(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

(1)

El artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1622/2000 de la Comisión (2), prevé el abandono a partir del 1 de agosto de 2005 de una serie de métodos de análisis usuales descritos en el Reglamento (CEE) no 2676/90 de la Comisión, de 17 de septiembre de 1990, por el que se determinan los métodos de análisis comunitarios aplicables en el sector del vino (3).

(2)

A raíz de la validación, según criterios internacionalmente reconocidos, de algunos de estos métodos, éstos ahora se reconocen como métodos de referencia y se describen como tales en el Reglamento (CEE) no 2676/90.

(3)

Además, algunos métodos simplificados descritos en el Reglamento (CEE) no 2676/90 permiten una determinación rápida y suficientemente segura de los elementos más significativos para el control de los vinos, en particular para el dióxido de azufre, los azúcares y otros elementos presentes en el vino. Para garantizar la uniformidad de los procedimientos de análisis en la Comunidad, la descripción de estos métodos debe mantenerse en el Reglamento (CEE) no 2676/90.

(4)

Resulta necesario modificar el Reglamento (CE) no 1622/2000 en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino.

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión, de 28 de julio de 1993, por el que se establecen los procedimientos y condiciones de la puesta en venta de cereales en poder de los organismos de intervención (2), dispone, en particular, que la puesta en venta de cereales en poder de un organismo de intervención se efectúe mediante licitación y sobre la base de condiciones de precio que permitan evitar perturbaciones del mercado.

(2)

Como consecuencia de las difíciles condiciones climáticas sufridas en la Península Ibérica, los precios del maíz en el mercado comunitario son relativamente elevados y originan, a los ganaderos y a la industria de piensos, dificultades de suministro a precios competitivos.

(3)

Polonia dispone de existencias de intervención de maíz, con las cuales es conveniente acabar.

(4)

Por lo tanto, conviene poner a disposición del mercado interior de cereales las existencias de maíz que obran en poder del organismo de intervención polaco.

(5)

Atendiendo a la situación del mercado comunitario, es oportuno que la Comisión se encargue de gestionar la licitación. Además, debe preverse un coeficiente de asignación para las ofertas situadas al nivel del precio de venta mínimo.

(6)

Es importante, por otra parte, que en la comunicación del organismo de intervención polaco a la Comisión se preserve el anonimato de los licitadores.

(7)

Con vistas a la modernización de la gestión, es necesario que la transmisión de la información exigida por la Comisión se realice mediante correo electrónico.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

a)

las ofertas se establecerán con referencia a la calidad real del lote objeto de la oferta;

b)

el precio de venta mínimo se fijará en un nivel que no perturbe los mercados de los cereales; no podrá ser inferior en ningún caso al precio de intervención en vigor el mes de que se trate, incluidos los incrementos mensuales.

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión, de 28 de julio de 1993, por el que se establecen los procedimientos y condiciones de la puesta en venta de cereales en poder de los organismos de intervención (2), dispone, en particular, que la puesta en venta de cereales en poder de un organismo de intervención se efectúe mediante licitación y sobre la base de condiciones de precio que permitan evitar perturbaciones del mercado.

(2)

Como consecuencia de las difíciles condiciones climáticas sufridas en la Península Ibérica, los precios del maíz en el mercado comunitario son relativamente elevados y originan, a los ganaderos y a la industria de piensos, dificultades de suministro a precios competitivos.

(3)

Hungría dispone de existencias de intervención de maíz, con las cuales es conveniente acabar.

(4)

Por lo tanto, conviene poner a disposición del mercado interior de cereales las existencias de maíz que obran en poder del organismo de intervención húngaro.

(5)

Atendiendo a la situación del mercado comunitario, es oportuno que la Comisión se encargue de gestionar la licitación. Además, debe preverse un coeficiente de asignación para las ofertas situadas al nivel del precio de venta mínimo.

(6)

Es importante, por otra parte, que en la comunicación del organismo de intervención húngaro a la Comisión se preserve el anonimato de los licitadores.

