P9_TA(2023)0250

Implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2023, sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2023/2010(INI))

(C/2024/493)

El Parlamento Europeo,

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Vista la Resolución 70/1 de las Naciones Unidas titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» («Agenda 2030»), aprobada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York, por la que se establecen los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

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Vista la publicación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, de enero de 2022, titulada «SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learned in SDG implementation — Second Edition» (Buenas prácticas en materia de ODS: recopilación de historias de éxito y lecciones aprendidas en la implementación de los ODS. Segunda edición),

—	Visto el informe mundial sobre el desarrollo sostenible 2019 de las Naciones Unidas titulado «El futuro es ahora: la ciencia al servicio del desarrollo sostenible»,

—	Vistos el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, acordado en la 15.a reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB,

—	Visto el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado el 18 de marzo de 2015 por los países miembros de las Naciones Unidas en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres,

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Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el acuerdo adoptado en la 21.a Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015, y el acuerdo sobre la nueva financiación de «pérdidas y daños» para los países vulnerables, adoptado en la COP27 en Sharm el-Sheij el 20 de noviembre de 2022,

—	Visto el informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, de 24 de septiembre de 2019,

—	Visto el sexto informe de evaluación del GIECC de 28 de febrero de 2022 y su informe de síntesis de 20 de marzo de 2023,

—	Visto el Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022, titulado «Tiempos inciertos, vidas inestables: configurar nuestro futuro en un mundo en transformación»,

—	Vista la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Adís Abeba del 13 al 16 de julio de 2015,

—	Vista la sexta Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, celebrada los días 17 y 18 de febrero de 2022, y la correspondiente declaración final titulada «Una visión común para 2030»,

—	Vistas las negociaciones sobre un nuevo Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de África, el Caribe y el Pacífico que suceda al Acuerdo de Cotonú,

—	Vista la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Transformación de la Educación de 2022 celebrada los días 16 a 19 de septiembre en Nueva York,

—	Vista la Cumbre sobre los ODS de 2023, que se celebrará en septiembre de 2023, durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

—	Vista la Cumbre del Futuro, programada para septiembre de 2024, para adoptar reformas importantes de las instituciones multilaterales y la financiación para el desarrollo sostenible a nivel mundial,

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Visto el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible 2021, titulado «La Década de Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible», y el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible 2022, titulado «From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond» (De la crisis al desarrollo sostenible: los ODS como hoja de ruta hacia 2030 y después),

—	Visto el informe de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2022,

—	Vista la base de datos en línea para las acciones de aceleración de los ODS,

—	Vista la iniciativa de estímulos relativos a los ODS del Secretario General de las Naciones Unidas para cumplir la Agenda 2030 de febrero de 2023,

—	Vistas la Resolución, de 8 de octubre de 2021, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Resolución, de 28 de julio de 2022, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible,

—	Vista la Resolución 5/10 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, «Aspectos ambientales de una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva tras la COVID-19», adoptada el 2 de marzo de 2022,

—	Vista la iniciativa «Una sola salud» de la OMS,

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Visto el proyecto de acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, de 4 de marzo de 2023 (Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas),

—	Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Estrategia de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030,

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Vistos el informe del secretario general de las Naciones Unidas titulado «Nuestra Agenda Común», presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el mandato que la Resolución 76/6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de noviembre de 2021, otorgó al secretario general de las Naciones Unidas para que diera seguimiento a su informe,

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Vista la Declaración conjunta del Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión, de 30 de junio de 2017, sobre el Nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo: «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro» (1),

—	Vista la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (2),

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Visto el informe de 2019 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 4 de diciembre de 2019, titulado «The European Environment — State and Outlook 2020: Knowledge for Transition to a Sustainable Europe» (El medio ambiente en Europa — Estado y perspectivas 2020: conocimientos para la transición hacia una Europa sostenible),

—	Visto el informe de la OCDE, de 10 de noviembre de 2022, titulado «Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2023: No Sustainability Without Equity» (Perspectiva global sobre la financiación del desarrollo sostenible 2023: no hay sostenibilidad sin equidad),

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Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo de 19 de septiembre de 2018 titulado «Indicadores más adaptados para evaluar los ODS — Contribución de la sociedad civil», 30 de octubre de 2019 titulado «No dejar a nadie atrás al aplicar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030», y 8 de diciembre de 2021 titulado «Estrategia renovada de finanzas sostenibles»,

—	Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 8 de febrero de 2023 titulado «Avances en la consecución de los ODS»,

—	Visto el «Pacto Verde» y las iniciativas «Global Gateway», que se pusieron en marcha el 11 de diciembre de 2019 y el 1 de diciembre de 2021, respectivamente,

—	Vistos los programas de trabajo de la Comisión para 2020 (COM(2020)0037), 2021 (COM(2020)0690), 2022 (COM(2021)0645) y 2023 (COM(2022)0548), y sus referencias a los ODS, en particular a la primera revisión voluntaria de la aplicación de los ODS por parte de la Unión,

—	Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 18 de noviembre de 2020, titulado «Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals — A comprehensive approach» (Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: un enfoque integral) (SWD(2020)0400),

—	Vista la integración de los ODS en el marco de «Legislar mejor», incluida la Comunicación de la Comisión de 29 de abril de 2021 titulada «Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación» (COM(2021)0219),

—	Vista la Comunicación de la Comisión sobre el trabajo digno en todo el mundo para una transición justa a escala mundial y una recuperación sostenible (COM(2022)0066), en particular los compromisos para lograr los ODS,

—	Visto el plan de acción para la economía social de la Comisión, adoptado el 9 de diciembre de 2021,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo, de 24 de octubre de 2019, sobre la economía del bienestar (3),

—	Vista la Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2022, relativa al aprendizaje para la transición ecológica y el desarrollo sostenible,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de junio de 2021, tituladas «Un enfoque integral para acelerar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: reconstruir mejor tras la crisis de la COVID-19»,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de junio de 2022, sobre el papel transformador de la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial como herramienta esencial para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—	Visto el informe de seguimiento 2021 de Eurostat sobre los avances hacia los ODS en el contexto de la Unión, publicado el 15 de junio de 2021,

—	Vista su Resolución de 8 de septiembre de 2015 sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water» (4) y su Resolución de 5 de octubre de 2022 sobre el acceso al agua como derecho humano: la dimensión exterior (5),

—	Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre la acción de la UE en favor de la sostenibilidad (6),

—	Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (7),

—	Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental (8),

—	Vista su Resolución, de 9 de junio de 2021, sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas (9),

—	Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2022 (10),

—	Vista su Resolución, de 23 de junio de 2022, sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (11),

—	Vista su Resolución, de 6 de julio de 2022, sobre el plan de acción de la Unión para la economía social (12),

—	Vista su Resolución de 24 de noviembre de 2022 sobre la futura arquitectura financiera europea para el desarrollo (13),

—	Vista la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea titulada «Prioridades legislativas de la UE para 2023 y 2024» (14),

—	Vista su Resolución de 14 de marzo de 2023 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (15),

—	Vistos el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 208, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional-Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo (16),

—	Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—	Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento interno,

—	Visto el informe de la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A9-0213/2023),

Considerando que, cuando faltan menos de siete años hasta la fecha límite para la aplicación de la Agenda 2030, el nuevo panorama geopolítico y las múltiples crisis en diversos ámbitos han ralentizado ulteriormente la consecución de los ODS; que se necesita urgentemente una acción colectiva a una nueva escala para responder a la pobreza que está arruinando cientos de millones de vidas y a las amenazas sin precedentes a la habitabilidad de nuestro planeta que planten las crisis entrelazadas del clima y de la biodiversidad;

Considerando que la Agenda 2030 y los diecisiete ODS, 169 metas e indicadores correspondientes representan el único marco compartido a escala mundial y políticamente acordado para políticas basadas en datos contrastados, por lo que resultan esenciales para abordar los retos actuales y reorientar la brújula mundial hacia una transición social y medioambientalmente justa dentro de los límites planetarios que no deje a nadie ni ningún lugar atrás;

Considerando que los ODS, al ser universales e indivisibles, son aplicables a todos los agentes, incluida la sociedad civil y los interlocutores sociales, y tanto al sector público como al privado; que estos agentes deben participar sistemáticamente en el diseño y la aplicación de las políticas relacionadas con los ODS;

Considerando que, pese a algunos avances en determinados ODS antes de las crisis, algunas de las tendencias se han invertido desde entonces; que, según el informe sobre el desarrollo sostenible de 2022 de la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (SDSN) de las Naciones Unidas, por segundo año consecutivo, el mundo ya no está avanzando en los ODS y la puntuación media del Índice de ODS disminuyó aún más en 2021, sin que ningún país esté en condiciones de alcanzar los diecisiete ODS en 2030;

E.	Considerando que en 2020 y 2021, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) registró las únicas disminuciones en los treinta años de historia del índice, anulando los avances logrados en los cinco años anteriores;

Considerando que Europa está en el buen camino para cumplir veintiséis metas de los ODS, tiene que acelerar sus esfuerzos para cumplir 64 metas y revertir la tendencia actual de quince metas; que los países de la Unión son los más cercanos a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, pero son responsables de mayores efectos indirectos negativos, que socavan la capacidad de otros países para lograr sus objetivos; que si la población mundial consumiera tanto como la Unión, se necesitarían 2,8 planetas Tierra para sostener la demanda de recursos naturales que requiere este estilo de vida;

