Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre «Unidos por la democracia»

(2023/C 184/01)

Ponentes:

Stefano MALLIA (MT-I) Oliver RÖPKE (AT-II) Séamus BOLAND (IE-III)

Base jurídica	Artículo 50 del Reglamento interno
Aprobado en el pleno	23.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	181/0/5

La recuperación tras la pandemia, los valores democráticos, el espacio cívico, la libertad de los medios de comunicación, la diversidad y la democracia liberal están sometidos a presión a ambos lados de las fronteras de la UE y se han ido deteriorando desde el inicio de la guerra en suelo europeo: menos del 50 % de la población mundial vive bajo un régimen democrático.

Mientras el mundo sigue siendo testigo de la atroz guerra en Ucrania y sus devastadoras consecuencias humanitarias, sociales y económicas, el CESE emite un llamamiento para fortalecer la democracia y los valores democráticos.

La extraordinaria movilización de las organizaciones de la sociedad civil de la UE que ofrecen asistencia humanitaria, logística y médica al pueblo ucraniano también ha demostrado la importancia de una sociedad civil bien conectada, eficiente y dinámica. Más allá de Ucrania, somos también testigos de la lucha por la democracia de movimientos de base en Irán, Bielorrusia y Moldavia. Reforzarlos refuerza las democracias.

Ahora es más importante que nunca invertir en reforzar la resiliencia de las democracias y su capacidad de proteger mejor nuestros derechos fundamentales, construir una paz y una estabilidad duraderas y, en última instancia, lograr prosperidad para todos.

No cabe duda de que debemos emprender una reflexión conjunta sobre nuevos enfoques encaminados a fortalecer las estructuras de la democracia participativa. Una sociedad civil fuerte, independiente y diversa es más importante que nunca como elemento fundamental para garantizar una ciudadanía activa y una democracia resiliente que puedan proteger el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la libertad de expresión y la integridad de nuestro modo de vida democrático. La democracia en la UE va intrínseca e irrevocablemente unida a los conceptos de igualdad, justicia, respeto de los derechos humanos y no discriminación, tal y como se establece en el artículo 2 del TUE.

En tiempos de cambios y retos complejos, la democracia deliberativa/participativa puede integrarse en una visión más amplia del cambio sistémico que resulta necesario. Existen muchos ejemplos que, si se aplican eficazmente, pueden permitir a los responsables políticos tomar decisiones difíciles sobre los problemas más acuciantes de las políticas públicas y aumentar la confianza entre la ciudadanía y los gobiernos. El requisito previo es garantizar que se tenga en cuenta la diversidad de opiniones y el derecho a expresarlas libremente. Sin embargo, la democracia participativa no es una panacea. Las sociedades democráticas deben hacer frente a una amplia gama de retos que requieren diferentes métodos de participación. Por lo tanto, la gobernanza democrática requiere el uso de diferentes mecanismos para diferentes fines, a fin de aprovechar sus puntos fuertes y débiles.

Hemos de buscar colectivamente un nuevo equilibrio entre la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia directa.

En las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa sobre la democracia europea, de 9 de mayo de 2022, en particular las propuestas 36 y 39, se fijan los objetivos de aumentar la participación de la ciudadanía y reforzar las estructuras de la democracia participativa y las acciones deliberativas. Habida cuenta de los resultados de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y el importante papel que ya desempeña el Comité Económico y Social Europeo (CESE), el CESE desea destacar diversas opciones que podrían proporcionar un plan rector de reformas institucionales que sirvan mejor a los fines del Comité.

En este contexto, y sobre la base de los resultados de los Días de la Sociedad Civil 2023, el Comité Económico y Social Europeo (CESE):

1.

pide la aplicación efectiva del artículo 11 del TUE —incluidos una estrategia europea para la sociedad civil y un estatuto europeo para las asociaciones que amalgamen los diferentes elementos constitutivos de un espacio verdaderamente potenciador e inclusivo— a fin de renovar el compromiso y poner en marcha un diálogo civil estructurado entre las instituciones de la UE, en particular invitando a la sociedad civil organizada a las cumbres sociales y conferencias de alto nivel. Para profundizar y ampliar el compromiso del sector de la sociedad civil son también importantes los recursos. Se necesitan mejores oportunidades de financiación y marcos de políticas justos y transparentes para las organizaciones de la sociedad civil, incluida la protección transfronteriza, a fin de desarrollar las capacidades y la resiliencia de todas las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones juveniles, la economía social y el sector del voluntariado, así como acceso a recursos flexibles y sostenibles, ya sean privados o públicos;

2.

hace hincapié en la necesidad de reforzar el papel clave de la sociedad civil organizada y los interlocutores sociales a la hora de apoyar la democracia deliberativa, que complementa la democracia representativa, al objeto de seguir reforzando el diálogo civil en todos los Estados miembros y a escala de la UE. La fortaleza y el poder de las democracias europeas se basan en una cooperación sólida y a gran escala entre la UE y sus Estados miembros, que debe contribuir a desarrollar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, ya que las organizaciones de la sociedad civil independientes son «guardianas del bien común» y desempeñan un papel fundamental a la hora de encontrar soluciones sostenibles, promover innovaciones sociales y fomentar la confianza mutua en el seno de las sociedades. Las organizaciones de la sociedad civil también ayudan a determinar procesos, proporcionan conocimientos especializados que enriquecen los debates y facilitan la democracia participativa, tal y como se establece en los Tratados;

3.

pide un enfoque integral y cooperativo en materia de educación y formación para hacer frente a los retos actuales. Deberá configurarse una política europea de competencias, junto con las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales, que disponen del capital político, los conocimientos concretos y una comprensión de las necesidades y deficiencias actuales; pide, en este contexto, que 2025 sea declarado Año Europeo del Voluntariado, ya que el sector tiene un papel clave que desempeñar en el desarrollo de capacidades informales;

4.

destaca que las competencias transversales son la verdadera espina dorsal de una democracia participativa y deliberativa: la cooperación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la gestión democrática y colectiva, la gestión de conflictos, la educación cívica y la alfabetización mediática. Estas competencias son fundamentales para combatir las tendencias antidemocráticas, promover los valores europeos y superar las actuales divisiones socioeconómicas y políticas, al mismo tiempo que se habilita a las organizaciones de la sociedad civil y a los interlocutores sociales para que diseñen conjuntamente políticas a través de medios consultivos o participativos a fin de hacer realidad la rendición de cuentas, la transparencia y la ciudadanía activa;

5.

se compromete a seguir ayudando a desarrollar herramientas para mejorar la democracia participativa y deliberativa, por ejemplo, la Iniciativa Ciudadana Europea y las consultas públicas de la UE en línea, que deben ser plenamente accesibles y comunicarse al público en general;

6.

pone de manifiesto la importancia de las elecciones europeas de 2024 y el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil para animar a los votantes a participar y promover el sentimiento proeuropeo y para combatir la abstención y la desinformación. El CESE pide a las familias políticas europeas que, en sus programas electorales, destaquen el papel de las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer la vida democrática;

7.

reitera su voluntad, junto con las organizaciones más amplias de la sociedad civil y las instituciones de la UE, de actuar como puente para debatir el proyecto europeo con la ciudadanía, y no solamente con las personas ya convencidas, y de llegar a los ciudadanos y ciudadanas en sus comunidades, territorios, ciudades y pueblos. Por lo tanto, es fundamental crear las posibilidades de participar en los debates públicos y fomentar una cultura de participación en todos los niveles;

8.

La Comisión debería incorporar, en su organización, personas de contacto responsables del diálogo civil. También debería colaborar con los Estados miembros para promover el fortalecimiento de las estructuras de diálogo civil —y apoyar su creación allí donde aún no existan— mediante la movilización de los fondos europeos. Esta iniciativa aumentaría la sensibilización y mejoraría la calidad del diálogo civil, lo que ayudaría a la Comisión y a los Estados miembros a percibir mejor los beneficios que el buen funcionamiento del diálogo civil puede aportar a la elaboración de políticas. Además, el diálogo civil se reforzaría mediante actividades de investigación y seguimiento que permitieran determinar e intercambiar buenas prácticas;

9.

destaca, a este respecto, que la participación de la juventud y las organizaciones juveniles es especialmente importante a la hora de movilizar a los votantes jóvenes y a aquellos que votan por primera vez. Para lograr la plena representatividad, es preciso apoyar soluciones que permitan una amplia participación y fomenten la igualdad de oportunidades en este ámbito. Es necesario llegar a las personas más alejadas de los centros de toma de decisiones y entablar un diálogo con ellas. Asimismo, parece necesaria una mayor participación a escala local;

10.

pide, además, al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y a los Estados miembros que modifiquen con carácter de urgencia el Acta Electoral de 1976 a fin de aclarar los principios de universalidad y carácter directo y secreto de las elecciones. Esto permitiría la aplicación de normas en toda la UE, lo que garantizaría el derecho de voto de las personas con discapacidad.

Sobre la base de las recomendaciones anteriores y la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el CESE:

11.

considera que el Protocolo de Cooperación firmado recientemente con la Comisión Europea (27 de octubre de 2022) constituye un compromiso político renovado para contribuir a la agenda política europea y a las principales metas, objetivos (1) y aspiraciones de Europa, a saber, lograr una Unión Europea competitiva, económicamente próspera, socialmente inclusiva y sostenible desde el punto de vista medioambiental, garantizando al mismo tiempo que la transición hacia la neutralidad climática, la digitalización y el cambio demográfico se lleven a cabo de forma justa y equitativa en términos sociales, y que el Pacto Verde Europeo y la Década Digital de 2030 se salden con éxito para toda la ciudadanía europea. La Unión Europea también debe guiarse por el pilar europeo de derechos sociales y por una agenda de competitividad, las hojas de ruta políticas que garantizan que nadie se quede atrás;

12.

está dispuesto —y ahora, más que nunca, tiene la legitimidad para ello— a actuar como centro de excelencia de la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada, incluidos los futuros paneles de ciudadanos. El papel de este centro sería multiplicar el efecto de las consultas ciudadanas en curso organizadas por la Comisión Europea y otras instituciones y recabar sistemáticamente las opiniones de la sociedad civil organizada europea sobre las principales prioridades y políticas de la agenda política europea. Esto contribuirá a aumentar la confianza de los ciudadanos en el proyecto y las instituciones de la UE al otorgarles un papel efectivo en la toma de decisiones públicas. El CESE sería un anfitrión que orientaría, supervisaría, diseñaría, organizaría, gestionaría y facilitaría los procesos deliberativos con la ayuda de expertos externos y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Esta oferta se fundamenta, en particular, en el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de 9 de mayo de 2022, en el que se pide explícitamente «que se potencie el papel institucional del Comité y se le capacite como facilitador y garante de actividades de democracia participativa, como el diálogo estructurado con las organizaciones de la sociedad civil y los paneles de ciudadanos». En este contexto, las recomendaciones de los dictámenes de iniciativa del CESE y los dictámenes exploratorios solicitados por la Comisión deberían revisarse mediante evaluaciones de las políticas de la UE, cuando proceda;

13.

considera que los paneles de ciudadanos y las consultas de las organizaciones de la sociedad civil podrían centrarse en el establecimiento de la agenda, por ejemplo, la preparación del programa de trabajo de la Comisión, o vincularse al ciclo de vida de las prioridades legislativas clave. Las aportaciones de la ciudadanía podrían ser más útiles en la fase prelegislativa para deliberar y formular recomendaciones antes de determinadas propuestas (legislativas) clave. A tal fin, las consultas a los paneles de ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil podrían llevarse a cabo sobre la base de una hoja de ruta y un calendario anuales, establecidos por el CESE en cooperación con las instituciones europeas. En la hoja de ruta podrían incluirse solicitudes específicas de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Consejo de la Unión Europea, iniciativas propias del CESE o iniciativas de su institución asociada, el Comité Europeo de las Regiones;

14.

reitera que el ciclo de actividad podría comenzar con el discurso sobre el estado de la Unión y la declaración de intenciones, con vistas a establecer el programa de trabajo anual de la Comisión Europea para el año siguiente. Las consultas tendrían lugar en el primer semestre del año siguiente;

15.

como complemento de las herramientas destinadas a reforzar el Estado de Derecho, seguirá proponiendo a otras instituciones de la UE la convocatoria de un Foro anual de la UE sobre derechos fundamentales, derechos humanos y Estado de Derecho. Este foro mejorará el seguimiento al permitir a los responsables políticos de la UE recibir alertas tempranas de la sociedad civil organizada y las organizaciones de base de todos los Estados miembros de la UE en relación con la aplicación plena y transparente del artículo 2 del TUE. Además, el Comité pide a la Comisión Europea que incluya un capítulo sobre la sociedad civil en la próxima revisión del Plan de Acción para la Democracia Europea. El CESE también desempeñará un papel importante en el seguimiento de los procesos de adhesión de los países candidatos y facilitará un debate significativo con las partes interesadas al objeto de garantizar el respeto de los valores europeos, incluidos los que afectan a las minorías nacionales y étnicas;

16.

pondrá en marcha una Semana Europea de la Sociedad Civil para reforzar su papel como casa de la sociedad civil europea y ampliar el alcance de sus iniciativas emblemáticas, por ejemplo los Días de la Sociedad Civil, el Día de la ICE, ¡Tu Europa, tu voz! y el Premio Sociedad Civil. Esta iniciativa reunirá a agentes clave de las organizaciones europeas y nacionales de la sociedad civil y proporcionará un foro de diálogo sobre cuestiones que preocupan a las partes interesadas de la sociedad civil a escala europea. El CESE tratará de reforzar las actividades de base a fin de llegar en la medida de lo posible a las personas que tienen pocas oportunidades de participar en debates sobre cuestiones europeas y garantizar que sus voces se tengan en cuenta en los procesos de toma de decisiones.

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(1)  Artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Plan de Acción para la Juventud en la Acción Exterior de la UE 2022-2027»

[Dictamen de iniciativa]

(2023/C 184/02)

Ponente:	Michael McLOUGHLIN
Coponente:	Tatjana BABRAUSKIENĖ

Decisión de la Asamblea	22.9.2022
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Relaciones Exteriores
Aprobado en sección	6.3.2023
Aprobado en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	157/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Si bien el Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción el Plan de Acción para la Juventud en la acción exterior de la Unión Europea (UE), señala que su despliegue y puesta en práctica, que requerirán seguimiento y supervisión, puedan entrañar dificultades. El CESE expresa su deseo de participar activamente en su ejecución.

1.2.

El CESE considera que los conocimientos y la experiencia de las organizaciones juveniles de la UE y de todo el mundo constituyen un recurso fundamental para la ejecución del Plan de Acción, tanto para la Comisión Europea como para las delegaciones de la UE. También considera que debe ponerse a disposición de todo el personal de la UE cuyo trabajo esté relacionado con la juventud formación básica en cuestiones como espacios favorables a la juventud, habilidades de consulta y métodos de trabajo en el ámbito de la juventud.

1.3.

El CESE desea que, a la hora de ejecutar el Plan de Acción, se preste una atención constante a los colectivos juveniles más marginados, entre ellos los jóvenes con discapacidad, y que el liderazgo y el apoyo de base a la juventud en las comunidades locales vayan de la mano. Los procesos de liderazgo y participación deben diseñarse de forma tal que garanticen un compromiso de base y procesos ascendentes que generen líderes de a pie.

1.4.

El CESE hace hincapié en que la recogida y el seguimiento de datos son un reto clave para la ejecución del Plan de Acción para la Juventud, que debe incluir la presentación periódica de informes de la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), las agencias financiadas pertinentes y las organizaciones de la sociedad civil que sean coherentes con la catalogación y el análisis de las deficiencias de los datos internacionales sobre la juventud realizados recientemente por la Comisión Europea (1).

1.5.

El CESE acoge favorablemente y fomenta los vínculos con la labor de las Naciones Unidas y sus agencias en este ámbito, en particular en lo que se refiere a su Agenda para la Paz y la Seguridad de los Jóvenes y a la creación de toda sinergia con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

1.6.

El CESE considera que las principales políticas de juventud de la UE, como el programa Erasmus+ y la Garantía Juvenil, pueden ser útiles para trabajar en el compromiso juvenil y las políticas de juventud. Al utilizar estas herramientas, debe prestarse atención a la independencia de los procedimientos de solicitud y a otras cuestiones relativas a los visados y las lenguas.

1.7.

El CESE recomienda al Consejo de la UE que anime a los Estados miembros de la UE a que dispongan de planes nacionales que centren su atención en cuestiones similares a las que recoge el Plan de Acción para la Juventud y a que colaboren con la sociedad civil, en particular las organizaciones juveniles. Además, deben aprovecharse y reforzarse los vínculos y las asociaciones de la sociedad civil existentes entre los Estados miembros de la UE y los países destinatarios, en particular entre organizaciones juveniles.

1.8.

El CESE también recomienda alentar a los países destinatarios y dotarlos de los instrumentos necesarios, de modo que cuenten con sus propias políticas de juventud concretas y específicas y con consejos nacionales de la juventud u otros organismos equivalentes. Al mismo tiempo, a la hora de prestar su apoyo a los países destinatarios, la Comisión debe guiarse por los principios relativos a los derechos humanos.

1.9.

El CESE considera que deben establecerse vínculos entre el Plan de Acción para la Juventud y el Año Europeo de las Competencias para garantizar que se priorice esta labor en los países socios.

1.10.

El CESE considera que las actividades sobre educación deben centrarse en la igualdad, en particular en la protección de las jóvenes, y que las estrategias deben garantizar la participación de las personas más difíciles de abordar. Todas las oportunidades de becas deben ser abiertas, transparentes y contar con métodos que animen deliberadamente a aquellas personas más difíciles de abordar.

1.11.

El CESE está firmemente convencido de que debe fomentarse el compromiso cívico con todas las organizaciones de la sociedad civil, como las asociaciones juveniles, los sindicatos y los grupos de jóvenes empresarios.

1.12.

El CESE considera que la política comercial de la UE debe examinar el impacto que tiene sobre la juventud y su conexión con aquella, en particular en el marco de los capítulos sobre comercio y sostenibilidad y los acuerdos de asociación económica (AAE).

1.13.

En consonancia con el estudio de la Comisión Europea, el CESE recomienda crear servicios locales de salud mental específicos para la juventud y fijar objetivos concretos, tanto cuantitativos como cualitativos, en materia de la mejora de la salud mental para trabajar con la juventud en la acción exterior.

1.14.

El CESE considera que la lucha contra el trabajo infantil debe constituir una parte importante del Plan de Acción para la Juventud, de modo que se erradique por fin en el siglo XXI.

2.   Información general sobre las actividades pertinentes del CESE

2.1.

En octubre de 2018, el CESE aprobó su Dictamen sobre el tema «Nueva Estrategia de la UE para la Juventud» (2), en el que destacaba la necesidad de adoptar un enfoque intersectorial con respecto de la juventud y de prestar más atención al empleo, la salud mental, la igualdad y la educación, así como la importancia de las políticas de acción exterior de la UE a este respecto.

2.2.

En septiembre de 2020, el CESE aprobó el Dictamen sobre el tema «Hacia un compromiso estructurado de la juventud en favor del clima y la sostenibilidad en el proceso decisorio de la UE» (3). También pidió que se constituyan mesas redondas de la juventud sobre clima y sostenibilidad, que se la delegación oficial de la UE en las reuniones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP de la CMNUCC) cuente con un delegado de la juventud, y que los dictámenes del CESE sobre el clima y la sostenibilidad incorporen las voces de la juventud.

2.3.

En el Dictamen titulado «La política de juventud en los Balcanes Occidentales como parte de la Agenda de Innovación para los Balcanes Occidentales» (4), aprobado en julio de 2022, el CESE invita a los gobiernos de los Balcanes Occidentales a hacer un seguimiento de los principales documentos políticos de la UE en materia de juventud y a seguir invirtiendo en políticas de juventud empíricamente contrastadas y que aborden los retos que plantea el desarrollo de la juventud, para así garantizar unas dotaciones presupuestarias suficientes y transparentes.

2.4.

El CESE se encuentra en una posición única para facilitar el compromiso con las redes juveniles. Ha creado un Grupo de Coordinación del Año Europeo de la Juventud, que recibió el mandato de reforzar la cooperación con las organizaciones juveniles y la juventud durante y después del Año, así como de colaborar con las demás instituciones de la UE y organizaciones de la sociedad civil para garantizar una mejor integración transversal de la juventud en sus actividades cotidianas. En septiembre de 2022, el CESE aprobó el Dictamen sobre la «Evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes» (5) y solicitó una participación juvenil más estructurada, significativa y específica.

3.   Observaciones generales sobre el Plan de Acción para la Juventud

3.1.

El CESE acoge muy favorablemente la Comunicación conjunta sobre el Plan de Acción para la Juventud en la Acción Exterior de la UE 2022 — 2027, que constituye un paso importante en la acción exterior y en la política de juventud y reconoce por fin las posibles sinergias entre ambas. Además, en el marco del Año Europeo de la Juventud, esta evolución también indica el reconocimiento de que las cuestiones relativas a la juventud y sus vidas presentan un carácter transversal que abarca todos los ámbitos políticos, por lo que las consideraciones de este colectivo deben figurar en todos los trabajos políticos, no solo en los ámbitos «tradicionales» asociados a la juventud.

3.2.

La guerra en Ucrania sigue afectando gravemente a la población civil, en particular a los niños y niñas, a los adolescentes y a la juventud. El Plan de Acción debe centrarse —tanto en Ucrania como otras partes del mundo inmersas en conflictos— en aumentar la resiliencia de la juventud, fomentar su compromiso cívico y capacitarla para que sea un vector del cambio en sus comunidades, especialmente con vistas a la recuperación posterior a los conflictos.

3.3.

La Comunicación también se proyecta adecuadamente en el mundo posterior a la COVID-19 y reconoce que la juventud y los derechos a la educación y a la libertad de circulación que le son inherentes han sido los más afectados durante esta crisis. Aunque se reconoce en Europa, el impacto de la COVID-19 en los jóvenes de todo el mundo ha recibido menos atención, en particular en los países en desarrollo y en los Estados frágiles.

3.4.

En esencia, apoyamos el concepto de que todas las políticas internas relacionadas con la juventud deben poder plasmarse en nuestras relaciones exteriores, teniendo en cuenta los contextos locales y regionales en los que se está llevando a cabo la acción exterior, por lo que también abogamos por que se recomiende ampliar la evaluación de las políticas de la UE desde el punto de vista de los jóvenes a aquellas que ejecuten el Plan de Acción para la Juventud.

3.5.

El CESE también acoge con satisfacción que el Plan de Acción se base en el pilar europeo de derechos sociales y el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia, que subrayan la necesidad de lograr una participación equitativa, plena y significativa de la juventud en la vida pública y política, que, aunque está a la vanguardia del cambio, muy frecuentemente sigue sin contar con demasiada representación, lo cual conculca los derechos fundamentales que le son inherentes. El CESE valora positivamente el Plan de Acción para la Juventud por su alto nivel de ambición y su clara atención a la acción. También se congratula de que reconozca las dimensiones intergeneracionales de los retos mundiales actuales.

3.6.

La Comunicación compila las principales iniciativas políticas relacionadas con la juventud en diferentes ámbitos. Para llevarla a la práctica, será importante disponer de una visión global, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes agencias de ejecución y la diversidad de políticas involucradas. Deberá también hacerse partícipes a los responsables de la juventud y la educación, las organizaciones juveniles y la propia juventud, así como a los organismos de ayuda y otros órganos nacionales de los Estados miembros de la UE, las agencias financiadas y las organizaciones de la sociedad civil. Del mismo modo, los resultados tendrán que tomar en consideración la diversidad de fuentes financieras, agentes e indicadores involucrados. Aunque en general, esto resultará arduo, un sistema de supervisión eficaz será beneficioso y podría servir de modelo de ejecución conjunta de las políticas.

3.7.

Es necesario mejorar la recogida de datos relativos a la juventud en casi todos los ámbitos de la acción exterior. La puesta en marcha del Plan de Acción para la Juventud debe centrarse en este difícil ámbito, tal como se reconoce en la catalogación y el análisis de las deficiencias de los datos internacionales sobre la juventud realizados recientemente por la Comisión Europea. Puede resultar difícil desglosar los logros y los resultados y distinguir la contribución exacta de un determinado programa o iniciativa a la consecución de un resultado específico. Por lo tanto, todas las intervenciones relacionadas con la juventud requieren un análisis longitudinal.

3.8.

