Ponente : Hanna ZDANOWSKA (PL/PPE), alcaldesa de Łodź Documento de referencia : Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Plan de Acción para una Energía Asequible. Explotar el verdadero valor de nuestra Unión de la Energía para garantizar una energía asequible, eficiente y limpia para todos los europeos [COM(2025) 79 final]

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

Principios generales y objetivos estratégicos

1.

señala que el acceso a energía asequible, estable y limpia es la piedra angular del desarrollo económico y social, la cohesión y la competitividad, un principio rector de la política energética de la UE y un requisito imprescindible para la legitimidad democrática en el camino de la UE hacia la neutralidad climática de aquí a 2050; subraya que, durante la transición y ante las tensiones geopolíticas actuales, la UE debe salvaguardar fuentes sostenibles de energía que sean accesibles, fiables y predominantemente internas, mientras refuerza la solidaridad, la cohesión y la resiliencia territoriales y contribuye a superar las desigualdades regionales y sociales; destaca que garantizar la interconexión y la mayor independencia energética y capacidad de respuesta autónoma posible de las regiones ante apagones o interrupciones del suministro es clave para la resiliencia territorial;

2.

acoge con satisfacción, en este contexto, el Plan de Acción de la Comisión Europea para una Energía Asequible (en lo sucesivo, el «Plan de Acción») como un paso importante hacia una estrategia global, largo tiempo esperada, para reducir los costes de la energía que soportan los ciudadanos, en particular los grupos vulnerables, las comunidades y las empresas de toda la UE, sobre todo las pequeñas y medianas empresas e industrias, y en especial aquellas que tienen un gran consumo de energía, garantizando al mismo tiempo la coherencia con los objetivos energéticos y climáticos de la Unión de manera rentable, tecnológicamente neutra, responsable con el medio ambiente y socialmente justa;

3.

hace hincapié en que la neutralidad tecnológica desempeña un papel clave en la mejora de la seguridad del abastecimiento energético y a la hora de evitar los efectos de dependencia y de fomentar la sostenibilidad, la resiliencia frente al cambio climático, la eficiencia económica y una transición justa; reitera también la importancia de proporcionar estabilidad a largo plazo, dada la magnitud de las inversiones en infraestructura energética, así como la necesidad de invertir en una cartera diversa de tecnologías sostenibles que permita a las regiones adoptar las tecnologías y las soluciones de sistemas más adecuadas a sus necesidades y posibilidades sociales, económicas y ecológicas de manera eficiente en términos de costes, haciendo que la energía sea más asequible y accesible;

4.

destaca la importancia de que, al aplicar el Plan de Acción, las intervenciones a corto plazo para reducir los costes de forma inmediata y proteger a hogares y empresas ante perturbaciones en los precios se equilibren con medidas a largo plazo destinadas a estimular la inversión en energías renovables, otras fuentes de energía sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiencia energética y redes e infraestructuras inteligentes y resilientes; subraya, en este contexto, la necesidad de intensificar las inversiones en digitalización y medición inteligente para optimizar el uso de la energía y empoderar a los consumidores; con el fin de lograr ese cambio sistémico, pide a la Comisión que ponga en marcha una amplia reflexión política —que cristalice en un libro blanco— y que examine en qué medida un sistema de precios marginales locales en la UE impulsaría la implantación de energías renovables e interconexiones inteligentes, al tiempo que se reducen los costes globales de generación y las emisiones de gases de efecto invernadero;

5.

acoge con satisfacción las siete acciones específicas de la Comisión Europea, basadas en el Plan de Acción, para reducir con urgencia los precios de la energía, y pide transparencia y una sólida gobernanza multinivel, especialmente en lo que respecta a la utilización de los Fondos de Cohesión de la Unión, los procedimientos de concesión de permisos y la planificación de las interconexiones transfronterizas y las redes nacionales;

6.

acoge con satisfacción la modificación propuesta por la Comisión a la Legislación Europea sobre el Clima para fijar el objetivo de la UE de reducción de gases de efecto invernadero para 2040; subraya que este objetivo debe ir acompañado de condiciones favorecedoras para la ciudadanía y la industria y perseguirse de forma que proteja la competitividad y la estabilidad a largo plazo de la Unión; destaca que una serie de análisis de reconocidos centros de investigación muestran importantes diferencias entre los Estados miembros en cuanto a su exposición a la transición; pone de relieve que, también con vistas a garantizar una energía asequible en toda la UE, el objetivo cuantitativo para 2040 —y su aplicación— deben reflejar plenamente un reparto justo de los costes, así como las diferentes situaciones de partida y la capacidad para llevar a cabo una transición justa en cada Estado miembro y en las regiones especialmente vulnerables o dependientes del carbón;