Considerando que las instituciones de la Unión y los veintisiete Estados miembros representan conjuntamente el mayor donante a los países en desarrollo, y aportan aproximadamente el 46 % de toda la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) proporcionada a los países en desarrollo por todos los miembros de la OCDE; que antes de la pandemia de COVID-19, el déficit de financiación mundial anual de los ODS se estimaba en 2 500 000 000 000 USD; que se estima que la pandemia ha ampliado esta brecha hasta alcanzar al menos los 3 900 000 000 000 USD al año;

Considerando que el espacio fiscal para las políticas pertinentes en los países en desarrollo se reduce de manera crítica debido a las enormes y cada vez mayores cargas de deuda, y que 37 de 69 de los países más pobres del mundo se encontraban en situación de alto riesgo o ya en situaciones de endeudamiento en noviembre de 2022, limitando su capacidad para invertir en la consecución de los ODS; que dicho espacio fiscal se ve asimismo reducido por perturbaciones externas relacionadas con la acumulación de crisis y la ausencia de un entorno internacional propicio para la movilización de recursos internos;

Considerando que las Naciones Unidas estiman que es necesario aportar al menos 500 000 000 000 USD al año para proporcionar el estímulo necesario a los ODS; Considerando que el plan de estímulo de los ODS de las Naciones Unidas tiene por objeto abordar el coste elevado de la deuda y el creciente riesgo de problemas de deuda, intensificar de manera masiva la financiación a largo plazo asequible para el desarrollo y expandir la financiación para contingencias para los países necesitados;

J.	Considerando que el sector privado seguirá desempeñando un papel fundamental en la consecución de los ODS;

Considerando que Francia acogerá una cumbre internacional los días 22 y 23 de junio de 2023 sobre el tema de un «Nuevo Pacto Financiero Mundial» con el fin de hacer balance de todas las vías y los medios para reforzar la solidaridad financiera con los países del Sur Global; que el contexto actual exige una respuesta sostenida y extraordinaria de todos los agentes de la Unión y una revisión a escala sistémica de la arquitectura financiera europea para el desarrollo;

Considerando que, habida cuenta de las perturbaciones combinadas y las crisis permanentes que van desde el cambio climático y la emergencia de la biodiversidad, la pandemia de COVID-19 y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania hasta el aumento de los precios de la energía, los alimentos y los fertilizantes, la fragilidad de las cadenas de suministro, el aumento de la inflación, las cargas de deuda insostenibles y el endurecimiento de la política monetaria, está surgiendo una tendencia general de «recuperación bidireccional» entre las economías avanzadas y los países en desarrollo, caracterizada por una amplia división financiera, con altos costes de endeudamiento para los países en desarrollo como síntoma de un sistema financiero y monetario internacional desequilibrado, agravando la falta de progreso hacia la consecución de los ODS;

M.	Considerando que el sistema internacional no dispone de instrumentos para hacer frente a una crisis sistémica de la deuda ni para facilitar eficazmente una reestructuración de la deuda que reduzca suficientemente la carga de endeudamiento de los países;

Considerando que 2023 es un año crucial para la revisión de los ODS y un impulso para su consecución en 2030, especialmente con la presentación por parte de la Unión de su primer informe de revisión voluntaria en el Foro Político de Alto Nivel en julio de 2023 y la cumbre mundial sobre los ODS de los días 19 y 20 de septiembre de 2023, que marcan el punto medio de la Agenda 2030 y los ODS y reúnen a líderes políticos y de opinión de gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil, las mujeres y los jóvenes y otras partes interesadas; que la Cumbre de los ODS de 2023 será un momento crucial para un compromiso político renovado con los ODS con el fin de rescatar la Agenda 2030, dado que solo se celebra una vez cada cuatro años;

Considerando que la Comisión no ha formulado aún una estrategia global para la aplicación por la Unión de la Agenda 2030 ni un plan de financiación para los ODS, como han solicitado en reiteradas ocasiones desde la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015 el Parlamento, el Consejo y el Consejo Europeo; que la Comisión se ha comprometido a adoptar un enfoque de «la Administración en su conjunto» para la aplicación de los ODS; que una estrategia de gobernanza europea que integre los ODS en un enfoque transversal permitiría una mayor armonización y eficacia de las políticas públicas;

P.	Considerando que la Declaración conjunta sobre prioridades legislativas para 2023 y 2024 establece el objetivo general de acelerar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a través de las propuestas legislativas;

Considerando que cualquier estrategia de la Unión propuesta por la Comisión con el objetivo de lograr los ODS debe contener objetivos a escala de la Unión, mensurables y con plazos definidos y medidas concretas para realizar los ODS, que deben incluir un sistema de supervisión actualizado que tenga en cuenta el impacto interior y exterior de la Unión en el proceso de los ODS;

R.	Considerando que existe una falta de integración de los ODS en los planes nacionales de recuperación y resiliencia; que, en particular, muy pocos Estados miembros han vinculado explícitamente los planes nacionales de recuperación y resiliencia con los ODS;

S.	Considerando que la capacidad de obtener datos para completar los indicadores de los ODS es reducida en varios países en desarrollo, lo que puede dificultar gravemente la evaluación de los progresos;

Considerando que, en 2021, la AOD colectiva de la Unión representó el 0,49 % de la renta nacional bruta (RNB) de la Unión, todavía por debajo del objetivo acordado del 0,7 % de la RNB de los países donantes; que, con la adopción del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global (IVDCI-EG) valorado en 79 500 000 000 EUR en el marco del presupuesto de la Unión para el periodo 2021-2027, la Unión puede desplegar de manera estratégica y flexible este instrumento de desarrollo unificado y único para apoyar a los países en desarrollo más eficazmente;

Considerando que el establecimiento de Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+) proporciona una arquitectura abierta para que los bancos públicos de desarrollo y las instituciones de financiación del desarrollo obtengan financiación pública y privada a través de garantías y financiación mixta de la Unión, con el fin de lograr un desarrollo sostenible y un impacto ecológico más ambiciosos;

V.	Considerando que existen serias dudas sobre si la nueva estrategia Global Gateway de la Unión se ajusta a los principios de eficacia del desarrollo o es una herramienta adecuada para colmar el déficit de financiación de los ODS;

W.	Considerando que la reducción de las desigualdades (ODS 10) está estrechamente vinculada con la aplicación general de la Agenda 2030 y una acción por el clima eficaz;

Considerando que la movilización de los recursos sostenibles resulta esencial para una acción pública transformadora; que es fundamental redoblar los esfuerzos relacionados con la justicia fiscal, la justicia climática y la justicia intergeneracional tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo;

Considerando que el compromiso político de la Unión con la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) se reafirmó en el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2017, que describió la CPD como «un elemento crucial de la estrategia [de la Unión] para lograr los ODS y una importante contribución al objetivo más amplio de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible (CPDS)»; que la CPDS constituye un enfoque para integrar las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible en todas las fases del ciclo de formulación de políticas, con el fin de fomentar las sinergias entre ámbitos políticos y determinar y conciliar los posibles compromisos, así como abordar los efectos indirectos internacionales de las políticas de la Unión;

Considerando que una estrecha cooperación entre todas las instituciones de financiación del desarrollo, los gobiernos, las instituciones de la Unión y todos los socios es una necesidad urgente para garantizar que los fondos públicos limitados se utilicen de la forma más eficaz y eficiente, teniendo en cuenta que la movilización eficaz de más capital, tanto público como privado, es esencial;

AA.	Considerando que, en particular, el artículo 208 del TFUE exige que la UE incorpore los objetivos de cooperación al desarrollo a todas las políticas internas y externas que puedan afectar a los países en desarrollo;

AB.

Considerando que el éxito del Pacto Verde Europeo y el compromiso con una transición ecológica justa está inextricablemente vinculado con la consecución de los ODS; que la evaluación mundial de la IPBES de 2019 aporta pruebas de que las actuales tendencias negativas en materia de biodiversidad y ecosistemas socavarán los avances hacia el logro del 80 % de las metas evaluadas en los ODS relacionados con la pobreza, el hambre, la salud, el agua, las ciudades, el clima, los océanos y la tierra; que las crisis del clima y de la biodiversidad están entrelazadas y deben abordarse de forma conjunta y coherente;

AC.

Considerando que la dimensión exterior del Pacto Verde y de la estrategia «Global Gateway» debe permitir a Europa proyectarse mejor en el extranjero, articulando una visión ecológica para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la protección de la naturaleza y la biodiversidad, abordando el desarrollo de infraestructuras y necesidades de desarrollo más generales concretizadas en objetivos estratégicos europeos; que, al hacerlo, la Unión también se compromete con los enfoques inclusivos, apoyar a las mujeres y los jóvenes y no dejar a nadie atrás;

AD.

Considerando que el VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión Europea representa la agenda común de la Unión sobre clima y medio ambiente acordada jurídicamente hasta 2030 y constituye la base para la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos definidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus ODS, persiguiendo como prioridad una economía del bienestar; que, sin embargo, el programa de acción requiere reforzar sin dilación los incentivos positivos para el medio ambiente y la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, en particular las subvenciones a los combustibles fósiles, a escala de la Unión, nacional, regional y local;

AE.	Considerando que únicamente el 24 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la Unión tienen un plan específico para reducir su huella de carbono (17);

AF.

