21.4.2005   

ES

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L 101/1

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

21.4.2005   

ES

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L 101/3

(1)

Los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) no 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el anexo 26 de dicho Reglamento.

(2)

La aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) no 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el anexo del presente Reglamento.

21.4.2005   

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L 101/9

(1)

El Reglamento (CE) no 462/2005 de la Comisión (2) ha abierto una licitación permanente para la exportación de cebada en poder del organismo de intervención alemán.

(2)

El artículo 5, apartado 4, del Reglamento (CE) no 462/2005 indica la dirección donde se deben presentar las ofertas al organismo de intervención alemán. A raíz de una reorganización interna de los servicios administrativos alemanes, procede modificar dicha dirección.

(3)

Las medidas previstas por el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

21.4.2005   

ES

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L 101/10

(1)

El Reglamento (CE) no 823/2000 de la Comisión (3), concede una exención general a los consorcios de transporte marítimo de línea regular de la prohibición contenida en el artículo 81, apartado 1, del Tratado, cuando se cumplan ciertas condiciones.

(2)

El Reglamento (CE) no 823/2000 expirará el 25 de abril de 2005. Basándose en la experiencia de la Comisión en su aplicación de las exenciones por categorías, se llega a la conclusión de que sigue estando justificado conceder una exención por categorías a los consorcios. Por consiguiente, la aplicación del Reglamento (CE) no 823/2000 puede prorrogarse otros cinco años.

(3)

Sin embargo, en determinados aspectos las disposiciones del Reglamento (CE) no 823/2000 no se adecuan suficientemente a la práctica actual del sector. Así pues, procede introducir algunas modificaciones de menor importancia en el Reglamento (CE) no 823/2000 para adecuarlo a su propósito, a la espera del resultado de la revisión del Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos (4), a raíz de la cual podrían resultar necesarias nuevas modificaciones.

(4)

El Reglamento (CE) no 823/2000 establece que los acuerdos de consorcio deberán dar a las compañías de transporte marítimo participantes el derecho de retirarse del consorcio sin ninguna penalización financiera o de otro tipo siempre que se cumplan ciertas condiciones relativas al período de preaviso. La práctica ha mostrado que no está claro cómo debe interpretarse esta disposición en caso de que la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de consorcio sea anterior a la fecha en que comienza realmente el servicio, por ejemplo si no se dispone de buques o se están construyendo estos. Por consiguiente, es necesario contemplar específicamente esta situación.

(5)

Es justificable que los consorcios busquen seguridad para las nuevas inversiones destinadas a un servicio existente. Así pues, la posibilidad de que las partes de un acuerdo de consorcio incluyan una cláusula que prohíbe retirarse también debe existir cuando las partes de un acuerdo de consorcio existente acuerden efectuar nuevas inversiones sustanciales cuyos costes justifiquen una nueva cláusula de «no retirada».

(6)

El Reglamento (CE) no 823/2000 establece que la exención está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas, la existencia es que exista entre los miembros de la conferencia en la que opere el consorcio de una competencia efectiva en materia de precios, porque sus miembros estén expresamente autorizados por el acuerdo de conferencia a practicar la fijación independiente de tarifas (independent rate action) sobre los precios de flete previstos en la tarifa de la conferencia. Se ha indicado a la Comisión que ya no puede considerarse que la fijación independiente de tarifas constituya una práctica general habitual del mercado. En cambio, los contratos confidenciales individuales son más importantes ahora en diversas actividades. Estos contratos confidenciales también pueden propiciar la competencia efectiva entre los miembros de conferencias marítimas. Por consiguiente, también se debería considerar que la existencia de contratos confidenciales individuales constituye un indicador de que existe competencia de precios efectiva entre los miembros de la conferencia.

(7)

Teniendo en cuenta lo que antecede, debe modificarse el Reglamento (CE) no 823/2000.

1)

En el artículo 2 se añadirán los apartados 6 y 7 siguientes:

2)

La letra a) del artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:

3)

La letra b) del artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:

4)

En el párrafo segundo del artículo 14, la fecha «25 de abril de 2005» se sustituirá por «25 de abril de 2010».

21.4.2005   

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L 101/12

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento no 136/66/CEE, cuando el precio en la Comunidad sea superior a las cotizaciones mundiales, la diferencia entre dichos precios puede cubrirse mediante una restitución a la exportación de aceite de oliva a los terceros países.

(2)

Por el Reglamento (CEE) no 616/72 de la Comisión (2), se han adoptado las modalidades relativas a la fijación y a la concesión de la restitución a la exportación de aceite de oliva.

(3)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento no 136/66/CEE, la restitución debe ser la misma para toda la Comunidad.

