(1)

La Unión y el funcionamiento del mercado interior se basan en la Unión Aduanera. En interés tanto de los operadores económicos como de las autoridades aduaneras de la Unión, el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión (2) (en lo sucesivo, «el código») agrupó en un único acto la legislación aduanera repartida en varios actos legislativos diferentes que contenían las normas y procedimientos generales, a fin de garantizar la aplicación de los aranceles y otras medidas introducidas a escala de la Unión en relación con el comercio de mercancías entre la Unión y países o territorios situados fuera del territorio aduanero de la Unión, así como las disposiciones relativas a la recaudación de los gravámenes a la importación. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros son las responsables de poner en práctica estas normas mediante tareas operativas como la aplicación de los regímenes aduaneros, la realización de análisis de riesgos y controles y la imposición de sanciones en caso de infracción aduanera.

(2)

La aplicación del Reglamento (UE) n.o 952/2013 ha puesto de manifiesto la existencia de deficiencias en varios ámbitos. Cabe citar los siguientes: la insuficiencia/ineficacia de las medidas para garantizar la protección de la Unión y de sus ciudadanos contra los riesgos no financieros aplicables a las mercancías y establecidas por las políticas de la Unión distintas de la legislación aduanera; la capacidad de las autoridades aduaneras para gestionar eficazmente el creciente volumen de mercancías importadas de terceros países a través de la venta a distancia (operaciones de comercio electrónico); la capacidad de la arquitectura de los sistemas informáticos creada por el Reglamento (UE) n.o 952/2013 para digitalizar los procesos aduaneros a fin de adaptarse al ritmo del progreso tecnológico, en particular con tecnologías basadas en la explotación de datos; la falta de estructuras de gobernanza eficaces de la Unión Aduanera, que da lugar a prácticas divergentes y a una aplicación no uniforme de las normas en los Estados miembros. Estas deficiencias dan pie a que aparezcan obstáculos al buen funcionamiento de la Unión Aduanera y, por ende, del mercado interior, debido a los riesgos y amenazas internos y externos.

(3)

Conviene que la legislación aduanera tenga en cuenta la rápida evolución de los patrones del comercio mundial, la tecnología, los modelos de negocio y las necesidades de las partes interesadas, incluidos las empresas, los consumidores y los ciudadanos. Por consiguiente, es preciso introducir un gran número de modificaciones en el Reglamento (UE) n.o 952/2013. En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la derogación y sustitución de dicho Reglamento. [Enm. 2]

(4)

Con el fin de proporcionar medios eficaces para alcanzar los objetivos de la Unión Aduanera, deben revisarse y , simplificarse y armonizarse varias normas y procedimientos que regulan el modo en que las mercancías entran en el territorio aduanero de la Unión o salen de él. Es necesario disponer de un conjunto moderno e integrado de servicios electrónicos interoperables para la recogida, el tratamiento y el intercambio de información pertinente para la aplicación de la legislación aduanera (Centro Aduanero de Datos de la Unión Europea, en lo sucesivo, «Centro Aduanero de Datos de la UE»). Debe crearse una Autoridad Aduanera de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Autoridad Aduanera de la UE») como capacidad operativa central para la gobernanza coordinada de la Unión Aduanera en ámbitos específicos. [Enm. 3]

(5)

Desde la adopción del Reglamento (UE) n.o 952/2013, el papel de las autoridades aduaneras ha evolucionado para abarcar cada vez en mayor medida la aplicación de la legislación nacional y de la Unión que establece los requisitos sobre las mercancías objeto de vigilancia aduanera, en particular los requisitos no financieros aplicables a las mercancías que son necesarios para que estas entren en el mercado interior y circulen por él. Estas tareas no financieras han aumentado exponencialmente a lo largo de los años, en consonancia con el aumento de las expectativas de las empresas y los ciudadanos de la Unión en relación con la seguridad, la protección, la accesibilidad para las personas con discapacidad, la sostenibilidad, la salud y la vida humana, animal y vegetal, el medio ambiente, la protección de los derechos humanos y los valores de la Unión. Han de introducirse nuevas herramientas, como el pasaporte digital de productos, para garantizar que otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras en relación con los productos siga respondiendo a estas expectativas. Por consiguiente, es necesario reflejar el incremento del número y de la complejidad de los riesgos no financieros incluyendo en la misión de las autoridades aduaneras una referencia específica a la protección de todos esos intereses públicos y, en su caso, la legislación nacional, en estrecha cooperación con otras autoridades. Es igual de importante señalar que un volumen significativo de las mercancías gestionadas en los principales puertos y aeropuertos, procedentes de otros continentes y con destino a estos, son objeto de transbordo sin entrar en el mercado de la Unión. Tales mercancías no siempre tienen que cumplir las mismas normas de la Unión en materia de seguridad y productos que se exigen a las mercancías que entran en el mercado interior. [Enm. 4]

(6)

A la luz de la evolución de su función y de los modelos de negocio en los que operan, y para que las autoridades aduaneras actúen de forma unitaria y contribuyan al buen funcionamiento del mercado interior, es necesario describir con mayor precisión la misión que deben cumplir indicando con mayor exactitud sus objetivos y tareas.

(7)

Algunas definiciones que figuran en el Reglamento (UE) n.o 952/2013 deben adaptarse para tener en cuenta el ámbito de aplicación más amplio del presente Reglamento, de modo que se correspondan con las que figuran en otros actos de la Unión y para aclarar una terminología polisémica en distintos sectores. Deben incluirse nuevas definiciones en la legislación aduanera para aclarar las funciones y responsabilidades de determinados agentes en los procesos aduaneros. En el caso del importador y del exportador, es decir, toda persona implicada en la venta a distancia de mercancías, las nuevas definiciones deben hacer a dichas personas responsables ante la aduana de la conformidad de las mercancías, también por lo que respecta a los riesgos financieros y no financieros , con arreglo a la legislación de conformidad de los productos , con el fin de reforzar la vigilancia aduanera. En cuanto al nuevo concepto de «sujeto pasivo considerado importador», las nuevas definiciones deben garantizar que, en algunos casos, en el contexto de una venta en línea desde fuera de la Unión, un operador económico, y no el consumidor, sea considerado importador y asuma las responsabilidades correspondientes , garantizando que el operador económico en cuestión haya cumplido la legislación pertinente aplicada por las autoridades aduaneras cuando las mercancías entran o salen del territorio aduanero de la Unión y proporcionando, conservando y facilitando los registros adecuados de dicho cumplimiento . También deben introducirse nuevas definiciones en relación con la ampliación del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la vigilancia aduanera, la gestión de riesgos y los controles aduaneros. [Enm. 5]

(8)

Aparte de su función tradicional de recaudar los derechos de aduana, el IVA y los impuestos especiales y de aplicar la legislación aduanera, las autoridades aduaneras también desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer cumplir otra legislación de la Unión y, en su caso nacional, en materia aduanera. Procede introducir una definición de «otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras» con el fin de crear un marco eficaz para regular la aplicación y vigilancia de estos requisitos particulares sobre las mercancías , de acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo  (3) relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos, y dentro de los controles y regímenes aduaneros específicos establecidos en virtud del presente Reglamento . Tales prohibiciones y restricciones pueden justificarse, entre otros motivos, por razones de moralidad, orden o seguridad públicos, protección de la salud y la vida humana, animal y vegetal, protección del medio ambiente, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional y protección de la propiedad industrial o comercial y otros intereses públicos, incluidos los controles sobre precursores de drogas, mercancías que infringen determinados derechos de propiedad intelectual y dinero en metálico. El concepto de «otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras» debe abarcar asimismo las medidas de política comercial , incluidos entre otros los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, y las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros, así como las medidas restrictivas adoptadas sobre la base del artículo 215 del TFUE. Las divergencias en las listas nacionales de prohibiciones y restricciones crean importantes dificultades a las entidades que importan mercancías en varios Estados miembros. Para facilitar el comercio y el funcionamiento de las aduanas, la Unión debe procurar armonizar gradualmente las listas nacionales de prohibiciones y restricciones. Además, deben adoptarse unas definiciones armonizadas de los términos jurídicos utilizados para establecer prohibiciones y restricciones, con el fin de evitar interpretaciones divergentes por parte de los Estados miembros. [Enm. 6]

(9)

Con el fin de reforzar la claridad jurídica, deben modificarse determinadas normas relativas a las decisiones aduaneras. En primer lugar, conviene aclarar que la autoridad aduanera competente para adoptar una decisión aduanera es la del lugar en el que está establecido el solicitante, ya que el establecimiento se convierte en el principio fundamental según el cual determinados operadores económicos, en determinadas condiciones y en un plazo predeterminado, sujetos a revisión, pueden beneficiarse de las simplificaciones introducidas por el presente Reglamento y pagar los derechos de aduana donde estén establecidos. En segundo lugar, en aras de la exhaustividad y la claridad jurídica, también debe incluirse el plazo máximo de treinta días para que el solicitante aporte información adicional a las autoridades aduaneras en los casos en que estas consideren que la solicitud de decisión no contiene toda la información requerida.

(10)

Debe aclararse cuál es la consecuencia de que una autoridad aduanera no adopte una decisión previa solicitud dentro de los plazos establecidos. También debe establecerse el principio de que, en ese caso, se considere que la solicitud es objeto de una decisión negativa y de que el solicitante pueda interponer un recurso, de conformidad con la norma general sobre decisiones aduaneras. Para garantizar que el comercio no se paralice en caso de fallo a gran escala de los sistemas electrónicos centralizados, la Comisión y la Autoridad Aduanera de la UE deben trabajar con los Estados miembros en procedimientos alternativos. [Enm. 7]

(11)

Tal como destacó el Tribunal de Cuentas Europeo (4) y se señaló en la evaluación de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 952/2013, también es deseable subsanar la falta de un control uniforme del cumplimiento de los criterios y obligaciones establecidos en las decisiones aduaneras, reforzando las disposiciones pertinentes. Por una parte, los titulares de decisiones no solo deben cumplir las obligaciones establecidas en la decisión en cuestión, sino también proceder a un seguimiento continuo de su cumplimiento y prever una organización interna en el marco de la cual tales actividades de [auto]seguimiento permitan prevenir, mitigar o corregir cualquier posible error en sus procesos aduaneros. Por la otra, las autoridades aduaneras deben efectuar regularmente un seguimiento de la aplicación de las decisiones aduaneras por parte de los titulares de las mismas, en particular cuando estos lleven establecidos menos de tres años y, por tanto, sean potencialmente más propensos a plantear riesgos, con el fin de garantizar que dichas personas cumplan las obligaciones establecidas en las decisiones aduaneras. Esto es especialmente importante cuando dichas personas se benefician de un estatuto específico, como el de operador económico autorizado (OEA) o el de operador de confianza por control («Trust and Check»), gracias al que disfrutan de una serie de facilidades en los procesos aduaneros. Asimismo, con el fin de reforzar la gestión de riesgos a escala de la Unión, las autoridades aduaneras deben notificar a la Autoridad Aduanera de la UE todas las decisiones adoptadas previa solicitud e informar a dicha Autoridad sobre las actividades de seguimiento, de modo que esta información pueda tenerse en cuenta a efectos de gestión de riesgos.

(12)

Además de las decisiones relativas a las informaciones arancelarias vinculantes (decisiones IAV) o las decisiones relativas a las informaciones vinculantes en materia de origen (decisiones IVO) adoptadas por las autoridades aduaneras previa solicitud y con sujeción a determinadas condiciones, se han introducido en la legislación aduanera las decisiones relativas a las informaciones vinculantes en materia de valoración (decisiones IVV) mediante el Reglamento Delegado (UE).../... de la Comisión (5). En pro de los usuarios de la legislación aduanera, conviene establecer en el mismo acto jurídico las normas relativas a estos tres tipos de decisiones relativas a las informaciones vinculantes.

(13)

Deben definirse con mayor claridad los derechos y las obligaciones de las personas responsables de las mercancías que entran en el territorio aduanero de la Unión y salen de él. La primera obligación de las personas que realizan habitualmente operaciones aduaneras debe seguir siendo registrarse ante las autoridades aduaneras responsables del lugar en que estén establecidas. Un registro único debe ser válido para toda la Unión Aduanera, pero debe estar actualizado. Por consiguiente, los operadores económicos deben tener la obligación de informar a las autoridades aduaneras de cualquier cambio en sus datos de registro. Las personas responsables de las mercancías que entren en el territorio aduanero de la Unión y salgan de él deben ser responsables también de cualquier riesgo que presenten las mercancías para la seguridad y la protección de los ciudadanos, así como de cualquier riesgo para la salud y la vida humana, animal y vegetal, el medio ambiente o los consumidores. También deben definirse las obligaciones del importador, en particular la obligación de estar establecido en el territorio aduanero de la Unión y las excepciones a dicha obligación. Estas deben ajustarse a las normas vigentes para que el declarante esté establecido en la Unión. Del mismo modo, deben definirse las obligaciones del exportador.

