Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2025 – LI/SEAE

(Asunto T-616/25)

(C/2025/5969)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: LI (representante: N. de Montigny, abogado)

Demandada: Servicio Europeo de Acción Exterior

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

—	Anule la decisión de 11 de agosto de 2024 por la que se corrige retroactivamente la indemnización anual de viaje de la demandante.

—	En tanto en cuanto sea necesario, anule la decisión desestimatoria de la reclamación de 4 de junio de 2025, en la medida en que complete o modifique la decisión de 11 de agosto de 2024.

—	Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo basado en la vulneración del alcance de una declaración de ilegalidad basada en una excepción de ilegalidad, en la falta de base jurídica válida en la que se fundamente dicha decisión, en la vulneración del principio de seguridad jurídica y de expectativas legítimas, y en el abuso de Derecho.

Este motivo se divide en dos partes:

—

En relación con la primera parte, la demandante alega, en primer lugar, la falta de efecto erga omnes de la declaración de ilegalidad formulada por vía de excepción en la sentencia de 18 de abril de 2024, Dumitrescu y otros/Comisión y Tribunal de Justicia (C-567/22 P a C-570/22 P, EU:C:2024:336), puesto que tal excepción solo puede implicar la inaplicabilidad de la disposición controvertida a la situación planteada por los demandantes en esos asuntos. La demandante sostiene, en segundo lugar, la falta de base jurídica válida para considerar que la disposición cuya ilegalidad ha sido declarada ha sido sustituida por otra norma que permite adoptar la decisión lesiva y, en tercer lugar, la violación del principio de seguridad jurídica.

—

Por lo que respecta a la segunda parte, la demandante alega el abuso de Derecho y la infracción del artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que la Administración aplicó los principios de una disposición estatutaria antigua reformada sin tener en cuenta todas las consecuencias de tal aplicación en las situaciones existentes en el momento de la constitución de un derecho examinado bajo la égida de una norma entonces inaplicada y según una reinterpretación de los principios aplicables.