La UE y todas las instituciones debe colaborar con el Reino Unido para garantizar que su población juvenil y sus organizaciones juveniles no pierdan el espíritu de cooperación y de aprendizaje intercultural inherente al programa Erasmus+ y a todas las demás formas de cooperación ni la experiencia adquirida a partir del mismo. Debe explorarse cualquier oportunidad para optimizar el potencial de reconstrucción de las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil del Reino Unido, así como para concebir y fomentar otras nuevas (6).

Liderazgo y participación

3.9.

El Plan de Acción se centra en gran medida en el liderazgo y la participación, lo cual se acoge con satisfacción y se ajusta en gran medida a las buenas prácticas en el trabajo con los jóvenes. No obstante, el CESE considera que será necesario adoptar un enfoque muy exhaustivo y deliberativo para seguir implantando dicho enfoque en la acción exterior de la UE. Incluso dentro de la UE y sus Estados miembros, tenemos un largo camino por recorrer en la práctica participativa, pese a los grandes esfuerzos realizados. El liderazgo juvenil se deriva, por lo general, del buen trabajo de base en un entorno favorable. En tales condiciones, los jóvenes se sienten capaces de hacer oír su voz, pero a partir de vínculos establecidos con sus homólogos y de la experiencia sobre cuestiones locales como el medio ambiente, el transporte, la educación, la salud mental o la asistencia social, entre otras. Las organizaciones de la sociedad civil suelen facilitar esta labor. Esperamos que los programas temáticos sobre sociedad civil, derechos humanos y democracia puedan centrarse en estas necesidades.

3.10.

Por lo tanto, es necesario contar con una serie de factores asociados para las buenas prácticas en este ámbito. El programa Erasmus+ sigue tratando de dar prioridad a la juventud con menos oportunidades, reconociendo efectivamente que como programa señero le queda aún mucho por hacer en este ámbito. En el ámbito de los contactos interpersonales y la movilidad, los aspectos administrativos, como los visados, desempeñan un papel decisivo a la hora de garantizar una experiencia satisfactoria a los participantes, por lo que resulta necesario adoptar un enfoque común a este respecto. Trasladar estos retos a los países en desarrollo, a los Estados frágiles o incluso a los países totalitarios indudablemente agravará los retos. Al fin y al cabo, todo el liderazgo y el trabajo participativo previstos deben basarse en la experiencia de la base y de la comunidad.

3.11.

En primer lugar, debemos tener cuidado de no invertir el proceso de colaboración con los «líderes» en ausencia de una auténtica dinámica procedente de la base. Los proveedores de fondos y las organizaciones no gubernamentales internacionales no pueden suscitar este liderazgo, por lo que resulta necesario garantizar la existencia de vínculos eficaces con las comunidades de base. Por lo tanto, necesitamos establecer una selección transparente, métodos y salvaguardias abiertos e inclusivos frente a los intentos de control por parte de los Estados y otros agentes, en particular en los Estados frágiles. El compromiso, la participación y las competencias de liderazgo son cruciales, por lo que en nuestra opinión debe desarrollarse una infraestructura para lograr este objetivo. Se debe dar prioridad a prestar un apoyo a largo plazo a las organizaciones juveniles y a la sociedad civil en lugar de adoptar enfoques basados en proyectos a corto plazo. El compromiso con el liderazgo juvenil también necesita estrategias para abordar un colectivo en constante evolución que tiene carácter transitorio, crece y se desarrolla y que, en algún momento, necesitará o deseará avanzar.

3.12.

Debe prestarse un apoyo significativo a las organizaciones de base que trabajan sobre el terreno para que puedan acometer un desarrollo interno tal que las convierta en agentes pertinentes en sus comunidades locales. Esperamos que la labor del Consejo Consultivo de la Juventud, relativa a la asociación internacional sobre este asunto, y de la plataforma de diálogo con organizaciones juveniles, como parte del Foro Político sobre el Desarrollo, aborden esta cuestión. Además, prestar apoyo a los sindicatos y a las organizaciones sindicales juveniles puede ser útil para fomentar y apoyar la participación democrática de la juventud en su entorno laboral. Siempre que se garantice su independencia, los consejos nacionales de la juventud —al igual que, entre otras, la iniciativa Big 6 Youth Organisation’s del movimiento Global Youth Mobilisation (7)— pueden proporcionar una buena infraestructura a la hora de tomar decisiones sobre los entes con los que colaborar en los países socios.

Métodos de ejecución

3.13.

En el Plan de Acción se recogen bastantes referencias positivas al programa Erasmus+. A este respecto, la Comunicación evita «reinventar la rueda». Las estructuras y los procesos del programa pueden y deben utilizarse en nuestras relaciones exteriores cuando proceda. Para llevarlo a la práctica, puede ser útil desglosar las distintas facetas del programa, relativas por ejemplo a la juventud, las escuelas, la educación y formación profesionales o la enseñanza superior. Deben eliminarse obstáculos como los visados, la falta de financiación y las barreras lingüísticas, y la ejecución debe centrarse en el aprendizaje mutuo, el desarrollo de competencias y la experiencia. Si se recurre a las agencias nacionales, deben ser objeto de un escrutinio prudente para garantizar el respeto de los agentes adecuados de la sociedad civil y su independencia.

3.14.

La educación y formación profesionales (en lo sucesivo, «EFP») iniciales mejorarán la empleabilidad de la juventud en el futuro y su participación en el aprendizaje permanente. Las políticas y buenas prácticas de la EFP respaldan la inclusión social y la integración en el mercado laboral de la juventud que ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación (ninis).

3.15.

La Comunicación establece vínculos útiles entre la acción exterior de la UE y los derechos del menor, respecto de lo cual la UE ha elaborado recientemente una estrategia. También sería útil reforzar el vínculo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 a la hora de ejecutar el Plan de Acción; por ejemplo, haciendo uso de los informes de los Estados parte en el Convenio de Ginebra. Muchas personas jóvenes tienen menos de dieciocho años y aunque los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño pueden servir de orientación, el trabajo en el ámbito de la juventud de la UE va más allá de esta edad. No debemos considerar sistemáticamente los dieciocho años como una edad de corte.

3.16.

Debe aplicarse un planteamiento del Equipo Europa para ejecutar el Plan de Acción a nivel nacional, regional y multilateral. De este modo, la UE deberá adaptarse a las necesidades y circunstancias específicas de las distintas regiones. El CESE considera beneficioso que las asociaciones contribuyan a colmar las lagunas de conocimientos y datos sobre la juventud, especialmente los relacionados con los ámbitos prioritarios del desarrollo de competencias digitales, el cambio climático y el Pacto Verde. El CESE está interesado en conocer en los próximos meses cómo se ejecutarán las múltiples acciones y está dispuesto a contribuir.

3.17.

Durante el proceso de consulta del Plan de Acción para la Juventud, nos habría gustado contar con una tasa de respuesta más elevada y una mayor representatividad de las respuestas. Esto arroja luz sobre la necesidad de que la juventud reciba toda la información pertinente sobre temas importantes para que pueda tomar decisiones con conocimiento de causa y contribuir de manera precisa y significativa al proceso de formulación de políticas. En este ámbito, el sello de calidad de la Agencia Europea de Información y Asesoramiento Juvenil (ERYICA) se erige como una herramienta de información.

4.   Observaciones particulares sobre algunas partes del Plan de Acción para la Juventud

4.1.

Las disposiciones del Plan de Acción representan la compilación de muchas actividades en curso, y su ejecución planteará enormes retos, especialmente después de la pandemia de COVID-19. El acceso a la educación y la igualdad entre géneros es fundamental y se ha avanzado en este ámbito.

Educación

4.2.

Es necesario establecer un vínculo sólido con el Año Europeo de las Competencias para ejecutar el Plan de Acción. El CESE señala la importancia de que las necesidades de desarrollo de competencias, en particular en el ámbito de la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como en la economía circular, la salud mental y física, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, se tengan en cuenta también a la hora de reciclar y mejorar las competencias de la juventud (8). El papel del diálogo social y cívico es decisivo y debe fortalecerse.

4.3.

Una vez más, habrá múltiples partes interesadas en la educación, por lo que se necesitan objetivos y mediciones claros. Es imprescindible un esfuerzo constante respecto de los colectivos más difíciles de abordar, en particular en los Estados más pobres y frágiles. Acogemos con satisfacción el compromiso de gasto del 10 % con cargo al Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI) de la Comisión Europea y al presupuesto de ayuda humanitaria y nos gustaría que otros Estados y agencias también asumieran compromisos. Las soluciones a largo plazo en materia de educación deben proceder de los gobiernos de los países destinatarios y las organizaciones de la sociedad civil locales deben desempeñar un papel importante. La comunidad internacional no puede ser el principal agente a largo plazo. Esperamos que la Cumbre sobre la Transformación de la Educación pueda avanzar en este sentido.

4.4.

Las disposiciones sobre becas y fundaciones son positivas, pero hay que prestar atención a las cuestiones de selección y garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. A la hora de crear estas oportunidades, es importante establecer procedimientos transparentes, justos e inclusivos para efectuar la selección de los participantes en los programas académicos y dar prioridad al acceso a las personas más desfavorecidas.

4.5.

Aprovechar al máximo el valor del capital humano es esencial para incrementar la competitividad y combatir el desempleo, a la par que se respeta el desarrollo sostenible. Ello requiere una población activa dotada de un abanico de capacidades transversales y adaptabilidad. El desarrollo y la aplicación de la política de educación y formación deben llevarse a cabo en estrecha cooperación con los interlocutores sociales y centrarse más en las capacidades que en las cualificaciones, lo que ayudará a reducir el desajuste de competencias.

Organizaciones juveniles

4.6.

En la Comunicación se enumeran varios foros y organismos dedicados a impulsar la participación de la juventud. Se acoge con satisfacción la Plataforma del Foro Político sobre el Desarrollo, siempre que garantice vínculos con las organizaciones juveniles sobre el terreno, que se rigen por los principios de independencia y autogestión, e idealmente se encuentran dirigidas por la juventud.

4.7.

El CESE se congratula de que en la Comunicación se mencione la participación de las organizaciones juveniles. Para el éxito de su despliegue, convendría que el Plan de Acción abarcase los diversos modelos existentes en la UE de trabajo en el ámbito de la juventud. Esta práctica puede ser tan relevante como las voces de la juventud, ya que refuerza la capacidad de todos los jóvenes a nivel local y, a su vez, da lugar a líderes juveniles basados en la experiencia local. La Asociación UE-Consejo de Europa por la Juventud y el sector del voluntariado juvenil ofrecen numerosas pruebas y modelos.

4.8.

Las organizaciones juveniles pueden ser de gran ayuda para la ejecución del Plan. Hay que animar a los Estados miembros de la UE —mediante planes de acción nacionales— a implicar a su sector juvenil en este ámbito. Debemos dar prioridad a los buenos modelos y al trabajo de las organizaciones juveniles de la UE en el ámbito del desarrollo, los conflictos y los derechos humanos, por delante de, por ejemplo, los modelos de «desarrollo juvenil» de Estados Unidos, que a menudo se utilizan «de manera improvisada» en los países en desarrollo y otras regiones, y que con frecuencia no están arraigados en los mismos valores. Esto se ajustaría al compromiso de disponer de soluciones a medida para determinadas regiones.

4.9.

El despliegue de los compromisos en materia de educación debe incluir también los sistemas informales y no formales de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de trabajo juvenil. Las definiciones de la UNESCO y del Consejo de Europa proporcionan una buena orientación a este respecto, junto con el trabajo realizado en el capítulo dedicado a la juventud del nuevo Reglamento Erasmus+. Debemos reconocer los beneficios inmensos que aporta a todos el aprendizaje fuera de la escuela, que es permanente e integral.

4.10.

El diálogo político es importante y los objetivos del Plan de Acción son ambiciosos, pero no debemos descuidar las políticas de juventud de cada país y las responsabilidades de los gobiernos, así como la necesidad de disponer de un verdadero sector del voluntariado y de una auténtica sociedad civil. El despliegue del Plan de Acción también debe prestar apoyo al desarrollo de políticas de trabajo con la juventud, de los consejos nacionales la juventud o de organismos similares y de enfoques como la evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes, entre otros.

4.11.

Las organizaciones juveniles ya han estrechado vínculos en todo el mundo, como ilustra la labor de las World’s Big 6 Youth Organisations, y la puesta en marcha del Plan de Acción debe contar con su participación, basarse en el trabajo preexistente y servir de modelo para otras iniciativas. También debemos tener cuidado con ser demasiado restrictivos en cuestiones de participación. No está claro si se han utilizado procesos participativos en la selección de los temas para el Fondo para el Empoderamiento de los Jóvenes. Es posible que los jóvenes no siempre seleccionen los temas que otros consideran importantes, especialmente en los países en desarrollo o en los Estados frágiles, donde las consideraciones más prácticas pueden resultar más importantes.

4.12.

Las disposiciones sobre el desarrollo de capacidades de las organizaciones juveniles son muy positivas y deben ir acompañadas de un apoyo eficaz para suscitar movimientos de base en países socios, respecto de lo cual las delegaciones de la UE puedan desempeñar un papel esencial en todo el mundo. Deben proponerse asociaciones con organizaciones de la UE, si procede, y debe supervisarse el trabajo. Es importante fomentar la creación y el refuerzo de redes con organizaciones tanto de la UE como de terceros países.

Eficacia de la ejecución

4.13.

Hay muchos agentes, políticas y líneas de financiación involucrados en este trabajo, como las delegaciones de la UE, varias Direcciones Generales de la Comisión, el SEAE, el Consejo de la UE y los Estados miembros, y una variedad de presupuestos de ayuda. Al fin y al cabo, la ejecución del Plan de Acción debe garantizar la claridad y la adecuada cooperación intersectorial para asegurar un enfoque sólido en el colectivo destinatario, al tiempo que proporciona un presupuesto suficiente.

4.14.

Los conceptos de toma de contacto pueden basarse en la labor en curso y considerar el hermanamiento y otras iniciativas (juveniles) de Erasmus+. Asimismo, los proyectos de participación juvenil de Erasmus+ (sin dimensión transnacional) pueden constituir un buen modelo para los proyectos juveniles en los países destinatarios.

4.15.

Los jóvenes son los futuros líderes y artífices del cambio, y son socios esenciales para contribuir al éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la transición digital. El Plan de Acción para la Juventud debe garantizar que la acción exterior de la UE capacite a los jóvenes a nivel político, social y económico. El CESE, en virtud de su compromiso de llevar a la práctica la recomendación de la Conferencia sobre el Futuro de Europa de reforzar el papel institucional del Comité y facultarlo como facilitador y garante de las actividades de democracia participativa, como el diálogo estructurado con las organizaciones de la sociedad civil y los paneles de ciudadanos, está dispuesto a desempeñar el papel que le corresponde.

4.16.

Las referencias a la transición a la edad adulta en el Plan de Acción son sólidas, muy positivas y están en consonancia con los valores del trabajo juvenil en la UE. A este respecto, es importante que la juventud conozca sus derechos y obligaciones como ciudadanos y dispongan de conocimientos financieros, lingüísticos, empresariales y sobre la sostenibilidad de nuestro planeta. Del mismo modo, el CESE acoge con satisfacción el vínculo con la Agenda de las Naciones Unidas sobre la Juventud, la Paz y la Seguridad y el llamamiento a un mayor compromiso con las Naciones Unidas. A la hora de ejecutar el Plan de Acción, debemos ser conscientes de la frecuente desvinculación de la juventud con respecto a la toma de decisiones en muchos ámbitos.

4.17.

La Resolución 2250 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la juventud, la paz y la seguridad se erige como herramienta fundamental para colaborar con la juventud en todo el mundo. En ella se enumeran cinco pilares fundamentales de actuación: participación, protección, prevención, asociaciones y desvinculación y reintegración. Esta Resolución histórica insta a las partes signatarias a reforzar el protagonismo de la juventud en los procesos de toma de decisiones locales, regionales, nacionales e internacionales y a considerar la instauración de mecanismos que incluyan la participación significativa de la juventud en los procesos de paz. Debe prestarse un apoyo inmediato a quien desee ejecutar este programa a escala local y nacional. La vinculación y la coordinación con el Fondo para el Empoderamiento de los Jóvenes crearían muchas sinergias en este ámbito.

Género

4.18.

El CESE considera que aprovechar el potencial de la juventud y apoyar la igualdad de género es clave para el desarrollo sostenible. La acción exterior de la UE pretende capacitar a los jóvenes a nivel político, social y económico y ayudarles a participar en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas de forma significativa e inclusiva. El CESE considera que el empoderamiento de las niñas y las mujeres jóvenes es vital para garantizar el desarrollo sostenible y aprecia las referencias que se hacen en el Plan de Acción para garantizar la igualdad de género y acabar con la discriminación. El CESE señala que el Plan de Acción debe plasmarse en iniciativas significativas, estratégicas y a largo plazo que beneficien a los jóvenes de ambos sexos por igual. Esto incluye el desarrollo de estrategias que promuevan la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la acción exterior.

4.19.

Es importante aumentar el número de jóvenes, en particular de mujeres jóvenes, con capacidades CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y competencias digitales y procurar que las niñas se interesen por los ámbitos de las CTIM en una fase temprana, apoyar a las emprendedoras y a las mujeres referentes en estos sectores e invertir en programas para que las alumnas en los institutos de enseñanza secundaria se interesen por las carreras de CTIM.

Salud mental

4.20.

Acogemos favorablemente la referencia a la salud mental en la Comunicación y esperamos que ocupe un lugar destacado en la ejecución del Plan de Acción. Los sistemas sanitarios presentan carencias en todo el mundo, por lo que resulta necesario profundizar en la introducción de mejoras en este ámbito que sean más favorables para la juventud.

Personas con discapacidad

4.21.

Además, el CESE considera que hacer referencia en la Comunicación a los jóvenes con discapacidad resulta igualmente importante y que también deben ocupar un lugar destacado en la ejecución del Plan de Acción para la Juventud. Los jóvenes con discapacidad son un colectivo al que a menudo se olvida a la hora de promover el empoderamiento y la participación democrática de los jóvenes, y se les debe tener en cuenta en la puesta en práctica del Plan de Acción para la Juventud.

Oportunidades económicas

4.22.

Contar con competencias adecuadas será fundamental para que la juventud pueda disponer de oportunidades económicas en el futuro. Será necesario prestar apoyo financiero y crediticio a los empresarios y las empresas emergentes, ya que habrá muchas oportunidades —en particular en el ámbito digital—, especialmente en los países en desarrollo.

4.23.

En el ámbito de las oportunidades económicas, el modelo de la Garantía Juvenil de la UE ofrece un buen ejemplo con ajustes adecuados que ofrezcan oportunidades a los ninis. Será necesario impartir enseñanza en materia de derechos laborales y sociales para hacer realidad el Programa de Trabajo Decente.

4.24.

Es necesario analizar cuestiones como el comercio en el marco del Plan de Acción para la Juventud, por ejemplo en los capítulos sobre sostenibilidad en los acuerdos de libre comercio, y debe abogarse por la participación de la sociedad civil, como las organizaciones juveniles. La juventud sigue siendo el sector de la sociedad más afectado por el trabajo infantil y otras formas de maltrato. Para hacer frente a esta situación, la lucha contra el trabajo infantil debe constituir una parte importante del Plan de Acción para la Juventud, de modo que se erradique por fin en el siglo XXI. A tal fin, deben preverse recursos financieros para que los niños víctimas de trabajo infantil dejen de depender de sus ingresos. Por otra parte, debe restringirse la capacidad de actuación de las empresas que recurren al trabajo infantil en su cadena de producción mundial.

4.25.

Los jóvenes a menudo emprenden viajes peligrosos con el objetivo de emigrar a Europa, entre otros lugares. Para garantizar que no se vean obligados a cruzar fronteras internacionales empleando medios peligrosos y a menudo ilegales, el Plan de Acción para la Juventud debe incluir una cooperación activa con terceros países con el fin de establecer corredores humanitarios y crear programas de reasentamiento para que lleguen a Europa de forma segura y legal.

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(1)  Kalantaryan, S., McMahon, S. y Ueffing, P.: Youth in external action, JRC130554, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2022.

(2)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 142.

(3)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 44.

(4)  DO C 443 de 22.11.2022, p. 44.

(5)  DO C 486 de 21.12.2022, p. 46.

(6)  Documento informativo del CESE sobre «La aplicación del Acuerdo de Retirada entre la Unión y el Reino Unido, incluido el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte».

(7)  https://globalyouthmobilization.org/.

(8)  DO C 100 de 16.3.2023, p. 38.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de los jóvenes en la transición ecológica»

(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia sueca)

(2023/C 184/03)

Ponente:

Nicoletta MERLO

Solicitud de la Presidencia sueca del Consejo	Carta, 14.11.2022
Base jurídica	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Aprobado en sección	8.3.2023
Aprobado en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	152/00/01

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) cree que la juventud puede y debe desempeñar un papel crucial en el contexto de la transición ecológica. Considera esencial un nuevo modelo de gobernanza que sea más inclusivo y capaz de garantizar la participación activa de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones, superando los obstáculos que aún existen.

1.2.

El CESE subraya la importancia de asegurarse de que las organizaciones juveniles desempeñen un papel de liderazgo en el proceso de toma de decisiones y en el desarrollo y la difusión de proyectos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente, en particular garantizándoles el apoyo financiero necesario.

1.3.

El CESE considera fundamental supervisar constantemente los efectos que las inversiones públicas, incluidas las relacionadas con la transición ecológica, tienen y tendrán en el futuro en los jóvenes a través de una evaluación de impacto económico, político y social de las políticas que deben aplicarse, para la que se utilicen indicadores, antes, durante y después de su aprobación.

1.4.

El CESE anima a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que apliquen medidas y mecanismos para garantizar que la perspectiva de la juventud se tenga en cuenta en todos los ámbitos políticos y a que creen un espacio capaz de garantizar la participación activa de los jóvenes mediante la plena adopción de la «evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes».

1.5.

El CESE considera fundamental vincular las iniciativas y políticas que se adoptarán en el contexto del Año Europeo de las Competencias al tema de la transición ecológica, el desarrollo sostenible y los retos a los que se enfrenta la juventud en un mundo en rápida evolución.

1.6.

El CESE considera esencial plantear la educación y el desarrollo de las competencias que se esperan de los jóvenes en este ámbito utilizando un enfoque transversal capaz de proporcionar competencias teóricas y prácticas, en particular por medio de la puesta en práctica y la mejora de los itinerarios de transición de la escuela al puesto de trabajo y del aprendizaje profesional, con la participación también de los interlocutores sociales. La formación sobre estos temas también debería hacerse estructural, y diseñarse y desarrollarse en función de los territorios y sus necesidades, dentro de un marco más amplio a nivel nacional.

1.7.

El CESE considera necesario empezar a enseñar las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente desde una edad temprana, adoptando instrumentos educativos innovadores que tengan en cuenta la protección del medio ambiente, el desarrollo social y económico y la consecución de los objetivos conexos. Una educación de calidad para todos y un trabajo digno para quienes la proporcionan son elementos fundamentales de cara a garantizar la consecución de este objetivo.

1.8.

El CESE subraya la importancia de que las escuelas participen en cuestiones relacionadas con la transición ecológica en colaboración con los entes locales y las actividades extraescolares, en especial con las organizaciones juveniles y la sociedad civil organizada, de modo que ello dé lugar a un aumento de la sensibilización y la participación entre los ciudadanos de a pie. En este sentido, el CESE valora positivamente la experiencia del proyecto Erasmus Verde y espera con interés su aplicación.

1.9.

Con el fin de dotar a los trabajadores, tanto jóvenes como mayores, de competencias que permitan regular la innovación que ha traído consigo la transición ecológica, el CESE considera importante invertir en el aprendizaje basado en el trabajo y promover la formación en el puesto de trabajo, y las prácticas y el aprendizaje profesional de calidad capaces de crear un diálogo virtuoso entre las necesidades del mercado y las competencias individuales de los jóvenes. El diálogo social y la negociación colectiva pueden desempeñar un papel fundamental a este respecto.

1.10.

El CESE considera esencial contar con políticas de formación holísticas, integradas en las políticas industriales, coordinadas con otras estrategias de desarrollo y planificadas de forma específica en el plano territorial y local en estrecha relación con los interlocutores sociales, a fin de garantizar que la transición ecológica sea una transición justa que no deje a nadie atrás.

1.11.

Con el objetivo de garantizar la participación adecuada de las mujeres en los sectores vinculados a la transición ecológica, el CESE cree que la igualdad de género debe formar parte de la transición ecológica. Los Estados miembros deben invertir más recursos en la orientación profesional de los jóvenes en la escuela y en apoyarlos para que trabajen a través de unos servicios públicos de empleo eficientes que estén adecuadamente vinculados al tejido productivo del territorio.

