexo.

Artículo 2

Los Estados miembros tendrán en cuenta las Directrices a la hora de elaborar sus políticas de empleo, sobre las cuales informarán en los programas nacionales de reforma.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2005.

Por el Consejo

El Presidente

G. BROWN

(1) Dictamen emitido el 26 de mayo de 2005 (aún no publicado en el Diario Oficial).

(2) Dictamen emitido el 31 de mayo de 2005 (aún no publicado en el Diario Oficial).

(3) DO L 326 de 29.10.2004, p. 47.

ANEXO

DIRECTRICES PARA EL EMPLEO (2005-2008)

(Directrices integradas nos 17 a 24)

—	Directriz no 17: Aplicar políticas de empleo conducentes al pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad del trabajo y el fortalecimiento de la cohesión social y territorial.

—	Directriz no 18: Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida.

—	Directriz no 19: Asegurar unos mercados de trabajo inclusivos, aumentar el atractivo del trabajo y hacer que el trabajo sea remunerador para los solicitantes de empleo, entre ellos las personas desfavorecidas, y las personas inactivas.

—	Directriz no 20: Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo.

—	Directriz no 21: Promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo, prestando la debida atención al papel de los interlocutores sociales.

—	Directriz no 22: Asegurar que la evolución de los costes laborales y los mecanismos de fijación de salarios favorezcan el empleo.

—	Directriz no 23: Ampliar y mejorar la inversión en capital humano.

—	Directriz no 24: Adaptar los sistemas de educación y formación en respuesta a las nuevas exigencias en materia de competencias.

Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros

Los Estados miembros, en cooperación con los agentes sociales, llevarán a cabo sus políticas con objeto de aplicar los objetivos y prioridades de actuación que se especifican más abajo. Las políticas de los Estados miembros, que reflejarán la estrategia de Lisboa, favorecerán de modo equilibrado lo siguiente:

— El pleno empleo: para apoyar el crecimiento económico y reforzar la cohesión social, es vital lograr el pleno empleo y reducir el paro y la inactividad mediante el aumento de la oferta y la demanda de mano de obra.

— La mejora de la calidad y la productividad del trabajo: los esfuerzos por elevar las tasas de empleo exigen mejorar el atractivo de los empleos, la calidad del trabajo y el crecimiento de la productividad laboral, así como reducir el porcentaje de trabajadores pobres. Deben aprovecharse al máximo las sinergias entre la calidad del trabajo, la productividad y el empleo.

— El refuerzo de la cohesión social y territorial: es necesaria una labor decidida que fortalezca la inclusión social, impida la exclusión del mercado de trabajo y fomente la integración profesional de las personas desfavorecidas, sin descuidar la reducción de las disparidades regionales en materia de empleo, desempleo y productividad laboral, especialmente en las regiones atrasadas.

La igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación son esenciales para lograr avances. En toda actuación emprendida debería garantizarse la integración de las cuestiones de género y el fomento de la igualdad de sexos. Dentro del nuevo enfoque intergeneracional, debe prestarse atención particular a la situación de los jóvenes, aplicando el Pacto Europeo para la Juventud, y al fomento del acceso al empleo a lo largo de la vida laboral. Asimismo debe prestarse particular atención a la labor de reducir significativamente las diferencias en el grado de ocupación laboral entre las personas desfavorecidas, entre ellas las personas discapacitadas, y las demás personas, al igual que las que existen entre los nacionales de terceros países y los ciudadanos de la UE, de acuerdo con los objetivos nacionales.

Al tomar medidas, los Estados miembros deben garantizar la buena gobernanza de las políticas de empleo. Deben crear una amplia asociación en favor del cambio a la que se sumen las instancias parlamentarias y las partes interesadas, en particular a escala local y regional. Los interlocutores sociales europeos y nacionales deben desempeñar un papel relevante. En el presente anexo figuran, al final, una serie de objetivos y de referencias que han sido establecidos en el ámbito de la UE en el marco de la estrategia europea de empleo y en el contexto de las Directrices de 2003, y que deben seguir siendo observados con indicadores y marcadores. Asimismo se anima a los Estados miembros a definir sus propios compromisos y objetivos, para lo cual deben tener en cuenta lo anterior, así como las recomendaciones de 2004 aprobadas a escala de la UE.

La buena gobernanza exige también que los recursos administrativos y financieros se asignen de manera más eficaz. De acuerdo con la Comisión, los Estados miembros deben dirigir los recursos de los Fondos Estructurales, en particular del Fondo Social Europeo, a la aplicación de la estrategia europea para el empleo e informar de las medidas adoptadas. Se debe prestar especial atención al fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de los Estados miembros.

Directriz no 17: Aplicar políticas de empleo conducentes al pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad del trabajo y el fortalecimiento de la cohesión social y territorial.

Las políticas deben ayudar a la Unión Europea (UE) a lograr antes de 2010, en promedio, una tasa general de empleo del 70 %, una tasa de empleo femenino no inferior al 60 % y una tasa de empleo del 50 % para los trabajadores de más edad (55 a 64 años), así como a reducir el desempleo y la inactividad. Los Estados miembros deben estudiar la fijación de objetivos nacionales relativos a la tasa de empleo.

Al acometer estos objetivos, la actuación debe centrarse en las siguientes prioridades:

—	atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado de trabajo, incrementar la oferta de mano de obra y modernizar los sistemas de protección social,

—	mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas,

—	aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación y las cualificaciones.

1. ATRAER A MÁS PERSONAS PARA QUE SE INCORPOREN Y PERMANEZCAN EN EL MERCADO DE TRABAJO, INCREMENTAR LA OFERTA DE MANO DE OBRA Y MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Elevar los niveles de empleo constituye la manera más eficaz de generar crecimiento económico y promover economías que favorecen la inclusión social, garantizando al mismo tiempo que quienes no puedan trabajar cuenten con una red de seguridad. Fomentar el incremento de la oferta de mano de obra en todos los grupos, un nuevo enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida y la modernización de los sistemas de protección social para garantizar su adecuación, su viabilidad financiera y su capacidad de adaptación ante la evolución de las necesidades sociales es si cabe más necesario habida cuenta de las previsiones de disminución de la población en edad de trabajar. Se ha de prestar especial atención a abordar las diferencias que persisten entre hombres y mujeres en materia de empleo, así como a los reducidos índices de empleo de los jóvenes y los trabajadores de mayor edad en el marco del nuevo enfoque intergeneracional. Es también necesario tomar medidas para reducir el desempleo juvenil, que en promedio duplica la tasa general de paro. Se han de establecer las condiciones adecuadas para facilitar el avance profesional, ya se trate de un primer empleo, de una reincorporación al mercado de trabajo tras un período de interrupción o del deseo de prolongar la vida activa. La calidad de los puestos de trabajo —determinada, entre otros factores, por el salario y las prestaciones, las condiciones laborales, la seguridad del empleo, el acceso al aprendizaje permanente y las perspectivas de carrera— así como las medidas de apoyo e incentivo previstos en los sistemas de protección social constituyen aspectos esenciales.

Directriz no 18: Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida mediante:

—	la renovación de los esfuerzos dirigidos a crear vías hacia el empleo para los jóvenes y a reducir el paro juvenil, como demanda el pacto europeo para la juventud,

—	una actuación decidida para incrementar la participación femenina y reducir las diferencias existentes entre hombres y mujeres en materia de empleo, desempleo y remuneración,

—	una mejor conciliación de la vida familiar y profesional y la provisión de servicios accesibles y asequibles de asistencia infantil y cuidado de otras personas dependientes,

—	el apoyo al envejecimiento activo, por ejemplo mediante condiciones de trabajo adecuadas, la mejora del estado de salud (en el trabajo) y unas medidas apropiadas que incentiven el trabajo y disuadan de la jubilación anticipada,

—

la modernización de los sistemas de protección social, incluidas las pensiones y la asistencia sanitaria, de modo que se garantice su adecuación social, viabilidad financiera y capacidad de adaptación ante la evolución de las necesidades, con el fin de apoyar la participación en el empleo y mejorar la permanencia en el mismo y la prolongación de la vida activa.

Véase también la Directriz integrada no 2: «Salvaguardar la sostenibilidad económica y fiscal como base para el aumento del empleo».

Facilitar que los solicitantes de empleo accedan a un puesto de trabajo, prevenir el paro y garantizar que quienes pierden su empleo se mantienen estrechamente vinculados al mercado de trabajo y mejoran su empleabilidad son esenciales para aumentar la actividad y combatir la exclusión social. Ello exige eliminar los obstáculos que dificultan acceder al mercado de trabajo aportando ayudas que hagan eficaz la búsqueda de empleo, facilitando el acceso a la formación y a otras medidas activas del mercado de trabajo, velando por que trabajar resulte rentable y suprimiendo las trampas del desempleo, la pobreza y la inactividad. Conviene velar especialmente por promover la inserción profesional de las personas desfavorecidas, incluidos los trabajadores poco cualificados, en particular mediante el desarrollo de los servicios sociales y la economía social, así como el desarrollo de nuevas fuentes de empleo en respuesta a las necesidades colectivas. Es especialmente importante luchar contra la discriminación, favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad y propiciar la integración de los inmigrantes y las minorías.

Directriz no 19: Garantizar unos mercados de trabajo inclusivos, aumentar el atractivo del trabajo y hacer que el trabajo resulte remunerador para los solicitantes de empleo, entre ellos las personas desfavorecidas, y para las personas inactivas, mediante:

—

medidas activas y preventivas del mercado de trabajo, como la definición de las necesidades, la ayuda en la búsqueda de empleo, la orientación y formación en el marco de planes de acción personalizados, la prestación de los servicios sociales necesarios para favorecer la inserción de las personas más alejadas del mercado laboral y contribuir a la erradicación de la pobreza,

—

una revisión constante de los incentivos y medidas disuasorias derivados de los regímenes fiscales y de prestaciones, incluidas la gestión y la condicionalidad de éstas y la reducción significativa de los elevados tipos impositivos efectivos marginales, en particular para las personas de ingresos bajos, garantizando a la vez unos niveles adecuados de protección social,

—	desarrollo de nuevas fuentes de empleo en los servicios a los individuos y a las empresas, en particular en el ámbito local.