(14)

También deben aclararse las obligaciones de los sujetos pasivos considerados importadores, que son diferentes de las obligaciones aplicables a los [demás] importadores. En particular , procede aclarar que la noción de sujeto pasivo considerado importador se crea con el fin de recaudar de forma efectiva y eficiente los derechos de aduana. El sujeto pasivo considerado importador no suele estar en posesión de las mercancías, y la transferencia de la propiedad de estas se produce entre el importador y el cliente. Por consiguiente, el sujeto pasivo considerado importador dependerá a menudo de la exactitud de la información facilitada por los importadores antes o, a más tardar, en el momento de la verificación para poder garantizar el tratamiento correcto de los derechos (obligaciones de pago y de presentación de información) de la transacción. Asimismo , procede establecer que el sujeto pasivo considerado importador no solo deba facilitar a las autoridades aduaneras los datos necesarios para el despacho a libre práctica de las mercancías vendidas, sino también la información que el sujeto pasivo considerado importador debe recoger a efectos del IVA. Esta información se detalla en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo (6). [Enm. 8]

(15)

Los operadores económicos que cumplan determinados criterios y condiciones para ser considerados operadores conformes y fiables por parte de las autoridades aduaneras pueden obtener el estatuto de OEA y, por tanto, beneficiarse de facilidades en los procesos aduaneros. Si bien garantiza la fiabilidad de los operadores que concentran la mayor parte del comercio de la Unión, el régimen de OEA adolece de algunas deficiencias destacadas en la evaluación del Reglamento (UE) n.o 952/2013 y en las constataciones del Tribunal de Cuentas Europeo. Para hacer frente a estas inquietudes, en particular por lo que respecta a las prácticas y retos nacionales divergentes en relación con el control del cumplimiento de los OEA, es preciso modificar las normas para introducir la obligación de que las autoridades aduaneras efectúen un seguimiento del cumplimiento al menos cada tres años. La supervisión de esta obligación también debe correr a cargo de la nueva Autoridad Aduanera de la UE. [Enm. 9]

(16)

Los cambios en los procesos aduaneros y en el modo en que operan las autoridades aduaneras requieren una nueva asociación con los operadores económicos, es decir, el régimen de operadores de confianza por control («Trust and Check»). Los criterios y condiciones para pasar a ser un operador de confianza por control deben basarse en los criterios aplicables a los OEA, pero también deben garantizar la transparencia del operador a juicio de las autoridades aduaneras. Por consiguiente, conviene exigir que los operadores de confianza por control permitan a las autoridades aduaneras acceder a los sistemas electrónicos en los que mantienen el registro de su conformidad y de los movimientos de sus mercancías , siempre y cuando dicho acceso sea proporcionado y estrictamente necesario . La transparencia debe ir acompañada de determinadas ventajas, en particular la posibilidad de proceder al levante de las mercancías por cuenta de las aduanas sin necesidad de su intervención activa, excepto cuando otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras requieran una autorización previa al levante, y de aplazar el pago de la deuda aduanera. Dado que esta forma de operar sustituirá progresivamente a la basada en las declaraciones en aduana, procede establecer la obligación de que las autoridades aduaneras reevalúen las autorizaciones vigentes de OEA de simplificaciones aduaneras hasta el final del período transitorio. [Enm. 10]

(17)

Los cambios en los procesos aduaneros también requieren aclarar el papel de los representantes aduaneros. Debe seguir siendo posible recurrir a la representación, tanto directa como indirecta, pero debe precisarse que el representante indirecto de un importador o exportador asume todas las obligaciones de los importadores o exportadores, no solo la obligación de pagar o garantizar la deuda aduanera, sino también la de respetar otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras. Por este motivo, los representantes aduaneros deben residir en el territorio aduanero de la Unión en el que representen a importadores o exportadores, a fin de garantizar una rendición de cuentas adecuada respecto de los aspectos financieros y no financieros. El recurso a un representante aduanero indirecto establecido en la Unión es, por tanto, una alternativa disponible y proporcionada para los importadores y exportadores que carecen de presencia comercial en la Unión. Además, los representantes aduaneros establecidos en terceros países pueden seguir prestando sus servicios en la Unión cuando representen a personas que no tengan que estar establecidas en el territorio aduanero de la Unión. Identificar a representantes aduaneros fiables supone un reto para los operadores económicos, en especial para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. [Enm. 11]

(17 bis)

También es importante reconocer los retos específicos para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión  (7) , a la hora de cumplir los requisitos aduaneros y cómo esto puede facilitarse mediante la representación directa e indirecta. Esto resulta especialmente cierto cuando una microempresa o pequeña o mediana empresa no posee el estatuto de operador de confianza por control. Deben poder seguir beneficiándose de una representación indirecta. La Comisión y la Autoridad Aduanera de la UE deben evaluar cómo funciona este acuerdo sobre la base de la información recibida de las autoridades pertinentes. La Comisión debe presentar esta evaluación en forma de informe al Parlamento Europeo y al Consejo. En función de dicho informe, la Comisión debe decidir si propone una solución legislativa con un régimen específico que determine mejor la relación de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas con los representantes aduaneros con vistas a facilitar el comercio y garantizar un justo equilibrio de responsabilidades. [Enm. 12]

(18)

A fin de garantizar un nivel uniforme de digitalización y crear unas condiciones de competencia equitativas para los operadores económicos en todos los Estados miembros, debe crearse un Centro Aduanero de Datos de la UE consistente en un conjunto de servicios y sistemas electrónicos centralizados, seguros y ciberresilientes a efectos aduaneros. El Centro Aduanero de Datos de la UE debe garantizar la calidad, la integridad, la trazabilidad y el no repudio de los datos tratados en él, de modo que ni el remitente ni el destinatario puedan impugnar posteriormente la existencia del intercambio de datos. El Centro Aduanero de Datos de la UE debe cumplir la normativa pertinente para el tratamiento de los datos personales y la ciberseguridad. La Comisión y los Estados miembros deben diseñar conjuntamente el Centro Aduanero de Datos de la UE. La Comisión también debe encargarse de la gestión, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del Centro Aduanero de Datos de la UE, tareas que puede delegar en otro organismo de la Unión.

(18 bis)

Antes de que el Centro Aduanero de Datos de la UE sea plenamente operativo, la Comisión debe tener la opción de planificar y establecer una fase piloto para probar las funciones pertinentes para el centro. Esta fase piloto debe ser voluntaria para autoridades aduaneras, otras autoridades y operadores económicos. [Enm. 13]

(19)

En consonancia con la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (8), conviene precisar que el intercambio automatizado de información entre los operadores económicos y las autoridades aduaneras a través del Centro Aduanero de Datos de la UE y por parte de este no exime a dichas autoridades u operadores de su responsabilidad en relación con los procesos aduaneros de que se trate. Aun cuando la intervención de las autoridades aduaneras se limite a esa comunicación electrónica a través del Centro Aduanero de Datos de la UE, debe considerarse que dichas autoridades adoptan una medida, como si el Centro actuara por cuenta de dichas autoridades.

(20)

El Centro Aduanero de Datos de la UE debe permitir el intercambio de datos con otros sistemas, plataformas o entornos con el fin de aumentar la calidad de los datos utilizados por las aduanas en el desempeño de sus funciones, así como de compartir los datos aduaneros pertinentes con otras autoridades para aumentar la eficacia de los controles en el mercado interior. Siguiendo el planteamiento establecido en el Reglamento (UE).../... del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y el Marco Europeo de Interoperabilidad (10), el Centro Aduanero de Datos de la UE debe fomentar la interoperabilidad transfronteriza e intersectorial en Europa. Debe aprovechar el potencial de las fuentes existentes de información sobre riesgos disponibles a escala de la Unión, como los sistemas de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) y para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate), el sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS) y el portal de observancia de los derechos de propiedad intelectual (IP Enforcement Portal). Debe afianzar el desarrollo de la cooperación estratégica y operativa, incluidos el intercambio de información y la interoperabilidad, entre las aduanas y otras autoridades, los organismos y los servicios, dentro de sus respectivas competencias. Además, el Centro Aduanero de Datos de la UE debe proporcionar una amplia gama de análisis avanzados de datos, también mediante el uso de la inteligencia artificial. Dicho análisis de datos debe facilitar el análisis de riesgos, el análisis económico y el análisis predictivo a fin de anticipar los posibles riesgos de los envíos que lleguen a la Unión o que circulen a partir de ella. Para garantizar una mejor vigilancia de los flujos comerciales y una forma racionalizada de colaboración con autoridades distintas de las aduaneras, el Centro Aduanero de Datos de la UE debe poder utilizar el marco de colaboración del entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas y, cuando no sea posible recurrir a este marco, ofrecer a dichas autoridades un servicio específico a través del cual puedan obtener los datos pertinentes, facilitar y compartir información con las autoridades aduaneras y garantizar el cumplimiento de los requisitos sectoriales. Esto sería necesario en caso de que las demás autoridades no dispusieran de un sistema electrónico susceptible de federarse con el Centro Aduanero de Datos de la UE.

(21)

Paralelamente al Centro Aduanero de Datos de la UE, los Estados miembros pueden desarrollar sus propias aplicaciones para utilizar los datos del Centro. A tal fin, y para reducir el plazo de comercialización, los Estados miembros podrán confiar a la Autoridad Aduanera de la UE los fondos y el mandato para desarrollar tales aplicaciones. En tal caso, la Autoridad Aduanera de la UE debe desarrollar las aplicaciones en beneficio de todos los Estados miembros. Esto podría hacerse mediante la creación de aplicaciones de código abierto con arreglo al marco para la puesta en común y reutilización de las soluciones de TI.

(22)

El Centro Aduanero de Datos de la UE debe permitir el flujo de datos descrito a continuación. Los operadores económicos deben poder presentar o poner a disposición todos los datos pertinentes necesarios para cumplir la legislación aduanera. Estos datos deben tratarse a escala de la Unión y enriquecerse con un análisis de riesgos a escala de la Unión. Los datos resultantes deben ponerse a disposición de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, que los utilizarán para cumplir con sus obligaciones. Por último, debe notificarse al Centro Aduanero de Datos de la UE el resultado de los controles realizados tras la recuperación de datos del Centro.

(23)

Los datos remitidos al Centro Aduanero de Datos de la UE son, en gran medida, datos no personales presentados por los operadores económicos respecto de las mercancías con las que comercian. Con todo, los datos también incluirán datos personales, en particular los nombres de las personas que actúan por cuenta de un operador económico o de una autoridad. Para garantizar que los datos personales y la información comercial estén protegidos por igual, procede que el presente Reglamento establezca normas específicas de acceso, normas de confidencialidad y condiciones para el uso del Centro Aduanero de Datos de la UE. Concretamente, es preciso establecer qué entidades podrán acceder a los datos almacenados o disponibles de otro modo en el Centro Aduanero de Datos de la UE o tratarlos, además de las personas, la Comisión, las autoridades aduaneras y la Autoridad Aduanera de la UE, equilibrando las necesidades de dichas entidades y la necesidad de garantizar que los datos personales y confidenciales recogidos con fines aduaneros se utilicen para fines adicionales únicamente cuando sea estrictamente necesario.

