(1)

El objetivo del Reglamento (CE) n° 831/2002 de la Comisión, de 17 de mayo de 2002, por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria en lo relativo al acceso con fines científicos a datos confidenciales (2) es fijar las condiciones en que puede concederse el acceso a datos confidenciales transmitidos a la autoridad comunitaria y las reglas de cooperación entre las autoridades comunitarias y nacionales para facilitar este acceso, con objeto de permitir extraer conclusiones estadísticas con fines científicos.

(2)

Se hace referencia concreta a cuatro fuentes importantes: el panel de hogares de la Comunidad Europea, la encuesta de población activa, la encuesta de la Comunidad sobre la innovación y la encuesta sobre la formación profesional permanente.

(3)

La autoridad comunitaria puede conceder el acceso a datos confidenciales a investigadores de universidades y otras instituciones de enseñanza superior establecidas de conformidad con el Derecho comunitario o con el Derecho de un Estado miembro o de organizaciones o instituciones de investigación científica establecidas de conformidad con el Derecho comunitario o con el Derecho de un Estado miembro.

(4)

Asimismo, con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de dicho Reglamento, puede concederse el acceso a investigadores de otras agencias, organizaciones e instituciones, tras haber recibido el dictamen del Comité de secreto estadístico, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento (CE) n° 322/97.

(5)

Por consiguiente, es necesario establecer una lista de tales organismos, tras realizar una evaluación que tome en consideración una serie de condiciones, tales como el objetivo principal del organismo, las disposiciones de organización interna relativas a la investigación, las garantías aplicadas o las disposiciones relativas a la difusión de los resultados de las investigaciones.

(6)

Una consideración a favor de la concesión del acceso es que el organismo tenga un historial o una reputación consolidados de producir estudios de calidad y de publicar sus resultados. Una consideración secundaria es que el organismo esté bien establecido y reconocido como organismo con autoridad en su ámbito particular y que eventualmente tenga patrocinadores, socios o accionistas de confianza.

(7)

Los estudios efectuados por el organismo deben llevarse a cabo en una unidad bien definida, sin lazos organizativos o de gestión con el ámbito de actuación del organismo. Dicha unidad debe estar considerada como una unidad diferenciada y autónoma, bajo la dirección de un cuadro superior sin responsabilidad directa sobre la política o la consecución de los objetivos del organismo.

(8)

Asimismo, la dirección del organismo debe proporcionar garantías adecuadas en lo relativo a diversos aspectos, por ejemplo, medidas para evitar que el personal de la unidad de investigación transmita a personas externas a la unidad información obtenida a partir de los datos facilitados, a excepción de los resultados resumidos y agregados de los estudios con la autorización del responsable de la unidad de investigación, o medidas para garantizar que sea considerada una falta disciplinar grave que cualquier persona del organismo solicite a los miembros de la unidad de investigación información relativa a registros individuales de los datos facilitados.

(9)

Es necesaria una descripción de la seguridad física de las instalaciones del organismo y de sus sistemas informáticos, así como de la custodia de los datos en los mismos, que especifique las medidas adoptadas para garantizar el acceso autorizado y evitar el acceso no autorizado, así como para proteger los sistemas contra el acceso no autorizado de personas externas al organismo. Asimismo, debe existir una descripción de las medidas de seguridad para la custodia de los documentos, incluidos los documentos en papel, que contengan información procedente de los datos facilitados.

(10)

El acceso debe realizarse con fines científicos, lo que supone que la comunidad científica debe tener acceso libremente y sin demora a los resultados. La utilización de los datos para informes o fines exclusivamente internos se consideraría contraria al objetivo del Reglamento (CE) n° 831/2002. La política del organismo en materia de difusión de los estudios realizados por su unidad de investigación debe ser abierta, lo que implica promover su publicación en la literatura científica pertinente y que pueda accederse libremente a los resultados de dichos estudios en el sitio web del organismo o en otro sitio web apropiado.

(11)

El Banco Central Europeo (BCE) debe ser considerado como un organismo que cumple las condiciones mencionadas y, por tanto, debe añadirse a la lista de agencias, organizaciones e instituciones a las que hace referencia la letra c) del apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 831/2002.

