(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que no señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos. Por lo tanto, no sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Bélgica para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 30 de abril de 2021, Bélgica presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Bélgica (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Bélgica ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 30 de abril de 2023, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Bélgica sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Bélgica. En él se evalúan los avances realizados por Bélgica para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Bélgica. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Bélgica en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Bélgica disminuyó del 5,5 % del PIB en 2021 al 3,9 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 109,1 % del PIB a finales de 2021 al 105,1 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión emitió un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizaba la situación presupuestaria de Bélgica, al rebasar su déficit público en 2022 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit. De conformidad con su Comunicación de 8 de marzo de 2023, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Bélgica debe tener en cuenta esta información en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la elaboración del proyecto de plan presupuestario para 2024.

(13)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron la rebaja del impuesto especial sobre los combustibles derivados del petróleo y las reducciones del IVA en los contratos de suministro de electricidad y gas en el sector residencial, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron la cobertura ampliada de la tarifa reducida sobre la electricidad y el gas natural para los hogares vulnerables, transferencias directas de renta generalizadas a los hogares a través de sus facturas de gas y electricidad («paquete energético»), transferencias consistentes en pagos únicos con fines específicos (destinadas a los hogares que utilizan fuelóleo para calefacción, propano o pélet) y apoyo directo para ayudar a las empresas que se enfrentaban al aumento de los costes de la energía. El coste de estas medidas se vio compensado en parte con nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los productores y proveedores de energía, concretamente en los sectores de la electricidad y el petróleo. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 0,9 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,1 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,5 % del PIB en 2022, frente al 3 % de 2021.

(14)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Bélgica (7) que en 2022 utilizara el Mecanismo para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política fiscal prudente. Además, el Consejo recomendó a Bélgica que mantuviera las inversiones financiadas a nivel nacional.

(15)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue expansiva, y se situó en el – 2 % del PIB. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Bélgica continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 0,2 % del PIB en 2022 (0,2 % del PIB en 2021). La inversión financiada a nivel nacional tuvo un efecto neutro en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Bélgica mantuvo la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto expansivo de 1,9 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. Este importante efecto expansivo incluyó la repercusión adicional de las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar las consecuencias económicas y sociales del aumento de los precios de la energía (coste presupuestario neto adicional del 0,8 % del PIB), así como los costes de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania (0,1 % del PIB). Al mismo tiempo, el aumento del gasto corriente, impulsado, en particular, por la indexación automática de las prestaciones sociales y los salarios de los empleados del sector público, y otros gastos corrientes que están experimentando un incremento estructural, como consecuencia, sobre todo, del envejecimiento de la población, también contribuyeron al crecimiento del gasto corriente primario neto. Por lo tanto, ese considerable efecto expansivo de los gastos corrientes financiados a nivel nacional solo se debió parcialmente a las medidas para hacer frente a los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía, así como a los costes de ofrecer protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania. Por lo tanto, Bélgica no limitó suficientemente el crecimiento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(16)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 está en consonancia con las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, tanto para 2023 como para los años posteriores. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 1 % en 2023 y un 1,7 % en 2024. En comparación, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 proyectan un crecimiento del PIB real del 1,2 % en 2023 y del 1,4 % en 2024.

(17)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el déficit público aumente hasta el 5,1 % del PIB en 2023. El incremento en 2023 refleja principalmente el aumento del gasto corriente permanente, que se debe, sobre todo, a la indexación automática de las prestaciones sociales y de los salarios de los empleados del sector público, así como al envejecimiento de la población; el efecto presupuestario de una reducción temporal de las cotizaciones sociales de las empresas durante el primer semestre de 2023, y una reforma de la fiscalidad de los productos de suministro de energía del sector residencial que se traduce en un aumento del déficit. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB aumente del 105,1 % a finales de 2022 al 106,7 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 5 % del PIB para 2023, lo que está en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB ligeramente inferior, del 106 % a finales de 2023. La diferencia se debe a un PIB nominal en 2023 algo superior al previsto en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023.

(18)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han venido prorrogando desde 2022, como la rebaja del impuesto especial sobre los combustibles derivados del petróleo, que finalizó el 31 de marzo de 2023; las reducciones del IVA en los contratos de suministro de electricidad y gas en el sector residencial; la ampliación de la cobertura de la tarifa reducida sobre los productos energéticos; el paquete energético; transferencias consistentes en pagos únicos con fines específicos (destinadas a los hogares que no utilizan gas y electricidad para la calefacción, sino otros combustibles), y apoyo directo para ayudar a las empresas que se enfrentan al aumento de los costes de la energía. El coste de dichas medidas sigue compensándose en parte con los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los proveedores de energía, en particular mediante impuestos sobre los sectores de la electricidad y el petróleo, vigentes desde 2022, así como a través de un impuesto aplicado en 2023 sobre un gestor del sistema de redes internacionales de suministro de gas (Fluxys). Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,4 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, aunque muchas de ellas mantienen la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,1 % del PIB en 2023 (frente al 0,2 % del PIB en 2022). Se prevé que el coste presupuestario de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania permanezca estable en comparación con 2022. Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 0,5 % del PIB.

(19)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Bélgica que en 2023 garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo (12), teniendo en cuenta el mantenimiento de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, Bélgica debía estar preparada para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Bélgica que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(20)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será expansiva en 2023 (– 1,1 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, lo que supone que se mantiene la orientación expansiva de la política fiscal de 2022 (– 2 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto expansivo, del 0,7 % del PIB, en la orientación de la política fiscal. Esto incluye la reducción del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,1 % del PIB. Por lo tanto, el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por encima del crecimiento de la producción potencial a medio plazo no se debe al apoyo específico a los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. El incremento expansivo del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) también se ve impulsado por los aumentos permanentes de los salarios de los empleados del sector público y de las prestaciones sociales (debido a la indexación de ambas partidas), por el incremento estructural del gasto corriente como consecuencia del envejecimiento de la población, por la reforma de la fiscalidad de los contratos de suministro de energía en el sector residencial y por la reducción temporal de las cotizaciones sociales de las empresas durante el primer semestre de 2023. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional no está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 0,3 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal de 0,1 puntos porcentuales (13). Así pues, Bélgica tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión y mantener las inversiones financiadas a nivel nacional. Además, planea financiar inversiones públicas para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, como proyectos de inversión para la renovación de edificios, la movilidad sostenible y la descarbonización del sector energético, así como inversiones clave destinadas a acelerar la transición digital (en particular, la digitalización de la administración pública, la promoción de la inclusión social y el fortalecimiento de la ciberseguridad), que se financian a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 4,2 % del PIB en 2024. Este descenso en 2024 refleja también la retirada de las medidas de apoyo temporales que se adoptaron en el contexto del aumento de los precios de la energía. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB suba al 107,1 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 4,7 % del PIB en 2024, Esta cifra es superior a la prevista en el Programa de Estabilidad de 2023 y se debe principalmente a medidas de reducción del déficit que todavía no se han especificado en dicho programa y que ascienden al 0,2 % del PIB (por lo tanto, estas medidas no se tienen en cuenta en la previsión de la primavera de 2023 de la Comisión), así como a una previsión menos favorable de los ingresos públicos, concretamente en lo que se refiere a los impuestos empresariales. Dichas previsiones contemplan para finales de 2024 una ratio de deuda pública con respecto al PIB similar, del 107,3 %.

(22)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión también asume actualmente la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(23)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (14). Teniendo en cuenta consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,7 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (15) en 2024 no debería superar el 2 %, como se refleja en la presente Recomendación. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 0,4 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público. Además, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional en 2023 no se ajusta a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Si esto se confirma, sería apropiado un menor incremento del gasto primario neto en 2024.

(24)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 1,4 % en 2024, lo que se sitúa por encima de la tasa de crecimiento recomendada.

(25)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública aumente del 2,9 % del PIB en 2023 al 3,1 % del PIB en 2024. El mayor volumen de inversión refleja un aumento de la inversión financiada a nivel nacional y de la inversión financiada por la Unión, concretamente a través del Mecanismo. El Programa de Estabilidad de 2023 se refiere a las reformas e inversiones que se espera contribuyan a la sostenibilidad fiscal y a un crecimiento sostenible e inclusivo. Dichas reformas e inversiones incluyen un proyecto de reforma fiscal del sistema de impuestos y prestaciones destinada a impulsar el empleo y la actividad económica, fomentando así la sostenibilidad de las finanzas públicas, y una reforma de las pensiones (como prevé el Plan de Recuperación y Resiliencia) con el objetivo de mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Además, el Plan de Recuperación y Resiliencia prevé intensificar los esfuerzos para estimular la inversión pública con vistas a acelerar las transiciones ecológica y digital, en particular a través de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia.

(26)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya hasta alcanzar el 3,3 % del PIB en 2025 y el 2,9 % en 2026. Por consiguiente, se prevé que el déficit público disminuya y se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB aumente del 107,1 % a finales de 2024 al 107,8 % a finales de 2026.

(27)

Bélgica se enfrenta a importantes retos en materia de sostenibilidad fiscal, que están relacionados tanto con el elevado nivel de deuda pública como con el empeoramiento previsto, en caso de mantenimiento de las políticas, del efecto del gasto relacionado con el envejecimiento de la población sobre las finanzas públicas en un contexto de rápido envejecimiento demográfico. En el Informe de la Comisión sobre el envejecimiento de 2021, se prevé que el gasto relacionado con el envejecimiento de la población aumente en 3,6 puntos porcentuales del PIB de aquí a 2040 y en 5,4 puntos porcentuales del PIB de aquí a 2070, debido principalmente al gasto en pensiones y cuidados de larga duración. Se prevé que el gasto en pensiones aumente en 3 puntos porcentuales del PIB en el período 2019-2070, frente a un promedio de 0,1 puntos porcentuales del PIB en la zona del euro. En el caso de Bélgica, la mayor parte del aumento previsto ya se produciría en 2040, cuando el gasto en pensiones aumentaría en 2,7 puntos porcentuales del PIB hasta el 14,9 % del PIB. El Plan de Recuperación y Resiliencia de Bélgica incluye una reforma de las pensiones destinada a ayudar a abordar este reto, junto con otros objetivos, como la mejora de la sostenibilidad social del sistema, la incentivación de las personas para que permanezcan activas en el mercado laboral después de cumplir las condiciones de jubilación anticipada y la garantía de una mayor convergencia entre los sistemas de pensiones y dentro de ellos. En cuanto a los cuidados de larga duración, el gasto público ascendió al 2,2 % del PIB en 2019 (media de la Unión del 1,7 %), lo que hizo de Bélgica uno de los países con mayor gasto en cuidados de larga duración de la Unión. De aquí a 2070, se prevé que el gasto en cuidados de larga duración siga aumentando hasta el 4,3 % del PIB en el escenario de referencia. Sin embargo, estos costes podrían aumentar hasta el 6,0 % del PIB en los escenarios más negativos (16). Los datos disponibles sugieren un posible uso excesivo de la asistencia residencial y la institucionalización innecesaria o prematura de las personas mayores. Los datos disponibles sugieren que el número de personas mayores que se encuentran innecesariamente o al menos prematuramente en un centro de atención residencial sigue siendo elevado, aunque ha disminuido en la última década. En particular, los datos indicaban que el porcentaje de personas afectadas por este problema era elevado en Bruselas y Valonia. Las entidades federadas han iniciado reformas para mejorar el uso rentable de los diferentes entornos asistenciales, en particular para evitar y retrasar la institucionalización innecesaria o prematura, a las que se ha transferido la responsabilidad de los cuidados de larga duración desde 2019. Sin embargo, no se centran lo suficiente en abordar el reto de la sostenibilidad fiscal.

(28)

A pesar de las recientes reformas, la cuña fiscal (cotizaciones a la seguridad social y fiscalidad de la renta del trabajo) en Bélgica sigue estando muy por encima de la media de la Unión en todos los niveles salariales, excepto en el caso de los trabajadores con salarios muy bajos (50 % de la media), lo que puede desincentivar el trabajo. Se han introducido algunas medidas para aumentar la renta neta de los trabajadores con salarios bajos, como la prima por empleo (en Flandes) y las prestaciones en activo para los desempleados de larga duración o para la movilidad interregional (a nivel federal). Sin embargo, estas medidas también aumentan aún más el elevado tipo impositivo marginal para los trabajadores con ingresos medios bajos («trampa de los salarios bajos»), lo que puede desalentar las inversiones en aprendizaje permanente y aumentar el número de horas trabajadas. Las prestaciones por desempleo son ilimitadas en el tiempo y no están sujetas a condiciones de recursos para los desempleados de larga duración. Además, varias prestaciones sociales no monetarias están vinculadas a la situación de desempleo de los beneficiarios, lo que puede contribuir a las trampas existentes de inactividad, desempleo y salarios bajos. Una amplia revisión del sistema de prestaciones mejoraría la transparencia en términos de incentivos al trabajo y podría contribuir a aumentar la eficacia de las políticas de activación.

(29)

El uso generalizado de los gastos fiscales, en parte para contrarrestar los elevados tipos impositivos, crea ineficiencias y tiende a favorecer determinados tipos de remuneración y gastos. Esto da lugar a distorsiones económicas, sociales y medioambientales. Los regímenes especiales, como los vales de comida, las subvenciones a los desplazamientos al puesto de trabajo o la exención de la retención a cuenta para las horas extraordinarias, el trabajo de investigación y desarrollo y el trabajo nocturno o por turnos, son costosos para el presupuesto y se ha constatado que crean ineficiencias. Algunas deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (por ejemplo, la deducción por vales de servicio) benefician desproporcionadamente a los trabajadores con ingresos elevados. Siguen existiendo incentivos fiscales para las inversiones inmobiliarias a nivel federal (valores catastrales que subestiman los ingresos reales por alquiler, deducibilidad de los intereses de los préstamos para vivienda secundaria) y regional (chèque-habitat en Valonia). Estos incentivos fiscales distorsionan la asignación de recursos y pueden generar un exceso de inversión inducido por los impuestos en determinados tipos de activos. Han aumentado las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente relacionadas con los impuestos. La reducción del tipo del IVA aplicable a la electricidad y el gas para los contratos de vivienda, al tiempo que proporciona ayuda a los hogares, sigue favoreciendo a los combustibles fósiles a largo plazo y desincentiva una mayor diversificación y ahorro energético. Ante el aumento de la congestión del tráfico y los problemas de contaminación atmosférica, los impuestos sobre el transporte y los impuestos sobre la contaminación siguen estando infrautilizados. Se espera que la reforma fiscal más amplia, que el Gobierno prevé introducir gradualmente de aquí a 2024, —en caso de que se adopte y aplique— reduzca la presión fiscal sobre el trabajo y reduzca algunas de las distorsiones.

(30)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Bélgica está en curso, aunque con un riesgo cada vez mayor de retrasos. Bélgica aún no ha presentado ninguna solicitud de pago. Será necesaria una gobernanza eficaz para permitir una aplicación rápida y constante. Se espera que el Plan de Recuperación y Resiliencia se revise en 2023 para incluir, entre otras cosas, un capítulo de REPowerEU, teniendo en cuenta al mismo tiempo la revisión a la baja de la asignación máxima en concepto de subvenciones del Mecanismo que corresponde a Bélgica. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Bélgica en el ámbito de la energía y la transición ecológica. De conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/241, el 31 de marzo de 2023, Bélgica manifestó su intención de solicitar 1 024 900 000 EUR de ayuda adicional en forma de préstamos en el marco del Mecanismo. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(31)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión de Bélgica en 2022, salvo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la Región de Bruselas-Capital, que se adoptó en 2023. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Bélgica.

(32)

Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupan el Plan de Recuperación y Resiliencia y los planes de la política de cohesión, Bélgica se enfrenta a algunos retos adicionales relacionados con su mercado laboral, el sistema educativo, la política energética y la transición ecológica. La tasa de vacantes de empleo en Bélgica es actualmente una de las más elevadas de la Unión y los empleadores tienen cada vez más dificultades para contratar trabajadores con las capacidades adecuadas. Sin embargo, las disparidades regionales en la participación en el mercado laboral son significativas. La escasez de mano de obra es elevada tanto en las profesiones poco cualificadas como en las altamente cualificadas, con escasez en varios sectores, como las tecnologías de la información y la comunicación, los empleos profesionales, técnicos y científicos, la hostelería y la asistencia sanitaria. El número de titulados, especialmente mujeres, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) sigue siendo bajo y su proporción aumenta lentamente, a pesar de los planes de acción específicos en el ámbito de las CTIM. La inadecuación de las cualificaciones también se explica por la baja participación en el aprendizaje de adultos. Es posible que los incentivos actuales para el aprendizaje de adultos no lleguen a las personas con bajo nivel educativo, para las que la mejora de las capacidades podría ofrecer mejores oportunidades de empleo. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. Abordar la escasez de mano de obra y la inadecuación de las capacidades constituye una herramienta clave para abordar la transformación digital y permitir la transición ecológica, así como para alcanzar los principales objetivos de la Unión para 2030 en materia de empleo y capacidades.

(33)

Además de reducir los factores que desincentivan el trabajo del sistema fiscal y de prestaciones, unas medidas de activación más eficaces y específicas podrían ayudar a liberar el gran potencial de mano de obra sin explotar y aliviar la creciente escasez de mano de obra y de personal cualificado. Los grupos desfavorecidos, incluidas las personas con bajo nivel educativo, de origen migrante o con discapacidad, están menos integrados en el mercado laboral. Existe una baja tasa media de transición del desempleo o la inactividad al empleo. Esto sugiere que todavía hay margen para reforzar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo, en particular mediante evaluaciones más sistemáticas e itinerarios integrados para los solicitantes de empleo que se enfrentan a múltiples obstáculos para encontrar un empleo. También será necesario aplicar políticas para impulsar la reintegración de los trabajadores en situación de baja por enfermedad de larga duración, en particular debido al agotamiento profesional y a la depresión (25 % de los casos), que en la actualidad superan ampliamente el número de desempleados, para seguir aumentando la tasa de empleo.

(34)

En lo que respecta a la escasez de mano de obra y la inadecuación de las cualificaciones, existe preocupación por el desempeño, la inclusividad y la equidad de los sistemas educativos, también a la luz del elevado gasto público en educación. La brecha en los resultados educativos está estrechamente relacionada con el origen socioeconómico y migrante de los estudiantes y se encuentra entre las mayores de la Unión, lo que da lugar a desigualdades en la educación. Será fundamental aumentar la adecuación al mercado laboral y el atractivo de la educación y la formación profesionales. Reforzar la profesión docente mediante una mejor formación del profesorado y un desarrollo profesional continuo, así como mediante el desarrollo de trayectorias profesionales más flexibles y atractivas, contribuiría a reducir la creciente escasez de profesores cualificados, lo que podría aumentar aún más las desigualdades educativas existentes. Recientemente se han tomado o están previstas algunas medidas para reforzar la profesión docente. Será esencial continuar y supervisar la aplicación de dichas medidas y sus efectos.

(35)

Alrededor del 70 % del consumo interior bruto de energía de Bélgica está cubierto por importaciones de combustibles fósiles. En 2021, el petróleo representaba el 45 % de la combinación energética belga y el gas natural, el 23 %. El consumo de gas natural en Bélgica cayó un 15 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que está en consonancia con el objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (17). Bélgica podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (18). Las energías renovables solo representaron el 13 % del consumo final de energía en 2021. Bélgica tendrá que aumentar significativamente su objetivo de energías renovables de aquí a 2030, que actualmente es del 17,5 % y que la Comisión consideró poco ambicioso en su evaluación de 2020, a fin de reflejar los objetivos más ambiciosos de la Unión. Para hacer frente a la reducción prevista de la energía nuclear y al aumento previsto de la demanda de electricidad, la eficiencia energética y la cuota de electricidad procedente de fuentes renovables tendrán que aumentar significativamente. Sin embargo, el desarrollo de proyectos eólicos en tierra y la correspondiente expansión de la red eléctrica siguen viéndose gravemente obstaculizados por la escasa aceptación pública y los largos retrasos relacionados con los procedimientos de concesión de permisos, en particular debido a los repetitivos y largos procedimientos de recurso. Pueden adoptarse nuevas medidas para acelerar la implantación de la energía eólica terrestre y el correspondiente refuerzo de la red. La ordenación del territorio y la revisión de las normas de distancia mínima de los aerogeneradores desde aeropuertos, radares y zonas militares podrían liberar más espacio para la energía eólica. Además, la concesión de permisos podría facilitarse concediendo a los proyectos de infraestructuras eólicas y de red el estatus de interés público superior y tramitando los recursos con mayor rapidez. La participación de los municipios y los ciudadanos en los proyectos de generación de energías renovables podría aumentar la aceptabilidad local.

La expansión de la energía solar en tejados (tanto en instalaciones a pequeña como a gran escala) podría estimularse aún más mediante la adopción de reformas que establezcan requisitos vinculantes para los grandes edificios públicos y comerciales, incentivos para los propietarios y marcos jurídicos que faciliten el uso compartido de energía. Además, podría fomentarse la flexibilidad del autoconsumo y de la demanda. El desarrollo proactivo de planes decenales de inversión en redes eléctricas más integrados y coherentes podría evitar retrasos en la conexión de nuevos proyectos de energía eólica (y otras fuentes renovables), así como de usuarios finales (bombas de calor, puntos de recarga para vehículos eléctricos), y debería anticipar el aumento previsto del consumo de electricidad industrial.

(36)

Con nuevas reformas políticas e inversiones adicionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de la energía, la industria, la construcción y el transporte se contribuiría a reducir la elevada dependencia global de Bélgica de las importaciones de combustibles fósiles. Podría incentivarse el aumento de la eficiencia energética en la industria mejorando los acuerdos voluntarios, introduciendo planes de ahorro energético y descarbonización para los mayores consumidores de combustibles fósiles, estimulando la electrificación y la implantación de bombas de calor industriales e integrando en mayor medida los métodos de producción circulares. Bélgica corre el riesgo de no alcanzar sus objetivos de renovación y eficiencia energética para 2030. El reto de reducir el consumo de combustibles fósiles en los edificios sigue siendo considerable. Por consiguiente, los actuales esfuerzos de inversión en renovaciones energéticas deben intensificarse y complementarse con reformas políticas como la prohibición de los combustibles fósiles en nuevos edificios, las renovaciones obligatorias eficientes desde el punto de vista energético, la eliminación progresiva de la calefacción basada en combustibles fósiles y el cambio de incentivos hacia soluciones de calefacción con bajas emisiones de carbono, como las bombas de calor y las redes de calor suministradas con energía recuperada y renovable. Esto debe ir acompañado de la adaptación de la educación y la formación a las capacidades técnicas ecológicas emergentes pertinentes y de la garantía de unos técnicos y trabajadores de la construcción suficientes y debidamente cualificados. En el sector del transporte, la elevada proporción del uso del automóvil privado representa una gran parte del consumo de petróleo en Bélgica. Promover la «movilidad blanda» (por ejemplo, el uso de la bicicleta o la movilidad compartida) y el uso del transporte público contribuiría a reducir el uso de vehículos privados, así como los costes de la congestión vial. En 2022, el uso de la bicicleta aumentó como método de desplazamiento al trabajo, especialmente en Flandes y Bruselas, gracias a las continuas inversiones en infraestructuras ciclistas, las iniciativas de promoción y los incentivos específicos. Sin embargo, todavía hay margen para seguir fomentando esta forma de movilidad blanda mediante inversiones en infraestructuras ciclistas y en seguridad vial para los ciclistas. El uso del transporte público aún no se ha recuperado plenamente tras la crisis de la COVID-19 y podría seguir fomentándose mediante mejoras en los servicios suburbanos e interurbanos, inversiones en la renovación de la flota y una mayor frecuencia de los servicios.

(37)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en varias ocupaciones que requieren competencias o conocimientos específicos para la transición ecológica, incluidas las funciones de ingeniería civil y operadores de centrales eléctricas.

(38)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (19) se refleja en la recomendación 1.

(39)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica, y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Bélgica, las recomendaciones 1, 2 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda y tercera establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que no señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos. Por lo tanto, no sería necesario un examen exhaustivo. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 15 de octubre de 2021, Bulgaria presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 4 de mayo de 2022, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Bulgaria (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Bulgaria ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 5 de mayo de 2023, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y su Programa de Convergencia de 2023, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Bulgaria sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Bulgaria. En él se evalúan los avances realizados por Bulgaria para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Bulgaria. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Bulgaria en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Bulgaria disminuyó del 3,9 % del PIB en 2021 al 2,8 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 23,9 % del PIB a finales de 2021 al 22,9 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión emitió un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado. En el que se trataba la situación presupuestaria de Bulgaria, ya que se prevé que su déficit público supere el 3 % del PIB en 2023. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit. De conformidad con su Comunicación de 8 de marzo de 2023, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Bulgaria debería tenerlo en cuenta en el debate y la ejecución de su presupuesto para 2023 y en la preparación de su presupuesto para 2024.

(13)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron los tipos reducidos del IVA para la calefacción y el gas y los menores impuestos especiales sobre la electricidad y el gas natural y licuado, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron las subvenciones a los consumidores no domésticos y a los operadores de distribución del sistema eléctrico para el consumo de electricidad, a los hogares para el consumo de gas natural y a las empresas de calefacción urbana. El coste de estas medidas se vio compensado en parte con nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los productores y proveedores de energía y, concretamente, con una tasa temporal a las empresas estatales del sector energético. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 1,5 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,1 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 1,0 % del PIB en 2022, frente al 3,7 % de 2021.

(14)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Bulgaria (7) que mantuviera en 2022 una orientación de la política fiscal favorable, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional. Asimismo, el Consejo recomendó a Bulgaria que mantuviera bajo control el aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(15)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue expansiva, y se situó en el – 1,2 % del PIB, tal como recomendaba el Consejo. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Bulgaria continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo y otros fondos de la Unión. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 0,8 % del PIB en 2022 (0,9 % del PIB en 2021). Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto expansivo de 0,5 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Bulgaria mantuvo la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto expansivo de 0,8 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. Dicho efecto expansivo incluía el efecto adicional de las medidas de política fiscal para mitigar las repercusiones económicas y sociales del aumento de los precios de la energía (con un coste presupuestario neto adicional del 0,9 % del PIB), así como los costes de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania (equivalente al 0,1 % del PIB) Por lo tanto, Bulgaria mantuvo suficientemente bajo control el incremento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(16)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia de 2023 es más favorable que las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, tanto para 2023 como para los años posteriores. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 1,8 % en 2023 y un 3,3 % en 2024. En comparación, la previsión de la Comisión de la primavera de 2023 prevé un menor crecimiento del PIB real, del 1,5 % en 2023 y del 2,4 % en 2024, debido principalmente a una hipótesis más negativa sobre la evolución de las existencias en la previsión de la Comisión de la primavera de 2023 y a pesar de su proyección más favorable sobre las exportaciones e importaciones en 2023. Para 2024, el menor crecimiento del PIB real en la previsión de la Comisión de la primavera de 2023 se debe principalmente a grandes diferencias negativas en las contribuciones del consumo privado, las inversiones y las exportaciones.

(17)

En su Programa de Convergencia de 2023, el Gobierno espera que el déficit público aumente hasta el 6,1 % del PIB en 2023. Según el Programa de Convergencia de 2023, el aumento del déficit en 2023 obedece principalmente a las medidas adoptadas para aumentar las pensiones y los salarios, al efecto de la indexación de las pensiones a la inflación y al salario medio, al mayor gasto en política social, sanitaria y educativa y a un mayor gasto nacional en inversiones públicas. El programa no incluye ningún otro cambio de política ni medidas de saneamiento, ya que el presupuesto de 2023, que podría incluir tales medidas de política fiscal, no se había adoptado en el momento de la presentación del Programa de Convergencia. Según el Programa de Convergencia de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB aumente del 22,9 % a finales de 2022 al 26,6 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 4,8 % del PIB para 2023, Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Convergencia de 2023, debido principalmente a una menor inversión pública prevista y a unos mayores ingresos procedentes tanto de los impuestos como de la Unión. Asimismo, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión proyecta una ratio de deuda pública con respecto al PIB menor, del 25 % a finales de 2023. La diferencia se debe al menor déficit previsto y a las diferentes hipótesis en lo que se refiere a la aplicación del Mecanismo y los pagos en virtud de este.

(18)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han venido prorrogando desde 2022, en particular, las subvenciones a los consumidores no domésticos. El coste de estas medidas sigue compensándose en parte con los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los proveedores de energía, a saber, la contribución solidaria en virtud del Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo (10). Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,8 % del PIB en 2023 (11). Las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, y no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 1,0 % del PIB.

(19)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022 (12), el Consejo recomendó a Bulgaria que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (13), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, Bulgaria debía estar preparada para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Bulgaria que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(20)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será expansiva en 2023 (– 3,1 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, lo que supone que se mantiene la orientación expansiva de la política fiscal de 2022 (– 1,2 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto expansivo, del 1,9 % del PIB, en la orientación de la política fiscal. El efecto expansivo del gasto corriente primario neto financiado a nivel nacional no se debe a un apoyo específico a los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional no está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Así pues, Bulgaria tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la UE y mantener las inversiones financiadas a nivel nacional. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 1,9 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal de 0,1 puntos porcentuales (14).

(21)

Según el Programa de Convergencia de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 4,7 % del PIB en 2024. La disminución en 2024 refleja principalmente unos mayores ingresos procedentes de la Unión y la supresión gradual de las medidas de apoyo a la energía. Según el Programa de Convergencia de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB suba al 30,7 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 4,8 % del PIB en 2024, lo que está en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Convergencia de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB más baja, del 28,1 % a finales de 2024.

