1)

¿Deben interpretarse los artículos 56, 58, 60 y 61 de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, (1) en el sentido de que el ordenante se ve privado del derecho a la devolución del importe de una operación no autorizada cuando ha tardado en notificar a su proveedor de servicios de pago la operación de pago no autorizada, si bien lo ha hecho en los trece meses siguientes a la fecha del adeudo?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿la privación del derecho del ordenante a la devolución está supeditada a que la tardanza en la notificación sea deliberada o por negligencia grave por su parte?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿se priva al ordenante del derecho a la devolución de todas las operaciones no autorizadas o solo de aquellas que podrían haberse evitado si la notificación no se hubiera efectuado con tardanza?