(23 bis)

Sin perjuicio de las normas de protección de datos, en especial las relativas a los datos aduaneros sensibles y a los datos sensibles a efectos comerciales, los datos no personales deben ponerse a disposición de terceros para fines específicos, con una justificación adecuada y previa solicitud. Los operadores económicos deben tener la opción de no permitir dicha divulgación. [Enm. 14]

(24)

Para garantizar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pueda ejercer sus competencias de investigación en relación con actividades fraudulentas que afecten a los intereses de la Unión, es conveniente que esta tenga un acceso a los datos del Centro Aduanero de Datos de la UE muy similar al acceso de que disfruta la Comisión. Por consiguiente, la OLAF debe estar facultada para tratar los datos de conformidad con las condiciones relativas a la protección de datos recogidas en la legislación pertinente de la Unión, en particular el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) y el Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo (12). Para garantizar que la Fiscalía Europea pueda llevar a cabo sus investigaciones sobre cuestiones relacionadas con las aduanas, esta debe tener derecho a solicitar acceso acceder a los datos que figuran en el Centro Aduanero de Datos de la UE y a tratarlos . Con vistas a preservar las funciones que se desarrollan en los sistemas informáticos nacionales, las autoridades tributarias de los Estados miembros deben tener la posibilidad de tratar los datos directamente dentro del Centro Aduanero de Datos de la UE o de extraer los datos del Centro y tratarlos por medios distintos. Así pues, las autoridades responsables de la seguridad alimentaria de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y las autoridades responsables de la vigilancia del mercado de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1020 deben contar con los servicios y herramientas adecuados en el Centro Aduanero de Datos de la UE, de modo que puedan utilizar los datos aduaneros pertinentes para contribuir a hacer cumplir la legislación pertinente de la Unión y cooperar con las autoridades aduaneras para minimizar los riesgos de que entren en la Unión productos no conformes. Conviene que Europol tenga acceso, previa solicitud, a los datos del Centro Aduanero de Datos de la UE para poder desempeñar sus funciones, tal como se especifica en el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). Todos los demás organismos y autoridades nacionales y de la Unión, en particular la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), deben tener acceso a los datos no personales que figuren en el Centro Aduanero de Datos de la UE. [Enm. 15]

(24 bis)

Con arreglo al artículo 24 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo  (15) , las autoridades aduaneras competentes informarán sin demora indebida a la Fiscalía Europea de todo comportamiento constitutivo de delito respecto del cual esta pueda ejercer su competencia de conformidad con el artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento. Las autoridades aduaneras competentes se abstendrán de adoptar medidas que puedan poner en peligro la confidencialidad de las investigaciones judiciales sobre los mismos hechos por parte de la autoridad judicial o policial nacional competente o de la Fiscalía Europea, cuando estas autoridades así lo soliciten. [Enm. 16]

(25)

Las normas y disposiciones relativas al acceso al Centro Aduanero de Datos de la UE y al intercambio de información no deben afectar al Sistema de Información Aduanero (SIA) establecido por el Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo ni a las obligaciones de información en virtud del artículo 24 del Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

(26)

La Comisión debe establecer las modalidades de acceso de todas estas autoridades mediante normas de ejecución, tras evaluar las salvaguardias existentes que cada autoridad o categoría de autoridades haya establecido para garantizar el tratamiento correcto de los datos personales y los datos sensibles a efectos comerciales. [Enm. 17]

(27)

Es conveniente que el Centro Aduanero de Datos de la UE conserve los datos personales durante un período máximo de diez años. Este período está justificado a la luz de la posibilidad de que las autoridades aduaneras notifiquen la deuda aduanera hasta diez años después de haber recibido la información necesaria sobre un envío, así como para garantizar que la Comisión, la Autoridad Aduanera de la UE, la OLAF , la Fiscalía Europea , las aduanas y las autoridades distintas de las aduaneras puedan cotejar la información que figura en el Centro Aduanero de Datos de la UE con la información almacenada en otros sistemas e intercambiada con ellos. Además, este período de tiempo debe ajustarse al plazo de conservación exigido por otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, cuando dicha legislación sea pertinente para los controles aduaneros. Asimismo, conviene que, siempre que se requieran datos personales en el marco de procedimientos judiciales y administrativos e investigaciones y durante los controles posteriores al levante, se suspenda el período de conservación para evitar que los datos personales se supriman y no puedan utilizarse para esos fines. [Enm. 18]

(28)

La protección de los datos personales y de otro tipo en el Centro Aduanero de Datos de la UE también debe incluir normas sobre la limitación de los derechos de los interesados. Procede, por tanto, que las autoridades aduaneras, la Comisión o la Autoridad Aduanera de la UE puedan limitar el derecho de los interesados cuando sea necesario para garantizar que no se pongan en peligro las actividades de control del cumplimiento, el análisis de riesgos ni los controles aduaneros. Además, tales limitaciones también podrían aplicarse cuando sea necesario con el fin de proteger los procedimientos judiciales o administrativos incoados tras las actividades de control del cumplimiento. Las limitaciones deben estar debidamente justificadas en relación con las actividades y prerrogativas de las aduanas y limitarse al tiempo necesario para preservar dichas prerrogativas.

(29)

Todo tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento debe llevarse a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo o la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación.

(30)

De conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que emitió un dictamen el [...] 11 de julio de 2023 . El Supervisor Europeo de Protección de Datos recuerda, en sus nueve recomendaciones, que los criterios de riesgo que deben utilizarse para seleccionar a las personas mediante un tratamiento automatizado, cuando den lugar a decisiones individuales, deben basarse en circunstancias fiables y directamente vinculadas a factores objetivos, no entrañar un riesgo directo o indirecto de discriminación, por ejemplo por razón de raza, origen étnico, religión, orientación política u orientación sexual, y no ser demasiado amplios. [Enm. 19]

(30 bis)

A fin de establecer un marco común para la Unión Aduanera, es necesario que el entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas (en lo sucesivo, «entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas») se integre en el Código Aduanero de la Unión. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (UE) 2022/2399 del Parlamento Europeo y del Consejo  (16) y añadir al presente Reglamento el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. [Enm. 20]

(30 ter)

Para lograr un entorno plenamente digital y un proceso eficiente de despacho de mercancías para todas las partes implicadas en el comercio internacional, es necesario establecer normas comunes para un entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas armonizado e integrado. Dicho entorno debe incluir el Centro Aduanero de Datos de la UE y los sistemas no aduaneros de la Unión contemplados en el anexo I bis del presente Reglamento. El Centro Aduanero de Datos de la UE debe permitir el intercambio de información con los sistemas no aduaneros de la Unión, de conformidad con el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. El entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas debe desarrollarse teniendo en cuenta las posibilidades de identificación y autenticación fiables que ofrecen el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo  (17) y el principio de «solo una vez», en su caso, tal como se reitera en el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo  (18) . Para implementar el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas es necesario establecer, sobre la base del proyecto piloto, un sistema de intercambio de certificados, es decir, el sistema electrónico de intercambio de certificados de la ventanilla única de la UE para las aduanas (EU CSW-CERTEX, por sus siglas en inglés), que interconecte el Centro Aduanero de Datos de la UE y los sistemas no aduaneros de la Unión que gestionan formalidades no aduaneras específicas. Asimismo, resulta necesario integrar el Centro Aduanero de Datos de la UE en el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas y establecer un conjunto de normas relativas a la cooperación administrativa digital dentro del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. [Enm. 21]

(30 quater)

El entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas debe ser acorde y lo más interoperable posible con otros sistemas actuales o futuros relacionados con las aduanas, como el sistema de despacho centralizado previsto en el presente Reglamento. Cuando proceda, deben buscarse sinergias entre el entorno europeo de ventanilla única marítima establecido por el Reglamento (UE) 2019/1239 del Parlamento Europeo y del Consejo  (19) y el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. [Enm. 22]

(30 quinquies)

Es necesario que el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas integre soluciones que garanticen un nivel elevado de ciberseguridad a fin de evitar, en la medida de lo posible, ataques que puedan perturbar los sistemas aduaneros y no aduaneros, perjudicar la seguridad del comercio o deteriorar la economía de la Unión. Las normas de ciberseguridad deben diseñarse de modo que evolucionen al mismo ritmo que los requisitos regulatorios en materia de seguridad de las redes. Al desarrollar, gestionar y mantener el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas, la Comisión y los Estados miembros deben seguir las directrices adecuadas emitidas por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) en materia de ciberseguridad. [Enm. 23]

(30 sexies)

El intercambio de información digital a través del EU CSW-CERTEX debe abarcar las formalidades no aduaneras de la Unión previstas en la legislación de la Unión distinta de la legislación aduanera cuyo cumplimiento corresponde a las autoridades aduaneras. Las formalidades no aduaneras de la Unión comprenden todas las operaciones que deba efectuar una persona física, un operador económico o una autoridad competente asociada para la circulación internacional de mercancías, incluida la parte de la circulación entre Estados miembros, cuando sea necesario. Dichas formalidades imponen distintas obligaciones para la importación, la exportación o el tránsito de determinadas mercancías, y su verificación a través de los controles aduaneros es fundamental para garantizar el funcionamiento eficaz del entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. El EU CSW-CERTEX debe abarcar las formalidades digitalizadas establecidas en la legislación de la Unión y gestionadas por las autoridades competentes asociadas en los sistemas no aduaneros electrónicos de la Unión, que almacenan la información pertinente de todos los Estados miembros que se exige para el despacho de mercancías. Por lo tanto, conviene definir las formalidades no aduaneras de la Unión y los respectivos sistemas no aduaneros de la Unión que deben ser objeto de cooperación digital a través del EU CSW-CERTEX. En particular, la definición de sistemas no aduaneros de la Unión debe ser amplia y englobar las distintas situaciones y formulaciones jurídicas de los actos jurídicos de la Unión que han permitido o permitirán la creación y el uso de dichos sistemas. Además, conviene asimismo especificar las fechas en las que el sistema no aduanero de la Unión específico que abarca una formalidad no aduanera de la Unión y el Centro Aduanero de Datos de la UE deben estar interconectados con el EU CSW-CERTEX. Dichas fechas deben reflejar las fechas establecidas en la legislación de la Unión distinta de la legislación aduanera para el cumplimiento de la formalidad no aduanera de la Unión específica, a fin de permitir el cumplimiento mediante el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. En concreto, el EU CSW-CERTEX debe abarcar inicialmente los requisitos sanitarios y fitosanitarios, las normas que regulan la importación de productos ecológicos y los requisitos medioambientales relativos a los gases fluorados de efecto invernadero y las sustancias que agotan la capa de ozono, así como las formalidades relacionadas con la importación de bienes culturales. [Enm. 24]

(30 septies)

El EU CSW-CERTEX debe facilitar el intercambio de información entre el Centro Aduanero de Datos de la UE y los sistemas no aduaneros de la Unión. Por consiguiente, cuando un operador económico presente una declaración en aduana o una declaración de reexportación que exija el cumplimiento de formalidades no aduaneras de la Unión, las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas deben poder intercambiar y verificar de manera eficaz y automática la información exigida para el proceso de despacho de aduana. Una mejor cooperación y coordinación digital entre las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas debe propiciar procesos sin soporte papel más integrados, rápidos y simples para el despacho de mercancías, así como un mejor nivel de aplicación y cumplimiento de las formalidades no aduaneras de la Unión. [Enm. 25]

(30 octies)

La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debe desarrollar, integrar y gestionar el EU CSW-CERTEX, incluida la impartición de formación adecuada sobre su funcionamiento e implementación a los Estados miembros. A fin de prestar servicios de ventanilla única adecuados, armonizados y normalizados a escala de la Unión respecto de las formalidades no aduaneras de la Unión, la Comisión debe conectar cada uno de los sistemas no aduaneros de la Unión con el EU CSW-CERTEX. La Comisión debe ser responsable de interconectar el Centro Aduanero de Datos de la UE con el EU CSW-CERTEX, con la asistencia, en caso necesario, de la Autoridad Aduanera de la UE. [Enm. 26]

(31)

Es fundamental introducir una instancia de gestión de riesgos aduaneros a escala de la Unión para garantizar la aplicación armonizada de los controles aduaneros en los Estados miembros. En la actualidad existe un marco común de gestión de riesgos que incluye la posibilidad de determinar ámbitos prioritarios de control comunes y normas y criterios de riesgo comunes en el terreno de los riesgos financieros a fin de llevar a cabo los controles aduaneros, pero dicho marco presenta importantes deficiencias. A fin de subsanar la falta de una aplicación armonizada de los controles aduaneros y de una gestión armonizada de riesgos, situación que perjudica a los intereses financieros y no financieros de la Unión y de los Estados miembros, procede revisar las normas para establecer un enfoque más sólido de gestión de riesgos que se ocupe tanto de los riesgos financieros como de los no financieros. Ello pasa también por dar respuesta a los retos estructurales de la gestión de los riesgos financieros señalados por el Tribunal de Cuentas Europeo. En particular, conviene describir qué actividades están comprendidas en la gestión de riesgos aduaneros, siguiendo un enfoque cíclico. Asimismo, es importante determinar las funciones y responsabilidades de la Comisión, la Autoridad Aduanera de la UE y las autoridades aduaneras de los Estados miembros. También resulta esencial prever que la Comisión pueda establecer ámbitos prioritarios de control comunes y normas y criterios de riesgo comunes, y pueda identificar ámbitos específicos de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras que merezcan prioridad de cara a la gestión y los controles comunes de riesgos, sin comprometer la seguridad. Esto requiere una estrecha colaboración con las autoridades competentes que velan por el cumplimiento de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, con especial atención a la colaboración con las autoridades de vigilancia del mercado. [Enm. 27]

(32)

Procede, por tanto, introducir en toda la Unión actividades de gestión de riesgos y disposiciones para garantizar la recogida a escala de la Unión de datos exhaustivos pertinentes para la gestión de riesgos, incluidos los resultados y la evaluación de todos los controles. Prevé un análisis común de riesgos y la emisión de las correspondientes recomendaciones de control de la Unión a las autoridades aduaneras. Será obligatorio aplicar estas recomendaciones de control, o bien indicar las razones por las que no se han aplicado las recomendaciones . En consonancia con el principio de «cumplir o explicar», deben aplicarse estas recomendaciones de control, o bien aportarse razones de peso para no aplicarlas. Debe establecerse un marco que ofrezca seguridad respecto a las situaciones en las que es admisible apartarse de estas recomendaciones, por ejemplo, cuando prevalecen otras prioridades apremiantes . También debe contemplarse la posibilidad de emitir una instrucción de que las mercancías destinadas a la Unión no puedan cargarse ni transportarse. El análisis de los riesgos y amenazas en la Unión debe basarse en datos actualizados constantemente a escala de la Unión y determinar las medidas y los controles que deben llevarse a cabo en los pasos fronterizos de entrada y salida del territorio de la Unión. En el contexto de la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad en particular, la gestión de riesgos en la Unión, siempre que sea posible, debe contribuir a los análisis estratégicos y las evaluaciones de amenazas realizados a escala de la Unión y beneficiarse de ellos, incluidos los realizados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), a fin de contribuir a la prevención y la lucha contra la delincuencia de manera eficiente y eficaz. Las infracciones graves o reiteradas de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras y detectadas por estas u otras autoridades competentes deben repercutir en el perfil de riesgo de los importadores, exportadores o sujetos pasivos considerados importadores. [Enm. 28]