(12)

Esta lista se actualizará a medida que más agencias, organizaciones e instituciones deban ser consideradas organismos admisibles.

(13)

Es preciso seguir exigiendo que las solicitudes específicas de acceso presentadas por tales organismos se tramiten posteriormente con arreglo a las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) n° 831/2002.

(14)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de secreto estadístico.

(1)

De conformidad con el artículo 13 de la Directiva 91/67/CEE, cuando un Estado miembro considere que su territorio se halla total o parcialmente indemne de una o varias de las enfermedades enumeradas en la lista III de la columna 1 del anexo A, debe presentar las pruebas apropiadas para solicitar a la Comisión la calificación de indemne de la enfermedad. Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia y el Reino Unido han presentado las correspondientes solicitudes a la Comisión.

(2)

En virtud del artículo 12 de la Directiva 91/67/CEE, cuando un Estado miembro establezca un programa de lucha contra una de las enfermedades enumeradas en la lista III de la columna 1 del anexo A de dicha Directiva debe presentarlo a la Comisión para su aprobación. Finlandia, Irlanda, Suecia y el Reino Unido han presentado tales programas a la Comisión.

(3)

El Reglamento (CEE) no 706/73 del Consejo, de 12 de marzo de 1973, relativo a la regulación comunitaria aplicable a las Islas Anglonormandas y a la Isla de Man en lo que se refiere a los intercambios de productos agrícolas (3), establece que la normativa veterinaria debe aplicarse en esas islas, a los productos importados en ellas o exportados de ellas a la Comunidad, en las mismas condiciones que en el Reino Unido.

(4)

Es necesario establecer los requisitos que deben cumplir los Estados miembros para ser declarados indemnes de una enfermedad y los criterios que deben aplicar en los programas de control y erradicación. También es necesario definir las garantías adicionales que se requieren para introducir determinadas especies de peces en las zonas indemnes y las zonas en que se apliquen programas de control y erradicación. Para ello deben tenerse en cuenta las recomendaciones de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE).

(5)

Dinamarca ha presentado pruebas de la ausencia de viremia primaveral de la carpa (VPC) y por lo tanto, debe ser considerada indemne de esa enfermedad.

(6)

Finlandia ha presentado pruebas de la ausencia de VPC en todo su territorio y de Gyrodactylus salaris y necrosis pancreática infecciosa (NPI) en partes del mismo. Por tanto, esas zonas deben considerarse indemnes de esas enfermedades. Finlandia ha presentado también un programa de control y erradicación de la renibacteriosis, que aplicará a las zonas continentales de su territorio. Ese programa debe aprobarse con objeto de erradicar la enfermedad y obtener la calificación de zona indemne.

(7)

Irlanda ha presentado pruebas de la ausencia de VPC, renibacteriosis y Gyrodactylus salaris en todo su territorio y, por tanto, se la debe considerar indemne de esas enfermedades.

(8)

Suecia ha presentado pruebas de la ausencia de VPC y NPI en todo su territorio y, por tanto, se la debe considerar indemne de esas enfermedades. Ha presentado también un programa de control y erradicación de la renibacteriosis, que aplicará en las zonas continentales de su territorio. Ese programa debe aprobarse con objeto de erradicar la enfermedad y obtener la calificación de zona indemne.

(9)

El Reino Unido ha presentado pruebas de la ausencia de Gyrodactylus salaris en todo su territorio y de NPI, renibacteriosis y VPC en algunas partes del mismo. Por tanto, esas zonas deben considerarse indemnes de esas enfermedades. El Reino Unido ha presentado también programas de control y erradicación de la VPC y la renibacteriosis aplicables a otras zonas de su territorio. Esos programas deben aprobarse con objeto de erradicar la enfermedad y obtener la calificación de zonas indemnes de esas enfermedades.

(10)

Las garantías adicionales establecidas en la presente Decisión deben reconsiderarse transcurridos tres años, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en relación con el control y la erradicación de las enfermedades y el desarrollo de medidas de control alternativas, como las vacunaciones.

(11)

En la Decisión 93/44/CE de la Comisión (4) se establecen garantías adicionales respecto a la VPC aplicables a los envíos de determinadas especies de peces a Gran Bretaña, Irlanda del Norte, la Isla de Man y Guernesey. Esa Decisión debe derogarse y sustituirse por la presente Decisión.

(12)

La Decisión 2003/513/CE de la Comisión (5) tiene por objeto proteger a algunas regiones de la Comunidad contra la introducción de Gyrodactylus salaris. Esas medidas están vigentes desde 1996 y, por su carácter, son garantías adicionales y no medidas de salvaguardia. Por tanto, la Decisión 2003/513/CE también debe derogarse y sustituirse por la presente Decisión.

(13)

Las garantías establecidas en las Decisiones 93/44/CE y 2003/513/CE deben actualizarse para tener en cuenta los conocimientos científicos actuales y las recomendaciones de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE).

(14)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1.

Un Estado miembro en el que no se haya detectado la enfermedad por lo menos durante 25 años aun dándose condiciones favorables para su manifestación clínica podrá considerarse indemne si:

1.1.

Durante al menos los 10 años anteriores se han mantenido ininterrumpidamente las condiciones básicas de seguridad contra enfermedades. Dichas condiciones consistirán, como mínimo, en lo siguiente:

1.2.

No se tiene conocimiento de infecciones en poblaciones silvestres.

1.3.

Se aplican al comercio y la importación las condiciones para evitar la introducción de la enfermedad en el Estado miembro.

2.

Un Estado miembro en que la última presencia clínica conocida se ha dado durante los últimos 25 años o en el que se desconocía la infección antes de establecerse la vigilancia específica, por ejemplo debido a la ausencia de condiciones favorables a la manifestación clínica, podrá considerarse indemne de la enfermedad si:

2.1.

Cumple las condiciones básicas de seguridad contra enfermedades enunciadas en el punto 1.1.

2.2.

En los establecimientos acuícolas en los que haya cualquier especie sensible se ha ejercido la vigilancia específica durante al menos los dos últimos años sin haberse detectado el agente patógeno. Si en el país existen zonas en que la vigilancia de los establecimientos acuícolas no proporciona suficientes datos epidemiológicos (cuando el número de establecimientos acuícolas es limitado), pero hay poblaciones silvestres de cualquier especie sensible, esas poblaciones deberán incluirse en la vigilancia específica. Los métodos de muestreo y los tamaños de muestra deberán ser como mínimo equivalentes a los establecidos en la Decisión 2001/183/CE de la Comisión o en los capítulos correspondientes del Código Sanitario Internacional para los Animales Acuáticos y del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE. Los métodos de diagnóstico deberán ser como mínimo equivalentes a los establecidos en los capítulos correspondientes del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE.

1.

Una zona en la que no se haya detectado la enfermedad por lo menos durante 25 años aun dándose condiciones favorables para su manifestación clínica podrá considerarse indemne si:

1.1.

Durante al menos los 10 años anteriores se han mantenido ininterrumpidamente las condiciones básicas de seguridad contra enfermedades. Dichas condiciones consistirán, como mínimo, en lo siguiente:

1.2.

No se tiene conocimiento de infecciones en poblaciones silvestres.

1.3.

Se aplican al comercio y la importación las condiciones para prevenir la introducción de la enfermedad en la zona.

2.

Una zona en que la última presencia clínica conocida se ha dado durante los últimos 25 años o en la que se desconocía la infección antes de establecerse la vigilancia específica, por ejemplo debido a la ausencia de condiciones favorables a la manifestación clínica, podrá considerarse indemne de la enfermedad si:

2.1.

Cumple las condiciones básicas de seguridad contra enfermedades enunciadas en el punto 1.1.

2.2.

