1)

¿Es compatible con el Derecho de la Unión una práctica nacional en virtud de la cual el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2011/95 (2) se aplica de tal modo que las declaraciones en que se basa una solicitud de protección internacional no se consideran creíbles si el solicitante no puede fundamentar plenamente esas declaraciones con documentos auténticos u objetivamente verificables y/o con fuentes objetivas y se estima que no se cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 5, o debe interpretarse el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2011/95, en relación con el artículo 4, apartados 1 a 4, de esa Directiva, el artículo 10, apartado 3, letra b) de la Directiva 2013/32 (3) y los artículos 4 y 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que la autoridad decisoria, al valorar los hechos y circunstancias en que se basa la solicitud de protección internacional, debe cooperar con el solicitante y tener en cuenta todas las pruebas y elementos que fundamenten dicha solicitud al examinar y evaluar la necesidad de protección y, si el solicitante puede respaldar suficientemente sus declaraciones con pruebas o cumple los requisitos mencionados, sus declaraciones no requerirán más corroboración y, por tanto, serán creíbles?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con los artículos 4, 18 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia al que se solicita que controle la legalidad de una decisión por la que se declara infundada una solicitud de protección internacional está obligado a realizar, de ser necesario de oficio, un examen completo y ex nunc de los hechos y de los fundamentos de Derecho, incluido un examen de la necesidad de protección internacional, de conformidad con la Directiva 2011/95, sobre la base de los elementos del expediente puestos en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio?