a)

¿Deben interpretarse el artículo 5, apartado 2, en relación con el artículo 3, punto 10, del Reglamento (CE) n.o 715/2007 (1), y el artículo 3 del Reglamento de Aplicación (CE) n.o 692/2008 (2) en el sentido de que, para apreciar si un vehículo con motor diésel comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 715/2007 que lleva instalados sistemas de recirculación de los gases de escape (sistema EGR) y de postratamiento de los gases de escape (sistema SCR) presenta un dispositivo de desactivación en el sentido del artículo 3, punto 10, del Reglamento n.o 715/2007 se ha de determinar si la eficacia del sistema de control de las emisiones se ve reducida en su conjunto (teniendo en cuenta todos los sistemas de recirculación y postratamiento de los gases de escape), o bien si se ve reducida la eficacia de cada componente (por ejemplo, el margen térmico, el catalizador de almacenamiento de óxidos de nitrógeno) como sistema de control de las emisiones independiente?

b)

¿Deben interpretarse los artículos 3, punto 10, y 5, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que, para apreciar si el vehículo presenta un dispositivo de desactivación prohibido únicamente se ha de atender a la reducción de la eficacia del sistema de control de las emisiones de un vehículo diésel en condiciones de conducción normales, ya se trate de un componente aislado o del sistema en su conjunto [véase la primera cuestión, letra a)], o bien es necesario, además, que se exceda (al menos) uno de los límites de emisiones especificados en el anexo I del Reglamento n.o 715/2007?

a)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 2, en relación con el artículo 3, punto 10, del Reglamento n.o 715/2007, respecto a la carga de la alegación, en el sentido de que el adquirente de un vehículo diésel cumple con la carga de la alegación que le incumbe en cuanto a la existencia de un dispositivo de desactivación prohibido cuando afirma que existe un componente (por ejemplo, un margen térmico) que en condiciones normales de conducción reduce la eficacia del sistema de control de las emisiones, y pasa entonces al fabricante del vehículo la carga de la alegación en cuanto a que el sistema en su conjunto no reduce la eficacia del sistema de control de las emisiones, o debe alegar también el comprador que no existe ningún otro componente que compense los efectos negativos?

b)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 2, en relación con el artículo 3, punto 10, del Reglamento n.o 715/2007, en caso de que incumba al comprador la carga de la alegación respecto al sistema en su conjunto, con la consiguiente carga de la prueba con arreglo al Derecho nacional, en el sentido de que una normativa nacional que en tal caso obliga al fabricante a colaborar en el esclarecimiento de los hechos es incompatible, pese a todo, con el Derecho de la Unión, especialmente con el principio de efectividad, de manera que conforme al Derecho de la Unión ha de corresponder al fabricante la carga de la prueba a este respecto?