Considerando que la educación es un factor fundamental para lograr los ODS y una línea de vida para las personas en situaciones de crisis; que en la actualidad cientos de millones de los niños, jóvenes y adultos más vulnerables siguen excluidos de la educación; que los objetivos y metas relacionados con la educación de la Agenda 2030 se han desviado y corren el riesgo de dejar a los estudiantes y las sociedades mal equipados para afrontar un futuro incierto;

AG.	Considerando que, a escala mundial, 760 millones de personas siguen sin tener acceso a la electricidad y 2 400 millones de personas siguen dependiendo para cocinar de combustibles perjudiciales para su salud y el medio ambiente;

AH.

Considerando que siete de cada diez edificios en la Unión son ineficientes desde el punto de vista energético, mientras que el 11 % de la población de la Unión sufre de pobreza energética, lo que conduce a posibles retrasos en el acceso a necesidades básicas, cuidados, educación y asistencia sanitaria, en particular para los niños y los jóvenes; que los edificios representan aproximadamente el 40 % del consumo de energía de la Unión y del 36 % de las emisiones de carbono;

AI.

Considerando que 3 600 millones de personas a escala mundial viven sin un saneamiento gestionado de manera segura y 2 300 millones carecen de instalaciones básicas de lavado de mano en el hogar; que 2018-2028 se ha declarado el Decenio Internacional para la Acción «Agua para el Desarrollo Sostenible»; que, en particular, la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento; que, en los países en desarrollo y en las economías emergentes, la demanda de agua está aumentando en todos los sectores y, en especial, en el sector de la energía y la agricultura;

AJ.	Considerando que el mundo desarrollado y China importan grandes cantidades de agua virtual, es decir, agua utilizada para la producción de alimentos y bienes, incluso de países que padecen escasez de agua;

AK.	Considerando que Right2Water fue la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) exitosa, con 1,9 millones de firmas; que, en su Resolución sobre el seguimiento de la ICE Right2Water, el Parlamento calificó de lamentable que la Comunicación de la Comisión en respuesta a la ICE careciese de ambición;

AL.

Considerando que, según la ONG «Global Witness», más de un tercio de los defensores de la tierra y del medio ambiente asesinados en el mundo entre 2015 y 2019 pertenecían a comunidades indígenas, cuyas competencias en materia de gestión de la tierra y el agua son cruciales para combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad;

AM.	Considerando que, según el concepto «Una sola salud», existen datos contrastados de que la salud humana depende de la salud planetaria y de que un medio ambiente saludable es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y el bienestar humano;

Actualización de la situación a mitad de camino

Reconoce que los ODS son una preocupación común de la humanidad en su conjunto; subraya su compromiso con la Agenda 2030 y los diecisiete ODS, con las 169 metas mensurables asociadas, especialmente a la luz del nuevo panorama geopolítico en deterioro como, entre otras cosas, la guerra rusa de agresión contra Ucrania, y las actuales crisis climáticas, de biodiversidad, de salud, de deuda y de seguridad alimentaria, así como la creciente reacción contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género y los conflictos violentos que siguen afectando a muchas partes del mundo, especialmente a los países en desarrollo; recuerda que resulta fundamental tener en cuenta la fuerte interdependencia entre dichas crisis;

Advierte contra una brecha cada vez mayor en la distribución de la riqueza y los ingresos, que puede dar lugar a una mayor desigualdad y pobreza y que ya ha dado lugar a sociedades fragmentadas en muchas partes del mundo desarrollado y en desarrollo en los últimos años; advierte asimismo de cualquier demora en la tarea de abordar los retos medioambientales y climáticos a los que se enfrentan Europa y la comunidad mundial;

Destaca, en este contexto, la importancia de aplicar un enfoque integrado a los ODS, que proporcionan la única hoja de ruta política universal basada en datos contrastados, para proteger el planeta y evitar la crisis climática y proporcionar las herramientas para lograr la prosperidad para todos; recuerda que la promesa de no dejar a nadie ni ningún lugar atrás constituye el núcleo de la Agenda 2030 y que la consecución de los ODS beneficiaría a todos los países, regiones, pueblos y segmentos de la sociedad, al centrarse en cuestiones de igualdad y no discriminación y abordar las causas raíz de estas cuestiones, prestando especial atención a los más marginados y vulnerables, y que debe potenciar la sostenibilidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas;

Recalca que los ODS se deben lograr de una manera social y justa con el clima, respetando al mismo tiempo una distribución equitativa de los recursos escasos dentro de los límites del planeta; reitera que la paz, la diplomacia y la cooperación internacional son condiciones fundamentales para que el mundo progrese en los ODS de aquí a 2030 y más allá;

Resalta que, en el punto intermedio del calendario de la Agenda 2030, el liderazgo de la Unión en la aplicación mundial de los ODS sigue siendo crucial, y debe seguir demostrándose de manera creíble, por ejemplo encabezando la movilización de los recursos financieros adecuados para apoyar las transformaciones pertinentes para los ODS; recuerda que la década de 2020 ha sido declara la Década de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;

Hace hincapié en la necesidad de que los miembros de la Unión y la Comisión Europea promuevan la coherencia de las políticas y la inclusión en todos los niveles de gobernanza, priorizando e incluyendo los ODS en todas las evaluaciones de impacto;

Subraya que 2023 ofrece una oportunidad única para ganar impulso y emprender la acción transformadora urgente necesaria para situar firmemente a nuestras sociedades en la vía hacia la consecución de los ODS; advierte de que las consecuencias de la inacción y de perder otro año recaerían principalmente en las personas y comunidades más vulnerables; pide a todos los dirigentes de la Unión que hagan todo lo posible para avanzar sin demora en los compromisos, las políticas y la financiación de la Unión;

Recuerda que, para 2050, la Unión debe respetar plenamente los límites del planeta; recalca que esto únicamente se conseguirá si multiplica sus esfuerzos en acciones medioambientales, por ejemplo relacionadas con el clima y la biodiversidad, la eficiencia energética y la transición ecológica, y decuplica su eficiencia en el uso de los recursos, al tiempo que usa sus materiales no renovables en ciclos totalmente cerrados, y sus materiales renovables en ciclos al menos decuplicados, y respeta los principios de inocuidad y de «no ocasionar perjuicios significativos»; destaca que la Unión no solo debe poner fin a la destrucción, sino también preservar y reparar sus ecosistemas naturales para lograr unos ecosistemas saludables, vitales y resilientes;

Observa que el proceso de aplicación de casi todos los ODS está retrasado y que se han registrado dos años consecutivos de regresión en muchos indicadores (18); reafirma la importancia de cada ODS y subraya los principales retos que persisten para el desarrollo sostenible, en particular en relación con la pobreza (ODS 1), el hambre (ODS 2), la salud (ODS 3), la educación (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5), agua limpia y saneamiento para todos (ODS 6), energía limpia y no contaminante (ODS 7), el cambio climático (ODS 13), la vida submarina, incluidos los océanos (ODS 14) y la biodiversidad (ODS 15); resalta el papel estratégico que el ODS 10, sobre reducción de las desigualdades, y el ODS 17, sobre alianzas mundiales, pueden desempeñar en la aplicación mundial de la Agenda 2030;

10.

Destaca la importancia del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de 2023 y de la Cumbre de los ODS, que tendrán lugar en Nueva York, como oportunidades para revisar los avances de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el punto intermedio; considera que estas reuniones deben dar orientaciones políticas de alto nivel y un nuevo impulso a un esfuerzo más intenso y a una acción más rápida para alcanzar los objetivos de aquí a 2030; toma nota, a este respecto, de los ODS que centrarán la atención en 2023 (ODS 6, 7, 9, 11 y 17) (19);

11.

Reafirma que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho fundamental y que mejorar dicho acceso es crucial para lograr la erradicación de la pobreza, la igualdad social, la salud pública, la seguridad alimentaria y los objetivos de desarrollo sostenible; recuerda que, tal y como reconoce la Directiva marco sobre el agua (20), el agua no es una mera mercancía, sino un bien público imprescindible para la vida y la dignidad humanas;

12.

Destaca que las políticas de agua deben priorizar la gestión sostenible de ríos, lagos, humedales, manantiales y acuíferos, y apoyar la gestión sostenible del agua en el sector agrícola como elemento fundamental para afrontar las actuales crisis de contaminación, deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y cambio climático; hace hincapié en los posibles riesgos de acaparamiento de agua y contaminación del agua en adquisiciones de tierras a gran escala para la agricultura y las industrias extractivas;

13.

Observa que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha alterado los sistemas mundiales de suministro de energía, y ha subrayado la necesidad de poner fin rápidamente a la dependencia de los combustibles fósiles y eliminar gradualmente todos los subsidios pertinentes y adoptar fuentes de energía renovables;

14.

Subraya, a este respecto, que es urgente que la Unión y sus Estados miembros realicen esfuerzos concertados para avanzar hacia el ODS 7 a fin de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; subraya que, a largo plazo, la seguridad del suministro energético, el acceso universal y la asequibilidad solo puede lograrse mediante el despliegue de energías renovables;

15.