(33)

El proceso de inclusión de las mercancías en un régimen aduanero debe revisarse para reflejar las nuevas funciones y responsabilidades de las personas que intervienen en el régimen. De este modo, la responsabilidad de facilitar la información a las autoridades aduaneras será asumida por la persona responsable de las mercancías: el importador, el exportador o el titular del régimen de tránsito, y no el declarante. Estos responsables deben facilitar o poner a disposición de las aduanas los datos tan pronto como estén disponibles y, en cualquier caso, antes del levante de las mercancías para su inclusión en un régimen aduanero, a fin de que las autoridades aduaneras puedan llevar a cabo un análisis de riesgos y adoptar las medidas oportunas. Dado que los sujetos pasivos considerados importadores en el comercio electrónico tienen un mayor volumen de operaciones y la obligación de calcular la deuda aduanera en el momento de la venta, y no en el momento del levante de las mercancías, procede adaptar los plazos en que deben proceder a la presentación de información. En consecuencia, los sujetos pasivos considerados importadores deben facilitar datos sobre las ventas de las mercancías que vayan a importar a más tardar el día siguiente a la aceptación del pago. En cambio, en circunstancias debidamente justificadas, las autoridades aduaneras deben poder autorizar a los operadores de confianza por control («Trust and Check») a cumplimentar posteriormente los datos sobre sus mercancías objeto de levante, ya que estos operadores comparten constantemente datos sobre sus operaciones con las aduanas y deben considerarse fiables. Tales circunstancias podrían ser la imposibilidad de determinar el valor en aduana definitivo de las mercancías en el momento del levante por estar vinculadas a un contrato de futuros, o la necesidad de obtener los documentos justificativos pertinentes sin que ello afecte al cálculo de la deuda aduanera.

(34)

Para simplificar el proceso aduanero de entrada de mercancías en el territorio aduanero de la Unión, garantizando al mismo tiempo que exista una única persona responsable de las mismas, los diferentes agentes de la cadena de suministro deben facilitar la información pertinente que les corresponda sobre las mercancías en cuestión y vincularla a un envío específico. Las mercancías solo deben entrar si existe un importador establecido en la Unión que asuma la responsabilidad de las mismas. El importador debe facilitar a la aduana información sobre las mercancías y sobre el régimen aduanero en el que deben incluirse tan pronto como sea posible, preferiblemente antes de la llegada física de las mercancías. Los proveedores de servicios o los agentes de aduanas deben poder facilitar la información en nombre y por cuenta del importador, pero este sigue siendo responsable de garantizar la conformidad de las mercancías por lo que respecta a los riesgos financieros y no financieros. Los transportistas que se ocupen efectivamente del traslado de las mercancías también deben facilitar cierta información sobre ellas antes de la carga o de la llegada («información anticipada sobre la carga») y han de vincular su información a la información del importador cuando esta se haya presentado previamente, sin tener necesariamente acceso a todos los datos que el importador haya facilitado. Además, para atender a las necesidades de las cadenas de suministro y las redes de transporte más complejas, se podrá exigir a otras personas que completen la información sobre las mercancías que vayan a introducirse en el territorio aduanero de la Unión. El importador, el transportista o cualquier otra persona que presente información en aduana debe estar obligado a rectificarla cuando sepa que la información ya no es correcta, pero antes de que las autoridades aduaneras hayan detectado irregularidades que deseen controlar.

(35)

Las autoridades aduaneras responsables del lugar de primera entrada de las mercancías deben llevar a cabo un análisis de riesgos de la información disponible sobre dichas mercancías y tener derecho a adoptar una amplia gama de medidas de mitigación si detectan un riesgo, inclusive solicitar controles antes de la carga o a la llegada de las mercancías al territorio aduanero de la Unión por parte de otra autoridad aduanera u otras autoridades. Por lo general, el transportista es el mejor situado para saber cuándo han llegado las mercancías, por lo que debe notificar dicha llegada a la aduana usando, cuando proceda, el entorno europeo de ventanilla única marítima de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1239 . No obstante, a fin de adaptarse a las cadenas de suministro y las redes de transporte más complejas, debe poder exigirse a otras personas que notifiquen la llegada de las mercancías a las autoridades aduaneras para su análisis de riesgos. Con objeto de garantizar que las autoridades aduaneras dispongan de información anticipada sobre la carga de todas las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión, debe impedirse que los transportistas descarguen mercancías sobre las que no exista información, a menos que las autoridades aduaneras hayan solicitado a un transportista que las presente o que exista una situación de emergencia que requiera la descarga de las mercancías. En cambio, para facilitar el proceso de entrada de las mercancías respecto a las cuales las autoridades aduaneras dispongan de la correspondiente información anticipada sobre la carga, el transportista no debe estar obligado a presentar las mercancías en la aduana en todos los casos, sino únicamente cuando así lo soliciten las autoridades aduaneras o cuando así lo exijan otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras. [Enm. 29]

(36)

Las mercancías no pertenecientes a la Unión que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión deben considerarse en depósito temporal desde el momento en que el transportista notifique su llegada hasta su inclusión en un régimen aduanero, a menos que ya estén incluidas en el régimen de tránsito. Para garantizar una vigilancia aduanera adecuada, esta situación debe quedar limitada en el tiempo. No debe extenderse durante más de diez días, salvo en casos excepcionales. Si el importador necesita almacenar las mercancías durante más tiempo, las mercancías deben encontrarse en un depósito aduanero en el que las mercancías puedan almacenarse sin límite de tiempo. Por consiguiente, las autorizaciones existentes para los lugares de depósito temporal deben convertirse en autorizaciones de depósito aduanero siempre que se cumplan los requisitos pertinentes.

(37)

Es necesario mantener las normas que determinan si las mercancías son mercancías de la Unión o no pertenecientes a la Unión y si se puede presumir o debe demostrarse el estatuto de mercancías de la Unión, en particular cuando las mercancías abandonen temporalmente el territorio aduanero de la Unión.

(38)

Una vez que las autoridades aduaneras dispongan de la información necesaria para el régimen en cuestión, han de decidir, sobre la base de un análisis de riesgos, si someten las mercancías a controles adicionales, conceden, rechazan o suspenden su levante, o dejan pasar el tiempo para que las mercancías se consideren despachadas. Las autoridades aduaneras deben hacerlo en cooperación con otras autoridades, cuando sea necesario. En consecuencia, las autoridades aduaneras deben denegar el levante de las mercancías cuando tengan pruebas de que las mercancías no cumplen los requisitos legales aplicables. Cuando las autoridades aduaneras necesiten consultar a otras autoridades para determinar si las mercancías son conformes o no, deben suspender el levante al menos hasta que tenga lugar la consulta. En estas situaciones, la decisión posterior de las autoridades aduaneras sobre las mercancías debe depender de la respuesta de las demás autoridades. Para evitar el bloqueo tanto de los operadores como de las autoridades en los casos en que llegar a una conclusión sobre la conformidad requiera algún tiempo, las autoridades aduaneras deben tener la posibilidad de autorizar el levante de las mercancías a condición de que el operador siga informando sobre la ubicación de las mismas durante un máximo de quince días. Por último, con el fin de proporcionar seguridad jurídica a los operadores que hayan facilitado la información a tiempo sin obligar a las autoridades aduaneras a intervenir en cada envío, resulta oportuno considerar despachadas las mercancías que no hayan sido seleccionadas para un control tras un período de tiempo razonable. La Comisión debe estar facultada para definir este período de tiempo mediante normas delegadas, adaptándolo, en caso necesario, al tipo de tráfico o de paso fronterizo lo antes posible y a más tardar en un plazo de treinta días naturales . [Enm. 30]

(39)

En la medida en que los operadores de confianza por control («Trust and Check») concedan a las aduanas pleno acceso a sus sistemas, registros y operaciones y se les consideren fiables, deben poder proceder al levante de sus mercancías bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras, pero sin esperar a su intervención. En consecuencia, los operadores de confianza por control deben poder proceder al levante de las mercancías para cualquier régimen de entrada en el momento de la recepción en el destino final de las mercancías o para cualquier régimen de salida en el lugar de entrega de las mercancías. Dado que se considera que los operadores de confianza por control deben mostrar transparencia, la llegada o la entrega deben registrarse convenientemente en el Centro Aduanero de Datos de la UE. Estos operadores deben estar obligados a informar a las autoridades aduaneras cuando surja un problema para que estas puedan adoptar una decisión final sobre el levante. Cuando los sistemas de control interno de los operadores de confianza por control sean lo suficientemente sólidos, las autoridades aduaneras, en cooperación con otras autoridades, deben poder autorizar a los operadores a realizar determinados controles con autonomía. No obstante, las autoridades aduaneras deben conservar la posibilidad de controlar las mercancías en cualquier momento. No se debe conceder el estatuto de «confianza por control» a las personas que hayan cometido infracciones graves o reiteradas de otra legislación de la Unión aplicada por las autoridades aduaneras. [Enm. 31]

(40)

Conviene establecer medidas para regular la transición de un sistema basado en las declaraciones en aduana a otro basado en el suministro de información al Centro Aduanero de Datos de la UE. Los operadores deben tener la posibilidad de presentar declaraciones en aduana para manifestar su intención de incluir mercancías en un régimen aduanero durante el período transitorio. No obstante, tan pronto como estén disponibles las capacidades del Centro Aduanero de Datos de la UE, los operadores también deben tener la posibilidad de facilitar o poner información a disposición de las autoridades aduaneras a través del Centro Aduanero de Datos de la UE, y las autoridades aduaneras ya no deben permitir que ningún operador solicite simplificaciones en relación con la declaración en aduana. Al final del período transitorio, todas las autorizaciones han de dejar de ser válidas, ya que las declaraciones en aduana desaparecerán.

(41)

El artículo 29 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) exige que se consideren en libre práctica los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana u otras exacciones de efecto equivalente. No obstante, el despacho a libre práctica no debe entenderse como una prueba del cumplimiento de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras cuando estas impongan requisitos específicos a las mercancías que vayan a venderse o consumirse en el mercado interior.

(42)

El proceso de salida de mercancías del territorio aduanero de la Unión debe racionalizarse y simplificarse, en consonancia con el proceso de entrada. En consecuencia, procede exigir que sea una persona establecida en la Unión la responsable de las mercancías, en este caso, el exportador. El exportador debe facilitar o poner a disposición de la aduana la información pertinente antes de sacar las mercancías de la Unión, indicando si se trata de mercancías de la Unión o no pertenecientes a la Unión que van a exportarse y adaptando la información necesaria. Con el fin de simplificar el proceso y evitar posibles lagunas, el concepto de «exportación» debe abarcar la salida de mercancías no pertenecientes a la Unión, incluyendo así también el concepto de «reexportación», que anteriormente estaba regulado como un concepto independiente.

(43)

Para garantizar una gestión de riesgos adecuada de las mercancías que abandonan el territorio aduanero de la Unión, la aduana responsable de la exportación debe estar obligada a llevar a cabo un análisis de riesgos de la información sobre las mercancías y a adoptar o solicitar las medidas apropiadas antes de la salida de estas. Dichas medidas deben pasar por solicitar a la aduana responsable del lugar de expedición de las mercancías y a la aduana de salida y, en caso necesario, a otras autoridades, que realicen controles, además de las medidas previstas en el marco del levante para la inclusión en un régimen aduanero, que también son aplicables cuando las mercancías vayan a incluirse en el régimen de exportación.

(44)

Para garantizar que los regímenes suspensivos sean también transparentes, conviene racionalizar las disposiciones relativas a los requisitos aplicables a las autorizaciones de los regímenes especiales. Concretamente, en aras de la claridad y la seguridad jurídica, las condiciones para determinar si es necesario un dictamen a escala de la Unión a fin de evaluar si la concesión de una autorización podría perjudicar a los intereses de los productores de la Unión, el denominado «examen de las condiciones económicas», deben codificarse en lugar de regularse mediante normas delegadas. Además, dado que la repercusión en los intereses de los productores de la Unión puede depender de la cantidad de mercancías incluidas en el régimen especial, la Autoridad Aduanera de la UE debe poder proponer un determinado umbral por debajo del cual se estime que no se perjudican los intereses de los productores de la Unión.