7.

recomienda introducir una dimensión territorial en las medidas para la energía asequible, con el fin de garantizar que todas las ciudades y regiones, en particular las zonas rurales, insulares, montañosas y ultraperiféricas —también aquellas que no puedan conectarse al continente debido a su lejanía— y las comunidades autosuficientes en energía, reciban un apoyo específico adaptado a sus limitaciones particulares, necesidades de infraestructuras y disponibilidad de recursos; señala que, como nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, los entes locales y regionales contribuirán decisivamente a que la ejecución del Plan de Acción se adapte a los retos, capacidades, necesidades y contextos socioeconómicos nacionales;

8.

acoge favorablemente el paquete de medidas sobre las redes eléctricas europeas de la Comisión, y pide que se centre no solo en la construcción de nuevas infraestructuras, sino también en la optimización de todo el sistema energético, lo cual comprende soluciones de flexibilidad descentralizadas, centros energéticos innovadores y enfoques de planificación integrada;

9.

hace hincapié en que los entes locales y regionales, junto con los productores de energía, los gestores de redes de transporte y de distribución y las autoridades europeas y nacionales, comparten la responsabilidad de proporcionar energía estable y asequible a los hogares, las empresas y los consumidores vulnerables y de proteger y modernizar las infraestructuras energéticas existentes y desarrollar otras nuevas; señala que los entes locales y regionales también gestionan la vivienda pública, la calefacción urbana, el transporte local y la planificación urbana, todo lo cual afecta directamente al uso de la energía; subraya que los entes locales y regionales están en una situación privilegiada para movilizar a las comunidades locales y asegurar que la ciudadanía acepte la transición y participe en ella, y que desempeñan un papel clave en la lucha contra la desinformación y las noticias falsas; del mismo modo, considera necesario conferir a los entes regionales competencias claras que les permitan gestionar emergencias energéticas y asegurar la continuidad del suministro a escala local;

10.

pide que se refuercen las redes locales, los servicios de asesoramiento y los operadores energéticos municipales como facilitadores clave para un suministro de energía asequible y sostenible;

11.

destaca la importancia de un enfoque de gobernanza sistémica que armonice la toma de decisiones a escala europea, nacional y local, y pide una visión a largo plazo de la Unión sobre los vectores energéticos alternativos, entre ellos el hidrógeno, que reconozca las redes descentralizadas como infraestructuras críticas;

12.

hace hincapié en que lograr la transición energética a gran escala requiere movilizar anualmente más de 660 000 millones EUR entre 2026 y 2030 y 695 000 millones EUR entre 2031 a 2040 (1); subraya que, si bien las iniciativas ciudadanas locales contribuyen a la energía verde, la consecución de una transición energética a gran escala puede requerir, además de la implicación de instituciones gobernadas democráticamente y de propiedad pública, una participación adecuada del sector privado, responsable del 80 % de las emisiones de CO2 en la Unión;

13.

destaca la importancia de reforzar la gobernanza multinivel, en la que los entes locales y regionales no son meros ejecutores, sino que también participan en la formulación de la política energética nacional y de la UE; pide que se dote a dichos entes de las competencias, capacidades, recursos y apoyo institucional necesarios para garantizar su plena participación en la planificación y la ejecución de las medidas a corto plazo y estructurales que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la UE en materia de energía y clima;

14.

insta a proseguir con celeridad el trabajo sobre la legislación pertinente y su aplicación para completar una auténtica Unión de la Energía —en sus cinco dimensiones— bastante antes de 2030, con el fin de proporcionar asequibilidad, competitividad, seguridad y sostenibilidad a todos los europeos y proteger a los ciudadanos frente a los costes de suministro excesivos; toma nota de la creación por la Comisión del Grupo de Trabajo sobre la Unión de la Energía en junio y subraya la importancia de las perspectivas locales y regionales en ámbitos clave de la actividad del Grupo de Trabajo (entre ellos, la agilización de la concesión de permisos, la mejora de las interconexiones de las redes, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos, y la plena integración de las infraestructuras energéticas locales); pide, por lo tanto, que se incluya en el Grupo de Trabajo a un representante del Comité;

