1)

¿Debe interpretarse el artículo 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 655/2014, (2) en relación con el considerando 8 del mismo Reglamento, en el sentido de que la apertura de un procedimiento de insolvencia que no esté comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 2015/848, (3) por seguirse en un tercer Estado, excluye la posibilidad de dictar una orden de retención de cuentas con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 655/2014 o de remitir la petición de información sobre cuentas con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 655/2014, cuando el Derecho nacional del Estado miembro competente para dictar la orden de retención de cuentas reconoce el procedimiento de insolvencia en dicho tercer Estado?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 14, apartados 1, párrafo primero, y 3, del Reglamento (UE) n.o 655/2014 (en concreto, los «motivos fundados para creer que el deudor mantiene una o varias cuentas en un banco en un Estado miembro determinado», que ha de alegar el acreedor de manera «bien fundada») en el sentido de que se han de tener en cuenta también las circunstancias que, sin ser indicios concretos de la existencia de una cuenta en el Estado miembro de que se trate, permitan inferir con carácter general estrechos vínculos económicos entre el deudor y dicho Estado miembro, como por ejemplo pagos efectuados al deudor por medio de un proveedor de servicios de pago allí establecido que sea filial del deudor o la existencia de una agencia o sucursal del deudor con domicilio en dicho Estado miembro?