Con el fin de que un mayor número de personas pueda encontrar un empleo mejor es necesario también fortalecer las infraestructuras del mercado de trabajo a escala nacional y de la UE, en particular por medio de la red EURES, para prever mejor y corregir los posibles desajustes. A este respecto, la movilidad de los trabajadores en la UE es esencial y debe garantizarse plenamente dentro del contexto de los Tratados. Debe también tenerse muy presente, en los mercados laborales nacionales, la oferta adicional de mano de obra que resulta de la inmigración de ciudadanos de terceros países.

Directriz no 20: Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo mediante:

—	la modernización y el fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo, especialmente de los servicios de empleo, también con objeto de garantizar una mayor transparencia de las oportunidades de empleo y formación a escala nacional y europea,

—	la supresión de los obstáculos a la movilidad de los trabajadores en toda Europa dentro del marco de los Tratados,

—	una mejor previsión de las necesidades de cualificación, los déficit y los estrangulamientos del mercado de trabajo,

—	la gestión adecuada de la migración económica.

2. MEJORAR LA ADAPTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES Y LAS EMPRESAS

Europa debe mejorar su capacidad para prever, desencadenar y absorber los cambios económicos y sociales, lo que exige costes laborales favorables al empleo, métodos modernos de organización laboral y mercados de trabajo que funcionen correctamente, en donde el aumento de la flexibilidad se combine con la seguridad del empleo para satisfacer las necesidades de las empresas y los trabajadores. Ello debería contribuir también a impedir la segmentación de los mercados de trabajo y a reducir el trabajo no declarado.

En la economía actual, cada vez más globalizada y caracterizada por la apertura de los mercados y la incorporación constante de nuevas tecnologías, tanto las empresas como los trabajadores se enfrentan a la necesidad de adaptarse, que constituye a su vez una oportunidad. En general, este proceso de evolución estructural redunda en beneficio del crecimiento y el empleo, si bien suele ir acompañado de transformaciones que afectan a algunos trabajadores y empresas. Éstas deben ganar flexibilidad para afrontar los cambios bruscos que puede experimentar la demanda de sus bienes y servicios, adaptarse a las nuevas tecnologías y estar en condiciones de innovar constantemente para seguir siendo competitivas. También deben atender la creciente demanda de empleos de calidad, vinculada a las preferencias personales de los trabajadores y a los cambios que afectan a la familia, y deberán hacer frente al envejecimiento de la población activa y a la disminución del número de jóvenes trabajadores. En cuanto a los trabajadores, su itinerario profesional se hace cada vez más complejo, ya que las modalidades de trabajo se diversifican de manera creciente y son cada vez más irregulares, y deben asimismo completar un número creciente de transiciones a lo largo de su vida. Dada la rápida mutación de las economías y las consiguientes reestructuraciones, los trabajadores deben adaptarse tanto a nuevos métodos de trabajo, incluida una mejor utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como a la evolución de su categoría profesional, y han de estar dispuestos a formarse permanentemente. La movilidad geográfica resulta también necesaria para tener mayor acceso a las oportunidades de empleo, eventualmente a escala de toda la UE.

Directriz no 21: Promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo, prestando la debida atención al papel de los interlocutores sociales, mediante:

—	la adaptación de la legislación sobre empleo, revisando en su caso las diferentes modalidades contractuales y las disposiciones relativas al tiempo de trabajo,

—	medidas para hacer frente al problema del trabajo no declarado,

—	una mejor anticipación y gestión positiva de los cambios, incluidas las reestructuraciones económicas, en particular los cambios vinculados a la apertura de los mercados, con el fin de minimizar sus costes sociales y facilitar la adaptación,

—	el fomento y la difusión de métodos de organización del trabajo adaptables e innovadores, con el fin de mejorar la calidad y la productividad laboral, lo que incluye la salud y la seguridad,

—	la facilitación de las transiciones en materia de categoría profesional, incluidas la formación, la actividad profesional autónoma, la creación de empresas y la movilidad geográfica.

Véase también la Directriz integrada no 5: «Promover una mayor coherencia entre las políticas macroeconómica, estructural y de empleo».

Con objeto de maximizar la creación de empleo, mantener la competitividad y contribuir al sistema económico general, la evolución global de los salarios debe estar en consonancia con el crecimiento de la productividad a lo largo del ciclo económico y reflejar la situación del mercado de trabajo. También podría resultar necesario disminuir los costes laborales no salariales y revisar de nuevo la cuña fiscal con el fin de estimular la creación de empleo, en particular de puestos de trabajo de baja remuneración.

Directriz no 22: Asegurar una evolución de los costes laborales y establecer mecanismos de fijación de salarios que favorezcan el empleo:

—

alentando a los interlocutores sociales, en los ámbitos de su competencia, a establecer un marco adecuado para la negociación salarial que tome en consideración los desafíos de la productividad y el mercado de trabajo en todos los niveles pertinentes y evite las disparidades de remuneración entre hombres y mujeres,

—	revisando la incidencia sobre el empleo de los costes laborales no salariales y, en su caso, ajustar su estructura y nivel, en particular con objeto de reducir la presión fiscal sobre los trabajadores con salarios reducidos.

Véase también la Directriz integrada no 4: «Garantizar una evolución de los salarios que contribuya a la estabilidad macroeconómica y el crecimiento».

3. AUMENTAR LA INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y LAS CUALIFICACIONES

Europa necesita invertir más en capital humano. Demasiadas personas no llegan a acceder al mercado laboral o a permanecer en él debido a la falta de cualificaciones o a la inadecuación de éstas. Para ampliar el acceso al empleo a todas las edades, elevar los niveles de productividad y la calidad del empleo, la UE debe invertir más y con mayor eficacia en capital humano y educación permanente, en beneficio de los individuos, las empresas, la economía y la sociedad.

Las economías basadas en el conocimiento y los servicios requieren cualificaciones diferentes que las industrias tradicionales, cualificaciones que a su vez exigen una actualización constante ante los cambios tecnológicos y la innovación. Los trabajadores que desean conservar su empleo y progresar profesionalmente deben adquirir nuevos conocimientos y reciclarse periódicamente. La productividad de las empresas depende de la constitución y el mantenimiento de una plantilla capaz de adaptarse al cambio. Los gobiernos deben velar por que los niveles de instrucción aumenten y los jóvenes adquieran las competencias básicas necesarias, de acuerdo con el Pacto Europeo para la Juventud. Todas las partes interesadas deben movilizarse para desarrollar y favorecer una verdadera cultura de aprendizaje permanente desde la infancia. Es importante, si se quiere lograr un aumento sustancial de las inversiones públicas y privadas destinadas a los recursos humanos per cápita y garantizar la calidad y eficacia de estas inversiones, compartir de manera equitativa y transparente los costes y las responsabilidades entre todos los actores. Los Estados miembros deben aprovechar mejor las posibilidades que ofrecen los Fondos Estructurales y el Banco Europeo de Inversiones para invertir en educación y formación. Con el fin de alcanzar estos objetivos, los Estados miembros se comprometen a establecer estrategias generales de educación permanente de aquí a 2006 y a aplicar el programa de trabajo «Educación y formación 2010».

Directriz no 23: Ampliar y mejorar la inversión en capital humano mediante:

—	acciones de educación y formación inclusivas que faciliten de manera significativa el acceso a la formación profesional inicial, a la enseñanza secundaria y a la enseñanza superior, incluso al aprendizaje profesional y a la formación en el espíritu empresarial,

—	reducción significativa del número de alumnos que abandonan la escuela prematuramente,

—

estrategias eficaces de aprendizaje permanente accesibles a todos en las escuelas, empresas, autoridades públicas y hogares conforme a los acuerdos europeos, incluidos incentivos adecuados y mecanismos de reparto de costes, con vistas a mejorar la participación en la formación continua y en el lugar de trabajo a lo largo de toda la vida, especialmente para los trabajadores poco cualificados y de mayor edad.

Véase también la Directriz integrada no 7: «Aumentar y mejorar la investigación en I+D, en particular por parte de las empresas privadas».

No basta con fijar objetivos ambiciosos y aumentar el nivel de inversión de todos los actores. Para que la oferta se adecue en la práctica a la demanda, los sistemas de educación permanente deben ser asequibles, accesibles y capaces de adaptarse a la evolución de las necesidades. La adaptación y el refuerzo de la capacidad de los sistemas de educación y formación son necesarios para mejorar su adecuación al mercado laboral, su capacidad de respuesta a las necesidades de la economía y de la sociedad basadas en el conocimiento y su eficacia. Las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden utilizarse para mejorar el acceso a la educación y adaptarlo mejor a las necesidades de empresarios y trabajadores. Se requiere también una mayor movilidad, tanto con fines profesionales como educativos, para ampliar el acceso a las oportunidades de empleo en toda la UE. Deben suprimirse los obstáculos que siguen lastrando la movilidad en el mercado de trabajo europeo, en particular los vinculados al reconocimiento y la transparencia de las cualificaciones y las competencias. Será importante utilizar los instrumentos y referencias europeos acordados para apoyar las reformas de los sistemas nacionales de educación y formación, como establece el programa de trabajo «Educación y formación 2010».

