European flag

Diario Oficial
de la Unión Europea

ES

Serie C


C/2026/5509

3.11.2026

Recurso interpuesto el 12 agosto de 2026 – PDD Holdings/Comisión

(Asunto T-535/26)

(C/2026/5509)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: PDD Holdings Inc. (George Town, Islas Caimán) (representantes: F. González Díaz, A. Müller y J.-F. Keustermans, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

—

Anule la decisión.

—

Con carácter subsidiario, anule la decisión en cuanto concierne a la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule total o parcialmente las multas que se le impusieron con arreglo al artículo 2 de la decisión.

—

Condene a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas y con las de la demandante en el presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo del recurso, la demandante invoca siete motivos.

1.

Primer motivo. Se alega que la decisión imputa ilegalmente la responsabilidad a PDD con arreglo al artículo 34, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 2022/2065, es decir, el Reglamento de Servicios Digitales («RSD») (1), a pesar de no haber sido destinataria de una decisión de designación con arreglo al artículo 33, apartado 4, del RSD, lo cual constituye un requisito previo para que la Comisión haga cumplir las obligaciones del RSD frente a una entidad concreta.

2.

Segundo motivo. Se alega que la decisión viola los principios fundamentales de responsabilidad personal, legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia al aplicar el concepto de «única entidad económica» para ampliar el concepto de «prestador» con arreglo al RSD.

3.

Tercer motivo. Se alega que la decisión se adoptó incurriendo en vicios sustanciales de forma y vulnerando derechos de procedimiento fundamentales. La Comisión limitó de manera indebida y desproporcionada el acceso de Whaleco al expediente sobre la base del artículo 5 del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1201 de la Comisión, que es ilegal (2). Además, la Comisión basó su apreciación en un expediente incompleto y poco fiable y no examinó de manera objetiva y diligente las pruebas aportadas por terceros. Tales deficiencias influyeron en el proceso probatorio mediante el que la Comisión estableció la supuesta infracción que se imputó posteriormente a PDD y, tanto individual como acumulativamente, justifican la anulación de la decisión en cuanto afecta a PDD.

4.

Cuarto motivo. Se alega que la decisión adolece de error de Derecho al interpretar y aplicar erróneamente el artículo 34 del RSD. En lugar de evaluar si el solicitante ha detectado, analizado y evaluado con diligencia los riesgos sistémicos, la Comisión impone retroactivamente un método específico que no encuentra fundamento en el artículo 34 del RSD. Transforma la obligación de diligencia del artículo 34 del RSD en un requisito basado en los resultados e impone de facto una obligación general de monitorización, en contra de los artículos 6 y 8 del RSD y el principio de proporcionalidad. La decisión también equipara ilegalmente algunas supuestas deficiencias en la elaboración del informe de evaluación de riesgos de 2024 (en lo sucesivo, «IER de 2024») a una infracción del artículo 34 del RSD, sin analizar si Whaleco procedió efectivamente a detectar y evaluar con diligencia los riesgos sistémicos, y viola el principio fundamental de seguridad jurídica al basarse indebidamente en requisitos ex post que no eran claros ni previsibles.

5.

Quinto motivo. Se alega que la Comisión no cumple con la carga de la prueba que le incumbe conforme al nivel jurídico exigido, en particular, en primer lugar, al invertir ilegalmente la carga de la prueba y, en segundo lugar, al basarse en fuentes de terceros anecdóticas y no corroboradas que adolecen de defectos metodológicos y estadísticos hasta el punto de que resultan impertinentes y poco fiables.

6.

Sexto motivo. Se alega que la conclusión de la decisión según la cual Whaleco infringió el artículo 34 del RSD adolece de errores manifiestos de hecho y de apreciación, en la medida en que, en particular, el IER de 2024 utilizó un método específico para una plataforma, calculó con diligencia los niveles de riesgo sobre la base de datos externos y específicos de una plataforma fiable y evaluó con diligencia la medida en la que cada uno de los factores del artículo 34, apartado 2, del RSD podía influir en los riesgos sistémicos detectados. La decisión incurre además en error al considerar sumariamente irrelevante el Informe provisional de evaluación de riesgos de 2025.

7.

Séptimo motivo. Se alega que la multa de 200 millones de euros es ilegal y manifiestamente desproporcionada, habida cuenta, en particular, de la novedad del régimen del RSD, que no justificaba multa alguna más allá de una multa meramente simbólica. La decisión incurre, además, en error al calificar la supuesta infracción de «especialmente grave», no tener debidamente en cuenta la cooperación de Whaleco, considerar que una multa es necesaria a efectos disuasorios y calcular el máximo legal tomando como referencia a la demandante, y no a Whaleco.


(1)  Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE, DO 2022, L 277, p. 1.

(2)  Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1201 de la Comisión, de 21 de junio de 2023, relativo a las disposiciones detalladas para la tramitación de determinados procedimientos por parte de la Comisión con arreglo al Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, DO 2023, L 159, p. 51.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/5509/oj

ISSN 1977-0928 (electronic edition)