(45)

El artículo 9 del Convenio revisado para la navegación del Rin hace mención a un anexo (Manifiesto Renano) que facilitaba la circulación de mercancías por el Rin y sus afluentes al considerarlas en régimen de tránsito aduanero a través de las fronteras nacionales de cinco Estados miembros (20). Según la información comunicada por las administraciones aduaneras, el Manifiesto Renano ya no se utiliza en la práctica como régimen de tránsito aduanero en los Estados ribereños del Rin. En su lugar, ahora las mercancías se transportan por el Rin y sus afluentes utilizando el régimen de tránsito de la Unión establecido por el código, a través del Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado (NCTS). Procede, por tanto, suprimir la referencia al Manifiesto Renano de los casos en que la circulación de mercancías se considere tránsito externo o tránsito de la Unión.

(46)

Con el fin de aumentar la transparencia sobre la persona responsable del cumplimiento de las obligaciones del régimen de tránsito de la Unión, también por lo que respecta al contenido y los riesgos relacionados con el envío, conviene exigir al titular del régimen de tránsito que divulgue al menos información sobre el importador o el exportador que origine el desplazamiento, los medios de transporte y la identificación de las mercancías incluidas en dicho régimen. Esta información permitiría a las autoridades aduaneras vigilar con mayor eficacia el régimen de tránsito de la Unión de que se trate y llevar a cabo un análisis de riesgos. El régimen de tránsito de la Unión debe ser obligatorio, a menos que las mercancías se incluyan en otro régimen aduanero inmediatamente después de su entrada en el territorio aduanero de la Unión o de su salida de él. En caso de que aún no se conozca al importador o al exportador, el titular de las mercancías debe ser considerado importador o exportador de las mercancías y ser responsable del pago de los derechos de aduana y otros impuestos y gravámenes. El régimen de tránsito de la Unión debe sustituirse por la vigilancia aduanera si las mercancías son importadas o exportadas por un operador de confianza por control («Trust and Check»).

(47)

Una enmienda al anexo 6 del Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR (en lo sucesivo, «el Convenio TIR») (21) que entró en vigor el 1 de junio de 2021 modificó la nota explicativa 0.49 con el fin de conceder a los operadores económicos que cumplan determinados requisitos la posibilidad de convertirse en «expedidor autorizado», reflejando las facilidades existentes concedidas a los operadores económicos reconocidos como «destinatarios autorizados». Por consiguiente, es necesario incluir la nueva opción prevista en el Convenio TIR con el fin de adaptar la legislación aduanera de la Unión a dicho acuerdo internacional.

(48)

En muchos casos, la aplicación de las normas ordinarias para el cálculo de los derechos en las operaciones de comercio electrónico daría lugar a una carga administrativa desproporcionada tanto para las administraciones aduaneras como para los operadores económicos, en particular por lo que respecta a la recaudación de ingresos. En aras de desarrollar un tratamiento fiscal y aduanero sólido y eficaz para las mercancías importadas de terceros países a través de operaciones de comercio electrónico («ventas a distancia de bienes importados»), debe modificarse la legislación de la Unión con el fin de suprimir el umbral por debajo del cual las mercancías sin valor estimable no superior a 150 EUR por envío están exentas de derechos de aduana de importación de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1186/2009 del Consejo (22) , e introducir un tratamiento arancelario simplificado para las ventas a distancia de bienes importados de terceros países de conformidad con el Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (23) (nomenclatura combinada). A la luz de estas modificaciones propuestas, Deben modificarse determinadas normas del código sobre la clasificación arancelaria, el origen y el valor en aduana para prever las simplificaciones aplicables con carácter voluntario por el sujeto pasivo considerado importador a la hora de determinar el derecho de aduana en una operación entre empresas y consumidores que se considere una venta a distancia a efectos del IVA. Las simplificaciones deben consistir en la posibilidad de calcular los derechos de aduana adeudados aplicando una de las nuevas categorías arancelarias predefinidas de la nomenclatura combinada a un valor calculado de manera más sencilla. Con arreglo a las normas simplificadas para las operaciones de comercio electrónico entre empresas y consumidores, el precio neto de compra sin IVA, pero incluidos los costes totales de transporte hasta el destino final del producto, debe considerarse el valor en aduana y no debe exigirse el origen. No obstante, si el sujeto pasivo considerado importador desea beneficiarse de tipos arancelarios preferenciales demostrando el carácter originario de las mercancías, puede hacerlo aplicando los procedimientos ordinarios. [Enm. 32]

(49)

En la actualidad, las deudas aduaneras son recaudadas por el Estado miembro en el que se presenta la declaración en aduana. El operador puede elegir entre hacerlo en el país de primera entrada o utilizar un régimen de tránsito y pagar derechos en otro Estado miembro. Está previsto que este sistema cambie en 2025 con la implantación de un sistema informático de despacho centralizado, que permitirá a los operadores económicos autorizados presentar la declaración en aduana en el Estado miembro en el que estén establecidos. En vista de esta novedad, procede modificar las normas que definen el lugar en el que se origina la deuda aduanera, de modo que los derechos de importación se abonen al Estado miembro en el que está establecido el importador, ya que se trata del lugar en el que la autoridad aduanera puede tener un conocimiento más completo de los registros, las operaciones y los comportamientos comerciales de los operadores económicos, en particular cuando se haya concedido a dichos operadores el estatuto de operador de confianza por control («Trust and Check»). Sin embargo, es conveniente que la deuda aduanera de los operadores que no sean operadores de confianza por control se origine en el lugar donde se encuentren físicamente las mercancías, al menos hasta que se evalúe el modelo de vigilancia.

(50)

En el caso de las operaciones de comercio electrónico, es esencial garantizar que los intermediarios en línea, como las plataformas de internet, que gestionan la venta en línea de bienes a consumidores particulares paguen debidamente la deuda aduanera. Procede, por tanto, aclarar que el sujeto pasivo considerado importador es la persona responsable de la deuda aduanera, que se originaría en el momento en que el comprador paga al operador de comercio electrónico, una plataforma de internet en la mayoría de los casos. Para simplificar la carga que implica esta obligación, puede autorizarse que el sujeto pasivo considerado importador determine los derechos de importación adeudados y abone sus deudas aduaneras periódicamente, y las autoridades aduaneras deben poder consignar el importe en un único asiento contable a efectos del presupuesto de la Unión.

(51)

Conviene reforzar el mecanismo destinado a vigilar de manera más eficiente la aplicación de las medidas restrictivas sobre el flujo de mercancías que puede adoptar el Consejo de conformidad con el artículo 215 del TFUE. En tal caso, la Autoridad Aduanera de la UE debe prestar apoyo a la Comisión y a los Estados miembros para garantizar que no se eludan esas medidas. Las autoridades aduaneras deben asegurarse de emprender todas las actuaciones necesarias para cumplir las medidas e informar de ello a la Comisión y a la Autoridad Aduanera de la UE.

(52)

Debe establecerse un mecanismo de gestión de crisis para hacer frente a posibles crisis de la Unión Aduanera. El Plan de Acción Aduanero (24) puso de relieve la ausencia de un mecanismo de esta naturaleza. Por consiguiente, debe establecerse un mecanismo en el que intervenga la Autoridad Aduanera de la UE como agente fundamental en la preparación, coordinación y seguimiento de la aplicación de las medidas y disposiciones prácticas que la Comisión decida poner en marcha cuando se produzca una crisis. La Autoridad Aduanera de la UE debe mantener la preparación para responder a las crisis de forma permanente durante toda la duración de la crisis. La Autoridad Aduanera de la UE debe informar a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las medidas y disposiciones prácticas. [Enm. 33]

(53)

El actual marco de gobernanza de la Unión Aduanera carece de una estructura de gestión operativa clara y no refleja la evolución de las aduanas desde su creación en 1968. En virtud del Reglamento (UE) n.o 952/2013, las actividades relacionadas con la gestión de los riesgos en los flujos comerciales, como la aplicación de los controles sobre el terreno y las decisiones sobre ellos, son responsabilidad de las autoridades aduaneras nacionales . La intensidad del tráfico de mercancías en las fronteras exteriores no es igual en toda la Unión . A pesar de la cooperación que ha existido entre las administraciones nacionales de aduanas desde la creación de la Unión Aduanera y que ha dado lugar al intercambio de mejores prácticas y conocimientos especializados, así como al desarrollo de directrices comunes, ello no se ha traducido en el desarrollo de un enfoque armonizado ni de un marco operativo. En la actualidad, los Estados miembros aplican prácticas divergentes que debilitan la Unión Aduanera. Se carece de una capacidad central de análisis de riesgos, de una visión común sobre la priorización de los riesgos y de un marco de cooperación de las diversas autoridades al servicio del mercado único interno , y la coordinación de la actuación y los controles aduaneros es limitada. Un nivel operativo central de la Unión para poner en común conocimientos especializados y recursos y tomar decisiones conjuntamente debería resolver estas deficiencias en ámbitos como la gestión de datos, la gestión de riesgos y la formación, para que la Unión Aduanera actúe de forma unitaria. Por todo ello, procede establecer una Autoridad Aduanera de la UE. La creación de esta nueva Autoridad es crucial para garantizar un funcionamiento eficiente y adecuado de la Unión Aduanera, coordinar de forma centralizada la actuación aduanera y prestar apoyo a las actividades de las autoridades aduaneras. [Enm. 34]

(54)

La Autoridad Aduanera de la UE debe regirse y funcionar sobre la base de los principios de la Declaración Común y el Planteamiento Común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012 (25).

(55)

Los criterios que deben tenerse en cuenta para contribuir al proceso de toma de decisiones destinado a elegir la sede de la Autoridad Aduanera de la UE deben ser la garantía de que la Autoridad pueda crearse en el lugar elegido desde el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, la accesibilidad del lugar, la existencia de centros educativos adecuados para los hijos del personal, así como un acceso apropiado al mercado de trabajo, a la seguridad social y a los servicios médicos por parte de sus hijos y cónyuges. A la luz del carácter cooperativo de la mayoría de las actividades de la Autoridad Aduanera de la UE y, en particular, de la estrecha relación que existirá entre los sistemas informáticos que mantendrá la Comisión durante el período transitorio, dado que la Autoridad Aduanera de la UE creará y gestionará el Centro Aduanero de Datos de la UE, esta Autoridad deberá implantarse en un lugar que permita esa cooperación tan estrecha con la Comisión, las autoridades de las regiones de la Unión más importantes de cara al comercio internacional y los organismos de la Unión e internacionales pertinentes (por ejemplo, la Organización Mundial de Aduanas, para facilitar el enriquecimiento mutuo práctico sobre temas específicos). Teniendo en cuenta estos criterios, la Autoridad Aduanera de la UE debe tener su sede en [...].

(55 bis)

Los Estados miembros y la Comisión tienen la responsabilidad de garantizar que las autoridades aduaneras dispongan de los recursos, la formación y el equipo adecuados para poder cumplir su misión, incluidas las competencias de investigación apropiadas. [Enm. 35]

(55 ter)

Las aduanas necesitan serias inversiones, sobre todo en lo que respecta a un número suficiente de personal debidamente formado para garantizar el funcionamiento de los sistemas aduaneros de la Unión, que se enfrentan a un aumento exponencial de las exigencias; considerando que, sin las inversiones necesarias en personal, las soluciones digitales no pueden desarrollar su pleno potencial. Por consiguiente, las inversiones en sistemas digitales deben garantizar una financiación suficiente para el personal y su formación a fin de requerir las competencias necesarias para los equipos de última generación, la tecnología para el análisis de macrodatos, la detección y los controles y, de este modo, garantizar que los controles aduaneros se realicen de manera uniforme en toda la Unión. [Enm. 36]

(56)

Los Estados miembros y , la Comisión y el Parlamento Europeo deben estar representados en el Consejo de Administración a fin de garantizar el funcionamiento efectivo de la Autoridad Aduanera de la UE. La composición del Consejo de Administración, incluida la selección de su presidente y su vicepresidente, debe respetar los principios de equilibrio de género, experiencia y cualificación. Habida cuenta de la competencia exclusiva de la Unión en materia de Unión Aduanera y del estrecho vínculo existente entre las aduanas y otros ámbitos de actuación, conviene que su presidente sea elegido de entre dichos representantes de la Comisión. Con vistas al funcionamiento efectivo y eficiente de la Autoridad Aduanera de la UE, el Consejo de Administración, en particular, debe adoptar un documento único de programación, incluida la programación anual y plurianual, desempeñar sus funciones relacionadas con el presupuesto de la Autoridad, adoptar las normas financieras aplicables a la Autoridad, nombrar un director ejecutivo y establecer procedimientos para la adopción de decisiones relacionadas con las tareas operativas de la Autoridad por el director ejecutivo. El Consejo de Administración debe estar asistido por un Comité Ejecutivo y un órgano consultivo que represente a las organizaciones de consumidores, las asociaciones empresariales y otros agentes no estatales pertinentes . [Enm. 37]

(56 bis)

La Autoridad Aduanera de la UE debe crear un Consejo Consultivo Aduanero, que debe asistir a su comité ejecutivo. Debe encargarse de prestar asesoramiento sobre la aplicación de acciones y decisiones técnicas, incluida la gestión de riesgos y los ámbitos prioritarios de control, sobre cuestiones de aplicación y normalización, incluidas las actividades de armonización o la necesidad de adaptar las normas, y sobre las dimensiones aduaneras de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, así como asesoramiento en el contexto de cualquier otra actividad de la Autoridad Aduanera de la UE. El Consejo Consultivo Aduanero debe procurar una representación de las partes interesadas equilibrada entre intereses comerciales y no comerciales y, dentro de la categorías de intereses comerciales, con respecto a pymes y a otras empresas. [Enm. 38]

(57)

Para garantizar un funcionamiento eficaz, la Autoridad Aduanera de la UE debe estar dotada de un presupuesto autónomo, con ingresos procedentes del presupuesto general de la Unión y cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros. En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, la Autoridad Aduanera de la UE también debe estar en condiciones de recibir ingresos adicionales a través de convenios de contribución o acuerdos de subvención, así como de las tarifas aplicadas por publicaciones y cualquier otro servicio prestado por la Autoridad Aduanera de la UE.