En los establecimientos acuícolas en los que haya cualquier especie sensible se ha ejercido la vigilancia específica durante al menos los dos últimos años sin haberse detectado el agente patógeno. Si la vigilancia de los establecimientos acuícolas no proporciona suficientes datos epidemiológicos (cuando el número de establecimientos acuícolas es limitado), pero hay poblaciones silvestres de cualquier especie sensible, esas poblaciones deberán incluirse en la vigilancia específica. Los métodos de muestreo y los tamaños de muestra deberán ser como mínimo equivalentes a los establecidos en la Decisión 2001/183/CE o en los capítulos correspondientes del Código Sanitario Internacional para los Animales Acuáticos y del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE. Los métodos de diagnóstico deberán ser como mínimo equivalentes a los establecidos en los capítulos correspondientes del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE.

a)

sacrificio de todos los peces vivos bajo supervisión del servicio oficial o, en el caso de los peces que hayan alcanzado el tamaño comercial y no muestren ningún síntoma clínico de la enfermedad, sacrificio bajo la supervisión del servicio oficial para su comercialización o tratamiento para el consumo humano. En el último caso, el servicio oficial se cerciorará de que los peces se sacrifiquen y destripen inmediatamente y que las operaciones se lleven a cabo en condiciones adecuadas para impedir la propagación del patógeno. El Estado miembro, caso por caso y teniendo en cuenta el riesgo de propagación de la enfermedad a otras explotaciones o a la población silvestre, podrá permitir que los peces que todavía no hayan alcanzado el tamaño comercial se conserven en la explotación hasta que alcancen dicho tamaño;

b)

reposo, y desinfección en su caso, de la explotación o el emplazamiento durante un período adecuado tras la eliminación, con arreglo a la sección 1,7 de la edición más reciente del Código Sanitario Internacional para los Animales Acuáticos de la OIE.

a)

retirada y destrucción de los peces muertos y los que presenten síntomas clínicos de la enfermedad y recogida de los que no presenten dichos síntomas, hasta que cada unidad epidemiológica afectada por la enfermedad quede vacía de peces y desinfectada, o bien

b)

retirada y destrucción de los peces muertos y los que presenten síntomas clínicos de la enfermedad en aquellos emplazamientos en que la eliminación o la desinfección puedan resultar imposibles debido a la naturaleza del lugar (por ejemplo, un sistema fluvial o un lago de grandes dimensiones).

1.

La enfermedad, incluida la sospecha de la misma, se notificará obligatoriamente a la autoridad competente.

2.

Todas las explotaciones en las que haya especies sensibles a la enfermedad y a las cuales el Estado miembro les haya concedido la calificación de indemne, deberán estar bajo la supervisión de la autoridad competente.

3.

Deberá existir un sistema de detección precoz que garantice el reconocimiento rápido de los síntomas de sospecha de la enfermedad en los animales acuáticos de un establecimiento acuícola o en la naturaleza y la comunicación rápida de la situación a la autoridad competente, con objeto de iniciar el estudio diagnóstico a la mayor brevedad, que permita a la autoridad competente llevar a cabo la investigación y la notificación eficaces de la enfermedad y que disponga de laboratorios que puedan diagnosticar y determinar las enfermedades pertinentes y de un sistema de formación de personal veterinario o ictiosanitario especialista en detección y notificación de la aparición inusitada de la enfermedad. El sistema de detección precoz deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:

4.

Deberán haberse establecido condiciones para el comercio, las importaciones y la gestión de las poblaciones de peces silvestres de especies sensibles, con el fin de evitar la introducción de la enfermedad en cuestión en el Estado miembro o las partes del mismo reguladas por la presente Decisión. Los peces procedentes de zonas litorales no se introducirán en zonas continentales a menos que lo autorice la autoridad competente del Estado miembro de destino.

5.

En los Estados miembros en los que sólo esté declarada indemne, con arreglo al capítulo II del anexo I, una parte de su territorio (no todo el territorio), se mantendrá, en las zonas declaradas indemnes, la vigilancia específica de conformidad con lo dispuesto en el punto 4 del capítulo I del anexo II.

6.

Los peces vivos, huevos y gametos de acuicultura que se introduzcan en los territorios enumerados en el capítulo II del anexo I o el capítulo II del anexo II deberán transportarse en condiciones que no alteren su calificación sanitaria ni puedan poner en peligro la calificación sanitaria del lugar de destino. El transporte se efectuará en agua considerada indemne de la enfermedad en cuestión, procedente de la fuente de suministro de agua de la explotación o el emplazamiento de origen, y sólo se cambiará durante el transporte en lugares autorizados por la autoridad competente del Estado miembro de destino, en su caso en colaboración con la autoridad competente del Estado miembro de origen.