(22)

El Programa de Convergencia de 2023 prevé la eliminación progresiva de la mayoría de las medidas de apoyo en materia energética para 2024. La Comisión parte actualmente de un coste neto de las medidas de apoyo a la energía del 0,1 % del PIB en 2024, frente al 0,8 % del PIB en 2023. Dichas estimaciones se basan en el supuesto de que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía. Las medidas de apoyo a la energía que actualmente está previsto que sigan en vigor en 2024 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas vulnerables. No preservan plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética.

(23)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (15). Teniendo en cuenta consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,5 % del PIB. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (16) en 2024 no debería superar el 4,6 %, como se refleja en esta Recomendación. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 0,8 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público. Según las estimaciones de la Comisión, esto llevaría a un incremento del gasto primario neto inferior a la tasa de crecimiento máxima recomendada para 2024. Además, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional en 2023 no se ajusta a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Si esto se confirma, sería apropiado un menor incremento del gasto primario neto en 2024.

(24)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 5,4 % en 2024, lo que se sitúa por encima de la tasa de crecimiento recomendada. El ajuste previsto en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 es inferior al ahorro derivado de la supresión total de las medidas de apoyo a la energía, lo cual se debe principalmente al efecto anualizado de los aumentos de las pensiones y de los aumentos previstos de algunos salarios del sector público, que compensan con creces el efecto positivo de la supresión gradual de las medidas de apoyo a la energía.

(25)

Según el Programa de Convergencia de 2023, se espera que la inversión pública aumente del 4 % del PIB en 2023 al 4,6 % del PIB en 2024. El mayor volumen de inversión refleja un aumento de la inversión financiada a nivel nacional y de la inversión financiada por la Unión, concretamente a través del Mecanismo.

(26)

El Programa de Convergencia de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Convergencia de 2023, se prevé que el déficit público aumente hasta alcanzar el 4,9 % del PIB en 2025 y el 5 % en 2026. Por lo tanto, no se prevé que el déficit público vuelva a ser inferior al 3 % del PIB en el período que abarca el programa. Según el Programa de Convergencia de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB suba del 30,7 % a finales de 2024 al 37,1 % a finales de 2026.

(27)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Bulgaria está en curso, aunque con un riesgo cada vez mayor de retrasos. Bulgaria ha presentado una solicitud de pago, correspondiente a 22 hitos y objetivos del plan y que ha dado lugar a un desembolso total de 1 370 millones EUR. Un alto nivel de inestabilidad gubernamental ha provocado retrasos en las reformas legislativas clave, como las relativas a la contratación pública, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del fiscal general. La falta de estabilidad política y de capacidad administrativa también se tradujo en una ralentización de los trabajos de ejecución sobre varias inversiones importantes en energía y transporte y en el cuestionamiento de aspectos clave del plan, a saber, la descarbonización del sector energético. La segunda solicitud de pago se ha retrasado y ahora está prevista para septiembre de 2023. Sin embargo, existe un riesgo significativo de que en el momento de la presentación no se cumplan varios hitos y objetivos relacionados con reformas clave. Los trabajos sobre la adenda del plan y el capítulo de REPowerEU están en curso. El calendario para la finalización de dichos trabajos sigue sin estar claro debido a la situación política. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Bulgaria en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(28)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión de Bulgaria en 2022, aparte de la prioridad del Fondo de Transición Justa y los planes territoriales de transición justa, que son cruciales para mitigar el impacto de la transición de las regiones carboníferas. Resulta fundamental avanzar en la adopción de los programas de la política de cohesión y en su pronta ejecución, de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Bulgaria.

(29)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Bulgaria afronta algunos retos adicionales relativos a la descarbonización de la economía y de la generación de energía.

(30)

Bulgaria sigue teniendo la economía más intensiva en carbono de la Unión, con una intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero más de cuatro veces superior a la media de la Unión. La cuota de 2021 de combustibles fósiles en la combinación energética de Bulgaria es del 63 %: el carbón representa un 26 %, la energía nuclear un 22 % y las energías renovables un 15 % (por debajo de la media de energías renovables de la Unión del 18 %). El Plan de Recuperación y Resiliencia de Bulgaria incluye una reforma del marco estratégico para la descarbonización de la economía, en particular del sector energético. Esto incluye la preparación de escenarios y recomendaciones por parte de la Comisión de Transición Energética y la posterior adopción de una hoja de ruta hacia la neutralidad climática por parte de la Asamblea Nacional, con una fecha final para la eliminación progresiva del carbón/lignito, a más tardar en 2038. Aunque la Comisión de Transición Energética se creó en 2022, su informe de recomendación se ha retrasado. Además, la Asamblea Nacional adoptó una resolución en enero de 2023 que obligaba al Gobierno a renegociar los compromisos de descarbonización de Bulgaria, incluida una inversión en almacenamiento de electricidad, en el marco de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(31)

Bulgaria ha mostrado un alto nivel de seguridad del suministro de gas ante las difíciles circunstancias, en particular el corte de sus suministros de gas procedentes de Rusia poco después de la invasión de Ucrania. Bulgaria pudo garantizar contratos a corto plazo para el suministro de gas natural licuado (GNL) a través de Grecia. El interconector de gas entre Grecia y Bulgaria (IGB) comenzó a funcionar en octubre de 2022. Esto permitió a Bulgaria recibir todos los volúmenes de suministros contratados de Azerbaiyán (1 000 millones de metros cúbicos al año, que cubrían aproximadamente el 30 % del consumo nacional). La cuota del gas en la combinación energética fue del 14 %, por debajo de la media de la Unión del 23 %. La industria sigue siendo el mayor consumidor de gas, con una cuota del 42 %, incluidos los usos no energéticos. Los sistemas de calefacción urbana de las principales ciudades de Sofía y Plovdiv dependen del gas natural, que representa aproximadamente un tercio del consumo total de gas natural de Bulgaria. El consumo de gas natural en Bulgaria cayó un 22 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (17). Se anima a Bulgaria a seguir perseverando en sus esfuerzos por reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (18).

(32)

En cuanto a las energías renovables, Bulgaria aún tiene que eliminar los obstáculos a la instalación de instalaciones de energía renovable y su conexión a la red, de conformidad con un compromiso asumido en su Plan de Recuperación y Resiliencia. En enero de 2023, la Comisión llevó a Bulgaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 260, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por no incorporar al Derecho nacional la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (19). Una mayor atención al almacenamiento de energía contribuiría a acelerar la implantación de las energías renovables a escala de la red en Bulgaria. Además, mejorar la gestión de la red para hacerla más flexible podría facilitar la integración de instalaciones adicionales de energía renovable. Al mismo tiempo, Bulgaria debe seguir desarrollando interconectores energéticos con capacidad suficiente con los países vecinos. Las inversiones en infraestructuras de combustibles fósiles deben limitarse a lo estrictamente necesario y estar preparadas para el futuro, a fin de evitar la dependencia de tecnologías que no sean coherentes con los objetivos climáticos o que aumenten el coste de la transición energética.

(33)

El Plan de Recuperación y Resiliencia de Bulgaria incluye más de 1 000 millones EUR de inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética en edificios tanto públicos como privados, y se están poniendo en práctica convocatorias para ejecutar proyectos sobre el terreno. La creación del fondo nacional de descarbonización, previsto para 2023, es crucial para la consecución de la estrategia a largo plazo de Bulgaria para renovar su parque inmobiliario, así como para atraer más inversión privada adaptando su enfoque a los programas de renovación Es necesario un esfuerzo adicional para abordar estructuralmente la pobreza energética, en particular mediante planes específicos y asistencia técnica y administrativa que refleje las necesidades de los grupos vulnerables. Para que Bulgaria se ajuste a los objetivos del paquete «Objetivo 55», se necesitará una mayor ambición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las energías renovables y los objetivos de eficiencia energética.

(34)

Entre 2005 y 2021, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte nacional, excepto la aviación, crecieron un 19,5 % en Bulgaria, mientras que disminuyeron un 7,5 % de media en la Unión. Alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país proceden de este sector. La adopción de turismos de emisiones cero es baja, al igual que la densidad de puntos públicos de recarga eléctrica en Bulgaria. El desarrollo de la sección búlgara de la Red Transeuropea de Transporte ha sufrido retrasos, especialmente en lo que respecta a la infraestructura ferroviaria: esto inhibe la multimodalidad y el potencial para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del transporte. La contaminación atmosférica constituye un importante riesgo para la salud de la población búlgara.

(35)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se ha notificado escasez de mano de obra en Bulgaria en una serie de ocupaciones que requerían capacidades o conocimientos específicos para la transición ecológica (20). El Fondo Social Europeo Plus asignó 152 millones EUR a medidas para promover las capacidades y el empleo ecológicos para el período 2021-2027. El Fondo de Transición Justa también brinda la oportunidad de abordar la dimensión social de la transición ecológica para las tres regiones elegibles del país.

(36)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2023 y su dictamen (21) se refleja en las recomendaciones 1, 2 y 3.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a Chequia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 1 de junio de 2021, Chequia presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 8 de septiembre de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chequia (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Chequia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 13 de abril de 2023, Chequia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 28 de abril de 2023, su Programa de Convergencia de 2023, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Chequia sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Chequia. En él se evalúan los avances realizados por Chequia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Chequia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Chequia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Chequia de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión llegó a la conclusión de que Chequia no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, sus vulnerabilidades guardan relación con la competitividad en precios y con los precios de la vivienda, pero es probable que sean limitadas en el futuro teniendo en cuenta que la deuda de los hogares se encuentra contenida y que se prevé una desaceleración de la inflación significativamente más rápida que la media de la Unión. La economía se vio fuertemente afectada por la perturbación de los precios de la energía y el rápido aumento de la inflación. Desde la pandemia de COVID-19, el país ha adoptado una orientación de la política fiscal flexible, un factor que también ha contribuido a acelerar la inflación. Pese a que, en general, las presiones sobre los precios continúan siendo elevadas, se prevé una recuperación parcial de la competitividad en términos de precios, en un contexto de reducción de precios de la energía, y no se aprecian problemas externos que afecten de manera inmediata a la sostenibilidad. Se espera que la inflación se desacelere a un ritmo significativamente mayor que la media de la Unión. Sin embargo, si persistiera, podría plantear algunos riesgos para la competitividad de Chequia. El reciente deterioro del saldo de la balanza por cuenta corriente justifica un seguimiento estrecho en lo sucesivo. En los últimos años, la demanda de vivienda experimentó un importante incremento, espoleada por los bajos tipos de interés, el elevado crecimiento de la renta y la flexibilización de las medidas macroprudenciales; la oferta de vivienda no fue capaz de dar respuesta a esa demanda. Los precios de la vivienda crecieron con más fuerza durante la pandemia, pero comenzaron a moderarse a mediados de 2022 ante el aumento de tipos y el endurecimiento de las condiciones de los préstamos. Sin embargo, el riesgo de una corrección significativa de los precios de la vivienda parece bajo, la deuda de los hogares se encuentra contenida y el sector bancario da muestras de solidez. Pese a ello, una respuesta limitada de la oferta a medio plazo seguiría impulsando los precios al alza. Se necesitan esfuerzos constantes para frenar la inflación. Para reducirla se necesitaría una fuerte desaceleración del crecimiento de la demanda, lo que a su vez se puede conseguir aplicando una política monetaria y fiscal suficientemente estricta.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Chequia disminuyó del 5,1 % del PIB en 2021 al 3,6 % en 2022, mientras que la deuda pública aumentó del 42,0 % del PIB a finales de 2021 al 44,1 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión emitió un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizaba la situación presupuestaria de Chequia, al rebasar su déficit público en 2022 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit. De conformidad con su Comunicación de 8 de marzo de 2023, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Chequia debe tener en cuenta esta información en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la elaboración de su presupuesto para 2024.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron una rebaja del impuesto especial sobre la gasolina y el gasóleo, la supresión del impuesto vial para las empresas y una disminución del recargo por energías renovables que pagan los usuarios finales, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron una ayuda a tanto alzado para el pago de las facturas de energía (la denominada «tarifa reducida»), el apoyo a la industria afectada por los altos precios de la energía y un subsidio de pago único para sufragar los gastos de los hijos. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 0,7 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de la protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,3 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,1 % del PIB en 2022, frente al 2,0 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Chequia (7) que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue globalmente neutra, y se situó en el - 0,1 % del PIB, tal como recomendaba el Consejo. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Chequia continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 1,1 % del PIB en 2022 (1,1 % del PIB en 2021). Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto neutro en la orientación de la política fiscal (9). Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) aportó un efecto contractivo de 0,3 puntos porcentuales a la orientación de la política fiscal. Por lo tanto, Chequia mantuvo suficientemente bajo control el incremento del gasto corriente financiado a nivel nacional. Por consiguiente, Chequia mantuvo la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo.

(17)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia de 2023 está en consonancia con las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 0,1 % en 2023 y un 3,0 % en 2024. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 con respecto al crecimiento del PIB real son similares (0,2 % en 2023 y 2,6 % en 2024).

(18)

En su Programa de Convergencia de 2023, el Gobierno espera que el déficit público disminuya hasta el 3,5 % del PIB en 2023. La reducción marginal en 2023 refleja principalmente el aumento de gastos tales como los subsidios relacionados con las medidas de apoyo en materia energética o el crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que se ven compensados por un menor incremento de otras partidas de gasto y por el aumento de los ingresos asociados a los fondos de la UE. Según el Programa de Convergencia de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 44,1 % a finales de 2022 al 43,5 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 3,6 % del PIB para 2023, lo que está en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Convergencia de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB más baja, del 42,9 % a finales de 2023. La diferencia se debe a un crecimiento del PIB nominal superior al previsto.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han ido prorrogando desde 2022 (en particular: una reducción del recargo por energías renovables que pagan los usuarios finales y una rebaja de los impuestos especiales sobre el gasóleo) y de medidas nuevas, como una limitación a los precios de la electricidad y el gas y el apoyo al sector de la calefacción. El coste de esas medidas se compensa en parte mediante impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los proveedores de energía, a saber, un gravamen que pagan los productores de electricidad sobre sus ingresos cuando superan un determinado nivel de precios y un impuesto sobre los beneficios extraordinarios aplicable a las empresas dedicadas a la producción y el comercio de electricidad y gas, la extracción de combustibles fósiles, los combustibles y los productos petroquímicos. Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 1,3 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, y no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,1 % del PIB en 2023 (frente al 0,2 % del PIB en 2022). Se prevé que el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania disminuya en 0,1 puntos porcentuales del PIB en comparación con 2022.

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Chequia que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (12), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Chequia debía estar preparada para ajustar sus gastos corrientes a la cambiante situación. Asimismo, se recomendó a Chequia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será contractiva en 2023 (+ 1.4 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación de la política fiscal globalmente neutra en 2022 (– 0,1 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto contractivo en la orientación de la política fiscal, del 1,2 % del PIB. Esto incluye la reducción del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,1 % del PIB. Incluye, asimismo, unos costes más bajos para ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania (el 0,1 % del PIB). Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 1,6 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto contractivo en la orientación de la política fiscal de 0,5 puntos porcentuales (13). Así pues, Chequia tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y no se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Planea financiar la inversión pública para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, por ejemplo con mejoras de la eficiencia energética de los edificios públicos o inversiones en los servicios ferroviarios o digitales, que se financian parcialmente con cargo al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(22)

Según el Programa de Convergencia de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 2,9 % del PIB en 2024. La reducción en 2024 refleja principalmente la eliminación gradual de las medidas de apoyo en materia energética, que se traducirá en una reducción de los subsidios y un menor crecimiento de los pagos sociales en comparación con el del PIB nominal. Según el Programa de Convergencia de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB suba al 44,0 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 3,0 % del PIB en 2024, lo que está en consonancia en términos generales con el déficit previsto en el Programa de Convergencia de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB más baja, del 43,1 % a finales de 2024.

(23)

El Programa de Convergencia de 2023 prevé la eliminación progresiva de la mayoría de las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión parte actualmente de que el coste neto de las medidas de apoyo en materia energética será del 0,0 % del PIB en 2024, frente al 1,3 % del PIB en 2023. Dichas estimaciones se basan en el supuesto de que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(24)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (14). Teniendo en cuenta consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,5 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (15) en 2024 no debería superar el 6,0 %, como se refleja en esta Recomendación. Esto contribuirá también a reducir la inflación subyacente, que se sitúa muy por encima de la media de la Unión y que, de persistir, podría provocar pérdidas de competitividad. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 1,3 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público. Según las estimaciones de la Comisión, esto llevaría a un incremento del gasto primario neto inferior a la tasa de crecimiento máxima recomendada para 2024.

(25)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 3,0 % en 2024, lo que se sitúa por debajo de la tasa de crecimiento recomendada.

(26)

Según el Programa de Convergencia de 2023, se espera que la inversión pública disminuya del 4,9 % del PIB en 2023 al 4,4 % del PIB en 2024. La reducción de la inversión refleja una disminución de la inversión financiada a nivel nacional y de la inversión financiada por la Unión con cargo a recursos distintos de los proporcionados por el Mecanismo.

(27)

El Programa de Convergencia de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Convergencia de 2023, se prevé que el déficit público disminuya gradualmente hasta alcanzar el 2,4 % del PIB en 2025 y el 2,2 % en 2026. Por consiguiente, se prevé que el déficit público disminuya y se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2024. Según el Programa de Convergencia de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB suba del 44,0 % a finales de 2024 al 45,0 % a finales de 2026.

(28)

Chequia afronta riesgos de sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo. Una serie de medidas fiscales con impacto permanente adoptadas en los últimos tres años, entre ellas una reducción de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas y varias indexaciones de los gastos de la seguridad social por encima del mínimo legal, han dado lugar a un deterioro del saldo estructural. Existe una presión adicional sobre la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo debido al aumento del coste del envejecimiento de la población. Se espera que la duplicación prevista de la tasa de dependencia de las personas mayores (16) y la limitación de la edad de jubilación después de 2030 den lugar a un aumento del gasto en pensiones del 8,8 % del PIB en 2030 al 11,4 % en 2050. Además, se prevé que, debido al envejecimiento de la población, el gasto público en asistencia sanitaria y cuidados de larga duración aumente en 0,9 puntos porcentuales y 1,7 puntos porcentuales del PIB, respectivamente, de aquí a 2070. Entre las posibles medidas para abordar la sostenibilidad fiscal a largo plazo figuran el ajuste de la edad de jubilación en consonancia con el aumento de la esperanza de vida, la incentivación del aumento de las tasas de participación de las personas de más edad y la limitación de las jubilaciones anticipadas, el ajuste de las tasas de indexación de las pensiones y el aumento de la oferta de mano de obra a fin de garantizar mayores ingresos para el sistema de pensiones.

(29)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chequia está en curso, aunque con riesgo de algunos retrasos. Chequia ha presentado una solicitud de pago correspondiente a 37 hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia y que ha dado lugar a un desembolso total de unos 928 millones EUR. Son necesarias nuevas mejoras de la capacidad administrativa y la priorización de las reformas e inversiones clave para garantizar una aplicación oportuna del plan. Se espera que el plan se revise en 2023 con una adenda, para cubrir el nuevo capítulo de REPowerEU y dar cabida al aumento de la ayuda no reembolsable. De conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/241, el 30 de marzo de 2023, Chequia manifestó su intención de solicitar hasta 11 000 millones EUR de ayuda adicional en forma de préstamos en el marco del Mecanismo. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Chequia en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(30)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Chequia en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr la transición ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Chequia.

(31)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Chequia afronta algunos retos adicionales relativos a la vivienda, la política energética y la transición ecológica.

(32)

La asequibilidad de la vivienda en Chequia ha sido una de las más bajas de la Unión en los últimos cinco años, con grandes diferencias entre regiones. El elevado crecimiento de los precios de la vivienda ha dificultado que los grupos de renta media compren bienes inmuebles. Esto ha alimentado la demanda de alquiler, lo que, a su vez, ha hecho que sea menos asequible. Además, el reducido parque de viviendas sociales no puede satisfacer la demanda de todos los hogares vulnerables y de renta baja (representaron el 0,4 % del total de viviendas en 2020, frente al 7-8 % de media en la Unión (17)), y las ayudas a la vivienda existentes están infrautilizadas, en parte debido a la carga administrativa, la estigmatización y la falta de concienciación. Como consecuencia de ello, el número de familias que necesitan vivienda ha aumentado en los últimos años, lo que conlleva un aumento de los costes para el presupuesto público y el sistema sanitario. La pandemia de COVID-19 y la afluencia de personas que huyen de la guerra de Ucrania han exacerbado aún más estos problemas preexistentes. La financiación de la política de cohesión sigue siendo una importante fuente de proyectos piloto y de financiación de inversiones en viviendas sociales, contribuyendo así a la protección y la inclusión sociales. Sin embargo, son necesarias otras fuentes de financiación para mejorar significativamente la situación. Chequia carece de legislación y de un marco global en materia de vivienda social, lo que dificulta la coordinación de las políticas de vivienda fragmentadas y la definición de responsabilidades entre los organismos nacionales y regionales. Una financiación estable y sostenible procedente de fuentes nacionales, junto con la adopción de incentivos para el alquiler o la vivienda cooperativa, contribuiría a aumentar la oferta de viviendas asequibles y garantizaría la continuidad y la ampliación de estos esfuerzos. Una coordinación eficaz sería crucial para aumentar la oferta de viviendas, la reconstrucción y rehabilitación de viviendas existentes y la utilización de viviendas vacías.

(33)

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Chequia ha respondido a su gran dependencia de las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Rusia mediante la diversificación de sus suministros de gas. Por ejemplo, ha pasado de depender totalmente del suministro de gas ruso a utilizar principalmente a suministros diversificados de gas procedentes de Noruega y a importaciones de gas natural licuado (GNL). Sin embargo, el país no ha experimentado una reducción del consumo de combustibles fósiles, lo que le deja expuesto a un alto riesgo de interrupción del suministro y de subidas de precios, con importantes efectos negativos para los hogares y la industria. El consumo de gas natural en Chequia cayó un 17 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 %. Chequia podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (18).

(34)

La implantación de la energía renovable en Chequia se ha visto dificultada principalmente por las limitaciones reglamentarias, los procedimientos de concesión de permisos y la limitada capacidad de la red de distribución. Chequia ha avanzado a la hora de abordar una serie de retos normativos, como la supresión de la necesidad de una licencia para generar electricidad y un permiso de construcción para las plantas fotovoltaicas más pequeñas (hasta 50 kWp), y la introducción de cambios normativos para facilitar la instalación. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para empoderar a las comunidades de energía y los autoconsumidores de energías renovables, introducir una ventanilla única para las energías renovables e introducir zonas propicias para impulsar la implantación de las energías renovables fomentando la expansión de la red, la flexibilidad del sistema eléctrico (como la respuesta a la demanda o el almacenamiento), la instalación de pequeños sistemas y la medición inteligente. Las reformas de la normativa aplicable a las redes deben ir acompañadas de inversiones en la ampliación de la capacidad de la red, la incentivación de la flexibilidad y la implantación de las energías renovables. Además, Chequia tiene un sólido potencial industrial para la fabricación de tecnologías ecológicas y podría acelerar las inversiones en el desarrollo y la expansión de soluciones respetuosas con el clima y de descarbonización con el fin de alcanzar un nivel de cero emisiones netas de aquí a 2050.

(35)

El aumento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra de agresión rusa contra Ucrania ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario checo y de luchar contra la pobreza energética. Chequia ha respondido poniendo en marcha programas para edificios residenciales y ayudando a las personas mayores y a los hogares con bajos ingresos. Sin embargo, son necesarios más esfuerzos para mejorar la eficiencia energética haciéndola más accesible. Esto puede lograrse facilitando el acceso administrativo a las subvenciones tanto para los hogares como para la industria, en particular mediante el desarrollo de capacidades y competencias en las autoridades públicas. También se requieren campañas de información y servicios de asesoramiento específicos a escala nacional para garantizar que la población sea consciente de la necesidad y los beneficios asociados a la reducción del consumo de energía y ayudar a los ciudadanos y a la industria a acceder fácilmente a las subvenciones. Además, Chequia debe acelerar la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores que actualmente carecen de las capacidades necesarias para la renovación de edificios.

(36)

La reducción de la exposición de Chequia a los combustibles fósiles también puede lograrse cambiando al ferrocarril de emisión cero y a otras formas de movilidad sin emisiones. Sin embargo, la implantación de vehículos de emisión cero y de infraestructuras de recarga y repostaje de alta capacidad con visión de futuro ha sido escasa. Desde el punto de vista normativo, la revisión del Plan de Acción Nacional para una Movilidad Limpia y los cambios reglamentarios asociados deben ser un punto de partida para proporcionar condiciones favorables y eliminar los obstáculos a la transición hacia una movilidad sin emisiones.

(37)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en Chequia en siete profesiones que requieren capacidades específicas relacionadas con la transición ecológica (por ejemplo, fontaneros, instaladores de tuberías, electricistas y mecánicos eléctricos) (19).

(38)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2023 y su dictamen (20) se refleja en la recomendación 1.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que no señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos. Por lo tanto, no sería necesario un examen exhaustivo. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 30 de abril de 2021, Dinamarca presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 6 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Dinamarca (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Dinamarca ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 1 de mayo de 2023, Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Dinamarca sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia. Dado que Dinamarca no presentó a tiempo su Programa de Convergencia de 2023, la Comisión no pudo evaluarlo.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Dinamarca. En él se evalúan los avances realizados por Dinamarca para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Dinamarca. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Dinamarca en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

Según los datos validados por Eurostat, el superávit público de Dinamarca disminuyó del 3,6 % del PIB en 2021 al 3,3 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 36,7 % del PIB a finales de 2021 al 30,1 % a finales de 2022.

(13)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron una reducción de la tasa sobre la electricidad, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron prestaciones sociales destinadas a los hogares con rentas más bajas para compensar los elevados costes de la energía. La Comisión estima que el coste presupuestario de dichas medidas ascendió al 0,1 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,0 % del PIB en 2022, frente al 4,0 % de 2021.

(14)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Dinamarca (7) que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional.

(15)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue contractiva, y se situó en el 0,6 % del PIB, lo que resultó adecuado en un contexto de elevada inflación. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Dinamarca continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 0,3 % del PIB en 2022 (0,3 % del PIB en 2021). Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto contractivo de 0,2 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Dinamarca mantuvo la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) aportó un efecto contractivo de 0,7 puntos porcentuales a la orientación de la política fiscal. Por lo tanto, Dinamarca mantuvo suficientemente bajo control el incremento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(16)

Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un crecimiento real del PIB del 0,3 % en 2023 y del 1,5 % en 2024.

(17)

Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un superávit público del 2,3 % del PIB para 2023 y una ratio de deuda pública con respecto al PIB del 30,1 % a finales de 2023.

(18)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han ido prorrogando desde 2022 (en particular, determinadas prestaciones sociales destinadas a los hogares con bajos ingresos) y de nuevas medidas tales como una tasa sobre la electricidad temporalmente más baja. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,3 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, y no mantienen la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,1 % del PIB en 2023 (frente al 0,1 % del PIB en 2022).

(19)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Dinamarca que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (12), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Dinamarca debía estar preparada para ajustar sus gastos corrientes a la cambiante situación. Asimismo, se recomendó a Dinamarca que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(20)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será expansiva en 2023 (– 0,4 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación contractiva de la política fiscal en 2022 (0,6 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto expansivo, del 0,6 % del PIB, en la orientación de la política fiscal. El efecto expansivo del gasto corriente primario neto financiado a nivel nacional no se debe al apoyo específico a los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Se debe al coste de las medidas energéticas no específicas y a los aumentos de los salarios y las prestaciones sociales del sector público y al mayor gasto en sanidad. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional no está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Los gastos financiados mediante subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 0,3 % del PIB en 2023, y las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal de 0,1 puntos porcentuales (13). Así pues, Dinamarca tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Tiene previsto financiar las inversiones públicas destinadas a las transiciones ecológica y digital y a la seguridad energética, tales como medidas de eficiencia energética, una reforma fiscal ecológica y medidas de movilidad ecológica, que se financian parcialmente con cargo al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un superávit público del 1,3 % del PIB en 2024 y una ratio de deuda con respecto al PIB del 28,8 % a finales de 2024. La Comisión asume actualmente la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(22)

Es probable que Dinamarca siga cumpliendo en 2023 y 2024 el objetivo presupuestario mínimo a medio plazo del – 1,0 % del PIB, estimado por la Comisión para el período 2023-2025. Sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, se prevé que el saldo estructural se sitúe en el 3,5 % del PIB en 2023 y en el 2,1 % del PIB en 2024, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo.

(23)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 4,6 % en 2024.

(24)

En la actualidad, en Dinamarca existen topes para los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles, lo que significa que estos no aumentan con los precios de mercado. Por lo tanto, no pueden amortiguar los ciclos de precios de la vivienda ni conllevar efectos distributivos adversos. El Parlamento danés aprobó un nuevo sistema de impuesto sobre bienes inmuebles para suprimir el límite máximo en 2017, que ahora se espera que entre en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2024. Encontrar una vivienda asequible sigue siendo un reto importante para muchas personas. La combinación de los elevados precios de la vivienda y las largas esperas para acceder a viviendas sociales ha provocado una escasez de viviendas asequibles en las principales zonas urbanas. Dinamarca muestra una proporción cada vez mayor de hipotecas a tipo de interés variable y amortización diferida, lo que aumenta la vulnerabilidad de los titulares de hipotecas muy endeudados a nuevas caídas potenciales de los precios de la vivienda o a subidas de los tipos de interés.

(25)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Dinamarca está ya avanzada. Dinamarca ha presentado una solicitud de pago correspondiente a 25 hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia y que ha dado lugar a un desembolso total de 301 millones EUR. Más allá de la primera solicitud de pago, la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia está en marcha, con la presentación del segundo pago prevista para finales de 2023. El 31 de mayo de 2023, Dinamarca presentó una modificación de su Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido un capítulo de REPowerEU. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Dinamarca en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(26)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Dinamarca en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Dinamarca.