(7)

Con vistas a la modernización de la gestión, es necesario que la transmisión de la información exigida por la Comisión se realice mediante correo electrónico.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

a)

las ofertas se establecerán con referencia a la calidad real del lote objeto de la oferta;

b)

el precio de venta mínimo se fijará en un nivel que no perturbe los mercados de los cereales; no podrá ser inferior en ningún caso al precio de intervención en vigor el mes de que se trate, incluidos los incrementos mensuales.

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión, de 28 de julio de 1993, por el que se establecen los procedimientos y condiciones de la puesta en venta de cereales en poder de los organismos de intervención (2), dispone, en particular, que la puesta en venta de cereales en poder de un organismo de intervención se efectúe mediante licitación y sobre la base de condiciones de precio que permitan evitar perturbaciones del mercado.

(2)

Como consecuencia de las difíciles condiciones climáticas sufridas en la Península Ibérica, los precios del maíz en el mercado comunitario son relativamente elevados y originan, a los ganaderos y a la industria de piensos, dificultades de suministro a precios competitivos.

(3)

Francia dispone de existencias de intervención de maíz, con las cuales es conveniente acabar.

(4)

Por lo tanto, conviene poner a disposición del mercado interior de cereales las existencias de maíz que obran en poder del organismo de intervención francés.

(5)

Atendiendo a la situación del mercado comunitario, es oportuno que la Comisión se encargue de gestionar la licitación. Además, debe preverse un coeficiente de asignación para las ofertas situadas al nivel del precio de venta mínimo.

(6)

Es importante, por otra parte, que en la comunicación del organismo de intervención francés a la Comisión se preserve el anonimato de los licitadores.

(7)

Con vistas a la modernización de la gestión, es necesario que la transmisión de la información exigida por la Comisión se realice mediante correo electrónico.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

a)

las ofertas se establecerán con referencia a la calidad real del lote objeto de la oferta;

b)

el precio de venta mínimo se fijará en un nivel que no perturbe los mercados de los cereales; no podrá ser inferior en ningún caso al precio de intervención en vigor el mes de que se trate, incluidos los incrementos mensuales.

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión, de 28 de julio de 1993, por el que se establecen los procedimientos y condiciones de la puesta en venta de cereales en poder de los organismos de intervención (2), dispone, en particular, que la puesta en venta de cereales en poder de un organismo de intervención se efectúe mediante licitación y sobre la base de condiciones de precio que permitan evitar perturbaciones del mercado.

(2)

Como consecuencia de las difíciles condiciones climáticas sufridas en la Península Ibérica, los precios del maíz en el mercado comunitario son relativamente elevados y originan, a los ganaderos y a la industria de piensos, dificultades de suministro a precios competitivos.

(3)

Alemania dispone de existencias de intervención de maíz, con las cuales es conveniente acabar.

(4)

Por lo tanto, conviene poner a disposición del mercado interior de cereales las existencias de maíz que obran en poder del organismo de intervención alemán.

(5)

Atendiendo a la situación del mercado comunitario, es oportuno que la Comisión se encargue de gestionar la licitación. Además, debe preverse un coeficiente de asignación para las ofertas situadas al nivel del precio de venta mínimo.

(6)

Es importante, por otra parte, que en la comunicación del organismo de intervención alemán a la Comisión se preserve el anonimato de los licitadores.

(7)

Con vistas a la modernización de la gestión, es necesario que la transmisión de la información exigida por la Comisión se realice mediante correo electrónico.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

a)

las ofertas se establecerán con referencia a la calidad real del lote objeto de la oferta;

b)

el precio de venta mínimo se fijará en un nivel que no perturbe los mercados de los cereales; no podrá ser inferior en ningún caso al precio de intervención en vigor el mes de que se trate, incluidos los incrementos mensuales.

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión, de 28 de julio de 1993, por el que se establecen los procedimientos y condiciones de la puesta en venta de cereales en poder de los organismos de intervención (2), dispone, en particular, que la puesta en venta de cereales en poder de un organismo de intervención se efectúe mediante licitación y sobre la base de condiciones de precio que permitan evitar perturbaciones del mercado.

(2)

Como consecuencia de las difíciles condiciones climáticas sufridas en la Península Ibérica, los precios del maíz en el mercado comunitario son relativamente elevados y originan, a los ganaderos y a la industria de piensos, dificultades de suministro a precios competitivos.