1.12.

Los jóvenes emprendedores pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de la innovación, también en el ámbito de la transición ecológica. El CESE considera que es necesario alentar a estos jóvenes mediante la formación específica, el respaldo a proyectos innovadores y garantizándoles un apoyo económico adecuado.

1.13.

Para garantizar que la transición ecológica sea asimismo justa y que se eviten los cierres de empresas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, el CESE considera prioritario que los Estados miembros inviertan importantes recursos (empezando por los de los planes nacionales de recuperación y resiliencia) para apoyar a las empresas que necesitan reconvertir sus actividades, reubicar a los trabajadores despedidos y apoyar a los emprendedores, en especial los jóvenes, que tienen la intención de invertir en empresas ecológicas.

2.   Antecedentes

2.1.

El presente Dictamen exploratorio fue solicitado por la Presidencia sueca del Consejo de la Unión con el fin de analizar el papel de los jóvenes en la transición ecológica.

2.2.

La «transición ecológica» se refiere a la transición de la economía y la sociedad de la Unión hacia la consecución de los objetivos climáticos y medioambientales, principalmente a través de políticas e inversiones y en consonancia con la Ley Europea del Clima; en ella se establece la obligación de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, y se ha de velar por que la transición sea justa e inclusiva para todos.

2.3.

Ante estos grandes retos, es importante señalar que es precisamente la generación actual de jóvenes la más sensible y consciente de la necesidad de actuar para lograr los objetivos medioambientales. De hecho, si en la actualidad existe un tema capaz de crear un vínculo virtuoso entre la sensibilidad y los valores de la juventud y las cuestiones abiertas de nuestro tiempo, con un elevado potencial de innovación en materia de modelos de producción y consumo, ese es el medio ambiente, la promoción de la salud y la salvaguardia de la biodiversidad del planeta.

2.4.

En los últimos años, la acción por el clima ha movilizado a un gran número de jóvenes de toda Europa y han surgido numerosos movimientos medioambientales y sociales a escala territorial, nacional y europea, integrados por jóvenes que se han manifestado y han exigido medidas tangibles por parte de los gobiernos y los responsables políticos para proteger el medio ambiente y lograr la neutralidad climática.

2.5.

El año 2022 fue declarado Año Europeo de la Juventud no solo para celebrar y apoyar a los jóvenes, la generación más afectada por la pandemia, inculcando en ellos nuevas esperanza, fuerza y confianza en el futuro, sino que también como una oportunidad para destacar de qué modo las transiciones ecológica y digital ofrecen nuevas perspectivas y oportunidades.

3.   Participación de los jóvenes en la transición ecológica

3.1.

Con el fin de lograr una transición ecológica justa, es necesario aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del Pacto Verde Europeo, en particular mediante la introducción de un nuevo modelo de gobernanza que sea más inclusivo y capaz de implicar activamente a la juventud en los procesos de toma de decisiones.

3.2.

Las decisiones que los dirigentes políticos tomen hoy sobre el cambio climático y otras cuestiones medioambientales tendrán repercusiones, sobre todo en las generaciones jóvenes actuales y las futuras. La juventud tiene derecho a expresar su opinión sobre las cuestiones que la afectan, como se indica en la Agenda 2030, que reconoce a los jóvenes como «agentes cruciales del cambio» en el marco de sus ODS.

3.3.

Aunque el papel de los jóvenes en la construcción de un mundo más sostenible, inclusivo y ecológico se reconoce cada vez más, y a pesar de que se haya proclamado un año dedicado a ellos, es evidente que, en realidad, la juventud sigue teniendo dificultades para participar de forma activa en los órganos decisorios.

3.4.

En los últimos años, a pesar del alto grado de activismo juvenil en torno a la cuestión del cambio climático, también estamos asistiendo a una creciente desafección y pérdida de confianza entre los jóvenes respecto a las instituciones políticas, lo que se traduce en una disminución de su participación activa en los partidos políticos y en un creciente abstencionismo en las elecciones políticas en su calidad tanto de votantes como de candidatos. Esto representa una amenaza para el sistema democrático y un obstáculo para el desarrollo de políticas con visión de futuro, empezando por las que son necesarias para afrontar los retos de la transición climática y aptas para responder a diferentes sensibilidades y necesidades. A este respecto, el CESE considera que promover la participación de los jóvenes en la política y en otros procesos de toma de decisiones debe ser una prioridad y que han de examinarse todas las opciones para que ello sea factible y eficaz a todos los niveles.

3.5.

Como punto de partida, convendría identificar, y superar, los obstáculos sociales, económicos y culturales a la plena participación de la juventud, que también pueden obedecer a una falta de sensibilización o a la dificultad de acceso a la información relativa a los mecanismos de participación y representación de los jóvenes. Otro aspecto que debe destacarse se refiere a las nuevas formas, a menudo informales, de participación y diálogo de los jóvenes de hoy en día, que pasan a menudo por el uso de la tecnología y las redes sociales, y que deben tenerse debidamente en cuenta, ya que son capaces de movilizar a generaciones enteras.

3.6.

La sostenibilidad está profundamente arraigada en la visión de los jóvenes acerca del mundo y sus procesos de toma de decisiones, pero con mucho pragmatismo. Por lo tanto, las organizaciones juveniles, que representan los intereses y sensibilidades de millones de jóvenes en Europa, pueden desempeñar un papel importante a la hora de garantizar que la generación más joven no solo tenga voz en las instituciones y la sociedad civil, sino también la oportunidad de aportar una contribución significativa y cualificada al proceso de toma de decisiones en los ámbitos local, regional, nacional y europeo (1).

3.7.

Por estas razones, el CESE hace hincapié en la importancia de crear oportunidades para que todas las organizaciones juveniles más representativas, empezando por las que representan a los jóvenes más vulnerables y a los que viven en las zonas más periféricas y rurales, participen en la elaboración de políticas y en el desarrollo de ideas sobre cuestiones de sostenibilidad.

3.8.

Las organizaciones juveniles pueden realizar numerosas funciones y desempeñar un papel crucial en la difusión y puesta en marcha de proyectos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Por este motivo, el CESE pide a las instituciones de la UE que proporcionen a estas asociaciones un apoyo financiero estructural mediante recursos adecuados y específicos, a fin de que las organizaciones juveniles dispongan de las condiciones adecuadas para garantizar y desarrollar el compromiso de los jóvenes en la transición ecológica.

3.9.

No obstante, la participación por sí sola no es suficiente. Todas las políticas públicas deben tener en cuenta el efecto que tendrán para los jóvenes y sus expectativas, incluidos los de las generaciones futuras. Por ello, se debe llevar a cabo una evaluación ex ante, in itinere y ex post de todas las inversiones, incluidas las relacionadas con la transición ecológica, a fin de determinar con certeza, mediante el uso de indicadores, las repercusiones económicas, políticas y sociales que tendrán en las generaciones jóvenes.

3.10.

El CESE anima a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que apliquen medidas y mecanismos destinados a garantizar que la perspectiva de la juventud se tenga en cuenta en todos los ámbitos políticos, creando al mismo tiempo un espacio para que los jóvenes aporten una contribución coherente y basada en competencias ante los retos a los que se enfrentan mediante la plena adopción de la «evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes» (2).

3.11.

Lo que se necesita, tanto para el planeta como para el desarrollo avanzado de nuestros Estados miembros, es facultar a la juventud en cuatro pilares: la participación en los procesos de cambio; la posibilidad de desempeñar un papel activo ejerciendo su responsabilidad en las decisiones individuales y colectivas; la mejora del conocimiento sobre las transformaciones que están teniendo lugar y las consecuencias inevitables de la transición ecológica y digital; y el desarrollo de competencias para intervenir de manera cualificada.

4.   La transición ecológica en la educación y el mercado laboral

4.1.

El año 2023 ha sido declarado Año Europeo de las Competencias. El CESE considera fundamental vincular las iniciativas y políticas que se adoptarán en este contexto con el tema de la transición ecológica, el desarrollo sostenible y los retos a los que se enfrentan los jóvenes en un mundo en rápida evolución.

4.2.

En el contexto de la emergencia climática y medioambiental, la educación para la sostenibilidad debe convertirse en una prioridad para las escuelas. Los educadores tienen un papel decisivo que desempeñar a la hora de garantizar que los estudiantes posean la alfabetización climática y los conocimientos y competencias que necesitan para participar en la economía verde. Hay muchos enfoques que el profesorado y las escuelas pueden adoptar para explorar estas cuestiones con los estudiantes, pero esto también requiere una educación de calidad para todos y un trabajo digno para quienes la proporcionan. El CESE considera esencial garantizar una financiación adecuada a escala europea, nacional, regional y local para apoyar proyectos e iniciativas destinados a fomentar y aplicar la enseñanza y el aprendizaje en los ámbitos del medio ambiente y la sostenibilidad.

4.3.

Los temas que atañen a las estrategias de transición ecológica y de desarrollo sostenible son totalmente transversales. Por lo tanto, es necesario plantear la educación y el desarrollo de las competencias que esperan los jóvenes en este ámbito a través de un enfoque transversal, capaz de proporcionar competencias teóricas y prácticas, en particular mediante la puesta en práctica y la mejora de los itinerarios de transición de la escuela al puesto de trabajo y del aprendizaje profesional. La formación sobre estos temas también debería hacerse estructural, y diseñarse y desarrollarse en función de los territorios y sus necesidades, dentro de un marco más amplio a nivel nacional, y con vistas al aprendizaje permanente.

4.4.

La enseñanza infantil sobre cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente debe iniciarse a una edad temprana, comenzando en la guardería y continuando con programas específicos a lo largo de los años de escolarización. Por lo tanto, es importante que el profesorado reciba también una formación específica y que se le garanticen oportunidades para actualizar sus competencias de manera continua.

4.5.

La introducción de vías de transición ecológica y cultural en los procesos educativos implica una reafirmación de la función educativa de la escuela, a la que se encomienda la tarea de impulsar vías cívicas capaces de hacer que los estudiantes vivan en el mundo de una manera nueva y sostenible. Los estudiantes se convierten así en protagonistas de un cambio que les dirige hacia un nuevo modelo de sociedad, donde el medio ambiente es el elemento central, y les permite experimentar y difundir nuevos estilos de vida que estén en equilibrio con la naturaleza.

4.6.

El contexto actual, que se encuentra en un proceso de cambio rápido y constante, requiere entornos educativos innovadores mediante la creación de un nuevo alfabeto ecológico acorde con los objetivos de la Agenda 2030 y centrado en los métodos de aplicación de la economía circular y las herramientas que ofrece el denominado «concepto del ciclo de vida» (3), que tiene en cuenta la protección del medio ambiente, el desarrollo social y económico y la consecución de los objetivos conexos.

4.7.

El CESE hace hincapié en que todo el mundo necesita tener los conocimientos para hacer frente al cambio climático, en especial en lo que respecta a todos los aspectos del consumo y la producción sostenibles, la toma de decisiones alimentarias responsables, la reducción del desperdicio de alimentos y el uso de la energía sostenible. La educación de la juventud debe apoyarse en el aprendizaje permanente de los progenitores y la educación de la ciudadanía (4).

4.8.

El éxito de la transición ecológica dependerá, por tanto, de la capacidad de las escuelas para trabajar de común acuerdo con los entes locales y las actividades extraescolares, especialmente con las organizaciones juveniles y la sociedad civil organizada, lo que generará un aumento de la sensibilización y la participación, también entre la ciudadanía de a pie. En este sentido, el CESE valora positivamente la experiencia del proyecto Erasmus Verde y espera con interés su aplicación.

4.9.

La sensibilización, el conocimiento y el liderazgo positivo en materia de protección del medio ambiente son aún más intensos entre las generaciones más jóvenes, es decir, la generación Z (los menores de 25 años) y quienes poseen una educación y herramientas culturales más sólidas. Esto significa que la sensibilización y la información cualificada van a crecer y consolidarse, pero también que las respuestas positivas que se requieren pueden reforzarse gracias a la mejora de la educación de los jóvenes y la potenciación de su capital humano en los planos social y económico. Por el contrario, las bajas cualificaciones educativas y la dificultad para incorporarse al mundo laboral no solo ralentizan la contribución al crecimiento actual del país, sino que también debilitan el papel de los jóvenes como participantes activos en nuevos procesos de crecimiento más acordes con los retos de la época en la que viven.

4.10.

No puede haber transición sin competencias. Es fundamental dotar a los trabajadores, tanto jóvenes como mayores, de competencias que permitan gobernar la innovación que ha traído consigo la transición ecológica, que inevitablemente tiene —y tendrá en el futuro— un impacto significativo en el mundo laboral. El CESE cree que es importante invertir en el aprendizaje basado en el trabajo. El aprendizaje basado en el trabajo, un conjunto de prácticas de formación y aprendizaje que tienen lugar en contextos laborales, en particular en forma de aprendizaje profesional, representa un activo decisivo para la re(adquisición) de competencias, tanto técnicas como transversales. La formación en el puesto de trabajo, las prácticas y el aprendizaje profesional son tres formas que, por sí solas y de forma diversa, contribuyen a crear un diálogo virtuoso entre las necesidades del mercado y las competencias individuales de los jóvenes. Los interlocutores sociales tienen un papel esencial que desempeñar para lograr este objetivo, a través del diálogo social y la negociación colectiva.

4.11.

La transición ecológica debe ser una transición justa, garantizando el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de los trabajadores, así como empleos de calidad para todos, a fin de garantizar que nadie se quede atrás. Por ello, el CESE considera esencial que las políticas de formación sean holísticas, se integren en las políticas industriales, se coordinen con otras estrategias de desarrollo y se planifiquen detalladamente en el ámbito territorial y local, en estrecha relación con los interlocutores sociales.

4.12.

Actualmente, hay pruebas que demuestran una falta de un enfoque holístico de este tipo y la escasa difusión de las competencias ecológicas y, como consecuencia de ello, de los empleos verdes, sobre todo entre aquellas personas con los niveles de educación y competencias más bajos. Esta circunstancia podría generar una nueva polarización: entre quienes poseen competencias ecológicas y, por tanto, disfrutan de una excelente empleabilidad en los escenarios abiertos por la transición ecológica, y aquellos que, por el contrario, siguen excluidos de estos procesos de formación, poseen competencias limitadas y a menudo participan en tareas operativas que podrían desaparecer debido al efecto combinado de la transición ecológica y la automatización industrial.

4.13.

La igualdad de género también debe formar parte de las estrategias de la economía ecológica. Las mujeres jóvenes están infrarrepresentadas en los ámbitos tecnológico y científico porque es poco probable que elijan una educación especializada en estos sectores debido a estereotipos de género que consideran que determinados puestos de trabajo son eminentemente masculinos. Con el fin de garantizar la participación adecuada de las mujeres en sectores que tienen y tendrán en un futuro próximo un desarrollo importante debido a la transición ecológica, deben abordarse estos estereotipos y la orientación profesional en la escuela puede desempeñar un papel crucial. El CESE considera que los Estados miembros deben invertir más recursos en ofrecer orientación profesional a los jóvenes en la escuela y apoyarlos para que trabajen a través de unos servicios públicos de empleo eficientes que estén adecuadamente vinculados al tejido productivo del territorio.

4.14.

El desarrollo de la innovación es un factor clave para el éxito de la transición ecológica. Por lo tanto, fomentar la actitud emprendedora de los jóvenes en el proceso de innovación a través de la formación específica y el apoyo a proyectos innovadores y garantizándoles un apoyo financiero adecuado son aspectos clave para la consecución de los objetivos.

4.15.

La transición ecológica en la Unión Europea podría generar un millón de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030 pero también podría dar lugar a entre medio millón y dos millones de nuevos desempleados, según una evaluación de impacto (5) realizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente. El CESE considera prioritario que los Estados miembros inviertan importantes recursos, empezando por los de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, para apoyar a las empresas que necesitan reconvertir sus actividades, reubicar a los trabajadores despedidos y apoyar a los emprendedores, en especial los jóvenes, que tienen la intención de invertir en empresas ecológicas.

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(1)  Dictamen del CESE «Hacia un compromiso estructurado de la juventud en favor del clima y la sostenibilidad en el proceso decisorio de la UE», DO C 429 de 11.12.2020, p. 44.

(2)  Dictamen del CESE «Evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes», DO C 486 de 21.12.2022, p. 46.

(3)  https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/.

(4)  Dictamen del CESE «Empoderar a la juventud para lograr un desarrollo sostenible a través de la educación», DO C 100 de 16.3.2023, p. 38.

(5)  https://www.eea.europa.eu/policy-documents/swd-2020-176-final-part.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Construcción en madera para reducir el CO2 en el sector de la construcción»

(Dictamen exploratorio a petición de la Presidencia sueca)

(2023/C 184/04)

Ponente:	Rudolf KOLBE
Coponente:	Sam HÄGGLUND

Consulta	Presidencia sueca, 14.11.2022
Base jurídica	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Decisión de la Asamblea	14.12.2022
Sección competente	Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información
Aprobado en sección	7.3.2023
Aprobado en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	153/2/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que los materiales de construcción de origen biológico constituyen un instrumento importante para la transición ecológica. El aumento del uso de la madera en la construcción para reducir las emisiones de carbono debe fomentarse por medio de una gestión forestal activa y sostenible en la Unión, y no obstaculizarse con restricciones políticas.

1.2.

Debido al papel de ejemplo que desempeñan los poderes públicos, el CESE pide a los Estados miembros que aumenten el uso de madera en los edificios públicos, el cual está por debajo de la media general.

1.3.

El Comité también considera que las medidas de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación sobre materiales de construcción alternativos fácilmente accesibles para las pymes son una herramienta importante para aprovechar el potencial de la construcción en madera.

1.4.

El CESE propone examinar los obstáculos a la construcción en madera derivados de los requisitos formales, jurídicos y técnicos para determinar si son un factor necesario desde el punto de vista de la calidad de la planificación y señala que la innovación debe poder reflejar los avances técnicos no solo mediante el cumplimiento de normas sino también mediante «soluciones alternativas equivalentes».

1.5.

Dado que las diferentes normas para los materiales de construcción renovables también dan lugar a barreras para su uso, el CESE propone que se establezcan medidas de armonización, y considera que la Nueva Bauhaus Europea (NBE) representa un recurso importante en este contexto.

1.6.

El CESE recomienda el uso coherente de la contabilidad medioambiental a efectos de la evaluación cualificada de la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida de los edificios y de la comparación de las repercusiones medioambientales.

1.7.

Asimismo, subraya la importancia de unas normas mínimas para las emisiones de carbono de los edificios a lo largo de su vida útil, así como de la correspondiente obligación de informar sobre el carbono en todo el sector de la construcción.

1.8.

El CESE estima que la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios constituye un instrumento político importante para establecer requisitos de reducción de las emisiones de carbono a lo largo de la vida útil de los edificios. El CESE pide a la Comisión Europea que desarrolle un sistema de certificación del carbono que tenga plenamente en cuenta el papel de los productos de madera en la compensación de emisiones.

1.9.

El Comité considera indispensable la transferencia de conocimientos —tal y como está planificada en la Academia de la Nueva Bauhaus Europea—, así como las oportunidades de formación y perfeccionamiento profesional correspondientes a escala nacional. Se necesitan formación y perfeccionamiento profesional en el uso de nuevos métodos y materiales de construcción sostenibles para todas las partes involucradas en el proceso de construcción: planificadores, arquitectos, ingenieros, técnicos, especialistas informáticos y trabajadores del sector de la construcción.

1.10.

El CESE cree que los procedimientos de adjudicación basados en la calidad que incorporen criterios de sostenibilidad y ciclo de vida y la selección de procedimientos de adjudicación adecuados que permitan aplicar soluciones innovadoras son requisitos indispensables para alcanzar los objetivos climáticos y promover la construcción en madera. Por tanto, pide una obligación jurídica más estricta en materia de competencia de calidad y contratación pública respetuosa con el clima, así como medidas para formar a los poderes adjudicadores en este sentido.

1.11.

El CESE pide a los Estados miembros que participen en la iniciativa Wood POP de los Gobiernos de Austria y Finlandia, destinada a movilizar a los agentes públicos y privados del sector de la madera a escala nacional y regional y a apoyar la reorientación de las inversiones hacia soluciones sostenibles de base biológica y cadenas de valor basadas en la madera.

2.   Observaciones generales

2.1.

La tradición de la construcción en madera se remonta a una historia centenaria de innovación. El uso de materiales sostenibles se ha recogido, entre otros, en las ideas de la Nueva Bauhaus Europea (1).

2.2.

El CESE comparte la opinión de la Comisión de que los materiales (de construcción) innovadores, de origen biológico, sostenibles y fabricados mediante procesos hipocarbónicos revisten una importancia primordial en relación con la transición ecológica. Según el informe en materia de edificios de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) (2), los edificios representan el 33 % (2021) de las emisiones mundiales de CO2. La mayoría de las emisiones están relacionadas directa e indirectamente con el funcionamiento de los edificios, pero el 6,4 % (2021) provienen de la construcción y la producción de materiales de construcción. No se incluyen aquí el transporte, la demolición y la construcción de infraestructuras. Las emisiones provocadas por el transporte se asignan al sector del transporte. Por lo tanto, es razonable suponer que las emisiones reales derivadas de la construcción son superiores. Según datos de la Comisión, en la Unión los edificios son responsables de alrededor del 40 % del consumo de energía y de en torno a un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se debe principalmente a las medidas de renovación energética de edificios, el aumento de la proporción de energías renovables y la modernización de los sistemas de calefacción. No obstante, hay cada vez más residencias principales, y también ha aumentado la superficie habitable por vivienda.

2.3.

El CESE subraya la enorme importancia de los bosques para la vida de las personas en todo el mundo. Por ejemplo, los 400 000 millones de árboles de Europa absorben casi el 9 % de las emisiones europeas de gases de efecto invernadero. El Comité es consciente de que la deforestación es un gran problema mundial, aunque los recursos forestales están aumentando dentro de la UE. Entre 1990 y 2020, la superficie forestal aumentó un 9 %, y el volumen de madera en los bosques europeos, un 50 % (3). El CESE apoya plenamente todos los esfuerzos de la Comisión Europea por afrontar el problema global y destaca la necesidad de seguir promoviendo en la Unión unos bosques sanos y en crecimiento. El aumento del uso de la madera en la construcción para reducir las emisiones de carbono debe fomentarse por medio de una gestión forestal activa y sostenible en el conjunto de la Unión, y no obstaculizarse con restricciones políticas.

2.4.

Por ello, el CESE afirma que aprovechar el potencial de la construcción en madera (tanto maciza como no maciza) para proteger el clima debe estar indisolublemente ligado a una gestión forestal sostenible. En el proyecto austriaco CareforParis (4), donde colaboraron el Centro Federal de Investigación Forestal austriaco (BFW), la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena (BOKU), Wood K plus y la Agencia Federal de Medio Ambiente austriaca, se crearon y examinaron diferentes alternativas de gestión forestal. Estas se basan en diferentes hipótesis de cambio climático y de estrategias de adaptación para los bosques austriacos, mostrando posibles evoluciones hasta el año 2150. Se analizó con más detalle el balance de CO2 de los bosques y los productos de madera, así como la prevención de emisiones de CO2 mediante el uso de productos de madera. La combinación del crecimiento forestal, el uso de la madera y la prevención de emisiones de gases de efecto invernadero por medio de los productos de madera conduce a un balance positivo de gases de efecto invernadero. Los bosques europeos son un importante sumidero de carbono. Entre 2010 y 2020, la absorción anual media de carbono en la biomasa forestal de Europa alcanzó los 155 millones de toneladas. En la EU-28, el secuestro representa el 10 % de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero (5). La principal palanca para la protección del clima es la sustitución de materias primas y fuentes de energía fósiles por madera (en términos tanto materiales como energéticos) y la consiguiente reducción de emisiones. El suministro de madera para sustituir materiales con mayores emisiones durante el ciclo de vida es, por lo tanto, una medida importante en la acción por el clima.

2.5.