(27)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Dinamarca afronta algunos retos adicionales relativos a la descarbonización de la economía y el fortalecimiento de la economía circular para apoyar la transición ecológica.

(28)

El avance de Dinamarca hacia una economía circular es insuficiente y debe acelerarse para alcanzar los objetivos de la economía circular de la Unión. A pesar de que se introdujeron algunas medidas de actuación, como el Plan Climático iniciado en 2020, los avances han sido limitados. El Plan de Acción para la Economía Circular puesto en marcha en 2021 muestra que de las 129 iniciativas del plan se han completado 27, 88 están programadas y 14 se han retrasado. Las estadísticas disponibles muestran que Dinamarca no avanzó en la generación de residuos, el reciclado y la economía circular en 2022. Su uso circular de materiales apenas disminuyó, del 8 % en 2016 al 7,8 % en 2021, situándose por debajo de la media de la Unión, que en 2021 fue del 11,7 %. Si bien el Plan de Acción para la Economía Circular tiene por objeto reducir significativamente la huella material de la Unión, en 2020 la huella material de Dinamarca fue de 25,6 toneladas per cápita, muy por encima de la media de la Unión de 2020 (13,7 toneladas per cápita). Dinamarca sigue obteniendo resultados insuficientes en varios aspectos de la economía circular, en particular la generación de residuos municipales, las tasas de reciclado y los residuos alimentarios. En cuanto a los residuos municipales, Dinamarca sigue teniendo la mayor cantidad de residuos municipales por cabeza de la Unión, con 786 kg/año/cabeza en 2021 (media de la UE de 530 kg/año/cabeza en 2021), en un contexto en el que no existe un objetivo nacional de reducción global de residuos. En cuanto al reciclado, Dinamarca debe realizar esfuerzos sustanciales para cumplir el objetivo de reciclado de residuos municipales y de envases de la Unión para 2025 y se sitúa por debajo de la media de la Unión del 49,6 %, con una tasa del 34,3 % (14) en 2021. Por último, Dinamarca obtiene malos resultados en la Unión en cuanto a los indicadores de desperdicio de alimentos se refiere. Depende en gran medida de la incineración de residuos, ya que más del 50 % de sus residuos municipales se incineran en comparación con la media de la Unión, que se sitúa en torno al 26 %.

(29)

Dinamarca se ha comprometido a alcanzar ambiciosos objetivos de descarbonización y es pionera en la adopción de energías renovables, en particular la producción eólica. El consumo de gas natural en Dinamarca cayó un 25,2 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (15). Dinamarca podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (16). Con el fin de alcanzar sus objetivos de descarbonización y aumentar la cuota de energías renovables en la combinación energética, una puesta en servicio más rápida de los proyectos y unas normas simplificadas en materia de permisos son esenciales para alcanzar las ambiciones nacionales en materia de implantación de la capacidad de energía eólica marina y terrestre. Las capacidades adicionales, incluidas las islas energéticas en el mar Báltico y el Mar del Norte, requerirán una planificación suficiente de la ampliación de la red en lo que se refiere al transporte y distribución. Mientras tanto, las inversiones en eficiencia energética pueden reducir la necesidad de inversiones en infraestructuras energéticas. Impulsar las medidas de eficiencia energética en los edificios, combinando medidas de aislamiento y la implantación de fuentes de calefacción descarbonizadas, podría reducir aún más la dependencia de los combustibles fósiles y la demanda de energía. Las mejoras de la eficiencia energética en los edificios públicos podrían apoyarse en mayor medida eliminando las limitaciones presupuestarias de los proyectos ecológicos para los municipios y las regiones. Las medidas adicionales de apoyo a la eficiencia energética de los edificios privados ayudarían a reducir los elevados costes de la energía en Dinamarca, cuyos hogares tenían la segunda factura energética media más elevada en 2022. Las actividades industriales domésticas ofrecen potencial para mejorar la eficiencia energética, especialmente mediante la explotación del excedente de calor en la calefacción urbana.

(30)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en Dinamarca en relación con sesenta ocupaciones que requerían capacidades o conocimientos específicos para la transición ecológica, por ejemplo, ingenieros medioambientales, profesionales de la protección del medio ambiente y arquitectos de edificios. Aunque la demanda de competencias para la transición ecológica está aumentando, el número de trabajadores de las industrias de gran consumo de energía que participan en la educación y la formación ha disminuido notablemente en la última década, pasando del 24,6 % en 2015 al 15,6 % en 2021.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a Alemania como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Alemania para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 28 de abril de 2021, Alemania presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Alemania (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Alemania ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 24 de abril de 2023, Alemania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 26 de abril de 2023, su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Alemania sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Alemania. En él se evalúan los avances realizados por Alemania para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Alemania. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Alemania en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Alemania de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión llegó a la conclusión de que Alemania está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, el superávit por cuenta corriente persistentemente amplio (que refleja también una tenue inversión en relación con el ahorro, un factor importante desde el punto de vista transfronterizo) ha ido disminuyendo de forma progresiva, últimamente en un contexto de crisis energética, aunque se espera que registre un incremento notable. El superávit por cuenta corriente se redujo lentamente hasta 2019, con una ratio de inversión interna en suave ascenso y un saldo comercial descendente; posteriormente, esta variable se ha visto marcada por circunstancias económicas inusuales. En 2022 experimentó una fuerte disminución como consecuencia del aumento de los precios de la energía de importación, unida a una reducción del superávit comercial no energético y a una recuperación de las importaciones relacionadas con el turismo. Ese año, el superávit se mantuvo por encima de los niveles que sugerían las principales variables macroeconómicas del país y se espera que registre un importante repunte en 2023 y que se mantenga prácticamente estable en 2024. Se prevé que se mantenga por debajo del umbral establecido para el procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Se prevé un fuerte crecimiento de los salarios que apoyará la demanda interna, al tiempo que los costes laborales unitarios podrían crecer a mayor ritmo que en el resto de la zona del euro. Sin embargo, el consumo y la inversión se han visto temporalmente dañados por la elevada inflación. En los últimos años, los precios de la vivienda han registrado incrementos notables, pese a haberse suavizado hasta cierto punto desde mediados de 2022. La oferta de vivienda no consigue hacer frente a la demanda en un contexto de escasa inversión residencial, lo que puede contribuir aún más a los persistentes riesgos de sobrevaloración. Una ejecución oportuna y eficaz de las iniciativas de inversión pública y la eliminación de los obstáculos a la inversión ayudaría a seguir reduciendo las vulnerabilidades.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Alemania disminuyó del 3,7 % del PIB en 2021 al 2,6 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 69,3 % del PIB a finales de 2021 al 66,3 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión emitió un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizaba la situación presupuestaria de Alemania, ya que se prevé que su déficit público supere el 3 % del PIB en 2023. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit. De conformidad con su Comunicación de 8 de marzo de 2023, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Alemania debe tener en cuenta esta información en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la elaboración del proyecto de plan presupuestario para 2024.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron una reducción del impuesto energético sobre los combustibles y una reducción del impuesto sobre el valor añadido aplicable al gas y la calefacción urbana, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron una bonificación energética a tanto alzado y la asunción de la factura de gas de los consumidores privados correspondiente al mes de diciembre. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 1,2 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,1 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,8 % del PIB en 2022, frente al 4,2 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Alemania (7) que mantuviera en 2022 una orientación de la política fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue expansiva, y se situó en el ‒ 2,7 % del PIB, tal como recomendaba el Consejo. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Alemania continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 0,2 % del PIB en 2022 (0,3 % del PIB en 2021). Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto neutro en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Alemania mantuvo la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto expansivo de 2,4 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. Este importante efecto expansivo incluyó la repercusión adicional de las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar las consecuencias económicas y sociales del aumento de los precios de la energía (coste presupuestario neto adicional del 1,2 % del PIB), así como los costes de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania (0,1 % del PIB). Al mismo tiempo, las reducciones de la fiscalidad de la renta redujeron los ingresos públicos y contribuyeron (en un 0,1 % del PIB) al crecimiento del gasto corriente primario neto. El considerable efecto expansivo de los gastos corrientes financiados a nivel nacional solo se debió parcialmente a las medidas para hacer frente al impacto económico y social del aumento de los precios de la energía, así como a los costes de ofrecer protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania. Por lo tanto, Alemania no mantuvo suficientemente bajo control el incremento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(17)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 está en consonancia con las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 0,2 % en 2023 y un 1,8 % en 2024. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 con respecto al crecimiento del PIB real son similares (0,2 % en 2023 y 1,4 % en 2024).

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el déficit público aumente hasta el 4¼ % del PIB en 2023. El incremento en 2023 refleja principalmente el gasto adicional destinado a frenar los precios de la energía, fundamentalmente los del gas y la electricidad. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB aumente del 66,3 % a finales de 2022 al 67¾ % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 2,3 % del PIB para 2023, Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a que este supone un menor gasto para frenar los precios de la energía. Asimismo, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión contempla una ratio de deuda pública con respecto al PIB menor, del 65,2 % a finales de 2023. La diferencia se debe principalmente al menor déficit previsto.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Estas consisten en nuevas medidas en comparación con 2022, en particular destinadas a frenar los precios del gas y la electricidad. El coste de estas medidas se compensa en parte con impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los proveedores de energía, a saber, un gravamen sobre dichos beneficios extraordinarios. Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 2,0 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, aunque muchas de ellas mantienen la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,5 % del PIB en 2023 (frente al 0,3 % del PIB en 2022). Se prevé que el coste presupuestario de la protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania permanezca estable en comparación con 2022. Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 0,8 % del PIB.

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Alemania que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (12), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, Alemania debía estar preparada para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Alemania que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será contractiva en 2023 (+ 0,5 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación expansiva de la política fiscal en 2022 (‒ 2,7 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto contractivo en la orientación de la política fiscal, del 0,3 % del PIB. Esto incluye el aumento del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,2 % del PIB. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 0,2 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto neutro en la orientación de la política fiscal (13). Así pues, Alemania tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Planea financiar inversiones públicas destinadas a las transiciones ecológica y digital y a la seguridad energética, como la renovación energética de los edificios, la mejora de la infraestructura de recarga de automóviles eléctricos y la dotación de equipos para preparar a las escuelas para la era digital, financiadas en parte por el Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 1¾ % del PIB en 2024. La reducción en 2024 refleja principalmente la eliminación progresiva de las medidas encaminadas a poner freno a los precios de la energía. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje al 66½ % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 1,2 % del PIB en 2024. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a las menores estimaciones relativas a las medidas de apoyo en materia energética. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, la ratio de deuda pública con respecto al PIB será más baja, del 64,1 % a finales de 2024, debido fundamentalmente a la reducción del déficit.

(23)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de la mayoría de las medidas de apoyo en materia energética en 2024. En la actualidad, la Comisión calcula el coste neto de las medidas de apoyo en materia energética en el 0,3 % del PIB en 2024. Dichas estimaciones se basan en el supuesto de que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía. La mayoría de las medidas de apoyo en materia energética que actualmente está previsto que sigan en vigor en 2024 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas vulnerables. La mayor parte de ellas preservan la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética.

(24)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (14). Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,3 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (15) en 2024 no debería superar el 2,5 %, como se refleja en esta Recomendación. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 2,0 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público. Según las estimaciones de la Comisión, esto llevaría a un incremento del gasto primario neto inferior a la tasa de crecimiento máxima recomendada para 2024.

(25)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 2,4 % en 2024, lo que se sitúa por debajo de la tasa de crecimiento recomendada. El ajuste proyectado en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 es inferior al ahorro derivado de la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética, lo que se debe a que algunas de esas medidas seguirán en vigor en 2024 y a la aplicación de medidas discrecionales de reducción de los ingresos, como diversas reducciones del impuesto sobre la renta.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública permanezca estable en el 2½ % del PIB en 2023 y 2024. El Programa de Estabilidad de 2023 se refiere a las reformas e inversiones que se espera contribuyan a la sostenibilidad fiscal y a un crecimiento sostenible e inclusivo. Entre ellas se incluyen diversas reformas del sistema del impuesto sobre la renta y del sistema de pensiones.

(27)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya gradualmente hasta alcanzar ¾ % del PIB en 2025 y 2026. Por consiguiente, se prevé que el déficit público disminuya y se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2024. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 66½ % a finales de 2024 al 65½ % a finales de 2026.

(28)

Aunque los resultados en materia de empleo siguen siendo sólidos, en un contexto de rápido envejecimiento de la población, se espera que la escasez de mano de obra y de personal cualificado siga aumentando. Se espera que la población en edad de trabajar disminuya en 3,7 millones en la década de 2020 debido a la jubilación de la generación del baby boomer. Esto aumentará significativamente las necesidades de financiación del sistema obligatorio de reparto (primer pilar de pensiones) y posiblemente dificultará la adecuación de las pensiones. Se necesitaría un saldo migratorio neto de alrededor de 400 000 personas al año para compensar un nivel decreciente de mano de obra potencial. La edad legal de jubilación aumentará gradualmente hasta los 67 años en 2031. Aunque la tasa de empleo de los trabajadores de entre 55 y 64 años es una de las más altas de la Unión, el aumento de la edad efectiva de jubilación se ha ralentizado en los últimos años, y el empleo en el grupo de edad de más de 65 años va a la zaga de los mejores de la Unión. Esto se debe también a las opciones de jubilación anticipada, lo que aumenta la presión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las personas que hayan trabajado al menos treinta y cinco años pueden jubilarse anticipadamente, con una reducción relativamente pequeña de las prestaciones de pensión. Las personas que hayan trabajado al menos cuarenta y cinco años pueden jubilarse sin perder derechos de pensión (Rente nach 45 Beitragsjahren). Los regímenes de pensiones privadas subvencionadas por el Estado (regímenes de pensiones individuales del tercer pilar Riester Rente) han sido infrautilizados hasta la fecha. A pesar de los esfuerzos por aumentar el uso de las pensiones de jubilación (segundo pilar), la cobertura se mantiene en torno al 56 %.

(29)

La estructura tributaria en Alemania sigue basándose en gran medida en los ingresos fiscales del trabajo, mientras que las bases imponibles que pueden apoyar un crecimiento integrador y sostenible siguen estando infrautilizadas. La cuña fiscal sobre el trabajo es una de las más elevadas de la Unión, y la interacción del sistema fiscal y de transferencias da lugar a escasos incentivos para aumentar las horas trabajadas para los trabajadores con salarios bajos y la segunda fuente de ingresos familiares, a menudo mujeres. Esto afecta a la oferta de mano de obra y agrava la escasez de mano de obra. La cuota de Alemania en los impuestos medioambientales es inferior a la media de la Unión tanto para la energía como para el transporte. La fiscalidad de los vehículos no fomenta un transporte más respetuoso con el medio ambiente. Las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, como las subvenciones a los combustibles fósiles (incluidas las exenciones y reducciones fiscales) siguen siendo importantes, lo que dificulta la transición ecológica.

(30)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. Es esencial avanzar rápidamente en la ejecución del plan, debido al carácter temporal del Mecanismo, en vigor hasta 2026. Aun así, aunque la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Alemania está en curso, existen retrasos significativos. Los limitados recursos vinculados a la ejecución del plan y la insuficiente priorización han llevado a Alemania a quedarse a la zaga en el proceso de ejecución. Alemania aún tiene que firmar sus disposiciones operativas y presentar su primera solicitud de pago. El Plan de Recuperación y Resiliencia de Alemania ya se revisó una vez el 14 de febrero de 2023, ajustando dos medidas de inversión que no pudieron completarse plenamente debido a circunstancias objetivas (16). Se espera que el plan se revise de nuevo en 2023 con otra adenda, para cubrir el capítulo de REPowerEU y dar cabida al aumento de la ayuda no reembolsable. Sin embargo, están en curso las negociaciones sobre el capítulo de REPowerEU y las negociaciones para dar cabida al aumento de la ayuda no reembolsable. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Alemania en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(31)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Alemania en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Alemania.

(32)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Alemania afronta algunos retos adicionales relativos a la digitalización, la política energética y la transición ecológica.

(33)

Aunque Alemania se ha esforzado por mejorar la digitalización de los servicios públicos, su aplicación sigue siendo lenta. Solo algunos de los objetivos de la Ley de acceso en línea, que hace obligatoria la continua digitalización de la parte frontal de todos los servicios administrativos, se alcanzaron en la fecha límite (finales de 2022). La evaluación comparativa de la administración electrónica de la Comisión muestra que el país también está obteniendo resultados insuficientes a la hora de digitalizar los servicios administrativos, lo que es crucial para la prestación efectiva de servicios más allá del ámbito de aplicación de la Ley de acceso en línea. En este contexto, se ha declarado prioritaria la modernización de los registros como parte de la Ley de modernización del registro para aplicar el principio de «solo una vez» de la Unión, según el cual los particulares y las empresas solo tienen que facilitar información normalizada una vez a las autoridades. Sin embargo, se han registrado pocos avances desde la entrada en vigor de la ley en 2021. Además, existe un bajo nivel de utilización de los servicios que se han digitalizado: Alemania obtiene una puntuación inferior a la media de la Unión en cuanto a la proporción de personas que utilizan servicios de administración electrónica. Alemania también obtiene resultados inferiores a la media de la Unión en diversos aspectos de los indicadores de la evaluación comparativa de la administración electrónica, como la transparencia, la existencia de facilitadores clave y la accesibilidad de los servicios públicos digitales a las personas procedentes del extranjero. El Consejo Nacional de Control Reglamentario considera inadecuada la aplicación de la Ley de acceso en línea y ha identificado la escasez de mano de obra prevista como un riesgo clave en ausencia de mejoras de eficiencia gracias a la digitalización. Los cuellos de botella detectados en la digitalización de los servicios públicos se aplican igualmente a las medidas correspondientes del Plan de Recuperación y Resiliencia de Alemania.

(34)

La mejora de las capacidades digitales es crucial para la transición digital a fin de abordar la escasez de trabajadores cualificados y aumentar la productividad. Con un 49 % en 2021, Alemania se sitúa por debajo de la media de la Unión del 54 % de las personas de entre 16 y 74 años con al menos capacidades digitales básicas, lo que obstaculiza la transición digital. De todos los jóvenes de entre 16 y 19 años, solo el 50 % tenía al menos capacidades digitales básicas en 2021, 19 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión. Aunque Alemania obtiene una puntuación superior a la media de la Unión en cuanto al porcentaje de especialistas en TIC en el empleo y se ajusta a la media de la Unión para las mujeres especialistas en TIC, existe un elevado número de vacantes sin cubrir, lo que refleja nuevas necesidades. Para mejorar las capacidades digitales sería fundamental redoblar los esfuerzos para hacer frente a la escasez de profesores y mejorar la formación de los profesores en materia de digitalización en todos los niveles educativos. La integración de la tecnología digital en las actividades empresariales se sitúa solo en torno a la media de la Unión, incluida la proporción de pequeñas y medianas empresas con al menos un nivel básico de intensidad digital y la adopción por parte de las empresas de tecnologías avanzadas como la nube, los macrodatos y la inteligencia artificial. El Plan de Recuperación y Resiliencia de Alemania incluye varias medidas que apoyan las capacidades digitales y, en particular, la educación digital, como la inversión en dispositivos digitales para profesores, una plataforma educativa y centros educativos de excelencia. Además, Alemania está aplicando medidas para ayudar a mejorar las capacidades y reciclar profesionalmente a su mano de obra. Esto incluye centrarse en la digitalización de las empresas [por ejemplo, los centros europeos de innovación digital o el programa de apoyo a la inversión Digital Now (Digital Jetzt)].

(35)

En general, solo el 19,3 % de los hogares tienen acceso a una conexión de fibra de banda ancha, lo que sitúa a Alemania entre los Estados miembros con menor cobertura de fibra (la segunda más baja de la Unión, ya que los cinco mejores resultados de la Unión tienen una cobertura de fibra de al menos el 85 %). La falta de conexiones de fibra y de redes de muy alta capacidad en general es especialmente pronunciada en las zonas rurales. Esto frena el crecimiento de la productividad, especialmente por parte de las pequeñas y medianas empresas. Podría no lograrse a tiempo el objetivo de conectar el 50 % de los hogares y las empresas a la red a través de fibra óptica de aquí a 2025 (y el 100 % en 2030). Las medidas correspondientes se incluyeron en la Estrategia Gigabit de julio de 2022. La mejora de las condiciones marco, por ejemplo aumentando la capacidad de planificación y ejecución en el sector público, es crucial para la aceleración de la cobertura de fibra. El cumplimiento de los objetivos de la red requerirá también mejoras en los procedimientos administrativos de solicitud y concesión de permisos, así como en la normalización de métodos de instalación alternativos y menos largos.

(36)

Alemania consiguió reducir su elevada dependencia del gas y el petróleo rusos de manera eficaz en 2022 en comparación con 2021 (del 65 % a casi cero en el caso del gas y del 34,12 % a menos del 25 % en el caso del petróleo (17)). Ha planificado y comenzado a ejecutar infraestructuras de gas natural que sustituirían completamente a las importaciones de gas ruso a medio plazo. Alemania cumplió sus obligaciones de almacenamiento de gas el pasado invierno, alcanzando el 99,2 % el 1 de noviembre de 2022. Gracias a la interconexión de los mercados del gas, el gas natural licuado (GNL) importado por Alemania contribuiría a la seguridad del suministro de la Unión, siempre y cuando se implanten, sin más demora, las infraestructuras pertinentes. Al mismo tiempo, el país sigue dependiendo de los combustibles fósiles importados. El consumo de gas natural en Alemania cayó un 16 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (18). Se anima a Alemania a seguir perseverando en sus esfuerzos por reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (19).

(37)

La electricidad renovable es vital para el éxito de la implantación de los planes de transición ecológica de Alemania, en particular para la producción de hidrógeno renovable, los vehículos eléctricos y las bombas de calor, así como para lograr la seguridad energética a medio plazo. Sin embargo, sería necesario triplicar la implantación de las energías renovables (del + 67 % en los últimos ocho años al + 196 % en los próximos ocho años) para cumplir los objetivos nacionales de implantación. Los complejos y largos procedimientos de concesión de permisos han frenado la implantación de fuentes de energía renovables y tecnologías de cero emisiones netas adicionales, mientras que la legislación recientemente adoptada para mejorar los procesos aún no se ha aplicado. Más allá de los retos abordados, la concesión de permisos se ve obstaculizada por la falta de digitalización y de capacidades conexas, así como por la falta de personal de las autoridades, incluidos los tribunales. Siguen existiendo cuellos de botella en relación con la flexibilidad de la red, incluido el almacenamiento, y la ampliación de las redes de transporte de alta tensión, incluida la ejecución de proyectos de interés común. Además, las redes de distribución alemanas no se han digitalizado ni mejorado lo suficiente para dar cabida a los numerosos nuevos fabricantes y consumidores de vehículos eléctricos, sistemas solares fotovoltaicos y bombas de calor, mientras que el almacenamiento de electricidad podría ampliarse. Los esfuerzos en materia de eficiencia energética, en particular en el transporte, la calefacción doméstica y la industria, y la implantación de bombas de calor de manera asequible se enfrentan a retos en términos de expansión y aplicación oportuna para que Alemania pueda cumplir sus objetivos en materia de clima y energía, reducir su dependencia de los combustibles fósiles e impulsar la competitividad y la creación de empleo, también en el sector manufacturero de tecnologías limpias. La consecución de los objetivos climáticos requiere nuevas medidas para descarbonizar los sectores del transporte y la construcción, ya que no han cumplido los objetivos nacionales de emisiones sectoriales para 2022, a pesar de la introducción de medidas como un precio nacional del carbono para reducir las emisiones en esos dos sectores. El sumidero natural de carbono en Alemania ha disminuido desde 2016, por lo que es necesario adoptar medidas para la restauración de bosques y turberas. Unos esfuerzos más intensos en materia de adaptación al cambio climático, economía circular y protección del medio ambiente reducen los riesgos derivados de los retos mundiales y contribuyen a la resiliencia frente al cambio climático, garantizando los recursos naturales y reduciendo la dependencia de la industria de las materias primas fundamentales.

(38)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. La mejora de los resultados educativos de los grupos desfavorecidos proporciona una mejor base para la educación continua. El aprendizaje de adultos es esencial para hacer frente a la escasez persistente de capacidades. Sin embargo, en los últimos diez años, la tasa de participación de los adultos en el aprendizaje en las últimas cuatro semanas se ha mantenido prácticamente estable y por debajo de la media de la UE (8,1 % en 2022; media de la Unión 11,9 %), y solo era del 4 % para los trabajadores poco cualificados. Además, en las industrias de gran consumo de energía, la participación de los trabajadores en la educación y la formación disminuyó del 9,8 % en 2015 al 7,6 % en 2021 y es inferior a la media de la Unión (8,9 %). Promover la participación en programas de educación y aprendizaje profesionales iniciales y continuos para apoyar la transición ecológica estaría en consonancia con el objetivo de Alemania de que el 65 % de los adultos participen en el aprendizaje cada año de aquí a 2030.

(39)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (20) se refleja en la recomendación 1.

(40)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica, y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Alemania, las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda y tercera establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(41)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2023 y el Programa de Estabilidad de 2023. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen a abordar las vulnerabilidades asociadas al persistente y amplio superávit por cuenta corriente. Las recomendaciones 2, 3 y 4 contribuyen a abordar la recomendación 1 en lo que concierne al aumento de la inversión. Las políticas a que hace referencia la recomendación 1 contribuyen tanto a abordar los desequilibrios como a aplicar las recomendaciones establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023, en consonancia con el considerando 40.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Estonia para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones relacionadas con los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 18 de junio de 2021, Estonia presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 29 de octubre de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Estonia (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Estonia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores. El 9 de marzo de 2023, Estonia presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que incluía un capítulo de REPowerEU, a la Comisión, de conformidad con el artículo 21 quater del Reglamento (UE) 2021/241. El Plan de Recuperación y Resiliencia revisado también tiene en cuenta la contribución financiera máxima actualizada de conformidad con el artículo 18, apartado 2, de dicho Reglamento e incluye una solicitud motivada a la Comisión para que modifique la Decisión de Ejecución del Consejo de 3 de noviembre de 2021, de conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241, al considerar que el Plan de Recuperación y Resiliencia ya no es parcialmente alcanzable debido a circunstancias objetivas. El 12 de mayo de 2023, la Comisión adoptó su propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Estonia. El 16 de junio de 2023, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución por la que se modifica la Decisión de Ejecución del Consejo, de 29 de octubre de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Estonia (7).

(10)

El 11 de mayo de 2023, Estonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 28 de abril de 2023, su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Estonia. En él se evalúan los avances realizados por Estonia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Estonia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Estonia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Estonia de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión llegó a la conclusión de que Estonia no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas con la competitividad y la evolución de los precios de la vivienda han aumentado recientemente, pero en general parecen estar contenidas en la actualidad. Los salarios y, sobre todo, los precios crecieron considerablemente en 2022, pero las pérdidas de competitividad parecen limitadas, mientras que el saldo de la balanza por cuenta corriente solo ha registrado un pequeño déficit y se prevé que se aproxime al equilibrio en 2023 y 2024. No obstante, las presiones inflacionistas y salariales, si persisten, corren el riesgo de mermar la competitividad de Estonia, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación subyacente es muy superior a la media de la zona del euro. Los precios de la vivienda han crecido considerablemente desde la pandemia de COVID-19, pero no muestran signos claros de sobrevaloración. Es probable que los precios de la vivienda se moderen, dadas las subidas de los tipos de interés y la reciente recesión económica. Además, la deuda y los préstamos de los hogares son relativamente moderados y el sector financiero es sólido. El panorama político es globalmente favorable, aunque algunos esfuerzos adicionales podrían ayudar a abordar los riesgos derivados de las vulnerabilidades identificadas. A este respecto, sería importante seguir aplicando políticas fiscales y macroprudenciales anticíclicas, reforzadas cuando sea necesario. El fomento de la competencia en el mercado nacional podría ayudar a gestionar las presiones sobre los precios.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Estonia disminuyó del 2,4 % del PIB en 2021 al 0,9 % en 2022, mientras que la deuda pública aumentó del 17,6 % del PIB a finales de 2021 al 18,4 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión emitió un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizaba la situación presupuestaria de Estonia, habida cuenta de que se prevé que el déficit público rebase en 2023 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit. De conformidad con su Comunicación de 8 de marzo de 2023, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Estonia debe tener en cuenta esta información en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la elaboración del proyecto de plan presupuestario para 2024.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyó la reducción del impuesto especial sobre los combustibles agrícolas, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron una compensación parcial de las facturas de energía para los hogares que ingresan menos de la renta mediana, una reducción de las tarifas de acceso a la red eléctrica y de gas para los hogares y las empresas, unos límites máximos de los precios de la electricidad y el gas para los hogares y una transferencia social única de 50 EUR a pensionistas y a familias con niños. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 0,8 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,6 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0 % del PIB en 2022, frente al 2,3 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Estonia (8) que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (9) en 2022 fue contractiva, y se situó en el 1,3 % del PIB, lo que resultó adecuado en un contexto de elevada inflación. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Estonia continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 1,4 % del PIB en 2022 (1,6 % del PIB en 2021). La disminución de los gastos financiados con subvenciones con cargo al Mecanismo y a otros fondos de la Unión en 2022 se debió al rápido e imprevisto aumento de los precios de la construcción. Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto contractivo de 0,6 puntos porcentuales a la orientación de la política fiscal (10). Por consiguiente, Estonia no mantuvo las inversiones financiadas a nivel nacional, lo que no se ajusta a la Recomendación del Consejo de 18 de junio de 2021. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto contractivo de 0,8 puntos porcentuales a la orientación de la política fiscal. Por tanto, Estonia limitó suficientemente el crecimiento de los gastos corrientes financiados a nivel nacional.