(3)

Austria dispone de existencias de intervención de maíz, con las cuales es conveniente acabar.

(4)

Por lo tanto, conviene poner a disposición del mercado interior de cereales las existencias de maíz que obran en poder del organismo de intervención austriaco.

(5)

Atendiendo a la situación del mercado comunitario, es oportuno que la Comisión se encargue de gestionar la licitación. Además, debe preverse un coeficiente de asignación para las ofertas situadas al nivel del precio de venta mínimo.

(6)

Es importante, por otra parte, que en la comunicación del organismo de intervención austriaco a la Comisión se preserve el anonimato de los licitadores.

(7)

Con vistas a la modernización de la gestión, es necesario que la transmisión de la información exigida por la Comisión se realice mediante correo electrónico.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

a)

las ofertas se establecerán con referencia a la calidad real del lote objeto de la oferta;

b)

el precio de venta mínimo se fijará en un nivel que no perturbe los mercados de los cereales; no podrá ser inferior en ningún caso al precio de intervención en vigor el mes de que se trate, incluidos los incrementos mensuales.

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión (2) establece los procedimientos y las condiciones de puesta a la venta de los cereales que obran en poder de los organismos de intervención.

(2)

El Reglamento (CEE) no 3002/92 de la Comisión (3) establece las disposiciones comunes de control de la utilización y el destino de los productos procedentes de la intervención.

(3)

En la situación actual del mercado, resulta oportuno abrir una licitación permanente para la exportación de 500 000 toneladas de centeno que obran en poder del organismo de intervención alemán.

(4)

Deben establecerse normas especiales para garantizar la regularidad y el control de las operaciones. Para ello, procede crear un sistema de garantía que asegure el cumplimiento de los objetivos buscados, sin que ello represente una carga excesiva para los agentes económicos. Es necesario, por lo tanto, establecer excepciones a algunas normas, especialmente las del Reglamento (CEE) no 2131/93.

(5)

Con miras a la modernización de la gestión del sistema, procede prever la transmisión por correo electrónico de los datos requeridos por la Comisión.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

(1)

El Reglamento (CE) no 27/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen, para 2005, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (3), establece las cuotas correspondientes a 2005.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están registrados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2005.

(3)

Por consiguiente, es necesario prohibir la pesca, la conservación a bordo, el transbordo y el desembarque de peces de dicha población.

(1)

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 2247/2003 prevé la posibilidad de expedir certificados de importación para los productos del sector de la carne de vacuno originarios de Botsuana, Kenia, Madagascar, Suazilandia, Zimbabue y Namibia. No obstante, las importaciones deben realizarse dentro de los límites de las cantidades establecidas para cada uno de los terceros países exportadores.

(2)

Las solicitudes de certificados presentadas del 1 al 10 de julio de 2005, expresadas en carne deshuesada, de conformidad con el Reglamento (CE) no 2247/2003, no son superiores, en lo que se refiere a los productos originarios de Botsuana, Kenia, Madagascar, Suazilandia, Zimbabue y Namibia, a las cantidades disponibles para dichos Estados. Por consiguiente, es posible expedir certificados de importación para las cantidades solicitadas.

(3)

Es conveniente proceder a la fijación de las cantidades por las cuales podrán solicitarse certificados a partir del 1 de agosto de 2005, dentro de la cantidad total de 52 100 t.

(4)

Parece oportuno recordar que el presente Reglamento no obsta a la aplicación de la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina y de carne fresca o de productos a base de carne, procedentes de terceros países (4).

Reino Unido:

Alemania:

(1)

El Reglamento (CE) no 1961/2001 de la Comisión (2), estableció las disposiciones de aplicación de las restituciones por exportación en el sector de las frutas y hortalizas.

(2)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 35, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2200/96, los productos exportados por la Comunidad pueden beneficiarse de restituciones por exportación, en la medida necesaria para permitir una exportación económicamente importante y atendiendo a los límites que se deriven de los Acuerdos celebrados al amparo del artículo 300 del Tratado.