La energía incorporada es la energía que se tiene que utilizar para la fabricación, el almacenamiento, el transporte, la instalación y finalmente la eliminación de materiales o componentes y edificios. En comparación con otros materiales de construcción convencionales, la madera ya absorbe carbono antes de que se utilice como material de construcción (un árbol se compone de aproximadamente un 50 % de carbono puro). A la hora de tener en cuenta el balance de emisiones de la madera, resultan fundamentales los factores del origen, la distancia de transporte y el tipo de transformación, así como la reutilizabilidad. Las comparaciones de edificios equivalentes, consideradas a lo largo de todo el ciclo de vida, muestran que la madera, a diferencia de otros materiales de construcción, arroja mejores valores en términos de energía incorporada, emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación del aire o del agua y otros indicadores de impacto. Los productos de madera fabricados actualmente cada año (esto es, la madera utilizada como material) evitan alrededor del 10 % de las emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero solo con el efecto de sustitución.

2.6.

Concretamente, la construcción con madera puede evitar hasta un 40 % de emisiones de CO2 en comparación con el hormigón. Si se utiliza la conversión de volumen a peso recomendada por Hagauer et al. (2009) (6), el peso en seco de un metro cúbico de madera (mezcla de madera blanda y dura) es de 417 kg. Partiendo de la base de que la proporción C es del 50 %, el resultado es un equivalente de CO2 de 0,765 toneladas por fm. Esto significa que, por cada millón de metros cúbicos de madera talada adicional lista para su uso, 0,765 millones de toneladas de CO2 se fijan en productos duraderos.

2.7.

La proporción de edificios de madera ha aumentado en los últimos años. En Austria, por ejemplo, la proporción de construcciones de madera (7) ha aumentado en veinte años en más del 70 %; en 2018, era del 24 % en relación con la superficie útil empleada. De esta cifra, el 53 % correspondía a la construcción de viviendas, el 11 %, a la construcción comercial e industrial y el 29 %, a edificios agrícolas. En comparación, la proporción en el ámbito de los edificios públicos era de solo el 7 %. En Suecia y Finlandia, el 90 % de todas las viviendas unifamiliares nuevas están hechas de madera, así como alrededor del 20 % de las viviendas plurifamiliares de nueva construcción.

2.8.

La densificación urbana es una herramienta importante en la lucha contra el cambio climático y conlleva inevitablemente un aumento de la altura de los edificios. Los proyectos actuales demuestran que los edificios de madera pueden alcanzar grandes alturas. Algunos ejemplos son el Sara Cultural Centre en Suecia, con veinte plantas y setenta y cinco metros de altura (8), o la Ascent Tower en Milwaukee, con dieciocho plantas de madera (9).

2.9.

Los sistemas actuales de construcción en madera pueden adaptarse fácilmente para proporcionar soluciones integrales a la hora de renovar los edificios, lo que permite crear viviendas de calidad y conseguir importantes ahorros de energía. Los proyectos de renovación no solo aprovechan la infraestructura urbana de fácil acceso, sino que también aprovechan la energía incorporada ya contenida en el parque de edificios existente.

2.10.

Usar las reservas existentes en lugar de añadir nuevos edificios implica un uso más eficiente de los recursos de que dispone una ciudad, por lo que en principio debe darse prioridad a esta opción. Las ventajas son la rapidez de instalación y montaje de los componentes, la mejor relación entre la capacidad de carga y el peso en comparación con otros materiales y, en consecuencia, una carga muerta comparativamente baja sobre la construcción existente.

2.11.

Por otro lado, la madera se presta bien al uso en cascada. La existencia de varias etapas de utilización aumenta el valor añadido, reduce el consumo de recursos y fija el CO2 durante más tiempo.

2.12.

Los requisitos formales, jurídicos y técnicos sobre la calidad de la planificación de la construcción en madera son comparativamente más estrictos y exhaustivos que en otros métodos de construcción. Este nivel de complejidad constituye una barrera que impide aumentar la cuota de mercado de la construcción en madera. La normalización de componentes, conexiones y módulos puede facilitar la aplicación y garantizar la rentabilidad y la calidad. Una iniciativa existente es la base de datos dataholz.eu, que contiene estructuras de componentes y uniones de componentes ensayadas y disponibles en línea para Alemania y Austria. En principio, el CESE señala que la innovación, también en todos los ámbitos de la construcción en madera, debe poder reflejar los avances técnicos no solo mediante las normas vigentes sino también mediante «soluciones alternativas equivalentes».

3.   Observaciones específicas

3.1.

El CESE señala que, gracias a su normalización, precisión y calidad, los sistemas de construcción en madera son especialmente adecuados tanto para las nuevas construcciones como para la renovación de edificios existentes y la redensificación urbana. Entre sus numerosas ventajas se cuentan la adaptabilidad, el alto grado de prefabricación, unos tiempos de construcción más cortos y un menor peso en comparación con otros materiales de construcción.

3.2.

Un criterio esencial para la evaluación de los edificios son las repercusiones medioambientales durante todo el ciclo de vida. Las repercusiones medioambientales se producen durante la construcción (fabricación y transporte de los productos de construcción utilizados), el uso y el desmantelamiento (incluidos el reciclado o la eliminación de los productos de construcción). Las repercusiones medioambientales se registran mediante evaluaciones del ciclo de vida (EN 15804:15.2.2022).

3.3.

La contabilidad medioambiental es una herramienta adecuada que permite evaluar la sostenibilidad de los productos de construcción. El CESE recomienda que se utilice de forma coherente la contabilidad medioambiental para la evaluación cualificada de la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios, a efectos tanto de la descripción como de la comparación de las repercusiones medioambientales.

3.4.

Las normas de construcción se han abierto al uso de materiales de construcción renovables en los últimos años. Se han ampliado las posibilidades de construir con madera, especialmente en lo que respecta a la protección contra el fuego. Asimismo, existen proyectos actuales que abordan el tema.

3.5.

El proyecto de investigación TIMpuls (10), dirigido por la Universidad Técnica de Múnich (TUM), investiga actualmente los incendios en edificios de madera de varios pisos con el objetivo de crear un fundamento útil que permita establecer un conjunto único de normas sobre la construcción de edificios de madera de gran altura.

3.6.

Los resultados de las investigaciones recientes y los proyectos realizados muestran que la construcción en madera no es inferior a otros métodos de construcción en términos de protección contra el fuego, además de presentar ventajas en materia de resistencia sísmica (11).

3.7.

Debido a las diferencias en la legislación, también dentro de cada Estado miembro, a menudo existen obstáculos innecesarios. El CESE pide, por tanto, una mayor armonización de las normas de construcción con miras a la equiparación con otros materiales de construcción.

3.8.

El Comité pide a los Estados miembros que aumenten el uso de madera en los edificios públicos, el cual está por debajo de la media general. El sector público tiene una función modélica a la hora de aprovechar el potencial de la construcción en madera para lograr los objetivos climáticos. En particular, los edificios emblemáticos construidos con madera que destaquen por sus características innovadoras pueden crear identidad e impulsar un mayor uso de este material.

3.9.

En los procedimientos de adjudicación, criterios como la bioeconomía, la sostenibilidad, el coste del ciclo de vida o el impacto climático tienen a menudo un peso nulo o demasiado reducido a la hora de determinar la mejor oferta. El CESE pide, por consiguiente, que se refuerce la obligación de incluir en la contratación pública criterios que contribuyan a lograr los objetivos climáticos.

3.10.

En la construcción prefabricada en madera, el diseño debe realizarse prácticamente en la fase de ejecución para no dejar margen a la interpretación y garantizar una clara comparabilidad. A fin de obtener ventajas en términos de optimización técnica y económica y de plazo de realización (12), la amplia gama de productos y las repercusiones de los procesos de fabricación, logística y montaje deben tenerse en cuenta antes que en el caso de la construcción con escasos niveles de prefabricación. Esto se puede hacer incluyendo la información del licitador en una etapa temprana mediante la selección del procedimiento de adjudicación adecuado —como, por ejemplo, un concurso de arquitectura o un diálogo competitivo— o la integración de planificadores especializados por parte de los licitadores.

3.11.

El CESE subraya la importancia de la Nueva Bauhaus Europea en la promoción de materiales de construcción de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente y, por tanto, en el uso de la madera en la construcción. La cuota de la madera como material de construcción en la Unión es actualmente solo del 3 %, por lo que el potencial de la construcción en madera para la acción por el clima aún está lejos de agotarse. Por tanto, el CESE considera que las medidas de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación en relación con los materiales de construcción alternativos en el marco de la Nueva Bauhaus Europea son un elemento importante para aprovechar este potencial.

3.12.

En muchos casos, los usuarios del sector de la construcción siguen sin conocer suficientemente las posibilidades de uso. La falta de conocimiento da lugar frecuentemente a un uso limitado de la madera. Por tanto, el CESE considera muy importante la transferencia de conocimientos dentro de Europa —tal y como se ha planificado en la Academia de la Nueva Bauhaus Europea— y, al mismo tiempo, señala que debe garantizarse una oferta suficiente de módulos de formación y perfeccionamiento profesional adecuados también a escala nacional. Se necesitarán formación y perfeccionamiento profesional en el uso de nuevos métodos y materiales de construcción sostenibles para todas las categorías de trabajadores involucrados en el proceso de construcción: planificadores, arquitectos, ingenieros, técnicos, especialistas informáticos y trabajadores del sector de la construcción. La transición ecológica solo se puede lograr con personas que tengan la debida formación.

3.13.

El CESE acoge favorablemente el proyecto social europeo conjunto RESILIENTWOOD, liderado por la Confederación Europea de Industrias de la Madera (CEI-Bois) y la Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM), que tiene como objetivo desarrollar recomendaciones, directrices y formación profesional para empresas y autoridades públicas con el fin de atraer a la juventud a la industria de la madera de la UE, adaptarla al cambio tecnológico y actualizar las cualificaciones de los trabajadores.

3.14.

El CESE considera importante publicar información especializada que ponga a disposición de todas las partes interesadas los últimos avances en materia de construcción en madera y establecer normas de diseño y física estructural que permitan simplificar la construcción en madera.

3.15.

La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios es la legislación más importante de la Unión para el sector de los edificios. Obliga a los Estados miembros de la UE a establecer niveles de rendimiento para sus edificios, planificar estratégicamente la descarbonización del parque inmobiliario a través de estrategias de renovación a largo plazo y aplicar medidas adicionales. Esta Directiva supone, por lo tanto, la herramienta política obvia para establecer con claridad requisitos y factores desencadenantes que permitan reducir las emisiones de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios.

3.16.

Las disposiciones de dicha Directiva deben ajustarse a los objetivos de neutralidad climática y definir las medidas más importantes y urgentes que deben adoptarse de aquí a 2050. Si bien es importante mejorar la eficiencia energética de los edificios, sin una comprensión clara de la huella de CO2 integrada de los edificios, existe el riesgo de que las medidas no sean óptimas.

3.17.

El CESE acoge favorablemente el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles propuesto en la primavera de 2022 como un paso importante hacia unos productos más ecológicos y circulares. Establecer criterios mínimos, como la reducción de la huella medioambiental y climática de los productos, también puede redundar en beneficio de la construcción en madera y crear oportunidades de innovación económica, si bien esto no se contempla actualmente en el Reglamento.

3.18.

La obligación para el sector de la construcción de informar sobre el carbono a lo largo de toda la vida útil facilitará la recopilación de datos y la evaluación comparativa, y dará a este sector la oportunidad de desarrollar las competencias y capacidades necesarias. Es necesario establecer normas mínimas obligatorias para las emisiones de carbono a lo largo de la vida útil, y reforzarlas con el tiempo. El CESE pide a la Comisión Europea que desarrolle un sistema de certificación del carbono que tenga plenamente en cuenta el papel de los productos de madera en la compensación de emisiones.

3.19.

El CESE pide a los Estados miembros que participen plenamente en la nueva iniciativa Wood POP de los Gobiernos de Austria y Finlandia. Se trata de una plataforma de diálogo sobre políticas relacionadas con la madera cuyo objetivo es movilizar a los principales agentes públicos y privados del sector de la madera a escala nacional y regional y, al mismo tiempo, apoyar la reorientación de las inversiones hacia soluciones sostenibles de base biológica y cadenas de valor basadas en la madera.

3.20.

El CESE destaca en su Dictamen complementario CCMI/205 sobre el tema «Industria 5.0 en el sector de la construcción en madera» que la madera ofrece una gran oportunidad como material de construcción, ya que es una alternativa sostenible y rentable a los materiales tradicionales como el hormigón y el acero. Otra ventaja es la elevada productividad laboral, que permite construir de forma más rápida y eficiente. Además, la construcción en madera brinda oportunidades de empleo en las regiones rurales. La construcción en madera ofrece ventajas medioambientales, ya que la madera es un recurso renovable y genera menos emisiones de carbono en su producción y a lo largo de su ciclo de vida, en comparación con otros materiales. La construcción en madera también favorece la conservación y el mantenimiento de los bosques, lo que contribuye a reducir los gases de efecto invernadero.

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(1)  DO C 275 de 18.7.2022, p. 73; DO C 155 de 30.4.2021, p. 73.

(2)  Informe en materia de edificios de la AIE (2022), en: https://www.iea.org/reports/buildings.

(3)  https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf.

(4)  Weiss, P., Braun, M., Fritz, D., Gschwantner, T., Hesser, F., Jandl, R., Kindermann, G., Koller, T., Ledermann, T., Ludvig, A., Pölz, W., Schadauer, K., Schmid, B.F., Schmid, C., Schwarzbauer, P., y Weiss, G. (2020): Informe final del proyecto CareforParis, Fondo para el Clima y la Energía, Viena.

(5)  https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf.

(6)  Hagauer, D., Lang, B., Pasteiner, C., y Nemestothy, K., (2009): «Empfohlene Umrechnungsfaktoren für Energieholzsortimente bei Holz- bzw. Energiebilanzberechnungen», Ministerio Federal austriaco de Agricultura, Silvicultura, Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos, Departamento V/10 — Energía y Economía Medioambiental, edición propia, Viena.

(7)  «Holzbauanteil in Österreich» (Cuota de la construcción en madera en Austria). «Eine statistische Erhebung aller Hochbauvorhaben in den Jahren 1998 — 2008 — 2018». Robert Stingl, Gabriel Oliver Praxmarer y Alfred Teischinger, Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena, por encargo de proHolz Austria.

(8)  Véase el Sara Cultural Centre, Skelleftea (Suecia), White Arkitekter 2021.

(9)  Véase la Ascent Tower, Milwaukee, WIEHAG Austria 2021.

(10)  www.cee.ed.tum.de/hbb/forschung/laufende-forschungsprojekte/timpuls (consultado el 23 de enero de 2023).

(11)  Véase el proyecto de investigación «Erdbebensicherheit von Holzgebäuden», Escuela Técnica Superior de Berna, 2020, www.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/erdbebensicherheit-holzgebaeude (consultado el 23 de enero de 2023).

(12)  Véase el proyecto de investigación «leanWOOD — Neue Kooperations- und Prozessmodelle für das vorgefertigte Bauen mit Holz», Escuela Técnica Superior de Lucerna (HSLU), 2017.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión (Ley sobre la Europa Interoperable)»

[COM(2022) 720 final — 2022/0379 (COD)]

y sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una política de interoperabilidad del sector público reforzada — Conectar servicios públicos, apoyar políticas públicas y ofrecer beneficios públicos — Hacia una “Europa interoperable”»

[COM(2022) 710 final]

(2023/C 184/05)

Ponente:

Vasco DE MELLO

Consulta	a) Parlamento Europeo, 21.11.2022 b) Consejo de la Unión Europea, 25.11.2022
Base jurídica	a) Artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) b) Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	10.3.2023
Aprobación en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	200/0/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Al igual que la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que la interoperabilidad entre los servicios públicos es un requisito esencial para la creación de un mercado único digital.

1.2.

Sin embargo, la consecución de este objetivo no debe conducir a una política por parte de los Estados miembros que implique una digitalización total de los servicios públicos en detrimento de los que se prestan presencialmente, teniendo en cuenta a los grupos de ciudadanos más vulnerables. La formación sobre competencias digitales debe estar a disposición de todos, pero en particular de estos grupos de población.

1.3.

Más que reducir el personal, el desarrollo y la puesta en marcha de los servicios digitales crearán, en un primer momento, una necesidad adicional de personal. Contar con una dotación adecuada de personal es un requisito previo si se quiere que la transformación digital tenga éxito.

1.4.

El CESE observa con satisfacción que, durante la pandemia, la digitalización de los servicios públicos se ha desarrollado considerablemente.

1.5.

El CESE apoya la creación de un modelo de gobernanza para esta política compuesto por dos órganos clave, a saber, el Comité de la Europa Interoperable y la Comunidad para la Europa Interoperable.

1.6.

El CESE acoge con satisfacción que la Comunicación prevea el desarrollo de soluciones experimentales que permitan asociaciones entre el sector público y las empresas tecnológicas innovadoras o emergentes, con vistas a la creación de soluciones experimentales innovadoras que puedan aplicarse a los servicios públicos y compartirse entre ellos.

1.7.

El CESE considera importante que, en los futuros programas de financiación de proyectos para la interoperabilidad de los servicios públicos, la concesión de la financiación se supedite a la adopción de los principios y estructuras preconizados por el Marco Europeo de Interoperabilidad.

1.8.

Si bien acoge favorablemente que este proceso se enmarque en el contexto de la denominada doble transición, el CESE advierte de que algunas soluciones tecnológicas para la digitalización podrían conllevar un elevado consumo de energía.

1.8.1.

El CESE considera que, con la atención necesaria, la protección de datos no debería convertirse en un obstáculo para la creación de nuevas soluciones de interoperabilidad por parte tanto de los servicios públicos como de los privados.

1.8.2.

Por otro lado, el CESE considera que el acceso a los datos, tanto para la ciudadanía como para las empresas u otros servicios públicos, debe estar sujeto a distintos niveles de autorización, con el fin de que se proteja su confidencialidad y se faciliten tan solo aquellos estrictamente necesarios.

2.   Antecedentes

2.1.

La creación de un mercado interior, es decir, un espacio de libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, implica la eliminación de todas las barreras nacionales existentes.

2.2.

Desde sus inicios, y con mayor urgencia tras la creación del mercado único, la Unión Europea ha intentado suprimir todo tipo de barreras que puedan constituir obstáculos a la creación de un verdadero mercado interior.

2.3.

Para que este exista, es necesario que la ciudadanía y las empresas puedan acceder a los servicios públicos de los Estados miembros e interactuar con ellos de forma sencilla y rápida, ya sea a escala local, regional o nacional.

2.4.

Por otra parte, la existencia de un espacio abierto, como el europeo, requiere el intercambio de datos y la cooperación entre organismos gubernamentales a todos los niveles.

2.5.

Desde los años noventa del siglo pasado, la Comisión ha intentado adoptar medidas para construir y crear una interoperabilidad (1), o más bien, una interconectividad, entre los distintos servicios públicos de los Estados miembros (2).

2.6.

Esta necesidad se ha ido acentuando con el tiempo a medida que el mercado interior evolucionaba hacia una nueva realidad, la digital (3).

2.7.

La digitalización es una verdadera revolución, tanto en los hábitos de la ciudadanía como en la forma en que operan las empresas y la Administración pública.

2.8.

En los últimos años, varios servicios públicos de los Estados miembros, que solían ofrecerse únicamente en modalidad presencial, han empezado a prestarse también digitalmente, lo que ha reportado grandes ventajas para la ciudadanía, las empresas y los propios servicios públicos, que han supuesto un enorme ahorro tanto de horas de trabajo como de costes financieros.

2.9.

La crisis de la COVID-19 ha acelerado esta tendencia, al demostrar que la interoperabilidad de los distintos servicios públicos europeos podría convertirse en una herramienta útil para el ejercicio de la libre circulación de personas, como demuestra, por ejemplo, el uso del certificado COVID.

2.10.

La Unión Europea reconoce que la digitalización del sector público —dado el peso de este en el PIB (4)— puede ser un factor clave en el proceso de digitalización en el ámbito de la economía europea, no solo por su capacidad de apalancamiento respecto a otros sectores, sino también como punta de lanza en todo este proceso.

2.11.

Como consecuencia de ello, todos los planes de recuperación y resiliencia prevén unas inversiones públicas destinadas a la digitalización de la Administración pública por un total de 47 000 millones EUR.

2.12.

Tanto la Unión Europea, a través de la Comisión, como los gobiernos de los Estados miembros han reconocido, con el tiempo, la necesidad de profundizar la interoperabilidad y la interconectividad de los distintos servicios públicos nacionales, así como entre estos y los de la Unión Europea (5), de modo que la ciudadanía y las empresas de toda la Unión puedan acceder a estos servicios allá donde se encuentren.

2.13.

Si bien la interoperabilidad de los servicios públicos no es un tema nuevo (6), la Comunicación objeto de examen pretende crear un marco de cooperación más formal, estable y seguro, que conduzca a una mayor interconectividad entre los sistemas digitales de los distintos servicios públicos nacionales, tanto entre sí como con los propios servicios de la Unión Europea (7), a fin de crear un factor catalizador para lograr este objetivo, de modo que en 2030 exista un índice de digitalización de los servicios públicos del 100 % en la Unión Europea, tal y como se propone en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital» [COM(2021) 118].

2.14.

A tal fin, la Comunicación objeto de examen establece los siguientes pilares clave para la aplicación de un enfoque coherente en este ámbito, a saber: — crear una estructura de gobernanza de la interoperabilidad compuesta por dos órganos (Comité de la Europa Interoperable y Comunidad para la Europa Interoperable), diseñada para permitir a las Administraciones Públicas colaborar entre ellas, tanto a nivel general (europeo, nacional, regional y local) como sectorial (justicia, transporte, asuntos de interior, sanidad, ecología, etc.), además de con las partes interesadas privadas, bajo el mandato de llegar a un acuerdo sobre soluciones de interoperabilidad compartidas (por ejemplo, marcos, especificaciones abiertas, normas abiertas, aplicaciones o directrices); — introducir una evaluación de impacto obligatoria sobre la interoperabilidad transfronteriza que podría resultar de la introducción o modificación de un sistema de información de servicio público; — crear de forma conjunta un ecosistema de soluciones de interoperabilidad para el sector público de la UE (introducción de catálogos de activos de interoperabilidad reconocidos que pueden reutilizarse por las Administraciones y en la formulación de políticas, como herramientas, especificaciones o soluciones digitales), de modo que las Administraciones públicas de todos los niveles de la UE y otras partes interesadas puedan contribuir a la creación, mejora y reutilización de dichas soluciones, permitiéndoles así innovar juntas y crear valor público; — supeditar la concesión de determinados fondos de la Unión Europea para la creación o el refuerzo de los sistemas nacionales de información a la utilización de soluciones y principios predefinidos por la Unión Europea (8).

3.   Observaciones generales

3.1.

Al igual que la Comisión, el CESE considera que la interoperabilidad de los servicios públicos es un requisito esencial para la creación de un mercado único digital y para la eliminación de las barreras que siguen existiendo en el mercado físico (9).

3.2.

El establecimiento de un objetivo para 2030 del 100 % de los servicios públicos digitales en toda la Unión Europea implica la aceleración y mejora de una red transeuropea que los conecte y que utilice elementos comunes, ya sea a nivel técnico, semántico, jurídico u organizativo, entre otros.

3.3.

Sin embargo, la consecución de este objetivo no debe conducir a una política nacional que implique una digitalización total de los servicios públicos en detrimento de los que se prestan presencialmente, teniendo en cuenta a los grupos de ciudadanos más vulnerables, ya que todo el mundo debe poder acceder a unos servicios públicos presenciales. La formación sobre competencias digitales debe estar a disposición de todos, pero en particular de estos grupos de población.

3.4.

Más que reducir el personal, el desarrollo y la puesta en marcha de los servicios digitales crearán, en un primer momento, una necesidad adicional de personal. Contar con una dotación adecuada de personal es un requisito previo si se quiere que la transformación digital tenga éxito.

3.5.

La digitalización debe servir para ofrecer un mejor servicio público.

3.6.

Como señaló el CESE en su Dictamen anterior, «[…] la cuestión no es sustituir a las personas por herramientas informáticas, sino liberar tiempo de aquellas para dedicarlo a una tarea de mayor valor añadido […]» (10).

3.7.

La digitalización y el uso de la inteligencia artificial no constituyen un medio para legitimar la reducción generalizada de puestos de trabajo. La eliminación de las tareas rutinarias gracias a la digitalización debería conducir a que los empleados tuvieran más tiempo para trabajos exigentes y para tareas de asesoramiento.

3.8.

Además, en 2030 habrá ciertamente una minoría de la ciudadanía excluida de la información, que solo tendrá acceso a los servicios públicos presenciales (11). La digitalización no debe suponer un obstáculo o el cierre de las vías analógicas de acceso a los servicios públicos.

3.9.

Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción que la Comunicación objeto de examen aspire a profundizar y mejorar el nivel de interoperabilidad del sector público mediante el establecimiento de un marco jurídico definido a escala de la UE (12).

3.10.

El CESE reconoce que esta profundización de la interoperabilidad aportará enormes beneficios tanto a la ciudadanía, incluidos los trabajadores transfronterizos, como a las empresas y a la Administración pública de los propios Estados miembros.

3.11.

Sin embargo, como reconoce la Comisión, para que estas ventajas sean realmente efectivas, no basta con establecer normas técnicas que permitan la interconexión de los servicios. Se necesitan inversiones públicas adecuadas a escala nacional en todos los niveles.

3.12.

Es necesaria una coordinación tanto en el ámbito legislativo como en el de las redes de servicios sectoriales si se quiere evitar, por una parte, que los resultados obtenidos mediante la interoperabilidad no se vean frustrados por una burocracia innecesaria y, por otra, que la ciudadanía o las empresas tengan que suministrar varias veces los mismos datos a diversos servicios públicos, lo que se traduciría en una duplicación de procedimientos y en costes innecesarios.

3.13.

Por otro lado, no deben existir barreras a nivel nacional en los servicios públicos digitales que imposibiliten su uso transfronterizo, ya sea en lo que respecta a la conectividad e interoperabilidad o a la ciudadanía, las empresas y los servicios públicos de otros Estados miembros (13).

3.14.

El CESE observa con satisfacción que, durante la pandemia y los confinamientos, la digitalización de los servicios públicos se ha desarrollado considerablemente.

3.15.

En este sentido, celebra que la Comunicación objeto de examen aspire a lograr la coherencia entre todas las políticas de interoperabilidad, a nivel tanto de las políticas nacionales como de las políticas sectoriales europeas, lo que se conseguirá fomentando el uso de modelos comunes y compartiendo especificaciones técnicas u otros tipos de soluciones susceptibles de ello.

3.16.

Por las mismas razones, el CESE apoya el principio de reutilización y transmisión de elementos y datos por parte de los distintos servicios públicos, tanto a escala europea como nacional.

3.17.

El CESE también desea manifestar su preocupación acerca del uso de las lenguas en relación con la interoperabilidad de los servicios públicos. El régimen lingüístico no debe constituir una barrera burocrática, y es necesario garantizar que el intercambio de datos e información tenga lugar en un idioma que todos entiendan.

3.18.

El CESE apoya la creación e institucionalización de un modelo de gobernanza para esta política, compuesto por dos órganos clave, a saber, el Comité de la Europa Interoperable, presidido por la Comisión e integrado por representantes de todos los Estados miembros, un representante del Comité de las Regiones y un representante del Comité Económico y Social Europeo, y la Comunidad para la Europa Interoperable, integrada por representantes de la sociedad civil y el sector privado (14) (15).

3.19.

El CESE considera importante que la sociedad civil, en particular a los interlocutores sociales, participe en la definición de las políticas de interoperabilidad, no solo porque la ciudadanía y las empresas sean los destinatarios últimos de estas políticas, sino también porque la sociedad civil puede contribuir a ellas con nuevas soluciones tecnológicas que no serían viables con la mera intervención del sector público.

3.20.

El CESE considera que la participación de la sociedad civil debe tener lugar a varios niveles, y que la Comisión debe incitar y animar a los Estados miembros a fomentar esta participación, a escala tanto nacional como regional y local.

3.21.

El CESE acoge favorablemente la creación por parte de la Comisión de un punto de acceso único, con el objetivo de concentrar y centralizar todos los conocimientos y soluciones relacionados con la interoperabilidad y que puedan ser proporcionados tanto por entidades públicas como privadas.

3.22.

Al igual que la Comisión, el CESE considera que los servicios públicos de la UE deben reducir su dependencia de las infraestructuras digitales proporcionadas por terceros países, que ponen en riesgo la soberanía digital europea.

3.23.

A tal fin, cabe destacar que la Comisión considera que deben utilizarse preferentemente sistemas de código abierto, lo que permite compartir soluciones entre los desarrolladores.

3.24.

En este sentido, el CESE acoge con satisfacción que la Comunicación prevea y fomente el desarrollo de soluciones experimentales que permitan asociaciones entre el sector público y empresas tecnológicas innovadoras o emergentes, con vistas a la creación de soluciones experimentales innovadoras que, tras una fase de prueba satisfactoria, puedan aplicarse a los servicios públicos y compartirse entre ellos.

3.25.

El CESE considera importante que, en los futuros programas de financiación de proyectos para la interoperabilidad de los servicios públicos, la concesión de la financiación se supedite a la adopción de los principios y estructuras preconizados por el Marco Europeo de Interoperabilidad.

3.26.

Será una buena manera de incitar a los servicios públicos a que, de forma voluntaria, adopten normas comunes en materia de interoperabilidad.

3.27.

El CESE manifiesta su sorpresa por el hecho de que, a diferencia de casos anteriores (16), en esta Comunicación no se mencionan las ventajas que pueden derivarse de la interoperabilidad de los sistemas públicos europeos en la lucha contra el fraude, que redundarían en un aumento de la eficiencia y los ingresos para los Estados miembros.

3.28.

A este respecto, el CESE subraya que la interoperabilidad de los sistemas debe ir acompañada del uso de la inteligencia artificial, que podría ayudar a los servicios públicos a analizar los datos y, por otra parte, permitir la creación de alertas y advertencias que puedan ser enviados a los distintos servicios públicos de los Estados miembros.

3.29.

Por último, dos notas finales sobre la transición ecológica y la protección de datos:

3.29.1.

Uno de los objetivos de la Comunicación es incorporar la estrategia para la interoperabilidad de los sistemas públicos no solo en la estrategia de transición digital, sino también en la de transición ecológica.

3.29.2.

El CESE señala que algunas soluciones informáticas, pese a su alta eficacia, pueden conllevar un elevado consumo de energía.

3.29.3.

Este es el caso de la tecnología de cadena de bloques, que, aunque es muy eficaz en términos de seguridad, por ejemplo de datos sensibles, consume enormes cantidades de recursos energéticos.

3.29.4.

El CESE acoge favorablemente la manera en que la Comunicación ha logrado regular en este ámbito los espacios controlados de pruebas.

3.29.5.

El CESE considera que, con la atención necesaria, la protección de datos no debería convertirse en un obstáculo para la creación de nuevas soluciones de interoperabilidad por parte tanto de los servicios públicos como de los privados.

3.29.6.

Por otro lado, el CESE considera que el acceso a los datos, tanto para la ciudadanía como para las empresas u otros servicios públicos, debe estar sujeto a distintos niveles de autorización, con el fin de que se proteja su confidencialidad y se faciliten tan solo aquellos estrictamente necesarios.

3.29.7.

De este modo, podrían evitarse problemas —como los que se han planteado recientemente, y que ya han sido objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea— en relación con la accesibilidad de los datos contenidos en el registro central de información relativa a la titularidad real.

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(1)  La interoperabilidad del sector público se define como «[…] lo que permite que las administraciones cooperen y que los servicios públicos puedan funcionar más allá de las fronteras, de los sectores y de los limites organizacionales» — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una política de interoperabilidad del sector público reforzada — Conectar servicios públicos, apoyar políticas públicas y ofrecer beneficios públicos — Hacia una «Europa Interoperable».

(2)  Mediante la Decisión no 1719/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión puso en marcha una iniciativa sobre la interoperabilidad de los servicios públicos, que consistía en un conjunto de orientaciones que incluían la identificación de proyectos de interés común sobre redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre Administraciones.

(3)  Para construir un mercado interior digital, urge eliminar los obstáculos a su existencia y crear mecanismos que eviten la creación de otros nuevos.

(4)  Según las cifras de Eurostat correspondientes a 2022, el sector público representa el 53,1 % del PIB europeo — Government finance statistics — Statistics Explained (europa.eu).

(5)  Véanse, por ejemplo, los comunicados finales de las reuniones interministeriales de Tallin (2017), Berlín (2020), Lisboa (2021) y Estrasburgo (2022).

(6)  En 2010, la Comisión presentó la Comunicación «Hacia la interoperabilidad de los servicios públicos europeos» [COM (2010) 744 final] —que fue objeto del Dictamen del CESE TEN/448-449—, cuya aplicación se llevó a cabo a través del programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las Administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA) — Decisión n.o 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre, al que sucedieron en 2015 el programa ISA2 — Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, y el programa Europa Digital — Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(7)  La Comisión reconoce en la propuesta objeto de examen que el enfoque voluntario adoptado hasta la fecha es insuficiente para alcanzar los objetivos propuestos de interoperabilidad.

(8)  Véase la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento, así como la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una política de interoperabilidad del sector público reforzada — Conectar servicios públicos, apoyar políticas públicas y ofrecer beneficios públicos — Hacia una «Europa Interoperable».

(9)  Ya en su Dictamen TEN/635 sobre el Marco Europeo de Interoperabilidad — Estrategia de aplicación, el CESE señaló la importancia de la interoperabilidad para la realización del mercado único digital (DO C 81 de 2.3.2018, p. 176).

(10)  Véase el Dictamen del CESE sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015 — Aprovechamiento de las TIC para promover una Administración pública inteligente, sostenible e innovadora» y la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia la interoperabilidad de los servicios públicos europeos»(DO C 376 de 22.12.2011, p. 92).

(11)  Esta es una preocupación constante en los dictámenes del CESE (DO C 81 de 2.3.2018, p. 176).

(12)  En dictámenes anteriores, el CESE ha expresado su apoyo a todos los proyectos de la Unión Europea encaminados a alcanzar los objetivos de la transición digital de la Unión Europea (DO C 365 de 23.9.2022, p. 13).

(13)  Una cuestión que podría convertirse en un obstáculo a la interoperabilidad transfronteriza de los servicios públicos es el de los datos personales.

(14)  Se encomienda al Comité de la Europa Interoperable la tarea de diseñar medidas y de apoyar, asesorar y supervisar las políticas europeas de interoperabilidad, mientras que la Comunidad para la Europa Interoperable reuniría a representantes de la sociedad civil que ayudarían al Comité de la Europa Interoperable a encontrar, definir y proponer nuevas soluciones.

(15)  La opción adoptada por la Comisión se ajusta a las recomendaciones formuladas por el CESE en dictámenes anteriores (DO C 81 de 2.3.2018, p. 176).

(16)  Véase el anexo de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Marco Europeo de Interoperabilidad — Estrategia de aplicación».

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de la legislación en materia de insolvencia

[COM(2022) 702 final — 2022/0408 (COD)]

(2023/C 184/06)

Ponente:	Sandra PARTHIE
Coponente:	Philip VON BROCKDORFF

Consulta	Parlamento Europeo, 26.1.2023 Consejo de la Unión Europea, 30.1.2023
Base jurídica	Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Sección de Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	10.3.2023
Aprobado en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	207/0/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) subraya que un régimen de insolvencia diseñado adecuadamente debe ayudar a las empresas viables a mantenerse operativas y evitar así su liquidación prematura. El objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre una insolvencia prematura y un inicio excesivamente tardío del procedimiento. La transparencia del procedimiento y la facilidad de acceso a la información sobre la situación de la empresa son factores clave en este contexto. Además, un régimen de insolvencia bien diseñado también debería disuadir a los prestamistas de emitir préstamos de alto riesgo y a los gerentes y accionistas de recurrir a dichos préstamos y adoptar otras decisiones financieras imprudentes (1).

1.2.

El CESE considera que las reformas en materia de insolvencia destinadas a fomentar la reestructuración de la deuda y la reorganización interna contribuyen a preservar puestos de trabajo y, al mismo tiempo, reducen tanto las tasas de quiebra de las pequeñas y medianas empresas como los casos de liquidación de empresas rentables. No obstante, el CESE desearía que se presentasen propuestas para abordar la cuestión pendiente de la insolvencia de las personas físicas.

1.3.

El CESE duda de que la propuesta —que se presenta como un paso destacado para colmar lagunas importantes de cara a mejorar la unión de los mercados de capitales de la UE— pueda cumplir realmente esta expectativa. La propuesta no llega a armonizar la definición de los motivos de insolvencia y el orden de prelación de los créditos, dos aspectos fundamentales para lograr una mayor eficiencia y limitar la fragmentación actual de las normas nacionales en materia de insolvencia.

1.4.

Por consiguiente, el CESE insta a la Comisión, al Parlamento y al Consejo a que revisen la propuesta del artículo 27 de obligar a las contrapartes (por ejemplo, los proveedores de una empresa que incoa un procedimiento de insolvencia) a cumplir contratos vigentes cedidos posteriormente al adquirente de la empresa sin el consentimiento de la contraparte. Tal propuesta, en la práctica, las vincula artificialmente a un socio contractual que nunca han elegido ni aprobado y limita su libertad empresarial. La limitación de los derechos contractuales de rescisión en caso de insolvencia reducirá la disposición de los proveedores cruciales a conceder créditos, especialmente en el caso de microempresas y pymes que se enfrenten a dificultades financieras.

1.5.

Dicho esto, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de introducir un procedimiento especial para facilitar y agilizar la liquidación de las microempresas, propiciando así un proceso de insolvencia más eficaz en relación con los costes para estas empresas. Estos mecanismos también facilitan la liquidación ordenada de las microempresas «sin activos» y abordan la imposibilidad que existe en algunos Estados miembros de acceder a procedimientos de insolvencia si el valor de recuperación previsto es inferior a las costas judiciales. El CESE subraya que este procedimiento cubre en torno al 90 % de las insolvencias en la UE y, por tanto, lo considera enormemente significativo.

1.6.

Aunque el CESE respalda este procedimiento especial, advierte que la exigencia de que sean los órganos jurisdiccionales nacionales los encargados de estas tareas puede dar lugar a una sobrecarga de los sistemas judiciales nacionales si se les hace responsables de evaluar si una microempresa es efectivamente insolvente y de llevar a cabo los prolongados procedimientos necesarios, entre ellos la liquidación de los activos y el reparto del producto de la liquidación. Por consiguiente, el CESE recomienda recurrir a otros agentes competentes, como los administradores concursales, a fin de ayudar a reducir la carga para el sistema judicial (2).

1.7.

Por último, el CESE desea señalar que unos procedimientos de insolvencia ineficientes pueden dar lugar a niveles más elevados de préstamos dudosos que pongan en peligro la estabilidad financiera y repercutan también en el crédito, la inflación y el PIB real. El CESE considera que unos regímenes eficientes de insolvencia y de derechos de acreedores y deudores figuran entre los instrumentos complementarios del arsenal de los responsables políticos para contener el crecimiento de los préstamos dudosos aumentando la probabilidad de reembolso de los préstamos y ajustando más rápidamente los niveles de préstamos dudosos.

2.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

2.1.

El objetivo de la propuesta es reducir las diferencias en las legislaciones nacionales en materia de insolvencia y, por lo tanto, abordar la cuestión de los marcos de insolvencia potencialmente ineficaces en los Estados miembros en los que se producen tales diferencias, reforzando la transparencia de los procedimientos de insolvencia en general y reduciendo los obstáculos a la libre circulación de capitales. Mediante la armonización de determinados aspectos específicos de las legislaciones en materia de insolvencia, la propuesta pretende, en particular, reducir los costes de información y aprendizaje para los inversores transfronterizos. Se confía en que unas leyes sobre insolvencia más uniformes amplíen la gama de fondos a disposición de las empresas en la Unión.

2.2.

La presente propuesta tiene por objeto colmar algunas lagunas en la legislación anterior de la UE sobre normas de insolvencia, a saber, la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), en particular en lo que respecta a la recuperación de activos de la masa liquidada, la eficiencia de los procedimientos y la distribución predecible y justa del valor recuperado entre los acreedores. Se incluyen aquí cuestiones relativas a las acciones revocatorias, al seguimiento de activos, a las obligaciones y responsabilidades de los administradores, a la venta de una sociedad como empresa en funcionamiento mediante «procedimientos pre-pack», al factor desencadenante de la insolvencia, a un régimen especial en materia de insolvencia para microempresas y pequeñas empresas, al orden de prelación de los créditos y a los comités de acreedores.

2.3.

Se ha observado que, en las normas nacionales sobre insolvencia vigentes en los Estados miembros, existen variaciones significativas en cuanto al tiempo necesario para liquidar una sociedad y el valor que puede recuperarse en última instancia. En algunos Estados miembros, estas condiciones dan lugar a procedimientos de insolvencia prolongados y a un bajo valor medio de recuperación en los casos de liquidación. Según la Comisión Europea, esta situación constituye un obstáculo para la unión de los mercados de capitales y para las inversiones transfronterizas en el seno de la Unión.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de una mayor transparencia y disponibilidad de la información relativa a las normas y procedimientos de insolvencia transfronterizos. Sin embargo, el CESE considera que esta propuesta constituye solo un primer paso hacia la convergencia de los regímenes de insolvencia en todos los Estados miembros de la UE. El CESE también desearía que se presentasen propuestas para abordar la cuestión pendiente de la insolvencia de las personas físicas.

3.2.

El CESE subraya que un régimen de insolvencia diseñado adecuadamente debe ayudar a las empresas viables a mantenerse operativas y evitar así su liquidación prematura. También debe disuadir a los prestamistas de emitir préstamos de alto riesgo y a los gerentes y accionistas de recurrir a dichos préstamos y adoptar otras decisiones financieras imprudentes (5). Una empresa afectada por un deterioro económico temporal o una decisión equivocada aún puede recuperarse si la situación económica mejora o si adopta medidas correctoras. Cuando se da tal recuperación, todas las partes interesadas se benefician. Los acreedores pueden recuperar una mayor parte de su inversión, más trabajadores conservan su empleo y la red de proveedores y clientes se mantiene.

3.3.

En este contexto, el CESE apunta a estudios que demuestran que las reformas eficaces de los derechos de los acreedores se asocian a unos menores costes de crédito, a un mayor acceso al mismo, al refuerzo de la recuperación de los acreedores y a una conservación más efectiva de los puestos de trabajo (6). También es preciso reforzar el derecho de participación de un comité de acreedores, en el que puede haber un representante de los trabajadores. Si, al final del procedimiento de insolvencia, los acreedores pueden recuperar la mayoría de sus inversiones, podrán seguir reinvirtiendo en empresas y mejorando el acceso de estas al crédito. Del mismo modo, si un régimen de quiebra respeta la prioridad absoluta de los créditos, los acreedores garantizados pueden seguir prestando y se mantiene la confianza en el sistema que rige las quiebras (7).

3.4.

El CESE considera que las reformas en materia de insolvencia destinadas a fomentar la reestructuración de la deuda y la reorganización interna contribuyen a preservar puestos de trabajo y reducen tanto las tasas de quiebra de las pequeñas y medianas empresas como los casos de liquidación de empresas rentables.

3.5.

Las importantes disparidades entre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia se citan a menudo como obstáculos a las inversiones transfronterizas, al igual que ocurre con la normativa fiscal. El CESE considera que un mayor grado de convergencia de la legislación en materia de insolvencia contribuiría a mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales, facilitando así la inversión en toda la UE. Sin embargo, la propuesta no llega a armonizar aspectos fundamentales del Derecho de insolvencia: por ejemplo, no armoniza la definición de los motivos de insolvencia ni el orden de prelación de los créditos, dos aspectos fundamentales para lograr una mayor eficiencia y limitar la fragmentación actual de las normas nacionales en materia de insolvencia. Esto no augura nada bueno para alcanzar el tan necesario pero ambicioso objetivo de una unión de los mercados de capitales.

3.6.

No obstante, el CESE subraya su apoyo inquebrantable a un mercado de capitales más abierto a escala de la UE que ofrezca a las empresas un acceso más amplio a la inversión, y toma nota de las conclusiones de la Comisión y del Banco Mundial (8) de que un aumento de la tasa de recuperación de los activos en el contexto de una mayor eficacia de los regímenes de insolvencia y de los derechos de los acreedores amplía el acceso al crédito para las empresas europeas.

4.   Observaciones específicas

4.1.

El CESE es consciente de que los procedimientos de insolvencia difieren significativamente de un Estado miembro a otro y de que las distintas normativas nacionales favorecen un enfoque más basado en el «deudor no desapoderado» o en los «derechos del acreedor» o un enfoque que otorga prioridad al empleo y a la legislación laboral. Esta situación da lugar a preferencias diferentes respecto a la liquidación de las sociedades, el orden de prelación de los créditos según los acreedores y las funciones de los administradores de las sociedades, los administradores concursales y los tribunales. Del mismo modo, a la hora de diseñar las políticas, deben tenerse en cuenta las diferencias entre accionistas y acreedores: mientras que los primeros responden en su mayor parte a los instrumentos de prevención y racionalización, los segundos responden en mayor medida a la disponibilidad de herramientas de reestructuración. El CESE considera que las propuestas de la Comisión constituyen un primer paso hacia la convergencia en toda la UE, pero siguen sin suponer una armonización efectiva y no abordan la cuestión pendiente de la insolvencia de las personas físicas.

4.2.

El CESE respalda la opinión de la Comisión de que las legislaciones nacionales en materia de insolvencia son una cuestión fundamental para los inversores extranjeros. Sin embargo, el CESE señala que la cantidad de insolvencias con una provisión transfronteriza de crédito no supera el 20 % del total de los casos y que los datos de los países del G20 muestran que un sistema de derechos legales efectivo solo incrementa el nivel de inversión extranjera directa (IED) del 2 % al 3 % del PIB. Además, una parte significativa de la IED corresponde a fusiones y adquisiciones de sociedades existentes, más que a inversiones en nuevas empresas.

4.3.

Por consiguiente, el CESE advierte que no debe esperarse que la convergencia de la legislación en materia de insolvencia tenga un gran efecto en las inversiones. Dicho esto, el CESE reconoce que proporcionar un marco eficaz de derechos legales para los acreedores y una mayor transparencia para todos los inversores potenciales en lo que se refiere a las leyes de insolvencia, así como facilitar información sobre la situación jurídica en pie de igualdad, puede ejercer efectos positivos en la inversión extranjera. Además, la certidumbre respecto a las normas relativas a los derechos de los acreedores y de los deudores y una mayor armonización de los procedimientos de retirada de garantías en todos los Estados miembros reducirían los riesgos y darían un mayor impulso a las inversiones transfronterizas y al comercio interior.

4.4.

Por otra parte, el CESE cree que reviste gran importancia proporcionar a los inversores información y transparencia respecto a las cuestiones relacionadas con las acciones revocatorias, el seguimiento de activos, las obligaciones y responsabilidades de los administradores, la venta de una sociedad como empresa en funcionamiento mediante procedimientos pre-pack, el factor desencadenante de la insolvencia, un régimen especial en materia de insolvencia para microempresas y pequeñas empresas, el orden de prelación de los créditos y los comités de acreedores.

4.5.

El CESE también acoge con satisfacción que la propuesta introduzca un procedimiento especial para facilitar y agilizar la liquidación de las microempresas, propiciando así un proceso de insolvencia más eficaz en relación con los costes para estas empresas. Estos mecanismos también facilitan la liquidación ordenada de las microempresas «sin activos» y abordan la imposibilidad que existe en algunos Estados miembros de acceder a procedimientos de insolvencia si el valor de recuperación previsto es inferior a las costas judiciales. El CESE subraya que este procedimiento cubre en torno al 90 % de las insolvencias en la UE y, por tanto, lo considera enormemente significativo.

4.6.

Sin embargo, si bien el CESE apoya este procedimiento especial, advertimos que los requisitos de que sean los órganos jurisdiccionales nacionales los encargados de estas tareas, de conformidad con el artículo 12 septies de la Directiva, pueden dar lugar a una sobrecarga de los sistemas judiciales nacionales si se les hace responsables de evaluar si una microempresa es realmente insolvente y de llevar a cabo los prolongados procedimientos necesarios. Consideramos que ello se opondría en parte a la finalidad de la legislación propuesta. En dictámenes anteriores (9) el CESE ha señalado que el recurso sistemático a los órganos jurisdiccionales puede no constituir la opción preferible y ha recomendado crear nuevos organismos que asuman la responsabilidad de esta tarea. La participación efectiva de administradores concursales independientes ha demostrado ser beneficiosa, en particular para microempresarios con una organización deficiente en los procedimientos de liquidación simplificados, y el CESE opina que debe considerarse activamente el recurso a los administradores concursales (10).

4.7.

El CESE también recomienda que los administradores concursales, en caso de interés legítimo, dispongan de un acceso directo y rápido a los registros nacionales de activos, con independencia del Estado miembro en el que hayan sido designados. El Comité también señala que estos registros no se han establecido aún en todos los Estados miembros e insta a las autoridades competentes a rectificar esta situación con celeridad.