Seguridad y resiliencia energéticas

15.

destaca que el uso como arma del suministro de energía por parte de Rusia ha afectado seriamente a los Estados miembros y a sus regiones y ciudades, pues ha provocado graves crisis relacionadas con el gas en 2006 y 2009 y ha exacerbado la crisis energética de 2022, que ha mermado gravemente la asequibilidad de la energía para los hogares y las empresas de la UE; subraya que la guerra de agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania marca un punto de no retorno en sus relaciones con la UE y sus Estados miembros en materia de energía; acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión de eliminar de forma progresiva y coordinada las importaciones de gas y petróleo de Rusia, como un paso fundamental en la aplicación del Plan de Acción, garantizando suministros de energía más estables, previsibles y asequibles; pide al Parlamento Europeo y al Consejo que concluyan con celeridad las negociaciones sobre este Reglamento;

16.

coincide en que una evaluación adecuada del nivel de las importaciones de energía de Rusia es un requisito imprescindible para eliminar progresivamente esta dependencia; expresa su decepción por el continuo blanqueo de las importaciones de energía de Rusia y subraya la necesidad de una mayor transparencia en el mercado de la energía de la Unión; pide a los Estados miembros que publiquen datos sobre el origen del gas ruso importado, exportado y consumido, e insta a la aplicación de todas las medidas contra el blanqueo de las importaciones de energía de Rusia; observa que las obligaciones de información y de notificación pertinentes establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1787 (2) relativo a la reducción de las emisiones de metano en el sector energético pueden contribuir a la consecución de este objetivo;

17.

recuerda que la energía es una necesidad fundamental; hace hincapié en que la eliminación progresiva de las importaciones de energía de Rusia debe ser un esfuerzo colectivo, garantizando que ningún Estado miembro, empresa ni hogar se quede atrás; pone de manifiesto que los Estados miembros no están en condiciones igualitarias a la hora de eliminar progresivamente las importaciones de energía de Rusia de la misma manera, por lo que insta a una firme solidaridad entre ellos acompañada de medidas de apoyo adecuadas de la Comisión para garantizar una transición justa y coordinada;

18.

hace hincapié en la necesidad de dar prioridad a la resiliencia de las infraestructuras energéticas, basándose en las lecciones aprendidas de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; considera que los nuevos activos energéticos deben ser resilientes desde el diseño, también frente a posibles amenazas militares y fenómenos meteorológicos extremos;

19.

pide una regulación, supervisión y transparencia más estrictas de las inversiones de terceros países en infraestructuras energéticas y empresas críticas, con el fin de salvaguardar la autonomía estratégica, proteger las tecnologías sensibles y reforzar la resiliencia del sistema energético de la UE;

Neutralidad tecnológica, con especial atención a los picos de demanda de energía

20.

solicita que la taxonomía de la Unión no excluya el uso en el transporte de biogás y de biocombustibles líquidos que cumplan los criterios de sostenibilidad establecidos en la normativa, y que garantice una competencia en condiciones de igualdad entre la bioenergía y los bioplásticos por la utilización y la disponibilidad de la biomasa en la política general. Además, debe fomentarse la recuperación eficiente de la energía que se genera al incinerar los residuos no aptos para el reciclado, teniendo debidamente en cuenta la innovación y el desarrollo en el reciclado de residuos;

21.

destaca, en este sentido, el papel de la incineración de los residuos municipales para reforzar de forma importante la independencia energética local, al proporcionar electricidad y calefacción estable, asequible y de origen local y acelerar la transición energética; subraya que, al convertir los residuos en energía de carga base fiable, estas instalaciones ayudan a mantener unos precios asequibles para los consumidores y a equilibrar los sistemas de calefacción urbana, mejorando su estabilidad y resiliencia;

22.

pide que se desarrolle la regulación del mercado de la electricidad de la Unión para prestar mayor atención a los picos de demanda de energía, por ejemplo no considerando los mecanismos de capacidad como ayudas estatales y garantizando al mismo tiempo el buen funcionamiento del sistema energético, sin distorsionar la competencia;

23.

pide la rápida implantación de la energía renovable, teniendo debidamente en cuenta no solo la capacidad de la red y los picos de demanda que no dependan de las condiciones meteorológicas, sino también las condiciones y limitaciones de las infraestructuras existentes, especialmente en los territorios insulares y ultraperiféricos;

24.