Subraya que la consecución del ODS 7 contribuirá a la consecución de otros ODS, incluidos los relativos a erradicación de la pobreza, igualdad de género, cambio climático, seguridad alimentaria, salud, educación, ciudades y comunidades sostenibles, agua limpia y saneamiento, empleos dignos, innovación, transporte y refugiados;

16.

Destaca que la aplicación del ODS 7 debe estar alineada con una transición energética justa, inclusiva y equitativa con acceso universal a la energía, empleos verdes, economías diversificadas, bienestar de las personas y empoderamiento de las mujeres, comunidades locales y grupos vulnerables para no dejar a nadie atrás

17.

Acoge favorablemente el acuerdo histórico para un Tratado de Alta Mar destinado a proteger los océanos, atajar la degradación medioambiental, combatir el cambio climático y prevenir la pérdida de biodiversidad;

Gobernanza, multilateralismo y asociaciones

18.

Reconoce el papel decisivo de la Unión en la conformación de la Agenda 2030 en 2015 y pide a la Unión y a sus Estados miembros que adopten medidas audaces y asuman un liderazgo mundial dando ejemplo en la aplicación de los ODS, redoblando sus esfuerzos para cumplir el plazo y liderando un restablecimiento político de los ODS en la próxima cumbre de los ODS, como impulsar objetivos vinculantes, revisión obligatoria y un enfoque más transformacional para la consecución de los ODS en su conjunto;

19.

Invita a los presidentes del Parlamento, de la Comisión y del Consejo a presentar una declaración conjunta en la que se renueve el compromiso de la Unión con la Agenda 2030; recalca que la Unión debe intensificar la cooperación y acelerar los avances en el ODS 17, «alianzas para lograr los objetivos»; observa que la Unión está en una posición privilegiada para acelerar los progresos en las alianzas, dado su historial probado como defensora del multilateralismo;

20.

Destaca el papel y los recursos de las autoridades locales y regionales, y especialmente el papel clave de las regiones y ciudades, estimando la OCDE que el 65 % de las metas de los ODS no pueden alcanzarse sin su coordinación o participación; subraya que la gobernanza multinivel es uno de los valores esenciales de los ODS; pide a la Unión que refuerce su compromiso con la sociedad civil y el sector privado;

21.

Recuerda que la CPD es un requisito sustantivo con el fin de evitar que las políticas de la Unión tengan efectos negativos en las poblaciones pobres y vulnerables de los países en desarrollo y de buscar y aprovechar las oportunidades para lograr sinergias, de conformidad con los principios de la Agenda 2030 titulados «No dejar a nadie atrás» y «Abordar primero las necesidades de las personas más rezagadas» y los ODS; subraya que la CPD debe aplicarse en todas las políticas y todos los ámbitos cubiertos por la Agenda 2030 y los ODS;

22.

Pide un cambio radical en la aplicación de la CPD a fin de garantizar que los efectos en los países en desarrollo se determinen y analicen adecuadamente, así como que se eviten las consecuencias negativas y se aprovechen plenamente las posibles sinergias, con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo y los ODS;

23.

Pide, una vez más, una auditoría por la Comisión para garantizar la coherencia entre sus políticas interiores y exteriores;

24.

Subraya la necesidad de una mejor comunicación sobre los ODS, ya que no todas las partes interesadas están familiarizadas con el marco o establecen prioridades en relación con los ODS a escala de la Unión, nacional o local, de manera que es necesaria una mejor comunicación para reforzar el compromiso político y sensibilizar acerca de los ODS sobre el terreno;

25.

Recalca la importancia de la creciente población joven en el Sur Global para el desarrollo sostenible; reitera que el acceso a una educación de calidad (ODS 4), incluida la formación profesional, es una herramienta fundamental para permitir al continente capacitar a la creciente población joven; hace firme hincapié en la creación de vínculos más sólidos entre la educación, el desarrollo de capacidades y el empleo para permitir acceder a un empleo digno en un mercado laboral en rápida evolución; destaca que se debe garantizar una educación de calidad para todos, con independencia del género, la situación socioeconómica, el origen cultural y la religión;

26.

Reconoce la importancia de la educación para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible, en tanto habilitador de todos los objetivos, y pide a la Comisión que la incluya como prioridad en todas las convocatorias de financiación pertinentes;

27.

Lamenta que la Comisión todavía no haya presentado una estrategia integral para lograr la Agenda 2030, a pesar de los llamamientos del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, aunque quedan menos de siete años para lograr los ODS y, por lo tanto, se requiere una aplicación urgente; insiste en que la Comisión debe proceder a adoptar dicha estrategia sin más demora; considera que debería definir, como mínimo:

un nuevo marco de gobernanza, liderado por un único comisario de alto nivel responsable de la aplicación de los ODS en todas las carteras y que consultará sistemáticamente la nueva plataforma de múltiples partes interesadas, para transformar el conocimiento colectivo en acción colectiva, y que debe incluir a gobiernos regionales y locales, a todas las organizaciones pertinentes de la sociedad civil y a científicos;

b)	un conjunto revisado de objetivos e indicadores concretos, mensurables, con plazos definidos a escala de la Unión, así como medidas concretas para alcanzarlos;

c)	un sistema de seguimiento actualizado e indicadores, que tengan en cuenta el impacto interno y externo de la Unión en el progreso mundial hacia el cumplimiento de los ODS;

d)	un plan financiero único para cumplir los objetivos de la Unión relacionados con los ODS, vinculado a los objetivos anteriormente mencionados;

un plan para la diplomacia y cooperación internacional de la Unión en materia de ODS, dirigido por un Enviado Especial para los ODS, que rinda cuentas al comisario responsable, para promover una acción coherente en relación con los ODS a escala mundial a través de las acciones exteriores de la Unión y para garantizar un reparto justo de la carga y unas condiciones de competencia equitativas;

28.

Hace hincapié en que la estrategia debe revisarse periódicamente y acompañarse de medidas correctoras en los ámbitos en los que se considere que los avances están estancados o son insuficientes; pide que la aplicación de los ODS sea un punto del orden del día en las reuniones semanales del Colegio de Comisarios al menos una vez cada tres meses; insta a la próxima Presidencia del Consejo a que organice un debate de alto nivel sobre cómo aplicar los ODS a tiempo, preferentemente en el Consejo de Asuntos Generales a nivel ministerial;

29.

Subraya que los ODS deben constituir la columna vertebral de las políticas públicas europeas y que todos los Estados miembros deben elevar el nivel de ambición de sus respuestas nacionales sobre la aplicación de los ODS;

30.

Pide a la Comisión que utilice las recomendaciones específicas por país para medir sistemáticamente los avances de los Estados miembros y formule propuestas concretas de cambios y mejoras necesarios, incluidas recomendaciones respecto a las metas específicas de los ODS;

31.

Destaca el importante papel del Parlamento Europeo, así como el de los Parlamentos nacionales y los entes locales y regionales en la promoción de la aplicación de los ODS a través de políticas europeas y en el aumento de la visibilidad de los objetivos en el discurso público; subraya su poder de control, legislativo y presupuestario para promover la aplicación de la Agenda 2030; pide, a tal efecto, a sus comisiones que sigan integrando consideraciones relativas a los ODS en su trabajo legislativo y no legislativo;

32.

Pide asimismo al Parlamento que designe a un ponente permanente sobre la aplicación de los ODS para integrarlos en la legislación de la Unión en todas las comisiones; acoge favorablemente, a este respecto, los esfuerzos realizados por la Alianza para los ODS del Parlamento; pide a la presidenta del Parlamento Europeo que designe a un vicepresidente para los ODS para que promueva los ODS en la Mesa y represente externamente al Parlamento Europeo en relación con los ODS;

33.

Anima a la Secretaría General del Parlamento a que produzca una revisión de los ODS del Parlamento para evaluar plenamente su contribución a la consecución de los ODS, siguiendo compromisos similares de otras instituciones de la Unión; subraya que la coordinación y el diálogo estructurado periódico dentro de las instituciones de la Unión y entre ellas son esenciales para garantizar el liderazgo de la Unión y aumentar la eficacia de sus esfuerzos por aplicar la Agenda 2030; pide, por tanto, la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que asuma la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de la Unión para lograr los ODS a nivel interno y mundial;

34.

Reconoce que se deben reforzar los ODS a través de la creación de marcos jurídicos y normativos, políticas y prácticas eficaces a nivel de la Unión y de los Estados miembros para promover su aplicación;

35.

Recuerda que las revisiones nacionales voluntarias son la piedra angular del marco de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 y una herramienta clave de rendición de cuentas; acoge con agrado el compromiso de nueve Estados miembros de la Unión de presentar su revisión voluntaria nacional en el Foro Político de Alto Nivel de 2023 e invita a todos los Estados miembros a que se impliquen en este proceso en los próximos años; pide que tengan debidamente en cuenta y apliquen las recomendaciones que se formularán en esa ocasión; hace hincapié en que las revisiones nacionales voluntarias solo pueden rendir cuentas si se llevan a cabo de manera objetiva centrada en igual medida en las carencias y en los logros;

36.

Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros, así como a terceros países, a incluir la economía social de una manera horizontal y holística en sus revisiones nacionales voluntarias, reconociendo el papel clave de la economía social en la consecución de los ODS; considera que 2023 es el momento para que la comunidad mundial pase de la información voluntaria a la información obligatoria; pide a la Unión que impulse una mayor normalización de las revisiones voluntarias nacionales y regionales;

37.

Acoge con agrado la iniciativa de la Comisión de elaborar y presentar el primer informe de revisión voluntaria de la Unión en 2023; destaca la importancia de la revisión voluntaria de la Unión que contiene:

a)	una reafirmación del compromiso de la Unión a realizar la Agenda 2030 y los objetivos correspondientes;

b)	un panorama estratégico de los compromisos y objetivos de la Unión para avanzar hacia los ODS, incluidas, en su caso, metas cuantificadas y con plazos definidos para 2030;

un resumen completo de las medidas internas y externas de la Unión para apoyar la aplicación de los ODS, así como la coherencia de las políticas entre las actividades en ambos niveles, incluidas las posibles soluciones de compromiso, teniendo en cuenta los efectos en los países asociados y los efectos positivos y negativos en el progreso mundial de los ODS, así como las asociaciones internacionales y la diplomacia para los ODS;

d)	orientaciones sobre acciones que deben adoptarse para impulsar la aplicación de la Agenda 2030, en particular en anticipación de las prioridades políticas de la Comisión para 2024-2029;

38.

Recuerda la importancia de tener en cuenta la perspectiva regional y local y las contribuciones aportadas por la sociedad civil durante el proceso de consulta; pide a la Comisión que incluya una perspectiva de economía social en su revisión voluntaria europea;

39.

Pone de relieve que, para logar los ODS, la Agenda 2030 requiere un fuerte nivel de legitimidad social; reitera la petición a la Comisión para que establezca una nueva plataforma permanente, para un enfoque de «toda la sociedad» como innovación importante, para un compromiso regular y estructurado con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, el sector privado (incluidas las pymes), los sindicatos, las cooperativas, las instituciones académicas y de investigación, los gobiernos regionales y locales y los grupos marginados, con el fin de procurar sistemáticamente su participación de manera significativa en el proceso de aplicación de los ODS;

40.

Subraya, en el contexto de la aplicación de los ODS, la importancia de un enfoque interdisciplinario y de la apertura a los cambios que está experimentando el mundo moderno, la sensibilización a través de la educación desde una edad temprana, la promoción de actitudes que tengan en cuenta los retos medioambientales y climáticos, el fomento de la participación en los procesos de desarrollo y la ciudadanía activa;

41.

Subraya la importancia de reforzar la cooperación con los socios del Sur Global, en particular la Unión Africana, los representantes de los gobiernos locales y regionales y los representantes de la sociedad civil, a fin de aplicar la Agenda 2030 a escala mundial; observa que la aplicación de la Agenda 2030 permitirá a los países socios lograr sus propios objetivos de desarrollo (por ejemplo, la Agenda 2063 de la Unión Africana) y reforzar su autosuficiencia en el camino hacia una sociedad justa e igualitaria; recalca, en este contexto, que la universalidad de los ODS como agenda común representa una oportunidad para recuperar la confianza y la posición de la Unión como constructor de puentes entre el Norte Global y el Sur Global; recalca, a este respecto, la necesidad de una armonización suficiente con los esfuerzos propios y las necesidades locales de los países socios en lo que respecta a asociaciones de cooperación para el desarrollo;

42.

Recalca que resulta indispensable mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas de desarrollo europeas con el fin de acelerar la aplicación de los ODS en los países en desarrollo; pide un mayor compromiso de la Unión y una mayor coherencia entre todas las políticas y los instrumentos de financiación para fomentar el desarrollo sostenible; aboga por una revisión periódica con los países socios y las partes interesadas pertinentes del Sur Global respecto a los objetivos de desarrollo convenidos conjuntamente, con el fin de abordar las deficiencias existentes;

43.

Recalca la necesidad de promover la economía social en las relaciones de la Unión con terceros países, también durante las negociaciones comerciales; reitera que la política comercial puede ser un instrumento para fomentar la integración y la estabilidad regionales, el desarrollo económico y la migración, combatir el cambio climático y promover la paz y la seguridad;

44.

Reconoce el importante papel de la Asociación ACP-UE, en particular para fomentar el desarrollo sostenible en los países ACP y garantizar la existencia de alianzas más sólidas para hacer frente a los desafíos globales; apoya firmemente la firma del nuevo acuerdo (acuerdo posterior a Cotonú) lo antes posible;

45.

Hace hincapié, a este respecto, en que la Unión y sus Estados miembros deben evitar unos efectos indirectos negativos que afectan de manera adversa al Sur Global, socavan sus esfuerzos para lograr los ODS y se producen como resultado del anterior modelo económico y tecnológico de los Estados miembros; aboga por la cooperación con los socios mundiales para convertir cualquier efecto indirecto negativo en círculos virtuosos;

46.

Pide que todas las políticas de la Unión estén sujetas a un control obligatorio para evaluar todos los efectos y gastos que afectan a la aplicación de los ODS en el Sur Global y abordar los efectos negativos, también mediante la adopción de medidas de mitigación y la revisión de actos legislativos, en su caso, y garantizar que los cambios en este ámbito sean mensurables;

47.

Acoge con satisfacción el reciente acuerdo alcanzado entre los colegisladores en relación con el Reglamento relativo a la deforestación (21);

48.

Reitera su petición a la Comisión y al Consejo para que adopten las medidas enumeradas en su reciente Resolución sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo a fin de garantizar la aplicación efectiva de este principio y del principio de «no ocasionar daños», prestando especial atención al comercio, las finanzas, el medio ambiente y el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y la seguridad;

49.

Observa que el abastecimiento crítico de materias primas necesario para la transición energética de la Unión está a menudo asociado a efectos medioambientales potencialmente graves, así como a posibles conflictos con las comunidades locales y violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas del Sur Global;

50.

Expresa su especial preocupación por el importante impacto de determinados megaproyectos en terceros países, especialmente en las industrias energéticas y extractivas, sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales e insta a la Unión y a los Estados miembros a mantener unas normas sociales y medioambientales elevadas, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio n.o 169 de la OIT, en particular el reconocimiento de los principios de consentimiento libre, previo e informado y de propiedad consuetudinaria;

51.

Destaca la necesidad de desarrollar y promover múltiples soluciones que todos los agentes de la sociedad puedan aplicar para reducir su huella de carbono, como el consumo responsable de los recursos (desde el agua hasta los alimentos), la transición a la economía circular, la inversión en energía ecológica, el desarrollo de cadenas de valor ecológicas en el sector privado, el aumento del porcentaje de contratación pública ecológica, la priorización y el respaldo de las inversiones en el sector de la investigación encaminada a soluciones de base biológica y el incremento del porcentaje de créditos ecológicos para apoyar la transición hacia unas empresas hipocarbónicas;

52.

Pide a la Unión que aprenda de los proyectos innovadores ejecutados por determinados países no pertenecientes a la Unión, como la iniciativa «Gran Muralla Verde», liderada por África, cuyo objetivo es restaurar 100 millones de hectáreas de tierras actualmente degradadas para 2030 en toda la región del Sahel y permitir el desarrollo de proyectos de agroecología y regeneración;

53.

Destaca que la política exterior y comercial de la Unión que afecta a los países en desarrollo debe estar en consonancia con el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo y su objetivo de cooperación para el desarrollo de erradicar la pobreza, contribuyendo al mismo tiempo a lograr los ODS;

54.

Recalca la importancia de trabajar para el desarrollo de la paz, la justicia y unas instituciones sólidas (ODS 16), en especial en la actual situación marcada por el auge de los conflictos, como la guerra en Ucrania tras la invasión ilegal de Rusia;

55.

Pide a los Estados miembros de la Unión y a sus socios mundiales que apoyen la investigación y el desarrollo, las tecnologías verdes innovadoras, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos para una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva;

56.

Recalca la necesidad de garantizar la presupuestación con perspectiva de género, la igualdad de género y la participación activa de las mujeres en la promoción de la aplicación de los ODS, así como la participación de distintas minorías y pueblos indígenas;

57.

Destaca que la contribución de las mujeres en las actividades económicas ecológicas resulta esencial para lograr un desarrollo sostenible equitativo y debe reconocerse y valorarse; cree que las mujeres y niñas también pueden beneficiarse de las oportunidades en el ámbito del espíritu empresarial ecológico;

Datos y seguimiento

58.

Reitera su apoyo a la labor de Eurostat en relación con el seguimiento anual de los ODS en la Unión; señala que, para evaluar los avances de los Estados miembros en relación con los ODS, deben mejorarse los indicadores de desarrollo sostenible de Eurostat, colmando las lagunas existentes de algunos ODS y abordando las deficiencias de los sistemas de información mediante el refuerzo del uso de los datos estadísticos existentes de diversas fuentes y midiendo mejor el impacto distributivo transfronterizo y a largo plazo de las políticas de la Unión en territorios y grupos marginados y vulnerables específicos en la Unión y a escala mundial; considera fundamental hacer un seguimiento de los avances con respecto a las 169 metas;

59.

Pide a los Estados miembros que mejoren la recogida de datos, así como que adopten indicadores de los ODS y supervisen su aplicación en los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

60.

