—

Visto el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de julio de 2001, titulada «La gobernanza europea — Un Libro Blanco» (COM(2001)0428),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (1),

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 508/2014 (2),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restauración de la naturaleza (COM(2022)0304),

—

Vista la Guía para la evaluación de la eficacia de la gestión conjunta de la pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Pesca (A9-0119/2023),

A.

Considerando que la política pesquera común (PPC) debe garantizar que las actividades de la pesca contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo, así como contribuir al aumento de la productividad y a un nivel de vida adecuado para el sector pesquero;

B.

Considerando que el objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establece la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; que ello incluye ofrecer a los pescadores artesanales a pequeña escala acceso a los recursos y mercados marinos;

C.

Considerando que el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común expone en su considerando 14 que «conviene que la gestión de la PPC se guíe por los principios de buena gobernanza»; que estos principios se detallan con más prccisión en el Reglamento, en particular en su artículo 3, que destaca la toma de decisiones basada en los mejores conocimientos científicos disponibles, haciendo especial hincapié en el papel del Consejo Consultivo, en una amplia participación de las partes interesadas y en una perspectiva a largo plazo;

D.

Considerando que la cogestión solo puede funcionar si se respeta el principio de subsidiariedad; que la Unión Europea podría desempeñar un papel facilitador para hacer posible la cogestión;

E.

Considerando que el Pacto Verde Europeo y la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 incluyen compromisos y acciones específicos, entre los cuales el establecimiento de una red más amplia de zonas protegidas en tierra y en el mar en toda la Unión, con la ampliación de las zonas Natura 2000; que la propuesta de ley de la Unión en materia de recuperación de la naturaleza propone aplicar objetivos jurídicamente vinculantes para la recuperación de la naturaleza a todos los Estados miembros para como mínimo el 20 % de la superficie terrestre y marina de la Unión de aquí a 2030, cubriendo en última instancia todos los ecosistemas que necesitan recuperación de aquí a 2050;

F.

Considerando que son numerosos los casos de éxito en la aplicación de la cogestión pesquera dentro de los Estados miembros, entre los que se encuentran España (Galicia, Cataluña y Andalucía), Portugal (Algarve y Peniche-Nazaré), Suecia (Kosterhavets), los Países Bajos, Italia (Torre Guaceto), Francia (Île de Sein y proyecto CoGeCo) y Croacia (Telašćica y Lastovo);

G.

Considerando que también existen numerosos casos de éxito tanto en países candidatos como Turquía (el proyecto EU SMAP III, completado en 2009 en Gokova Bay, y el siguiente proyecto, SAD-Rubicon), como en terceros países, como es el caso de Senegal con la cogestión sobre el pulpo y la langosta verde, y en países asiáticos como Bangladesh, Camboya, Filipinas y Sri Lanka;

H.

Considerando que las regiones ultraperiféricas contribuyen enormemente a la dimensión marítima de la Unión y que sus amplias zonas económicas exclusivas representan más de la mitad de la zona económica exclusiva de la Unión (3);

I.

Considerando que cerca del 80 % de la biodiversidad de la Unión se encuentra en la actualidad en sus regiones ultraperiféricas y países y territorios de ultramar (4);

J.

Considerando la necesidad de tener en cuenta las características específicas del sector de la pesca a pequeña escala en algunas regiones europeas, en particular en las regiones ultraperiféricas, dado que este sector se sirve de artes de pesca selectivos con un menor impacto medioambiental; que el sector es importante para garantizar el empleo en las zonas costeras y un nivel de vida equitativo a las comunidades locales (5);

K.

Considerando que el principio general de cogestión de la pesca puede facilitarse mediante apoyo y orientaciones tanto a escala europea como nacional;

L.

Considerando que algunos Estados miembros y regiones disponen de un marco jurídico para la cogestión; que hasta la fecha no existe, pese a todo, legislación a escala europea y que solo existen unos pocos instrumentos que facilitan la aplicación de mecanismos de cogestión, aunque se esté utilizando la cogestión para gestionar algunas pesquerías en numerosos Estados miembros de la Unión, aplicando normas que se ajustan perfectamente a la PPC actual;

M.

Considerando que, en algunos casos, la gestión tradicional ha tenido tasas de éxito divergentes en lo que respecta a la mejora de las existencias y el mantenimiento del empleo;

N.

Considerando que la gestión de pesca no puede desvincularse de otros aspectos asociados al medio marino y poblaciones costeras, tales como aspectos económicos, culturales y sociales, tal y como figura en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, que establece los objetivos de la política pesquera común, y se cita a lo largo de todo el texto;

O.

Considerando que es difícil obtener y recopilar datos e información sobre el medio marino y la pesca; considerando la importancia de la participación del propio sector pesquero en estas labores, a través de la participación directa de las partes, para todos los organismos públicos y privados de investigación a nivel europeo, tal y como establece el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 sobre la política pesquera común;

P.

