1.   

Justo antes de que comience el nuevo mandato de la Comisión Europea, nosotros, el Comité Económico y Social Europeo, en representación de las organizaciones de la sociedad civil, pide a los Estados miembros de la Unión Europea y a sus dirigentes, a las instituciones europeas y a la ciudadanía de la UE que salvaguarden y protejan la cohesión económica, social y territorial de la UE, de conformidad con el artículo 174 del TFUE.

2.   

Queremos subrayar con fuerza que el principio fundamental de «no dejar a nadie atrás» en la política de cohesión sigue teniendo vigencia y validez, y que los interlocutores de la sociedad civil están dispuestos a seguir trabajando en favor de este principio a través de una política de inversión sólida de la UE.

3.   

Subrayamos que la desigualdad de oportunidades puede ser perjudicial para el crecimiento y la competitividad a largo plazo a escala regional, nacional y de la UE. Por lo tanto, es necesario diversificar y flexibilizar más la política de cohesión, pero al mismo tiempo hacerla creíble, estable y clara, para poder prestar más atención a las personas, especialmente a las más vulnerables, y abordar mejor la desigualdad de oportunidades a la que muchas se enfrentan.

4.   

Criticamos le eventualidad de que pudiera eliminarse la figura de un comisario cuya principal responsabilidad es la cartera de la política de cohesión.

5.   

Estamos en contra de la reducción y la transformación de la política de cohesión en un instrumento para hacer frente a las crisis de emergencia.

6.   

Rechazamos la idea de convertir la política de cohesión en un instrumento similar al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con escasa o nula participación estructural de las partes interesadas, gestión compartida y gobernanza multinivel.

7.   

Estamos a favor del principio de asociación y de normas claras para la inclusión de la sociedad civil en la selección, la gobernanza y la supervisión de las operaciones financiadas por la UE.

8.   

Pedimos una formulación enérgica en relación con la participación de la sociedad civil en el próximo Reglamento sobre Disposiciones Comunes (RDC), que regirá el uso de los Fondos de Cohesión, así como de otros fondos de la UE, después de 2027, tal y como ha sido el caso en el período 2021-2027.

9.   

Pedimos una política de cohesión de base local y sustentada en las personas:

9.1.   

de base local, porque las características territoriales deben respetarse y tenerse plenamente en cuenta sobre el fundamento de evaluaciones de impacto territorial;

9.2.   

debe seguirse un enfoque «basado en las personas» para lograr los resultados deseados, un enfoque que respete plenamente el principio de asociación y tenga como piedras angulares la gobernanza multinivel, la asociación conjunta y los enfoques ascendentes.

10.   

Pedimos un nuevo impulso para la política de cohesión. Nuestro Comité considera que es preciso ampliar, modernizar o revisar la gama de instrumentos y enfoques para construir una política de cohesión sólida, eficaz, flexible y renovada, que se centre en mayor medida en la capacidad, los vínculos interregionales, la eficacia de los resultados y las oportunidades para los beneficiarios más allá de la simple inversión. Para ello, es imprescindible:

10.1.   

abordar los principales desafíos estructurales de la UE: bajo desarrollo, estancamiento económico a largo plazo, falta de igualdad de oportunidades en todas las regiones y disparidades entre regiones y sociedades y dentro de ellas;

10.2.   

hacer un mayor hincapié en estrategias de política territorial como la Inversión Territorial Integrada (ITI) y el desarrollo local participativo (DLP). En consecuencia, es necesario reforzar sin perder de vista la coherencia, las capacidades de gestión de fondos de las autoridades locales, urbanas y territoriales;

10.3.   

centrarse en las categorías de personas con las tasas de empleo más bajas (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, inmigrantes, personas con un bajo nivel educativo), para las que se necesitan programas específicos de formación, reciclaje profesional, perfeccionamiento y apoyo sobre el terreno;

10.4.   

proseguir la especialización y diversificación de los instrumentos, incluidos los instrumentos financieros, de modo que la política de cohesión pueda actuar en grupos y ámbitos específicos de personas vulnerables y en regiones específicas en las que las soluciones generales relacionadas con el empleo no son la respuesta a la integración laboral de estas personas;

10.5.   

apoyar las inversiones en infraestructuras sociales para abordar eficazmente los importantes retos demográficos que afronta la UE. Esto es aún más necesario en las regiones que padecen una disminución de la población activa y una baja proporción de personas con educación terciaria, así como en las regiones afectadas por la emigración de la juventud;