(3)

De acuerdo con lo previsto en el artículo 35, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2200/96, conviene evitar que se produzcan perturbaciones en los flujos comerciales a los que anteriormente haya dado lugar el régimen de restituciones. Por este motivo, y asimismo en razón del carácter estacional de las exportaciones de frutas y hortalizas, resulta oportuno fijar las cantidades previstas por producto, sobre la base de la nomenclatura de los productos agrarios a efectos de las restituciones por exportación establecida en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (3). Dichas cantidades deben repartirse atendiendo al carácter más o menos perecedero de los productos considerados.

(4)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 35, apartado 4, del Reglamento (CE) no 2200/96, las restituciones se fijarán tomando en consideración la situación y las perspectivas de evolución, por una parte, de los precios de las frutas y hortalizas en el mercado comunitario y de las disponibilidades y, por otra, de los precios practicados en el comercio internacional. Habrán de tenerse en cuenta, asimismo, los gastos de comercialización y de transporte, así como el aspecto económico de las exportaciones previstas.

(5)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35, apartado 5, del Reglamento (CE) no 2200/96, los precios del mercado comunitario se determinarán en función de los que resulten más favorables con vistas a la exportación.

(6)

La situación del comercio internacional o las exigencias específicas de determinados mercados pueden hacer necesario establecer restituciones diferentes para un mismo producto en función del destino del mismo.

(7)

Los tomates, las naranjas, los limones, las uvas de mesa y las manzanas de las categorías Extra, I y II de las normas comunitarias de comercialización pueden ser objeto, actualmente, de exportaciones económicamente importantes.

(8)

Al objeto de permitir una utilización lo más eficaz posible de los recursos disponibles, y habida cuenta de la estructura de las exportaciones de la Comunidad, conviene fijar las restituciones por exportación de acuerdo con los sistemas A1 y B.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de las frutas y hortalizas frescas.

(1)

En el Reglamento (CE) no 1150/2005 de la Comisión (3) se establecen los derechos de importación del sector de los cereales.

(2)

El apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 establece que si, durante su período de aplicación, la media de los derechos de importación calculada se desvía en 5 euros/tonelada del derecho fijado, se procederá al ajuste correspondiente. Dicho desvío se ha producido. Por lo tanto, es preciso proceder al ajuste de los derechos de importación fijados en el Reglamento (CE) no 1150/2005.

(1)

El artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70 y el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999, así como el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (3), disponen que la Comisión realice las comprobaciones necesarias, comunique a los Estados miembros los resultados de sus comprobaciones, tome nota de las observaciones de los Estados miembros, convoque reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y les comunique oficialmente sus conclusiones, basándose en la Decisión 94/442/CE de la Comisión, de 1 de julio de 1994, relativa a la creación de un procedimiento de conciliación en el marco de la liquidación de cuentas de la sección Garantía del FEOGA (4).

(2)

Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura del procedimiento de conciliación y, al haberse hecho uso de ella en algunos casos, la Comisión ha examinado el informe elaborado al término del procedimiento.

(3)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) no 729/70 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1258/1999, únicamente pueden financiarse las restituciones por exportación a terceros países y las intervenciones destinadas a regularizar los mercados agrarios concedidas o llevadas a cabo de acuerdo con las normas comunitarias de la organización común de mercados agrarios.

(4)

Las comprobaciones efectuadas, los resultados de las reuniones bilaterales y los procedimientos de conciliación han puesto de manifiesto que una parte de los gastos declarados por los Estados miembros no cumple esas condiciones y, por consiguiente, no puede ser financiada por la sección de Garantía del FEOGA.

(5)

Procede indicar los importes cuya financiación no asume la sección de Garantía del FEOGA, los cuales no corresponden a gastos efectuados antes de los veinticuatro meses que precedieron a la comunicación escrita de los resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros.

(6)

En lo que respecta a los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes rechazados en razón de su no conformidad con las reglas comunitarias ha sido comunicado por la Comisión a los Estados miembros en un informe de síntesis.

(7)

La presente Decisión se entenderá sin perjuicio de las consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia en asuntos que se encontrasen pendientes en la fecha del 15 de febrero de 2005 y que se refieran a aspectos contemplados en la misma.