Directriz no 24: Adaptar los sistemas de educación y formación en respuesta a las nuevas exigencias en materia de competencias:

—	aumentando y garantizando el atractivo, la apertura y el nivel de calidad de los sistemas de educación y formación, ampliando la oferta de oportunidades de educación y formación y garantizando vías de aprendizaje flexibles que permitan la movilidad de los estudiantes y personas en formación,

—	facilitando y diversificando el acceso para todos a la educación y formación y al conocimiento mediante la organización del tiempo de trabajo, los servicios de apoyo a la familia, la orientación profesional y, en caso necesario, nuevas formas de reparto de los costes,

—	respondiendo a las nuevas necesidades profesionales, las competencias clave y las necesidades futuras en materia de cualificaciones mediante una mejor definición y una mayor transparencia de las cualificaciones, su reconocimiento efectivo y la convalidación de la educación no formal e informal.

Objetivos y puntos de referencia establecidos en el marco de la Estrategia Europea de Empleo

En 2003 se acordaron los siguientes objetivos y puntos de referencia en el contexto de la estrategia europea de empleo:

—

que se ofrezca a cada desempleado una nueva oportunidad antes de que alcance seis meses de paro en el caso de los jóvenes, y 12 meses en el caso de los adultos, en forma de formación, reconversión, experiencia profesional, empleo o cualquier otra medida destinada a favorecer la inserción profesional, combinada en su caso con una ayuda permanente para la búsqueda de empleo,

—	de aquí a 2010, el 25 % de los desempleados de larga duración participe en una medida activa, ya sea de formación, reconversión, prácticas u otra medida que favorezca la inserción profesional, con el objetivo de alcanzar la media de los tres Estados miembros más avanzados,

—	que todas las vacantes de empleo divulgadas a través de los servicios de empleo de los Estados miembros deberán poder ser consultadas por las personas que buscan un empleo en toda la UE,

—	un aumento de cinco años en la edad media efectiva de salida del mercado laboral en la UE de aquí a 2010 (con respecto a los 59,9 años en 2001),

—	que se alcance de aquí a 2010, en lo que concierne al cuidado de niños, una cobertura del 90 % como mínimo de los niños de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria y del 33 % como mínimo de los niños menores de 3 años y,

—	una tasa media de abandono escolar prematuro en la UE que no supere el 10 %,

—	que al menos un 85 % de jóvenes de 22 años haya cursado la educación secundaria superior completa para 2010,

—	que para 2010 el nivel medio de participación en la formación continua en la UE sea por lo menos del 12,5 % de la población laboral adulta (grupo de edad entre 25-64 años).

6.8.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/28

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 12 de julio de 2005

relativa a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y la Comunidad (2005-2008)

(2005/601/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 99, apartado 2,

Vista la recomendación de la Comisión,

Visto el debate celebrado por el Consejo Europeo los días 16 y 17 de junio de 2005,

Considerando que el Parlamento Europeo ha adoptado una Resolución sobre la recomendación de la Comisión,

RECOMIENDA:

INTRODUCCIÓN

El Consejo Europeo de marzo de 2005 dio un nuevo impulso a la Estrategia de Lisboa centrándola en el crecimiento y el empleo en Europa (1). Con esta decisión, los Jefes de Estado y de Gobierno transmitieron un mensaje claro sobre las prioridades de la Unión para los próximos años. Europa debe centrar sus políticas aún más en el crecimiento y el empleo a fin de alcanzar los objetivos de Lisboa, en un contexto sólido de políticas macroeconómicas y en un marco orientado a la cohesión social y a la sostenibilidad medioambiental, pilares vitales de la Estrategia de Lisboa.

Se ha de prestar especial atención a la realización del programa de Lisboa. Para alcanzar estos objetivos la Unión debe recurrir más a todos los medios nacionales y comunitarios a fin de explotar mejor las sinergias entre ellos. Además, la participación de las partes interesadas puede contribuir a concienciar de la necesidad de políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad y de reformas estructurales, y también a mejorar la calidad de su realización e incrementar el grado de asunción de la Estrategia de Lisboa como algo propio.

Para ello, las presentes orientaciones generales para las políticas económicas (OGPE) reflejan el nuevo inicio de la Estrategia de Lisboa y se concentran en la contribución de las políticas económicas al aumento del crecimiento y del empleo. En la sección A se trata de la contribución que las políticas macroeconómicas pueden aportar al respecto. La sección B se centra en las medidas y las políticas que deberían aplicar los Estados miembros a fin de potenciar el conocimiento y la innovación con vistas al crecimiento y a hacer de Europa un lugar más atractivo para invertir y trabajar. Siguiendo las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas (22 y 23 de marzo de 2005), como instrumento general para la coordinación de las políticas económicas, las OGPE deberían seguir abarcando toda la gama de políticas macroeconómicas y microeconómicas, al igual que la política de empleo, en la medida en que ésta interactúa con aquéllas; las OGPE garantizarán la coherencia económica general entre los tres vectores de la estrategia. Seguirán aplicándose los acuerdos multilaterales de seguimiento vigentes para las OGPE.

Las presentes orientaciones son aplicables a todos los Estados miembros y a la Comunidad. Deberían fomentar la coherencia de las medidas de reforma contenidas en los programas de reforma nacionales establecidos por los Estados miembros y se verán complementadas por el Programa Comunitario de Lisboa 2005-2008 que abarcará todas las acciones que se hayan de emprender a nivel comunitario en interés del crecimiento y del empleo. La puesta en práctica de todos los aspectos pertinentes de las presentes orientaciones debería tener en cuenta la integración de los objetivos de la igualdad de los sexos en todas las actuaciones.

ESTADO DE LA ECONOMÍA DE LA UE

La actividad económica de la UE, que había tomado impulso desde mediados de 2003, se frenó durante el segundo semestre de 2004 por culpa de factores externos, como precios del petróleo elevados y fluctuantes, la ralentización de la expansión comercial mundial y la apreciación del euro. En parte, la escasa capacidad de recuperación de algunas economías europeas puede también derivar de debilidades estructurales persistentes. Se espera que el crecimiento del PIB real siga a un ritmo moderado en 2005, si bien una transferencia del año anterior inferior a lo previsto afectará inevitablemente a la media anual global. La contribución de la demanda interna a la recuperación ha sido hasta el momento desigual entre los Estados miembros, aunque se prevé un refuerzo gradual a lo largo del año, apoyado por condiciones financieras favorables (incluidos unos tipos de interés reales reducidos) y unas presiones inflacionistas contenidas.

La recuperación económica ha dependido en gran medida de la reactivación del crecimiento mundial y del rápido aumento del comercio internacional. A medida que el ciclo del crecimiento mundial alcance su madurez y absorba el efecto amortiguador de la subida de los precios mundiales del petróleo se hará cada vez mas hincapié en la demanda interna de la UE como factor impulsor de la recuperación. Las políticas estructurales y macroeconómicas han de concebirse teniendo en cuenta el contexto de un aumento de precios de las materias primas, en particular el petróleo, y de una presión a la baja para los precios industriales. Por consiguiente, el retorno a tasas de crecimiento potenciales en la UE depende en gran medida del aumento de la confianza de empresas y consumidores, así como de una evolución económica mundial favorable, incluidos los precios del petróleo y los tipos de cambio. En estas circunstancias, es importante que las políticas económicas inspiren confianza y, por consiguiente, contribuyan a crear las condiciones para la intensificación de la demanda interior y de la creación de empleo a corto plazo, y que las reformas estructurales contribuyan a un aumento del potencial de crecimiento a medio plazo.

Se prevé que los índices de desempleo disminuyan, aunque lentamente, hasta el 8,7 % en 2006. La tasa de empleo general estimada es del 63 % para la UE-25 en 2003, lo cual está significativamente por debajo del objetivo acordado del 70 %. El avance hacia el objetivo del índice de empleo femenino del 60 % ha sido lento, y dicho índice se sitúa actualmente en el 55,1 % para la UE-25, aunque se espera un nuevo repunte. La tasa de empleo de los trabajadores de más edad, que siguió subiendo hasta poco más de 40,2 %, es la más alejada del objetivo del 50 % fijado para 2010. Al mismo tiempo, la mejora de la calidad del trabajo ha progresado de manera irregular y la recesión económica ha puesto de relieve los problemas de inclusión social. Tras varios años de disminución, el desempleo de larga duración volvió a aumentar y parece improbable que se reduzca en el futuro próximo.

La lentitud de la recuperación económica de la UE sigue siendo inquietante. La economía de la UE se encuentra, en diversos aspectos, más lejos que en marzo de 2000 de su objetivo de convertirse en la economía más competitiva del mundo. En estas circunstancias, la distancia entre el potencial de crecimiento de Europa y el de sus socios económicos no se ha reducido significativamente.

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La primera explicación de la persistencia de estos resultados insatisfactorios de la economía de la Unión es que su insumo de mano de obra sigue siendo comparativamente bajo. Gracias a los esfuerzos realizados por los Estados miembros, la tasa de empleo aumentó del 61,9 % en 1999 al 63 % en 2003. Sin embargo, sigue habiendo un considerable margen de mejora, especialmente entre los trabajadores más jóvenes y los de más edad, si se han de cumplir los objetivos de Lisboa.

—	La segunda explicación clave de los malos resultados de la UE está vinculada al bajo nivel de crecimiento de su productividad, que ha seguido una tendencia descendente durante varias décadas.

SECCIÓN A

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO (2)

A.1 Políticas macroeconómicas que posibiliten un mayor crecimiento y creación de empleo

Garantizar la estabilidad económica y aumentar el potencial de empleo y crecimiento

Unas políticas macroeconómicas sólidas son fundamentales para apoyar una expansión económica equilibrada y la realización plena del actual potencial de crecimiento. Son así mismo imprescindibles para establecer las condiciones marco que promuevan unos niveles adecuados de ahorro e inversión, y una más firme orientación de éstos hacia el conocimiento y la innovación, a fin de situar la economía en una senda de aumento sostenido y no inflacionista del crecimiento y del empleo. Esto debería permitir mantener tipos de interés a largo plazo favorables y contribuir a una evolución razonable de los tipos de cambio. Al planificar su futuro, las empresas y los particulares deben tener confianza en que se mantendrá la estabilidad de los precios.

