—

Vistas sus resoluciones anteriores sobre el Líbano, en particular su Resolución, de 16 de septiembre de 2021, sobre la situación en el Líbano (1),

—

Vistas las anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular las Resoluciones 1559 (2004), 1701 (2006), 2539 (2020), 2591 (2021) y 2650 (2022),

—

Visto el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra (2),

—

Vista la Decisión 2007/860/CE del Consejo, de 10 de diciembre de 2007, por la que se concede ayuda macrofinanciera de la Comunidad al Líbano (3),

—

Vista la declaración de prensa de la Delegación para las relaciones con los países del Mashreq sobre una visita oficial al Líbano del 19 al 23 de junio de 2023,

—

Vistos los compromisos acordados en el marco de las Prioridades de la Asociación UE-Líbano en noviembre de 2016, la Conferencia CEDRE (Conférence économique pour le développement, par les réformes et avec les entreprises) el 6 de abril de 2018, el Marco de Reforma, Recuperación y Reconstrucción del Líbano (3RF) en diciembre de 2020 y las reuniones del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano el 11 de diciembre de 2019, el 23 de septiembre de 2020 y el 19 de mayo de 2021,

—

Visto el informe final de la Misión de Observación Electoral de la UE para las elecciones parlamentarias del 15 de mayo de 2022,

—

Vista la decisión del Consejo Europeo de 26 de julio de 2022 de ampliar el marco de la UE para sanciones específicas durante un año,

—

Vista la declaración, de 1 de noviembre de 2022, del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, sobre la situación política en el Líbano, y la declaración, de 8 de abril de 2023, sobre la escalada de la violencia,

—

Vista la declaración de la Delegación de la Unión Europea en el Líbano de 13 de noviembre de 2022 sobre la situación actual en el Líbano,

—

Vista la declaración del 3 de abril de 2023 de la coordinadora especial de las Naciones Unidas para las elecciones municipales en el Líbano,

—

Vistas las declaraciones de la alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su portavoz sobre la situación en el Líbano,

—

Vistos los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, relativos al estatuto de los refugiados, y sus protocolos adicionales, ratificados por el Líbano,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

—

Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la situación actual en el Líbano es extremadamente alarmante y profundamente preocupante debido a la crisis política, económica, social, financiera y sanitaria, así como al estado de deterioro institucional; que la inflación de los precios de la electricidad, el gas y el agua alcanzó un máximo cercano al 600 % en junio de 2022; que la mayoría de la población libanesa vive actualmente en la pobreza y las autoridades no garantizan el derecho de todos a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la alimentación; que el deterioro de la situación económica y el aumento de la pobreza han generado dificultades para acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria y la vivienda, y han dado lugar a un aumento de la emigración;

B.

Considerando que el Líbano es un socio cercano e importante de la Unión Europea; que esta asociación se basa en intereses comunes, antiguos vínculos históricos y culturales, un diálogo político y social periódico, y contactos interpersonales de amplio alcance; que el Líbano cuenta con una sociedad civil dinámica y partidos políticos con numerosos activistas, líderes comunitarios, académicos, artistas y grupos juveniles que se movilizan y piden reformas urgentes;

C.

Considerando que el 15 de mayo de 2022 se celebraron elecciones parlamentarias en el Líbano, tras las cuales Hizbulá y sus aliados perdieron su mayoría en el Parlamento y Najib Mikati fue designado una vez más por una mayoría para formar un nuevo gobierno, pero no lo logró debido al bloqueo político; que la situación persistió hasta que concluyó el mandato del presidente Michel Aoun, quedando el gobierno interino de Mikati a cargo del país;

D.

Considerando que Hizbulá, Amal y sus aliados recurrieron a tácticas inconstitucionales para impedir la conclusión de la votación parlamentaria, como por ejemplo abandonar la primera vuelta o romper quórums para bloquear la elección del candidato de la oposición; que el presidente del Parlamento del Líbano, Nabih Berri, se niega a celebrar rondas de votación abierta para elegir a un presidente, en contra de las disposiciones de la Constitución libanesa; que esto ha dado lugar a diez meses de bloqueo de las elecciones presidenciales en un momento de extrema necesidad para que un presidente aplique las reformas necesarias, evite el colapso total y restablezca las instituciones del Estado y el sistema democrático; que este bloqueo político es consecuencia de una crisis política, económica y social a varios escalas que afecta a todas las esferas del Estado libanés;

E.