pide que se adapte la normativa de la Unión en materia de construcción (anexo I de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios) para garantizar que las medidas destinadas a promover la energía solar generada in situ se complementen con soluciones que reduzcan eficazmente los picos estacionales de la demanda de energía de los edificios, manteniendo al mismo tiempo un apoyo firme a la generación descentralizada de energías renovables;

Erradicar la pobreza energética

25.

señala que la pobreza energética es con frecuencia ante todo un aspecto de la pobreza en general, que debe abordarse mediante políticas sociales, educativas y de empleo. En la lucha contra la pobreza energética, los programas educativos, sociales y de información a las comunidades deben desempeñar un papel más destacado, sobre todo entre los grupos desfavorecidos ante la digitalización, para garantizar que todos y todas tengan acceso a soluciones energéticamente eficientes;

26.

destaca que el acceso a energía asequible no es solo una cuestión económica, sino un derecho social fundamental; insiste en la necesidad urgente, ante el aumento de los precios de la energía y como parte de una transición energética justa, de medidas más ambiciosas contra la pobreza energética, que afecta a más de 47 millones de europeos; subraya asimismo, en este sentido, el creciente desafío que plantean las olas de calor y la pobreza energética estival, que requiere medidas de adaptación concretas y un apoyo específico;

27.

acoge positivamente que la Comisión haya anunciado su intención de presentar el paquete energético de los ciudadanos antes de finales de 2025; subraya que este paquete debe dar prioridad a la capacitación y la protección de los consumidores de energía, ya sean clientes particulares o empresas, así como a favorecer el desarrollo de comunidades de energías renovables y modelos de prosumidores, promover una electrificación orientada a los consumidores y apoyar las labores de descarbonización de las regiones mineras en transición; pide un mayor apoyo al intercambio de energía y la participación ciudadana como facilitadores de la apropiación local y la aceptación de la transición;

28.

señala que los altos costes iniciales de las obras necesarias para la mejora de eficiencia energética y la renovación de edificios afectan de forma desproporcionada a los hogares de bajos ingresos y en situación de pobreza energética; pide medidas específicas a escala local, como programas municipales de renovación, préstamos sin intereses, apoyo a proyectos de energía impulsados por comunidades y cooperativas de vivienda, tarifas sociales y ayuda financiera directa, por ejemplo los vales de energía para hogares vulnerables; subraya que, junto con estas medidas, el fomento de soluciones de eficiencia energética de baja inversión y fácil implantación puede proporcionar un alivio inmediato y sostenible y mejorar la eficacia, en particular para los hogares con capacidad limitada a la hora de realizar obras importantes de renovación;

29.

llama la atención sobre el estado del parque de viviendas de las zonas rurales y su enorme potencial de mejora; recuerda que las medidas de ayuda a la rehabilitación de vivienda en las zonas rurales no solo contribuyen a la mejora de la eficiencia energética de sus edificios, sino también a dar respuesta al reto de la despoblación, ayudando a fijar población en estas zonas; solicita, en ese sentido, que se establezcan programas específicos de apoyo a las zonas rurales, que tengan en cuenta los retos y barreras a los que se enfrentan estas zonas a la hora de renovar sus viviendas;

30.

destaca que los entes locales y regionales deben diseñar estas medidas para aumentar su eficacia y la aceptación pública; subraya la necesidad de una cofinanciación nacional y de la UE estable para evitar que los costes se trasladen a unos presupuestos locales que ya están al límite;

31.

apoya un enfoque que abarque todos los sectores para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050; señala la existencia de previsiones que apuntan a que los costes del transporte y la calefacción podrían subir entre un 30 % y un 40 % de aquí a 2030 debido al régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores (RCDE 2); insta a que se revalúen los efectos sociales, territoriales y políticos del RCDE 2; advierte que la aplicación del RCDE 2 en su forma y plazos actuales, sin mecanismos preventivos y de compensación adecuados, en lugar de enviar señales de precios claras a las empresas y los ciudadanos para reducir las emisiones de CO2, podría provocar un aumento brusco de la pobreza energética, sobre todo en algunas ciudades y regiones, lo que tendría graves repercusiones sociales y podría socavar la confianza pública en la política climática y en la UE; en particular, insta a la inclusión de bonificaciones transitorias de los costes del RCDE 2 a los consumidores domésticos de gas natural para calefacción y usos térmicos en tanto que se adecuan las redes de distribución eléctricas para atender el incremento de demanda por la electrificación o se desarrolla el suministro alternativo de biometano;