Las políticas monetarias pueden contribuir a ello promoviendo la estabilidad de los precios y, sin perjuicio de este objetivo, apoyando otras políticas económicas generales respecto del crecimiento y del empleo. Para los nuevos Estados miembros, será importante que las políticas monetarias contribuyan a la consecución de una convergencia real — y nominal — sostenibles. Los regímenes de tipo de cambio constituyen una parte importante del marco de políticas económicas y monetarias y deberían orientarse al objetivo de lograr una convergencia real y nominal sostenible. La participación en el mecanismo de cambio europeo (MCE II), en una fase adecuada ulterior a la adhesión, debería suponer una ayuda para estos esfuerzos. Otra tarea de política macroeconómica que alguno de estos Estados miembros tiene por delante es la de mantener su déficit por cuenta corriente dentro de unos límites en los que pueda garantizarse una financiación externa saneada. En este aspecto, la austeridad fiscal será fundamental para reducir los déficit por cuenta corriente.

Garantizar una posición presupuestaria saneada permitirá la actuación plena y simétrica de los estabilizadores automáticos presupuestarios a lo largo del ciclo para estabilizar la producción en torno a una tendencia de crecimiento mayor y sostenible. En el caso de los Estados miembros que han logrado ya una posición presupuestaria saneada, el desafío consiste en mantenerla. Para los demás es crucial tomar todas las medidas correctivas necesarias para lograr sus objetivos presupuestarios a medio plazo, en particular si las condiciones económicas mejoran, evitando así las políticas procíclicas para situarse, en cambio, en una posición en la que se disponga de margen suficiente para la actuación plena de los estabilizadores automáticos a lo largo del ciclo antes de la siguiente recesión económica. En línea con el informe del Ecofin «Mejorar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» suscrito por el Consejo Europeo (22 y 23 de marzo de 2005), para los distintos Estados miembros el objetivo presupuestario a medio plazo debería diferenciarse en función de las diversas posiciones y evoluciones económicas y presupuestarias, así como del riesgo fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas, también frente a la perspectiva de cambios demográficos. Los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aplicables a los Estados miembros de la zona euro también son aplicables a los Estados miembros del MCE II.

Directriz n.o 1. A fin de garantizar la estabilidad económica para el crecimiento sostenible: 1. En sintonía con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Estados miembros deberían respetar sus objetivos presupuestarios a medio plazo. En la medida en que ese objetivo aún no se haya alcanzado, deberían adoptar todas las medidas correctoras necesarias para conseguirlo. Los Estados miembros deben evitar las políticas fiscales procíclicas. Además, es necesario que los Estados miembros con déficit excesivo tomen medidas efectivas para garantizar la pronta corrección de los déficit excesivos. 2. Los Estados miembros cuyo déficit por cuenta corriente pueda llegar a ser insostenible deben corregirlo mediante reformas estructurales, fomentando la competitividad exterior y, en su caso, contribuyendo a su corrección mediante políticas fiscales. Véase también la directriz integrada «Para contribuir al dinamismo y buen funcionamiento de la UEM» (no 6).

Salvaguardar la sostenibilidad económica a largo plazo teniendo en cuenta el envejecimiento de la población europea

El envejecimiento de la población de Europa plantea riesgos graves para la sostenibilidad a largo plazo de la economía de la Unión Europea. Según las previsiones más recientes, en 2050 la población de la UE en edad de trabajar (15-64) será un 18 % menor que en 2000, y el número de personas mayores de 65 años habrá aumentado en un 60 %. Esto no sólo implica índices más elevados de dependencia, sino también que, a menos que se tomen ya medidas para salvaguardar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, podría haber un aumento de la carga de endeudamiento debido al aumento del gasto público derivado del envejecimiento, y una disminución del potencial de producción per cápita, debido a la reducción de la población en edad de trabajar, y dificultades futuras a la hora de financiar los sistemas de pensiones, seguridad social y asistencia sanitaria.

Los Estados miembros, como parte de la bien establecida estrategia tripartita para atajar las implicaciones presupuestarias del envejecimiento, deberían abordar dichas implicaciones intentando alcanzar un ritmo satisfactorio de reducción de la deuda, creando incentivos para aumentar las tasas de empleo e incrementando la mano de obra para compensar el impacto de la futura reducción de la población en edad de trabajar. A pesar del reciente aumento, hasta alcanzar el 63 % en 2003, la tasa de empleo relativamente reducida indica que Europa posee una reserva de mano de obra no utilizada. De esta forma, el margen para ulteriores mejoras es considerable, en particular en lo que respecta a las mujeres, los jóvenes y trabajadores de más edad. En coherencia con esta estrategia, resulta también esencial modernizar los sistemas de protección social y garantizar así su viabilidad financiera, estableciendo incentivos para que la población en edad laboral participe de forma activa en el mercado del trabajo, garantizando al mismo tiempo que cumplen sus objetivos en términos de acceso y adecuación. En particular, la mejora de la interacción entre los sistemas de protección social y los mercados laborales puede eliminar las distorsiones y fomentar la ampliación de la vida laboral en un contexto de mayor esperanza de vida.

Directriz n.o 2. Para salvaguardar la sostenibilidad económica y fiscal como base para el aumento del empleo los Estados miembros deberían, ante los costes previstos del envejecimiento demográfico: 1. Adoptar un ritmo satisfactorio de reducción de la deuda pública a fin de fortalecer las finanzas públicas. 2. Reformar y reforzar los sistemas de pensiones, seguridad social y asistencia sanitaria garantizando que sean financieramente viables, socialmente adecuados y accesibles. 3. Tomar medidas para aumentar la participación en el mercado laboral y la oferta de mano de obra en particular entre las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de más edad y promover un enfoque de ciclo vital del trabajo a fin de aumentar las horas trabajadas en la economía. Véase también la directriz integrada «Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida» (no 18 y 4, 19 y 21).

Promover una asignación eficiente de los recursos, orientada al crecimiento y al empleo

Es preciso contar con unos regímenes impositivos y de gasto bien concebidos que promuevan una asignación eficiente de los recursos para que el sector público contribuya plenamente al crecimiento y el empleo sin comprometer los objetivos de estabilidad y sostenibilidad económicas. Esto puede lograrse reorientando el gasto hacia categorías que potencian el crecimiento, como la investigación y el desarrollo (I+D), las infraestructuras físicas, las tecnologías respetuosas del medio ambiente, el capital humano y el conocimiento. Además, los Estados miembros pueden controlar otras categorías de gasto mediante el uso de normas de gasto, la elaboración de presupuestos basados en resultados y mecanismos de evaluación que garanticen la correcta elaboración de las diferentes medidas de reforma y de los conjuntos de medidas. Una prioridad clave para la economía de la UE es que las estructuras tributarias y su interacción con los sistemas asistenciales promuevan un mayor potencial de crecimiento merced a un aumento del empleo y de la inversión.

Directriz n.o 3. Para promover una asignación de los recursos eficiente, orientada al crecimiento y al empleo los Estados miembros deben, sin perjuicio de las directrices de estabilidad y sostenibilidad económicas, reorientar la composición del gasto público hacia categorías que fomentan el crecimiento en sintonía con la Estrategia de Lisboa, adaptar las estructuras tributarias para fortalecer el potencial de crecimiento, velar por que existan mecanismos para evaluar la relación entre el gasto público y la realización de los objetivos políticos y garantizar la coherencia global de los programas de reforma. Véase también la directriz integrada «Para fomentar la utilización sostenible de los recursos y potenciar las sinergias entre la protección del medio ambiente y el crecimiento» (no 11).

Garantizar una evolución de los salarios que contribuya al crecimiento y a la estabilidad y complemente las reformas estructurales

La evolución de los salarios puede contribuir a la estabilidad de las condiciones macroeconómicas y formar parte de un conjunto de políticas favorables al empleo, a condición de que las subidas de los salarios reales sean acordes con la tasa subyacente de crecimiento de la productividad a medio plazo y coherentes con un índice de rentabilidad que propicie la inversión en productividad, capacidad y creación de empleo. Para ello es preciso que los factores temporales como la variación de la productividad debida a factores cíclicos o subidas excepcionales de la tasa global de inflación no causen una tendencia insostenible de crecimiento salarial y que la evolución de los salarios responda a las condiciones del mercado de trabajo local.

Teniendo en cuenta la continua presión al alza de los precios del petróleo y las materias primas, es necesario vigilar la repercusión de los acuerdos salariales y del aumento de los costes laborales en la estabilidad y la competitividad de los precios. El hecho de que este efecto secundario no se haya observado hasta el momento se acoge con satisfacción. Estas cuestiones han de tenerse en cuenta en el diálogo y el intercambio de información constantes entre las autoridades monetarias y fiscales y los interlocutores sociales en el marco del diálogo macroeconómico.

Directriz n.o 4. Para garantizar que la evolución salarial contribuya a la estabilidad macroeconómico y al crecimiento y para incrementar la adaptabilidad, los Estados miembros deben fomentar unas condiciones que supongan un marco adecuado para los sistemas de negociación salarial, respetando plenamente al mismo tiempo el papel de los interlocutores sociales, con vistas a la promoción de una evolución de los salarios nominales y de los costes laborales compatible con la estabilidad de los precios y con la tendencia de la productividad a medio plazo, teniendo en cuenta las diferencias entre cualificaciones y condiciones de los mercados de trabajo locales. Véase también la directriz integrada «Velar por que la evolución de los costes laborales y los mecanismos de fijación de salarios favorezcan el empleo» (no 22).