Considerando que la Decisión del Consejo (PESC) 2021/1277 de 30 de julio de 2021 prevé la posibilidad de imponer sanciones a las personas y entidades que sean responsables de socavar la democracia o el Estado de Derecho en el Líbano;

F.

Considerando que el Líbano debía celebrar elecciones municipales el 31 de mayo de 2023 y que estas elecciones se aplazaron por segundo año consecutivo; que el ministro del Interior en funciones del Líbano, Bassam Mawlawi, garantizó que el país estaba preparado para celebrar elecciones municipales; que la coordinadora especial de las Naciones Unidas para el Líbano apoya plenamente estas elecciones y las considera importantes para cumplir los plazos constitucionales y las prácticas democráticas del Líbano, en un momento en el que el país se enfrenta ya a una vacante presidencial y a una parálisis institucional generalizada; que el Parlamento libanés, con los votos de Hizbulá, Amal, el Movimiento Patriótico Libre y los grupos políticos de sus aliados, decidió aplazar las elecciones municipales del país por un período máximo de un año hasta el 31 de mayo de 2024, en un contexto de escasez de fondos; que este aplazamiento podría intensificar aún más la actual parálisis institucional y la falta de confianza del pueblo libanés en la democracia;

G.

Considerando que las dificultades económicas, las políticas de austeridad y la corrupción generalizada han provocado varias oleadas de protestas en los últimos años, la mayor de las cuales tuvo lugar en torno al aniversario de la Revolución del 17 de octubre, que comenzó en 2019; que las protestas y los disturbios sociales siguen siendo moneda corriente por estas razones y siguen teniendo lugar en todo el país;

H.

Considerando que la explosión producida en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, que hasta la fecha es la mayor explosión no nuclear del mundo, acabó con la vida de 220 personas, incluidos más de 20 ciudadanos de la Unión, provocó 7 000 heridos y 300 000 desplazados, y destruyó o dañó 74 000 viviendas;

I.

Considerando que, tres años después de la explosión del puerto de Beirut, la investigación interna sobre las causas que la motivaron ha sido activamente obstaculizada, debido en gran medida al abuso de poder ejercido por Hizbulá y sus aliados, el ministro de Justicia y el fiscal general; que la corrupción, la mala gestión y la negligencia prolongadas, así como la estructura de gestión del puerto, permitieron que un complejo altamente explosivo (nitrato de amonio) se almacenara de manera desordenada en el puerto durante casi seis años, a pesar de las advertencias de los funcionarios locales; que, el 4 de agosto de 2021, tuvo lugar una protesta callejera masiva en Beirut para exigir responsabilidades por la explosión del puerto; que otra protesta masiva el 14 de octubre de 2021 encabezada por Hizbulá y Amal contra el juez principal de Instrucción, Tarek Bitar, se convirtió en un ataque organizado por Hizbulá y Amal contra el distrito de Ain El Remmeneh y el partido de las Fuerzas Libanesas, que apoya la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut;

J.

Considerando que, el 2 de julio de 2021, el juez Tarek Bitar solicitó al Parlamento libanés que levantara la inmunidad de tres de sus diputados para que pudieran ser acusados de negligencia criminal y probable homicidio doloso en relación con la explosión del puerto, debido a su responsabilidad ministerial mientras el material peligroso estuvo almacenado; que desde entonces dos de los antiguos ministros acusados han sido reelegidos y ocupan actualmente escaños en el Parlamento; que, a junio de 2023, todavía no se había levantado la inmunidad de la mayoría del Parlamento del Líbano;

K.

Considerando que Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Legal Action Worldwide, Legal Agenda y la Comisión Internacional de Juristas han documentado una serie de deficiencias procesales y sistémicas en la investigación interna que la incapacitan para impartir justicia de manera creíble, incluida una flagrante injerencia política, la inmunidad de los altos funcionarios políticos y la falta de respeto de un juicio justo y las debidas garantías procesales; que, en tales circunstancias, resulta tanto más imperativo el establecimiento de una misión internacional de investigación autorizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; que más de 162 organizaciones libanesas e internacionales de derechos humanos, supervivientes y familiares de las víctimas han instado a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a presentar una resolución al efecto;

L.

Considerando que el coronel Joseph Skaf, denunciante de irregularidades y exdirector del departamento de estupefacientes del puerto, que había advertido a sus superiores en 2014 sobre el peligro que entrañaba el almacenamiento de las sustancias químicas, fue asesinado en 2017; que Joe Bejjany, que fotografió el peligroso hangar antes y después de la explosión, fue asesinado y su teléfono fue sustraído en diciembre de 2020; que Lokman Slim, activista y editor, fue asesinado en febrero de 2021, diez días después de acusar a Hizbulá de proporcionar nitrato de amonio al régimen de Bashar al-Assad;

M.