7.

No se efectuarán vacunaciones contra la enfermedad en cuestión.

8.

Cada año, antes del 1 de mayo, se presentará a la Comisión un informe en el que se indicarán el número de sospechas, el número de confirmaciones, el número de explotaciones y emplazamientos con restricciones, el número de restricciones levantadas y el resultado de la vigilancia del año civil anterior, de acuerdo con la tabla siguiente:

1.

Se recogerán muestras adecuadas para los exámenes con objeto de determinar la presencia del patógeno en cuestión.

2.

En espera del resultado del examen a que se refiere el punto 1, la autoridad competente someterá la explotación a vigilancia oficial, se aplicarán las medidas de control pertinentes y no se extraerá ningún pez de la explotación salvo que lo autorice el servicio oficial.

3.

Si el examen a que se refiere el punto 1 demuestra la presencia de un patógeno o de síntomas clínicos, el servicio oficial llevará a cabo una investigación epizoótica para determinar los posibles medios de contaminación e investigar si los peces han salido de la explotación durante el período anterior a la aparición de la sospecha.

4.

Si la investigación epizoótica demuestra que la enfermedad se ha introducido en una o varias explotaciones o en aguas no cerradas, se aplicarán en estas zonas las disposiciones del punto 1, y:

5.

En el caso de cuencas hidrográficas extensas o zonas litorales, el servicio oficial podrá decidir limitar la medida a una zona menos extensa en torno a la explotación supuestamente infectada si considera que esa zona ofrece máximas garantías para evitar la propagación de la enfermedad.

1.

La explotación o el emplazamiento en que se encuentren los peces infectados se someterá inmediatamente a restricciones y no se trasladarán peces vivos a los locales ni se extraerán peces fuera de la explotación salvo que lo autoricen los servicios oficiales del Estado miembro.

2.

Las restricciones se mantendrán hasta que se haya erradicado la enfermedad de acuerdo con los requisitos que se indican en los puntos 2.1 o 2.2.

2.1.

2.2.

3.

Para facilitar la erradicación rápida de la enfermedad de los locales infectados, la autoridad competente del Estado miembro podrá permitir que los peces que no presenten síntomas clínicos de la enfermedad se transporten —bajo la supervisión de la autoridad competente— a otras explotaciones o zonas del mismo Estado miembro que no tengan la calificación de indemne o un programa aprobado de control y erradicación.

4.

Los peces retirados y eliminados por las medidas indicadas en los puntos 2.1 y 2,2 deberán eliminarse con arreglo al Reglamento (CE) no 1774/2002.

5.

Los peces que se utilicen para repoblar serán de procedencia certificada indemne.

6.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad a otros peces de acuicultura o poblaciones silvestres.

7.

Cuando el Estado miembro haya erradicado la enfermedad de una explotación continental con arreglo al punto C.2.1 del presente anexo y la investigación epizoótica a que se refiere el punto B.3 del mismo indique que la enfermedad no se ha propagado a otras explotaciones ni a las zonas silvestres, se le volverá a otorgar sin demora la calificación de indemne. En caso contrario, la calificación de indemne sólo podrá recuperarse si se cumplen los requisitos del anexo I.

(1)

La Decisión 2003/858/CE de la Comisión (2) establece las condiciones veterinarias específicas y los modelos de certificados aplicables a los terceros países o partes de los mismos a partir de los cuales los Estados miembros están autorizados a importar peces vivos y sus huevos y gametos, destinados a la cría, y peces vivos procedentes de la acuicultura y sus productos destinados al consumo humano.

(2)

Mediante la Decisión 2004/453/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 91/67/CEE del Consejo en lo que respecta a las medidas contra determinadas enfermedades de los animales de acuicultura (3), se han concedido a Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia y el Reino Unido garantías adicionales respecto a determinadas enfermedades mencionadas en la lista III de la columna 1 del anexo A de la Directiva 91/67/CEE.

(3)

Dichas garantías han de aplicarse también a los peces vivos importados de terceros países. Los anexos I, II y III de la Decisión 2003/858/CE deben tener en cuenta esas garantías adicionales y han de ser modificados en consonancia.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1)

El anexo I se sustituirá por el texto del anexo I de la presente Decisión.