Promover políticas macroeconómicas, estructurales y de empleo coherentes

La función de unas políticas macroeconómicas sólidas es proporcionar condiciones favorables para la creación de empleo y el crecimiento. Las reformas estructurales, coherentes con posiciones fiscales sólidas a corto y medio plazo, resultan esenciales para aumentar la productividad y el empleo a medio plazo conduciendo así a la plena realización y refuerzo del potencial de crecimiento. También contribuyen a la sostenibilidad fiscal, a la estabilidad macroeconómica y a la capacidad de recuperación de las crisis. Al mismo tiempo, unas políticas macroeconómicas adecuadas resultan fundamentales para recoger plenamente los beneficios de las reformas estructurales en términos de crecimiento y de empleo. Una característica decisiva de la estrategia económica general de los Estados miembros es que garanticen que éstos tengan un conjunto coherente de políticas estructurales que apoye el marco macroeconómico y viceversa. En concreto, las reformas del mercado deben mejorar la adaptabilidad y la capacidad de ajuste generales de las economías en respuesta a los cambios cíclicos de las condiciones económicas, así como a tendencias a más largo plazo, como la globalización y la evolución tecnológica. En este sentido, debe llevarse a cabo un esfuerzo con el fin de reformar los sistemas tributarios y asistenciales para que sea rentable trabajar y se evite toda posible desincentivación a incorporarse al mercado de trabajo.

Directriz n.o 5. Para promover una mayor coherencia entre las políticas macroeconómicas, estructurales y de empleo, los Estados miembros deben continuar las reformas de los mercados del trabajo y de productos que al mismo tiempo aumentan el potencial de crecimiento y apoyan al marco macroeconómico al incrementar la flexibilidad, la movilidad de los factores y la capacidad de ajuste de los mercados del trabajo y de los productos en repuesta a la globalización, los avances tecnológicos, los cambios de la demanda y las variaciones cíclicas. En particular, los Estados miembros deben renovar el impulso de las reformas de los sistemas tributarios y asistenciales a fin de mejorar los incentivos y lograr que trabajar sea rentable; aumentar la adaptabilidad de los mercados de trabajo combinando la flexibilidad y seguridad del empleo; y mejorar la empleabilidad invirtiendo en capital humano. Véase también la directriz integrada «Promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo, prestando la debida atención a la función de los interlocutores sociales» (no 29 y no 18).

A.2 Garantizar el dinamismo y el buen funcionamiento de la zona del euro

La necesidad de incrementar el crecimiento y el empleo es especialmente acuciante en la zona del euro, debido a su débil rendimiento económico reciente y a su reducido potencial de crecimiento, de alrededor del 2 % (según cálculos de la Comisión). En su última previsión de primavera, la Comisión revisó a la baja su previsión para 2005, estimando un crecimiento del 1,6 % en la zona del euro. Pueden aumentar las divergencias económicas en la zona del euro en términos de crecimiento, demanda interior y presiones inflacionistas. La deceleración del crecimiento económico en la zona del euro durante el segundo semestre del año pasado puede atribuirse tanto a factores externos —precios elevados y fluctuantes del petróleo, ralentización del crecimiento comercial mundial y apreciación del euro— como a la rigidez interna. En lo que a los factores exteriores se refiere, la adversa evolución de los precios del petróleo y los persistentes desequilibrios mundiales siguen representando un riesgo de caída nada despreciable.

La demanda interna ha sido especialmente débil en la zona del euro, donde tanto el consumo privado como la inversión estuvieron significativamente por debajo de los niveles de la UE-25 en su conjunto en 2004. La debilidad del consumo privado parece tener su origen en la persistente inquietud ante, en particular, las perspectivas de empleo (el desempleo se sigue manteniendo en torno al 9 %) y también en las perspectivas de ingresos a medio plazo. El nivel de confianza y la falta de una mejora sostenida del consumo han seguido pesando en la inversión.

El desafío para la zona del euro consiste en realizar su potencial de crecimiento actual y, más aún, en incrementarlo con el tiempo. Unas políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad y unas reformas estructurales de gran alcance constituyen el mejor medio para lograrlo. Ambas son además especialmente importantes para los Estados miembros de la zona del euro y del MCEII porque tienen una repercusión importante en su capacidad para ajustarse a los impactos de efecto asimétrico y, por lo tanto, en la resistencia económica de toda la zona del euro. Además, los resultados económicos de los distintos Estados miembros de la zona del euro y las políticas que practican afectan a los bienes comunes, como el tipo de cambio del euro, los tipos de interés, la estabilidad de los precios y la cohesión de la zona del euro. Todo ello implica la necesidad de una coordinación efectiva de las políticas, tanto en la UE como en la zona del euro, a fin de aumentar el potencial de crecimiento y el rendimiento.

La ausencia de políticas nacionales de tipos de interés y de cambio implica también una mayor necesidad de lograr y mantener posiciones presupuestarias a lo largo del ciclo que proporcionen el margen presupuestario suficiente para absorber el golpe de fluctuaciones cíclicas o impactos económicos de efecto asimétrico. Son fundamentales unas políticas estructurales que faciliten el ajuste fluido de los precios y de los salarios para que los Estados miembros de la zona del euro tengan la capacidad de adaptarse con rapidez a los impactos (como el actual de los precios del petróleo) y para evitar evoluciones inflacionistas injustificadas. En este contexto, son especialmente importantes políticas que incrementen la capacidad de reacción del mercado de trabajo, mediante la participación generalizada de los trabajadores, la movilidad profesional y geográfica y la fijación de salarios, junto con las reformas adecuadas del mercado de los productos.

A corto plazo, la combinación de políticas de la zona del euro ha de apoyar la recuperación económica al mismo tiempo que salvaguarda la sostenibilidad y la estabilidad a largo plazo. En la coyuntura actual es importante que la combinación de políticas sostenga la confianza entre consumidores e inversores, lo que implica también seguir comprometido con la estabilidad a medio plazo. La política presupuestaria ha de garantizar una posición fiscal coherente con la necesidad de prepararse para las repercusiones del envejecimiento de las poblaciones, por una parte, y, por otra, de conseguir una composición de gasto público y de ingresos que fomente el crecimiento económico.

Para que la zona del euro contribuya a la estabilidad económica internacional y represente mejor sus intereses económicos, es crucial que desempeñe plenamente su papel en la cooperación internacional en materia de política monetaria y de política económica. Una Presidencia estable del Eurogrupo ayudará a coordinar las posiciones de los miembros de la zona del euro, pero también ha de mejorarse la representación exterior de la zona del euro, sobre la base del Acuerdo de Viena de 11 y 12 de diciembre de 1998, de forma que la zona del euro pueda desempeñar un papel estratégico rector en el desarrollo del sistema económico mundial.

Directriz n.o 6. Para contribuir al dinamismo y el buen funcionamiento de la UEM, los Estados miembros de la zona del euro han de garantizar una mejor coordinación de sus políticas económicas y presupuestarias, y en particular: 1. Prestar atención especial a la sostenibilidad fiscal de sus finanzas públicas en el pleno cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 2. Contribuir a una combinación de políticas que sostenga la recuperación económica y sea compatible con la estabilidad de los precios, fomentando así la confianza en empresas y consumidores a corto plazo, sin dejar de ser al mismo tiempo compatible con el crecimiento sostenible a largo plazo; 3. Seguir adelante con las reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial a largo plazo de la zona del euro y mejoren su productividad, competitividad y capacidad de ajuste económico a los impactos asimétricos, prestando atención especial a las políticas de empleo; y 4. Asegurarse de que la influencia de la zona del euro en el sistema económico mundial está a la altura de su peso económico.

SECCIÓN B

REFORMAS MICROECONÓMICAS PARA INCREMENTAR EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE EUROPA

Las reformas estructurales son esenciales para incrementar el potencial de crecimiento de la UE y sostener la estabilidad macroeconómica, porque incrementan la eficiencia y la adaptabilidad de su economía. El aumento de productividad se alimenta de competencia, inversión e innovación. Aumentar el potencial de crecimiento de Europa exige progresar en la creación de empleo y en el incremento de la productividad. Desde mediados de los años 90 el crecimiento de la productividad en la UE se ha ralentizado de modo notable. Parte de esta ralentización se deriva del aumento del empleo de trabajadores de baja cualificación. No obstante, invertir esta tendencia de la productividad constituye uno de los grandes desafíos a que se enfrenta la Unión, en especial teniendo en cuenta el envejecimiento de su población. Se calcula que el envejecimiento de la población por sí sólo reduce casi a la mitad la tasa actual de crecimiento potencial. Por lo tanto, acelerar el crecimiento de la productividad y aumentar las horas trabajadas resulta indispensable para mantener e incrementar los niveles de vida futuros y garantizar un nivel elevado de protección social.

B.1 Conocimiento e innovación — Motores del crecimiento sostenible

El conocimiento acumulado mediante la inversión en I+D, innovación y educación es un factor fundamental para impulsar el crecimiento a largo plazo. Las políticas de aumento de la inversión en conocimiento y refuerzo de la capacidad de innovación de la economía de la UE ocupan un lugar central en la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Por eso, de conformidad con los objetivos de Lisboa, los programas nacionales y regionales se centrarán cada vez más en inversiones en estos ámbitos.

Incrementar y mejorar la inversión en I+D con vistas a la creación del Área Europea de Conocimiento

La investigación y el desarrollo afectan al crecimiento económico de varias formas: en primer lugar, pueden contribuir a la creación de nuevos mercados o procesos de producción; en segundo lugar, pueden llevar a una mejora cada vez mayor de productos y procesos de producción ya existentes; y, en tercer lugar, incrementan la capacidad de un país para absorber nuevas tecnologías.

La UE gasta actualmente alrededor del 2 % de su PIB en I+D (aunque esta media abarca desde menos del 0,5 % hasta más del 4 % del PIB según los Estados miembros), apenas por encima del nivel registrado cuando se puso en marcha la estrategia de Lisboa. Por otra parte, sólo un 55 % aproximadamente del gasto en investigación de la UE está financiado por el sector empresarial. Los reducidos niveles de las inversiones privadas en I+D se consideran una de las explicaciones principales del desfase en innovación existente entre la UE y los EEUU. Es preciso avanzar de forma más rápida hacia el cumplimiento del objetivo colectivo de la UE de elevar la inversión en investigación al 3 % del PIB. Se pide a los Estados miembros que informen, en sus programas nacionales de Lisboa, sobre sus objetivos de gasto en I+D para 2008 y 2010 y las medidas previstas para lograrlos. La principal tarea es implantar las condiciones marco, los instrumentos y los incentivos para que las empresas inviertan en investigación.