32.

pide marcos a escala de la Unión para el análisis de costes y beneficios sociales a la hora de elegir entre distintos tipos de infraestructuras (electricidad, hidrógeno, calefacción), y propone que se cree un instrumento de financiación específico, potencialmente vinculado a los ingresos procedentes del régimen de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), para apoyar proyectos de red descentralizados e innovadores que tengan un claro valor añadido para la Unión;

33.

manifiesta su preocupación, en consecuencia, por el retraso de muchos Estados miembros en la preparación de los instrumentos necesarios para poder utilizar el Fondo Social para el Clima y desarrollar los planes sociales para el clima; señala que, en su evaluación de mayo de 2025 de los planes nacionales de clima y energía, la Comisión Europea insta a los Estados miembros a que aceleren la preparación y pide que los entes locales y regionales, con su conocimiento de primera mano de las vulnerabilidades territoriales, tengan una participación adecuada en el desarrollo de esos instrumentos; reitera su petición de que al menos el 35 % del Fondo Social para el Clima sea gestionado directamente por los entes locales y regionales para orientar mejor su uso y aumentar su eficacia; opina que es necesaria una evaluación realista sobre si el Fondo Social para el Clima en la forma prevista actualmente será suficiente para compensar los efectos desproporcionados del RCDE UE sobre los grupos y territorios vulnerables;

34.

insta a la Comisión a que cree margen para la experimentación normativa, como los modelos de espacios controlados de pruebas, a fin de acelerar la implantación de soluciones energéticas innovadoras y simplificar los procedimientos de concesión de permisos medioambientales en las zonas de aceleración, especialmente para los proyectos a pequeña escala y de bajo impacto;

35.

señala que la pobreza energética a menudo se ve agravada por la falta de información fiable y por la exclusión digital; pide que se promuevan los conocimientos sobre la energía a escala local y regional, también en las escuelas; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que proporcionen orientaciones y financiación para ampliar las ventanillas únicas previstas en la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, de modo que los hogares, sobre todo los más vulnerables y los de zonas rurales, y las pymes puedan tomar decisiones con conocimiento de causa y que les beneficien como consumidores y prosumidores de energía;

36.

insta a los Estados miembros a que participen activamente en la Plataforma de Asesoramiento sobre la Pobreza Energética, refuercen el apoyo local, compartan buenas prácticas y aumenten la capacidad de los entes locales y regionales para prestar un apoyo eficaz a los hogares vulnerables; tal como se destaca en el Dictamen sobre la configuración del mercado de la electricidad, aprobado por el Comité, los esfuerzos coordinados y el intercambio de conocimientos son esenciales para garantizar la asequibilidad de la energía y la estabilidad del sistema en todas las regiones;

37.

recomienda mejorar el acceso a los datos del sistema energético, también a los metadatos sobre las emisiones de CO2 y los flujos de energía, y pide la normalización a escala de la UE de los gemelos digitales, para apoyar la ordenación territorial estratégica y el desarrollo de la red a nivel de los entes locales y regionales;

38.

subraya la necesidad de reforzar en mayor medida el apoyo a las regiones y ciudades mediante iniciativas como el mecanismo de Asistencia Energética Local Europea (ELENA, por sus siglas en inglés) del Banco Europeo de Inversiones; anima a los Estados miembros a crear mecanismos de asistencia similares para el desarrollo de proyectos a escala local y regional, haciendo pleno uso de la financiación nacional y de la UE;

Financiación de la transición hacia una energía asequible

39.

destaca que la transición energética requiere inversiones importantes, a largo plazo y con bajo índice de retorno, que pueden aumentar los niveles de deuda pública; observa que, con las normas jurídicas y financieras vigentes, la mayoría de los entes locales y regionales no tienen capacidad para financiar la transición por sí solos ni pueden aportar la cofinanciación necesaria para optar a las subvenciones de la UE; señala que esta coyuntura restringe directamente su capacidad para proporcionar energía asequible a hogares y empresas; subraya, en consecuencia, la necesidad de crear nuevos mecanismos para movilizar una inversión privada significativa;

40.