(4)

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3 del Reglamento no 136/66/CEE, la restitución para el aceite de oliva debe fijarse tomando en consideración la situación y las perspectivas de evolución, en el mercado de la Comunidad, de los precios del aceite de oliva y de las disponibilidades, así como de los precios del aceite de oliva en el marco mundial. No obstante, en el caso en que la situación del mercado mundial no permita determinar las cotizaciones más favorables del aceite de oliva, se podrá tener en cuenta el precio en el mercado de los principales aceites vegetales que compiten con el aceite de oliva y de la diferencia registrada a lo largo de un período representativo entre dicho precio y el del aceite de oliva. El importe de la restitución no podrá ser superior a la diferencia existente entre el precio del aceite de oliva en la Comunidad y aquél en el mercado mundial, ajustado, en su caso, para tomar en consideración los gastos de exportación de los productos en este último mercado.

(5)

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del párrafo tercero del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento no 136/66/CEE, se podrá decidir que la restitución sea fijada mediante adjudicación. La adjudicación se referirá al importe de la restitución y se podrá limitar a determinados países de destino, determinadas cantidades, calidades y presentaciones.

(6)

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento no 136/66/CEE, las restituciones para el aceite de oliva pueden fijarse a distintos niveles según el destino cuando la situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados lo hagan necesario.

(7)

Las restituciones deben fijarse por lo menos una vez por mes; que, en caso necesario, pueden modificarse entre tanto.

(8)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual de los mercados en el sector del aceite de oliva y, en particular, al precio de dicho producto en la Comunidad y en los mercados de los terceros países conduce a fijar la restitución en los importes consignados en el anexo.

(9)

El Comité de gestión de las materias grasas no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

21.4.2005   

ES

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L 101/14

(1)

En el artículo 4, apartado 2, y el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos genéticamente modificados (2), se prohíbe la comercialización en la Comunidad de cualquier alimento o pienso genéticamente modificado que no esté cubierto por una autorización concedida conforme a dicho Reglamento. En su artículo 4, apartado 3, y su artículo 16, apartado 3, se establece que no se autorizará ningún alimento o pienso genéticamente modificado si no se ha demostrado adecuada y suficientemente que no tiene efectos negativos sobre la salud humana, la salud animal o el medio ambiente, que no induce a error al consumidor o al usuario y que no se diferencia del alimento o el pienso al que está destinado a sustituir en un grado tal que su consumo normal resulte desventajoso, desde el punto de vista nutricional, para las personas o los animales.

(2)

El 22 de marzo de 2005, las autoridades de los Estados Unidos de América (en lo sucesivo, «las autoridades de los EE.UU.») informaron a la Comisión de que era probable que productos de maíz contaminados con el maíz genéticamente modificado llamado «Bt10» (en lo sucesivo, «los productos contaminados»), cuya comercialización no está autorizada en la Comunidad, hubieran sido exportados a la Comunidad desde 2001 y continuaran siéndolo. Además, dichas autoridades pusieron en conocimiento de la Comisión que la comercialización de esos productos tampoco está autorizada en los Estados Unidos de América.

(3)

Sin perjuicio de las obligaciones de control de los Estados miembros, las medidas que han de adoptarse de cara a la probable importación de productos contaminados deben ser objeto de un planteamiento exhaustivo y común que permita actuar con rapidez y eficacia y evitar disparidades en la forma en que los Estados miembros hagan frente a la situación.

(4)

El artículo 53 del Reglamento (CE) no 178/2002 establece la posibilidad de que la Comunidad adopte medidas de emergencia adecuadas en relación con alimentos y piensos importados de terceros países a fin de proteger la salud humana, la salud animal o el medio ambiente, cuando las medidas tomadas por los Estados miembros no basten para contener el riesgo de forma satisfactoria.

(5)

Aunque la empresa Syngenta, que es la que ha desarrollado el maíz genéticamente modificado «Bt10», informó de esta situación a las autoridades de los EE.UU. en diciembre de 2004, ni la propia empresa ni las autoridades de los EE.UU. han suministrado ningún dato que permita a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad») efectuar una evaluación de la inocuidad de este tipo de maíz de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento (CE) no 1829/2003. Según la Autoridad (3), en ausencia de tal información, la inocuidad del «Bt10» está aún por confirmar.

(6)

Dado que no se dispone de datos suficientes que permitan evaluar la inocuidad del maíz genéticamente modificado «Bt10» y alcanzar así el alto nivel de protección de la salud que se persigue en la Comunidad, y habida cuenta de la presunción del riesgo que presentan los productos no autorizados conforme al Reglamento (CE) no 1829/2003, en el que se tiene presente el principio de cautela establecido en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 178/2002, conviene tomar medidas de emergencia para impedir la comercialización de los productos contaminados en la Comunidad.

(7)

Conforme a los requisitos generales establecidos en el Reglamento (CE) no 178/2002, los explotadores de empresas alimentarias y de piensos son los primeros responsables legales de que los alimentos y los piensos de las empresas que están bajo su control satisfagan los requisitos de la legislación alimentaria, y de verificar que tales requisitos se cumplen. Por consiguiente, el explotador responsable de la primera comercialización es quien debe demostrar que no se han comercializado los productos contaminados. Para ello, las medidas de emergencia deben exigir que las remesas de productos específicos procedentes de los Estados Unidos de América sólo puedan comercializarse si se aporta un informe analítico que demuestre que esos productos no están contaminados con el maíz genéticamente modificado «Bt10». Dicho informe analítico debe haber sido emitido por un laboratorio acreditado conforme a normas internacionalmente reconocidas.