El gasto público en investigación debe ser más eficaz y deben mejorar las relaciones entre la investigación pública y el sector privado. Deben fortalecerse los polos y las redes de excelencia, ha de hacerse un mejor uso general de los mecanismos de ayuda pública para fomentar la innovación en el sector privado y debe garantizarse un mejor efecto de incentivación de las inversiones públicas así como una gestión modernizada de las instituciones de investigación y las universidades. También es esencial garantizar que las compañías funcionan en un entorno competitivo, ya que la competencia es un importante acicate para el gasto privado en innovación. Además hay que actuar con determinación para incrementar el número y la calidad de los investigadores activos en Europa, en particular atrayendo más estudiantes hacia las disciplinas científicas, técnicas y de ingeniería, y mejorar el desarrollo profesional y la movilidad transnacional e intersectorial de los investigadores, así como reducir los obstáculos a la movilidad de investigadores y estudiantes.

La dimensión internacional de la investigación y el desarrollo deben reforzarse en términos de financiación conjunta, obtención de una masa crítica mayor a nivel de la UE en ámbitos vitales que requieren gran financiación y mediante la reducción de obstáculos a la movilidad de investigadores y estudiantes.

Directriz n.o 7. Para aumentar y mejorar la inversión en I+D, en particular por parte de las empresas privadas, el objetivo general para 2010 del 3 % del PIB se confirma con una división adecuada entre inversión privada y pública, y los Estados miembros definirán niveles intermedios específicos. Los Estados miembros deben seguir desarrollando una combinación de medidas adecuada para fomentar la I+D, en particular la I+D empresarial, mediante: 1. La mejora de las condiciones marco y la garantía de que las compañías funcionan en un entorno suficientemente competitivo y atractivo; 2. Un gasto público en I+D más eficiente y eficaz y el desarrollo de los convenios de colaboración entre el sector público y el privado; 3. El desarrollo y refuerzo de los centros de excelencia de instituciones educativas y de investigación de los Estados miembros, así como la creación de nuevos centros donde proceda, y la mejora de la cooperación y la transferencia de tecnología entre los institutos de investigación públicos y las empresas del sector privado; 4. El desarrollo y uso idóneo de incentivos para fomentar la I+D privada; 5. La modernización de la gestión de las instituciones de investigación y las universidades; 6. La garantía de disponibilidad suficiente de investigadores cualificados, atrayendo más estudiantes a las disciplinas científicas, técnicas y de ingeniería y fomentando el desarrollo de las carreras así como la movilidad de los investigadores y el personal de desarrollo a nivel europeo, internacional e intersectorial.

Facilitar la innovación

El dinamismo de la economía europea depende de manera crucial de su capacidad de innovación. Deben existir las condiciones económicas marco necesarias para la innovación. Esto implica unos mercados financieros y de productos que funcionen bien y unos derechos de propiedad intelectual eficaces y asequibles. Con frecuencia son las nuevas empresas, que a veces encuentran especiales dificultades para obtener financiación, las que introducen las innovaciones en el mercado. Por lo tanto, para potenciar la actividad innovadora han de adoptarse medidas, en especial de mejora del acceso a la financiación, que fomenten la creación y el crecimiento de empresas innovadoras. El desarrollo de polos y redes de innovación y la prestación de servicios de apoyo a la innovación dirigidos específicamente a las PYME pueden contribuir a la difusión de las tecnologías y a las políticas para integrar mejor los sistemas de innovación y de educación nacionales. La transferencia de conocimientos a través de la movilidad de los investigadores, la inversión extranjera directa o la importación de tecnologías es especialmente beneficiosa para los países y regiones más rezagados.

Directriz n.o 8. Para facilitar todas las formas de innovación, los Estados miembros deben centrarse en: 1. Mejorar los servicios de apoyo a la innovación, en particular para la difusión y la transferencia de tecnología; 2. La creación y desarrollo de polos, redes e incubadoras de innovación que acerquen entre sí las universidades, las instituciones de investigación y las empresas, también a nivel regional y local, contribuyendo así a superar el desfase tecnológico entre regiones; 3. El fomento de la transferencia de conocimiento transfronteriza, incluyendo la aportación de la inversión extranjera directa; 4. Fomentar la contratación pública de productos y servicios innovadores; 5. Un mejor acceso a la financiación nacional e internacional, y 6. Medios eficientes y asequibles para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual.

La difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en línea con los objetivos y acciones de la próxima iniciativa i2010, también constituye una forma importante de mejorar la productividad y, por consiguiente, el crecimiento económico. La UE no ha sido capaz de aprovechar todas las ventajas del aumento de la producción y de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto se debe a que la inversión en estas tecnologías sigue siendo insuficiente, así como a las restricciones institucionales y los problemas organizativos que aún dificultan su adopción. La innovación tecnológica depende en última instancia de que exista un contexto económico propicio al crecimiento. En este contexto, la utilización de la logística inteligente es un medio eficaz de garantizar que los costes de producción en los centros europeos sigan siendo competitivos. También es importante en este sentido un mercado de la comunicación electrónica abierto y competitivo.

Directriz n.o 9. Para facilitar la difusión y uso efectivo de las TIC y construir una sociedad de la información plenamente integradora, los Estados miembros deben: 1. Fomentar el uso generalizado de las TIC en los servicios públicos, las PYME y los hogares; 2. Establecer el marco necesario para los cambios correspondientes en la organización de trabajo en la economía; 3. Favorecer una fuerte presencia industrial europea en los segmentos clave de las TIC; 4. Fomentar el desarrollo de sólidas industrias de las TIC y de contenidos, así como mercados que funcionen correctamente; 5. Garantizar la seguridad de las redes y de la información, al igual que la convergencia y la interoperabilidad, a fin de establecer un área de información sin fronteras; 6. Fomentar el despliegue de redes de banda ancha, también para las regiones con peor servicio, a fin de desarrollar la economía del conocimiento. Véase también la directriz integrada «Promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo, prestando la debida atención a la función de los interlocutores sociales» (no 21).

Reforzar las ventajas competitivas de la base industrial Europea

La reciente ralentización del crecimiento de la productividad de la UE está en parte relacionada con la dificultad para reorientar su economía hacia los sectores con mayor crecimiento de la productividad.

Para mejorar y mantener su liderazgo económico y tecnológico, Europa debe incrementar su capacidad de desarrollar y comercializar nuevas tecnologías, incluidas las TIC. Deben analizarse y explotarse las sinergias derivadas de tratar conjuntamente los problemas de investigación, regulación y financiación a escala europea, en los casos en que, por razones de escala o de alcance, los Estados miembros por separado no pueden resolver aisladamente fallos del mercado. La UE no ha logrado aún realizar plenamente su potencial tecnológico. La puesta en común de la excelencia europea, el desarrollo de asociaciones entre los sectores público y privado y la cooperación entre los Estados miembros, cuyos beneficios para la sociedad superan a los que reporta al sector privado, ayudarán a aprovechar este potencial.

Directriz n.o 10. Para reforzar las ventajas competitivas de su base industrial, Europa necesita de un tejido industrial sólido en todo su territorio. La necesaria consecución de una política industrial moderna y activa supone potenciar las ventajas competitivas de la base industrial, trabajando también para crear unas condiciones marco atractivas tanto para las manufacturas como para los servicios, al tiempo que se garantiza la complementariedad de la acción nacional, transnacional y europea. Los Estados miembros deben: 1. Empezar por identificar los factores de valor añadido y de competitividad en sectores industriales clave y hacer frente a los desafíos de la globalización. 2. Centrarse también en el desarrollo de nuevas tecnologías y mercados. a) ello implica en particular comprometerse a promover nuevas iniciativas tecnológicas basadas en las asociaciones entre el sector público y el privado, y la cooperación entre Estados miembros, que contribuyan a corregir auténticos fallos de mercado. b) ello implica también la creación y desarrollo de redes de agrupaciones regionales o locales en toda la UE con una mayor participación de las PYME. Véase también la directriz integrada «Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo» (no 20).

Fomentar la utilización sostenible de los recursos

La durabilidad del éxito de la Unión dependerá también de que se aborden una serie de problemas medioambientales y de recursos que, si se pasan por alto, frenarán el futuro crecimiento. En este contexto, la evolución y las perspectivas recientes de los precios del petróleo han puesto de relieve la urgencia de tratar la eficiencia energética. Es importante una política en materia de eficiencia energética a fin de reducir la vulnerabilidad de la economía europea frente a las variaciones de los precios del petróleo. Cuanto más se retrase el tratamiento de estos problemas, mayor será el coste económico de la actuación que se emprenda. Ésta deberá incluir, entre otras, medidas para racionalizar el uso de los recursos. También serán importantes medidas en este ámbito para abordar el problema del cambio climático. En este contexto, los Estados miembros han de renovar los esfuerzos para cumplir las obligaciones del Protocolo de Kioto. Los Estados miembros deben en particular continuar la lucha contra el cambio climático a fin de conseguir que el aumento de la temperatura del planeta no supere los 2 °C por encima de los niveles preindustriales, al tiempo que se realizan los objetivos de Kioto de forma rentable. Los Estados miembros deben mantener el compromiso de detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2010, en particular incorporando este requisito a otras políticas, dada la importancia de la biodiversidad para determinados sectores económicos. La utilización de instrumentos de mercado, con precios que reflejen mejor el daño ambiental y los costes sociales, desempeña un papel clave en este contexto. Fomentando el desarrollo y utilización de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, potenciando la dimensión ecológica de la contratación pública, prestando especial atención a las PYME, y eliminando las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, junto con otros instrumentos políticos, se puede mejorar el carácter innovador y contribuir al desarrollo sostenible de los sectores afectados. Por ejemplo, las empresas de la UE figuran entre las líderes mundiales del desarrollo de nuevas tecnologías de energías renovables. En un contexto de subida constante de los precios de la energía y de acumulación de las amenazas para el clima, es importante impulsar mejoras de la eficiencia energética como contribución al crecimiento y al desarrollo sostenible.