(58)

Para cumplir su misión, las autoridades aduaneras cooperan estrecha y regularmente con las autoridades de vigilancia del mercado, las autoridades de control sanitario y fitosanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades de gestión de fronteras, los organismos de protección del medio ambiente, los expertos en bienes culturales y muchas otras autoridades encargadas de las políticas sectoriales. Teniendo en cuenta la evolución del mercado único interior y del papel de las aduanas, el aumento de las prohibiciones y restricciones y del comercio electrónico, es necesario estructurar y reforzar esta cooperación a nivel nacional, de la Unión e internacional. En lugar de una cooperación centrada en envíos individuales o acontecimientos específicos a lo largo de la cadena de suministro, debe establecerse un marco de cooperación estructurado entre las autoridades aduaneras y otras autoridades responsables de los ámbitos de actuación pertinentes. Dicho marco de cooperación debe incluir los siguientes aspectos: el desarrollo de la legislación y de las necesidades de actuación en un ámbito específico, el intercambio y el análisis de información, la elaboración de una estrategia global de cooperación en forma de estrategias conjuntas de vigilancia y, por último, la cooperación en materia de aplicación operativa, seguimiento y controles. La Comisión también debe facilitar la aplicación de una parte de las demás disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, mediante la elaboración de una lista de la legislación de la Unión que impone requisitos respecto de las mercancías sujetas a controles aduaneros con el fin de proteger intereses públicos como la salud y la vida humana, animal o vegetal, los consumidores y el medio ambiente. [Enm. 39]

(59)

Con el fin de aportar mayor claridad y eficiencia al marco de cooperación entre las autoridades aduaneras y otras autoridades asociadas, debe definirse claramente en una lista de servicios ofrecidos por las autoridades aduaneras el posible papel de las aduanas en la aplicación de otras políticas pertinentes en las fronteras de la Unión. Además, la Autoridad Aduanera de la UE debe realizar un seguimiento de la aplicación del marco de cooperación. La Autoridad Aduanera de la UE ha de trabajar estrechamente y cooperar con la Comisión, la OLAF, otras agencias y organismos pertinentes de la Unión, como Europol , la Fiscalía Europea y Frontex, así como con agencias y redes especializadas en los ámbitos políticos respectivos, como la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos. [Enm. 40]

(60)

En un mundo cada vez más conectado, la diplomacia aduanera y la cooperación internacional son aspectos importantes de la labor de las autoridades aduaneras de todo el mundo. La cooperación internacional debe contemplar la posibilidad de intercambiar datos aduaneros, en virtud de acuerdos internacionales o de legislación autónoma de la Unión, a través de medios de comunicación adecuados y seguros, siempre que se respete la información confidencial y se protejan los datos personales, por ejemplo a través del Centro Aduanero de Datos de la UE. Este marco jurídico no debe vulnerar las competencias de los Estados miembros en materia de compromisos bilaterales o multilaterales con terceros países sobre tareas nacionales. [Enm. 41]

(61)

A pesar de que la legislación aduanera está armonizada a través del código, el Reglamento (UE) n.o 952/2013 solo incluía la obligación de que los Estados miembros establecieran sanciones en caso de incumplimiento de la legislación aduanera y exigía que dichas sanciones fueran efectivas, proporcionadas y disuasorias. Por lo tanto, los Estados miembros tienen la posibilidad de elegir las sanciones aduaneras, que varían considerablemente de un Estado miembro a otro y son susceptibles de evolución a lo largo del tiempo. Debe establecerse un marco común que recoja un núcleo mínimo de infracciones aduaneras y de sanciones no penales. El incumplimiento de las obligaciones de los importadores, los exportadores y los sujetos pasivos considerados importadores podría incluirse en la lista de infracciones aduaneras. Este marco es necesario para abordar la falta de aplicación uniforme y las importantes divergencias entre los Estados miembros en la aplicación de sanciones contra las infracciones de la legislación aduanera que pueden dar lugar a una distorsión de la competencia, lagunas y búsqueda de la aduana más ventajosa. El marco debe estar compuesto por una lista común de actos u omisiones que deben constituir infracciones aduaneras en todos los Estados miembros. A la hora de determinar la sanción aplicable, las autoridades aduaneras deben constatar si estos actos u omisiones se cometen deliberadamente o por negligencia manifiesta. Las sanciones y las responsabilidades impuestas a los operadores económicos deben ser proporcionadas a su papel en el proceso de transacción, garantizando la equidad y la claridad en su aplicación. La Comisión, los Estados miembros y la Autoridad Aduanera de la UE deben intercambiar regularmente las mejores prácticas en materia de auditoría y sanciones, con el fin de mejorar la coherencia en la aplicación de las sanciones. [Enm. 42]

(62)

Es necesario establecer disposiciones comunes para los factores atenuantes y otro tipo de factores de disminución de las penas, así como para las circunstancias agravantes, en relación con las infracciones aduaneras. El plazo de prescripción para iniciar los procedimientos de infracción aduaneros debe establecerse de conformidad con la legislación nacional y debe oscilar entre los cincos y los diez años, a fin de prever una norma común basada en la limitación temporal para la notificación de la deuda aduanera. La jurisdicción competente debe ser aquella en la que se haya cometido la infracción. Es necesario prever la cooperación entre los Estados miembros, en aquellos casos en que la infracción aduanera se haya cometido en más de un Estado miembro. En tales situaciones, el Estado miembro que inicie en primer lugar el procedimiento debe cooperar con las demás autoridades aduaneras afectadas por la misma infracción aduanera.

(63)

Es necesario establecer un núcleo común mínimo de infracciones aduaneras definiéndolas, sobre la base de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento y de obligaciones idénticas previstas en otras partes de la legislación aduanera.

(64)

También es necesario establecer un núcleo mínimo común de sanciones no penales que prevea importes mínimos de cargas pecuniarias, la posibilidad de revocar, suspender o modificar las autorizaciones aduaneras, incluso en el caso de los operadores económicos autorizados y los operadores de confianza por control («Trust and Check»), así como el decomiso de las mercancías. Los importes mínimos de las cargas pecuniarias deben depender de si la infracción aduanera se ha cometido deliberadamente o no y de si afecta o no al importe de los derechos de aduana y otros gravámenes, así como a las prohibiciones o restricciones. Este núcleo mínimo común de sanciones no penales debe aplicarse sin perjuicio del ordenamiento jurídico nacional de los Estados miembros, que en su lugar pueden prever sanciones penales. Los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad Aduanera de la UE deben colaborar para aumentar gradualmente la coherencia de las sanciones no penales y su aplicación en toda la Unión. [Enm. 43]

(65)

El desempeño de la Unión Aduanera debe evaluarse al menos una vez al año para que la Comisión, con la ayuda de los Estados miembros, pueda adoptar las orientaciones políticas adecuadas , y debe publicarse dicho informe de evaluación . La recopilación de información de las autoridades aduaneras debe formalizarse y profundizarse, ya que una presentación de información más completa mejoraría la evaluación comparativa y podría ayudar a homogeneizar las prácticas y a evaluar el impacto de las decisiones en materia de política aduanera. Procede, por tanto, introducir un marco jurídico para la evaluación del desempeño de la Unión Aduanera. Para permitir un nivel de detalle suficiente del análisis, la medición del desempeño debe hacerse no solo a nivel nacional, sino también a nivel de paso fronterizo. La Autoridad Aduanera de la UE debe apoyar a la Comisión en el proceso de evaluación recopilando y analizando los datos en el Centro Aduanero de Datos de la UE e identificando la manera en que las actividades y operaciones aduaneras propician la consecución de las prioridades y los objetivos estratégicos de la Unión Aduanera y contribuyen a la misión de las autoridades aduaneras. En particular, la Autoridad Aduanera de la UE debe identificar las principales tendencias, puntos fuertes, puntos débiles, lagunas y riesgos potenciales, y formular recomendaciones de mejora dirigidas a la Comisión. En el contexto de la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad en particular, la Autoridad Aduanera de la UE también debe participar, desde un punto de vista operativo, en los análisis estratégicos y las evaluaciones de amenazas realizados a escala de la Unión, incluidos los realizados por Europol y Frontex. [Enm. 44]

(66)

De conformidad con el principio de proporcionalidad, y con vistas al logro de los objetivos básicos de funcionamiento efectivo de la Unión Aduanera y de aplicación de una política comercial común, resulta necesario y apropiado establecer las normas y los procedimientos aplicables a las mercancías que entren en el territorio aduanero de la Unión o salgan de él. El presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.

(67)

A fin de modificar o completar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a los siguientes aspectos:

(68)

Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria para la adopción de actos delegados, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la Mejora de la Legislación (26).