pide a los Estados miembros que adapten sus normas fiscales y presupuestarias para permitir a los entes locales y regionales invertir en la transición energética; destaca la necesidad de excluir esas inversiones de los límites de deuda municipal o de tratarlas con más flexibilidad, de modo que no se frenen proyectos esenciales para una energía asequible y eficiente ni quede mermada la autonomía local; observa que algunos Estados miembros ya han introducido una mayor flexibilidad fiscal para las inversiones en energía y clima, que podría servir de ejemplo para otros;

41.

hace hincapié en la función esencial de los contratos de compra de electricidad (CCE) a largo plazo para garantizar un suministro estable de energía renovable y reducir la exposición a la volatilidad de los precios; pide que se amplíe el uso de los CCE —como herramientas que aseguran una energía localmente asequible y sostenible— por parte de los entes locales y regionales y que las empresas municipales participen en las negociaciones de los mercados de energía; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan un marco regulador favorable y a que proporcionen asistencia técnica a los entes locales y regionales para ayudarles a utilizar estas herramientas de forma eficaz, con el fin de aumentar la seguridad y la estabilidad energéticas para los ciudadanos y las empresas, en particular las pymes;

42.

pide a los Estados miembros que apoyen a los entes locales y regionales en el desarrollo de asociaciones público-privadas estratégicas para mejorar las soluciones tecnológicas y basadas en la naturaleza y ampliar los ecosistemas de innovación, el emprendimiento y la transferencia de tecnología, mejorando al mismo tiempo la eficiencia energética y la resiliencia en diversos sectores y territorios de toda la UE;

43.

observa que numerosos entes locales y regionales se enfrentan a presupuestos limitados y prioridades contrapuestas que merman su capacidad para completar la transición ecológica; advierte que, sin una financiación accesible y específica, también a escala de la UE, las disparidades locales y regionales pueden acentuarse; destaca, por tanto, que la transición energética debe ser una de las principales prioridades en el próximo marco financiero plurianual (MFP) 2028-2034, con un apoyo tecnológicamente neutro, sostenible, eficiente en términos de costes y sistémico, que garantice la armonización con los objetivos de neutralidad climática y asequibilidad energética, evite inversiones que puedan acarrear una dependencia a largo plazo de fuentes de energía con altas emisiones y cubra la generación, el almacenamiento, el transporte y la distribución; subraya, en particular, la necesidad de apoyar la inversión en la descarbonización de la calefacción urbana y en redes eléctricas como bienes públicos, así como las inversiones en infraestructuras de respaldo regional —como microrredes y sistemas de autoconsumo distribuido— que refuercen la resiliencia ante apagones, con un apoyo financiero reforzado para modernizar y ampliar las redes de distribución locales y regionales, si ello no fuera posible por razones comerciales y sin gravar de forma excesiva a los usuarios finales con los costes de estas inversiones; insiste en que los entes locales y regionales estén plenamente capacitados y cuenten con recursos suficientes, como socios clave en la elaboración y la ejecución del próximo MFP, y manifiesta su preocupación por la ausencia de disposiciones adecuadas para garantizar este extremo en las propuestas presentadas por la Comisión Europea a mediados de 2025; reitera su petición de financiación directa para los entes locales y regionales destinada a financiar proyectos relacionados con el Pacto Verde;

Descarbonización del sector de la calefacción y la refrigeración y reforma del RCDE UE

44.

destaca que, si bien la calefacción urbana aporta calefacción y agua caliente asequibles y seguras a aproximadamente 67 millones de europeos a escala local y regional, los municipios carecen a menudo de los recursos financieros y técnicos necesarios para modernizar y descarbonizar las infraestructuras, integrar fuentes locales de energía renovables y mantener la estabilidad de los precios; subraya también que debería explorarse el potencial de los reactores modulares pequeños para la descarbonización de la calefacción urbana, como figura en el Programa Indicativo Nuclear, siempre que se aborden las preocupaciones en materia de seguridad, la cuestión no resuelta de los residuos nucleares y la necesidad de suministrar el combustible nuclear de forma sostenible; pide que se cree a escala nacional y de la UE un marco regulador que favorezca las inversiones en sistemas de calefacción sostenibles, también mediante mecanismos de apoyo y la simplificación de los procedimientos; insta a la Comisión a que refleje esta petición como merece en su próxima Estrategia de calefacción y refrigeración;

45.

pide un marco vinculante de la Unión para eliminar progresivamente todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles, garantizando al mismo tiempo la seguridad energética, la asequibilidad y la competitividad, y para reasignar esos fondos a prioridades de transición justa, en particular en materia de transporte público, eficiencia energética y apoyo a los hogares vulnerables, teniendo en cuenta las especificidades tecnológicas, sectoriales y regionales;