Directriz n.o 11. Para fomentar la utilización sostenible de los recursos y potenciar las sinergias entre la protección del medio ambiente y el crecimiento, los Estados miembros deben: 1. conceder prioridad a la eficiencia energética y a la cogeneración, al desarrollo de energías sostenibles, incluidas las renovables, y a la rápida generalización de tecnologías respetuosas para el medio ambiente y eficientes desde el punto de vista ecológico a) dentro del mercado interior, por un lado, en particular en los ámbitos de los transportes y de la energía, a fin de, entre otras cosas, reducir la vulnerabilidad de la economía europea frente a las variaciones de los precios del petróleo, b) respecto del resto del mundo, por otra parte, dado que se trata de un sector con un considerable potencial de exportación; 2. Fomentar el desarrollo de medios de internalización de los costes medioambientales externos y desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. La puesta en práctica de estas prioridades deberá atender a la legislación comunitaria vigente así como a las acciones e instrumentos propuestos en el Plan de Acción sobre Tecnologías Medioambientales (ETAP), por ejemplo mediante a) el uso de instrumentos basados en el mercado, b) fondos de riesgo y financiación de la I+D, c) el fomento de pautas de producción y consumo sostenibles, incluida la dimensión ecológica de la contratación pública, d) especial atención a las PYME y e) la reforma de las subvenciones que pueden tener consecuencias perjudiciales considerables para el medio ambiente y son incompatibles con el desarrollo sostenible, con miras a eliminarlas gradualmente. 3. Perseguir el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2010, en especial incorporando este requisito a otras políticas, dada la importancia de la biodiversidad para determinados sectores económicos. 4. Continuar la lucha contra el cambio climático, cumpliendo los objetivos de Kioto de forma eficiente en relación con los costes, con particular atención a las PYME. Véase también la directriz integrada «Para promover una asignación eficiente de los recursos orientada al crecimiento y al empleo» (no 3).

B.2 Hacer de Europa un lugar más atractivo para invertir y trabajar

El atractivo de la Unión Europea como lugar en el que invertir depende, entre otras cosas, del tamaño y de la apertura de sus mercados, de su entorno regulador, de la calidad de su mano de obra y de sus infraestructuras.

Ampliar y profundizar el mercado interior

Si bien el mercado interior de las mercancías está relativamente bien integrado, los mercados de servicios siguen estando, jurídicamente o de facto, bastante fragmentados y la movilidad de la mano de obra sigue siendo reducida en Europa. Para promover el crecimiento y el empleo y fortalecer la competitividad, el mercado interior de los servicios tiene que ser plenamente operativo, al mismo tiempo que se ha de preservar el modelo social europeo. El Consejo Europeo ha solicitado que se haga todo lo posible dentro del proceso legislativo para garantizar un amplio consenso a fin de progresar hacia un mercado único de los servicios. La eliminación de obstáculos a las actividades transfronterizas aportaría también importantes aumentos de la eficiencia. Por último, la plena integración de los mercados financieros incrementaría la producción y el empleo, al propiciar una distribución más eficiente del capital y mejorar las condiciones para la financiación empresarial.

A pesar del reconocimiento general de las ventajas potenciales de un Mercado Único Europeo, la tasa de transposición de las Directivas sobre el mercado interior sigue siendo decepcionantemente baja. Además, con frecuencia las Directivas no se aplican o se aplican incorrectamente, como pone de manifiesto el elevado número de procedimientos de infracción iniciados por la Comisión. Es preciso que los Estados miembros cooperen más activamente entre sí y con la Comisión para proporcionar a sus ciudadanos y a las empresas todos los beneficios de la legislación sobre el Mercado Interior. Por ejemplo, queda aún un margen considerable para la mejora de las prácticas de contratación pública. Un reflejo de esta mejora sería el incremento del número de procedimientos de contratación pública que se anuncian públicamente. Por otra parte, una mayor apertura de la contratación reportaría ahorros presupuestarios significativos a los Estados miembros.

Directriz no 12. Para ampliar y profundizar el mercado interior, los Estados miembros deben: 1. Agilizar la transposición de las Directivas del mercado interior; 2. Dar prioridad a una aplicación mejor y más estricta de la legislación sobre el mercado interior; 3. Eliminar los obstáculos que quedan a las actividades transfronterizas; 4. Aplicar de forma efectiva las normas de la UE en materia de contratación pública; 5. Promover un mercado interior de servicios plenamente operativo, protegiendo al mismo tiempo el modelo social europeo; 6. Acelerar la integración del mercado financiero mediante una aplicación y cumplimiento coherentes del Plan de Acción de Servicios Financieros. Véase también la directriz integrada «Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo» (no 20).

Garantizar la apertura y la competitividad de los mercados dentro y fuera de Europa

La economía mundial abierta ofrece nuevas oportunidades para estimular el empleo y la competitividad de la economía europea. La política de competencia ha desempeñado un papel fundamental al nivelar las condiciones en que operan las empresas de la UE, y puede ayudar también a revisar el marco normativo general en que operan los mercados, para promover las condiciones que permitan a las empresas competir realmente. La apertura de los mercados europeos a la competencia puede ampliarse también reduciendo el nivel general de las ayudas estatales restantes. Esta actuación debe acompañarse de una reorientación de las ayudas estatales que aún quedan a favor de objetivos horizontales concretos. La revisión de la normativa sobre ayudas estatales debería producir un nuevo impulso en esta dirección.

Las reformas estructurales que facilitan la entrada en los mercados son un instrumento especialmente eficaz para potenciar la competencia. Serán especialmente importantes en los mercados que antes estaban resguardados de la competencia por comportamientos anticompetitivos, la existencia de monopolios, la regulación excesiva (por ejemplo los permisos, licencias, requisitos de capital mínimo, barreras jurídicas, horarios de apertura comercial, etc. pueden dificultar el desarrollo de un medio realmente competitivo) o medidas de proteccionismo comercial.

Además, la aplicación de medidas ya acordadas para abrir las empresas de red a la competencia (en los ámbitos de la electricidad y el gas, los transportes, las telecomunicaciones y los servicios postales) debería contribuir a una rebaja general de los precios y a una diversificación de las opciones, sin dejar de garantizar la prestación de servicios de interés económico general para todos los ciudadanos. Las autoridades normativas y de la competencia deben velar por la competencia en los mercados liberalizados. Al mismo tiempo debe también garantizarse una prestación satisfactoria de servicios de interés económico general con un nivel elevado de calidad a un precio asequible.

La apertura exterior al comercio y la inversión, también en un contexto multilateral, mediante el aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones, es un incentivo importante para el crecimiento y el empleo y puede así potenciar la realización de la reforma estructural. La conclusión de un ambicioso y equilibrado acuerdo en el marco de la Ronda de Doha, así como el desarrollo de acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales, deberían abrir más los mercados al comercio y la inversión, lo cual contribuiría a incrementar el crecimiento potencial.

Directriz n.o 13. Para garantizar la apertura y la competitividad de los mercados dentro y fuera de Europa y recoger los beneficios de la globalización, los Estados miembros deben dar prioridad a: 1. La eliminación de las barreras normativas, comerciales y de otros tipos que obstaculizan indebidamente la competencia; 2. Una aplicación más efectiva de las políticas de competencia; 3. Un análisis selectivo de los mercados y de las normas por las autoridades reguladoras y de la competencia a fin de localizar y eliminar los obstáculos a la competencia y a la entrada en los mercados; 4. La reducción de las ayudas estatales que distorsionan la competencia; 5. En línea con el próximo marco comunitario, la reorientación de las ayudas estatales en favor de objetivos horizontales concretos, como la investigación, la innovación y la optimización del capital humano, y de fallos del mercado bien identificados; 6. La promoción de la apertura externa, también en un contexto multilateral; 7. La plena aplicación de las medidas acordadas para abrir las industrias de red a la competencia a fin de garantizar una competencia real en unos mercados europeos amplios e integrados. Al mismo tiempo, la prestación, a precios asequibles, de servicios de interés económico general eficaces tiene un papel importante que desempeñar dentro de una economía competitiva y dinámica.

Mejorar la regulación europea y nacional

La regulación de los mercados es fundamental para crear un entorno de trabajo en el que puedan tener lugar las transacciones comerciales a precios competitivos. Sirve también para corregir fallos del mercado y para proteger a los que participan en él. Ahora bien, el efecto acumulativo de las normas puede imponer costes económicos sustanciales. Por lo tanto, es de máxima importancia que la normativa esté bien elaborada y sea proporcionada. La calidad de los entornos normativos europeo y nacional es una cuestión de compromiso común y responsabilidad compartida tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros.

Al elaborar o revisar legislación, los Estados miembros deben evaluar sistemáticamente los costes y los beneficios de sus iniciativas legislativas. Deben mejorar la calidad de sus normas, manteniendo al mismo tiempo sus objetivos. Esto implica consultar a las partes interesadas. De acuerdo con el método de la Comisión para mejorar la normativa, las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de la reglamentación nueva o revisada se evalúan minuciosamente con el fin de encontrar las posibles compensaciones y sinergias entre diferentes objetivos políticos. Además, se analiza la normativa vigente para simplificarla en lo posible y se pondera su repercusión en la competitividad. Por último, se está desarrollando un enfoque común para medir los costes administrativos de la nueva legislación y de la vigente. Los Estados miembros deben establecer sistemas para la simplificación de la normativa vigente. Deben consultar a nivel general sobre los costes y los beneficios de sus iniciativas reguladoras o de su no actuación, en particular cuando hay en juego compensaciones entre diferentes objetivos políticos. Los Estados miembros deben también velar por que se tengan debidamente en cuenta las alternativas adecuadas a la reglamentación.