(1)

La Unión Europea se ha implicado activamente a nivel diplomático y político desde el inicio de los esfuerzos internacionales para contener y resolver la crisis de Darfur.

(2)

La Unión desea consolidar su papel político en una crisis con multitud de actores locales, regionales e internacionales, y mantener la coherencia entre, por una parte, la ayuda de la Unión a la gestión de crisis dirigida por la Unión Africana (UA) en Darfur y, por otra parte, las relaciones políticas globales con Sudán, incluso en lo que se refiere a la aplicación del Acuerdo General de Paz (AGP) entre el Gobierno de Sudán y el Ejército/Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A).

(3)

La Unión ha facilitado a la misión de la UA en la región sudanesa de Darfur (AMIS) una cantidad creciente de ayuda en concepto de planificación y apoyo a la gestión, financiación y logística.

(4)

La UA ha decidido ampliar la misión AMIS a 6 171 agentes de policía militar y 1 560 agentes de policía civil, y la Unión, en apoyo de la UA, ha propuesto para esta ampliación un conjunto de medidas, definidas por la Acción Común 2005/557/PESC del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa a la acción de apoyo civil y militar de la Unión Europea a la misión de la Unión Africana en la región sudanesa de Darfur (1), que requiere un compromiso político acorde con la UA y el Gobierno de Sudán, y capacidad específica de coordinación.

(5)

El 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UN) adoptó la Resolución 1593(2005) sobre el informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre las transgresiones del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos en Darfur.

(6)

El Representante Especial de la Unión Europea ejercerá su mandato en el contexto de una situación que puede deteriorarse y que podría dañar los objetivos de la PESC según se establecen en el artículo 11 del Tratado.

a)

desplegar esfuerzos, como parte de la comunidad internacional y en apoyo de la UA y de las Naciones Unidas, para lograr un arreglo político del conflicto de Darfur, facilitar la aplicación del Acuerdo General de Paz (AGP) y promover el diálogo sur-sur, con el respeto debido a las ramificaciones regionales de estas cuestiones y al principio de asunción del proceso por parte de África;

b)

garantizar la máxima eficacia y visibilidad de la contribución de la Unión a la misión AMIS.

(1)

El 28 de mayo de 2004, la Unión Africana (UA) resolvió desplegar una misión de observación para supervisar el cumplimiento del Acuerdo humanitario de cesación de hostilidades de Yamena, de 8 de abril de 2004 (AMIS), y el 20 de octubre de 2004, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana resolvió ampliar el AMIS e incluir en su mandato la asistencia al proceso de creación de confianza y a la protección de los civiles y las operaciones humanitarias, así como la observación del cumplimiento de todos los acuerdos firmados entre las partes desde el Acuerdo humanitario de cesación de hostilidades de Yamena (AMIS II).

(2)

En su Resolución 1547 de 11 de junio de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) pidió a la comunidad internacional que estuviera preparada para una participación constante que incluiría una financiación amplia en apoyo de la paz en Sudán. En su Resolución 1556 de 30 de julio de 2004, el CSNU apoyó el despliegue de observadores internacionales en la región sudanesa de Darfur, bajo la dirección de la UA, exhortó a los Estados miembros de las Naciones Unidas (NU) a que reforzaran el equipo de observadores internacionales dirigido por la UA y acogió con satisfacción las contribuciones ya realizadas, en especial por la Unión Europea (UE), en apoyo de la operación dirigida por la UA.

(3)

En su Resolución 1564 de 18 de septiembre de 2004, el CSNU acogió con satisfacción y apoyó la intención de la UA de mejorar y ampliar su misión de vigilancia en la región sudanesa de Darfur y alentó a que se llevara a cabo una vigilancia proactiva. El CSNU exhortó, además, a los Estados miembros de las NU a que respaldaran a la UA en esa labor, en particular mediante el suministro del equipo y los recursos logísticos, financieros, materiales y de otra índole necesarios para prestar apoyo a la rápida ampliación de la misión de la UA y a las gestiones de ésta, con el fin de llegar a una conclusión pacífica de la crisis y de proteger el bienestar de la población de Darfur.