2)

El anexo II se sustituirá por el texto del anexo II de la presente Decisión.

3)

El anexo III se sustituirá por el texto del anexo III de la presente Decisión.

(1)

Para determinados actos que siguen vigentes después del 1 de mayo de 2004 y que requieren una adaptación como consecuencia de la adhesión, no se han previsto las necesarias adaptaciones en el Acta de adhesión de 2003 o, aun habiéndose previsto, requieren adaptaciones adicionales. Estas adaptaciones deben adoptarse antes de la adhesión, de forma que puedan aplicarse a partir de la fecha de la misma.

(2)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 57 del Acta de adhesión, la Comisión deberá adoptar tales adaptaciones en los casos en que sea esa institución la que hubiere adoptado el acto original.

(3)

El Reglamento (CE) no 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo (1), establece que, como excepción a las restricciones aplicables al uso de subproductos animales establecidas en dicho Reglamento, los Estados miembros podrán autorizar la utilización del determinado material de la categoría l para alimentar a especies en peligro o protegidas de aves necrófagas.

(4)

La Decisión 2003/322/CE de la Comisión (2) enumera los Estados miembros autorizados a utilizar dicha posibilidad, las especies de aves necrófagas que pueden alimentarse con material de la categoría 1 y las normas de aplicación para llevar a cabo la alimentación.

(5)

Chipre ha presentado una solicitud de autorización para alimentar a determinadas especies de aves necrófagas con determinado material de la categoría 1 y ha facilitado información satisfactoria sobre la existencia de dichas especies en su territorio, así como sobre las medidas de seguridad que deberán aplicarse al alimentar a dichas aves con subproductos animales de la categoría 1.

(6)

Procede, pues, modificar en consecuencia la Decisión 2003/322/CE.

(7)

El Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal fue informado de las medidas previstas en la presente Decisión.

1)

El artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 1

Aplicación de las normas relativas a la alimentación de aves necrófagas con materiales de la categoría 1

De acuerdo con la letra d) del apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) no 1774/2002, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre y Portugal podrán autorizar el uso de cuerpos enteros de animales muertos que puedan contener material especificado de riesgo al que se hace referencia en el inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del citado Reglamento para la alimentación de especies de aves necrófagas en peligro o protegidas especificadas en la sección A del anexo de la presente Decisión.».

2)

El artículo 4 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 4

Cumplimiento por parte de los Estados miembros en cuestión

Grecia, España, Francia, Italia, Chipre y Portugal adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para conformarse a la presente Decisión y publicarán dichas medidas. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.».

3)

El artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 6

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Decisión serán la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre y la República Portuguesa.».

4)

En la sección A del anexo, se añadirá la siguiente letra f):

(1)

La Decisión 2002/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2002, por la que se establecen las condiciones de importación de esperma de animales domésticos de la especie porcina (2), establece la lista de terceros países, incluido Canadá, desde los que los Estados miembros deben autorizar la importación de esperma de animales domésticos de la especie porcina.

(2)

Canadá ha solicitado que se introduzcan modificaciones en la lista de centros de recogida de esperma autorizados en virtud de la Decisión 2002/613/CE en lo que se refiere a los centros de dicho país.

(3)

Canadá ha dado garantías relativas al cumplimiento de las normas apropiadas establecidas en la Directiva 90/429/CEE, y los servicios veterinarios de dicho país han otorgado al nuevo centro que ha de añadirse a la lista la autorización oficial para exportar a la Comunidad.

(4)

Procede, pues, modificar en consecuencia la Decisión 2002/613/CE.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

Se suprimirá la línea siguiente correspondiente al centro no 4-AI-02:

b)

Se suprimirá la línea siguiente correspondiente al centro no 4-AI-24:

c)

Se añadirá la línea siguiente:

(1)

El artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70 y el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999, así como los apartados 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA (3), disponen que la Comisión realice las comprobaciones necesarias, comunique a los Estados miembros los resultados de sus comprobaciones, tome nota de las observaciones de los Estados miembros, convoque reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y les comunique oficialmente sus conclusiones, basándose en la Decisión 94/442/CE de la Comisión, de 1 de julio de 1994, relativa a la creación de un procedimiento de conciliación en el marco de la liquidación de cuentas de la sección Garantía del FEOGA (4).