4.8.

En pro de la eficacia, el CESE acoge favorablemente la propuesta relativa a los procedimientos pre-pack, en los que la venta de la empresa del deudor (o parte de ella) se prepara y negocia antes de la incoación formal del procedimiento de insolvencia. De este modo, es posible ejecutar la venta y obtener los importes derivados de la misma poco después de incoar el procedimiento formal de insolvencia encaminado a liquidar una sociedad. No obstante, el CESE advierte contra la propuesta del artículo 27 de obligar a las contrapartes (por ejemplo, los proveedores de una empresa que inicia un procedimiento de insolvencia) a cumplir contratos vigentes posteriormente cedidos al adquirente de la empresa sin el consentimiento de la contraparte. Tal propuesta, en la práctica, las vincula artificialmente a un socio contractual que nunca han elegido ni aprobado y limita su libertad empresarial. Esto se aplica, con mayor razón, a los empleados, cuya libertad profesional no debe verse vulnerada por un cambio forzoso de empresario. Por consiguiente, el CESE insta a la Comisión, al Parlamento y al Consejo a que revisen esta propuesta. Además, en los procedimientos pre-pack también convendría reforzar la posibilidad de que un comité de acreedores participe y supervise.

4.9.

Asimismo, el CESE señala que la Directiva no aborda, de hecho, la cuestión de la convergencia del orden de prelación de los créditos ni proporciona una definición de los motivos de insolvencia. Dado que se trata de requisitos clave para la armonización de los procedimientos de insolvencia, el CESE deplora que la Comisión no haya profundizado en ellos.

4.10.

Del mismo modo, los factores desencadenantes de la insolvencia no se han considerado de modo suficiente en la propuesta, a pesar de las afirmaciones en sentido contrario que figuran en la Comunicación sobre la Directiva. En la propuesta se señala que los dos factores desencadenantes habituales en los Estados miembros para incoar procedimientos de insolvencia ordinarios son las pruebas de la suspensión de pagos y del balance.

4.11.

Con vistas a simplificar los procedimientos de insolvencia, algo que el CESE apoya en principio, la Directiva propone que la incapacidad de pagar las deudas a su vencimiento constituya el criterio para incoar procedimientos de liquidación simplificados. En lugar de formular directrices sobre la manera de definir las condiciones específicas en las que se cumple tal criterio, la propuesta pide a los Estados miembros que las definan por sí mismos y renuncia a la posibilidad de procurar la coherencia en toda la Unión.

4.12.

El CESE señala, asimismo, que los bancos suelen ser los principales intermediarios financieros y resultan fundamentales para la estabilidad del sistema financiero. Los préstamos dudosos erosionan la rentabilidad y pueden amenazar la solvencia de los bancos. Los regímenes de insolvencia y de derechos de acreedores y deudores figuran entre las herramientas complementarias en el arsenal de los responsables de la formulación de políticas para contener el crecimiento de los préstamos dudosos y contribuir a su resolución cuando alcanzan niveles problemáticos. Un análisis centrado en las empresas pone de relieve que las reformas de los regímenes de insolvencia que reducen las barreras a la reestructuración empresarial y el coste personal asociado al fracaso de las sociedades pueden disminuir la proporción de capital desaprovechado en las denominadas empresas zombis. Estos beneficios se consiguen en parte mediante la reestructuración de empresas débiles, lo que a su vez impulsa la reasignación de capital a empresas más productivas.

4.13.

Por último, el CESE recomienda que la Comisión publique estadísticas periódicas relativas a los casos de insolvencia en el marco de la normativa pertinente sobre insolvencia a fin de poder evaluar periódicamente la eficacia del sistema establecido.

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(1)  Banco Mundial, Resolving Insolvency, consultado el 3 de enero de 2023.

(2)  Banco Mundial, Principios para regímenes efectivos de insolvencia y de derechos de acreedores y deudores, edición revisada de 2021, principios C6.1 y C19.6.

(3)  Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (DO L 172 de 26.6.2019, p. 18).

(4)  Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (versión refundida) (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).

(5)  Banco Mundial, Resolving Insolvency, consultado el 3 de enero de 2023.

(6)  Banco Mundial, Resolving Insolvency, consultado el 3 de enero de 2023.

(7)  Banco Mundial, Resolving Insolvency, consultado el 3 de enero de 2023.

(8)  How Insolvency and Creditor/Debtor Regimes Can Help Address Nonperforming Loans — EFI Note-Finance.Washington, DC: Banco Mundial.

(9)  Entre ellos, el Dictamen del CESE «Insolvencia empresarial» (DO C 209 de 30.6.2017, p. 21).

(10)  Banco Mundial, Principios para regímenes efectivos de insolvencia y de derechos de acreedores y deudores, edición revisada de 2021, principios C6.1 y C19.6.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2246/2002 de la Comisión

[COM(2022) 666 final — 2022/0391 (COD)]

y sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición)

[COM(2022) 667 final — 2022/0392 (COD)]

(2023/C 184/07)

Ponente:

Ferre WYCKMANS

Consulta	a) Consejo, 21.12.2022 b) Parlamento Europeo, 12.12.2022 Consejo, 21.12.2022
Base jurídica	a) Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea b) Artículos 114 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	148/0/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que un sistema eficaz de protección de dibujos y modelos es favorable a los consumidores y al público en general, en tanto que fomenta la competencia y las prácticas comerciales leales. También contribuye al desarrollo económico al estimular la creatividad tanto en la industria como en los productos, las actividades comerciales y la exportación.

1.2.

En la mayoría de los Estados miembros, el dibujo o modelo debe registrarse en una oficina nacional de la propiedad industrial para contar con el amparo de la ley. Según la legislación nacional pertinente y el tipo de dibujo o modelo, este último también puede estar protegido por el Derecho de autor como dibujo o modelo no registrado o como obra de arte. En algunos Estados miembros, la protección como dibujo o modelo industrial y la protección mediante el Derecho de autor se acumulan, mientras que en otros se excluyen mutuamente. En determinadas circunstancias, un diseño o modelo también puede aspirar a ser objeto de protección en virtud del Derecho aplicable a la competencia desleal, pero las condiciones de la protección y el alcance de los derechos y las vías de recurso existentes pueden variar considerablemente.

1.3.

El CESE considera indispensable adaptar el marco jurídico de los dibujos y modelos a la era digital para impulsar la recuperación y la resiliencia de la Unión, así como para fomentar la innovación y la competitividad. Aprueba la nueva definición de dibujo o modelo que se contempla en la propuesta de Directiva. Esto resulta aún más pertinente a la luz de los avances tecnológicos, ya que amplía el concepto de producto a los dibujos y modelos tecnológicos que no estén incorporados a objetos físicos.

1.4.

El CESE también aprueba la limitación de la protección a las características de apariencia tal y como se muestren de forma visible en la solicitud de registro, puesto que ello refuerza la seguridad jurídica de la protección.

1.5.

El CESE acoge con satisfacción que la propuesta de Reglamento recoja la solución planteada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia «Acacia», de 20 de diciembre de 2017 (1), en la que aclaró la interpretación del concepto de «cláusula de reparación», máxime cuando esta solución mejora la protección del consumidor.

1.6.

En cambio, el CESE no considera que la fusión de la tasa de publicación y la tasa de registro permita reducir el importe total de las tasas abonables, puesto que el coste de las renovaciones, tal y como se propone, aumenta de forma drástica. Por lo tanto, esta medida no resulta tan favorable como se pretende para las pymes y los creadores independientes. El CESE desea que se prevean importes más bajos para las pymes y los creadores independientes, en su caso, en una cuantía proporcional a su volumen de negocios.

1.7.

En opinión del CESE, la simplificación que genera la supresión del requisito de «unidad de clase» es necesaria pero insuficiente, puesto que aún hace falta mejorar la ergonomía de los sistemas de presentación de dibujos y modelos que se ofrecen en los sitios web de las oficinas nacionales de propiedad industrial y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE, en adelante, «la Oficina»). Para hacer frente a este reto, las oficinas podrían recurrir a la profesión de agente de la propiedad industrial, haciendo posible de este modo a las pymes y a los creadores independientes la protección de sus dibujos y modelos.

1.8.

El CESE considera que no es adecuado recurrir al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para elaborar normas sobre contenciosos y recursos contra las decisiones de la Oficina, ya que un acto delegado solo tiene por objeto completar el acto de base y únicamente debe referirse a elementos no esenciales. No obstante, las disposiciones que la propuesta de Reglamento prevé que se adopten mediante acto delegado se refieren a los derechos recogidos en el título VI de la Carta de los Derechos Fundamentales relativo a la justicia, en particular el artículo 47 sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Por consiguiente, no pueden considerarse elementos no esenciales.

1.9.

El CESE recomienda que tales disposiciones sean definidas en el propio Reglamento.

2.   Antecedentes

2.1.

En Derecho positivo, la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (en lo sucesivo, «la Directiva») armoniza parcialmente las leyes nacionales sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, y el Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo (3) (en lo sucesivo, «el Reglamento»), establece un sistema autónomo de protección de los derechos unitarios en el conjunto de la Unión para los dibujos y modelos comunitarios registrados y los dibujos y modelos comunitarios no registrados, siempre que estos últimos cumplan los requisitos de protección, a saber, que deben ser nuevos y tener carácter singular. A falta de registro, el titular corre el riesgo de tener dificultades para demostrar la existencia de un derecho sobre el dibujo o modelo. Además, el plazo de protección se limita a tres años y el alcance de los derechos conferidos es menor.

2.2.

El Reglamento fue modificado en 2006 para dar efecto a la adhesión de la Unión al sistema internacional de registro de La Haya, cuyo objetivo era establecer un procedimiento de registro de los dibujos y modelos único, sencillo, económico y centralizado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

2.3.

El Reglamento exime a las piezas de recambio de la protección de los dibujos y modelos comunitarios, puesto que durante los trabajos de elaboración de la Directiva no se pudo llegar a un acuerdo al respecto. Ante la falta de apoyo al Consejo, la Comisión retiró en 2014 su propuesta de revisión de la Directiva.

2.4.

Tras este fracaso, la propuesta sometida a estudio es el resultado de la Comunicación de la Comisión de 25 de noviembre de 2020, titulada «Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE», publicada a raíz de la reforma del Derecho de marcas. Su objetivo es adecuarse mejor a la era digital, ser más accesible y eficaz para los creadores independientes, las pymes y las industrias, menos costosa y complicada, y reforzar la seguridad jurídica del sistema de protección.

3.   Observaciones generales

3.1.

Un dibujo o modelo industrial está constituido por el aspecto ornamental de un objeto. Puede ser tridimensional o bidimensional. Un dibujo o modelo exitoso combina la función y la forma de manera armoniosa. Ya se trate de mesas o teléfonos, el dibujo o modelo hace que el objeto sea atractivo o que se prefiera a otro.

3.2.

Un dibujo o modelo industrial se aplica a diversos productos de la industria y la artesanía, ya sean instrumentos técnicos o médicos, relojes, joyas, artículos de lujo, objetos domésticos, aparatos eléctricos, vehículos, estructuras arquitectónicas, productos textiles, artículos de ocio, etc.

3.3.

Al conferir al objeto su atractivo y poder de seducción, el dibujo o modelo industrial aumenta el valor de mercado del producto. Así pues, la protección de un dibujo o modelo contribuye a garantizar un rendimiento de la inversión.

3.3.1.

Por consiguiente, el CESE considera que un sistema eficaz de protección beneficia a los consumidores y al público en general, en la medida en que fomenta la competencia y las prácticas comerciales leales.

3.3.2.

También favorece el desarrollo económico al estimular la creatividad en la industria y la producción industrial, así como el desarrollo de las actividades comerciales y de las exportaciones.

3.4.

En la mayoría de los Estados miembros, el dibujo o modelo debe registrarse en una oficina nacional de la propiedad industrial para contar con el amparo de la ley. Según la legislación nacional pertinente y el tipo de dibujo o modelo, este último también puede estar protegido por el Derecho de autor como dibujo o modelo no registrado o como obra de arte.

3.5.

En algunos Estados miembros, la protección como dibujo o modelo industrial y la protección mediante el Derecho de autor se acumulan, mientras que en otros se excluyen mutuamente. Un dibujo o modelo también puede aspirar a ser objeto de protección en virtud del Derecho aplicable a la competencia desleal, pero las condiciones de la protección y el alcance de los derechos y las vías de recurso existentes pueden variar.

3.6.

Teniendo en cuenta los objetivos de la Unión dirigidos a impulsar la recuperación y la resiliencia, así como a fomentar la innovación y la competitividad, el CESE considera indispensable adaptar el marco jurídico de los dibujos y modelos a la era digital. Aprueba la nueva definición propuesta, dado que es pertinente a la luz de los avances tecnológicos, al tiempo que amplía el concepto de producto a los dibujos y modelos tecnológicos que no estén incorporados a objetos físicos.

3.7.

El CESE también aprueba el refuerzo de la seguridad jurídica ligado a la limitación de la protección de las características de apariencia, tal y como se muestren de forma visible en la solicitud de registro.

3.8.

Asimismo, aprueba la adaptación del alcance de los derechos conferidos por el registro de un dibujo o modelo para abarcar los problemas relacionados con el despliegue de las tecnologías de impresión 3D, así como la inclusión, al igual que en el Derecho de marcas, del derecho de los titulares de dibujos y modelos a impedir que los productos falsificados transiten por el territorio de la Unión o estén en otra situación aduanera sin ser despachados a libre práctica, con el fin de luchar contra la falsificación.

4.   Observaciones específicas

4.1.    Cláusula de reparación y protección de los consumidores

4.1.1.

La protección de las piezas de recambio («componentes de un producto complejo») por parte del Derecho sobre dibujos y modelos ha hecho correr ríos de tinta. Introducida gracias al Reglamento, va acompañada de una excepción, denominada «cláusula de reparación», que tiene por finalidad limitar el monopolio de los fabricantes o fabricantes de equipos originales (en particular, automóviles) en el mercado de las piezas de recambio (artículo 110). Esta «cláusula de reparación» establece que el titular de un dibujo o modelo relativo a una pieza de recambio no podrá ejercer un monopolio ni impedir que un tercero comercialice piezas de recambio destinadas a reparar un producto y a devolverle su apariencia inicial.

4.1.2.

En efecto, el fabricante de un producto acabado complejo (automóvil, reloj, teléfono móvil, etc.) controla a menudo toda la cadena de producción. En tal caso, puede obtener un doble beneficio, en primer lugar, en el mercado de la venta del producto acabado, pero también en el mercado de la venta de piezas de recambio.

4.1.3.

No obstante, la economía del comportamiento ha demostrado que la mayoría de los consumidores eligen en función del precio de venta del producto primario, sin preocuparse por el precio de venta de los servicios secundarios. Por lo tanto, se encuentran cautivos de su inversión inicial y se ven obligados a soportar un precio que no habrían aceptado necesariamente en otras circunstancias.

4.1.4.

Así pues, el CESE señala que esta situación puede dar lugar a problemas relacionados con el Derecho de la competencia, dado que el productor/ensamblador de origen titular de un derecho sobre dibujos y modelos dispone de una ventaja competitiva importante que, en última instancia, puede perjudicar al consumidor: — con respecto a sus clientes, permitiéndole aplicar precios elevados o ventas vinculadas; — con respecto a los reparadores, para acaparar el mercado o imponer sus condiciones a los reparadores a los que acepta abastecer; — con respecto a sus proveedores, en la medida en que podría prohibirles abastecer a talleres de reparación independientes o prohibir a proveedores independientes copiar sus piezas para abastecer el mercado de la reparación.

4.1.5.

Con el fin de evitar la monopolización de los mercados secundarios, el legislador europeo ha decidido limitar los derechos que pueden obtenerse sobre las piezas de recambio. — La primera limitación se conoce a veces como la excepción de la «obligación de adaptación» (must match) (artículo 8, apartado 2). La apariencia exterior de un producto que sea necesaria para la conexión con otro producto no podrá protegerse. — La segunda limitación se refiere a la protección de las piezas que no sean visibles.

4.1.6.

Un componente que no sea visible durante la utilización normal del producto no podrá protegerse mediante la presentación de un dibujo o modelo (artículo 4, apartado 2). Se trata, por ejemplo, de: — la mecánica de un reloj de pulsera; — el interior de la mayoría de los motores de productos electrodomésticos; — el motor de un automóvil (que se considera que no es visible durante la utilización normal del vehículo, aunque el motor sea fácilmente visible levantando el capó).

4.1.7.

Por lo tanto, las piezas de recambio que pueden protegerse son aquellas que no tienen ningún mecanismo de interconexión y que son visibles. De este modo, con arreglo al Reglamento, es posible proteger un gran número de piezas. Por ejemplo, en el caso de un automóvil: — los faros; — los guardabarros; — el capó y las puertas (pero no las bisagras); — el volante.

4.1.8.

El producto que no esté protegido por la presentación de un dibujo o modelo puede, por tanto, ser reproducido por cualquier productor de piezas de recambio de la competencia e incorporarse al mercado de la reparación.

4.1.9.

No obstante, la aplicación de estas disposiciones ha suscitado interrogantes. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción que la propuesta de Reglamento tenga en cuenta la solución planteada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia «Acacia», de 20 de diciembre de 2017, en la que se aclaró la interpretación que debía darse al concepto de «cláusula de reparación».

4.1.10.

El CESE señala que el Tribunal de Apelación de París dio una aplicación concreta a esta solución en su sentencia de 11 de septiembre de 2018 en el marco del asunto n.o 2017/01589, en el caso de llantas comercializadas en un sitio de venta en línea. La «cláusula de reparación» no podía ser invocada válidamente por el vendedor, ya que estas llantas se ofrecían «con fines de personalización estética de los vehículos» y de tuning. Por consiguiente, las llantas objeto de disputa fueron consideradas falsas y el vendedor fue sancionado por la falsificación de modelos.

4.1.11.

Algunos Estados miembros han liberalizado el mercado de piezas de recambio. La Ley francesa «Climat et Résilience» (Clima y Resiliencia) n.o 2021-1104, de 22 de agosto de 2021, abre el mercado de la venta de determinadas piezas de recambio para automóviles a partir del 1 de enero de 2023.

4.1.12.

Esta medida tiene por objeto bajar los precios en este mercado. Entre 2019 y 2020, estas experimentaron un incremento medio del 8 %, debido, entre otros factores, a la complejidad técnica de las distintas piezas, como los motores de los retrovisores eléctricos, los sensores instalados en los parabrisas, etc. Los Estados más liberales con respecto a este sector no disponen de una industria muy desarrollada, a diferencia sobre todo de Alemania, un país que cuenta con fabricantes de automóviles potentes, pero en el que el mercado ya es más abierto. En Francia, a partir del 1 de enero de 2023, los fabricantes de equipos originales, ya sean de primera instalación, es decir, que hayan participado en el montaje del vehículo nuevo, o independientes, podrán comercializar los componentes de vidrio. Los fabricantes de equipos que hayan participado en la primera instalación de otras piezas de recambio visibles (piezas ópticas, retrovisores, etc.) podrán, por tanto, comercializar las piezas como los fabricantes.

4.2.    Coste de la protección de los dibujos y modelos

4.2.1.

La OPIUE dispone de un sistema de presentación de dibujos y modelos en línea que indica un coste actual a partir de 350 EUR. El CESE recuerda que un dibujo o modelo comunitario registrado es válido por un período inicial de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y que puede renovarse cada cinco años por un período máximo de veinticinco años.

4.2.2.

Al coste de la tramitación inicial se añaden tres tipos de tasas: — la tasa de registro de 230 EUR, a la que podrá añadirse una tasa de registro suplementaria de 115 EUR para entre dos y diez registros adicionales, y de 50 EUR a partir de diez; — la tasa de publicación de 120 EUR, que puede incrementarse en 60 EUR para entre dos y diez publicaciones adicionales, y en 30 EUR a partir de diez; — la tasa de aplazamiento de la publicación de 40 EUR, que puede incrementarse en 20 EUR para entre dos y diez dibujos y modelos, y en 10 EUR a partir de diez.

4.2.3.

El importe de las tasas abonables viene determinado por dos factores: — el número de dibujos y modelos a los que se refiere la solicitud; — el aplazamiento o no de la publicación del dibujo o modelo.

4.2.4.

Su estructura se ajustará al siguiente modelo: — una tasa de base por un solo dibujo o modelo o por el primer dibujo o modelo de una solicitud múltiple; — una tasa reducida del segundo al décimo dibujo o modelo; — una tasa aún más reducida a partir del undécimo dibujo o modelo.

4.2.5.

La propuesta de Reglamento prevé reducir a 70 EUR el coste de la primera renovación (después de cinco años) y aumentar a 140 EUR la segunda renovación (después de diez años), a 280 EUR la tercera renovación (después de quince años) y a 560 EUR la cuarta renovación (después de veinte años). La suma de las tasas correspondientes a las dos primeras renovaciones sigue siendo equivalente a la que se abona en la actualidad, es decir, un total de 210 EUR, pero las tasas de renovación posteriores aumentan de forma drástica.

4.2.6.

Esta propuesta no parece tan favorable como se pretende para las pymes y los creadores independientes. Por consiguiente, el CESE pide que se reduzcan los importes para las pymes y los creadores independientes, en su caso, de forma proporcional a su volumen de negocios.

4.2.7.

Además, el CESE no considera que la modificación de la estructura de las tasas mediante la fusión de las tasas de publicación y de registro vaya a reducir el coste total de las tasas.

4.3.    Supresión del requisito de «unidad de clase»

4.3.1.

Aunque un depósito puede referirse a varios dibujos y modelos, estos deben necesariamente estar destinados a su incorporación o aplicación a productos pertenecientes a la misma «clase», en virtud del requisito denominado de «unidad de clase». Estas clases se organizan en una lista denominada «Clasificación de Locarno».

4.3.2.

La Clasificación de Locarno, según el artículo 2, apartado 1, del Arreglo de Locarno, «solo tendrá por sí misma un carácter administrativo» y comprende: — una lista de clases y subclases; — una lista alfabética de los productos que constituyen dibujos y modelos industriales, en la que se indican las clases y subclases en las que están ordenados; — notas explicativas.

4.3.3.

La supresión del requisito de «unidad de clase» prevista en la propuesta de Reglamento, que permitiría a las empresas presentar solicitudes múltiples de dibujos y modelos agrupando varios dibujos y modelos en una única solicitud múltiple, sin tener que limitarse a productos pertenecientes a la misma clase de Locarno, tiene por objeto animar a las pymes y a los creadores independientes a presentar sus dibujos y modelos para protegerlos.

4.3.4.

En opinión del CESE, la simplificación que produce la supresión del requisito de «unidad de clase» es necesaria aunque no suficiente, puesto que todavía hace falta mejorar la ergonomía de los sistemas de presentación de dibujos y modelos que se ofrecen en los sitios web de las oficinas nacionales de propiedad industrial y de la OPIUE.

4.3.5.

Las oficinas podrían aprovechar la experiencia de los agentes de la propiedad industrial para hacer frente a este desafío y permitir de modo a las pymes y a los creadores independientes la protección de sus dibujos y modelos.

4.3.6.

Como es lógico, los agentes de la propiedad industrial seguirán acompañando a los titulares de los derechos en la explotación de sus dibujos y modelos, y los representarán en el contencioso.

4.4.    Delegación de poderes y adopción de actos delegados

4.4.1.

La propuesta de Reglamento prevé que las disposiciones relativas a los litigios en materia de dibujos y modelos se adopten mediante actos delegados. Se trata de: — la retirada y modificación de un dibujo o modelo (artículos 47 bis y 47 ter); — acciones de nulidad (artículo 53 bis); — el procedimiento de recurso contra las resoluciones de la Oficina (artículo 55 bis); — el procedimiento oral ante las salas de recurso de la Oficina (artículo 64 bis); — la instrucción (artículo 65 bis); — la notificación de las resoluciones e invitaciones a comparecer (artículo 66 bis); — el procedimiento de comunicación a la Oficina (artículo 66 quinquies); — el cálculo y la duración de los plazos procesales (artículo 66 septies); — la reanudación del procedimiento ante la Oficina (artículo 67 quater); — la representación profesional ante la Oficina en caso de litigio (artículo 78 bis); — el pago de tasas y tarifas (artículo 106 bis bis).

4.4.2.