De esta forma, pueden conseguirse mejoras significativas del marco normativo teniendo en cuenta consideraciones de rentabilidad en relación con la reglamentación, incluidos los costes administrativos. Esto es especialmente importante para las PYME, cuyos recursos para gestionar la administración que impone la legislación comunitaria y nacional suelen ser limitados.

Directriz n.o 14. Para crear un entorno empresarial más competitivo y fomentar la iniciativa privada por medio de una mejor regulación, los Estados miembros deben: 1. Reducir la carga administrativa para las empresas, en particular las PYME y las empresas de nueva creación; 2. Mejorar la calidad de la regulación vigente y de la nueva, manteniendo al mismo tiempo sus objetivos, por medio de un análisis sistemático y riguroso de su impacto económico, social (salud incluida) y medioambiental, al tiempo que se tiene en cuenta y se progresa en la medición de la carga administrativa asociada a la regulación, así como su repercusión para la competitividad, también en relación con la aplicación; 3. Alentar a las empresas a que desarrollen su responsabilidad social corporativa.

Europa tiene que promover su espíritu de iniciativa empresarial con más eficacia y necesita más empresas nuevas dispuestas a embarcarse en proyectos creativos o innovadores. Se ha de apoyar el aprendizaje del espíritu de empresa en todas las formas de educación y de formación y se han de proporcionar las cualificaciones pertinentes. Habrá de integrarse la dimensión empresarial en la formación permanente desde la escuela. Para ello, deben fomentarse las asociaciones con empresas. La creación de empresas y su crecimiento pueden fomentarse también mejorando el acceso a la financiación y potenciando los incentivos económicos, también mediante la adopción de regímenes tributarios que recompensen el éxito, la reducción de los costes no salariales de la mano de obra y la reducción de la carga administrativa para el inicio de las empresas, en particular mediante la prestación de los correspondientes servicios de asistencia a las empresas, sobre todo para los jóvenes empresarios, como la creación de ventanillas únicas y el fomento de redes de apoyo nacional para las empresas. Se ha de hacer hincapié especialmente en facilitar la transmisión de propiedad y mejorar los procedimientos de rescate y reestructuración, en particular mediante una legislación sobre la quiebra más eficaz.

Directriz n.o 15. Para promover la cultura empresarial y crear un entorno favorable para las PYME, los Estados miembros deben: 1. Mejorar el acceso a la financiación, a fin de favorecer su creación y crecimiento, en particular los microcréditos y otras formas de capital de riesgo; 2. Potenciar los incentivos económicos, incluida la simplificación de los sistemas tributarios y la reducción de los costes laborales no salariales; 3. Reforzar el potencial innovador de las PYME y 4. Suministrar los servicios de apoyo pertinentes, como la creación de ventanillas únicas y la promoción de redes nacionales de asistencia a las empresas, a fin de propiciar su creación y crecimiento, en línea con la Carta de la pequeña empresa. Además, los Estados miembros deben reforzar la educación y la formación empresariales dirigidas a las PYME. También deben facilitar la transmisión de propiedad, modernizar cuando sea necesario su legislación en materia de quiebra y mejorar sus procedimientos de rescate y reestructuración. Véanse también las directrices integradas «Para promover una asignación de los recursos eficiente, orientada al crecimiento y al empleo» (no 3) y «Para facilitar todas las formas de innovación» (no 8) y no 23 y no 24.

Ampliar y mejorar las infraestructuras europeas

Unas infraestructuras modernas son un factor importante que influye en el poder de atracción de un lugar. Facilitan la movilidad de las personas, las mercancías y los servicios en toda la Unión. Unas infraestructuras modernas de transporte, energía y comunicación electrónica constituyen un importante factor para la reactivación de la Estrategia de Lisboa. La reducción de los costes de transporte y la ampliación de los mercados, la interconexión y la interoperabilidad de las redes transeuropeas fomentan el comercio internacional y estimulan la dinámica del mercado interior. Además, la liberalización en curso de las empresas de red europeas fomenta la competencia e impulsa mejoras de eficiencia en estos sectores.

Por lo que respecta a la futura inversión en infraestructuras europeas, deben considerarse prioritarias la realización de los 30 proyectos de transporte prioritarios señalados por el Parlamento y el Consejo en las orientaciones sobre las redes transeuropeas, así como la ejecución de los proyectos «Quick-start» transfronterizos de transporte, energía renovable, comunicaciones de banda ancha e investigación indicados en la Iniciativa Europea de Crecimiento y la ejecución de los proyectos de transporte asistidos por el Fondo de Cohesión. Deben tratarse también los problemas que obstruyen las infraestructuras en el interior de cada país. El establecimiento de sistemas apropiados para la fijación de los precios de las infraestructuras puede contribuir a su utilización eficiente y al desarrollo de un equilibrio sostenible entre los modos de transporte.

Directriz n.o 16. Para ampliar, mejorar e interconectar las infraestructuras europeas y ejecutar los proyectos transfronterizos prioritarios con el objetivo particular de incrementar la integración de los mercados nacionales en la UE ampliada, los Estados miembros deben: 1. Desarrollar condiciones adecuadas para un transporte eficiente en términos de recursos, energía e infraestructuras de TIC —con carácter prioritario, los que figuran en las redes transeuropeas— complementando los mecanismos comunitarios, sobre todo teniendo en cuenta las secciones transfronterizas y las regiones periféricas, como condición indispensable para el éxito de la apertura de las empresas de red a la competencia; 2. Considerar el desarrollo de las asociaciones entre el sector público y el privado; 3. Considerar la viabilidad de la introducción de sistemas apropiados de fijación de los precios de las infraestructuras y el desarrollo de un equilibrio sostenible entre modos de transporte, insistiendo en la variación de tecnología y en la innovación y teniendo debidamente en cuenta los costes medioambientales y las repercusiones en el crecimiento. Véase también la directriz integrada «Para facilitar la generalización y uso efectivo de las TIC y construir una sociedad de la información plenamente integradora» (no 9).

Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 2005.

Por el Consejo

El Presidente

G. BROWN

(1) Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2005, (http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=432&mode=g&name).

(2) Al poner en práctica las directrices políticas enunciadas, los Estados miembros deberán observar que siguen siendo válidas, como referencia general, las recomendaciones específicas para cada país formuladas en la Recomendación del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre las orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad (período 2003-2005) completada y actualizada en la Recomendación del Consejo de 5 de julio de 2004 sobre la actualización de 2004 de estas orientaciones.

		ISSN 1725-2512
Diario Oficial de la Unión Europea		L 205

Edición en lengua española	Legislación	48o año 6 de agosto de 2005

Sumario		I Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad	Página
		Reglamento (CE) no 1291/2005 de la Comisión, de 5 de agosto de 2005, por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas	1
	*	Reglamento (CE) no 1292/2005 de la Comisión, de 5 de agosto de 2005, por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la alimentación animal ( 1 )	3
	*	Reglamento (CE) no 1293/2005 de la Comisión, de 5 de agosto de 2005, que modifica el Reglamento (CEE) no 2676/90 por el que se determinan los métodos de análisis comunitarios aplicables en el sector del vino	12
	*	Reglamento (CE) no 1294/2005 de la Comisión, de 5 de agosto de 2005, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios	16
	*	Reglamento (CE) no 1295/2005 de la Comisión, de 5 de agosto de 2005, por el que se fija, para la campaña de comercialización 2004/05, la reducción de la ayuda para los forrajes deshidratados	18
	*	Reglamento (CE) no 1296/2005 de la Comisión, de 5 de agosto de 2005, por el que se revisa, para la campaña de comercialización 2005/06, el importe máximo de la cotización B en el sector del azúcar y se modifica el precio mínimo de la remolacha B	20

	Corrección de errores
*	Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1279/2005 de la Comisión, de 2 de agosto de 2005, por el que se modifican los derechos de importación en el sector de los cereales, aplicables a partir del 3 de agosto de 2005 (DO L 202 de 3.8.2005)	38
	Corrección de errores al Reglamento (CE) no 1270/2005 de la Comisión, de 1 de agosto de 2005, que determina en qué medida podrá darse curso a las solicitudes de certificados de importación presentadas en el mes de julio de 2005 para los bovinos machos jóvenes destinados al engorde, dentro de un contingente arancelario establecido en el Reglamento (CE) no 992/2005 (DO L 201 de 2.8.2005)	38

(EUR/100 kg)
Código NC	Código país tercero (1)	Valor global de importación
0702 00 00	052	44,5
	096	41,1
	999	42,8
0707 00 05	052	75,8
	096	39,7
	999	57,8
0709 90 70	052	77,2
0709 90 70	999	77,2
0805 50 10	382	67,4
	388	69,4
	524	60,9
	528	62,0
	999	64,9
0806 10 10	052	103,9
	204	57,3
	220	128,8
	624	155,1
	999	111,3
0808 10 80	388	79,5
	400	66,7
	508	68,0
	512	64,7
	528	77,2
	720	67,2
	804	72,4
	999	70,8
0808 20 50	052	110,0
	388	56,9
	512	18,8
	528	53,2
	800	50,6
	999	57,9
0809 20 95	052	303,5
	400	327,9
	404	318,7
	999	316,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	113,1
0809 30 10, 0809 30 90	999	113,1
0809 40 05	094	49,8
	624	63,6
	999	56,7

	II Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad
	Consejo
*	Decisión del Consejo, de 12 de julio de 2005, relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros	21
*	Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2005, relativa a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y la Comunidad (2005-2008)	28