10.6.   

aumentar el potencial de los mercados laborales transfronterizos, que están poco desarrollados debido a las barreras jurídicas y administrativas. A tal fin, debe reforzarse la cooperación transfronteriza e interregional, especialmente para el desarrollo de infraestructuras y el apoyo a las actividades de las entidades de la economía social;

10.7.   

seguir protegiendo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y su sostenibilidad. Para ello es necesario utilizar los instrumentos europeos estándar existentes —como el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Mecanismo para la Transición Justa— de forma innovadora pero sencilla, para que las pymes puedan acceder fácilmente a la financiación y obtener condiciones crediticias favorables a largo plazo;

10.8.   

intensificar las sinergias dentro del conjunto del Mecanismo para una Transición Justa. Estamos convencidos de que la política de cohesión debe seguir siendo la política de inversión clave de la UE para apoyar la política regional europea de adaptación a los objetivos en materia de clima. El principio de «no causar un perjuicio significativo» debe garantizar que las inversiones respeten plenamente los objetivos del Pacto Verde;

10.9.   

seguir examinando la financiación de las grandes empresas como un factor importante para la convergencia y, especialmente, en lo que respecta a las tecnologías estratégicas a través del nuevo instrumento STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa);

10.10.   

crear nuevos tipos de perspectivas económicas para las zonas rurales menos desarrolladas, periféricas y poco pobladas, las islas de la UE y las regiones ultraperiféricas. También es necesario abordar la brecha existente entre las zonas rurales, las zonas urbanas y los centros de las ciudades, reforzando al mismo tiempo el vínculo entre ellas;

10.11.   

fomentar iniciativas para determinar y abordar cuidadosamente las necesidades específicas de las regiones y territorios que se encuentran en trampas de desarrollo y ayudarles a superar sus retos;

10.12.   

adoptar una política de cohesión que incluya elementos clave como la gestión compartida, el enfoque regional, la prefinanciación y las tasas de cofinanciación. La inversión por sí sola no basta. Cada región necesita estructuras de gobernanza sólidas y una combinación de políticas adecuada que aproveche las sinergias con todas las partes interesadas. Necesitamos un enfoque ascendente. Así pues, las inversiones a menudo deben ir acompañadas de reformas adaptadas y políticas favorables a la ciudadanía;

10.13.   

implicar más a la sociedad civil y a todos los agentes a nivel local para reforzar la eficacia del principio de asociación y gobernanza multinivel en la política de cohesión. Esto puede ayudar a hacer frente a la presión sobre la democracia aumentando la apropiación de las políticas de la UE;

10.14.   

reforzar la capacidad administrativa de los distintos niveles de gobierno, los beneficiarios y otras partes interesadas nacionales, regionales y locales, y prestar un apoyo técnico más adaptado para mejorar la aplicación de la política sobre el terreno;

10.15.   

tener en cuenta y adoptar las mejores prácticas, medidas políticas eficaces y la financiación específica que actualmente lleva a cabo el MRR, de modo que sigan funcionando también en el marco de la nueva política de cohesión. Debemos garantizar que el uso de los fondos del MRR siga siendo plenamente compatible con la aplicación de la futura política de cohesión, y que las inversiones y los programas ya iniciados en el marco del MRR no queden en suspenso debido a cambios en la financiación del Mecanismo;

10.16.   

integrar en mayor medida los objetivos de cohesión en el Semestre Europeo;

10.17.   

aumentar la ambición del presupuesto global del marco financiero plurianual (MFP) de forma que garantice una financiación adecuada para la política de cohesión, también en vista de las futuras necesidades de inversión de la UE en materia de defensa y de una Unión Europea con más de veintisiete miembros; invertir en la UE y en su cohesión económica, social y territorial, su riqueza y su competitividad no puede ser suficiente si se atiene al límite del 1 % de la RNB de la UE;

10.18.   

habida cuenta de las futuras ampliaciones, considerar que deberá haber una financiación adecuada en el próximo período de programación, con objeto de garantizar una integración fluida de los futuros Estados miembros que no comprometa las inversiones en las actuales regiones en desarrollo.

11.   

Como representantes de la sociedad civil, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para salvaguardar los principios fundamentales de la política de cohesión y garantizar que siga siendo el pegamento que mantiene a Europa unida.