(2)

Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura del procedimiento de conciliación y, al haberse hecho uso de ella en algunos casos, la Comisión ha examinado el informe elaborado al término del procedimiento.

(3)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) no 729/70 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1258/1999, únicamente pueden financiarse las restituciones por exportación a terceros países y las intervenciones destinadas a regularizar los mercados agrarios concedidas o llevadas a cabo de acuerdo con las normas comunitarias de la organización común de mercados agrarios.

(4)

Las comprobaciones efectuadas, los resultados de las discusiones bilaterales y los procedimientos de conciliación han puesto de manifiesto que una parte de los gastos declarados por los Estados miembros no cumple esas condiciones y, por consiguiente, no puede ser financiada por la sección de Garantía del FEOGA.

(5)

Procede indicar los importes cuya financiación no asume la sección de Garantía del FEOGA, los cuales no corresponden a gastos efectuados antes de los 24 meses que precedieron a la comunicación escrita de los resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros.

(6)

En lo que respecta a los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes rechazados por su no conformidad con las reglas comunitarias ha sido comunicado por la Comisión a los Estados miembros en un informe de síntesis.

(7)

La presente Decisión se entenderá sin perjuicio de las consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia en asuntos que se encontrasen pendientes en la fecha del 31 de enero de 2004 y que se refieran a aspectos contemplados en la misma.

(1)

La letra a) del apartado 1 de la subsección I de la sección B del capítulo 6 del anexo XII del Acta de adhesión de 2003 prevé que los requisitos estructurales fijados en el anexo I de la Directiva 64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a las problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas (3), en el anexo I de la Directiva 71/118/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1971, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas de aves de corral (4), en los anexos A y B de la Directiva 77/99/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de productos a base de carne (5), en el anexo I de la Directiva 94/65/CE del Consejo, de 14 de diciembre de 1994, por la que se establecen los requisitos aplicables a la producción y a la comercialización de carne picada y preparados de carne (6), en el anexo B de la Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, por la que se establecen las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos (7), y en el anexo de la Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros (8), no se aplicarán a los establecimientos de Polonia enumerados en el apéndice B del anexo XII del Acta de adhesión hasta el 31 de diciembre de 2006, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

(2)

En Polonia, otros 200 establecimientos de transformación de la carne de alta capacidad, otros 35 establecimientos de transformación de la leche y otros 24 establecimientos de transformación de pescado no podrán cumplir los requisitos estructurales establecidos en el anexo I de la Directiva 64/433/CEE, el anexo I de la Directiva 71/118/CEE, los anexos A y B de la Directiva 77/99/CEE, el anexo I de la Directiva 94/65/CE, el anexo B de la Directiva 92/46/CEE y el anexo de la Directiva 91/493/CEE, antes del 1 de mayo de 2004.

(3)

Por tanto, estos 259 establecimientos necesitan tiempo para finalizar sus procesos de mejora dirigidos a lograr el pleno cumplimiento de los requisitos estructurales pertinentes establecidos en las Directivas 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 94/65/CE, 92/46/CEE y 91/493/CEE.

(4)

Los 259 establecimientos, que actualmente se encuentran en una fase avanzada de mejora, han dado garantías fiables de que cuentan con los fondos necesarios para corregir las deficiencias restantes en un corto período de tiempo y han recibido un dictamen favorable de la Inspección General Veterinaria de Polonia en relación con la finalización de su proceso de mejora.

(5)

En relación con Polonia, se encuentra disponible la información detallada relativa a las deficiencias de cada establecimiento.

(6)

A raíz de la solicitud de Polonia al respecto, y con objeto de facilitar la transición del régimen existente en Polonia al resultante de la aplicación de la legislación comunitaria en el ámbito veterinario, está justificado conceder un período transitorio a los doscientos cincuenta y nueve establecimientos.

(7)

Habida cuenta del avanzado estado de las mejoras en los doscientos cincuenta y nueve establecimientos, el período transitorio debe limitarse a un máximo de 12 meses.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se han comunicado al Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.