Señala que los indicadores de desarrollo sostenible de Eurostat no reflejan la realidad sobre el terreno, ya que se utilizan para evaluar los ODS a escala nacional y dependen en gran medida de los datos facilitados por los institutos nacionales; considera, por tanto, que los datos locales y regionales de nivel NUTS-2 también deben utilizarse y basarse en objetivos mensurables y con plazos definidos;

61.

Recalca que debe garantizarse un nivel mínimo de desagregación de datos y estadísticas y que debe alinearse más estrechamente con el marco global de seguimiento de los ODS, incluyendo, según proceda, la ubicación geográfica y los aspectos demográficos, el género, los ingresos, el nivel educativo, la edad, la raza, la etnia, el estatus migratorio, la discapacidad y otras características;

62.

Pide a los Estados miembros que informen más exhaustivamente a la OCDE sobre su cooperación al desarrollo, con el fin de colmar la laguna de datos relativos al impacto exterior de la Unión en el progreso de los ODS de terceros países y desarrollen más indicadores basados en datos contrastados, en consonancia con el indicador de externalidades basado en el consumo incluido en el informe de Eurostat;

63.

Observa, además, que se sigue careciendo de datos importantes basados en pruebas sobre las políticas de desarrollo mundial, nacional y regional en el Sur Global, en particular por lo que respecta a su impacto en los grupos y los territorios más pobres, vulnerables y marginados;

64.

Recalca la perturbación en la producción y la exactitud de datos debido a las crisis mundiales; recalca que unos datos exactos y fiables resultan fundamentales para medir los progresos y detectar cuellos de botella;

65.

Lamenta la falta de información exhaustiva sobre ayuda oficial al desarrollo para cada ODS por la Unión y todos los Estados miembros;

66.

Pide el refuerzo y la aceleración del desarrollo de capacidades de datos humanas, institucionales e infraestructurales, en especial en los países en desarrollo y las herramientas de seguimiento interno de la Unión, como el indicador de género o el recién creado indicador de desigualdad;

67.

Pide a la Unión que aumente considerablemente su cooperación técnica con los países en desarrollo y asistencia técnica a estos para resolver el déficit de datos que existe a escala mundial, debido a capacidades de seguimiento insuficientes y metodologías incoherentes;

68.

Recuerda que la aplicación de los ODS es una responsabilidad compartida, que requiere acciones a nivel nacional, regional y local; destaca la importancia, a este respecto, de las revisiones locales voluntarias y de las revisiones subnacionales voluntarias como medio para seguir localizando los ODS y, por tanto, avanzar en su aplicación;

69.

Pide a los Estados miembros que establezcan herramientas exhaustivas, como la elaboración de mapas, para la aplicación eficaz de los ODS;

70.

Subraya que los exámenes exhaustivos periódicos de los avances de los ODS a escala subnacional y local pueden reforzar la coherencia vertical y horizontal, estimular la participación local, facilitar el aprendizaje entre iguales y la puesta en común de buenas prácticas entre regiones y ciudades a escala mundial y contribuir a la aplicación general de los ODS y, por tanto, recomienda que se apoye la aplicación en todos los niveles territoriales;

71.

Acoge con satisfacción, en este sentido, el trabajo de ONU-HÁBITAT y apoya firmemente el trabajo del Centro Común de Investigación sobre la localización de los ODS, entre otros, a través del proyecto «REGIONS2030: Monitoring the SDGs in the EU regions — Filling the data gaps» (Seguimiento de los ODS en las regiones de la Unión: colmar las lagunas de datos) y el manual europeo para revisiones locales voluntarias de los ODS;

72.

Pide una plataforma europea para las revisiones voluntarias locales con el fin de fomentar el intercambio y el aprendizaje, así como planteamientos de hermanamiento en toda Europa para una aplicación acelerada de los ODS a nivel local; sugiere que estos datos se integren en la política de cohesión de la Unión;

73.

Destaca que la diligencia debida y la información en materia de sostenibilidad de las empresas, cuando están sujetas a las auditorías pertinentes, pueden ser un marco importante para fomentar una mayor rendición de cuentas en el sector privado en lo que respecta al impacto social y medioambiental de las empresas y su contribución al cumplimiento de los ODS;

74.

Anima a todos los agentes de la sociedad, incluidas las entidades privadas, a participar en informes voluntarios periódicos sobre la aplicación de los ODS e insiste en la necesidad de financiar la formación para el desarrollo de capacidades de las pymes para que aprendan a aplicar los ODS en sus actividades diarias;

75.

Señala que existe una creciente conciencia de que el crecimiento económico, medido principalmente con el PIB, guarda una escasa relación con la prosperidad y el bienestar y que la sostenibilidad debe situarse en el centro de los sistemas económicos;

76.

Exige reformas cruciales también en la metodología de medición del rendimiento económico, que deben indicar adecuadamente los avances, sobre la base del bienestar de las personas y del planeta;

77.

Pide a la Comisión que presente sin demora el cuadro de indicadores recapitulativo y el conjunto de indicadores para medir «más allá del PIB», tal como se establece en el Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente; insta a la Comisión a desarrollar indicadores que trasciendan el PIB e incorporen factores sociales y medioambientales, y a profundizar su cooperación con la comunidad internacional;

Marco financiero

78.

Recuerda el amplio reconocimiento, cuando se adoptaron los ODS, de la necesidad de «pasar de miles de millones a billones» en la financiación del desarrollo; se muestra alarmado por que el déficit de financiación de los ODS, por contra, haya aumentado de 2 500 000 000 000 a 4 000 000 000 000 USD anuales (22);

79.

Subraya, en este sentido, la necesidad de un plan mundial reformado para financiar los ODS; llama la atención sobre el hecho de que, siendo en la actualidad el PIB mundial superior a 100 000 000 000 000 USD y la capitalización de los mercados de valores mundiales y renta fija alrededor de 250 000 000 000 000 USD, los recursos financieros mundiales son suficientes para un gran impulso hacia colmar el déficit de financiación de los ODS y deben ponerse a disposición a tal efecto, también a través de tributación eficaz y justa y medidas internacionales eficaces contra la competencia fiscal y la evasión y elusión fiscales;

80.

Subraya el importante papel de la AOD como catalizador del cambio y palanca para la movilización de otros recursos y recuerda que sigue siendo una importante fuente de financiación para los países más pobres y sigue desempeñando un papel fundamental en la consecución de la Agenda 2030; observa con preocupación que, aun siendo el mayor proveedor de AOD a escala mundial, la Unión y sus Estados miembros no cumplieron sus compromisos colectivos de destinar al menos el 0,7 % de la RNB a AOD y, por consiguiente, les insta a que lo cumplan su compromiso;

81.

Subraya la necesidad de que los donantes prioricen la financiación basada en subvenciones, especialmente para los PMA, dado su insostenible nivel de endeudamiento; insiste en que la AOD, según la definición de la OCDE, debe tener siempre como objetivo principal la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo y, por tanto, debe desempeñar un papel esencial en la financiación de los ODS;

82.

Subraya que deben aplicarse los principios de eficacia del desarrollo, que todos los agentes que se benefician de financiación y garantías combinadas deben respetar plenamente los derechos humanos;

83.

Pide a la Comisión que garantice la plena transparencia en la cooperación del sector privado para que esté abierta a un control parlamentario, público y de las partes interesadas efectivo;

84.

Resalta que la ausencia de un plan de financiación para los ODS impide la supervisión general del gasto en su aplicación dentro del presupuesto de la Unión; pide que se adopte un plan de financiación de la Unión para los ODS dentro de un marco financiero plurianual revisado;

85.

Subraya que la Agenda 2030 debe servir de guía para todas las herramientas de financiación de la Unión y su programación, especialmente el MFP, IVDCI-Europa Global, FEDS+, las principales herramientas de financiación del desarrollo de la Unión, así como para explorar las sinergias con Horizonte Europa, LIFE+, InvestEU y el programa Europa Digital;

86.

Subraya que el plan de financiación para los ODS debe abordar la falta de margen de maniobra dentro de la rúbrica n.o 6 del marco financiero plurianual, que no prevé medios suficientes para la acción exterior de la Unión para ayudar a los países socios a financiar sus estrategias para los ODS;

87.

Resalta que las estrategias importantes de inversión de la Unión, como Global Gateway, deben orientarse claramente hacia la necesidad de aplicar la Agenda 2030, con su principio de «no dejar a nadie ni ningún lugar atrás», y evaluarse plenamente a la luz de dicha necesidad, abarcando en su totalidad las dimensiones social, económica y medioambiental; se muestra preocupado por que Global Gateway carezca de un mandato de desarrollo claro y por que su diseño y planificación adolezca de una falta de transparencia y de control público; critica la falta de financiación nueva y su dependencia de la financiación privada, que es intrínsecamente reticente al riesgo y, por tanto, su incapacidad para llegar primero a los más rezagados;

88.

Destaca que la revisión intermedia del IVDCI-Europa Global brinda una oportunidad para evaluar la contribución de la Unión a la consecución de los ODS a escala mundial y reafirma su apoyo a la Agenda 2030 mediante el establecimiento de compromisos claros y mensurables para los próximos años;

89.