46.

pide que se elimine progresivamente en el RCDE UE la asignación libre de derechos de emisión después de 2030 para la calefacción urbana y que se amplíe el Fondo de Modernización más allá de ese año; señala la necesidad de que los Estados miembros presten apoyo a los entes locales y regionales, también de carácter financiero, para ejecutar sus planes locales de calefacción y refrigeración, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva de Eficiencia Energética; pide a la Comisión que aumente los umbrales de intensidad de ayuda admisible en la próxima revisión del Reglamento General de Exención por Categorías, con el fin de movilizar financiación para inversiones en calefacción urbana;

47.

observa que, aunque el RCDE UE es un instrumento clave de la política climática de la Unión, habida cuenta del aumento de los precios del carbono hasta niveles sin precedentes en los últimos años, este régimen requiere una reforma más profunda para reducir la volatilidad de los precios, garantizar la seguridad y salvaguardar la transición en todos los Estados miembros, las ciudades y las regiones, en consonancia con el Plan de Acción; pide un mecanismo eficaz en caso de fluctuaciones excesivas de los precios en virtud del artículo 29 bis de la Directiva que lo regula; señala que la inclusión de la incineración de los residuos municipales en el ámbito de aplicación del RCDE UE podría aportar algunos beneficios medioambientales, al crear incentivos para la prevención y el reciclado de residuos;

48.

insiste en la necesidad de que las instalaciones de biomasa estén sujetas a una certificación coherente de la sostenibilidad y una verificación de la reducción de gases de efecto invernadero en toda la legislación de la UE, en particular en el marco del RCDE UE y la Directiva sobre fuentes de energía renovables (DFER); subraya que los ingresos procedentes de las subastas del RCDE UE deben asignarse a programas concretos de descarbonización y reitera su petición de que el 20 % de esos ingresos sea gestionado directamente por los entes locales y regionales;

49.

subraya que modernizar y ampliar las redes eléctricas en los Estados miembros es esencial para satisfacer la creciente demanda de energías renovables, así como para garantizar la conexión para proyectos industriales que, además de contribuir a generar riqueza local, permitirán sufragar el desarrollo de la red, y señala que la congestión de la red dificulta el acceso de los hogares a electricidad renovable y limita la capacidad de los entes locales y regionales para promover la transición energética;

Reducir la burocracia y acelerar la transición

50.

subraya que, si bien la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la seguridad energética, la asequibilidad y la competitividad deben seguir ocupando un lugar central en la política energética de la UE, la consecución de estos objetivos exige simplificar urgentemente los procedimientos administrativos a fin de acelerar el desarrollo de proyectos energéticos sostenibles, para los que es fundamental la seguridad de las inversiones y unos plazos claros;

51.

destaca la necesidad de simplificar, normalizar, racionalizar y acelerar los procedimientos de concesión de permisos para proyectos de infraestructuras y redes energéticas, almacenamiento y energías renovables, ya que la carga administrativa sigue siendo un gran obstáculo para su oportuna aplicación, lo cual provoca un aumento de los costes para los promotores de proyectos, la pérdida de oportunidades de inversión, un retraso de la descarbonización y el riesgo de congestión de la red; advierte asimismo que la saturación de las redes de distribución locales y regionales está bloqueando nuevas inversiones, lo que exige priorizar su modernización y refuerzo como condición indispensable para la transición energética; pide, en este sentido, que los proyectos de energías renovables se clasifiquen, siguiendo las orientaciones de la UE, como «de interés público superior»; pide igualmente la rápida aplicación de «zonas de aceleración de energías renovables» en el marco de la Directiva DFER III, y que los procedimientos de concesión de permisos y de evaluación del impacto medioambiental sean proporcionados a la escala y el perfil de riesgo de los proyectos, con la posibilidad de excepciones y una simplificación de los requisitos para los proyectos de fuentes de energía renovable a pequeña escala y de bajo impacto. Al mismo tiempo, debe dejarse tiempo suficiente para los procesos democráticos locales y regionales, a fin de propiciar soluciones adaptadas y aceptables a escala local;

52.

hace hincapié en la necesidad de establecer sistemas racionalizados de permisos digitales para minimizar los obstáculos administrativos y permitir a las comunidades locales y a las Administraciones públicas acelerar el proceso de autorización, haciéndolo más eficiente, transparente y participativo;

53.

subraya que los requisitos reglamentarios y de concesión de permisos para infraestructuras energéticas deben ser proporcionados al tamaño y la capacidad de las empresas y los operadores locales, para garantizar que los municipios más pequeños y los proveedores regionales de energía no se vean sometidos a una sobrecarga financiera;

54.

acoge favorablemente la intención de la Comisión de revisar el marco de contratación pública, que actualmente limita la capacidad de los entes locales y regionales para participar en las organizaciones de generación y consumo de energía distribuida, incluidas las comunidades de energía renovable y los sistemas cooperativos; pide a la Comisión que adapte las normas de contratación pública para que los entes locales, sobre todo las ciudades, puedan garantizar el acceso a una energía asequible, aumentando así la resiliencia de las economías locales y reduciendo el coste de los servicios públicos que prestan a la ciudadanía, las industrias y las empresas;

Apoyo a las economías locales y a las pymes

55.

hace hincapié en que las pymes sufren una exposición particular a la volatilidad de los precios de la energía, que puede poner en peligro su competitividad y los empleos que crean; destaca, en consecuencia, que el Plan de Acción debe garantizar que las medidas para la asequibilidad de la energía se amplíen más allá de los hogares para incluir a pequeñas empresas de todos los Estados miembros, ciudades y regiones; subraya el papel que pueden desempeñar los entes locales y regionales a la hora de facilitar la participación de las pymes en comunidades de energías renovables, sistemas cooperativos y plataformas de contratación conjunta que les permitan beneficiarse de unos precios estables y asequibles de la energía;

56.

subraya que, dado su gran potencial de innovación, las pymes tienen una función esencial en la transición energética y en la aplicación del Pacto por una Industria Limpia; pide, por tanto, que se otorgue a las pymes un acceso equitativo a los nuevos instrumentos financieros propuestos por la Comisión en el próximo MFP; señala que los criterios de titularidad pública no deben excluir a las empresas de servicios públicos locales de las oportunidades de financiación y las medidas de reducción de la carga administrativa a disposición de las pymes;

Capacidad, competencias y mercados laborales locales

57.

observa con preocupación que el déficit de capital humano y la falta de competitividad de los salarios del sector público frenan la planificación y ejecución de proyectos locales de energía; subraya, en este contexto, la importancia de apoyar una aplicación efectiva del Plan de Acción a escala local y regional; pide, por tanto, programas e iniciativas de creación de capacidades a escala de la UE y de los Estados miembros para reforzar las Administraciones locales y regionales, entre otras cosas a través de medidas de formación, contratación y retención de personal cualificado, con el fin de asegurar su capacidad de proporcionar a la ciudadanía soluciones energéticas asequibles y sostenibles;

58.

subraya la necesidad de dotar a la mano de obra local con las competencias necesarias para la transición energética, en particular mediante el reciclaje y el perfeccionamiento profesional; pide que se aumente la inversión nacional y de la UE en formación profesional, programas de capacidades verdes que estimulen la creatividad y la innovación social y regímenes de apoyo al empleo, con atención especial a las regiones mineras en transición, las zonas que dependen de industrias de gran consumo de energía y las que se enfrentan a retos estructurales en el mercado de trabajo, sobre todo las regiones que han caído en una trampa para el desarrollo del talento (3); insta a la Comisión a que garantice la participación activa de los entes locales y regionales en la Unión de las Competencias, dada su especial capacidad para detectar las carencias locales de conocimientos; destaca la función de los servicios públicos de empleo y los centros educativos regionales como socios clave para el desarrollo de capacidades verdes;

59.

subraya el papel fundamental de los entes locales y regionales, a través de sus agencias de energía, a la hora de estimular los mercados de trabajo ecológico locales y crear centros de formación en cooperación con los centros educativos y la industria local; pide financiación suficiente a escala de la UE y nacional y asistencia técnica para apoyar a los municipios en el desarrollo de iniciativas de empleo ecológico y la creación de observatorios de competencias, a fin de hacer un seguimiento de las necesidades del mercado laboral y anticipar la demanda futura.

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(1)  Informe de 2025 de la Comisión Europea sobre el estado de la Unión de la Energía.

(2)  Reglamento (UE) 2024/1787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, relativo a la reducción de las emisiones de metano en el sector energético y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/942 (DO L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).

(3)   «El aprovechamiento del talento en las regiones de Europa», COM(2023) 32 final.