(17)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 es prudente para 2023 y está en consonancia con el que reflejan las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 para años posteriores. El Gobierno prevé que el PIB real disminuya un 1,5 % en 2023 y aumente un 3,0 % en 2024. En comparación, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, el PIB real sufrirá una contracción menor, del 0,1 %, en 2023, y un crecimiento similar, del 3,0 %, en 2024. La diferencia en 2023 se debe principalmente a que la Comisión espera una evolución más favorable del consumo privado, junto con una inflación ligeramente inferior [medida por el índice de precios de consumo armonizado (IPCA)] y unas previsiones de crecimiento salarial más elevadas.

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el déficit público aumente hasta el 4,3 % del PIB en 2023. El aumento en 2023 obedece principalmente a medidas discrecionales, como el gasto adicional en prestaciones familiares, pensiones, defensa y educación, y el ajuste de los tramos impositivos a fin de reducir el impuesto sobre la renta, así como un supuesto aumento del gasto de las administraciones locales. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB suba del 18,4 % a finales de 2022 al 20,2 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 3,1 % del PIB para 2023, Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente al efecto denominador de una mayor previsión del PIB nominal y a un mayor crecimiento estimado de las bases imponibles y de los ingresos tributarios y no tributarios.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han ido prorrogando desde 2022, en particular el reembolso de una parte de las facturas de calefacción, electricidad y gas de todos los hogares. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,3 % del PIB en 2023 (11). Las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, y no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (12), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0 % del PIB en 2023 (frente al 0,1 % del PIB en 2022). Se prevé que el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania aumente en 0,1 puntos porcentuales del PIB en comparación con 2022.

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Estonia que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (13), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Estonia debía estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Estonia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En 2023, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 estiman que la orientación de la política fiscal será expansiva (– 0,8 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación contractiva de la política fiscal en 2022 (+ 1.3 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto expansivo, del 1,2 % del PIB, en la orientación de la política fiscal. Esto incluye la reducción del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,1 % del PIB. Incluye, asimismo, unos costes más altos de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania (el 0,1 % del PIB). El efecto expansivo del gasto corriente primario neto financiado a nivel nacional no se debe por tanto al apoyo específico a los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. El crecimiento expansivo de los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional (netos de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) está impulsado principalmente por del gasto social, los salarios públicos, la educación y el gasto en defensa. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional no está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Se prevé que los gastos financiados por el Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 1,8 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto contractivo en la orientación de la política fiscal de 0,3 puntos porcentuales. Así pues, Estonia tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y no se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional (14). Tiene previsto financiar inversiones públicas para las transiciones ecológica y digital, y para la seguridad energética, como la eficiencia energética de las viviendas, el refuerzo de las redes de transporte de electricidad para permitir una mayor producción de energía ecológica, la banda ancha de internet, los servicios digitales, los módulos de mejora de las cualificaciones y de reciclaje profesional por lo que respecta a competencias para la transición ecológica.

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya marginalmente al 4,2 % del PIB en 2024. El descenso en 2024 refleja principalmente una disminución del gasto en porcentaje del PIB. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB aumente hasta el 23,6 % a finales de 2024. Sin embargo, como indica el programa, estas previsiones no incluyen aún las medidas de saneamiento fiscal previstas por el nuevo Gobierno que tomó posesión el 17 de abril de 2023, ya que estas medidas aún no se han concretado en actos jurídicos. El nuevo Gobierno tiene previsto aumentar el impuesto sobre el valor añadido, los impuestos medioambientales, los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco e instituir un impuesto sobre los automóviles. En cuanto a los gastos, el Gobierno prevé recortar algunas prestaciones familiares. En conjunto, el Programa de Estabilidad de 2023 estima que estas medidas mejorarían el saldo presupuestario en un 1,3 % del PIB en 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas con suficiente detalle en la fecha de cierre de las previsiones (es decir, sin las futuras medidas de saneamiento fiscal previstas por el nuevo Gobierno), las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público para 2024 del 2,7 % del PIB. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a la menor base de déficit prevista para 2023 y a unas perspectivas más favorables del PIB y de los ingresos fiscales para 2024 en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan asimismo una ratio de deuda pública con respecto al PIB más baja, del 21,3 % a finales de 2024.

(23)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión también asume la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(24)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (15). Teniendo en cuenta consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,3 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (16) en 2024 no debería superar el 4,9 %, como se refleja en esta Recomendación. Esto contribuirá también a reducir la inflación subyacente, que se sitúa muy por encima de la media de la zona del euro y que, de persistir, podría provocar pérdidas de competitividad. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 0,3 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público. Sin embargo, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, el crecimiento del gasto corriente primario neto financiado a nivel nacional en 2023 no se ajusta a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Si esto se confirma, sería apropiado un menor incremento del gasto primario neto en 2024.

(25)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 4,5 % en 2024, lo que se sitúa por debajo de la tasa recomendada.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública se mantenga en el 5,3 % del PIB en 2024, en comparación con una media del 5,3 % del PIB en 2018-2023. En cuanto a las fuentes de financiación, se prevé que disminuyan las inversiones financiadas a nivel nacional y que aumenten las financiadas por la Unión, concretamente a través del Mecanismo.

(27)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2027. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que el déficit público ascienda al 4,0 % del PIB en 2025, al 4,5 % en 2026 y al 4,2 % en 2027. Por lo tanto, no se prevé que el déficit público vuelva a ser inferior al 3 % del PIB en el período que abarca el programa. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB suba del 23,6 % a finales de 2024 al 33 % a finales de 2027. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, estas previsiones no incluyen aún las medidas de saneamiento fiscal previstas por el nuevo Gobierno.

(28)

Estonia presentó una revisión de su Plan de Recuperación y Resiliencia junto con un capítulo de REPowerEU el 9 de marzo de 2023. El 12 de mayo de 2023, la Comisión propuso su evaluación positiva y está sujeta a la aprobación del Consejo. Debido a la elevada inflación y a las perturbaciones en las cadenas de suministro causadas por la guerra en Ucrania, algunas inversiones se han retrasado o interrumpido, lo que ha dado lugar a la revisión del Plan de Recuperación y Resiliencia inicial. Estonia es el primer Estado miembro que ha incluido un capítulo de REPowerEU en la revisión del plan y tiene la intención de presentar la primera y la segunda solicitud de pago tan pronto como el plan revisado haya sido aprobado por el Consejo.

(29)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. El nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Estonia en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(30)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Estonia en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr la transición ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Estonia.

(31)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Estonia afronta algunos retos adicionales relativos a la adecuación de la red de seguridad social, en particular para los desempleados y las personas mayores, los cuidados de larga duración y la asistencia sanitaria, así como a la energía y la transición ecológica.

(32)

La adecuación de la red de seguridad social se ha mejorado, pero el riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo elevado entre algunos grupos, en particular las personas mayores (el 41,6 % en Estonia frente al 19,5 % en la Unión en 2021) y las personas con discapacidad (con un 40,4 % en Estonia frente al 28,9 % en la Unión en 2021). En el caso de las personas mayores (más de 65 años), el riesgo de pobreza o exclusión social es elevado debido en gran medida al bajo nivel medio de las pensiones. Además, persiste una brecha de género en la pobreza entre las personas mayores (la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres mayores es del 47,9 %, casi 21 puntos porcentuales superior a la de los hombres). Los criterios restrictivos para recibir prestaciones por desempleo, en particular los elevados umbrales de empleo e ingresos antes del desempleo, siguen exponiendo a los desempleados al riesgo de caer en la pobreza. Las personas con trabajo de corta duración y con formas de trabajo atípicas no pueden optar a las prestaciones de desempleo cuando se quedan en paro. En 2022, solo el 29 % de los desempleados recientemente inscritos recibían prestaciones por desempleo y el 39 % recibían el subsidio fijo de desempleo. Ampliar la cobertura de las prestaciones por desempleo y flexibilizar los criterios mínimos para acceder a ellas, en particular para las personas con trabajo de corta duración y con formas de trabajo atípicas, y aumentar la adecuación de las pensiones podrían contribuir a reforzar la protección social.

(33)

Estonia ha tomado medidas para mejorar la accesibilidad y asequibilidad de los cuidados de larga duración, pero siguen existiendo dificultades. El gasto público en asistencia sanitaria y cuidados de larga duración es especialmente bajo en comparación con la media de la Unión, lo cual dificulta el acceso oportuno e igualitario a la asistencia sanitaria y a los cuidados de larga duración. Una elevada proporción de la población de 65 años o más y que necesita cuidados de larga duración no tiene ayuda para el cuidado personal o las actividades domésticas. La necesidad de servicios de asistencia a domicilio es una de las más elevadas de la Unión. Además, si bien la población está envejeciendo y la esperanza de vida en Estonia es una de las más bajas de la Unión, la tasa de necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas es elevada, aunque ha disminuido en comparación con años anteriores (13 % en 2020 y 8,1 % en 2021, frente a una media de la Unión del 2 %). Esta elevada tasa está relacionada, en particular, con las listas de espera y la escasez y la distribución desigual de los trabajadores sanitarios en el país. Aunque los pagos directos han disminuido ligeramente, son elevados tanto para la asistencia sanitaria como para los cuidados de larga duración y muy por encima de la media de la Unión. Garantizar una financiación sostenible de la asistencia sanitaria y de los cuidados de larga duración podría ayudar a abordar los retos en estos ámbitos.

(34)

Tras la invasión rusa de Ucrania, Estonia ha abandonado con éxito las importaciones de gas de Rusia reorientando las importaciones de energía a través de la terminal de gas natural licuado (GNL) de Klaipėda (Lituania) y la terminal de GNL de Inkoo (Finlandia). El consumo de gas natural en Estonia cayó un 36 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 %. Estonia podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (17). Aunque Estonia está avanzando en el despliegue de las energías renovables, la cuota de esquisto bituminoso en su combinación energética sigue siendo significativa. La cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía pasó del 30,1 % en 2020 al 37,6 % en 2021. La cuota de esquisto bituminoso representó el 58 % de la combinación energética en 2021, lo que supone una disminución de 5 puntos porcentuales desde 2018, pero un aumento de 2 puntos porcentuales desde 2020. En el capítulo de REPowerEU del Plan de Recuperación y Resiliencia recientemente revisado, Estonia se ha comprometido a reformar el proceso de concesión de permisos y mejorar el desarrollo de capacidades de las autoridades locales encargadas de la concesión de permisos. Se espera que estas reformas permitan seguir avanzando hacia el uso de energías renovables. La insuficiente capacidad de la red para dar cabida a más energías renovables sigue obstaculizando nuevos avances. Estonia también debe proseguir sus esfuerzos para sincronizar su red eléctrica con la del resto de la Unión con el fin de eliminar gradualmente su dependencia de la red eléctrica BRELL (Bielorrusia, Rusia, Estonia, Lituania y Letonia). Se están realizando progresos, pero aún no se ha completado la transición. A tal fin, es necesaria la cooperación con Letonia y Lituania. La eficiencia energética es clave para la transición ecológica de Estonia. Aumentar la eficiencia energética de la economía, incluido el parque inmobiliario, requerirá objetivos de eficiencia energética más ambiciosos y un aumento de la capacidad de renovación de los municipios más pequeños mediante una mejor orientación de las medidas de apoyo. Estonia se ha centrado en aumentar la sostenibilidad de su sector del transporte mediante la adopción del Plan de Desarrollo del Transporte y la Movilidad 2021-2035, pero deben adoptarse más medidas adecuadas para acelerar la transición hacia un sector del transporte menos contaminante.

Aunque Estonia invierte en la electrificación de la red ferroviaria, aún no se ha evaluado su aplicación. También debe producirse un cambio hacia el transporte sostenible en el ámbito de los vehículos privados, donde es necesario un mayor uso de vehículos de emisión cero y de baja emisión. Los incentivos pertinentes, como los impuestos medioambientales, incluido un impuesto anual basado en las emisiones de los vehículos de carretera, podrían ayudar a acelerar la transición hacia opciones de transporte menos contaminantes.

(35)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en Estonia para 68 ocupaciones que requieren capacidades o conocimientos específicos para la transición ecológica, por ejemplo, clasificadores de basuras, técnicos de ingeniería civil e ingenieros civiles. Además, esta escasez de mano de obra se consideró como un factor que limita la producción en la industria y la construcción.

(36)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (18) se refleja en la recomendación 1.

(37)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar la transición ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Estonia, las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda y tercera establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que no señalaba a Irlanda como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos. Por lo tanto, no sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Irlanda para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 28 de mayo de 2021, Irlanda presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 8 de septiembre de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Irlanda (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Irlanda ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 4 de mayo de 2023, Irlanda presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 2 de mayo de 2023, su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Irlanda sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Irlanda. En él se evalúan los avances realizados por Irlanda para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Irlanda. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Irlanda en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

Según los datos validados por Eurostat, el saldo público de Irlanda mejoró y se pasó de un déficit del 1,6 % del PIB en 2021 a un superávit del 1,6 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 55,4 % del PIB a finales de 2021 al 44,7 % a finales de 2022.

(13)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron una rebaja del impuesto especial sobre los combustibles y reducciones del IVA sobre el gas y la electricidad, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron pagos a todas las cuentas nacionales de electricidad y una serie de transferencias sociales. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 0,5 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,1 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,7 % del PIB en 2022, frente al 2,8 % de 2021.

(14)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Irlanda (7) que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional.

(15)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue globalmente neutra, y se situó en el - 0,2 % del PIB, lo que resultó adecuado en un contexto de elevada inflación. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Irlanda continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 0,04 % del PIB en 2022 (0,1 % del PIB en 2021). Las inversiones financiadas a nivel nacional aportaron un efecto expansivo de 0,1 puntos porcentuales a la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Irlanda mantuvo la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto globalmente neutro de - 0,2 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. Por lo tanto, Irlanda no limitó suficientemente el crecimiento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(16)

Por lo que respecta a 2023, el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 está en consonancia con las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, mientras que para los años posteriores es prudente. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 5,6 % en 2023 y un 4,1 % en 2024. En comparación, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un crecimiento del PIB real menor, del 5,5 %, en 2023, y un crecimiento del PIB real mayor, del 5,0 %, en 2024. La tasa de crecimiento comparativamente más elevada prevista por la Comisión para 2024 se debe principalmente a un ritmo más sostenido de crecimiento de las exportaciones netas. Sin embargo, en el caso de Irlanda, las exportaciones netas están sujetas a grandes fluctuaciones, ya que están impulsadas por un pequeño número de grandes empresas multinacionales, que han cosechado un éxito comercial notable en los últimos años.

(17)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el superávit público aumente hasta el 1,8 % del PIB en 2023. El aumento en 2023 refleja principalmente un fuerte crecimiento de los ingresos. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 44,7 % a finales de 2022 al 40,5 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un superávit público del 1,7 % del PIB en 2023, lo que está en consonancia con el superávit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB similar, del 40,4 % a finales de 2023.

(18)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han ido prorrogando desde 2022, en particular una segunda ronda de dos pagos a todas las cuentas nacionales de electricidad, así como un nuevo conjunto de transferencias sociales. Se prevé que el coste de estas medidas se compense en parte con impuestos sobre los beneficios inesperados de los proveedores de energía, a saber, un límite máximo a los ingresos procedentes de la producción de electricidad. Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,3 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, pero mantienen la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,1 % del PIB en 2023 (frente al 0,2 % del PIB en 2022). Se prevé que el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania aumente en 0,1 puntos porcentuales del PIB en comparación con 2022. Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 0,7 % del PIB.

(19)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Irlanda que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (12), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Irlanda debía estar preparada para ajustar sus gastos corrientes a la cambiante situación. Asimismo, se recomendó a Irlanda que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(20)

En 2023, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 estiman que la orientación de la política fiscal será globalmente neutra (0,2 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación globalmente neutra de la política fiscal en 2022 (‒ 0,2 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto contractivo en la orientación de la política fiscal, del 0,3 % del PIB. Esto incluye la reducción del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,1 % del PIB. Incluye, asimismo, unos costes más elevados de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania (el 0,1 % del PIB). Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 0,1 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto neutro en la orientación de la política fiscal de 0,0 puntos porcentuales (13). Así pues, Irlanda tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Planea financiar la inversión pública para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, por ejemplo facilitando la implantación de las energías renovables y permitiendo la electrificación de otras tecnologías, financiadas en parte por el Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el superávit público aumente hasta el 2,8 % del PIB en 2024. El aumento en 2024 refleja principalmente la reducción del gasto a medida que se vayan retirando las medidas de gasto temporales. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB disminuya hasta el 38,2 % a finales de 2024. Teniendo en cuenta las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un superávit público del 2,2 % del PIB en 2024. Esta cifra es inferior al superávit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a un mayor gasto en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023. Dichas previsiones contemplan para finales de 2024 una ratio de deuda pública con respecto al PIB similar, del 38,3 %.

(22)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión también asume la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(23)

En el programa, Irlanda tiene previsto cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo —un saldo presupuestario estructural del – 0,5 % del PIB (14)— en 2023 y 2024 y mantenerlo durante el resto del período de ejecución del programa. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, se prevé que el saldo estructural registre un déficit del 0,1 % del PIB en 2023 y un superávit del 1,0 % del PIB en 2024, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo.

(24)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional (15) crezca en un 1,9 % en 2024.

(25)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública aumente del 2,0 % del PIB en 2023 al 2,1 % del PIB en 2024. El mayor volumen de inversión refleja un aumento de la inversión financiada a nivel nacional y de la inversión financiada por la Unión, concretamente a través del Mecanismo. El Programa de Estabilidad de 2023 se refiere a las reformas e inversiones que se espera contribuyan a la sostenibilidad fiscal y a un crecimiento sostenible e inclusivo. Estas reformas e inversiones incluyen una actualización del plan de acción por el clima y la construcción de un centro de datos, que también forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia.

(26)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el superávit público aumente hasta alcanzar el 2,9 % del PIB en 2025 y el 3,1 % en 2026. Por lo tanto, se prevé que el saldo público alcance el valor de referencia pertinente establecido en el Tratado durante el período cubierto por el programa. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 38,2 % a finales de 2024 al 32,0 % a finales de 2026.

(27)

Se prevé que el porcentaje de la población de más de 64 años en relación con el de la población en edad de trabajar (20-64 años) se duplique con creces de aquí a 2070, cuando haya menos de dos posibles contribuyentes por cada jubilado en comparación con casi cuatro en 2022. Este envejecimiento de la población exige proteger el sistema de pensiones frente al aumento de los costes. La reforma de las pensiones anunciada en septiembre de 2022 mantiene la edad de jubilación en 66 años. Por consiguiente, el Gobierno tiene la intención de abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones desde el punto de vista de las cotizaciones. En 2023, se espera que el Gobierno presente una hoja de ruta para un aumento gradual de las cotizaciones a la seguridad social entre 2024 y 2034. Esto añadiría claridad a la forma en que prevé establecer las modalidades de financiación del sistema estatal de pensiones.

(28)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Irlanda está en curso, aunque con retrasos considerables. Los limitados recursos y la insuficiente priorización han llevado a Irlanda a quedarse a la zaga en el proceso de ejecución. Irlanda presentó una modificación de su Plan de Recuperación y Resiliencia en mayo de 2023. Irlanda aún no ha presentado su primera solicitud de pago. Está en curso la preparación de un capítulo de REPowerEU. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Irlanda en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(29)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Irlanda en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Irlanda.

(30)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Irlanda afronta algunos retos adicionales relativos a la economía circular, el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, así como con el sistema eléctrico, la infraestructura energética y las tecnologías de redes inteligentes, el marco de permisos, la eficiencia energética, el transporte sostenible y las capacidades necesarias para la transición ecológica.

(31)

La generación de residuos en Irlanda sigue aumentando y se mantiene muy por encima de la media de la Unión. Su rendimiento de reciclado se ha estancado durante varios años. El uso circular de materiales aumentó ligeramente hasta el 2 % en 2021, pero sigue estando muy por debajo de la media de la Unión (11,7 %). Aunque se están introduciendo mejoras en la gestión de residuos, aún no se ha dejado sentir el impacto del plan de acción en materia de residuos de 2020 para una economía circular y de la estrategia de economía circular en su conjunto publicada en diciembre de 2021. Se necesitan más inversiones para alcanzar los objetivos de la economía circular de la Unión. Esto implica mejorar las infraestructuras de recogida selectiva y tratamiento de residuos para desviar los residuos del vertido y la incineración, prestando especial atención al plástico y los biorresiduos. En cuanto a la gestión y la calidad del agua, Irlanda se enfrenta a una infraestructura envejecida y obsoleta, lo que da lugar a uno de los mayores índices de fuga de tuberías de la Unión. La calidad del agua potable también sigue siendo un problema en determinados ámbitos. No se aborda suficientemente la degradación de la calidad del agua derivada de la expansión agrícola. También es necesaria una inversión en infraestructuras para la recuperación de los ríos, así como un enfoque más global para controlar la contaminación del agua procedente de las actividades agrícolas.

(32)

El sistema eléctrico irlandés mostró signos de vulnerabilidad en 2022, ya que los problemas de suministro de electricidad requerían medidas de apoyo de emergencia. Su plan de acción por el clima incluye el ambicioso objetivo de transformar el sistema energético del país de aquí a 2030 a fin de aumentar el porcentaje de electricidad procedente de fuentes renovables hasta el 80 %. Esto dará lugar a grandes volúmenes de generación variable. La flexibilidad actual del sistema y su integración son insuficientes para hacer frente a volúmenes tan grandes de generación variable y a la creciente demanda de energía, en particular de los centros de datos, lo que podría dificultar la consecución del objetivo de las energías renovables. La flexibilidad de la demanda y las mejoras importantes de la infraestructura de transporte, distribución y almacenamiento serán elementos clave para reducir la dependencia de Irlanda de las importaciones de combustibles fósiles y para facilitar y acelerar su transición hacia un sistema energético climáticamente neutro. Los principales retos para el desarrollo de la flexibilidad de la demanda incluyen la falta de una estrategia coordinada que abarque todo el sistema energético, incluida la calefacción y la refrigeración, así como la falta de una infraestructura de medición inteligente. Si se mejora la eficiencia del sistema de planificación y autorización para las energías renovables, el almacenamiento y los conectores de red garantizando la disponibilidad de personal con las capacidades adecuadas en todas las fases de los procesos de planificación y simplificando el marco general, podrían acelerarse los avances a gran escala, lo que a su vez aceleraría la transición ecológica.

(33)

El consumo de gas natural en Irlanda cayó un 0,2 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa muy por debajo del objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (16). A pesar de que Irlanda puede quedar exenta de cumplir ese objetivo, se anima al país a intensificar sus esfuerzos por reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (17). Las medidas de eficiencia energética desempeñarán un papel clave en la reducción del consumo de energía y en la consecución del objetivo a escala de la Unión de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 %. Las mejoras energéticas residenciales, la rehabilitación y la rápida implantación de la calefacción renovable serán fundamentales para alcanzar los objetivos climáticos. A pesar de los ambiciosos objetivos de rehabilitar el equivalente de 500 000 viviendas para lograr una clasificación energética de los edificios de B2, así como la instalación de 400 000 bombas de calor en viviendas existentes para sustituir a los sistemas de calefacción más antiguos y menos eficientes hasta finales de 2030, los retos persisten en gran medida debido a la escasez de mano de obra cualificada. El número de vehículos de cero emisiones en la flota irlandesa está creciendo rápidamente desde una base muy baja, pero la densidad de puntos de recarga públicos tiene dificultades para mantener el ritmo. Solo unos 100 kilómetros de líneas ferroviarias están electrificadas, lo que convierte a Irlanda en el país de la Unión con el porcentaje más bajo de ferrocarriles electrificados. Además, la congestión de las carreteras supone una gran carga para la calidad del aire y el tiempo de los viajeros pendulares.

(34)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en Irlanda para doce ocupaciones que requieren capacidades o conocimientos específicos para la transición ecológica, por ejemplo, profesionales de la protección del medio ambiente, profesionales de la ingeniería e ingenieros eléctricos. Además, esta escasez de mano de obra se consideró como un factor que limitaba la producción en la industria (46,8 % de las empresas) y la construcción (60,3 % de las empresas).

(35)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (18) se refleja en la recomendación 1.

(36)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo límite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Irlanda, las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda y tercera establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que señalaba a Grecia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los cuales sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Grecia para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023. Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo principal de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 27 de abril de 2021, Grecia presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Grecia (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Grecia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 2 de mayo de 2023, Grecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 29 de abril de 2023, su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Grecia sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe de 2023 sobre Grecia. En él se evalúan los avances realizados por Grecia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Grecia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Grecia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Grecia de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión concluyó que Grecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública y un elevado volumen de préstamos no productivos en un contexto de alto desempleo han ido remitiendo, pero su posición exterior se ha deteriorado. Una preocupación clave es que el déficit por cuenta corriente aumentó notablemente en 2022 (debido también al acusado aumento de los precios de la energía en toda la Unión), a pesar de la recuperación de los ingresos por turismo. Aunque se prevé que se reduzca este año y el próximo, el déficit exterior se mantendrá muy por encima del nivel necesario para garantizar una mejora duradera de la posición de inversión internacional neta. Aunque la ratio de deuda pública con respecto al PIB sigue siendo la más elevada de la Unión, mejoró notablemente en 2022, en gran parte gracias al fuerte crecimiento del PIB nominal, y se espera que siga disminuyendo en 2023 y 2024. Los préstamos no productivos registraron un fuerte descenso el año pasado, basándose en las grandes reducciones de años anteriores, pero siguen siendo elevados en comparación con la media de la Unión y continúan pesando sobre la rentabilidad y la capacidad de préstamo de los bancos, lo que a su vez repercute en la intensificación del capital y en el crecimiento de la productividad de la economía. La respuesta política ha contribuido a la corrección de los desequilibrios y la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia representa una gran oportunidad para abordar las deficiencias estructurales restantes. Sin embargo, son necesarios más esfuerzos, en particular para garantizar que los saldos exteriores se sitúen en una senda de firme mejora y que los préstamos no productivos sigan disminuyendo, entre otras cosas mediante el aumento de la eficacia de la ejecución de la deuda y la mejora del mercado secundario de préstamos no productivos.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Grecia disminuyó del 7,1 % del PIB en 2021 al 2,3 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 194,6 % del PIB a finales de 2021 al 171,3 % a finales de 2022.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron subvenciones a la electricidad para hogares y empresas, y un aumento de las prestaciones sociales a los hogares vulnerables. El coste de estas medidas se compensó en parte con los nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los productores y proveedores de energía, a saber, el tope de precios a los productores de electricidad y el gravamen extraordinario a los productores de electricidad para el período comprendido entre octubre de 2021 y junio de 2022. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 2,5 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 1,5 % del PIB en 2022, frente al 6,5 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Grecia (7) que utilizara en 2022 el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política fiscal prudente. Además, el Consejo recomendó a Grecia que mantuviera las inversiones financiadas a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue expansiva, y se situó en el ‒ 1,0 % del PIB. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Grecia continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 2,1 % del PIB en 2022 (2,6 % del PIB en 2021). La disminución de los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión en 2022 se debió a la retirada progresiva del anterior período de programación, mientras que los gastos de inversión en el nuevo período de programación aún no han repuntado. Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto expansivo de 0,6 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Grecia mantuvo las inversiones financiadas a nivel nacional, tal y como recomendó el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto expansivo de 0,6 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. En ese importante efecto expansivo se incluyó el efecto adicional de las medidas de política fiscal para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía (coste presupuestario neto adicional del 2 % del PIB). Por tanto, Grecia limitó suficientemente el crecimiento de los gastos corrientes financiados a nivel nacional.

(17)

Por lo que respecta a 2023, el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 está en consonancia con las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, mientras que para los años posteriores es más favorable. El Gobierno prevé un aumento del PIB real del 2,3 % en 2023 y del 3 % en 2024. En comparación, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un mayor crecimiento del PIB real, del 2,4 %, en 2023 y un menor crecimiento, del 1,9 %, en 2024, debido principalmente a diferencias en las hipótesis sobre la actividad inversora y las contribuciones del sector exterior. El Programa de Estabilidad de 2023 prevé una mayor contribución de la formación bruta de capital fijo, especialmente en 2024, y la Comisión espera que las importaciones de bienes sigan siendo más elevadas que en las previsiones de las autoridades.

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el déficit público disminuya hasta el 1,8 % del PIB en 2023. La disminución en 2023 obedece principalmente a la supresión gradual de las medidas fiscales relacionadas con la pandemia y a la reducción del coste de las medidas relacionadas con la energía, así como al aumento de los ingresos debido al crecimiento económico. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 171,3 % a finales de 2022 al 162,6 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 1,3 % del PIB para 2023. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a una evolución más favorable de las bases impositivas impulsada por las hipótesis macroeconómicas, en particular la composición del crecimiento y los menores gastos del presupuesto social en consonancia con la infrautilización sistemática observada en los últimos años. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, la ratio de deuda pública con respecto al PIB será menor, situándose en el 160,2 % a finales de 2023. La diferencia se debe principalmente a un mayor crecimiento del PIB nominal y, en menor medida, a un menor déficit público previsto por la Comisión.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas fiscales adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han ido prorrogando desde 2022, en particular las ayudas relativas a la electricidad para hogares y empresas. El coste de estas medidas sigue compensándose en parte con los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los proveedores de energía, a saber, el tope de precios de los productores de electricidad y la contribución de solidaridad de las refinerías. Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,2 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas de 2023 no parecen estar dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables y no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,1 % del PIB en 2023 (frente al 0,5 % del PIB en 2022). Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 1,5 % del PIB.

