Con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), cuando la Comisión lleva a un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tribunal de Justicia» o «el Tribunal») por incumplimiento de alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, puede proponer al Tribunal que imponga sanciones financieras a dicho Estado miembro en dos situaciones:

En ambos casos, la sanción impuesta por el Tribunal puede consistir en el pago de una suma a tanto alzado consiguiente a la continuación del incumplimiento hasta el pronunciamiento de su sentencia o hasta el pleno cumplimiento, si este se produce antes, y en una multa coercitiva diaria, a fin de incitar al Estado miembro de que se trate a poner fin al incumplimiento lo antes posible tras dictarse la sentencia. La Comisión propone al Tribunal de Justicia los importes de las sanciones financieras, pero corresponde al Tribunal, en el ejercicio de su facultad discrecional (2), determinar los importes que considere adecuados a las circunstancias y proporcionados tanto al incumplimiento determinado como a la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate.

Los principios y el método utilizados por la Comisión para calcular las sanciones financieras que propone al Tribunal se establecen en su Comunicación «Sanciones financieras en los procedimientos de infracción»  (3) (en lo sucesivo, «la Comunicación de 2022»).

La presente actualización se basa en la evolución de la inflación, de la población y del producto interior bruto (PIB) de cada Estado miembro. Las estadísticas pertinentes que han de utilizarse en lo que respecta a la tasa de inflación, la población y el PIB son las establecidas dos años antes de la actualización («regla t-2»), es decir, en 2022.

En el anexo de la presente Comunicación figuran las cifras actualizadas de los factores n, las sumas a tanto alzado mínimas y las tasas fijas.

La Comisión aplicará las cifras actualizadas a las decisiones de llevar un asunto ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 260 del TFUE que adopte a partir de la publicación de la presente Comunicación en el Diario Oficial.

(1)  O cuando el Estado miembro no haya adoptado las medidas necesarias para ejecutar una sentencia en la que se constate una infracción de una decisión sobre ayudas estatales en virtud del artículo 108, apartado 2, del TFUE.

(2)  Esta facultad discrecional está limitada en el caso de los asuntos sujetos al artículo 260, apartado 3, del TFUE, en los que el Tribunal no puede superar el importe especificado por la Comisión.

(3)  Comunicación de la Comisión «Sanciones financieras en los procedimientos de infracción», C/2022/9973 (DO C 2 de 4.1.2023, p. 1).