Toma nota de la idea inicial perfilada en el Reglamento sobre la taxonomía (23) de que la Comisión publique un informe con vistas a ampliar su ámbito de aplicación más allá de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental; subraya, no obstante, que los costes reglamentarios han aumentado y que el entorno macroeconómico ha cambiado considerablemente desde la adopción del Reglamento sobre la taxonomía; acoge con satisfacción, en este sentido, la Comunicación de la Comisión de 16 de marzo de 2023 titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030» (24), cuyo objetivo es racionalizar y simplificar los requisitos de información en un 25 % para cada uno de los ámbitos temáticos ecológico, digital y económico, y la presentación por la Comisión de una propuesta para lograrlo de aquí al otoño de 2023; pide a la Comisión que demuestre rápidamente este compromiso, en particular absteniéndose de introducir nuevos requisitos gravosos, mejorando así la competitividad de todas las empresas de la UE, incluidas las pymes, y mejorando las condiciones básicas para la justicia social y la prosperidad;

90.

Reconoce el papel emblemático del BEI en el Pacto Verde Europeo y la economía azul sostenible, y su importante contribución a la respuesta económica de la Unión a la pandemia de COVID-19; pide a la Unión que siga maximizando el potencial del BEI como herramienta para impulsar la autonomía estratégica de la Unión y su consecución de los ODS y promover sus intereses políticos exteriores y sus prioridades en sus relaciones con terceros países;

91.

Hace hincapié en la urgencia de exigir a las instituciones financieras que definan y adopten estrategias y objetivos para adecuar sus carteras financieras y otros activos a los ODS y que informen periódicamente sobre los progresos, también en el contexto de su información ASG;

92.

Subraya la importancia de hacer que el presupuesto de la Unión sea coherente con los 17 ODS y sus respectivos subobjetivos; pide a la Comisión que examine los pormenores de una metodología específica para realizar un seguimiento del gasto en los ODS dentro del presupuesto de la Unión, complementaria a las metodologías de seguimiento en materia de clima y de biodiversidad ya existentes; solicita que se realice una cartografía exhaustiva de las dotaciones financieras de las políticas, los programas y los fondos existentes y futuros de la Unión, en particular de las inversiones y las reformas estructurales llevadas a cabo en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para garantizar la coherencia con los objetivos de la Agenda 2030;

93.

Subraya que una financiación adecuada para la consecución de los ODS, especialmente en los países en desarrollo, requiere una revisión exhaustiva de la arquitectura financiera mundial para armonizar todas sus partes con la Agenda 2030 para el desarrollo mundial, el Acuerdo de París sobre la acción por el clima y el Marco Mundial de Biodiversidad;

94.

Pide la rápida puesta en funcionamiento del Fondo de Pérdidas y Daños acordado en la COP27 y que los nuevos compromisos de financiación se dirijan rápidamente donde más se necesiten;

95.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen su compromiso y trabajen conjuntamente en favor de las reformas necesarias del Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y los bancos multilaterales de desarrollo con el fin de ajustar las visiones y los modelos de funcionamiento de estas instituciones financieras, centrándose en el refuerzo de la lucha contra la pobreza y contra el aumento de la desigualdad y en la promoción de una doble transición justa y sostenible;

96.

Lamenta que, en algunos casos, las reformas estructurales promovidas por el FMI y el Banco Mundial hayan contribuido a la debilitación de la capacidad de los países en desarrollo para promover políticas públicas con el fin de luchar contra la pobreza y reforzar los sistemas educativos y sanitarios;

97.

Pide urgentemente a la Comisión que haga un seguimiento de las incoherencias entre los gastos e identifique y elimine progresivamente todos los subsidios perjudiciales para el medio ambiente sin demora, según requiere el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030;

98.

Señala la necesidad de reencauzar los derechos especiales de giro del FMI a los países en desarrollo y los bancos multilaterales de desarrollo con miras a aumentar la capacidad de inversión en los ODS sin crear deuda adicional; subraya la necesidad de mejorar las condiciones de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo, incluidos tipos de interés más bajos y préstamos a más largo plazo;

99.

Acoge con gran satisfacción, a este respecto, la Iniciativa Bridgetown y pide a la Comisión y a los Estados miembros que participen de forma constructiva y proactiva en los debates pertinentes en foros internacionales a lo largo de 2023, de modo que puedan llevarse a cabo rápidamente reformas ambiciosas;

100.

Acoge con satisfacción, a este respecto, el hecho de que se celebre en París, en junio de 2023, una Cumbre para un nuevo Pacto Financiero Mundial, que permitirá promover un enfoque integrador reuniendo a todas las partes interesadas pertinentes; pide a la Unión y a los socios internacionales que participen plenamente en compromisos y acciones reales durante esta cumbre internacional para facilitar el acceso de los países vulnerables a la financiación que necesitan para hacer frente a las consecuencias de las crisis actuales y futuras y para aplicar la Agenda 2030, convirtiéndola en una oportunidad para construir un nuevo contrato entre el Norte y el Sur;

101.

Reconoce la importancia y el potencial de los bancos de desarrollo de los Estados miembros y otras instituciones de financiación del desarrollo europeas; recalca la necesidad urgente de impulsar el sector privado en los países en desarrollo, en particular en el África subsahariana, y las dificultades encontradas al abordar este ámbito de la cooperación para el desarrollo;

102.

Pide una difusión más eficaz de la información relativa a las oportunidades de financiación de que pueden disponer las empresas para apoyar la aplicación de planes estratégicos para los ODS a nivel local y regional por parte del Banco Europeo de Inversiones;

103.

Anima al sector privado y a las instituciones financieras multilaterales a que sigan apoyando a los países cuyas economías se hayan visto afectadas por la pandemia de COVID-19 para lograr una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva;

104.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que los países menos adelantados ya eran incapaces de financiar la aplicación de los ODS antes de la pandemia de COVID-19 y de la guerra en Ucrania y ahora están incluso más necesitados de apoyo financiero; destaca que más de la mitad de los 69 países de renta baja y media del mundo se enfrentan a una crisis de deuda o a un alto riesgo de que se produzca; observa con profunda preocupación que, según las Naciones Unidas, veinticinco países en desarrollo gastaron más del 20 % de los ingresos públicos totales en servicio de la deuda externa en 2022, mientras que dieciséis de los países más aquejados por la deuda en deben hoy más del 30 % de su deuda externa pública y con garantía pública a acreedores privados; subraya que el elevado coste del endeudamiento para los países en desarrollo inhibe la inversión en los ODS;

105.

Hace hincapié en la necesidad tanto de que los países en desarrollo adopten rápidamente medidas globales de alivio de la deuda, poniendo fin al síndrome «demasiado poco, demasiado tarde» y a la exacerbación innecesaria de las situaciones de endeudamiento, como de que se introduzcan cambios sistémicos favorables a un orden multilateral basado en normas capaz de prevenir nuevas crisis de deuda;

106.

Reitera su petición a la Comisión, en consulta con los principales actores internacionales y los países afectados, de que elabore una verdadera estrategia para salvar a los países en desarrollo del endeudamiento excesivo; aboga, en particular, por la creación de un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda, bajo los auspicios de las Naciones Unidas;

107.

Observa que el Marco Común de la Deuda sigue sin ofrecer un alivio concreto de la deuda y aboga por una iniciativa multilateral reforzada de alivio de la deuda con un mecanismo eficaz para involucrar a los acreedores privados, alivio de la deuda a cambio de la consecución de los ODS y acción por el clima (swaps de deuda), medidas para facilitar la coordinación de los prestamistas en nuevos contratos de préstamo y la adopción de una suspensión automática de la deuda en caso de crisis predefinida;

108.

Acoge con satisfacción el impulso del secretario general de las Naciones Unidas a favor de estímulos mundiales de los ODS para cumplir la Agenda 2030, que exige liquidez adicional, una reestructuración eficaz de la deuda y la expansión de la financiación del desarrollo, con vistas a liberar un espacio fiscal significativo en las economías en desarrollo y reformar la arquitectura financiera internacional mundial; solicita una respuesta colectiva de la Unión y sus Estados miembros a la iniciativa de estímulos de los ODS y que se inicie sin demora la preparación paralela de propuestas para dicho plan;

109.

Señala la pertinencia de su Resolución de 17 de abril de 2018 titulada «Mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo» (25), que no ha hecho sino aumentar, dado que nuevas presiones y la falta de acciones adecuadas están provocando ahora una nueva gran crisis de deuda; reafirma los llamamientos realizados en esta Resolución para la consideración sistemática de las necesidades de recursos en el contexto de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y la priorización de estas necesidades, para el establecimiento de un mecanismo de amortización de la deuda internacional, para la transformación de los principios de la UNCTAD sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos en instrumentos jurídicamente vinculantes y ejecutables y para la sanción de los prestamistas que concedan préstamos a gobiernos manifiestamente corruptos o en violación del Derecho establecido por el Parlamento nacional del Estado prestatario;

110.