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Grecia que en 2023 garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo (12), teniendo en cuenta el mantenimiento de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, Grecia debía estar preparada para ajustar sus gastos corrientes a la cambiante situación. Asimismo, se recomendó a Grecia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En 2023, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 estiman que la orientación de la política fiscal será globalmente neutra (‒ 0,2 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación expansiva de la política fiscal en 2022 (‒ 1,0 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto contractivo del 0,3 % del PIB en la orientación de la política fiscal. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. El efecto contractivo previsto de los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional se debe, en esencia, a la reducción de los costes de las medidas (específicas y no específicas) de apoyo a los hogares y las empresas en respuesta a las subidas de los precios de la energía (en un 2,3 % del PIB). El aumento del gasto social es el principal motor del crecimiento de los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional (netos de las nuevas medidas relativas a los ingresos). Los gastos financiados mediante subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 2,5 % del PIB en 2023, y las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto neutro en la orientación de la política fiscal de 0,0 puntos porcentuales (13). Así pues, Grecia tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Tiene previsto financiar inversiones públicas para las transiciones ecológica y digital, y para la seguridad energética, como la instalación de 8 000 puntos de recarga accesibles al público para vehículos eléctricos en lugares urbanos y suburbanos clave, la digitalización de la administración pública y la mejora de la interconexión eléctrica de las islas.

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 0,8 % del PIB en 2024. La disminución en 2024 refleja principalmente la eliminación progresiva de las restantes medidas energéticas y de otro tipo y el aumento de los ingresos gracias al sólido crecimiento económico. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB disminuya hasta el 150,8 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 0,6 % del PIB en 2024. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a las hipótesis sobre la ejecución del presupuesto social, sobre todo un menor gasto en prestaciones sociales y en pensiones. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, la ratio de deuda pública con respecto al PIB será superior, situándose en el 154,5 % a finales de 2024.

(23)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión también asume la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(24)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (14). Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,3 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (15) en 2024 no debería superar el 2,6 %, como se refleja en la presente Recomendación. Esto también contribuirá a reforzar la posición exterior. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 0,2 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público.

(25)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 0,7 % en 2024, lo que se sitúa por debajo de la tasa de crecimiento recomendada. El ajuste previsto en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 es superior al ahorro derivado de la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública aumente del 4,8 % del PIB en 2023 al 5,4 % del PIB en 2024. El mayor volumen de inversión refleja una inversión financiada a nivel nacional ligeramente inferior y una mayor inversión financiada por la Unión, concretamente a través del Mecanismo. El Programa de Estabilidad de 2023 se refiere a las reformas e inversiones que se espera contribuyan a la sostenibilidad fiscal y a un crecimiento sostenible e inclusivo. Estas reformas e inversiones incluyen inversiones de alto valor añadido y reformas estructurales orientadas a las transiciones ecológica, digital y energética, que también forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia.

(27)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya hasta alcanzar el 0,5 % del PIB en 2025 y el 0,1 % en 2026. Por tanto, se prevé que el déficit público se mantenga por debajo del 3 % del PIB durante el período cubierto por el programa. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 150,8 % a finales de 2024 al 135,2 % a finales de 2026.

(28)

Partiendo de las mejores prácticas y las reformas emprendidas como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, la modificación del marco de la política fiscal de Grecia podría ayudar a compensar el déficit de inversiones. Más concretamente, la introducción de un sistema de decisiones fiscales anticipadas más amplio podría aumentar la seguridad jurídica para los inversores y aumentar los trabajos en curso para simplificar el sistema tributario. Una revisión del sistema tributario también podría contribuir a ampliar la base impositiva en lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia y apoyar la inversión. El cumplimiento de las obligaciones tributarias podría mejorarse ampliando la aplicación de los pagos electrónicos y haciendo un mayor uso de la información procedente de los pagos electrónicos, teniendo en cuenta, en particular, las pruebas recientes de una creciente disparidad entre las rentas bajas declaradas y el volumen de negocios aparentemente rápido de los trabajadores por cuenta propia. Esto podría llevarse a cabo, en particular, haciendo un mejor uso de la información procedente de los pagos electrónicos para profesiones específicas. Se espera que la transformación digital en curso de la Autoridad Independiente para los Ingresos Públicos contribuya a ese objetivo. Sin embargo, es esencial que la autonomía de la autoridad para gestionar y desarrollar su infraestructura de recursos humanos e informática aumente aún más, habida cuenta de los actuales retos a los que se enfrentan los sistemas fiscales en todo el mundo.

(29)

Grecia ha seguido tomando medidas para modernizar su administración pública, pero su rendimiento global sigue siendo relativamente bajo. Tras un ajuste significativo a partir de 2010, el tamaño y el coste de la administración pública se han alineado en líneas generales con la media de la Unión. La masa salarial de Grecia se mantuvo estable en 2022 en el 10,8 % del PIB, ligeramente por encima de la media de la Unión (10,2 % del PIB). Para salvaguardar estos beneficios, será fundamental garantizar la continuidad de la aplicación de la tabla salarial unificada, manteniendo al mismo tiempo los niveles de personal actuales mediante la aplicación continua de la norma de contratación «uno más, uno menos» para el personal permanente y del límite máximo para el personal temporal que se introdujo en 2022. El Plan de Recuperación y Resiliencia contiene medidas destinadas a mejorar la eficacia de la administración pública, con especial atención a la mejora de sus servicios digitales. Al mismo tiempo, atraer y mantener personal de alto nivel sigue siendo un reto. Esto podría abordarse de manera estructural a través de redes salariales especiales o suplementarias para funciones u organismos específicos, así como de un sistema bien definido de prestaciones introducido como parte integrante del nuevo sistema de gestión de recursos humanos, salvaguardando al mismo tiempo la integridad de la tabla salarial unificada y el tamaño global de la masa salarial.

(30)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. Hasta la fecha, la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Grecia ha avanzado bien. De cara al futuro, será importante mantener el impulso de la aplicación. Grecia presentó tres solicitudes de pago (16) de ayuda financiera no reembolsable y dos solicitudes de pago de ayuda en forma de préstamo, correspondientes a 85 hitos y objetivos del plan. Hasta la fecha, Grecia ha recibido un desembolso global de 7 126 millones EUR (17). De conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/241, el 29 de marzo de 2023, Grecia manifestó su intención de solicitar 5 000 millones EUR de ayuda adicional en forma de préstamos en el marco del Mecanismo. Grecia ha comenzado firmemente a ejecutar su plan y ha establecido un sistema de gestión y control para supervisar y coordinar la realización oportuna de las reformas e inversiones. De cara al futuro, será importante mantener e intensificar esos esfuerzos teniendo en cuenta el importante número de reformas e inversiones que se prevé llevar a cabo, en particular dado que la realización de algunas de esas reformas e inversiones requerirá avances oportunos en diversas fases preparatorias, incluidos los procedimientos de contratación pública. La continuación de la ejecución del plan depende de la capacidad administrativa y de ejecución de los organismos de ejecución asignados, incluida la administración regional y local. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Grecia en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(31)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Grecia en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Grecia.

(32)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Grecia afronta algunos retos adicionales relativos a la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, la cartografía catastral, la política energética y la transición ecológica.

(33)

El gasto sanitario público se sitúa por debajo de la media de la Unión, mientras que los pagos directos efectuados por los pacientes en Grecia son los segundos más elevados de la Unión como porcentaje del PIB. El sistema sanitario sigue estando centrado en la hospitalización, y el gasto en cuidados curativos se centra en la hospitalización. Además, Grecia ocupa el primer lugar entre todos los Estados miembros en cuanto al gasto público en medicamentos como porcentaje del PIB. El gasto público en cuidados preventivos y de larga duración es significativamente inferior a la media de la Unión, y no existe una estrategia nacional global para los cuidados de larga duración. Para hacer frente a esta situación, Grecia está aplicando un sistema de atención primaria recientemente adoptado para reducir la dependencia de la asistencia hospitalaria y aumentar la eficiencia del acceso a los bienes y servicios sanitarios. La plena aplicación de la reforma de la atención primaria se ve obstaculizada por la escasez de médicos de familia. El número de médicos de familia no es suficiente para cubrir a toda la población. Será necesaria una cobertura suficiente para la plena introducción de un sistema eficaz y exhaustivo basado en el control de acceso, que deberá comenzar a aplicarse a partir del 1 de septiembre de 2023. A tal fin, será fundamental incentivar más la ampliación del número de médicos de familia para cubrir a toda la población y el registro de la población para garantizar a esta un acceso adecuado y equitativo a la atención sanitaria.

(34)

La finalización del catastro nacional, un proyecto de larga duración, mejorará aún más el clima empresarial de Grecia. A finales de mayo de 2023, se había completado el 72 % de la cartografía catastral, y otro 25 % de los derechos de propiedad había sido recaudado y se están tramitando en la actualidad. Se espera que el tratamiento de los derechos recaudados concluya a finales de 2023, lo que completaría el catastro a finales de año. En cuanto a la transición a la nueva agencia «Catastro Helénico», se han abierto y están operativas 12 oficinas catastrales y 49 sucursales. La Agencia del Catastro Helénico tiene previsto digitalizar plenamente los servicios a los ciudadanos y el Mecanismo presta apoyo a la digitalización de todos los registros y escrituras de derechos de propiedad que se encuentran actualmente en papel.

(35)

A pesar de los esfuerzos realizados también en el contexto de la crisis energética, Grecia sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. En 2021, el petróleo y el gas representaron, respectivamente, el 52 % y el 24 % de su combinación energética. A fin de acelerar los esfuerzos de descarbonización, podrían ponerse en marcha una serie de medidas adicionales que se basen en las inversiones y reformas que forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de Grecia y las amplíen. Grecia podría acelerar la expansión de las energías renovables estableciendo y completando los marcos jurídicos para promover el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno renovable y de energía eólica marina. Son necesarios esfuerzos adicionales para acelerar el desarrollo de un marco legislativo y reglamentario para el biometano y convertir el potencial de biometano sostenible disponible en capacidad de producción real para compensar las importaciones de gas natural.

(36)

A medida que se integren más energías renovables, serán esenciales nuevas inversiones para ampliar el almacenamiento y la capacidad de la red a fin de salvaguardar el equilibrio de la red eléctrica. Los regímenes de remuneración comunes y la promoción de los sistemas «tras el contador» podrían ser herramientas importantes para promover la expansión oportuna y viable de la capacidad de almacenamiento. Para evitar la necesidad de restringir las energías renovables, podrían desarrollarse interconexiones eléctricas adicionales con los países vecinos. En cuanto a la mayor implantación de las fuentes de energía renovables, será importante aplicar plenamente el nuevo marco jurídico adoptado en 2022, que simplifica y acelera el proceso de concesión de licencias para proyectos de energías renovables y almacenamiento. Además, la promoción de los sistemas de autoconsumo, incluida la ampliación del apoyo a la instalación de sistemas solares fotovoltaicos con baterías, y las comunidades de energía podrían contribuir a impulsar la aceptabilidad social de la implantación de las energías renovables.

(37)

Grecia también podría ampliar el alcance y la ambición de las medidas de ahorro energético existentes y reducir el elevado nivel de pobreza energética. El consumo de gas natural en Grecia cayó un 22 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (18). Grecia podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (19).

(38)

La introducción de nuevos instrumentos financieros, como las subastas de eficiencia energética, podría centrarse en la cobertura de los programas de apoyo a la renovación existentes destinados a los hogares en situación de pobreza energética de manera más eficiente. La proporción de contadores inteligentes de Grecia está muy por debajo de la media de la Unión (3 % frente al 54 %, cifras de 2021) y podría incrementarse, ya que permite a los consumidores participar activamente en el mercado y apoyar la respuesta de la demanda. Además, sectores específicos como el transporte y el agua tienen un margen considerable para ahorrar energía, ya que siguen dependiendo en gran medida del petróleo.

(39)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la industria manufacturera y la implantación y mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está creando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En Grecia, la escasez de capacidades ecológicas es actualmente más evidente en el sector de la construcción, que es muy pertinente para la transición ecológica y para ocupaciones técnicas específicas. Por último, sigue habiendo margen para otras medidas que permitan aumentar la empleabilidad de los jóvenes y las mujeres. El aumento de las capacidades administrativas de los servicios públicos de empleo, al tiempo que se amplía el uso del enfoque individualizado sobre los solicitantes de empleo, tiene el potencial de impulsar los resultados en materia de empleo para esos grupos y apoyar una transición fluida y justa.

(40)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (20) se refleja en la recomendación 1.

(41)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Grecia, las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(42)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2023 y el Programa de Estabilidad de 2023. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1. Las políticas mencionadas en la recomendación 1 ayudan a abordar las vulnerabilidades vinculadas a la deuda pública, la posición exterior y los préstamos no productivos. La recomendación 2 contribuye a abordar la recomendación 1. Las políticas a que hace referencia la recomendación 1 contribuyen tanto a abordar los desequilibrios como a aplicar las recomendaciones establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023, en consonancia con el considerando 41.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a España como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de España para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023. Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 30 de abril de 2021, España presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que España ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 28 de abril de 2023, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de España sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre España. En él se evalúan los avances realizados por España para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de España. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de España en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre España de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión llegó a la conclusión de que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda privada, pública y exterior, que tienen relevancia transfronteriza, están disminuyendo, pero siguen presentes. La deuda exterior y especialmente las ratios de deuda privada disminuyeron durante la década de 2010 y, tras una interrupción temporal en 2020, reanudaron su descenso en 2021 y se espera que sigan disminuyendo, favorecidas por el crecimiento económico. Sin embargo, se mantienen en niveles aún elevados. La posición exterior se ha beneficiado de una balanza por cuenta corriente que ha registrado superávit durante una década, aunque se haya reducido recientemente, reflejando los efectos de la pandemia de COVID-19 en las exportaciones turísticas y del aumento de los precios de la energía en 2022. La deuda pública sigue siendo elevada. En 2022 retomó la trayectoria descendente que produjo mejoras antes de la pandemia de COVID-19, impulsada por el fuerte crecimiento del PIB nominal, pero se mantiene por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Se prevé que esta reducción continúe en 2023 y 2024, a un ritmo más moderado, respaldada por medidas de actuación contenidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia. El sistema financiero ha mostrado resiliencia frente a las recientes perturbaciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y la crisis energética. El desempleo ha vuelto a disminuir, pero sigue siendo elevado y siguen existiendo bolsas de vulnerabilidad, con un desempleo juvenil y de larga duración muy elevado. Los posibles riesgos que afectan a la mayor reducción de las vulnerabilidades están relacionados principalmente con los efectos del endurecimiento de las condiciones financieras en la situación financiera de los hogares y las empresas, así como en la sostenibilidad de la deuda pública a medio y largo plazo ante las actuales condiciones del mercado y el envejecimiento de la población. Los avances en las políticas han sido favorables y la continuación de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia debería aportar nuevas mejoras.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de España disminuyó del 6,9 % del PIB en 2021 al 4,8 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 118,3 % del PIB a finales de 2021 al 113,2 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión emitió un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado. Dicho informe analizaba la situación presupuestaria de España, al rebasar su déficit público en 2022 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit. De conformidad con su Comunicación de 8 de marzo de 2023, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. España debe tener en cuenta esta información en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la elaboración del proyecto de plan presupuestario para 2024.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron la reducción del IVA sobre la electricidad y el gas, la reducción del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron el descuento generalizado de 20 céntimos por litro de combustible para vehículos, las ayudas a los ingresos de los hogares y las industrias de gran consumo de energía, el incremento de las prestaciones a través del bono social energético y descuentos para el uso del transporte público La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 1,6 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,5 % del PIB en 2022, frente al 3,1 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a España (7) que en 2022 utilizara el Mecanismo para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política fiscal prudente. Además, el Consejo recomendó a España que mantuviera las inversiones financiadas a nivel nacional. El Consejo también recomendó a España que limitara el aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue expansiva, y se situó en el ‒ 2,5 % del PIB. Atendiendo a la recomendación del Consejo, España continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 1,1 % del PIB en 2022 (1,2 % del PIB en 2021). Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto expansivo de 0,3 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, España mantuvo la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto expansivo de 2,7 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. En este importante efecto expansivo se incluyó el efecto adicional de las medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía (coste presupuestario neto adicional del 1,5 % del PIB). Al mismo tiempo, el aumento del gasto en consumo intermedio y transferencias sociales en especie también contribuyó al crecimiento del gasto corriente primario neto. El importante efecto expansivo del gasto corriente financiado a nivel nacional se debió solo parcialmente a las medidas destinadas a abordar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Por lo tanto, España no limitó suficientemente el crecimiento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(17)

Por lo que respecta a 2023, el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 está en consonancia con las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, mientras que para los años posteriores es más favorable. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 2,1 % en 2023 y un 2,4 % en 2024. La Comisión, por su parte, pronostica en sus previsiones de la primavera de 2023 un crecimiento del PIB real ligeramente inferior, del 1,9 % en 2023 y del 2,0 % en 2024, debido principalmente a la menor contribución prevista del consumo privado tanto en 2023 como en 2024, así como a un crecimiento más moderado de la inversión en 2024. Las perspectivas más favorables que recoge el Programa de Estabilidad de 2023 también son un reflejo de que se prevé que el Plan de Recuperación y Resiliencia tenga un mayor efecto en la actividad durante el período de previsión.

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el déficit público disminuya hasta el 3,9 % del PIB en 2023. La disminución en 2023 obedece principalmente al menor coste de las medidas adoptadas en respuesta al aumento de los precios de la energía en comparación con 2022. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 113,2 % a finales de 2022 al 111,9 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 4,1 % del PIB para 2023, lo que está en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB más reducida, del 110,6 % a finales de 2023, debido a un menor ajuste stock-flujo.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas prorrogadas desde 2022, en particular la reducción del IVA sobre la electricidad y el gas, la reducción del impuesto especial sobre la electricidad, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, las ayudas a los ingresos de los hogares y las industrias de gran consumo de energía, el incremento de las prestaciones a través del bono social energético y descuentos para el uso del transporte público, así como de nuevas medidas, como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para vehículos, que ahora se dirige al transporte marítimo y por carretera y a los sectores agrícola y pesquero, y la ayuda para los hogares de renta baja consistente en un pago único de 200 EUR. El coste de dichas medidas se ve parcialmente compensado por un gravamen sobre los beneficios inesperados de los grandes proveedores de energía. Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,6 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, y muchas de ellas no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,2 % del PIB en 2023 (frente al 0,5 % del PIB en 2022). Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 0,5 % del PIB.

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a España que en 2023 garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo (12), teniendo en cuenta el mantenimiento de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, España debía estar preparada para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a España que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será expansiva en 2023 (– 0,3 % del PIB), lo que supone que se mantiene la orientación expansiva de la política fiscal de 2022 (– 2,5 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto prácticamente neutro en la orientación de la política fiscal, del 0,2 % del PIB. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. El efecto prácticamente neutro que se prevé que tenga el gasto corriente primario financiado a nivel nacional se debe, en esencia, a la reducción de los costes netos de las medidas de apoyo (específicas y no específicas) a los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía (en un 1,0 % del PIB). Los principales factores que favorecen el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) son el aumento de las transferencias sociales, impulsado por la revinculación de las pensiones a la inflación registrada, y el aumento del gasto en consumo intermedio. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 1,6 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal de 0,1 puntos porcentuales (13). Así pues, España tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional (14). Además, tiene previsto financiar inversiones públicas en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, como la política industrial reforzada «España 2030», el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana o el impulso a la ciberseguridad y la conectividad 5G, que se financian con cargo al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 3,0 % del PIB en 2024. Esta disminución en 2024 también refleja la eliminación gradual de las medidas relativas a la energía. El Programa de Estabilidad de 2023 prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB disminuya al 109,1 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 3,3 % del PIB en 2024, lo que está en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, Dichas previsiones contemplan para finales de 2024 una ratio de deuda pública con respecto al PIB similar, del 109,1 %.

(23)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, con excepción del gravamen sobre los beneficios inesperados aplicable a las empresas energéticas. La Comisión también cuenta con la eliminación progresiva de casi todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024 (ingresos netos del 0,1 % del PIB en 2024). Dichas estimaciones se basan en el supuesto de que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(24)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (15). Teniendo en cuenta consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,7 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (16) en 2024 no debería superar el 2,6 %, como se refleja en la presente Recomendación. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 0,6 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público.

(25)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 1,4 % en 2024, lo que se sitúa por debajo de la tasa de crecimiento recomendada.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública (excluida la inversión financiada mediante el Mecanismo) baje del 2,7 % del PIB en 2023 al 2,6 % del PIB en 2024. El Programa de Estabilidad de 2023 se refiere a las reformas e inversiones que se espera contribuyan a la sostenibilidad fiscal y a un crecimiento sostenible e inclusivo. Entre dichas reformas e inversiones figuran un marco permanente que garantice mejoras en la calidad del gasto público, medidas de prevención y lucha contra el fraude y la evasión fiscales y la reforma del sistema tributario para hacerlo más inclusivo, sostenible y capaz de fomentar la sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas, medidas que también forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia.

(27)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya gradualmente hasta alcanzar el 2,7 % del PIB en 2025 y el 2,5 % en 2026. Por consiguiente, se prevé que el déficit público disminuya y se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2025. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 109,1 % a finales de 2024 al 106,8 % a finales de 2026.

(28)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. Hasta la fecha, la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España ha avanzado bien. España ha presentado tres solicitudes de pago, correspondientes a 121 hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia y que han dado lugar a un desembolso total de 28 000 000 000 EUR. España se encuentra entre los Estados miembros que más han avanzado en la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia. El 6 de junio de 2023, España presentó una modificación de su Plan de Recuperación y Resiliencia, cuyas nuevas medidas duplican su volumen con creces. Esta revisión debería ir acompañada de una capacidad administrativa suficiente para garantizar la absorción eficaz y eficiente de los fondos de recuperación y resiliencia, de otros fondos disponibles de la Unión y de fondos nacionales disponibles. En particular, España se beneficiará de una asignación mayor de subvenciones del Mecanismo. El plan revisado también incluye un capítulo de REPowerEU, que se financiará parcialmente con las subvenciones adicionales de REPowerEU. La inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de España en el ámbito de la energía y la transición ecológica. De conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/241, España también solicitó 84 000 000 000 EUR de ayuda adicional en forma de préstamos en el marco del Mecanismo. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(29)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a España en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en España.

(30)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, España afronta algunos retos adicionales relativos a la transición ecológica, las interconexiones energéticas y la vivienda social energéticamente eficiente y asequible.

(31)

A pesar de la escasa exposición directa a los combustibles fósiles rusos, el aumento de los precios de la energía registrado en 2022 subraya la necesidad de que España acelere su transición hacia la energía limpia. España está avanzando en la implantación de las energías renovables y es uno de los Estados miembros con mayor capacidad instalada de energía eólica y solar, con aproximadamente 49,8 GW. Algunas mejoras en los procedimientos de concesión de permisos, en particular para el autoconsumo, han contribuido a seguir avanzando en la implantación de estas tecnologías. Sin embargo, España se enfrenta a una gran acumulación de solicitudes pendientes de nuevas centrales de energía renovable. Las restricciones de capacidad de la red obstaculizan una mayor integración de las energías renovables en la red eléctrica. España es uno de los países con mayor porcentaje de contadores inteligentes, pero serían necesarias más inversiones en las infraestructuras de red y almacenamiento para integrar más electricidad renovable. Entre las medidas para acelerar la implantación de las energías renovables podrían considerarse una mayor simplificación y digitalización de los procedimientos de concesión de permisos, la asignación de capacidad de red a los proyectos de manera más rápida y el apoyo a la labor de las autoridades en la tramitación de los permisos, garantizando que dichas autoridades dispongan de las capacidades y del personal adecuados, así como la mejora de la coordinación entre todos los niveles de la Administración. Además, el nivel de interconexión eléctrica transfronteriza de España en 2022 (5,4 %) sigue estando considerablemente por debajo de los objetivos de interconexión para 2020 (10 %) y 2030 (15 %).

(32)

El consumo de gas natural en España cayó un 10,8 % (17) en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 7 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (18). Se anima a España a perseverar en sus esfuerzos por reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (19). Una mayor inversión en viviendas eficientes desde el punto de vista energético ayudaría a aliviar los problemas para la obtención de una vivienda asequible. La pérdida significativa de poder adquisitivo, el crecimiento sostenido de los precios de alquiler y el aumento de los pagos hipotecarios han agravado los problemas para la obtención de una vivienda asequible, especialmente en el caso de los hogares vulnerables. La oferta de viviendas sociales y asequibles sigue siendo limitada y es significativamente inferior a la media de la Unión. El actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España prevé lograr 1,2 millones de renovaciones de edificios residenciales de aquí a 2030, y el Plan de Recuperación y Resiliencia cubre alrededor de un tercio de ellos. La oferta de más viviendas eficientes desde el punto de vista energético en zonas con una notable escasez y mercados tensionados, entre otras vías mediante la renovación y la electrificación, puede contribuir a contener el consumo de energía y abordar la transición ecológica, así como apoyar a los hogares vulnerables que están más expuestos a la pobreza energética. Una oferta bien orientada de vivienda de alquiler social y asequible, en cooperación con el sector privado, puede ayudar a limitar las repercusiones en materia fiscal.

(33)

El transporte sigue dependiendo en gran medida de los combustibles petrolíferos. El sector representa una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y también contribuye a la contaminación atmosférica, que está por encima de la media de la Unión. La insuficiencia de infraestructuras y de acceso al transporte público sigue siendo motivo de preocupación en las zonas rurales. La implantación de la electromovilidad está poco desarrollada tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. La finalización de la red ferroviaria básica de alta velocidad, incluida la conexión transfronteriza, de aquí a 2030 acelerará la transición hacia la neutralidad climática y contribuirá a que el transporte dependa menos de los combustibles fósiles. Las medidas incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia tienen el potencial de transformar el transporte urbano y metropolitano y reforzar la red transeuropea de transporte, al contribuir a introducir la digitalización y las nuevas tecnologías en el sector.

(34)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en España en relación con varias ocupaciones que requerían capacidades o conocimientos específicos para la transición ecológica, como la de técnico de ingeniería electrónica.

(35)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (20) se refleja en la recomendación 1.

(36)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de España, las recomendaciones 1, 2 y 3 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda y tercera establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(37)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2023 y el Programa de Estabilidad de 2023. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1. Las políticas a que hace referencia la recomendación 1 contribuyen a abordar las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública. La recomendación 2 contribuye a aplicar la recomendación 1. Las políticas a que hace referencia la recomendación 1 contribuyen tanto a abordar los desequilibrios como a aplicar las recomendaciones establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023, en consonancia con el considerando 36.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Francia para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023. Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 28 de abril de 2021, Francia presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Francia (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Francia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 11 de mayo de 2023, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Francia sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe de 2023 sobre Francia. En él se evalúan los avances realizados por Francia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Francia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Francia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Francia de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión llegó a la conclusión de que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, persisten las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública, la competitividad y el bajo crecimiento de la productividad, que tienen importancia transfronteriza, a pesar de que se han mostrado algunos signos de reducción. La deuda pública ha ido disminuyendo desde el repunte del PIB en 2021, tras un aumento durante la pandemia de COVID-19. En 2022, varias medidas fiscales atenuaron significativamente el impacto de la crisis energética, pero ralentizaron la reducción de la deuda. Se prevé que la deuda siga disminuyendo este año y el próximo, pero se prevé que vuelva a experimentar una tendencia al alza a partir de entonces en ausencia de medidas de actuación y que se mantenga elevada y por encima de los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. Los retos para la sostenibilidad fiscal a medio plazo siguen siendo elevados. Las medidas de actuación adoptadas en los últimos años para mejorar el crecimiento potencial podrían ayudar a corregir el aumento previsto de la deuda pública a medio plazo. Se han adoptado varias reformas para impulsar la competitividad de costes. Ya es visible un pequeño efecto positivo en la competitividad y se espera que el impacto total de esas reformas se materialice en los próximos años. Del mismo modo, se espera que la productividad laboral se beneficie de la aplicación efectiva de las inversiones y reformas previstas. La economía francesa mostró resiliencia durante el último año, ya que la competitividad de costes se vio menos afectada por el aumento de los precios de la energía que en el resto de la zona del euro. Las exportaciones están mejorando debido a una mayor recuperación del turismo transfronterizo y del sector aeronáutico, que se vieron muy afectados por la pandemia de COVID-19. Si bien la deuda del sector privado aumentó durante el peor de los años de la pandemia de COVID-19, el aumento del endeudamiento de las empresas estuvo acompañado de aumentos del capital social y de la acumulación de reservas de liquidez. Unos tipos de interés más elevados pueden dificultar el desapalancamiento público y privado. La respuesta política ha sido favorable, pero sigue habiendo retos, centrados en la gestión de las finanzas públicas. La aplicación efectiva de las reformas recientemente adoptadas sigue siendo fundamental para seguir reduciendo las vulnerabilidades, a saber, la reforma de la gestión de las finanzas públicas y el nuevo mecanismo para llevar a cabo evaluaciones anuales del gasto público. Ambas acciones son fundamentales para seguir frenando el gasto y mantener la deuda pública en una tendencia sostenida a la baja. Además, el Gobierno ha adoptado una reforma del sistema público de pensiones que se espera que contribuya a la sostenibilidad de la deuda pública.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Francia disminuyó del 6,5 % del PIB en 2021 al 4,7 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 112,9 % del PIB a finales de 2021 al 111,6 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión emitió un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado. En él se analizaba la situación presupuestaria de Francia, ya que el déficit público en 2022 superaba el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que la deuda pública superaba el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no respetaba el valor de referencia de reducción de la deuda. El informe concluía que no se cumplían los criterios de déficit y deuda. Asimismo, en consonancia con su Comunicación de 8 de marzo de 2023, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Francia debe tener en cuenta esta información en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la elaboración del proyecto de plan presupuestario para 2024.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron la reducción del impuesto nacional sobre el consumo final de electricidad (taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité o TICFE), mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron subvenciones directas para compensar a los proveedores de gas y electricidad por la limitación a los precios regulados del gas y la electricidad, las subvenciones para limitar el aumento de los precios del combustible para transportes al por menor y a las empresas de gran consumo energético, así como las transferencias a los hogares con bajos ingresos. El coste de esas medidas se vio parcialmente compensado por nuevos impuestos sobre los beneficios imprevistos de los productores y proveedores de energía, a saber, un impuesto excepcional de solidaridad sobre las empresas de combustibles fósiles y refinerías y un mecanismo para limitar los ingresos inframarginales del mercado procedentes de la generación de electricidad, así como los ingresos fiscales indirectos procedentes de los productores de energías renovables y la reducción de las subvenciones concedidas a dichos productores, como consecuencia de la brecha positiva entre el mercado y los precios de referencia de la electricidad. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 0,9 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,5 % del PIB en 2022, frente al 2,6 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Francia (7) que en 2022 utilizara el Mecanismo para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política fiscal prudente. Además, el Consejo recomendó a Francia que mantuviera las inversiones financiadas a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue expansiva, y se situó en el – 2,0 % del PIB. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Francia continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 0,6 % del PIB en 2022 (0,7 % del PIB en 2021). La disminución marginal de los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión en 2022 se debió a la aplicación anticipada del Plan de Recuperación y Resiliencia a lo largo de sus dos primeros años. Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto expansivo de 0,1 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Francia mantuvo la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto expansivo de 1,7 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. En ese importante efecto expansivo se incluyó el efecto adicional de las medidas de política fiscal para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía (coste presupuestario neto adicional del 0,8 % del PIB). Al mismo tiempo, la indexación de las pensiones, las prestaciones sociales y los salarios públicos también contribuyeron (en un 0,4 % del PIB) al crecimiento del gasto corriente primario neto. Por lo tanto, Francia no limitó suficientemente el crecimiento del gasto corriente financiado a nivel nacional. El considerable efecto expansivo de los gastos corrientes financiados a nivel nacional solo se debió parcialmente a las medidas para hacer frente al impacto económico y social del aumento de los precios de la energía, así como a los costes de ofrecer protección temporal para las personas desplazadas procedentes de Ucrania.