Considerando que, en todos los casos de cogestión citados, el cambio de rol del pescador, que pasa de ser sujeto pasivo acatador de normas a protagonista de la gestión pesquera que cumple las normas acordadas, es fundamental para el éxito de las iniciativas adoptadas, ya que contribuyen a su mejor comprensión, defenderlas y vigilar su cumplimiento y a gestionar su modalidad pesquera dentro de un enfoque ecosistémico, entendiendo la importancia de su pesquería en los ecosistemas; que se subraya el papel del pescador como «guardián de los mares» debido a su contribución a la elaboración de políticas específicas como, por ejemplo, la reducción de la basura y la recogida de plásticos en los mares y océanos;

Q.

Considerando que el sector pesquero, en particular la pesca artesanal a pequeña escala, desempeña un papel fundamental por el seguimiento del medio marino y de las poblaciones de peces, gracias a lo cual puede proporcionar datos de gran relevancia y utilidad para la toma de decisiones;

R.

Considerando que la labor científica, que facilita datos periódicos y actualizados, es necesaria en el asesoramiento para la toma de decisiones sobre las medidas a adoptar que garanticen un uso responsable de los recursos comunes, tal y como se establece en los artículos 26 y 27 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 sobre la política pesquera común;

S.

Considerando que un sistema productivo y sostenible a lo largo del tiempo debe ser biológicamente sólido y equilibrado para garantizar un equilibrio entre especies que permita mantener las poblaciones tanto en el momento presente como en el futuro; que para ello debe utilizarse el mejor sistema de gestión de recursos existente, adaptado a cada caso, y que en los casos antes mencionados se ha demostrado el éxito de los sistemas de cogestión;

T.

Considerando que, en 2017, se calculó que al menos nueve millones de personas realizaban actividades de pesca recreativa marina en Europa, y que el sector de la pesca recreativa marina contaba con casi cien mil puestos de trabajo, en equivalentes de jornada completa, con un impacto económico anual total de 10 500 000 000 EUR; que los pescadores recreativos hacen uso del mar y de sus recursos; que el sector de la pesca recreativa ofrece oportunidades económicas a las comunidades costeras;

U.

Considerando que el Libro Blanco sobre la gobernanza de la Unión Europea establece que las políticas ya no deben decidirse desde arriba, que la legitimidad de la UE es una cuestión de participación de los ciudadanos, que se debe hacer más transparente el sistema de funcionamiento de la Unión ya que la participación depende de la capacidad de los ciudadanos para intervenir en el debate público, y que para ello debe informarse más activamente a la opinión pública sobre las cuestiones europeas; que en el Libro Blanco también se propone la participación de las asociaciones de organismos locales en la elaboración de las políticas, así como una mayor flexibilidad en la aplicación de ciertas políticas comunitarias con un fuerte impacto territorial; que la política pesquera común revisada introdujo el concepto de regionalización y amplió la gama de consejos consultivos para consultar a las partes interesadas;

V.

Considerando que en el Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental ya se contempla en su artículo 9, punto 10, que «de conformidad con los principios de buena gobernanza establecidos en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, los Estados miembros podrán promover sistemas de gestión participativa en el plano local para alcanzar los objetivos del plan», siendo la cogestión una forma de gestión participativa;

W.

Considerando que la cogestión, por ser un modelo participativo y de corresponsabilidad, es más transparente y proactivo, al tiempo que equitativamente democrático, y ayuda a generar sinergias educativas para la gestión de lo común y la cultura de la responsabilidad, estableciendo redes de confianza y contribuyendo a reducir la conflictividad y venciendo las reticencias para implantar innovaciones en la gestión pesquera;

X.

Considerando que las organizaciones de pescadores, como por ejemplo las cofradías o las prud’homies de pêcheurs, podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo y la aplicación de sistemas de cogestión; que las cofradías son organizaciones de larga data que representan a los productores en algunos Estados miembros, y que su papel social en el mantenimiento de las comunidades costeras es fundamental; que, a pesar de ello, todavía no están reconocidas como entidades que pueden optar a las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA);

Y.

Considerando que los pescadores, al constituir la principales parte interesada, y las organizaciones de productores desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos clave de la PPC en términos de seguridad alimentaria, rendimiento máximo sostenible, gestión de cuotas, comercialización y medidas técnicas de conservación; que, además, proporcionan un buen ejemplo de gestión pesquera en la UE mediante el establecimiento de medidas de gestión a través de resoluciones conjuntas de los pescadores, la organización de las actividades pesqueras en consonancia con las exigencias del mercado y la colaboración con múltiples partes interesadas para aplicar medidas de gestión a escala local;

Z.

Considerando que la falta de representación e inclusión de las mujeres en la gestión pesquera obstaculiza la sostenibilidad y el desarrollo;