(4)

En su Resolución 1574 de 19 de noviembre de 2004, el CSNU decidió vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las partes con el fin de que cesaran inmediatamente todos los ataques y actos de violencia, manifestó su firme apoyo a las decisiones de la UA de aumentar su misión en Darfur, e instó a los Estados miembros de las NU a que aportaran el equipo y los recursos materiales, financieros, logísticos y de otra índole que resultaran necesarios.

(5)

En su Resolución 1590 de 24 de marzo de 2005, el CSNU decidió establecer la Misión de las NU en el Sudán (UNMIS).

(6)

En su Resolución 1593 de 31 de marzo de 2005, el CSNU decidió remitir la situación en Darfur desde el 1o de julio de 2002 al Fiscal de la Corte Penal Internacional;

(7)

En su Resolución 1325 de 31 de octubre de 2000, el CSNU reconoció la importancia de la formación en materia de protección, necesidades especiales y derechos humanos de las mujeres y los niños en situaciones de conflicto.

(8)

La Posición Común 2005/304/PESC del Consejo, de 12 de abril de 2005, sobre la prevención, gestión y resolución de conflictos en África y por la que se deroga la Posición Común 2004/85/PESC (1) subraya que la UA constituye el actor central en lo que atañe a la prevención, gestión y resolución de conflictos armados en África. En sucesivas conclusiones adoptadas por el Consejo desde julio de 2004 se ha expresado el compromiso de la UE de apoyar a la UA en sus esfuerzos por observar el alto el fuego y facilitar una resolución política del conflicto en la región sudanesa de Darfur.

(9)

Tras la aprobación por el Consejo, el 22 de noviembre de 2004, del Plan de acción de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) destinado a apoyar la paz y la seguridad en África, el 13 de diciembre de 2004 el Consejo aprobó las Directrices para la ejecución del apoyo a la paz y la seguridad en África en el contexto de la PESD, basadas en el principio del respeto de la apropiación del proceso por parte de los propios africanos y la plena cooperación con los actores internacionales pertinentes, en particular las NU y la UA.

(10)

La UE ha facilitado una cantidad cada vez mayor de apoyo a la labor de la UA para contribuir a estabilizar la situación de Darfur. La UE participa en la misión de la UA responsable de la observación del cese de hostilidades, a la que cofinancia mediante el Fondo de Paz para África. En la Comisión de Alto el Fuego (CAF) de la UA participa personal militar de la UE, entre ellos el vicepresidente de la CAF y miembros de la Comisión conjunta creada para la supervisión política del cese de hostilidades. Asimismo, la UE brinda una amplia variedad de medios de apoyo, incluida la asistencia de expertos en planificación, y respaldo técnico, financiero, material y logístico a la misión ampliada de apoyo a la paz de la UA (AMIS).

(11)

En una carta fechada el 29 de abril de 2005, D. Alpha Oumar Konaré, Presidente de la Comisión de la UA, indicó al Secretario General y Alto Representante (SGAR) que, teniendo en cuenta, por una parte, el desafío que sigue suponiendo para la UA y sus socios la situación en Darfur, y por otra, la dimensión estratégica de la asociación entre la UA y la UE, esperaba poder contar con un apoyo sustancial de la UE y de sus Estados miembros a los esfuerzos de la UA y al fortalecimiento de la misión AMIS II.

(12)

En respuesta a la petición de la UA, el Consejo acordó el 23 de mayo de 2005 brindar el máximo apoyo posible a los esfuerzos militares, policiales y civiles, presentando una oferta global y sustancial, que fue propuesta a la UA el 26 de mayo de 2005, en la conferencia de donantes de AMIS de Addis Abeba. Es esencial establecer una coordinación entre los actores de la UE para garantizar que esa oferta de conjunto se traduzca en una asistencia coherente y oportuna a la UA.

(13)

El 23 de junio de 2005 el Consejo aprobó el concepto de la acción de apoyo civil y militar de la UE a AMIS II.