(17)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 es más favorable que las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, tanto para 2023 como para los años posteriores. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 1,0 % en 2023 y un 1,6 % en 2024. En comparación, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 prevén un menor crecimiento del PIB real, del 0,7 % en 2023 y del 1,4 % en 2024, debido principalmente a la menor contribución al crecimiento de la demanda interna en 2023, derivada de la formación bruta de capital fijo y de las existencias, y de la demanda externa en 2024.

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el déficit público aumente hasta el 4,9 % del PIB en 2023. El aumento en 2023 refleja principalmente la ralentización de la actividad económica y las pérdidas de ingresos previstas. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 111,6 % a finales de 2022 al 109,6 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 4,7 % del PIB para 2023. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a una mayor elasticidad fiscal prevista por la Comisión, lo que da lugar a mayores ingresos. Por lo que se refiere a la ratio de deuda pública con respecto al PIB, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan una ratio similar al programa, del 109,6 % a finales de 2023.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han ido prorrogando desde 2022, en particular la disminución del TICFE y las subvenciones directas para compensar a los proveedores de gas y electricidad por el límite máximo de los precios regulados del gas y la electricidad, así como nuevas medidas, como el bono de combustible para transporte sujeto a condiciones de recursos (chèque carburant) para los hogares con bajos ingresos, que sustituye al descuento generalizado aplicado en 2022, y las subvenciones a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas que no se benefician de tarifas eléctricas reguladas, para cubrir el aumento de la factura energética hasta finales de 2023. El coste de esas medidas sigue viéndose parcialmente compensado por impuestos sobre los beneficios imprevistos de los productores y proveedores de energía, a saber, un mecanismo para limitar los ingresos inframarginales del mercado procedentes de la generación de electricidad, así como los ingresos fiscales indirectos procedentes de los productores de energías renovables y la reducción de las subvenciones concedidas a dichos productores, como consecuencia de la brecha positiva entre el mercado y los precios de referencia de la electricidad. Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 1,0 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables y no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética, aunque se han incrementado los límites de precios de la electricidad y el gas para los hogares. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,2 % del PIB en 2023 (frente al 0,1 % del PIB en 2022). Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 0,5 % del PIB.

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Francia que en 2023 garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo (12), teniendo en cuenta el mantenimiento de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, Francia debía estar preparada para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Francia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será contractiva en 2023 (+ 0,5 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación expansiva de la política fiscal en 2022 (– 2,0 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto contractivo en la orientación de la política fiscal, del 0,6 % del PIB. Esto incluye el aumento del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,1 % del PIB. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Los gastos financiados mediante subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 0,4 % del PIB en 2023, y las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto neutro en la orientación de la política fiscal (13). Así pues, Francia tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y tiene previsto mantener las inversiones financiadas a nivel nacional. Tiene previsto financiar inversiones públicas para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, como las inversiones en el marco del plan de inversión France 2030 para fomentar la inversión en I+D de vanguardia y en el ámbito digital, así como inversiones en energías renovables en sistemas de calefacción y renovación de edificios públicos y privados, medidas de apoyo a la descarbonización de la industria, inversiones en transporte sostenible, salud y educación, que se financian en parte con cargo al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 4,4 % del PIB en 2024. La disminución en 2024 refleja principalmente la retirada de la mayoría de las medidas de apoyo en materia energética, junto con una mayor elasticidad fiscal. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB se mantenga globalmente estable en el 109,5 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 4,3 % del PIB en 2024. Esta cifra es inferior al déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, debido principalmente a un efecto de base derivado de un déficit ya menor previsto por la Comisión para 2023. Por lo que respecta a la ratio de deuda pública con respecto al PIB, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 prevén una ratio similar, del 109,5 % a finales de 2024.

(23)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de la mayoría de las medidas de apoyo en materia energética en 2024. En la actualidad, la Comisión calcula el coste neto de las medidas de apoyo en materia energética en el 0,2 % del PIB en 2024. Dichas estimaciones se basan en el supuesto de que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía. Las medidas de apoyo en materia energética que actualmente está previsto que sigan en vigor en 2024 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas vulnerables. No preservan plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética.

(24)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (14). Teniendo en cuenta consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,7 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (15) en 2024 no debería superar el 2,3 %, como se refleja en la Recomendación. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 1,0 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público. Según las estimaciones de la Comisión, esto llevaría a un incremento del gasto primario neto inferior a la tasa de crecimiento máxima recomendada para 2024.

(25)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 3,1 % en 2024, lo que se sitúa por encima de la tasa de crecimiento recomendada. El ajuste previsto en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 es inferior al ahorro derivado de la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética. Esto se debe al aumento de las inversiones en el marco del programa France 2030 y a la retirada total del impuesto a la producción sobre el valor añadido de las empresas.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública permanezca estable en el 3,8 % del PIB entre 2023 y 2024. El Programa de Estabilidad de 2023 se refiere a las reformas e inversiones que se espera contribuyan a la sostenibilidad fiscal y a un crecimiento sostenible e inclusivo. Estas reformas e inversiones incluyen una reforma de la gobernanza de las finanzas públicas y un nuevo mecanismo de revisión del gasto, reformas del sistema de pensiones y prestaciones de desempleo, así como inversiones para fomentar las transiciones ecológica y digital, que también forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia. El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2027. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya gradualmente hasta alcanzar el 3,7 % del PIB en 2025, el 3,2 % en 2026 y el 2,7 % en 2027. Por consiguiente, se prevé que el déficit público disminuya y se sitúe por debajo del 3 % del PIB en 2027. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 109,5 % a finales de 2024 al 108,3 % a finales de 2027.

(27)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Francia está en curso. Francia ha presentado una solicitud de pago correspondiente a 38 hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia y que ha dado lugar a un desembolso total de 7 400 000 EUR. Los hitos reflejan los avances en la aplicación de las reformas en los ámbitos de las finanzas públicas, la vivienda, la movilidad, el empleo, las capacidades y la salud. Varios objetivos reflejan importantes inversiones en los ámbitos de la renovación energética de los edificios, la descarbonización de la industria, los vehículos limpios, la investigación, el empleo juvenil y la educación. El 20 de abril de 2023, Francia presentó una modificación de su Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido un capítulo de REPowerEU. La solicitud de Francia de modificar su Plan de Recuperación y Resiliencia se basa en la necesidad de tener en cuenta la elevada inflación experimentada en 2022, las perturbaciones de la cadena de suministro y la revisión a la baja de su asignación máxima de subvenciones del Mecanismo. La inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Francia en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(28)

La Comisión aprobó la mayoría de los documentos de programación de la política de cohesión de Francia en 2022, excepto el programa de San Martín, que se adoptó el 20 de marzo de 2023. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Francia.

(29)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Francia afronta algunos retos adicionales relativos a la escasez de capacidades y las desigualdades del sistema educativo, la política energética y la transición ecológica. Abordar estos retos podría contribuir a impulsar las capacidades de los trabajadores, aumentar la productividad laboral, aumentar la eficiencia energética de las empresas francesas y, a su vez, hacer que la economía francesa sea más competitiva en general.

(30)

La escasez de mano de obra sigue siendo elevada en Francia. Según la encuesta de 2023 sobre las necesidades de mano de obra (llevada a cabo por «Pôle Emploi»), el 61 % de los empleadores prevé nuevas dificultades de contratación en 2023, en particular para la mano de obra cualificada en la construcción y la industria, dos sectores gravemente afectados por las transiciones ecológica y digital. En los últimos años, Francia ha impulsado la inversión en la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores, en parte con el apoyo del Mecanismo. Sin embargo, las evaluaciones muestran que persisten múltiples obstáculos a la mejora de las capacidades de las personas poco cualificadas, lo que socava la eficacia de programas específicos como el plan de inversión en capacidades. Aunque va en aumento, la participación de los trabajadores poco cualificados en la formación sigue siendo muy inferior a la de otros trabajadores y tienden a beneficiarse menos de la formación que conduce a una cualificación. Esto sugiere que seguir aumentando el número de jóvenes que acceden al mercado laboral con suficientes capacidades y cualificaciones básicas debe seguir siendo una prioridad del sistema educativo.

(31)

A pesar de un nivel general de gasto público superior a la media de la OCDE y de buenos resultados, el sistema educativo francés se caracteriza por una proporción significativa de alumnos con bajo rendimiento y el contexto socioeconómico sigue siendo un poderoso predictor del rendimiento de los alumnos. El bajo rendimiento y las desigualdades en las competencias adquiridas en matemáticas siguen siendo motivo de especial preocupación. Según las encuestas nacionales e internacionales, el rendimiento medio en matemáticas ha disminuido constantemente en los últimos 30 años en Francia. Se han tomado algunas medidas para reforzar la adquisición de competencias básicas, en particular reforzando la formación continua de profesores de matemáticas y francés, iniciada en 2019, y añadiendo un módulo de apoyo de una hora en matemáticas y francés al primer año de enseñanza secundaria a partir del curso escolar 2023/24. El plan de reducir a la mitad el tamaño de las clases en primera y secundaria en las escuelas públicas de preescolar y primaria desfavorecidas y se están evaluando las repercusiones a largo plazo en los resultados de aprendizaje de los 300 000 alumnos afectados. Sin embargo, una parte importante de los alumnos desfavorecidos, fuera de los ámbitos prioritarios, no se benefician de ello. También persisten retos, a pesar de las inversiones y los avances, en relación con el acceso de los alumnos y estudiantes con discapacidad al sistema educativo general.

(32)

En 2022, Francia siguió invirtiendo en el sistema de aprendizaje y en otras opciones de aprendizaje en el trabajo, como la reforma de la formación profesional en los centros de enseñanza secundaria. Aunque esas medidas podrían tener un resultado positivo, sus repercusiones aún no se han dejado sentir y requerirían una mayor participación de profesionales y profesores en el diseño de los programas. A pesar de las medidas para mejorar las condiciones de enseñanza, entre las que se encuentra un aumento de los salarios de los profesores, sigue preocupando el atractivo de la profesión docente y la elevada proporción de personal contractual, que a menudo tiene niveles más bajos de cualificaciones y experiencia que el personal permanente y un acceso insuficiente a las oportunidades de formación. En general, la proporción entre profesores y estudiantes sigue siendo una de las más altas de la Unión.

(33)

La combinación energética francesa depende menos de los combustibles fósiles que otros Estados miembros, aunque sigue dependiendo de los combustibles fósiles importados. El consumo de gas natural en Francia cayó un 16 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (16). Francia podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (17). La actual situación geopolítica y los elevados precios de la energía también están haciendo más urgente que Francia intensifique sus esfuerzos por cumplir los objetivos en materia de energías renovables establecidos en su plan nacional de energía y sobre el clima. Con un 19,1 % del consumo final bruto de energía procedente de energías renovables, Francia no alcanzó su objetivo del 23 % en materia de energías renovables para 2020. Tampoco está en vías de alcanzar su objetivo en materia de energías renovables para 2030 y está rezagada en el despliegue de las energías renovables, en particular para la producción de electricidad y calefacción. Una rápida implantación de las energías renovables, como la energía solar y eólica, contribuiría a la seguridad energética de Francia y a la diversificación del suministro al reducir el uso de combustibles fósiles. El bajo índice de implantación de energías renovables puede explicarse por la lentitud y complejidad de los procedimientos administrativos relacionados con la concesión de permisos. Los retrasos en la concesión de permisos para todas las tecnologías (energía eólica terrestre y marina, así como energía solar) están relacionados con la falta de apoyo político a los proyectos, una planificación inadecuada y unos procedimientos de autorización largos y complejos. También se plantean retos relacionados con la aceptación pública y con cuestiones jurídicas, que generan incertidumbre para los inversores y los promotores. El proceso de concesión de permisos podría acelerarse mediante la asignación de más personal y recursos financieros en la administración central a escala regional, así como en las autoridades competentes y los gestores de redes. La mejora de los procedimientos de ordenación territorial y la aplicación más rápida de los procedimientos de licitación también son fundamentales para garantizar la instalación de proyectos de energías renovables.

Francia adoptó en 2023 una ley sobre la aceleración de la producción de energía renovable, que reconoce la necesidad de desarrollar considerablemente el calor y el gas renovables y aumentar la proporción de electricidad renovable para satisfacer las crecientes necesidades de electrificación de los usos. Si se aplica correctamente, esa ley podría fomentar una implantación más rápida de proyectos de energías renovables. Esto podría situar a Francia en la senda del cumplimiento de los objetivos de 2030.

(34)

Con el fin de que su nivel de interconexión alcance el objetivo del 10 % para 2020, el apoyo adicional a los interconectores eléctricos transfronterizos (en fase de desarrollo o previstos) sigue siendo de vital importancia para la integración de grandes porcentajes de energías renovables. Adelantar la inversión en infraestructuras energéticas, tanto nacionales como transfronterizas, contribuirá a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, en particular, del gas ruso. Se recomienda que las nuevas inversiones en redes e infraestructuras sean, en la medida de lo posible, adecuadas para el futuro, con objeto de facilitar su sostenibilidad a largo plazo a través de su futura readaptación para el transporte de combustibles sostenibles. Las interconexiones resultan fundamentales para un funcionamiento eficiente del mercado interior de la energía mediante la puesta en común de recursos para lograr la seguridad general de suministro.

(35)

El Plan de Recuperación y Resiliencia francés contiene grandes proyectos de renovación de edificios para viviendas sociales e individuales, así como edificios públicos y pequeñas empresas. En cuanto a la renovación de edificios residenciales, la mayoría de los proyectos se han centrado en obras en una sola fase, lo que ha dado lugar a renovaciones limitadas. En el primer semestre de 2022, solo el 27 % de las obras contenían al menos dos etapas de renovación y solo el 5 % eran renovaciones totales. Las amplias renovaciones podrían tener repercusiones importantes en la reducción del consumo de energía en el sector de la construcción. Además, un mayor esfuerzo para canalizar la inversión pública y privada para ayudar a los hogares con bajos ingresos a renovar edificios y renovar el parque inmobiliario con peor rendimiento energético podría ayudar a erradicar los 5,2 millones de viviendas más ineficientes desde el punto de vista energético (viviendas con una calificación de eficiencia energética de F y G) de aquí a 2030. La Ley sobre el clima y la resiliencia de 2021 introdujo varias medidas para incentivar la renovación generalizada de edificios, como la prohibición de alquilar viviendas con una calificación de eficiencia energética G a partir de 2025, F a partir de 2028 y E a partir de 2034. A fin de fomentar mejoras más significativas de la eficiencia energética, podría mejorarse el marco político para incentivar una renovación en profundidad y ayudar a Francia a seguir aumentando la eficiencia energética de su parque inmobiliario, con especial énfasis en los hogares con bajos ingresos.

(36)

Francia representa casi el 11 % de la inversión total de capital riesgo de la Unión en empresas emergentes y en expansión de tecnología climática. Sin embargo, a pesar del gran apoyo público, solo el 29 % de las pequeñas empresas francesas han invertido más del 1 % de su volumen de negocios para ser eficientes en el uso de los recursos (40 % de media en la Unión). Los promotores de proyectos de fabricación de tecnologías limpias se enfrentan a una elevada carga administrativa y a largos procedimientos y riesgos de litigio. Por término medio, se tarda 17 meses en obtener una licencia de construcción, obtener una autorización medioambiental y llevar a cabo el proceso de investigación pública para un proyecto industrial. El procedimiento implica puntos de bloqueo, en los que el propietario del proyecto debe esperar las respuestas de diferentes órganos (tribunal administrativo, dictamen de la autoridad medioambiental, informe del investigador público). Además, debe llevarse a cabo una consulta pública para los grandes proyectos industriales. Este proceso puede durar al menos seis meses, lo que aumenta el tiempo necesario para obtener la licencia de obra, obtener la autorización medioambiental y llevar a cabo la investigación pública. Los proyectos de inversión también pueden estar sujetos a procedimientos contenciosos que pueden durar varios años, lo que da lugar al abandono de los proyectos. Si bien los procedimientos de autorización son necesarios para salvaguardar intereses públicos y privados superiores, deben simplificarse y acelerarse para los proyectos de fabricación de tecnologías limpias. Poner en marcha procedimientos administrativos en paralelo y proponer emplazamientos industriales listos para su uso también podría contribuir a ahorrar tiempo.

(37)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la industria manufacturera y la implantación y mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está creando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en Francia en relación con varias ocupaciones que requerían capacidades o conocimientos específicos para la transición ecológica, incluidos técnicos de ingeniería civil, operadores de centrales eléctricas y profesionales de la ingeniería.

(38)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (18) se refleja en la recomendación 1.

(39)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Francia, las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda, tercera y cuarta establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(40)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2023 y el Programa de Estabilidad de 2023. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a abordar las vulnerabilidades asociadas a una deuda pública elevada y a la escasa competitividad y al bajo crecimiento de la productividad. Las recomendaciones 2 y 3 contribuyen a aplicar la recomendación 1. Las políticas a que hace referencia la recomendación 1 contribuyen tanto a abordar los desequilibrios como a aplicar las recomendaciones establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023, en consonancia con el considerando 39.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2023, en el que se señalaba a Croacia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Croacia para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023. Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo principal de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 14 de mayo de 2021, Croacia presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 28 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Croacia (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Croacia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 28 de abril de 2023, Croacia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Croacia sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe de 2023 sobre Croacia. En él se evalúan los avances realizados por Croacia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Croacia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Croacia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

Según los datos validados por Eurostat, el saldo público de Croacia mejoró y se pasó de un déficit del 2,5 % del PIB en 2021 a un superávit del 0,4 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 78,4 % del PIB a finales de 2021 al 68,4 % a finales de 2022.

(13)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron reducciones del IVA y de los impuestos especiales, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron límites máximos de los precios de la energía, derechos de emisión para los consumidores vulnerables, regímenes de apoyo a las empresas y asistencia social para los pensionistas y los hogares vulnerables. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 1,6 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,1 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,1 % del PIB en 2022, frente al 1,3 % de 2021.

(14)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Croacia (7) que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional. Asimismo, el Consejo recomendó a Croacia que mantuviera bajo control el aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(15)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue globalmente neutra, y se situó en el + 0,2 % del PIB, lo que resultó adecuado en un contexto de elevada inflación (9). Atendiendo a la recomendación del Consejo, Croacia continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 2,6 % del PIB en 2022 (2,7 % del PIB en 2021). Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto contractivo de 0,6 puntos porcentuales (10) en la orientación de la política fiscal (11). Por consiguiente, Croacia no mantuvo las inversiones financiadas a nivel nacional, lo que no se ajusta a la Recomendación del Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto globalmente neutro de 0,1 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. Por lo tanto, Croacia mantuvo suficientemente bajo control el incremento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(16)

Por lo que respecta a 2023, el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 es más favorable que el de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, mientras que para los años posteriores ambos escenarios son similares. El Gobierno prevé un aumento del PIB real del 2,2 % en 2023 y del 2,6 % en 2024. En comparación, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 prevén un menor crecimiento del PIB real, del 1,6 % en 2023 y del 2,3 % en 2024, debido principalmente a unas estimaciones más prudentes para los hogares y el consumo público, así como a la inversión total.

(17)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el saldo público se deteriore hasta una ratio de déficit del 0,7 % del PIB en 2023. El deterioro en 2023 obedece principalmente al efecto retardado de la inflación sobre el gasto público, concretamente a través de los mecanismos de indexación de los salarios públicos, las pensiones y las prestaciones sociales. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 68,4 % a finales de 2022 al 62,6 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 0,5 % del PIB para 2023, lo que está en consonancia en términos generales con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan una ratio de deuda pública con respecto al PIB similar, del 63,0 % a finales de 2023.

(18)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han ido prorrogando desde 2022 (en particular por el lado de los ingresos: reducciones del IVA y de los impuestos especiales; pero también por el lado del gasto: límites máximos de los precios de la energía, ayudas para los consumidores vulnerables, regímenes de apoyo a las empresas y asistencia social para los pensionistas y los hogares vulnerables). En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 1,5 % del PIB en 2023 (12). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, y muchas de ellas no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (13), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,2 % del PIB en 2023 (frente al 0,3 % del PIB en 2022). Se prevé que el coste presupuestario de la protección temporal de las personas desplazadas procedentes de Ucrania permanezca estable en comparación con 2022.

(19)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Croacia que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (14), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, Croacia debía estar preparada para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Croacia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(20)

En 2023, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 estiman que la orientación de la política fiscal será expansiva (– 1,0 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación globalmente neutra de la política fiscal en 2022 (+ 0,2 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto expansivo del 0,4 % del PIB en la orientación de la política fiscal. Esto incluye la reducción del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,1 % del PIB. El efecto expansivo del gasto corriente primario neto financiado a nivel nacional no se debe, por tanto, al apoyo específico a los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. El crecimiento expansivo del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) también está impulsado por el mantenimiento de medidas energéticas no específicas, aumentos permanentes de los salarios del sector público y de las prestaciones sociales y tipos de IVA más bajos para los productos no energéticos. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional no está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 3,1 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal de 0,7 puntos porcentuales (15). Así pues, Croacia tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Tiene previsto financiar la inversión pública para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, como la renovación energética de los edificios, la digitalización de la administración pública, la inversión en diagnósticos y equipos digitales en hospitales, y el apoyo a las transiciones ecológica y digital del sector empresarial, que se financian con cargo al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público aumente hasta el 1,5 % del PIB en 2024. El aumento en 2024 refleja principalmente un mayor gasto de capital y una indexación que sigue siendo relativamente elevada de los salarios, las pensiones y el gasto en asistencia social. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB disminuya hasta el 59,8 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 1,3 % del PIB en 2024, lo que está en consonancia en términos generales con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 prevén una ratio de deuda pública con respecto al PIB más elevada, del 61,8 % al final de 2024, y la diferencia con respecto a las previsiones del Programa de Estabilidad de 2023 se explica en gran medida por el efecto denominador (diferencia en el PIB nominal en 2024) y, en menor medida, por las diferentes hipótesis relativas al ajuste entre flujos y fondos.

(22)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de la mayoría de las medidas de apoyo en materia energética en 2024. En la actualidad, la Comisión calcula el coste neto de las medidas de apoyo en materia energética en el 0,2 % del PIB en 2024. Dichas estimaciones se basan en el supuesto de que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(23)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (16). Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,3 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (17) en 2024 no debería superar el 5,1 %, como se refleja en la presente Recomendación. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 1,5 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público. Según las estimaciones de la Comisión, esto llevaría a un incremento del gasto primario neto inferior a la tasa de crecimiento máxima recomendada para 2024. Además, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional en 2023 no se ajusta a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Si esto se confirma, sería apropiado un menor incremento del gasto primario neto en 2024.

(24)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 6,8 % en 2024, lo que se sitúa por encima de la tasa de crecimiento recomendada. El ajuste contemplado en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 es inferior al ahorro derivado de la plena eliminación de las medidas de apoyo en materia energética, lo que se debe a un aumento de la dinámica de los gastos de capital, salarios y sociales.

(25)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública permanezca estable en el 4,6 % del PIB entre 2023 y 2024. El Programa de Estabilidad de 2023 se refiere a las reformas e inversiones que se espera contribuyan a la sostenibilidad fiscal y a un crecimiento sostenible e inclusivo. Estas incluyen reformas (sector de la asistencia sanitaria y el bienestar, mejora de la gestión de las empresas estatales, mejora de la ley de responsabilidad fiscal) e inversiones (infraestructuras de transporte y agua, renovaciones energéticas de edificios de varias viviendas, inversiones en las transiciones ecológica y digital, así como en infraestructuras educativas), que también forman parte en su mayoría del Plan de Recuperación y Resiliencia.

(26)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya hasta alcanzar el 0,8 % del PIB en 2025 y el 0,6 % en 2026. Por tanto, se prevé que el déficit público se mantenga por debajo del 3 % del PIB durante el período cubierto por el programa. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 59,8 % a finales de 2024 al 55,6 % a finales de 2026. Por consiguiente, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB disminuya y se mantenga por debajo del 60 % durante el período cubierto por el programa.

(27)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Croacia está muy avanzada. Croacia ha presentado dos solicitudes de pago, correspondientes a 59 hitos y objetivos del plan y que han dado lugar a un desembolso total de 1 400 millones EUR. Se espera que Croacia presente una modificación de su plan, que debería incluir un capítulo de REPowerEU, así como medidas adicionales en otros ámbitos, que se financiarán con cargo al componente de préstamo. De conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/241, el 30 de marzo de 2023, Croacia manifestó su intención de solicitar 3 612 millones EUR de ayuda adicional en forma de préstamos en el marco del Mecanismo. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Croacia en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(28)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Croacia en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Croacia.

(29)

Croacia importa alrededor del 53 % de la energía total consumida cada año, aunque tiene un gran potencial en energías renovables, en particular de fuentes solares, eólicas y geotérmicas. La mitad de la electricidad del país es generada por centrales hidroeléctricas; la cuota de la energía eólica ha aumentado y ha alcanzado el 14 %, pero la cuota de la energía solar sigue siendo solo del 1 %. Los factores clave para acelerar la adopción de las instalaciones solares y eólicas son la racionalización de los procedimientos de concesión de autorizaciones y la finalización del marco legislativo pertinente para ofrecer a los productores y autoconsumidores una mayor seguridad jurídica. Otros factores son una mejora significativa de la red de transporte y su extensión a la parte meridional del país, donde se producen principalmente fuentes de energía renovables, así como la implantación de contadores inteligentes para pequeñas instalaciones solares. El consumo de energía en el sector residencial es bastante elevado en Croacia (35 % del consumo total de energía), con un 71 % de dependencia del gas para calefacción. La revisión y simplificación de los procedimientos para la instalación de instalaciones solares fotovoltaicas en edificios de apartamentos, así como la implantación acelerada de bombas de calor para calefacción y refrigeración, son medidas pertinentes para la renovación energética en el sector de la construcción. La cuota de fuentes de energía renovables utilizadas en el transporte es baja (7 % frente al objetivo de 2030 del 14 %), al igual que la cuota del ferrocarril en el transporte de pasajeros (2,5 % frente al 8 % en la Unión). Modernizar la infraestructura ferroviaria y el material rodante y garantizar una mayor aceptación de los vehículos de cero emisiones puede contribuir en gran medida a la descarbonización del sector del transporte. El consumo de gas natural en Croacia cayó un 22 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (18). Croacia podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (19).

(30)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la industria manufacturera y la implantación y mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está creando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en Croacia en 31 ocupaciones que requerían capacidades o conocimientos específicos para la transición ecológica, incluidos los sectores de la construcción y la fabricación (ambos por debajo de la media de la Unión).

(31)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (20) se refleja en la recomendación 1.