(69)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para: adoptar las normas de procedimiento sobre utilización de una decisión relativa a información vinculante que ha dejado de ser válida o que ha sido revocada; adoptar las normas de procedimiento sobre la notificación a las autoridades aduaneras de la suspensión de la adopción de dichas decisiones y sobre el levantamiento de dicha suspensión; adoptar decisiones en las que se solicita a los Estados miembros que revoquen decisiones relativas a una información vinculante; adoptar las modalidades de aplicación de los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado y de operador de confianza por control («Trust and Check»); determinar los sistemas, plataformas o entornos electrónicos con los que se federa el Centro Aduanero de Datos de la UE; determinar las normas para el acceso a servicios y sistemas específicos del Centro Aduanero de Datos de la UE, incluidas las normas y condiciones específicas para la protección, la seguridad y la protección de los datos personales y cuando dicho acceso esté limitado; medidas relativas a la gestión de la vigilancia por parte de las aduanas; adoptar las normas de procedimiento relativas a las responsabilidades de los corresponsables del tratamiento de datos por medio de un servicio o sistema del Centro Aduanero de Datos de la UE; adoptar las normas de procedimiento para determinar las aduanas competentes distintas de la aduana responsable del lugar en el que está establecido el importador o el exportador; adoptar medidas sobre la comprobación de la información, el examen y la toma de muestras de las mercancías, los resultados de la comprobación y la identificación; adoptar medidas sobre la aplicación de controles posteriores al levante en relación con operaciones que tengan lugar en más de un Estado miembro; elaborar la lista de los puertos o aeropuertos donde deban llevarse a cabo las formalidades y los controles aduaneros relativos al equipaje de mano o al equipaje facturado; adoptar medidas para garantizar la aplicación armonizada de los controles aduaneros y la gestión de riesgos, incluido el intercambio de información, el establecimiento de normas y criterios de riesgo comunes y ámbitos prioritarios de control comunes, así como las actividades de evaluación en estos ámbitos; especificar las normas de procedimiento sobre la presentación y comprobación de la prueba del estatuto aduanero de mercancías de la Unión; especificar las normas de procedimiento para rectificar e invalidar la información relativa a la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero; adoptar las normas de procedimiento sobre la determinación de la aduana competente y sobre la presentación de la declaración en aduana cuando se han utilizado medios distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos; las normas de procedimiento sobre la presentación de una declaración en aduana normal y la disponibilidad de los documentos justificativos; las normas de procedimiento sobre la presentación de una declaración simplificada y una declaración complementaria; las normas de procedimiento sobre la presentación de una declaración en aduana previa a la presentación de las mercancías en aduana, la admisión de la declaración en aduana y la rectificación de la declaración en aduana tras el levante de las mercancías; especificar las normas de procedimiento sobre el despacho centralizado y la dispensa de la obligación de presentación de las mercancías en este contexto; las normas de procedimiento sobre la inscripción en los registros del declarante; las normas de procedimiento sobre la disposición de las mercancías; las normas de procedimiento sobre la presentación de información por la que se establezca que se cumplen las condiciones para la exención de derechos de importación a las mercancías de retorno y sobre la presentación de pruebas que acrediten el cumplimiento de las condiciones para la exención de derechos de importación a los productos de la pesca marítima y demás productos extraídos del mar; especificar las normas de procedimiento sobre la salida de las mercancías; adoptar las normas de procedimiento para facilitar, rectificar e invalidar la información previa a la salida y para presentar, rectificar e invalidar la declaración sumaria de salida; adoptar normas de procedimiento para la devolución del IVA a personas físicas no establecidas en la Unión; especificar las normas de procedimiento sobre la notificación de la llegada de un buque marítimo o de una aeronave y el traslado de la mercancía al lugar apropiado; las normas de procedimiento sobre la presentación, rectificación e invalidación de una declaración de depósito temporal y sobre el traslado de mercancías en depósito temporal; adoptar las normas de procedimiento para la concesión de la autorización para la inclusión en regímenes especiales, para el examen de las condiciones económicas y para la emisión del dictamen de la Autoridad Aduanera de la UE en el que se evalúe si la concesión de una autorización para la inclusión un régimen de perfeccionamiento activo o pasivo perjudica a los intereses esenciales de los productores de la Unión; adoptar las normas de procedimiento sobre la ultimación de un régimen especial; las normas de procedimiento sobre la transferencia de derechos y obligaciones y la circulación de las mercancías en el contexto de los regímenes especiales; las normas de procedimiento sobre la utilización de mercancías equivalentes en el contexto de los regímenes especiales; las normas de procedimiento sobre la aplicación en el territorio aduanero de la Unión de las disposiciones de los instrumentos internacionales de tránsito; las normas de procedimiento sobre la inclusión de las mercancías en el régimen de tránsito de la Unión y sobre la ultimación de dicho régimen, sobre el funcionamiento de las simplificaciones de dicho régimen aduanero y sobre la vigilancia aduanera de las mercancías que atraviesen el territorio de un tercer país al amparo del régimen de tránsito externo de la Unión; las normas de procedimiento sobre la inclusión de las mercancías en el régimen de depósito aduanero o de zona franca y sobre la circulación de mercancías ubicadas en un depósito aduanero; adoptar medidas relativas a la gestión uniforme de los contingentes arancelarios y los límites máximos arancelarios, así como de gestión de la supervisión aduanera del despacho a libre práctica o de la exportación de mercancías; adoptar medidas para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías; especificar las normas de procedimiento sobre la presentación y verificación de la prueba de origen no preferencial; adoptar las normas de procedimiento para facilitar la determinación en la Unión del origen preferencial de las mercancías; adoptar medidas para determinar el origen de mercancías específicas; conceder una exención temporal de las normas de origen preferenciales de las mercancías que se beneficien de medidas preferenciales adoptadas unilateralmente por la Unión; especificar las normas de procedimiento para la determinación del valor en aduana de las mercancías; especificar las normas de procedimiento sobre la constitución, la determinación del importe, el control y la liberación de garantías, así como sobre la revocación y anulación de un compromiso adquirido por un fiador; especificar las normas de procedimiento relativas a prohibiciones temporales de la utilización de las garantías globales; adoptar medidas que garanticen la asistencia mutua entre las autoridades aduaneras en caso de que surja una deuda aduanera; especificar las normas de procedimiento para la devolución y condonación de un importe de derechos de importación o de exportación, sobre la información que debe facilitarse a la Comisión y sobre las decisiones que debe adoptar esta en materia de devolución o condonación; adoptar medidas para detectar una crisis y activar el mecanismo de gestión de crisis; adoptar las normas de procedimiento para la concesión y gestión de las autorizaciones para que un Estado miembro entable negociaciones con un tercer país con vistas a la celebración de un acuerdo bilateral sobre intercambio de información; adoptar decisiones sobre una solicitud de autorización presentada por un Estado miembro para entablar negociaciones con un tercer país con vistas a la celebración de un acuerdo bilateral sobre intercambio de información; especificar el diseño del marco de medición del desempeño de la Unión Aduanera y la información que los Estados miembros deben facilitar a la Autoridad Aduanera de la UE a efectos de la medición del desempeño; establecer las normas de conversión de divisas. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (27).

(70)

Procede utilizar el procedimiento consultivo para la adopción de los siguientes actos: los actos de ejecución por los que se solicite a los Estados miembros la revocación de una decisión relativa a información vinculante, dado que dicha decisión afecta únicamente a un Estado miembro y tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera; los actos de ejecución para determinar los detalles específicos del acceso de las autoridades distintas de las aduaneras a servicios y sistemas específicos del Centro Aduanero de Datos de la UE; adoptar actos de ejecución sobre una solicitud de autorización presentada por un Estado miembro para entablar negociaciones con un tercer país con vistas a la celebración de un acuerdo bilateral sobre intercambio de información, ya que solo afectan a un Estado miembro; actos de ejecución relativos a la devolución o condonación de importes correspondientes a derechos de importación o de exportación, dado que dichas decisiones afectan directamente al solicitante de la devolución o condonación.

(71)

En determinados casos, debidamente justificados, en los que así se requiera por razones imperiosas de urgencia, procede que la Comisión adopte actos de ejecución inmediatamente aplicables en relación con: medidas para garantizar una aplicación uniforme de los controles aduaneros, incluido el intercambio de la información sobre riesgos y de los análisis de riesgos, las normas y los criterios de riesgo comunes, las medidas de control y los ámbitos prioritarios de control comunes; decisiones sobre una solicitud de autorización presentada por un Estado miembro para entablar negociaciones con un tercer país con vistas a la celebración de un acuerdo bilateral sobre intercambio de información; medidas para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías; medidas para determinar el origen de mercancías específicas; medidas que establezcan el método adecuado de valoración en aduana o los criterios que deban utilizarse para determinar el valor en aduana de las mercancías en situaciones especiales; medidas que prohíban temporalmente la utilización de las garantías globales; la detección de una situación de crisis y la adopción de las medidas adecuadas para hacerle frente o mitigar sus efectos negativos; decisiones por las que se faculte a un Estado miembro para negociar y celebrar un acuerdo bilateral con un tercer país sobre intercambio de información.

(72)

La Comisión debe esforzarse por que los actos delegados y de ejecución previstos en el presente Reglamento entren en vigor con suficiente antelación a la fecha de aplicación del código, de forma que los Estados miembros lo puedan aplicar en tiempo oportuno.

(73)

Las disposiciones relativas a la Autoridad Aduanera de la UE, excepto el artículo 238, deben aplicarse a partir del 1 de enero de 2028. Hasta entonces, la Autoridad Aduanera de la UE debe desempeñar sus funciones utilizando los sistemas electrónicos existentes para el intercambio de información aduanera desarrollados por la Comisión. Las disposiciones sobre el tratamiento arancelario simplificado respecto de las ventas a distancia y los sujetos pasivos considerados importadores deben aplicarse a partir del 1 de enero de 2028.

(74)

En 2032 A partir del 1 de enero de 2029 , los operadores económicos podrán deben tener derecho a empezar a utilizar, de forma voluntaria, las capacidades del Centro Aduanero de Datos de la UE. Se espera que, para finales de 2037 a más tardar el 31 de diciembre de 2032 , el Centro Aduanero de Datos de la UE esté plenamente desarrollado y todos los operadores económicos deberán utilizarlo. Los operadores de confianza por control («Trust and Check») y los sujetos pasivos considerados importadores serán objeto de vigilancia por el Estado miembro en el que estén establecidos. No obstante lo dispuesto, y sujeto a revisión, los operadores que no sean operadores de confianza por control ni sujetos pasivos considerados importadores permanecerán bajo la vigilancia de la autoridad aduanera del Estado miembro en el que se encuentren físicamente las mercancías. A más tardar el 31 de diciembre de 2035, la Comisión debe evaluar los dos modelos de vigilancia, también en lo que se refiere a su eficacia para detectar y prevenir el fraude. La evaluación también debe tener en cuenta los aspectos relacionados con la fiscalidad indirecta. Sobre la base de esta evaluación, la Comisión debe estar facultada para decidir mediante un acto delegado si los dos modelos deben continuar o si, en todos los casos, la autoridad aduanera responsable del lugar de establecimiento del operador debe autorizar el levante de las mercancías. El lugar de nacimiento de la deuda aduanera también debe regularse de conformidad con la determinación de la autoridad aduanera responsable. [Enm. 46]

a)

garantizar la eficiente y correcta recaudación de los derechos de aduana y otros gravámenes; [Enm. 48]

b)

garantizar que las mercancías que estén destinadas a circular en el mercado interior, pero presenten un riesgo para la seguridad o la protección de los ciudadanos y residentes no entren en el territorio aduanero de la Unión, estableciendo las medidas adecuadas para el control de las mercancías y las cadenas de suministro; [Enm. 49]

b bis)

garantizar que las mercancías que presenten un riesgo para la seguridad de los ciudadanos y residentes no entren en el territorio aduanero de la Unión, estableciendo las medidas adecuadas para el control de las mercancías y las cadenas de suministro; [Enm. 50]

c)

contribuir a la protección de la salud y la vida humana, animal o vegetal, el medio ambiente, los consumidores y otros intereses públicos protegidos por otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, en estrecha cooperación con otras autoridades, garantizando que las mercancías que presenten riesgos conexos no entren en el territorio aduanero de la Unión ni salgan de él;

d)

proteger a la Unión del comercio desleal, no conforme e ilegal, en particular falsificaciones y mercancías que no cumplan otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, mediante un estrecho seguimiento de los operadores económicos , los sectores y las cadenas de suministro y el establecimiento de un núcleo mínimo de infracciones y sanciones aduaneras; [Enm. 51]

e)

apoyar todas las actividades comerciales legítimas, manteniendo un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo, y simplificando los procesos y regímenes aduaneros mediante un sólido análisis de riesgos en tiempo real, hecho posible entre otros por los sistemas de inteligencia artificial a que se refiere el artículo 29, apartado 1, letra d) . [Enm. 52]

e bis)

promover la rentabilidad evitando duplicaciones y fomentando la eficacia de los procesos aduaneros, así como un uso eficiente de los recursos conexos a escala nacional y de la Unión; [Enm. 53]

e ter)

recopilar, analizar e intercambiar información pertinente para respaldar una toma de decisiones basada en datos contrastados; [Enm. 54]

e quater)

contribuir a la mejora de la ejecución general de los actos jurídicos de la Unión en otros ámbitos, como los que protegen la seguridad de los ciudadanos, los residentes y los consumidores, el medio ambiente y las cadenas de suministro; [Enm. 55]

e quinquies)

garantizar, cuando se haya activado el modo de emergencia del mercado interior con arreglo al artículo 14 del Reglamento (UE) 2024/2747 del Parlamento Europeo y del Consejo  (30) , el flujo de bienes pertinentes para la crisis tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 6, de dicho Reglamento. [Enm. 56]

1)

«autoridades aduaneras»: las administraciones de aduanas de los Estados miembros competentes para aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada por la legislación nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa legislación;

2)

«legislación aduanera»: el cuerpo legal integrado por:

3)

«otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras»: legislación no aduanera que sea de aplicación a las mercancías que entren en el territorio aduanero de la Unión, salgan de él o lo atraviesen, o sean introducidas en el mercado de la Unión, en cuya aplicación intervengan las autoridades aduaneras;

4)

«medidas de política comercial»: las medidas que formen parte de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, adoptadas en virtud del artículo 207 del TFUE, distintas de los derechos antidumping provisionales o definitivos, los derechos compensatorios o las medidas de salvaguardia, en forma de incrementos arancelarios para determinadas mercancías, y en particular las medidas de vigilancia especial y de salvaguardia en forma de autorizaciones de importación o exportación;

5)

«persona»: toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el Derecho de la Unión o el nacional;

6)

«operador económico»: toda persona que, en el ejercicio de su actividad profesional, efectúe actividades a las que se aplique la legislación aduanera;

7)

«establecido en el territorio aduanero de la Unión»:

8)

«establecimiento comercial permanente»: un centro de actividades fijo, en el que se hallan disponibles permanentemente los recursos humanos y técnicos necesarios, y a través del cual se realizan, en parte o en su totalidad, las operaciones aduaneras de una persona;

9)

«decisión aduanera»: todo acto de las autoridades aduaneras relativo a la legislación aduanera, mediante el que se pronuncien sobre un caso concreto y que conlleve efectos jurídicos para el interesado;

10)

«régimen aduanero»: cualquiera de los regímenes en los que puedan incluirse las mercancías con arreglo al código, a saber:

11)

«formalidades aduaneras»: todas las operaciones que tengan que ser efectuadas por las personas y por las autoridades aduaneras para cumplir con la legislación aduanera;

12)

«importador»: toda persona con la facultad de decidir la introducción en el territorio aduanero de la Unión de mercancías procedentes de un tercer país y que así lo decida o, salvo disposición en contrario, toda persona que sea un sujeto pasivo considerado importador;

13)

«sujeto pasivo considerado importador»: toda persona que intervenga en la venta a distancia de mercancías importadas de terceros países en el territorio aduanero de la Unión y que esté autorizada , incluidas las personas autorizadas a acogerse al régimen especial establecido en el título XII, capítulo 6, sección 4, de la Directiva 2006/112/CE; [Enm. 60]

14)

«exportador»: toda persona con la facultad de decidir la salida de mercancías del territorio aduanero de la Unión y que así lo decida;

15)