(8)

Para facilitar los controles, todos los alimentos y los piensos genéticamente modificados comercializados deben someterse a un método de detección validado. Se pidió a la empresa Syngenta que proporcionara el método para la detección específica del maíz genéticamente modificado «Bt10», así como muestras de control. A su vez se pidió al laboratorio comunitario de referencia al que se refiere el artículo 32 del Reglamento (CE) no 1829/2003 que validara el método de detección para este producto en concreto, basándose en los datos aportados por la empresa. Syngenta ha proporcionado tal método de detección, que está disponible en la siguiente dirección de internet: http://gmo-crl.jrc.it.

(9)

Teniendo en cuenta que las medidas previstas en la presente Decisión deben ser proporcionadas y no restringir el comercio más de lo necesario, sólo deben entrar en su ámbito de aplicación aquellos productos con probabilidades de estar contaminados con el maíz genéticamente modificado «Bt10». Según la información suministrada por las autoridades de los EE.UU., no se importa en la Comunidad desde los Estados Unidos de América ni grano de maíz genéticamente modificado ni ningún producto derivado, a excepción de piensos de gluten de maíz y bagazo de cerveza destinado a la alimentación animal. Es, por consiguiente, a estos últimos productos a los que deben aplicarse las medidas citadas.

(10)

A pesar de las reiteradas peticiones de la Comisión, las autoridades de los EE.UU. no han podido aportar garantía alguna de la ausencia de «Bt10» en los piensos de gluten de maíz y el bagazo de cerveza importados en la Comunidad que contienen o han sido producidos a partir de organismos genéticamente modificados, ya que en los Estados Unidos de América no se aplican a estos productos medidas de segregación o trazabilidad.

(11)

Con respecto a los productos alimenticios, la información proporcionada a la Comisión indica que en la Comunidad no se utiliza en la producción de alimentos maíz genéticamente modificado procedente de los Estados Unidos de América. No obstante, los Estados miembros deben efectuar un seguimiento para comprobar si existen en el mercado productos alimenticios con maíz genéticamente modificado y si estos productos han sido contaminados con «Bt10». Basándose en la información que le suministren los Estados miembros, la Comisión se planteará la necesidad de tomar las medidas oportunas.

(12)

Estas medidas deben evaluarse transcurridos seis meses, a fin de determinar si continúan siendo necesarias.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

—

piensos de gluten de maíz que contengan o hayan sido producidos a partir de maíz genéticamente modificado, incluidos en la subpartida de la Nomenclatura combinada 2309 90 20,

—

bagazo de cerveza que contenga o haya sido producido a partir de maíz genéticamente modificado, incluido en la subpartida de la Nomenclatura combinada 2303 30 00.

21.4.2005   

ES

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L 101/17

(1)

La República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, en adelante «los nuevos Estados miembros», se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004.

(2)

A partir de la adhesión, el comercio entre los nuevos Estados miembros y la Confederación Suiza, denominada en lo sucesivo «Suiza», está cubierto por el citado Acuerdo y se suspende la aplicación de los acuerdos comerciales celebrados entre Suiza y los nuevos Estados miembros en cuestión.

(3)

Tras la adhesión de los nuevos Estados miembros, las mercancías originarias de esos países e importadas en Suiza en el marco del Acuerdo deben ser consideradas como originarias de la Comunidad.

(4)

La adhesión de los nuevos Estados miembros requiere algunas modificaciones técnicas del texto del Protocolo no 3, así como medidas transitorias, para asegurar el proceso de transición y garantizar la seguridad jurídica.

(5)

El anexo IV no 5 del Acta de adhesión dispone medidas transitorias y procedimientos similares.

1)

En el apartado 1 del artículo 3 y el apartado 1 del artículo 4, se suprimirá la referencia a los nuevos Estados miembros.

2)

El apartado 4 del artículo 18 se sustituirá por el texto siguiente:

«4.   Los certificados de circulación de mercancías EUR.1 expedidos a posteriori deberán ir acompañados de una de las siguientes frases:

3)

El apartado 2 del artículo 19 se sustituirá por el texto siguiente:

«2.   En el duplicado extendido de esta forma deberá figurar una de las menciones siguientes:

4)

El anexo IV se sustituirá por el texto siguiente:

a)

la adquisición de tal origen confiera un trato arancelario preferencial basado en las medidas arancelarias preferenciales contenidas en el Acuerdo;

b)

la prueba de origen y los documentos de transporte hayan sido expedidos a más tardar el día anterior a la fecha de adhesión;

c)

la prueba de origen se presente a las autoridades aduaneras dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de adhesión.

a)

el acuerdo celebrado antes de la fecha de adhesión entre Suiza y la Comunidad contenga también una disposición en ese sentido, y

b)

los exportadores autorizados apliquen las normas de origen vigentes en virtud del Acuerdo.