(32)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Croacia, las recomendaciones 1, 2 y 3 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda y tercera establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. El 14 de diciembre de 2022, la Comisión adoptó un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Italia para 2023. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023. Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 30 de abril de 2021, Italia presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Italia (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Italia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 2 de mayo de 2023, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Italia sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe de 2023 sobre Italia. En él se evalúan los avances realizados por Italia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Italia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Italia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Italia de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión llegó a la conclusión de que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, aunque se han producido algunas mejoras, persisten las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública y el débil crecimiento de la productividad, en un contexto de fragilidad del mercado laboral y de ciertas debilidades de los mercados financieros, que tienen relevancia transfronteriza. Las vulnerabilidades de larga data de Italia se han reducido ligeramente en los últimos años, pero siguen siendo significativas y no se espera que se diluyan rápidamente. El persistente bajo crecimiento de la productividad ha sido un factor clave de la persistente debilidad del crecimiento económico de Italia, que frena el desapalancamiento de la deuda pública, hace mella en las oportunidades de empleo y afecta a los balances de los bancos. La ratio de deuda pública siguió disminuyendo en 2022, junto con la recuperación económica. Sin embargo, sigue siendo elevada y constituye un reto importante para la sostenibilidad fiscal. Se prevé que la ratio de deuda pública siga disminuyendo de aquí a 2024, pero que aumente a medio plazo si no se adoptan medidas de saneamiento. El Gobierno ha aplicado nuevas medidas para fomentar la resiliencia del sector financiero y los préstamos dudosos han disminuido significativamente, pero los bancos siguen estando significativamente expuestos a la deuda soberana. Se han realizado algunos avances con las políticas para abordar los desequilibrios, pero se requiere un esfuerzo continuado y la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia sigue siendo la prioridad política clave, ya que incluye reformas integrales e inversiones significativas. Situar la elevada deuda pública en una firme tendencia a la baja, en un contexto de aumento de los costes del servicio de la deuda y de aumento de los costes derivados del envejecimiento de la población, requiere un enfoque multidimensional basado en políticas fiscales prudentes con superávits primarios adecuados, inversiones y reformas favorables al crecimiento, un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias y un uso eficiente de los recursos nacionales y de la Unión. Italia se enfrenta a retos para cuya superación sería beneficioso, además de seguir aplicando de manera firme el Plan de Recuperación y Resiliencia, intensificar los esfuerzos en lo que se refiere a distintas políticas, en particular en los ámbitos de la fiscalidad, el marco fiscal y los sistemas de pensiones, así como en los ámbitos de la demografía, el mercado laboral y la energía.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Italia disminuyó del 9,0 % del PIB en 2021 al 8,0 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 149,9 % del PIB a finales de 2021 al 144,4 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado. En él se analizaba la situación presupuestaria de Italia, ya que el déficit público en 2022 superaba el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, mientras que la deuda pública superaba el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en el Tratado y no respetaba el valor de referencia de reducción de la deuda. El informe concluía que no se cumplían los criterios de déficit y deuda. De conformidad con su Comunicación de 8 de marzo de 2023, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Italia debe tener en cuenta esta información en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la elaboración del proyecto de plan presupuestario para 2024.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por el nuevo tratamiento estadístico de algunos créditos fiscales para la renovación de viviendas, que ahora se registran como transferencias de capital y se acumulan principalmente para el período 2021-2022 (7). Se ha visto afectado también por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron medidas para controlar las cargas generales del sistema en los sectores de la electricidad y el gas, la reducción del tipo del IVA sobre el gas, la reducción de los impuestos especiales sobre los precios de los combustibles y la reducción de las cotizaciones a la seguridad social para los trabajadores por debajo de un determinado umbral de ingresos, mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyeron subvenciones a las empresas de electricidad y gas, la ampliación de la «bonificación social» para las facturas de electricidad y gas para los hogares con bajos ingresos, las prestaciones sujetas a prueba de recursos para los trabajadores, los pensionistas y los desempleados, y un aumento de las pensiones de vejez del 2 % en octubre de 2022, antes de la indexación obligatoria que debía normalmente llevarse a cabo en 2023. El coste de estas medidas se vio parcialmente compensado por nuevos impuestos sobre los beneficios imprevistos de los productores y proveedores de energía y los ingresos procedentes del mecanismo de compensación sobre el precio de la electricidad producida a partir de fuentes renovables y de la aplicación de un mecanismo de compensación en el sector de la electricidad, que se considera que aplica el Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo (8) relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 2,5 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,1 % del PIB en 2022. Al mismo tiempo, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 cayó hasta el 1,1 % del PIB en 2022, frente al 3,4 % en 2021, a medida que el Gobierno eliminó gradualmente la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Italia (9) que en 2022 utilizara el Mecanismo para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación, aplicando al mismo tiempo una política fiscal prudente. Además, el Consejo recomendó a Italia que mantuviera las inversiones financiadas a nivel nacional. El Consejo también recomendó a Italia que limitara el aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (10) en 2022 fue expansiva, y se situó en el – 3,2 % del PIB. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Italia continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 0,9 % del PIB en 2022 (0,4 % del PIB en 2021). Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto neutro en la orientación de la política fiscal (11). Por consiguiente, Italia mantuvo la inversión financiada a nivel nacional, según lo recomendado por el Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto expansivo de 2,4 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. Este importante efecto expansivo incluyó la repercusión adicional de las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar las consecuencias económicas y sociales del aumento de los precios de la energía (coste presupuestario neto adicional del 2,2 % del PIB), así como los costes de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania (0,1 % del PIB). Por lo tanto, Italia mantuvo suficientemente bajo control el incremento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(17)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 está en consonancia con las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, tanto para 2023 como para 2024. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 1,0 % en 2023 y un 1,5 % en 2024. En comparación, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 prevén un crecimiento del PIB real ligeramente superior (1,2 %) en 2023 y algo más bajo (1,1 %) en 2024, debido principalmente a una menor contribución de la inversión, que el Gobierno prevé que crezca un 3,4 % interanual, mientras que la Comisión prevé que crezca un 1,4 %.

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el déficit público disminuya hasta el 4,5 % del PIB en 2023. La disminución en 2023 refleja principalmente la reducción de las transferencias de capital relacionadas con créditos fiscales que apoyan la inversión privada en eficiencia de la vivienda, una disminución de la remuneración de los empleados debido a la renovación retroactiva de los contratos públicos para el período 2019-2021, para la que se registró una parte sustancial de los atrasos en 2022, una reducción de las subvenciones a la producción en conjunción con la reducción de los créditos fiscales a las empresas de electricidad y gas y un menor gasto por intereses, debido principalmente al menor rendimiento de la deuda pública indexada a la inflación. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 144,4 % a finales de 2022 al 142,1 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 4,5 % del PIB para 2023, lo que está en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB más baja, del 140,4 % a finales de 2023. La diferencia se debe a un mayor crecimiento del PIB nominal en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han ido prorrogando desde 2022 (en particular: subvenciones a las empresas de electricidad y gas, medidas para controlar las cargas generales del sistema en el sector del gas, reducción del tipo del IVA sobre el gas y reducción de las cotizaciones a la seguridad social para los trabajadores por debajo de un determinado umbral de ingresos), así como nuevas medidas como una prima para calefacción para todos los hogares durante el período comprendido entre octubre y diciembre de 2023. El coste de estas medidas sigue estando parcialmente compensado por los impuestos sobre los beneficios imprevistos de los productores y proveedores de energía. Teniendo en cuenta dichos ingresos, en sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 1,0 % del PIB en 2023 (12). La mayoría de las medidas de 2023 están dirigidas a los hogares más vulnerables o a las empresas, aunque la mayoría de las medidas de apoyo en materia energética no preservan plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (13), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,7 % del PIB en 2023 (frente al 1,2 % del PIB en 2022). Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual completa de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 1,1 % del PIB.

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Italia que en 2023 garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo (14), teniendo en cuenta el mantenimiento de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, Italia debía estar preparada para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Italia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será contractiva en 2023 (+ 2,6 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación expansiva de la política fiscal en 2022 (– 3,2 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto contractivo en la orientación de la política fiscal del 0,9 % del PIB. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. El efecto contractivo previsto de los gastos corrientes primarios financiados a nivel nacional se debe, en esencia, a la reducción de los costes (en 1,5 puntos porcentuales del PIB) de las medidas (específicas y no específicas) de apoyo a los hogares y las empresas en respuesta a las subidas de los precios de la energía. Los principales motores del crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) son el aumento del gasto en pensiones debido a la indexación parcial a la inflación (15) del año anterior y los nuevos recortes de la cuña fiscal sobre el trabajo para los perceptores de ingresos bajos y medios recientemente adoptados. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 1,4 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal de 0,1 puntos porcentuales (16). Así pues, Italia tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Tiene previsto financiar la inversión pública para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, como las inversiones en la red ferroviaria, las energías renovables, el hidrógeno, las redes eléctricas y la movilidad sostenible, la protección de los recursos terrestres y hídricos, así como las inversiones relacionadas con la infraestructura en la nube para la administración pública, que se financian en parte con cargo al Mecanismo y otros fondos de la Unión. En vista de las inundaciones devastadoras que sufrió Italia en mayo de 2023, el coste del apoyo de emergencia directo en relación con dichas inundaciones se tendrá en cuenta en las evaluaciones posteriores del cumplimiento y en principio se considerará como un conjunto de acciones puntuales y temporales (17).

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 3,7 % del PIB en 2024. La disminución en 2024 refleja principalmente una reducción del gasto en consumo intermedio y en créditos fiscales a las empresas de electricidad y gas. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB disminuya hasta el 141,4 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 3,7 % del PIB en 2024. Esto está en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, aunque las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 no incluyen medidas previstas de aumento del déficit equivalentes al 0,2 % del PIB, sobre las que aún no se conocen los detalles. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan una ratio de deuda pública con respecto al PIB más baja, del 140,3 % a finales de 2024. La diferencia se debe a un mayor crecimiento del PIB nominal en las previsiones de la Comisión.

(23)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión también asume la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(24)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (18). Teniendo en cuenta consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,7 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional en 2024 no debería superar el 1,3 %, como se refleja en esta Recomendación. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 1,0 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público. Según las estimaciones de la Comisión, esto llevaría a un incremento del gasto primario neto inferior al recomendado para 2024.

(25)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 0,8 % en 2024, lo que se sitúa por debajo de la tasa de crecimiento recomendada. En vista de las inundaciones devastadoras que sufrió Italia en mayo de 2023, el coste del apoyo de emergencia directo en relación con dichas inundaciones se tendrá en cuenta en las evaluaciones posteriores del cumplimiento y en principio se considerará como un conjunto de acciones puntuales y temporales.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública aumente del 3,3 % del PIB en 2023 al 3,8 % del PIB en 2024. El mayor volumen de inversión refleja un aumento de la inversión financiada a nivel nacional y de la inversión financiada por la Unión, en particular a través del Mecanismo. El Programa de Estabilidad de 2023 se refiere a las reformas e inversiones que se espera contribuyan a la sostenibilidad fiscal y a un crecimiento sostenible e inclusivo. Estas reformas e inversiones incluyen la reforma del código de contratación pública, que también forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y el sistema fiscal incluido en la Ley de habilitación de marzo de 2023 (la «Ley de habilitación para la reforma fiscal»).

(27)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya hasta alcanzar el 3,0 % del PIB en 2025 y el 2,5 % en 2026. Por consiguiente, se prevé que el déficit público no rebase el 3 % del PIB a partir de 2025. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 141,4 % a finales de 2024 al 140,4 % a finales de 2026.

(28)

La cuña fiscal sobre el trabajo de Italia se ha mantenido elevada en todos los niveles de renta en comparación con otros Estados miembros, a pesar de la reducción de los impuestos sobre la renta de las personas físicas aplicada en 2022. Además, la ampliación del régimen de tanto alzado a los trabajadores autónomos suscita preocupación por la equidad y la eficiencia del sistema fiscal. La introducción de un nuevo régimen a tanto alzado sobre el aumento de los ingresos en 2023 también aumentó la complejidad. En marzo de 2023, el Gobierno adoptó una nueva Ley de habilitación para una reforma general del sistema fiscal (la «Ley de habilitación para la reforma fiscal»). Se espera que aborde algunas deficiencias de larga data, en particular reduciendo los impuestos sobre el trabajo y racionalizando los gastos fiscales y los impuestos de sociedades. Al aplicar esta reforma, es fundamental preservar la progresividad del sistema fiscal, reducir la complejidad, aumentar los incentivos al trabajo, reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y garantizar la neutralidad presupuestaria. A este respecto, existe el potencial de aumentar los ingresos procedentes de otras fuentes que son menos perjudiciales para el crecimiento, como la propiedad, el IVA y la autorización para el uso de activos costeros de propiedad estatal, con el fin de reducir la presión fiscal sobre el trabajo de una manera neutra desde el punto de vista presupuestario. También hay margen para mejorar el diseño de los impuestos medioambientales, que, a pesar de los ingresos relativamente elevados, no promueven suficientemente la transición hacia tecnologías más limpias, también debido al uso generalizado de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Además, es importante abordar un reto de larga data que no está incluido en la Ley de habilitación para la reforma fiscal, a saber, los valores catastrales en gran medida obsoletos, que sirven de base para el cálculo del impuesto sobre bienes inmuebles.

(29)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Italia está en curso, aunque con un riesgo cada vez mayor de retrasos. Italia ha presentado tres solicitudes de pago, correspondientes a 151 hitos y objetivos del plan y que han dado lugar a un desembolso total de 42000 millones EUR (el importe hace referencia a las dos primeras solicitudes de pago, mientras que la tercera está siendo evaluada). Es esencial avanzar rápidamente en la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia y la negociación de la modificación, debido al carácter temporal del Mecanismo, en vigor hasta 2026. Es importante que Italia refuerce la capacidad administrativa, particularmente a escala subnacional, para seguir cumpliendo los compromisos del Plan de Recuperación y Resiliencia, mientras que un marco de gobernanza eficaz y plenamente operativo sigue siendo fundamental para una aplicación fluida y oportuna de dicho plan. Sigue siendo crucial detectar en una fase temprana posibles retrasos y problemas de aplicación y tomar medidas oportunas para resolverlos. De conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/241, el 31 de marzo de 2023, Italia manifestó su intención de solicitar ayuda adicional en forma de préstamos en el marco del Mecanismo. La negociación sobre la adenda y el capítulo de REPowerEU está en curso, aunque Italia no ha presentado ninguna propuesta oficial. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Italia en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(30)

La Comisión aprobó la mayoría de los documentos de programación de la política de cohesión de Italia en 2022 y uno en 2023. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Italia.

(31)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Italia afronta algunos retos adicionales relativos a la política energética y la transición ecológica, en particular en lo que respecta a la adopción de energías renovables, el transporte de gas, la eficiencia energética, el suministro y la adquisición de capacidades ecológicas y la movilidad sostenible.

(32)

La capacidad renovable creció muy lentamente durante el último año y la cuota de combustibles fósiles en la combinación energética sigue siendo significativa. Para acelerar la adopción de las energías renovables, Italia ha aprobado algunas modificaciones del marco existente que regula el proceso de concesión de autorizaciones de las energías renovables. Son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar la coherencia entre el marco administrativo y legislativo, tanto a escala nacional como subnacional, y su pertinencia para la tecnología energética más avanzada. Por ejemplo, todas las normas relacionadas podrían consolidarse en un texto único (Testo unico); al mismo tiempo, deben actualizarse las directrices que siguen las autoridades subnacionales para evaluar los proyectos. Por último, se necesitan más inversiones para mejorar la red nacional y construir interconexiones entre el continente, Sicilia y Cerdeña, a fin de permitir la mayor capacidad de generación prevista y absorber el aumento conexo de la producción de energías renovables.

(33)

Siguen existiendo cuellos de botella en la red de gas. Italia está debatiendo inversiones con socios del norte de África para aumentar la capacidad de importación de los gasoductos e interconectores de gas existentes. Esto ayudaría a diversificar las importaciones y, por lo tanto, a reforzar la seguridad del suministro. Sin embargo, se necesitan más inversiones para eliminar los cuellos de botella en la red nacional existente, que no dispone de capacidad de transporte para distribuir la nueva entrada de gas desde el sur hasta el norte del país. Las inversiones en infraestructuras de combustibles fósiles deben limitarse a lo estrictamente necesario y estar preparadas para el futuro, a fin de evitar la dependencia de tecnologías que no sean coherentes con los objetivos climáticos o que aumenten el coste de la transición energética.

(34)

El consumo de gas natural en Italia cayó un 19 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco últimos años, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 % establecido en el Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (19). Italia podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2023/706 del Consejo (20). Las medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios deben ser específicas. El parque inmobiliario italiano tiene un potencial considerable de eficiencia energética, en particular por lo que se refiere a la gran proporción de edificios antiguos y de gran consumo energético. Las medidas existentes en el Plan de Recuperación y Resiliencia podrían complementarse con medidas como sistemas de incentivos específicos para aumentar la eficiencia energética en los edificios menos eficientes, incluidos los edificios comerciales y las viviendas públicas, garantizando al mismo tiempo que los hogares vulnerables se beneficien de dichas medidas y evitando los efectos regresivos. Estas medidas beneficiarían en particular a las pequeñas, medianas y microempresas, que a menudo carecen de la capacidad técnica y financiera para mejorar su eficiencia energética. Las mismas medidas también contribuirían a reducir la pobreza energética, que podría abordarse con otras medidas, por ejemplo, a través de ventanillas únicas que ofrezcan servicios personalizados para el ahorro de energía. Para aumentar la eficiencia energética, también resultaría beneficioso incrementar la vigilancia del mercado en materia de diseño ecológico y etiquetado energético.

(35)

Las deficiencias en lo que respecta a las infraestructuras y las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, incluido el transporte por carretera, siguen siendo importantes y desincentivan la transición hacia soluciones de transporte más sostenibles. Por ejemplo, el número medio de puntos de recarga sigue siendo inferior a la media de la Unión. Entre las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente se incluyen el régimen fiscal a tanto alzado de los vehículos de empresa disponibles para el uso privado y el reembolso del impuesto especial sobre el gasóleo utilizado en el transporte de mercancías. La continuación de los esfuerzos para implantar estaciones de recarga y eliminar estas subvenciones es fundamental para consolidar el mercado de vehículos de emisión cero.

(36)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En Italia, tanto las profesiones altamente cualificadas como las poco cualificadas, que son fundamentales para la transición ecológica, se ven afectadas por la escasez. Al mismo tiempo, el apoyo a la formación a menudo no llega a los trabajadores más afectados por la transición ecológica. La falta de competencias para la transición ecológica en el sector público, en particular a escala local, también está frenando las inversiones ecológicas. Italia se enfrenta a grandes disparidades regionales que corren el riesgo de verse exacerbadas si los mercados laborales locales no son capaces de aprovechar las oportunidades de la transición ecológica. Además, impulsar las competencias para la transición ecológica, también para la gestión sostenible del suelo, sería fundamental para combatir los efectos del cambio climático, en particular las inundaciones agravadas y las sequías persistentes.

(37)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (21) se refleja en la recomendación 1.

(38)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica, y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Italia, las recomendaciones 1, 2 y 3 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda, tercera y cuarta establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(39)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2023 y el Programa de Estabilidad de 2023. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a abordar las vulnerabilidades asociadas a la elevada deuda pública y al bajo crecimiento de la productividad. La recomendación 2 contribuye a aplicar la recomendación 1. Las políticas a que hace referencia la recomendación 1 contribuyen tanto a abordar los desequilibrios como a aplicar las recomendaciones establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023, en consonancia con el considerando 38.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos. Por lo tanto, sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Chipre para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 17 de mayo de 2021, Chipre presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 28 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Chipre ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 9 de mayo de 2023, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 2 de mayo de 2023, su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Chipre sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Chipre. En él se evalúan los avances realizados por Chipre para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Chipre. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Chipre en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Chipre de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión llegó a la conclusión de que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas con la deuda privada, pública y externa han disminuido en general pero siguen siendo un motivo de preocupación. En particular, las elevadas deudas, incluidos los préstamos dudosos, han disminuido significativamente y se espera que sigan haciéndolo, mientras que los déficits por cuenta corriente siguen siendo un problema. La deuda privada ha ido disminuyendo desde 2015, excepto en 2020 durante la crisis de la COVID-19, y se espera que siga disminuyendo en 2023 y 2024, con el respaldo del crecimiento del PIB nominal. Sin embargo, unos tipos de interés más elevados podrían ejercer presión sobre el servicio de la deuda, a medida que prevalecen los préstamos a tipo de interés variable. Los stocks de deuda privada y externa se ven afectados por la presencia de entidades con fines especiales en Chipre, que elevan los niveles de deuda pero plantean riesgos limitados para la economía. Los préstamos dudosos en poder de los bancos han disminuido de forma muy acusada en los últimos años gracias a las ventas de estos préstamos, las amortizaciones, los reembolsos en efectivo, las curas y las permutas de deuda por activos. La deuda pública ha ido disminuyendo de forma constante; ha caído por debajo del nivel previo a la pandemia y se espera que siga esta tendencia en 2023 y 2024. A pesar de la recuperación del turismo, el elevado déficit por cuenta corriente aumentó en 2022, lo que refleja la solidez de la demanda interna y los elevados precios de la energía; se espera que disminuya ligeramente en 2023 y 2024, pero que siga siendo elevado. La respuesta política ha sido favorable. Se espera que varias medidas incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia contribuyan a diversificar la economía, apoyen el crecimiento de las exportaciones y alivien la dependencia excesiva de las importaciones de petróleo. Como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, a mediados de 2022 se adoptó un paquete de modificación de la legislación sobre las empresas adquirentes de créditos y los administradores de créditos, lo que mejoró su entorno de trabajo y apoyó la reducción de los préstamos dudosos. Tras varias prórrogas, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias finalizó en febrero: un marco eficaz de ejecución hipotecaria es fundamental para animar a los prestatarios a participar en la reestructuración de los préstamos, reducir aún más los préstamos dudosos en la economía, ayudar a reducir el endeudamiento privado y mejorar la disciplina de pago.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el saldo público de Chipre mejoró y se pasó de un déficit del 2,0 % del PIB en 2021 a un superávit del 2,1 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 101,2 % del PIB a finales de 2021 al 86,5 % a finales de 2022.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron la rebaja del impuesto especial sobre los combustibles para todos los consumidores (de 7 céntimos por litro en el caso de la gasolina y el gasóleo y de 5,37 céntimos por litro en el caso del combustible para calefacción ) y la reducción del tipo del IVA sobre el consumo de electricidad para los hogares del 19 % al 9 % (con una nueva reducción para los hogares vulnerables al 5 %), mientras que entre las medidas de política fiscal de aumento del gasto se incluyó la subvención para hacer frente al aumento de las tarifas eléctricas, que cubría entre el 50 % y el 100 % del aumento. Para la aplicación de dicha subvención, el Gobierno está realizando pagos a la Autoridad de Electricidad de Chipre, una entidad de propiedad estatal al 100 %. La Comisión estima el coste presupuestario neto de dichas medidas en un 0,7 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a los desplazados procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,1 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 0,3 % del PIB en 2022, frente al 2,9 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Chipre (7) que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue neutra, lo que resultó adecuado en un contexto de elevada inflación. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Chipre continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 1,4 % del PIB en 2022 (1,6 % del PIB en 2021). La disminución de los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión en 2022 se debió a una fase inicial del nuevo período de programación para otros fondos de la Unión. Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto contractivo de 0,1 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Chipre no mantuvo las inversiones financiadas a nivel nacional, lo que no se ajusta a la Recomendación del Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto neutro en la orientación de la política fiscal. Por lo tanto, Chipre mantuvo suficientemente bajo control el incremento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(17)

Por lo que respecta a 2023, el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 es más favorable que el de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, mientras que para los años posteriores ambos escenarios son similares. El Gobierno prevé que el PIB real aumente un 2,8 % en 2023 y un 3,0 % en 2024. En cambio, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 prevén un menor crecimiento del PIB real del 2,3 % en 2023 y del 2,7 % en 2024, debido principalmente a una menor contribución de la demanda interna al crecimiento.

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el superávit público disminuya marginalmente del 2,1 % del PIB en 2022 al 2,0 % en 2023, Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 86,5 % a finales de 2022 al 81,1 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un superávit público del 1,8 % del PIB en 2023, lo que está en consonancia con el superávit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB del 80,4 % a finales de 2023, que también es similar al previsto en el programa.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han venido prorrogando desde 2022, en particular, la rebaja del impuesto especial sobre los combustibles para todos los consumidores y la subvención para hacer frente al aumento de las tarifas eléctricas. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 0,4 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables, y muchas de ellas no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,0 % del PIB en 2023 (frente al 0,1 % del PIB en 2022).

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Chipre que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (12), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Además, Chipre debía estar preparado para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Chipre que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima que la orientación de la política fiscal será globalmente neutra en 2023 (– 0,1 % del PIB), lo que supone que se mantiene la orientación neutra de la política fiscal de 2022 (0,0 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto neutro del 0,0 % del PIB en la orientación de la política fiscal. Esto incluye la reducción del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,1 % del PIB. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 0,8 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal de 0,8 puntos porcentuales (13). Así pues, Chipre tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Tiene previsto financiar inversiones públicas para impulsar las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética, como un sistema de gestión del mercado para el mercado de la electricidad de Chipre, la construcción de nuevos edificios eficientes desde el punto de vista energético, incluido un nuevo hospital de salud mental, la mejora de la eficiencia energética de las escuelas y la mejora de la seguridad hídrica en las regiones de Nicosia y Lárnaca mediante la construcción de un depósito, que se financian en parte con cargo al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el superávit público aumente hasta el 2,3 % del PIB en 2024. El aumento en 2024 refleja principalmente el aumento de las cotizaciones a la seguridad social a partir del 1 de enero de 2024. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB disminuya hasta el 72,9 % a finales de 2024. Teniendo en cuenta las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un superávit público del 2,1 % del PIB en 2024, lo que está en consonancia con el superávit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB similar, del 72,5 %, a finales de 2024.

(23)

El Programa de Estabilidad prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión también cuenta con la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(24)

En el programa, Chipre tiene previsto cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo —un saldo presupuestario estructural del 0,0 % del PIB— en 2023 y mantenerlo durante el resto del período de ejecución del programa. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, se prevé que el saldo estructural se sitúe en el + 0,9 % del PIB en 2023 y en el + 1,3 % del PIB en 2024, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Una política fiscal prudente en 2024 también contribuirá a reforzar la posición exterior.

(25)

Suponiendo que no se modifiquen las políticas, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 estiman que el gasto primario neto financiado a nivel nacional (14) crezca un 3,6 % en 2024.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública disminuya del 3,0 % del PIB en 2023 al 2,8 % del PIB en 2024. La menor inversión refleja un nivel constante de inversión nominal con un PIB más elevado.

(27)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que el superávit público se mantenga constante, en el 2,3 % del PIB en 2025, y que aumente hasta el 2,4 % en 2026. Por lo tanto, se prevé que el saldo público alcance el valor de referencia pertinente establecido en el Tratado durante el período cubierto por el programa. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 72,9 % a finales de 2024 al 60,1 % a finales de 2026.

(28)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre está en curso, aunque con riesgo de sufrir algunos retrasos. Chipre ha presentado una solicitud de pago correspondiente a 14 hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia y que ha dado lugar a un desembolso total de 85 millones EUR. El Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre es relativamente grande y complejo. Para minimizar el riesgo de retrasos, son esenciales una gobernanza sólida y un seguimiento continuo del Plan de Recuperación y Resiliencia. Está previsto revisar el Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre para incluir medidas de REPowerEU y tener en cuenta la reducción de la contribución financiera máxima. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Chipre en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(29)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Chipre en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Chipre.

(30)

Además de los retos económicos y sociales que abordan el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Chipre se enfrenta a una serie de retos adicionales relacionados con el entorno empresarial, en particular en lo que se refiere a la gobernanza de las entidades públicas, la implantación de las energías renovables, la mejora y modernización de la red eléctrica, las interconexiones energéticas, la eficiencia energética, el transporte sostenible y las capacidades necesarias para la transición ecológica.

(31)

El sistema de gobernanza muestra lagunas con respecto a las normas internacionales, por ejemplo, las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las entidades públicas y el conjunto de herramientas del Banco Mundial para la gobernanza empresarial de las entidades públicas. En particular, una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas en relación con el rendimiento financiero y los objetivos públicos, así como la aplicación de buenas prácticas, como, por ejemplo, un proceso transparente y basado en los méritos para la designación de los órganos de gestión de las entidades públicas, aumentarían la eficiencia y la eficacia de las entidades públicas. El cambio de la función de propiedad de las entidades públicas de los ministerios de orientación política a un organismo central específico o, al menos, la creación de una unidad de supervisión centralizada en el Ministerio de Hacienda también mejoraría la situación actual. La mejora de la gobernanza contribuiría a garantizar que los proyectos de inversión pública clave de las entidades públicas se completen a tiempo, lo que a su vez facilitaría las transiciones ecológica y digital. La adopción de medidas en relación con las entidades públicas haría que la gobernanza en Chipre fuera más eficaz y el mercado para las empresas locales y extranjeras sería más justo y transparente. Esto está en consonancia con los objetivos de la estrategia a largo plazo para Chipre y el plan de acción que la sustenta (en el marco de la iniciativa «Modernización de las empresas semigubernamentales y creación de los incentivos adecuados para la innovación y la eficiencia»). Las políticas destinadas a mejorar la gobernanza de las entidades públicas también pueden contribuir a aumentar la eficiencia del sector público. Chipre ha solicitado al Fondo Monetario Internacional asistencia técnica para la gobernanza de las entidades públicas.

(32)

Podría aprovecharse aún más todo el potencial de las fuentes de energía renovables en Chipre, en particular realizando más inversiones para mejorar y modernizar la red eléctrica y optando por instalaciones de almacenamiento de energía a escala de la red. Los contratos de compra de electricidad y los contratos por diferencia pueden ser instrumentos económicos adecuados para acelerar la implantación de las energías renovables. Chipre no utiliza actualmente gas, aunque el petróleo representa el 83,2 % de la combinación energética total. Dada la gran fluctuación de los precios de la energía en los mercados mundiales, es fundamental para la sostenibilidad de la economía chipriota reducir su fuerte dependencia del petróleo, que importa en su totalidad. Las interconexiones eléctricas, la expansión de las energías renovables y nuevas inversiones en infraestructuras y redes ayudarían a Chipre a diversificar el suministro de energía y reducir la dependencia de las importaciones. Además, las políticas de eficiencia energética podrían ampliarse y acelerarse para frenar el crecimiento del consumo de energía. Se espera que las medidas de eficiencia energética también ayuden a abordar la pobreza energética que sufre una elevada proporción de la población (19,4 % en 2021), en particular utilizando los fondos de la política de cohesión según proceda. Chipre se beneficiaría de una transición hacia un transporte sostenible. La isla depende actualmente del transporte privado, y el sector del transporte en su conjunto fue responsable del 21 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2020, mientras que el porcentaje de vehículos eléctricos en las nuevas matriculaciones y el número de puntos de recarga por vehículo es el más bajo de la Unión. Será necesario aumentar aún más la ambición de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar las energías renovables y la eficiencia energética para que Chipre se ajuste a los objetivos del paquete «Objetivo 55».