«representante aduanero»: toda persona designada por otra para ejecutar los actos y formalidades necesarios en virtud de la legislación aduanera en sus relaciones con las autoridades aduaneras;

16)

«datos»: toda representación digital y no digital de actos, hechos o información, así como su recopilación, incluso en forma de documento o como grabación sonora, visual o audiovisual;

17)

«supervisión aduanera»: la recopilación y el análisis de información relativa a mercancías que entren en el territorio aduanero de la Unión, salgan de él o lo atraviesen, a fin de efectuar un seguimiento de tales movimientos a escala de la Unión y garantizar la aplicación uniforme de los controles aduaneros, el cumplimiento de la legislación aduanera y de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, y contribuir al análisis y a la gestión de riesgos;

18)

«riesgo»: la probabilidad de que se produzca un hecho y su impacto en relación con las mercancías que circulen entre el territorio aduanero de la Unión y otros países situados fuera de aquel, o con la presencia en el territorio aduanero de la Unión de mercancías no pertenecientes a la Unión, que:

19)

«análisis económico»: la evaluación o cuantificación de una política o un fenómeno económico con el fin de comprender la forma en que los factores económicos afectan al funcionamiento de una política, a un área geográfica, o a cualquier grupo de personas, con vistas a tomar mejores decisiones en el futuro;

20)

«gestión de riesgos»: la detección sistemática de los riesgos, también mediante la determinación de perfiles de operadores económicos de riesgo y de operaciones sospechosas , y la aplicación de todas las medidas que sean necesarias para reducir la exposición a ellos; [Enm. 63]

21)

«vigilancia aduanera»: las tareas desempeñadas generalmente por las autoridades aduaneras con vistas a garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera y, en su caso, de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, o a contribuir de otra manera a la gestión de riesgos relacionados con las mercancías y sus cadenas de suministro;

22)

«controles aduaneros»: los actos específicos efectuados por las autoridades aduaneras con vistas a garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera y de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras, o a contribuir de otra manera a la gestión de riesgos relacionados con las mercancías y sus cadenas de suministro;

23)

«controles aleatorios»: los controles aduaneros basados en los principios del muestreo aleatorio, con respecto a una población de interés;

24)

«titular de las mercancías»: la persona que tenga el control físico de las mercancías;

25)

«transportista»:

26)

«análisis de riesgos»: el tratamiento de datos, información o documentos, incluidos los datos personales, con vistas a detectar o cuantificar posibles riesgos, utilizando cuando proceda métodos analíticos e inteligencia artificial tal como se define en el artículo 3, punto 1, del Reglamento (UE) /.../... del Parlamento Europeo y del Consejo (32);

27)

«señal de riesgo»: la indicación de un posible riesgo basada en operaciones de tratamiento automatizado a través de las que se efectúe el análisis de riesgos sobre la base de datos, información o documentos;

28)

«resultado del análisis de riesgos»: la determinación, cuando haya una señal, de si se considera que un riesgo está presente o no, sobre la base de un tratamiento automático o de una evaluación humana posterior de la señal de riesgo;

29)

«recomendación de control»: el dictamen de una autoridad aduanera o de la Autoridad Aduanera de la UE sobre si debe efectuarse un control aduanero, y en caso afirmativo, cuándo, dónde y por parte de qué autoridad aduanera, incluida la determinación de posibles actuaciones adicionales distintas del control aduanero;

30)

«decisión de control»: acto individual por el cual las autoridades aduaneras deciden si debe realizarse o no un control;

31)

«resultado del control»: resultado preliminar y final de un control, incluida cualquier actuación posterior que se indique, de haberla, y las autoridades aduaneras competentes afectadas, de haberlas, por el resultado o la actuación;

32)

«ámbito prioritario de control común»: una selección de determinados regímenes aduaneros, tipos de mercancías, rutas comerciales, modos de transporte u operadores económicos con vistas a someterlos a mayores niveles de análisis de riesgos y medidas de reducción del riesgo y controles aduaneros durante un determinado período, sin perjuicio de los demás controles llevados a cabo habitualmente por las autoridades aduaneras;

33)

«normas y criterios de riesgo comunes»: los parámetros de análisis de riesgos de un ámbito de riesgo y las normas que los acompañan relativas a la aplicación práctica de los criterios;

34)

«estrategia de vigilancia»: el enfoque para gestionar un riesgo determinado, con el objetivo de equilibrar los esfuerzos operativos de vigilancia aduanera y las medidas de mitigación en toda la cadena de suministro de manera proporcionada y eficaz;

35)

«envío»: las mercancías, trasladadas de un expedidor a un destinatario por el mismo medio de transporte, incluido el multimodal, procedentes del mismo territorio o tercer país, del mismo tipo, clase o descripción o embaladas conjuntamente, en virtud del mismo contrato de transporte;

36)

«estatuto aduanero»: el estatuto de una mercancía como mercancía de la Unión o como mercancía no perteneciente a la Unión;

37)

«mercancías de la Unión»: las mercancías que respondan a alguno de los criterios siguientes:

38)

«mercancías no pertenecientes a la Unión»: las mercancías no recogidas en el punto 46 o que hayan perdido su estatuto aduanero de mercancías de la Unión;

39)

«levante de las mercancías»: el acto por el que las autoridades aduaneras o, por cuenta de estas, otras personas, pongan las mercancías a disposición de los fines concretos del régimen aduanero en el que hayan de ser incluidas;

40)

«declaración sumaria de entrada»: el acto por el que una persona informa a las autoridades aduaneras, en la forma y el modo establecidos, y dentro de un plazo concreto, de que determinadas mercancías van a entrar en el territorio aduanero de la Unión;

41)

«declaración sumaria de salida»: el acto por el que una persona informa a las autoridades aduaneras, en la forma y el modo establecidos, y dentro de un plazo concreto, de que determinadas mercancías van a salir del territorio aduanero de la Unión;

42)

«declaración de depósito temporal»: el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, que las mercancías están en depósito temporal;

43)

«declaración en aduana»: el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la voluntad de incluir las mercancías en un determinado régimen aduanero, con mención, en su caso, de las disposiciones particulares que deban aplicarse;

44)

«declarante»: la persona que presenta una declaración en aduana, una declaración de depósito temporal, una declaración sumaria de entrada, una declaración sumaria de salida, una declaración de reexportación o una notificación de reexportación en nombre propio, o la persona en cuyo nombre se presenta dicha declaración o dicha notificación;

45)

«declaración de reexportación»: el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la voluntad de sacar del territorio aduanero de la Unión mercancías no pertenecientes a la Unión, a excepción de las que se hallen en régimen de zona franca o en depósito temporal;

46)

«notificación de reexportación»: el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la voluntad de sacar del territorio aduanero de la Unión mercancías no pertenecientes a la Unión en régimen de zona franca o de depósito temporal;

47)

«ventas a distancia de bienes importados de terceros países»: la venta a distancia de mercancías importadas de terceros países o territorios tal como se define en el artículo 14, apartado 4, punto 2, de la Directiva 2006/112/CE;

48)

«fabricante»:

49)

«proveedor del producto»: la persona física o jurídica o agrupación de personas de la cadena de suministro que fabrica un producto en su totalidad o en parte, ya sea como fabricante o en cualquier otra circunstancia;

50)

«depósito temporal»: la situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo vigilancia aduanera en el período que transcurre entre el momento en el que el transportista notifica su llegada al territorio aduanero y su inclusión en un régimen aduanero;

51)

«productos transformados»: los productos resultantes de las operaciones de transformación en el marco de los regímenes de perfeccionamiento;

52)

«operaciones de transformación»: cualquiera de las siguientes:

53)

«titular del régimen de tránsito»: la persona que presenta la declaración de tránsito o facilita la información necesaria para incluir las mercancías en dicho régimen, o por cuya cuenta se presenta dicha declaración o se facilita dicha información;

54)

«coeficiente de rendimiento»: la cantidad o el porcentaje de productos transformados que se obtengan de la transformación de una determinada cantidad de mercancías incluidas en un régimen de perfeccionamiento;

55)

«tercer país»: un país o territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión;

56)

«tratamiento arancelario simplificado para las ventas a distancia»: el tratamiento arancelario simplificado para las ventas a distancia establecido en el artículo 1, apartados 4 y 5, y en el anexo I, primera parte, sección II, título II, punto G, del Reglamento (CEE) n.o 2658/87;

57)

«deuda aduanera»: la obligación de una persona de pagar el importe de los derechos de importación o exportación y otros gravámenes aplicables a mercancías específicas con arreglo a la legislación aduanera vigente; [Enm. 64]

58)

«deudor»: toda persona responsable de una deuda aduanera;

59)

«derechos de importación»: los derechos de aduana que deben pagarse por la importación de mercancías;

60)

«derechos de exportación»: los derechos de aduana que deben pagarse por la exportación de mercancías;

61)

«devolución»: el reembolso de un importe de derechos de importación o de exportación que ha sido pagado;

62)

«condonación»: la dispensa de la obligación de pagar un importe pendiente de derechos de importación o de exportación;

63)

«comisión de compra»: el importe pagado por un importador a un agente por representarlo en la compra de las mercancías objeto de valoración;

64)

«crisis»: suceso natural o provocado por el hombre de naturaleza y escala excepcionales que se produce dentro o fuera de la Unión, o situación que pone en peligro de manera repentina la seguridad, la protección, la salud o la vida de los ciudadanos, los operadores económicos y el personal de las autoridades aduaneras y que requiere medidas urgentes en lo referente a la entrada, salida o el tránsito de mercancías. [Enm. 65]

64 bis)

«célula de respuesta a crisis»: punto de contacto dentro de la Autoridad Aduanera de la UE que coordina los esfuerzos de respuesta de la UE a las crisis dentro de la Unión Aduanera; [Enm. 66]

64 ter)

«microempresas, pequeñas y medianas empresas» o «pymes»: microempresas, y pequeñas y medianas empresas, tal como se definen en el artículo 2 de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión; [Enm. 67]

64 quater)

«otros gravámenes»: todas las tasas que se añadan a los derechos de aduana, el IVA, las tasas de formalidades aduaneras y las tasas de mensajería; [Enm. 68]

64 quinquies)

«cliente final»: una persona física o jurídica residente o establecida en la Unión, a la que un vendedor o un mercado haya puesto a disposición un producto; [Enm. 69]

64 sexies)

«entorno de ventanilla única nacional para las aduanas»: conjunto de servicios electrónicos establecidos por un Estado miembro para permitir el intercambio de información entre los sistemas electrónicos de su autoridad aduanera, las autoridades competentes asociadas y los operadores económicos; [Enm. 70]

64 septies)

«autoridad competente asociada»: toda autoridad de un Estado miembro, o la Comisión, facultada para ejercer una función designada en relación con el cumplimiento de las formalidades no aduaneras de la Unión pertinentes; [Enm. 71]

64 octies)

«formalidad no aduanera de la Unión»: toda operación que, con arreglo a la legislación de la Unión distinta de la legislación aduanera, deba ser realizada por un operador económico o por una autoridad competente asociada para la circulación internacional de mercancías; [Enm. 72]

64 nonies)

«documento justificativo no aduanero»: cualquier documento requerido que expida una autoridad competente asociada o elabore un operador económico, o cualquier información requerida que facilite un operador económico, para certificar que se han cumplido las formalidades no aduaneras de la Unión; [Enm. 73]

64 decies)

«gestión de cantidades»: actividad consistente en el seguimiento y la gestión de la cantidad de mercancías autorizadas por las autoridades competentes asociadas de conformidad con la legislación de la Unión distinta de la legislación aduanera, sobre la base de la información facilitada por las autoridades aduaneras; [Enm. 74]

64 undecies)

«sistema no aduanero de la Unión»: un sistema electrónico de la Unión establecido por la legislación de la Unión, utilizado para lograr los objetivos de dicha legislación o al que se hace referencia en ella que almacena información sobre el cumplimiento de la correspondiente formalidad no aduanera de la Unión; [Enm. 75]

64 duodecies)

«número de registro e identificación de los operadores económicos (número EORI)»: el «número de registro e identificación de los operadores económicos (número EORI)» tal como se define en el artículo 1, punto 18, del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión  (33) . [Enm. 76]

a)

servir a la Comisión de punto de contacto nacional respecto de todos los asuntos relacionados con la implementación de la ventanilla única de la UE para las aduanas; y

b)

fomentar y apoyar, en el ámbito nacional, la cooperación entre las autoridades aduaneras y las autoridades competentes asociadas nacionales.

a)

cuando salgan del territorio aduanero de la Unión, siempre que no se apliquen las normas sobre tránsito interno;

b)

cuando se incluyan en un régimen de tránsito externo, de depósito o de perfeccionamiento activo, siempre que la legislación aduanera así lo establezca;

c)

cuando se incluyan en un régimen de destino final y sean posteriormente, o bien abandonadas en beneficio del Estado, o bien destruidas, y terminen como residuos;

d)

cuando la declaración de despacho a libre práctica sea invalidada después de haberse efectuado el levante de las mercancías.