El CESE considera que no es adecuado recurrir al artículo 290 del TFUE para elaborar las normas sobre contenciosos y recursos contra las decisiones de la Oficina, ya que un acto delegado solo tiene por objeto completar el acto de base y únicamente debe referirse a elementos no esenciales. No obstante, las disposiciones previstas se refieren a los derechos recogidos en el título VI de la Carta de los Derechos Fundamentales relativo a la justicia, en particular el artículo 47 sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Por consiguiente, no pueden considerarse elementos no esenciales del acto de base.

---

(1)  Asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16.

(2)  Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DO L 289 de 28.10.1998, p. 28).

(3)  Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3 de 5.1.2002, p. 1).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Informe de prospectiva estratégica 2022 — Hermanamiento de las transiciones ecológica y digital en el nuevo contexto geopolítico»

[COM(2022) 289 final]

(2023/C 184/08)

Ponente:

Angelo PAGLIARA

Consulta	Comisión Europea, 27.10.2022
Base jurídica	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Sección de Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	10.3.2023
Aprobado en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	204/0/3

Preámbulo

El informe de la Comisión Europea y el presente Dictamen se han elaborado en un momento caracterizado por las implicaciones sociales, geopolíticas y económicas de la continuación de la agresión militar rusa contra Ucrania. Las decisiones estratégicas que la Unión Europea está tomando en estos meses determinarán no solo la consecución de los objetivos vinculados a la doble transición ecológica y digital, sino también la resiliencia y la autonomía estratégica de la Unión.

Por lo tanto, en el presente Dictamen el CESE, consciente del papel clave de la sociedad civil organizada a la hora de determinar e interpretar las megatendencias y, por lo tanto, de la importancia de implicarla en la fase inicial del proceso de prospectiva estratégica de la UE, también aspira a contribuir a la elaboración del informe de prospectiva estratégica 2023, que se centrará en orientaciones estratégicas que puedan reforzar el papel de la UE en el mundo.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) anima a la Comisión a seguir desarrollando la agenda de prospectiva estratégica y pide una mayor participación en el proceso desde el principio. Una participación reforzada del CESE, como portavoz de los intereses de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada, mejoraría la capacidad analítica y prospectiva y contribuiría a determinar las tendencias y posibles soluciones.

1.2.

El CESE espera que la agenda de prospectiva estratégica, así como la actuación de la Comisión Europea, se orienten hacia la construcción de un nuevo modelo de desarrollo centrado en la sostenibilidad económica medioambiental y social.

1.3.

Dado que la consecución de la doble transición depende también de la voluntad y el comportamiento de las personas, el CESE recomienda que la Comisión preste atención a las preocupaciones de la sociedad y a la posible reticencia de la ciudadanía a los cambios propuestos.

1.4.

El informe expone el futuro deseado y los recursos necesarios para lograrlo, sin abordar los riesgos ni las amenazas con suficiente profundidad. El CESE pide a la Comisión que detalle más claramente los riesgos y analice las posibilidades y escenarios en caso de que no se alcancen los objetivos deseados, especialmente por lo que se refiere a la disponibilidad de materias primas, metales de tierras raras y recursos hídricos, así como las posibles cuestiones conexas.

1.5.

Los actuales retos geopolíticos influirán en los sistemas de suministro y en la resiliencia del sector agroalimentario europeo. Lo ocurrido recientemente en relación con la COVID-19 y con la agresión militar de Rusia contra Ucrania ha perturbado nuestro sistema de distribución y es probable que esto vuelva a ocurrir a corto plazo. El CESE acoge favorablemente la recomendación de reducir la dependencia de la UE de las importaciones de piensos, fertilizantes y otros insumos y propone establecer una definición de autonomía estratégica abierta aplicada a los sistemas alimentarios, basada en la producción de alimentos, la mano de obra y el comercio justo, con el objetivo general de garantizar la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos de la UE mediante un suministro de alimentos saludable, sostenible, resiliente y justo.

1.6.

El informe de prospectiva estratégica no tiene en cuenta la importancia estratégica de un sistema industrial europeo fuerte, cohesivo e innovador, que sea capaz de generar empleo de calidad. El CESE pide a la Comisión Europea que elabore previsiones específicas sobre el futuro de la política industrial europea y recomienda la adopción de políticas económicas adecuadas con el fin de aumentar su competitividad y productividad a largo plazo e impulsar la inversión pública y privada en este sentido.

1.7.

La agresión militar de Rusia contra Ucrania, la crisis energética y la nueva realidad económica y geopolítica tendrán repercusiones en el camino hacia la doble transición. El CESE acoge favorablemente la determinación de la UE de alcanzar sus objetivos, pero al mismo tiempo pide a la Comisión y al Consejo que desarrollen todas las herramientas necesarias para reforzar la autonomía energética estratégica, reforzar el sistema industrial europeo y apoyar a las empresas y a los trabajadores, en la línea de lo que se hizo durante la crisis pandémica con la adopción de un instrumento basado en el modelo del instrumento SURE.

1.8.

El CESE acoge con satisfacción que se tenga más en cuenta la dimensión social y, como ya se señaló en el Dictamen de 2021, pide a la Comisión que desarrolle, como parte del análisis estratégico, herramientas específicas de prospectiva sobre el impacto de las transiciones en los sistemas de seguridad social y, en consecuencia, que proponga medidas específicas para paliar los efectos sociales de la doble transición.

1.9.

El CESE considera que, para reforzar el papel de la UE como actor global, esta debe mantenerse fiel a sus valores y seguir colaborando con terceros países, reforzando la política exterior común, buscando soluciones comunes y garantizando que nuestra cooperación y nuestro comercio sean beneficiosos para los derechos económicos y sociales de los pueblos de esos países, en particular con vistas a la sostenibilidad a largo plazo.

2.   Observaciones generales

2.1.

La agresión militar rusa contra Ucrania y las consecuencias para el sistema económico, social e industrial —en términos de tecnología, comercio, normas de inversión y cambios en la estructura industrial— refuerzan la necesidad de invertir en la transición ecológica y digital, también con vistas a perseguir la autonomía estratégica europea. Por estas razones, el CESE acoge favorablemente la reflexión estratégica sobre la interacción entre las transiciones ecológica y digital y su capacidad para reforzarse mutuamente.

2.2.

La sucesión de crisis, pandémica primero y militar después, ha aumentado la demanda de seguridad en los distintos aspectos de la vida por parte de la población, que busca una mayor protección. A este respecto, para alcanzar los objetivos de la doble transición, es necesario prestar especial atención a las potenciales consecuencias económicas y sociales negativas, así como a las repercusiones en todos los demás ámbitos, también mediante el establecimiento de instrumentos de intervención adecuados. A este respecto, el CESE señala que los ciudadanos europeos, especialmente los más débiles, podrían mostrarse más reacios al cambio provocado por estas transiciones si perciben que estas les perjudican.

2.3.

Una participación cada vez mayor del CESE, como portavoz de los intereses de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada en las actividades del ciclo de la agenda de prospectiva estratégica, reforzaría la capacidad de análisis y prospectiva al permitir determinar mejor las tendencias.

2.4.

El CESE desarrolla las capacidades de prospectiva estratégica de la sociedad civil organizada por medio de acciones destinadas tanto a sus miembros y, en consecuencia, a las organizaciones nacionales a las que representan, como a la sociedad civil a escala de la UE, a través de su Grupo de Enlace, en el que están representadas las principales redes y organizaciones de la sociedad civil europea. En particular, facilita el diálogo y la consulta con la sociedad civil organizada, sensibiliza sobre la importancia de la prospectiva estratégica y también proporciona herramientas reales para llevarla a cabo. La participación estructurada de la sociedad civil organizada que el CESE representa en la elaboración de la agenda estratégica también permitirá mejorar su capacidad de integrar de manera holística las diferentes dimensiones (industrial, social, económica, medioambiental, etc.).

2.5.

Por todas estas razones, el CESE está muy interesado en cooperar con la Comisión Europea en el ciclo de prospectiva estratégica desde el principio del proceso, a fin de hacerlo más participativo. Un ejemplo de ello es la audiencia a través de la cual el CESE ha recabado los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil, así como de expertos, para reflexionar sobre los retos y oportunidades a los que se enfrentará la UE en su camino hacia una Europa sostenible desde el punto de vista social y económico. A lo largo del presente Dictamen, el CESE ofrece aportaciones y propuestas sobre estos aspectos clave en los que la Comisión Europea debería centrarse en su próximo informe.

2.6.

Dados los retos y oportunidades a los que se enfrentará Europa en las próximas décadas, la prospectiva estratégica cobrará mayor importancia. Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que siga desarrollando la agenda de prospectiva estratégica con el refuerzo de la participación del CESE en la fase de análisis y desarrollo del informe.

2.7.

El informe no tiene debidamente en cuenta el hecho de que la brecha digital entre las distintas regiones europeas pone en peligro la consecución de los objetivos de la doble transición. El próximo informe estratégico debe tener en cuenta estas diferencias y las posibles consecuencias, tanto desde el punto de vista social como en términos de oportunidades disponibles.

2.8.

El CESE es consciente de que las tecnologías digitales pueden influir positivamente en la consecución de los objetivos climáticos, mejorando también la seguridad energética, y de que la transición ecológica también puede transformar el sector digital y la economía. En este sentido, el CESE acoge favorablemente las numerosas referencias a la necesidad de invertir en tecnología y contar con políticas adecuadas para alcanzar los objetivos, y respalda también las referencias a la necesidad de adoptar medidas de ciberseguridad para proteger las tecnologías estratégicas.

2.9.

En varias ocasiones, el informe de prospectiva estratégica 2022 destaca la cuestión de las necesidades energéticas que genera la digitalización y el consumo que conlleva el funcionamiento de redes, sistemas y dispositivos, que se ve compensado por el aumento de la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos a los que se aplican (agricultura, logística, computación en nube, etc.). Es pertinente llamar la atención sobre la necesidad de mejorar la eficiencia energética y de que Europa vuelva a ocupar una posición más central en la economía circular del sector (desde el acceso a las materias primas fundamentales hasta la gestión de los residuos electrónicos y el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas).

2.10.

Sin embargo, cabe mencionar de manera más explícita los beneficios de la transición digital (desmaterialización y «sustitución») para la sostenibilidad y el ahorro energético, contribuyendo así a reforzar la apropiación por parte de los ciudadanos y los responsables políticos del valor y el impacto de estos procesos de transformación profunda.

2.11.

Entre los cambios asociados a la digitalización, no se hace referencia a las criptomonedas y monedas digitales. Su creciente difusión está relacionada precisamente con la generalización de los procesos de digitalización y con el desarrollo de la tecnología de cadena de bloques, cuyos flujos escapan a la capacidad de regulación de los Estados, dejando un amplio margen de maniobra a la economía subterránea. Por consiguiente, el CESE señala la necesidad de que se dedique una sección específica en el informe de prospectiva estratégica a la interpretación y el análisis sobre el uso de criptomonedas y monedas digitales, y anima a la Comisión a que adopte y aplique un marco regulador único en consonancia con las conclusiones del G-20.

2.12.

El CESE acoge favorablemente la reflexión que recoge el informe de prospectiva sobre el tema de la agricultura, ya que sitúa en el núcleo de la propia prospectiva, a diferencia de lo que ocurre con muchos otros sectores, el papel de la política europea y el carácter central de su acción en la determinación de la evolución futura. El informe especifica en este caso las medidas que debe adoptar la UE para evitar el riesgo de regresiones, contrariamente al tratamiento en general de otros sectores analizados.

2.13.

Los sistemas alimentarios de la UE deben ser más diversificados, la mano de obra agrícola debe reforzarse, especialmente atrayendo a personas jóvenes y garantizando unas condiciones de trabajo y una remuneración dignas; las políticas comerciales deben ajustarse a las normas de sostenibilidad alimentaria y de competitividad de la UE. También deben abordarse la concentración en las cadenas alimentarias y la propiedad financiera, así como la transparencia del mercado, a fin de garantizar que las futuras crisis no se vean exacerbadas por una especulación excesiva con productos básicos.

2.14.

El CESE desea destacar que, en el contexto geopolítico actual, el acceso a las materias primas fundamentales es esencial no solo para alcanzar los objetivos de la doble transición, sino sobre todo para mantener y reforzar el sistema industrial europeo, así como la resiliencia social, económica y laboral. A este respecto, el CESE propone que la Comisión lleve a cabo un análisis más detallado (también desde el punto de vista geopolítico) utilizando instrumentos adecuados de análisis y previsión.

2.15.

El CESE señala que el agua y los recursos hídricos, mencionados en varias ocasiones en el informe, representan no solo un problema, sino también un potencial, especialmente en lo que se refiere a la mejora de la eficiencia hídrica, la gestión de los recursos y las campañas de sensibilización para un consumo responsable. En particular, la economía azul desempeña un papel considerable y tiene un creciente potencial en la economía de la UE y a escala mundial, en términos tanto de creación de empleo como de bienestar y salud de las personas. El CESE considera que hay que aprovechar al máximo estas oportunidades, que abarcan una amplia gama de sectores y operaciones, tanto tradicionales como emergentes, minimizando al mismo tiempo los efectos adversos sobre el clima, la biodiversidad y el medio ambiente.

2.16.

El CESE pide a la Comisión que, en el contexto de la doble transición, tenga más en cuenta los posibles cambios de escenario derivados de la guerra en Ucrania, especialmente en relación con el suministro de energía y de materias primas fundamentales.

2.17.

El CESE respalda la petición de que las políticas europeas se adapten a un nuevo modelo económico, de que se incremente la inversión para mejorar el bienestar y de que aumente la productividad y la competitividad del sistema industrial y económico europeo. A tal fin, pide que se elaboren previsiones específicas sobre el futuro de la política industrial europea, que es esencial si se quiere lograr una autonomía estratégica completa.

2.18.

El CESE apoya la recomendación de aumentar la inversión pública y privada para alcanzar los objetivos de la transición. Sin embargo, señala que las decisiones económicas europeas, y especialmente las perspectivas de un nuevo aumento de los tipos de interés, pueden afectar negativamente a las inversiones.

2.19.

El CESE acoge con satisfacción el llamamiento en favor de una transición justa y la mayor atención prestada a la cohesión social y al papel del diálogo social en comparación con el informe anterior. El CESE también considera que la dimensión social y a la calidad del trabajo se convertirán en factores prioritarios que merecerán atención en la agenda europea, modificando una escala de prioridades que sigue colocándolas en una posición suplementaria.

2.20.

El CESE valora positivamente la atención que se presta en el informe de prospectiva estratégica 2022 a los cambios provocados por la doble transición en el mercado laboral y en la situación económica de los grupos sociales más vulnerables (familias, comunidades), así como a la necesidad de disponer de recursos adecuados a las medidas de intervención social. El CESE también solicita que se preste más atención a las cuestiones de la pobreza y la exclusión social.

2.21.

El CESE pide a la UE que tenga en cuenta el envejecimiento de la población y el cambio demográfico —con el consiguiente aumento en las previsiones de demanda de cuidados—, por una parte, y la escasez de personal sanitario, por otra. La UE debe garantizar que los cuidados sigan siendo accesibles y asequibles y no se conviertan en un bien de lujo.

2.22.

El CESE llama la atención sobre el enfoque genérico que adopta el informe de prospectiva estratégica de 2022 a la hora de abordar la cuestión de la aceleración de la hibridación del lugar de trabajo generada por los procesos de digitalización (que, por lo demás, se reduce a un inciso en un párrafo sobre digitalización y demanda de transporte), al considerar que es resultado de un mero proceso de transformación tecnológica, pasando por alto sus efectos en las condiciones de trabajo y las relaciones laborales, así como en las exigencias que esta cuestión conlleva en materia de reglamentación.

2.23.

El CESE señala que el sistema de prospectiva estratégica corre el riesgo de volverse demasiado economicista y centrado en la competencia y en el mercado como únicos aglutinantes de la acción, los intereses y la estrategia europeos, relegando a la sociedad civil y a los trabajadores a un papel suplementario, sin tener suficientemente en cuenta la capacidad de la doble transición para generar nueva y mayor riqueza y facilitar la creación de nuevos modelos capaces de reducir las vulnerabilidades y socializar los beneficios generados.

2.24.

El CESE pide a la Comisión que lleve a cabo una encuesta específica del Eurobarómetro sobre los temas cubiertos por el futuro informe de prospectiva estratégica con el fin de comprender mejor las expectativas y puntos de vista de los ciudadanos. Esto también es fundamental para anticipar el grado futuro de aceptación de las medidas propuestas en el análisis prospectivo.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo y al Comité Económico y Social Europeo — El camino hacia un sistema de compensación de la UE más sólido»

[COM(2022) 696 final]

y sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 648/2012, (UE) n.o 575/2013 y (UE) 2017/1131 por lo que respecta a las medidas para mitigar las exposiciones excesivas frente a entidades de contrapartida central de terceros países y para mejorar la eficiencia de los mercados de compensación de la Unión»

[COM(2022) 697 final — 2022/0403 (COD)]

(2023/C 184/09)

(2023/C /)

Ponente: Florian MARIN

Consultas	Consejo, 31.1.2023 Parlamento Europeo, 1.2.2023 Comisión Europea, 8.2.2023
Base jurídica	Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	2.3.2023
Aprobado en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	201/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El Comité acoge favorablemente la propuesta de Reglamento (1) y los esfuerzos de la Comisión para garantizar la autonomía estratégica de nuestros mercados de capitales, incrementar la capacidad de compensación interna y hacer que el sistema de compensación de la UE sea más seguro y robusto. El Comité estima que, para la estabilidad financiera de los mercados de capitales de la UE, es esencial disponer de un sistema de compensación competitivo y eficiente.

1.2

El CESE propone que las cámaras de compensación con sede en la UE desarrollen y diseñen mejoras en sus marcos de capacidad e inviertan en ellos para incentivar a los operadores del mercado para que compensen sus operaciones en la UE.

1.3

El Comité considera que debería haberse puesto en marcha un plan exhaustivo para impulsar la transición hacia los agentes de compensación con sede en la UE inmediatamente después del Brexit y manifiesta su decepción por la lentitud del proceso de toma de decisiones respecto a un mercado de derivados de 81 billones EUR. El CESE esperaba una postura más clara para reducir la exposición a las entidades de contrapartida central (ECC) del Reino Unido y normas e incentivos más específicos para impulsar la transición hacia las ECC con sede en la UE.

1.4

El CESE considera fundamental disponer de datos específicos sobre el sistema de compensación de la UE que abarquen todas las clases y volúmenes de activos, y estima que debe hacerse más en este sentido. La relación entre los datos recopilados y la dinámica del riesgo debe analizarse periódicamente a fin de comprender con exactitud los riesgos para la estabilidad financiera. El CESE valora positivamente que, además del riesgo financiero, los modelos de riesgo también tengan en cuenta los riesgos sociales, de gobernanza y medioambientales de las ECC y, a su juicio, deberían ser igualmente importantes en los diferentes escenarios y análisis de riesgo.

1.5

El CESE solicita una evaluación exhaustiva de los posibles costes adicionales que pueden derivarse para la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y otros organismos de la UE en ámbitos como los de la mano de obra, los sistemas informáticos, los equipos conjuntos de supervisión y el mecanismo conjunto de seguimiento propuesto.

1.6

Habida cuenta de las competencias adicionales que se confieren a la AEVM en las modificaciones de 2019 del Reglamento EMIR y en la propuesta de Reglamento actual, el CESE desearía que se estableciera un sistema de contrapoderes institucionales en relación con la actividad de la AEVM. El Comité propone que la AEVM haga más esfuerzos para estipular que una proporción significativa de los servicios prestados a sus clientes de la UE debe compensarse en las ECC de la UE.

1.7

Por lo que respecta a las operaciones intragrupo, el Comité valora positivamente la decisión de no eximir de la obligación de compensación y de los requisitos en materia de márgenes a las entidades de países que figuran en la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, así como de países y territorios de alto riesgo a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

1.8

El CESE lamenta que la Comisión no haya llevado a cabo una evaluación exhaustiva del marco existente ni de cómo ha evolucionado el atractivo del mercado de la UE en los últimos años, dado que la última modificación del Reglamento tiene más de tres años. El Comité acoge con satisfacción la introducción del artículo 7 ter y pide a la AEVM que, un año después de la entrada en vigor del Reglamento, presente un informe sobre las principales razones por las que se utilizan ECC de fuera de la UE.

1.9

El Comité considera que las ECC de la UE deben ser transparentes en cuanto a sus tarifas, ajustes de los márgenes de garantía y medidas durante los períodos de tensión del mercado, a fin de mejorar la previsibilidad para todos los participantes en el mercado.

1.10

El CESE pide a la Comisión que dé una definición específica de la expresión «con carácter urgente» en las modificaciones propuestas al artículo 20 y pide a los colegisladores que determinen qué exenciones se consideran decisiones «urgentes».

1.11

El CESE apoya las modificaciones propuestas al artículo 23 en relación con la creación de equipos conjuntos de supervisión y el mecanismo de seguimiento conjunto. El Comité propone que la sociedad civil participe en el mecanismo de seguimiento establecido en el artículo 23 quater y que el CESE forme parte del mecanismo de seguimiento conjunto en calidad de observador.

1.12

El CESE estima que el plazo de cinco años para que la Comisión revise la aplicación del Reglamento es demasiado largo. También considera que deben hacerse más esfuerzos a fin de reducir el plazo requerido para conceder autorizaciones o ampliar actividades y servicios, así como para crear una base de datos central. El CESE pide una mayor interoperabilidad en el sistema europeo de compensación, así como la reducción de la carga administrativa y la oferta de soluciones de acceso más sencillas.

1.13

El Comité respalda la mayor transparencia que ofrece la modificación del artículo 38, que estipula que los miembros compensadores y los clientes que prestan servicios de compensación deben informar a sus clientes efectivos y posibles sobre los modelos de márgenes y las pérdidas potenciales u otros costes.

2.   Contexto general

2.1

La unión de los mercados de capitales (UMC), puesta en marcha en 2015 por la Comisión Europea, es un ambicioso proyecto a largo plazo centrado en garantizar la libre circulación de capitales en la Unión, una de las cuatro libertades fundamentales del mercado único. El Brexit ha traído consigo una notable disminución del papel mundial de Europa en los mercados de capitales, pasando del 22 % de la actividad mundial antes del Brexit a únicamente el 14 % (2). Treinta años después de la puesta en marcha del mercado único, veinte años después de la introducción del euro y siete años después de que se emprendiera la iniciativa de la UMC, la UE aún tiene trabajo por delante para crear un mercado único de capitales.

2.2

Los Reglamentos EMIR, en su revisión REFIT (3), y EMIR 2.2 (4), han mejorado la transparencia en lo que respecta a las ECC de terceros países, introduciendo cambios en el mandato de compensación y otorgando competencias adicionales a la AEVM, la autoridad de supervisión de la UE. Esta propuesta de Reglamento atribuye aún más competencias a la AEVM. Habida cuenta de que la capacidad de compensación representa una parte significativa de la UMC, los mercados financieros europeos se ven amenazados por la dependencia excesiva respecto a los servicios prestados por las ECC de terceros países, especialmente en el Reino Unido. Como parte del acuerdo del Brexit, la UE permitió a los organismos de compensación del Reino Unido que siguieran prestando servicios a los participantes en el mercado de la UE hasta finales de junio de 2022. Este plazo se ha ampliado tres años debido a la amenaza para la estabilidad de los mercados financieros, con la intención de conceder tiempo suficiente para el cambio gradual de las operaciones de compensación en la UE.

2.3

La propuesta de Reglamento tiene por objeto proporcionar mayor estabilidad, previsibilidad y proporcionalidad a todos los operadores con obligaciones en materia de compensación, e introduce requisitos para que los participantes en el mercado declaren en qué medida dependen de terceros países para el tratamiento de sus operaciones con derivados. Las modificaciones propuestas también se centran en medidas encaminadas a dotar de mayor atractivo a las ECC de la UE y reducir la carga administrativa, promover la compensación centralizada en la UE obligando a los agentes de compensación a mantener una cuenta activa en las ECC de la UE, y dotar a las autoridades locales de las competencias necesarias para supervisar los riesgos relacionados con las operaciones transfronterizas.

3.   Observaciones generales

3.1

El CESE lleva mucho tiempo abogando por una legislación que refuerce los mercados de capitales de la UE y los dote de mayor estabilidad y atractivo (5). Habida cuenta de los recientes acontecimientos geopolíticos (la invasión rusa de Ucrania, el aumento de los precios de la energía, las tensiones geopolíticas en muchas regiones del mundo y la pandemia de la COVID-19) y los efectos inmediatos en el entorno económico, el CESE señala que es necesario actuar con rapidez para salvaguardar y reforzar la estabilidad de los mercados financieros de la Unión. El CESE considera fundamental para la estabilidad financiera de los mercados de capitales de la UE disponer de un sistema de compensación competitivo y eficiente.