Considerando que, desde el 22 de septiembre de 2021, se han incoado veintiún procedimientos judiciales contra el principal instructor de la explosión, el juez Tarek Bitar, y otros jueces que conocen de asuntos que atañen principalmente a políticos de Hizbulá y sus aliados, al fiscal general y al ministro de Justicia; que la investigación interna sobre la explosión se suspendió desde el 23 de diciembre de 2021 hasta enero de 2023 después de que dos de los políticos acusados en el caso presentaran otra denuncia contra el juez Bitar, así como contra el tribunal superior del Líbano, el Consejo Judicial Superior, que había examinado previamente y rechazado su petición anterior de apartar al juez Bitar de su cargo; que la Asamblea General del Tribunal de Casación libanés, que es ahora competente para conocer del asunto, no puede resolver sobre estos casos, ya que actualmente carece de cuórum porque uno de sus miembros se jubiló a finales de 2021, y el expediente no puede reanudarse hasta que se realicen nuevos nombramientos judiciales; que el ministro de Hacienda en funciones, Yussef Jalil, se negó a firmar el decreto sobre los nombramientos judiciales, lo que obligó al juez Bitar a detener de nuevo la investigación;

N.

Considerando que la presencia de más de 1,5 millones de refugiados sirios en el Líbano, además de unos 15 800 refugiados de origen etíope, iraquí, sudanés y de otras procedencias registrados ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como unos 207 700 refugiados palestinos, tiene un impacto en la economía libanesa y ha contribuido a la crisis multidimensional de este país; que los refugiados palestinos en el Líbano siguen enfrentándose a importantes dificultades y restricciones, y que la mayoría de ellos viven en la pobreza y dependen de la asistencia del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) como su principal fuente de sustento;

O.

Considerando que, tras la Primavera Árabe y el levantamiento popular en Siria de 2011, el régimen de al-Assad puso en marcha una campaña de brutal represión contra su propio pueblo, en la que resultaron muertas más de medio millón de personas y casi la mitad de su población total tuvo que desplazarse, dando pie a que seis millones de personas se convirtieran en refugiados y siete millones en desplazados internos; que Hizbulá ha asistido y apoyado al régimen de Assad en la guerra de Siria, entre otras vías, proporcionando tropas sobre el terreno y acompañando al personal del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica en la organización y formación de las milicias sirias; que la rama militar de Hizbulá figura en la lista de organizaciones terroristas prohibidas de la Unión;

P.

Considerando que, según los informes de Human Rights Watch, varios refugiados han sido detenidos y deportados a la frontera entre Siria y Líbano y entregados a las autoridades sirias;

Q.

Considerando que el 11 de octubre de 2022, Israel y el Líbano realizaron un avance histórico, al alcanzar un acuerdo para establecer una frontera marítima permanente entre ellos, lo que tiene el potencial de contribuir a la estabilidad y la prosperidad de los dos vecinos, así como a la de la región en general;

R.

Considerando que el 31 de agosto de 2022, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2650 (2022), que amplió el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) al 31 de agosto de 2023; que la Resolución recordó la necesidad de que las fuerzas armadas libanesas se desplieguen en el sur del Líbano y de que todas las partes respeten el cese de las hostilidades, eviten las violaciones de la Línea Azul y garanticen la libertad de movimiento y el acceso de UNIFIL a la Línea Azul;

S.

Considerando que Riad Salameh, gobernador del Banco Central del Líbano desde 1993, es objeto de una orden de detención internacional emitida en mayo de 2023 a petición de Francia y Alemania por cargos de blanqueo de capitales, fraude, falsedad, malversación y participación en organización delictiva; que el 28 de marzo de 2022, Eurojust confirmó que las autoridades de Francia, Alemania y Luxemburgo habían incautado propiedades y embargado activos del Sr. Salameh por valor de 120 millones de euros; que el Sr. Salameh niega haber cometido un delito y se niega a dimitir; que el mandato del Sr. Salameh finaliza en julio de 2023;

T.

Considerando que el fiscal general de Mónaco está llevando a cabo una investigación sobre blanqueo de capitales contra el primer ministro Mikati, que también figura en los Papeles de Pandora;