Reconoce la importancia de la movilización de recursos nacionales en los países en desarrollo, así como los retos estructurales de su movilización, y llama la atención sobre el hecho de que ello depende de un entorno internacional propicio; recuerda que los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales tienen un grave impacto en el margen de maniobra presupuestario de los países en desarrollo y socavan gravemente el Estado de Derecho y la resiliencia institucional de estos países, que constituyen una condición previa para lograr el desarrollo sostenible;

111.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen la iniciativa para frenar la evasión fiscal y las prácticas de elusión fiscal, incluida la inclusión de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales en una lista, que amplíen su cooperación con los países en desarrollo en materia fiscal para permitirles reforzar la movilización de recursos públicos, y que tomen la iniciativa e impulsen la creación de una comisión intergubernamental de las Naciones Unidas para la cooperación internacional en materia fiscal, con el fin de luchar contra las salidas ilícitas de recursos financieros y la evasión fiscal transfronteriza, y de cerrar los paraísos fiscales;

112.

Reitera el papel fundamental de las inversiones públicas y privadas y las asociaciones público-privadas para aumentar las inversiones en desarrollo en los países en desarrollo y los PMA, donde las necesidades son mayores, a la hora de cerrar la brecha anual de financiación de los ODS de 4 000 000 000 000 USD; pide por tanto a la Comisión que entable debates en profundidad y compromisos con el sector privado para promover la financiación privada;

113.

Advierte, al mismo tiempo, también de los riesgos que conlleva, por ejemplo, la erosión del acceso universal a servicios públicos esenciales de calidad (como la sanidad, la educación y la protección social, o la producción local de energías renovables) o la sobrecompensación de los inversores privados; señala a este respecto que la prueba global de la eficacia del desarrollo de subvencionar la inversión privada sigue siendo débil y que actualmente no existen pruebas de que la financiación combinada haya tenido un gran impacto en la consecución de los ODS;

114.

Pide, por tanto, a la Unión que impulse un nuevo enfoque de financiación mixta basado en el impacto específico en los ODS, un reparto equitativo de los riesgos y las recompensas, mecanismos de rendición de cuentas claros y normas sociales y medioambientales coherentes, de conformidad con la Agenda de Acción de Adís Abeba, y que dé prioridad a las asociaciones con empresas nacionales en los PMA que persigan modelos de negocio sostenibles e inclusivos;

115.

Destaca el papel de la filantropía privada en la financiación del desarrollo sostenible; pide a la Comisión que promueva un mejor marco facilitador para las fundaciones tanto en sus políticas internas como en sus relaciones con terceros países;

116.

Recuerda que los países en desarrollo son históricamente vulnerables frente a perturbaciones externas debido a unas bases de exportación limitadas y a unas economías menos diversificadas; subraya, en este sentido, que uno de los principales retos para los países en desarrollo consiste en ascender en la cadena de valor mundial a través de la diversificación económica, y pasar de un modelo de producción orientado a la exportación a un desarrollo basado en los mercados nacionales y regionales; destaca, a tal fin, el papel fundamental que desempeñan los foros y las instituciones multilaterales para avanzar en estos objetivos, con vistas a aprovechar la resiliencia y aumentar la autonomía nacional o regional en la producción de bienes y servicios esenciales;

117.

Reconoce el papel de las microempresas, las pymes, las cooperativas, los modelos empresariales integradores y los institutos de investigación locales como motores del crecimiento, el empleo y la innovación local, que a su vez contribuirán a alcanzar los ODS;

Políticas sectoriales relacionadas con los ODS objeto de revisión en el Foro Político de Alto Nivel de 2023

118.

Lamenta que persistan muchos casos de incoherencias políticas en varios ámbitos sectoriales de la Unión, en particular en relación con la política alimentaria, energética, comercial y fiscal, con consecuencias negativas especialmente preocupantes para los países en desarrollo;

119.

Insta a los Estados miembros a garantizar el acceso a una calefacción y electricidad limpias y asequibles; recalca que reducir la demanda de energía mediante el aumento de la eficiencia de los edificios, los bienes de consumo y el transporte también puede contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5 oC, según el compromiso contraído en virtud del Acuerdo de París, apoyando al mismo tiempo los objetivos mundiales en materia de sanidad, educación, pobreza, empleo y seguridad alimentaria;

120.

Recalca que a día de hoy el 70 % de la población de la Unión vive en ciudades, si bien se prevé que este porcentaje ascienda a casi el 84 % en 2050; recalca, por consiguiente, la importancia del desarrollo urbano sostenible en la Unión, entre otras vías a través de: un cambio modal a modos de transporte más sostenibles; una oleada de renovación ambiciosa para renovar el parque inmobiliario de la Unión y disminuir así el consumo de energía y las emisiones, reducir las facturas energéticas, crear empleo local y garantizar unos edificios más seguros y saludables para las personas que viven en ellos; y el establecimiento y la expansión de infraestructuras verdes y azules en las ciudades, que sirven para reducir la contaminación del aire, del agua y acústica, facilitar protección frente a inundaciones, sequías y olas de calor y proporcionar un refugio para la naturaleza, así como actividades recreativas para las personas;

121.

Recalca la importancia de lograr un acceso universal a la energía para todas las personas en el Sur Global; insiste en la necesidad de respaldar soluciones renovables y descentralizadas, como las soluciones a pequeña escala, fuera de la red y en minirredes, para poder llegar a la totalidad de la población de los países en desarrollo, en particular a las poblaciones pobres y rurales; pide a la Unión que concentre sus esfuerzos, en el plano técnico y financiero, en estas soluciones de pequeña escala para la pobreza energética en zonas remotas;

122.

Toma nota de la propuesta de la Comisión de concluir nuevos acuerdos de facilitación de inversiones sostenibles; destaca que la Unión debe aspirar a negociar con sus socios para desarrollar acuerdos comerciales y cooperación sostenibles, que defiendan el derecho de las partes a regular y creen valor añadido para ambas partes, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección del clima y de los derechos humanos;

123.

Recuerda que la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos socavará los progresos en aproximadamente el 80 % de las metas evaluadas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y pide a la Unión que aborde las causas profundas de la pérdida de biodiversidad e integre obligaciones de conservación, restauración y uso sostenible de los recursos en políticas de desarrollo más generales; recuerda que la recuperación ecológica es fundamental para la aplicación del enfoque «Una sola salud»; recalca que los esfuerzos de conservación no deben violar los derechos humanos, en particular los de los pueblos indígenas y las comunidades locales; pide, en consecuencia, a la Unión que desarrolle un programa de conservación en consulta con las comunidades locales, los pueblos indígenas y las mujeres, así como con otros grupos marginados para contribuir verdaderamente a la lucha contra la deforestación y la pérdida de biodiversidad;

Perspectivas

124.

Reitera que los ODS son el único conjunto de objetivos global acordados a escala mundial sobre los principales retos venideros para los países tanto desarrollados como en desarrollo y que, por tanto, la Agenda 2030 debe servir de guía para hacer frente a las incertidumbres actuales; aboga firmemente por el ODS 17 (alianzas para lograr los Objetivos) para revitalizar de manera urgente las alianzas mundiales, en particular entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en pos de realizar la Agenda 2030; pone de relieve la oportunidad que ofrecen los ODS de establecer una verdadera economía del bienestar centrada en las personas y el planeta y de trabajar en favor de un mundo sostenible más allá de 2030;

125.

Sugiere que las Naciones Unidas deben instar a todos los Estados miembros a que apoyen la introducción de calendarios y planes de aplicación concretos que sean vinculantes para los Estados signatarios de aquí a 2030 y más allá; pide, además, a las Naciones Unidas que preparen una estrategia posterior a la Agenda 2030 con mucha antelación;

o o

126.

Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Secretario General de las Naciones Unidas y al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

(1) DO C 210 de 30.6.2017, p. 1.

(2) DO L 114 de 12.4.2022, p. 22.

(3) DO C 400 de 26.11.2019, p. 9.

(4) DO C 316 de 22.9.2017, p. 99.

(5) DO C 132 de 14.4.2023, p. 54.

(6) DO C 334 de 19.9.2018, p. 151.

(7) DO C 23 de 21.1.2021, p. 130.

(8) DO C 232 de 16.6.2021, p. 28.

(9) DO C 67 de 8.2.2022, p. 25.

(10) DO C 347 de 9.9.2022, p. 181.

(11) DO C 32 de 27.1.2023, p. 28.

(12) DO C 47 de 7.2.2023, p. 171.

(13) DO C 167 de 11.5.2023, p. 57.

(14) DO C 491 de 23.12.2022, p. 1.

(15) Textos Aprobados, P9_TA(2023)0071.

(16) DO L 209 de 14.6.2021, p. 1.

(17) Comisión Europea, 2022: Eurobarometer: EU SMEs working towards sustainability (Eurobarómetro: las pymes de la UE trabajan en favor de la sostenibilidad).

(18) Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible 2022, «From Crisis to Sustainable Development:the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond» (De la crisis al desarrollo sostenible: los ODS como Hoja de ruta hacia 2030 y más allá).

(19) ODS 6: Agua limpia y saneamiento; ODS 7: Energía asequible y no contaminante; ODS 9: Industria, innovación e infraestructura; ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos.

(20) Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

(21) Propuesta de Reglamento relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 995/2010 (COM(2021)0706).

(22) Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2023:No Sustainability Without Equity (Perspectiva global sobre la financiación del desarrollo sostenible 2023: no hay sostenibilidad sin equidad), Publicaciones de la OCDE, París, 2022.

(23) Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

(24) COM(2023)0168.

(25) DO C 390 de 18.11.2019, p. 46.