(33)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la industria manufacturera y la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está creando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. En 2022, varias ocupaciones con capacidades o conocimientos específicos necesarios para la transición ecológica se enfrentaron a escasez de mano de obra y sectores clave (por ejemplo, la construcción y la industria manufacturera) registraron un aumento de la tasa de vacantes de empleo. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica.

(34)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (15) se refleja en la recomendación 1.

(35)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica; y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Chipre, las recomendaciones 1, 2 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda, tercera y cuarta establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.

(36)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de su evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2023 y el Programa de Estabilidad de 2023. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendación 1. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a abordar las vulnerabilidades asociadas a la deuda privada, pública y externa. La recomendación 2 contribuye a aplicar la recomendación 1. Las políticas a que hace referencia la recomendación 1 contribuyen tanto a abordar los desequilibrios como a aplicar las recomendaciones establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023, en consonancia con el considerando 35.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo, el Mecanismo contribuye a una recuperación económica inclusiva y a la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento, en particular reformas e inversiones dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y a reforzar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. La contribución financiera máxima por Estado miembro en el marco del Mecanismo fue actualizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241.

(2)

El 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2023, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2023 para la coordinación de las políticas económicas. El 23 de marzo de 2023, el Consejo Europeo refrendó las prioridades de dicho estudio, que giran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 22 de noviembre de 2022, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. El 24 de febrero de 2023, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Letonia para 2023. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo para 2023, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 16 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (4) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2023») y el 13 de marzo de 2023, el Informe conjunto sobre el empleo.

(3)

Aunque las economías de la Unión están mostrando una notable resiliencia, el contexto geopolítico sigue teniendo una incidencia negativa. En tanto que la Unión respalda de manera firme a Ucrania, su agenda de política económica y social se centra en reducir los efectos negativos de las perturbaciones energéticas a corto plazo, tanto para los hogares como para las empresas vulnerables, y en mantener los esfuerzos para contribuir a la consecución de las transiciones ecológica y digital, apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia a medio plazo. También se centra especialmente en aumentar la competitividad y la productividad de la Unión.

(4)

El 1 de febrero de 2023, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la Era de Cero Emisiones Netas» (en lo sucesivo, «Plan Industrial del Pacto Verde») con el fin de impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión y apoyar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Complementa los esfuerzos que se están realizando en el marco del Pacto Verde Europeo y del plan REPowerEU. Su objetivo es asimismo crear un entorno más propicio para aumentar la capacidad de fabricación de la Unión en relación con las tecnologías y productos de cero emisiones netas necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión y garantizar el acceso a las materias primas fundamentales pertinentes, en particular mediante la diversificación del abastecimiento, la explotación adecuada de los recursos geológicos de los Estados miembros y la maximización del reciclado de materias primas. El Plan Industrial del Pacto Verde descansa sobre cuatro pilares: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso más rápido a la financiación, la mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes. El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó una nueva Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», que se estructura en torno a nueve factores que se refuerzan mutuamente, con el objetivo de trabajar en pos de un marco normativo que favorezca el crecimiento. La Comunicación establece prioridades de actuación destinadas a garantizar activamente mejoras estructurales, inversiones bien orientadas y medidas normativas para la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. Las recomendaciones que figuran a continuación contribuyen a abordar estas prioridades.

(5)

En 2023, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes abordan la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020 y 2022 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(6)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar rápidamente la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto contribuirá a la seguridad energética y a la diversificación del suministro energético de la Unión y aumentará la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. El Reglamento REPowerEU permite a los Estados miembros incluir un nuevo capítulo de REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. Dichas reformas e inversiones también contribuirán a impulsar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la Unión, tal como se indica en el Plan Industrial del Pacto Verde, y a poner en práctica las recomendaciones específicas por país en materia de energía dirigidas a los Estados miembros en 2022 y, en su caso, en 2023. El Reglamento REPowerEU introduce una nueva categoría de ayuda financiera no reembolsable, que se pone a disposición de los Estados miembros para financiar nuevas reformas e inversiones relacionadas con la energía en el marco de sus respectivos planes de recuperación y resiliencia.

(7)

El 8 de marzo de 2023, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se proporcionan orientaciones para la política fiscal en 2024 (en lo sucesivo, «Comunicación de 8 de marzo de 2023»). Su objetivo es apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. La Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 Abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible, e invitó a los Estados miembros a que explicaran en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán que se respete el valor de referencia del déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB) establecido en el Tratado y se garantice una reducción de la deuda verosímil y continuada o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. La Comisión también invitó a los Estados miembros a eliminar gradualmente las medidas fiscales nacionales establecidas para proteger a los hogares y las empresas de la perturbación de los precios de la energía, empezando por las menos específicas. Especificó que, si fuera necesario prorrogar las medidas de apoyo en respuesta a nuevas presiones de los precios de la energía, los Estados miembros deberían orientarlas de forma mucho más específica a los hogares y las empresas vulnerables. La Comisión afirmó que se cuantificarían y diferenciarían las recomendaciones de política fiscal, que, tal y como propuso en su Comunicación de 9 de noviembre de 2022 sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, deberían formularse sobre la base del gasto primario neto. Asimismo, recomendó a todos los Estados miembros que siguieran protegiendo las inversiones financiadas a nivel nacional y que garantizaran la absorción efectiva de los fondos del Mecanismo y otros fondos de la Unión, atendiendo especialmente a las transiciones ecológica y digital y a los objetivos en materia de resiliencia. La Comisión indicó también que propondrá al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023 y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(8)

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó propuestas legislativas para llevar a cabo una reforma global de las normas de gobernanza económica de la Unión. El objetivo central de las propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. En dichas propuestas, el objetivo de la Comisión es promover una mayor implicación nacional, simplificar el marco normativo y hacer más énfasis en el medio plazo, además de fomentar una aplicación más eficaz y coherente. Según las Conclusiones del Consejo, de 14 de marzo de 2023, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, se pretende finalizar la labor legislativa en 2023.

(9)

El 30 de abril de 2021, Letonia presentó su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de Letonia (6). El desembolso de los tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Letonia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(10)

El 25 de abril de 2023, Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2023 y, el 17 de abril de 2023, su Programa de Estabilidad de 2023, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado conjuntamente. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2023 refleja también el informe semestral de Letonia sobre los avances realizados en la ejecución de su Plan de Recuperación y Resiliencia.

(11)

El 24 de mayo de 2023, la Comisión publicó el informe específico de 2023 sobre Letonia. En él se evalúan los avances realizados por Letonia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2022 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia por parte de Letonia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, evalúa los avances de Letonia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(12)

La Comisión realizó un examen exhaustivo sobre Letonia de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 y publicó sus resultados el 24 de mayo de 2023. La Comisión llegó a la conclusión de que Letonia no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas con el endeudamiento exterior y la vivienda siguen siendo leves, mientras que las relacionadas con la competitividad son pertinentes, si bien se prevé que en general permanecerán contenidas en un futuro próximo. El reciente aumento del déficit por cuenta corriente ha sido significativo, pero se espera que se reduzca sustancialmente en 2023 y continúe reduciéndose en 2024. Se espera que la posición de inversión internacional neta de Letonia, que ha mejorado considerablemente en la última década, permanezca prácticamente estable. No obstante, las presiones inflacionistas y salariales, si persisten, podrían mermar la competitividad de Letonia, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación subyacente es muy superior a la media de la zona del euro. Si bien el aumento de los precios de la vivienda ha sido considerable en los últimos tiempos, la sobrevaloración de dichos precios no parece significativa. Además, el aumento de los precios de la vivienda se ralentizó a finales de 2022, los préstamos hipotecarios han sido escasos y la deuda de los hogares es reducida y está disminuyendo en términos de renta. Letonia se enfrenta a retos económicos relacionados con la disminución de la oferta de mano de obra, que ha contribuido a un rápido incremento de los costes laborales unitarios y puede perjudicar a la competitividad a medio plazo. El panorama político es globalmente favorable, aunque algunos esfuerzos adicionales podrían ayudar a abordar los riesgos derivados de las vulnerabilidades señaladas. A este respecto, podrían ser importante aplicar políticas para salvaguardar la competitividad que incluyan medidas para aumentar la calidad y la cantidad de la oferta de mano de obra. Abreviar el proceso de concesión de permisos de construcción contribuiría a la oferta de vivienda y a mejorar la situación del mercado de la vivienda.

(13)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit público de Letonia disminuyó del 7,1 % del PIB en 2021 al 4,4 % en 2022, mientras que la deuda pública disminuyó del 43,7 % del PIB a finales de 2021 al 40,8 % a finales de 2022. El 24 de mayo de 2023, la Comisión emitió un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado en el que se analizaba la situación presupuestaria de Letonia, al rebasar su déficit público en 2022 el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit. De conformidad con su Comunicación de 8 de marzo de 2023, la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Letonia debe tener en cuenta esta información en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la elaboración del proyecto de plan presupuestario para 2024.

(14)

El saldo público se ha visto afectado por las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. En 2022, entre las medidas de política fiscal con un efecto de reducción de los ingresos se incluyeron la compensación de los costes de la calefacción (en función de la fuente de energía utilizada) y la reducción de las facturas de electricidad para los hogares, las prestaciones mensuales para los hogares vulnerables y las familias con hijos, la indexación anterior de las pensiones, las subvenciones a empresas de gran consumo energético y la compensación por el aumento de los costes de la electricidad para las empresas. La Comisión estima que el coste presupuestario neto de dichas medidas ascendió al 1,5 % del PIB en 2022. El saldo público también se ha visto afectado por el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania, que se estima en el 0,2 % del PIB en 2022. Por otra parte, el coste estimado de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19 se situó en el 1,2 % del PIB en 2022, frente al 5,0 % de 2021.

(15)

El 18 de junio de 2021, el Consejo recomendó a Letonia (7) que mantuviera en 2022 una orientación fiscal expansiva, en particular a través del impulso proporcionado por el Mecanismo, y que mantuviera la inversión financiada a nivel nacional. El Consejo también recomendó a Letonia que mantuviera bajo control el aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(16)

Según las estimaciones de la Comisión, la orientación de la política fiscal (8) en 2022 fue neutra, del 0,0 % del PIB, lo que resultaba adecuado en un contexto de elevada inflación. Atendiendo a la recomendación del Consejo, Letonia continuó prestando apoyo a la recuperación con inversiones financiadas con cargo al Mecanismo. Los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión ascendieron al 1,1 % del PIB en 2022 (1,3 % del PIB en 2021). Debido a las limitaciones de capacidad y al aumento de los precios de la construcción, en 2022 se retrasaron algunas inversiones financiadas por las subvenciones del Mecanismo y por otros fondos de la Unión, lo que produjo una leve disminución del gasto. Las inversiones financiadas a nivel nacional tuvieron un efecto contractivo de 1,2 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal (9). Por consiguiente, Letonia no mantuvo las inversiones financiadas a nivel nacional, lo que no se ajusta a la Recomendación del Consejo. Al mismo tiempo, el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las nuevas medidas relativas a los ingresos) tuvo un efecto contractivo de 0,3 puntos porcentuales en la orientación de la política fiscal. Por lo tanto, Letonia mantuvo suficientemente bajo control el incremento del gasto corriente financiado a nivel nacional.

(17)

El escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Estabilidad de 2023 es prudente tanto para 2023 como para los años posteriores. El Gobierno prevé que el PIB real se estanque en 2023 y experimente un crecimiento del 2,0 % en 2024. Por el contrario, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 esperan un crecimiento del PIB real del 1,4 % en 2023 y del 2,8 % en 2024, lo que refleja la incorporación de nuevos datos publicados no incluidos en el Programa de Estabilidad de 2023, a saber, revisiones de los datos de crecimiento del PIB en 2022, así como la estimación aproximada para el primer trimestre de 2023, que sitúan el crecimiento del PIB por encima de lo previsto anteriormente. No obstante, en términos nominales, el crecimiento del PIB previsto es parecido en ambas previsiones: del 11,7 % y el 5,5 % para 2023 y 2024 respectivamente en el Programa de Estabilidad de 2023, y del 10,5 % y el 5,6 % para los mismos años en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023.

(18)

En su Programa de Estabilidad de 2023, el Gobierno espera que el déficit público disminuya hasta el 4,0 % del PIB en 2023. El ajuste del déficit en 2023 refleja principalmente la evolución del gasto. Se espera de la eliminación gradual de la mayoría de las medidas de apoyo relacionadas con la pandemia contribuya a la disminución del déficit y, por otra parte, el gasto a tanto alzado en 2022 para la creación de una reserva nacional de gas no está previsto para 2023. Se prevé que estos ahorros se vean parcialmente compensados por las medidas de gasto incluidas en el paquete presupuestario de 2023, entre ellas, un aumento de los salarios del personal de la administración pública y del personal médico, un mayor gasto corriente en servicios sanitarios, ciencia, investigación y educación superior, así como un importante paquete de inversión pública para defensa y la seguridad interior. Además, se espera un mayor gasto en pensiones y subsidios debido a unos coeficientes de indexación más elevados. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 40,8 % a finales de 2022 al 39,6 % a finales de 2023. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé un déficit público del 3,8 % del PIB para 2023, lo que está en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB ligeramente superior, del 39,8 % a finales de 2023.

(19)

Se espera que el saldo público en 2023 se siga viendo afectado por las medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales del aumento de los precios de la energía. Se trata de medidas que se han venido prorrogando desde 2022. En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión estima el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo en el 1,0 % del PIB en 2023 (10). La mayoría de las medidas vigentes en 2023 no parecen dirigidas a los hogares o las empresas más vulnerables y no mantienen plenamente la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. En consecuencia, el importe de las medidas de apoyo específicas que ha de tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 (11), se estima en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 en el 0,1 % del PIB en 2023 (frente al 0,5 % del PIB en 2022). Se prevé que el coste presupuestario de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania aumente en 0,1 puntos porcentuales del PIB en comparación con 2022. Por último, se espera que en 2023 el saldo público se vea favorecido por la eliminación gradual de las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19, estimadas en un 1,2 % del PIB.

(20)

En su Recomendación de 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó a Letonia que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajuste a una orientación general neutra de la política fiscal (12), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Además, Letonia debía estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Asimismo, se recomendó a Letonia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética, teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, para lo que podría recurrir, entre otros, al Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(21)

En 2023, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 prevén que la orientación de la política fiscal sea expansiva (– 0,9 % del PIB), en un contexto de elevada inflación, tras una orientación neutra de la política fiscal en 2022 (0,0 % del PIB). Se prevé que en 2023 el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) tenga un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal, del 0,5 % del PIB. Esto incluye la reducción del coste de las medidas de apoyo específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a los aumentos de los precios de la energía en un 0,4 % del PIB. Incluye, asimismo, unos costes más elevados de ofrecer protección temporal a las personas desplazadas procedentes de Ucrania (el 0,1 % del PIB). El efecto expansivo del gasto corriente primario neto financiado a nivel nacional no se debe por tanto al apoyo específico a los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. El crecimiento expansivo del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos) está impulsado por las medidas de gasto incluidas en el paquete presupuestario de 2023, como el aumento de los salarios para el personal de la administración y el personal médico, el gasto corriente adicional para financiar la oncología, la ciencia y la investigación y otros gastos corrientes discrecionales para la administración nacional, así como un mayor gasto en pensiones y subsidios. Por lo tanto, el crecimiento previsto del gasto corriente primario financiado a nivel nacional no está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Se prevé que los gastos financiados por las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión sean del 2,2 % del PIB en 2023 y que las inversiones financiadas a nivel nacional tengan un efecto expansivo en la orientación de la política fiscal de 1,0 puntos porcentuales (13).

Así pues, Letonia tiene previsto financiar inversiones adicionales a través del Mecanismo y otros fondos de la Unión, y se prevé que mantenga las inversiones financiadas a nivel nacional. Planea financiar inversión pública para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, como, por ejemplo, la compra de vehículos eléctricos para el transporte público, la mejora de la eficiencia energética de los edificios de pisos y de los inmuebles de las empresas, la modernización de las redes de transporte y distribución de electricidad, el refuerzo de la capacidad de respuesta de los servicios de rescate, la centralización de las plataformas y sistemas digitales de gobernanza en el sector público, el desarrollo de las competencias digitales y la digitalización de los procesos en las empresas, el desarrollo de infraestructuras de banda ancha y el fomento de la digitalización en el sector educativo. Estas inversiones públicas se financian en gran medida con cargo al Mecanismo y otros fondos de la UE.

(22)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya al 2,5 % del PIB en 2024. La disminución en 2024 refleja principalmente la eliminación gradual de las medidas de apoyo para mitigar el efecto de los elevados precios de la energía, la ausencia de gastos corrientes relacionados con la pandemia de COVID-19 y el hecho de que las inversiones para apoyar la recuperación tras la pandemia llegarán a su fin en 2023. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que la ratio de deuda pública con respecto al PIB aumente ligeramente hasta el 39,7 % a finales de 2024. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023 contemplan un déficit público del 2,7 % del PIB en 2024, lo que está en consonancia con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad de 2023, y una ratio de deuda pública con respecto al PIB más elevada, del 40,5 % a finales de 2023, debido principalmente a la caída del PIB nominal.

(23)

El Programa de Estabilidad de 2023 prevé la eliminación progresiva de todas las medidas de apoyo en materia energética en 2024. La Comisión también asume la supresión total de las medidas de apoyo en materia energética en 2024, siempre que no se produzcan nuevas subidas de los precios de la energía.

(24)

El Reglamento (CE) n.o 1466/97 exige una mejora anual del saldo presupuestario estructural para cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo, cuyo valor de referencia es del 0,5 % del PIB (14). Teniendo en cuenta consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, sería adecuado, según la Comisión, mejorar el saldo estructural en al menos un 0,5 % del PIB en 2024. Para garantizar esta mejora, según la metodología de la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional (15) en 2024 no debería superar el 3,0 %, como se refleja en la Recomendación. Esto contribuirá también a reducir la inflación subyacente, que se sitúa muy por encima de la media de la zona del euro y que, de seguir persistiendo, podría provocar pérdidas de competitividad. Al mismo tiempo, las medidas de apoyo en materia energética que sigan en vigor (estimadas actualmente por la Comisión en un 1,0 % del PIB en 2023) deberían eliminarse progresivamente, si la evolución del mercado de la energía lo permite, comenzando con las medidas menos específicas, y los ahorros correspondientes deberían utilizarse para reducir el déficit público. Según las estimaciones de la Comisión, esto llevaría a un incremento del gasto primario neto inferior a la tasa de crecimiento máxima recomendada para 2024. Además, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2023, el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional en 2023 no se ajusta a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Si esto se confirma, sería apropiado un menor incremento del gasto primario neto en 2024.

(25)

En sus previsiones de la primavera de 2023, la Comisión prevé que, si las políticas no varían, el gasto primario neto financiado a nivel nacional crezca en un 1,3 % en 2024, lo que se sitúa por debajo de la tasa de crecimiento recomendada.

(26)

Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la inversión pública aumente del 5,5 % del PIB en 2023 al 6,1 % del PIB en 2024. El mayor volumen de inversión refleja un aumento de la inversión financiada a nivel nacional y de la inversión financiada por la Unión, en particular a través del Mecanismo.

(27)

El Programa de Estabilidad de 2023 esboza la trayectoria de la política fiscal a medio plazo, hasta 2026. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se prevé que el déficit público disminuya hasta alcanzar el 2,2 % del PIB en 2025 y el 0,7 % en 2026. Por consiguiente, se prevé que el déficit público baje del 3 % del PIB en 2024 y se mantenga por debajo del 3 % durante el período cubierto por el programa. Según el Programa de Estabilidad de 2023, se espera que la ratio de deuda pública con respecto al PIB baje del 39,7 % a finales de 2024 al 38,9 % a finales de 2026.

(28)

Los ingresos fiscales de Letonia en porcentaje del PIB son significativamente inferiores a la media de la Unión, lo cual limita la financiación de los servicios públicos, en particular en lo referente a la asistencia sanitaria y la protección social. El capital y la propiedad están relativamente poco gravados en comparación con la media de la Unión y ofrecen potencial para aumentar los ingresos fiscales. Asimismo, Letonia recauda ingresos relativamente bajos de la fiscalidad sobre el trabajo, a pesar de unos tipos impositivos relativamente elevados. Esto sugiere que debe seguir trabajando para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y hacer frente a la economía sumergida. La pobreza y la desigualdad siguen siendo elevadas, en particular debido al bajo gasto en protección social. La idoneidad de la red de seguridad social ha mejorado pero el riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo elevado, en particular para los más vulnerables. El riesgo de pobreza o exclusión social entre las personas de edad es el más elevado de la Unión (45,9 % frente al 19,5 % de la Unión en 2021) y también sigue siendo muy elevado para las personas con discapacidad (41,2 % en Letonia frente al 29,7 % de la Unión en 2021). La calidad y el acceso a servicios sociales basados en las necesidades individuales sigue siendo un problema debido a la escasez de trabajadores sociales y su elevada carga de trabajo y se observan disparidades entre municipios. El sistema de cuidados de larga duración está fragmentado, con pocos avances en la transición de la asistencia institucional a la asistencia a domicilio y los servicios comunitarios. La idoneidad y disponibilidad de las viviendas sociales es escasa debido a la insuficiente financiación a largo plazo. El gasto público en asistencia sanitaria como porcentaje del PIB es bajo en comparación con la media de la Unión y los planes presupuestarios a medio plazo prevén que disminuya, del 5,6 % del PIB en 2022 al 3,6 % en 2026, según el Programa de Estabilidad de 2023. Está muy por debajo del nivel de financiación pública necesario para la asistencia sanitaria para 2027, que, según las Directrices de Letonia para la política de salud pública 2021-2027 es del 6 % del PIB. Si bien el descenso se debe principalmente a la eliminación gradual de las ayudas temporales por el COVID-19, también faltan planes para la financiación sostenible de la asistencia sanitaria. Además, Letonia se enfrenta a una escasez de personal sanitario, en particular, de enfermeros. Como consecuencia de ello, el acceso oportuno e igualitario a la asistencia sanitaria es limitado.

(29)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y con el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse de aquí a 2026. La ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia de Letonia está ya avanzada. Letonia ha presentado una solicitud de pago, correspondiente a nueve hitos y objetivos del plan y que dieron lugar a un desembolso global de 201 millones EUR. Como consecuencia de circunstancias objetivas relacionadas con el aumento de los precios de la energía y los materiales de construcción, así como de las restricciones en la cadena de suministro debidas a la guerra de agresión rusa contra Ucrania, Letonia tiene la intención de presentar modificaciones al plan y añadir un nuevo capítulo de REPowerEU para acelerar la descarbonización de la economía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La rápida inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de Letonia en el ámbito de la energía y la transición ecológica. La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto.

(30)

La Comisión aprobó todos los documentos de programación de la política de cohesión relativos a Letonia en 2022. Resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en Letonia.

(31)

Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupan el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, Letonia afronta algunos retos adicionales relacionados con el acceso a la financiación, la energía y la transición ecológica.

(32)

El flujo de crédito al sector privado ascendió al 1 % del PIB en 2021, considerablemente inferior a la tasa de crecimiento de la economía. Esto provoca una mayor reducción de la deuda del sector privado, que se encuentra entre las más bajas de la Unión. Este débil crecimiento del crédito obedece, en cierto modo, a la debilidad de la demanda, pero también a una serie de problemas por el lado de la oferta. Las pequeñas y medianas empresas han tenido especiales dificultades para obtener crédito. Esto se debe en parte a su mayor riesgo de crédito, pero también al elevado coste del crédito y la burocracia. Además, la escasa liquidez de los activos ofrecidos como garantía hace que sea especialmente difícil obtener créditos fuera de la región de Riga. Esto supone un obstáculo importante, tanto para los préstamos hipotecarios como para los préstamos a las empresas. Los esfuerzos de las políticas se han centrado principalmente en apoyar los préstamos combinándolos con subvenciones públicas. Sin embargo, esto supone un coste significativo para el presupuesto del Estado y, por tanto, no es una forma sostenible de impulsar los préstamos. Para aliviar las limitaciones de la oferta de crédito, se requieren mejoras generales en la transparencia y la confianza en el entorno empresarial, incluida la reducción de la economía sumergida. Asimismo, la mejora del proceso de insolvencia para lograr un elevado índice de reestructuración empresarial y, en la medida de lo posible, tasas de recuperación de préstamos más elevadas, reduciría los riesgos percibidos por lo que respecta a los bancos e impulsaría los préstamos. Unos mecanismos de préstamos y garantías específicos podrían ayudar a reducir los riesgos de liquidez a los que se enfrentan los bancos cuando aceptan garantías en mercados relativamente ilíquidos. Los mecanismos de préstamo público para inversiones de importancia estratégica, como la transición ecológica y el desarrollo regional, podrían aumentar la competencia efectiva en el mercado bancario o llenar un vacío del mercado en el que la financiación bancaria es demasiado cara o no está disponible. Por otra parte, los mecanismos públicos de garantía y préstamo ofrecen una forma mucho más eficiente de apoyar los préstamos privados que los sistemas de subvenciones. Además de los obstáculos a la financiación bancaria, el mercado letón de fuentes alternativas de financiación está poco desarrollado y tiene potencial para mejorar el acceso de las empresas a la financiación.

(33)

Letonia ha garantizado su independencia del gas ruso tras la decisión adoptada por el Parlamento en julio de 2022 de dejar de comprar gas natural ruso a partir del 1 de enero de 2023. Los proveedores nacionales de gas han podido encontrar fuentes alternativas de gas natural gracias a las importaciones de gas natural licuado (GNL) de la terminal de GNL de Klaipeda (Lituania) y de la nueva terminal de GNL de Inkoo (Finlandia). La actual situación ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar la puesta en funcionamiento de instalaciones para la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Letonia cuenta con una de las mayores cuotas de energías renovables de la Unión, aunque esta cuota se estancó entre 2020 y 2021. Sería beneficioso para el país acelerar los esfuerzos por adoptar la energía eólica y solar, que es la solución más viable a largo plazo para aumentar la cuota de energía renovable. El Plan de Recuperación y Resiliencia de Letonia ya incluye medidas que tienen por objeto eliminar las barreras normativas a la implantación de la energía eólica terrestre. No obstante, podrían realizarse esfuerzos adicionales para acelerar la implantación de las energías renovables para la generación de electricidad, la calefacción y la refrigeración. Ello implicaría modernizar la red eléctrica, promover la generación descentralizada de electricidad de fuentes renovables y la flexibilidad del sistema eléctrico (respuesta a la demanda y almacenamiento), seguir mejorando los procedimientos de concesión de permisos y establecer un marco jurídico e incentivos para promover las comunidades de la energía. Completar la sincronización de Letonia con la red eléctrica de la Unión añadiría capacidad de transporte, de manera que una proporción cada vez mayor de energías renovables marinas y terrestres pudiera integrarse en la red. La red eléctrica letona, como las de otros Estados miembros bálticos, sigue estando expuesta, ya que está sincronizada con la red eléctrica BRELL (Bielorrusia, Rusia, Estonia, Lituania y Letonia). La sincronización regional de la red eléctrica con el resto de la Unión está avanzando, pero aún no se ha completado. A tal fin, es necesaria la cooperación con Estonia y Lituania. El consumo de gas natural en Letonia cayó un 30 % en el período comprendido entre agosto de 2022 y marzo de 2023 con respecto al consumo medio de gas en el mismo período de los cinco años precedentes, lo que supone una disminución que se sitúa por encima del objetivo de reducción del 15 %. Letonia podría seguir trabajando para reducir temporalmente la demanda de gas hasta el 31 de marzo de 2024, con arreglo al Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo (16).

(34)

Letonia debe acelerar sus esfuerzos por ampliar las medidas de eficiencia energética para descarbonizar su parque inmobiliario, así como el transporte y la industria y para poner en marcha nuevas medidas de financiación y ayuda a fin de alcanzar los objetivos de renovación incluidos en su estrategia de renovación a largo plazo.

(35)

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica. En 2022, se notificó escasez de mano de obra en 25 de las 436 profesiones que requieren capacidades o conocimientos específicos para la transición ecológica, como las de electricista e ingeniero mecánico. Esta escasez de mano de obra se consideró como un factor que limitaba la producción en la industria y la construcción.

(36)

A la luz de la evaluación de la Comisión, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2023 y su dictamen (17) se refleja en la recomendación 1.

(37)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas a través de, entre otros, sus planes de recuperación y resiliencia, para i) mantener la sostenibilidad de la deuda y abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, orientar mejor las medidas de política fiscal adoptadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía y reflexionar sobre formas adecuadas de reducir paulatinamente las ayudas, a medida que disminuya la presión de los precios de la energía; ii) mantener un nivel elevado de inversión pública y promover la inversión privada para apoyar las transiciones ecológica y digital; iii) apoyar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo limite los efectos indirectos en la inflación, seguir mejorando las políticas activas del mercado de trabajo y responder a la escasez de personal cualificado; iv) mejorar el entorno empresarial y asegurarse de que el apoyo a las empresas en materia energética sea rentable, temporal y se destine a empresas viables, y que mantenga los incentivos para la transición ecológica, y v) mantener la estabilidad macrofinanciera y supervisar los riesgos, al tiempo que se sigue trabajando en la culminación de la unión bancaria. En el caso de Letonia, las recomendaciones 1, 2 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones primera, segunda, tercera y cuarta establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2023.