(14)

El Acuerdo sobre el estatuto de la Misión para el establecimiento y la gestión de la Comisión de Alto el Fuego en la zona sudanesa de Darfur, firmado el 4 de junio de 2004 entre la UA y el Gobierno de Sudán, se aplica a los observadores militares de la UE, abarca el personal civil y militar que no sean funcionarios de la CAF y remite al Convenio General sobre los Privilegios e Inmunidades de la Organización de Unidad Africana (OUA), cuyo artículo VII se refiere a los expertos en comisión de servicios en la OUA.

(15)

El canje de notas entre el SGAR y el Presidente de la Comisión de la UA, que conforma las disposiciones relativas a la acción de apoyo de la UE a la misión AMIS II, confirma asimismo que todo el personal de la UE ya desplegado o por desplegar en Sudán y en otros Estados africanos en el contexto de la acción de apoyo UE se rige, por lo que respecta a su estatuto, por el Acuerdo entre la UA y Sudán sobre el estatuto de la misión de la UA.

(16)

El 18 de julio de 2005, el Consejo adoptó la Acción Común 2005/556/PESC relativa al nombramiento del Representante Especial de la Unión Europea para Sudán (2). El Representante Especial de la Unión Europea (REUE) en Sudán debe velar por la coherencia entre las actividades de la UE en apoyo de la misión AMIS II y del Acuerdo General de Paz (AGP), y los objetivos políticos generales de la UE respecto a Sudán.

(17)

Debe establecerse en Addis Abeba una coordinación entre todos los donantes con el fin de garantizar que las ayudas aportadas por la comunidad internacional sean complementarias y correspondan a las necesidades específicas de la UA.

(18)

El Comité Político y de Seguridad (CPS) debe ejercer el control político y la dirección estratégica de la acción de apoyo civil y militar de la UE a la misión AMIS II, en particular con el fin de garantizar un apoyo coherente y oportuno de la UE a dicha misión, y adoptar las decisiones pertinentes de acuerdo con el artículo 25, párrafo tercero, del Tratado. El Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis (CIVCOM) y el Comité Militar de la Unión Europea (CMUE), asistidos por el Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE) con arreglo a su mandato, deben seguir asesorando al CPS en sus respectivos ámbitos de competencia.

(19)

De conformidad con las orientaciones que fijó el Consejo Europeo de Niza de los días 7 a 9 de diciembre de 2000, la presente Acción Común debe determinar, conforme a los artículos 18 y 26 del Tratado, el papel del Secretario General y Alto Representante en la aplicación de las medidas relativas al control político y la dirección estratégica que ejerce el CPS.

(20)

El artículo 14, apartado 1, del Tratado dispone que se indiquen en las acciones comunes los medios que haya que facilitar a la Unión.

(21)

De acuerdo con el artículo 28, apartado 3, del Tratado, los gastos operativos, excepto los relativos a las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa, deben correr a cargo del presupuesto de las Comunidades Europeas. La indicación de los importes que han de financiarse mediante el presupuesto de la Comunidad ilustra la voluntad de la autoridad política y está sujeta a la disponibilidad de créditos de compromiso durante el correspondiente ejercicio presupuestario.

(22)

Los gastos operativos derivados de los elementos de la presente acción de apoyo que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa deben correr a cargo de los Estados miembros de acuerdo con el artículo 28, apartado 3, del Tratado y deben ser administrados mediante el mecanismo creado en virtud de la Decisión 2004/197/PESC del Consejo, de 23 de febrero de 2004, por la que se crea un mecanismo para administrar la financiación de los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa (3) (en lo sucesivo denominada «Athena»), con carácter excepcional. El importe de referencia financiera constituye la mejor estimación actual de dichos costes.

(23)

Debe recurrirse, en la medida de lo posible, a la redistribución del equipo remanente de otras actividades operativas de la UE, teniendo en cuenta las necesidades operativas y los principios de la buena gestión financiera.

(24)

La acción de apoyo de la UE al AMIS II se llevará a cabo en el contexto de una situación que puede deteriorarse y podría perjudicar a los objetivos de la PESC fijados en el artículo 11 del Tratado.

(25)

De conformidad con el artículo 6 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y aplicación de decisiones y acciones de la UE con implicaciones en el ámbito de la defensa. Dinamarca no participa en la aplicación de la Sección III de la presente Acción Común y por lo tanto no participa en la financiación de los componentes militares de esta acción de apoyo.