3.2

El Comité acoge favorablemente la propuesta de Reglamento y la intención de la Comisión de actuar para garantizar la autonomía estratégica de nuestros mercados de capitales, reforzar nuestra capacidad de compensación interna y garantizar que el sistema de compensación sea más seguro y resiliente. En el refuerzo del mercado de compensación de la UE se deben tener en cuenta los costes generados por la migración del capital procedente de mercados de compensación extracomunitarios, la necesidad de proteger el enfoque basado en el riesgo y la interdependencia entre los mercados financieros de fuera de la UE y de la UE.

3.3

La propuesta de modificación del Reglamento EMIR se formula tras el drástico aumento de los precios de la energía en Europa, causado principalmente por el ataque injustificado de Rusia a Ucrania; este proceso ha generado inestabilidad en los mercados de compensación, ya que determinadas empresas no pueden proporcionar la garantía real de sus contratos de derivados. El CESE insta a que la consolidación del sector de la compensación en la UE siga siendo una prioridad. Al objeto de elevar la competitividad del sistema de compensación de la UE, deberán tenerse en cuenta el precio, la liquidez, el riesgo, los márgenes, la regulación y la eficiencia. El Comité conviene en la necesidad de reducir el plazo requerido para conceder autorizaciones o ampliar actividades y servicios, así como para crear una base de datos central.

3.4

El Comité considera que las ECC con sede en la UE tienen que concebir y diseñar mejoras en sus marcos de capacidad e invertir en ellas para persuadir a los operadores del mercado de que compensen sus operaciones en la UE, en particular, mediante el refuerzo de sus capacidades tecnológicas y operativas, procurando una mejor cooperación entre los participantes en el mercado y la consolidación de las prácticas de gestión de riesgos. Con el fin de mejorar la previsibilidad, las ECC deben ser transparentes en cuanto a sus tarifas, ajustes de los márgenes de garantía y medidas durante los períodos de tensión del mercado.

3.5

La estabilidad de los mercados de capitales requiere un mercado laboral equilibrado y estable. El CESE valora positivamente que, además del riesgo financiero, los modelos de riesgo también tengan en cuenta los riesgos sociales, de gobernanza y medioambientales de las ECC y señala que, a su juicio, deberían ser igualmente importantes en los diferentes escenarios y análisis de riesgo.

3.6

El CESE valora positivamente la consulta realizada por la Comisión a principios de 2022, las reuniones con los representantes de los Estados miembros y el Parlamento Europeo, los servicios financieros y los comités económicos y financieros, así como las reuniones bilaterales con las partes interesadas pertinentes.

3.7

El CESE lamenta que el plazo para que las cámaras de compensación con sede en el Reino Unido dispongan de acceso ilimitado a las partes interesadas con sede en la UE se haya ampliado tres años, hasta el 30 de junio de 2025. Considera que debería haberse puesto en marcha un plan exhaustivo para incentivar el cambio a los agentes de compensación con sede en el mercado de la Unión inmediatamente después del Brexit. El Comité desaprueba la falta de reacción en el pasado, la consulta limitada y la lentitud del proceso de toma de decisiones respecto a un mercado de derivados de 81 billones EUR.

3.8

Los bancos europeos se benefician de un fondo común multidivisa del mercado del Reino Unido, y el cambio a cámaras de compensación europeas daría lugar a un proceso de compensación basado en el euro, con costes significativos para el sistema bancario. Aunque el CESE apoya este cambio y considera que tiene que acometerse lo antes posible, señala que deben ofrecerse los incentivos adecuados para evitar que los bancos apuesten por otros mercados. Deben tenerse en cuenta incentivos más específicos y adaptados para consolidar el sector de la compensación en la UE.

3.9

Dado que numerosos operadores del mercado de la UE compensan sus operaciones con derivados en otros países, el CESE esperaba una postura más clara contra esta tendencia y unas normas más específicas que incentiven un cambio a favor de las ECC con sede en la Unión. El Comité habría esperado que se obligara a las entidades públicas a compensar en la UE y pide una visión clara para poner fin a esta dependencia lo antes posible.

3.10

El CESE estima que el desarrollo de actividades de compensación en la UE debe tener en cuenta toda la cadena de suministro, en beneficio de los participantes en el mercado. La liquidez del mercado debe gestionarse cuidadosamente a la hora de reducir la exposición a las ECC del Reino Unido, junto con una perspectiva a más largo plazo y una normalización de los requisitos de acceso para el mercado de compensación de la UE. Debe tenerse en cuenta la preparación de los clientes para la compensación, y deben llevarse a cabo diversas simulaciones en beneficio de dichos clientes. El Comité también considera que la AEVM debería adaptar cuidadosamente las medidas a los pequeños y medianos participantes en el mercado.

3.11

El CESE subraya la importancia del papel que desempeñan las ECC de terceros países en la estabilidad financiera de la UE. Es vital reducir los riesgos de concentración y garantizar que las relaciones con estas ECC se basen en un enfoque transparente, predecible, proporcionado y orientado a la atenuación del riesgo. Esta propuesta de Reglamento otorgará aún más competencias a la AEVM, y el CESE desea que se establezca un sistema de contrapoderes institucionales en relación con la actividad de la AEVM.

3.12

El CESE señala que, para obtener una imagen clara de la situación a efectos de seguimiento, es importante disponer de datos específicos sobre el sistema de compensación de la UE; estos datos deben ser comparables y abarcar todas las clases y volúmenes de activos. Es importante recabar los datos adecuados para disponer de una imagen precisa de los riesgos para la estabilidad financiera, y la sinergia entre los datos recopilados y la dinámica del riesgo debe tenerse en cuenta de manera sistemática. El CESE considera que debe hacerse más en este sentido.

3.13

Deben tenerse en cuenta más sinergias entre las actividades de compensación y el punto de acceso único europeo (PAUE). El PAUE promueve la financiación basada en datos y mejora considerablemente el acceso de las sociedades, las empresas y las instituciones financieras a los datos y la información de las entidades, así como la adaptación de la economía al futuro digital, el refuerzo de la soberanía digital, el aumento de la velocidad del flujo de información y el establecimiento de normas comunes, haciendo hincapié en los datos, la tecnología y las infraestructuras (6).

3.14

El CESE respalda la propuesta de aligerar las normas sobre derivados del EMIR y permitir que las garantías bancarias y las cartas de crédito se acepten como garantías reales de elevada liquidez, puesto que estas alternativas distintas del efectivo garantizan la liquidez del mercado y ya se utilizan a gran escala en mercados de capitales más avanzados, como el de Estados Unidos. El CESE apoya el papel cada vez más relevante de los bancos centrales en la protección de los consumidores de la UE.

3.15

El CESE avala asimismo los cambios propuestos en los artículos 11, 14, 15 y 17 en relación con el período de ejecución de cuatro meses para las contrapartes no financieras que por primera vez están obligadas a intercambiar garantías reales, y con respecto a los procedimientos más breves y menos complejos para que las ECC amplíen sus productos. El Comité acoge favorablemente los cambios propuestos, ya que racionalizarán el proceso de ampliación de las actividades y los servicios y de concesión y denegación de autorizaciones. Se requiere una mayor interoperabilidad en el sistema europeo de compensación, así como la reducción de la carga administrativa y la oferta de soluciones de acceso más sencillas.

4.   Observaciones específicas

4.1

El CESE no está de acuerdo con la afirmación de la Comisión Europea de que esta «iniciativa legislativa no afectará a los gastos de la AEVM ni de otros organismos de la Unión Europea», y considera que los costes aumentarán en ámbitos como los de la mano de obra, los sistemas informáticos, los equipos conjuntos de supervisión y el mecanismo conjunto de seguimiento propuesto. El Comité observa que, en la modificación propuesta al artículo 90, la Comisión pide a la AEVM que informe sobre «las necesidades de personal y de recursos». Por consiguiente, el CESE pide que se realice una evaluación exhaustiva de los costes adicionales, en la que se calculen y anuncien las repercusiones presupuestarias estimadas.

4.2

El CESE reconoce y respalda la propuesta de la Comisión de introducir el requisito de que todos los participantes en el mercado con obligaciones en materia de compensación mantengan una cuenta en las ECC de la UE. Pide a la AEVM que, previa consulta a la Autoridad Bancaria Europea, a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, a la Junta Europea de Riesgo Sistémico y al Sistema Europeo de Bancos Centrales, establezca que una proporción significativa de los servicios prestados a sus clientes de la UE identificados como de importancia sistémica sustancial deba compensarse en las ECC de la UE.

4.3

El Comité acoge favorablemente la intención de pedir a los participantes en el mercado que comuniquen las cifras exactas y la dependencia de agentes de compensación extranjeros. El Comité confía en que la AEVM desarrolle con prontitud las normas técnicas que especifiquen esta información, aguarda con interés un informe exhaustivo un año después de la entrada en vigor, y espera que el Reglamento EMIR se modifique en consecuencia.

4.4

Por lo que respecta a las operaciones intragrupo, el CESE valora positivamente que no se exima de la obligación de compensación y de los requisitos en materia de márgenes a las entidades de países que figuran en la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, así como de países y territorios de alto riesgo a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Comité apoya plenamente las medidas administrativas relativas a tales países y territorios, y considera que estas entidades representan una amenaza significativa para el sistema financiero de la UE.

4.5

Aunque la actualización digital plantea necesidades presupuestarias adicionales, el CESE considera fundamental que se lleven a cabo inversiones digitales para apoyar las actualizaciones propuestas del Reglamento EMIR. El Comité valora positivamente la propuesta de un programa informático avanzado para la presentación en línea de los documentos de supervisión, accesible a todas las autoridades pertinentes.

4.6

El CESE lamenta que la Comisión no haya llevado a cabo una evaluación exhaustiva del marco existente, dado que el Reglamento se modificó por última vez hace más de tres años. Además, para que las modificaciones en curso sean adecuadas a su finalidad, el Comité habría esperado un análisis específico de cómo ha evolucionado el atractivo del mercado de la UE en los últimos años, especialmente en relación con los importantes acontecimientos geopolíticos recientes.

4.7

El Comité propone que las normas técnicas elaboradas con arreglo al artículo 7 sean transparentes e inclusivas. También debe tenerse en cuenta la opción de introducir cambios con el fin de adaptar rápidamente dichas normas. La provisión de herramientas para comparar los precios de los costes de ejecución, los costes de compensación y los costes de los miembros compensadores es importante para los gestores de activos.

4.8

El Comité acoge favorablemente la introducción del artículo 7 ter, que especifica que los prestadores de servicios de compensación deben informar sobre el alcance de la compensación en una ECC de fuera de la UE, e introduce la obligación de informar a sus clientes sobre la posibilidad de compensar un determinado contrato en una ECC de la UE. El Comité pide a la AEVM que desarrolle un procedimiento de elaboración de informes normalizado que se utilice en todos los Estados miembros, y recomienda que, un año después de la entrada en vigor del Reglamento, se presente un informe sobre las principales razones por las que se utilizan ECC de fuera de la UE. También debe gestionarse prudentemente un enfoque común respecto a las multas para los operadores del mercado, con el fin de garantizar la proporcionalidad en el mercado único.

4.9

El Comité pide a la Comisión que aclare el significado exacto de la expresión «con carácter de urgencia» en las modificaciones propuestas al artículo 20, y solicita a los colegisladores que acuerden y especifiquen qué exenciones entran en el ámbito de la decisión «urgente».

4.10

El CESE respalda las modificaciones propuestas al artículo 23 en relación con la creación de equipos conjuntos de supervisión y el Mecanismo de Seguimiento Conjunto, pero señala que tendrán repercusiones presupuestarias, ya que estas autoridades tendrán que contratar más personal, también en el caso de la AEVM. El CESE propone que la sociedad civil participe en el mecanismo de seguimiento establecido en el artículo 23 quater, especialmente en lo que se refiere a las decisiones futuras sobre políticas.

4.11

Una evaluación adecuada de las interconexiones, las interrelaciones y los riesgos de concentración en el marco del Comité de Supervisión de las ECC (artículo 24 bis) requiere asimismo la participación de la sociedad civil, y el CESE debe formar parte del Mecanismo de Seguimiento Conjunto en calidad de observador. Debe tenerse en cuenta la necesidad de reducir el solapamiento de responsabilidades entre el gran número de autoridades que participan en el sistema de compensación. La cooperación entre las autoridades europeas y nacionales debe ser eficaz y adaptarse a la dinámica de los riesgos de mercado.

4.12

El plazo de cinco años para que la Comisión revise cuidadosamente la aplicación del Reglamento tras su entrada en vigor parece muy largo, habida cuenta del período transcurrido entre las modificaciones del Reglamento EMIR. Además, el CESE esperaba el 2 de enero de 2023 el informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento EMIR, en su revisión REFIT, y del Reglamento EMIR 2.2, tal como se acordó, pero la Comisión propone ahora anularlo. El Comité se opone a esta propuesta y considera que podría dar lugar a que no se evaluaran en absoluto las enmiendas al EMIR, habida cuenta de los consiguientes cambios ya realizados en dicho Reglamento.

4.13

Por último, el Comité respalda la mayor transparencia que ofrece la propuesta de modificación del artículo 38 respecto a la obligación de los miembros compensadores y los clientes que prestan servicios de compensación de informar a sus clientes efectivos y posibles sobre los modelos de márgenes y las pérdidas potenciales u otros costes, en caso de que la ECC aplique medidas de recuperación. El CESE considera que los miembros compensadores también deben contribuir a mejorar la transparencia en el marco del sistema de compensación de la UE.

---

(1)  COM(2022) 697 final.

(2)  Report — A new vision for EU capital markets (Informe — Una nueva visión de los mercados de capitales de la UE).

(3)  DO L 141 de 28.5.2019, p. 42.

(4)  DO L 322 de 12.12.2019, p. 1.

(5)  DO C 155 de 30.4.2021, p. 20.

(6)  DO C 290 de 29.7.2022, p. 58.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad

[COM(2022) 707 final — 2022/0413 (CNS)]

(2023/C 184/10)

Ponente: Petru Sorin DANDEA

Coponente: Benjamin RIZZO

Consulta	Consejo, 7.2.2023
Base jurídica	Artículos 113, 115 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	2.3.2023
Aprobado en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	208/0/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre la DCA 8, que constituye un paso adelante significativo para mejorar y complementar la DCA vigente.

1.2

El CESE considera que las mejoras de la DCA propuestas son eficaces para disuadir del incumplimiento de las normas fiscales por parte de los titulares de criptoactivos, reforzando así la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, en consonancia con varias iniciativas anteriores de la Comisión.

1.3

El CESE considera asimismo que la iniciativa de la Comisión es plenamente coherente con el principio de una fiscalidad justa y efectiva, que representa una piedra angular de la economía social de mercado europea, encaminada a garantizar que todos contribuyan de manera equitativa y reciban un trato igual y proporcionado con independencia del tipo de activos que posean.

1.4

El CESE señala que un esfuerzo internacional por regular los criptoactivos y su utilización es fundamental para abordar con éxito los crecientes problemas e implicaciones de carácter mundial relacionados con dichos activos. El trabajo que se está llevando a cabo en el ámbito de la OCDE y del G-20 para lograr un acuerdo mundial respecto a la transparencia de las criptomonedas es crucial a este respecto, y el CESE anima a la Comisión a que desempeñe un papel activo en la escena internacional.

1.5

El CESE valora positivamente que una fiscalidad mejorada y más eficaz de los criptoactivos vaya a contribuir a ampliar la cobertura fiscal y reforzar los presupuestos nacionales, permitiendo el despliegue de recursos adicionales destinados al bien común y a atender las prioridades de inversión de la Comisión (transición ecológica y digitalización).

1.6

El CESE considera que el sistema de comunicación de información con indicación del número de identificación fiscal (NIF) constituye el método de cumplimiento más eficaz para garantizar la eficacia de las nuevas normas. Por este motivo, apoya firmemente la propuesta de la Comisión sobre el NIF, ya que contribuye a prevenir posibles errores, mejorando así la seguridad jurídica y la previsibilidad del sistema.

1.7

El CESE cree que las obligaciones en materia de comunicación de información no deben limitarse únicamente a los intercambios y transferencias de criptoactivos, sino que también deben ampliarse, al menos en la fase inicial, a las tenencias globales de activos de criptomonedas en aras de la transparencia y la seguridad, aunque queda claro que solo deben gravarse las ganancias efectivas.

1.8

El CESE subraya la necesidad de unas sanciones efectivas y proporcionadas, quedando a decisión de los Estados miembros los importes específicos de las sanciones que deben imponerse. El CESE también recomienda que, tras la aplicación de la Directiva, la Comisión informe sobre los regímenes sancionadores establecidos por los Estados miembros y ofrezca orientaciones sobre posibles cambios en caso necesario.

1.9

El CESE confía en que las sanciones y las medidas de cumplimiento puedan alcanzar un equilibrio adecuado entre la eficacia de las normas y la disuasión pertinente, por una parte, y la proporcionalidad, por otra. La proporcionalidad podría garantizarse, por ejemplo, teniendo debidamente en cuenta el número de operaciones implicadas en las infracciones cometidas por una empresa determinada.

1.10

El CESE subraya que las disposiciones y salvaguardas específicas en materia de protección de datos incluidas en la propuesta de Directiva, en consonancia con las normas del RGPD, deben aplicarse y respetarse debidamente con un grado de rigor elevado a fin de proteger plenamente los derechos fundamentales de las personas cuyos datos se recopilarán, intercambiarán y almacenarán.

1.11

El CESE recomienda a la Comisión que incluya en su proyecto de propuesta normas que refuercen la cooperación entre las autoridades tributarias ya contempladas en el texto actual y las autoridades encargadas de combatir el blanqueo de capitales y la financiación de actividades ilegales y del terrorismo. En este contexto, el CESE reitera que las autoridades públicas, en este caso las autoridades fiscales, necesitan recursos adecuados tanto en lo que se refiere a personal cualificado como a tecnología y normas digitales de alto nivel.

2.   Propuesta de la Comisión

2.1

La propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE del Consejo (1) relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad («DCA 8») (2) presentada por la Comisión tiene por objeto actualizar la Directiva vigente («DCA») con el fin de ampliar la comunicación y el intercambio de información entre las autoridades tributarias para incluir las rentas o los ingresos generados a través de criptoactivos por usuarios residentes en la Unión Europea. Las autoridades tributarias no disponen actualmente de la información necesaria para controlar los ingresos obtenidos mediante criptoactivos, que se negocian fácilmente de manera transfronteriza.

2.2

La iniciativa legislativa tiene por objeto introducir una mayor transparencia fiscal respecto a los criptoactivos mediante disposiciones específicas sobre la comunicación y el intercambio de información a efectos de la fiscalidad directa. La propuesta también perfecciona las disposiciones vigentes aplicables con el fin de evitar lagunas y reforzar el marco jurídico.

2.3

La DCA 8 se ajusta a las definiciones establecidas en el Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (3), que no proporciona por sí mismo una base para que las autoridades tributarias recopilen e intercambien la información necesaria para gravar los ingresos derivados de tales activos. Sin embargo, la DCA 8 se basa en la experiencia con dicho Reglamento y se sirve del requisito de autorización ya introducido por este, evitando así cargas administrativas adicionales para los proveedores de servicios de criptoactivos.

2.4

La propuesta es coherente con el recientemente aprobado Marco de Comunicación de Información sobre Criptoactivos (MIC) (4) de la OCDE, así como con las modificaciones de su Estándar Común de Comunicación de Información. Tales normas también han sido aprobadas por el G-20. Durante la consulta de la Comisión, la mayoría de los Estados miembros apoyaron la armonización del ámbito de aplicación del marco jurídico de la UE con el trabajo realizado en la OCDE.

2.5

Con el fin de mejorar la capacidad de los Estados miembros para detectar y combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscales, todos los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información, independientemente de su tamaño o ubicación, deberán notificar las operaciones de sus clientes residentes en la UE. Se incluyen tanto las operaciones nacionales como las transfronterizas. En algunos casos, las obligaciones de información también se extenderán a las criptofichas no fungibles (NFT). Las normas detalladas relativas a las obligaciones que deben cumplir los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información se recogen en el anexo VI.

2.6

Las operaciones sujetas a comunicación de información incluyen las operaciones de canje y las transferencias de criptoactivos sujetos a comunicación de información. Tanto las operaciones nacionales como las transfronterizas se incluyen en el ámbito de aplicación de la propuesta y se agregan por tipo de criptoactivos sujetos a comunicación de información.

2.7

Las entidades financieras informarán sobre el dinero electrónico y las monedas digitales de los bancos centrales, al tiempo que se ampliará el alcance del intercambio automático de los acuerdos previos con efecto transfronterizo para particulares con un elevado patrimonio neto. Estos particulares son aquellos que poseen un mínimo de 1 000 000 EUR en patrimonio financiero o susceptible de inversión, o en activos gestionados. Los Estados miembros intercambiarán información sobre los acuerdos previos con efecto transfronterizo emitidos, modificados o renovados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025.

2.8

La propuesta no limitará la capacidad de los Estados miembros para configurar su sistema de cumplimiento. Sin embargo, se establecerá y aplicará un nivel mínimo común de sanciones para los incumplimientos más graves, como la ausencia total de notificación a pesar de los recordatorios administrativos.

3.   Observaciones generales

3.1

El CESE celebra y apoya la propuesta de la Comisión sobre la DCA 8, ya que representa un paso adelante importante para mejorar y completar la DCA a partir de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo, que advirtió de que «si un contribuyente tiene dinero en criptomonedas electrónicas, la plataforma u otros proveedores electrónicos que suministran servicios de cartera para tales clientes no están obligados a declarar tales importes mantenidos o ganancias realizadas ante las autoridades tributarias. Así pues, el dinero mantenido en estos instrumentos electrónicos queda en gran medida sin gravar» (5).

3.2

El CESE considera que las mejoras de la DCA propuestas constituyen un instrumento eficaz para disuadir del incumplimiento de las normas fiscales por parte de los titulares de criptoactivos, reforzando así la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, en consonancia con varias iniciativas emprendidas por la Comisión en los últimos años.

3.3

El CESE elogia la amplia y articulada consulta llevada a cabo por la Comisión sobre la propuesta en cuestión, en la que participaron todas las partes interesadas, además de una audiencia más específica de operadores del sector, a los que la Comisión consultó por separado. Los Estados miembros también pudieron expresar su opinión y animaron a la Comisión a trabajar estrechamente en consonancia con los trabajos en curso de la OCDE. Las consultas dotaron al proceso legislativo de mayor transparencia y sentido, a pesar del carácter notablemente técnico de la propuesta.

3.4

El CESE incide en que se requiere un esfuerzo internacional por regular los criptoactivos y su utilización para abordar con éxito los crecientes problemas e implicaciones de carácter mundial relacionados con dichos activos. A este respecto, resultan cruciales los trabajos y las negociaciones en curso llevados a cabo en el ámbito de la OCDE y del G-20 para lograr un acuerdo mundial sobre la transparencia de las criptomonedas, y el CESE anima a la Comisión a que desempeñe un papel de liderazgo en la escena internacional.

3.5

El CESE considera asimismo que la iniciativa de la Comisión es plenamente coherente con el principio de una fiscalidad justa y efectiva, que representa una piedra angular de la economía social de mercado europea, encaminada a garantizar que todos contribuyan de manera equitativa y reciban un trato igual y proporcionado con independencia del tipo de activos que posean o de la forma de pagos aceptada.

3.6

El CESE valora positivamente que una fiscalidad mejorada y más eficaz de los criptoactivos vaya a contribuir a ampliar la cobertura fiscal y reforzar los presupuestos nacionales, permitiendo el despliegue de recursos adicionales destinados al bien común y a atender las prioridades de inversión de la Comisión (transición ecológica y digitalización).

3.7

El CESE coincide plenamente con la Comisión en que una mayor transparencia reducirá las discrepancias y la actual diferenciación injustificada en el marco y el tratamiento jurídicos que dan lugar a que los usuarios de criptoactivos disfruten de una «ventaja […] frente a los que no invierten en criptoactivos», obstaculizando así no solo el «objetivo de la equidad tributaria», sino también el correcto funcionamiento del mercado único y la igualdad de condiciones.

3.8

El CESE apoya el uso combinado del artículo 113 del TFUE (ya que la información intercambiada también podría utilizarse a efectos del IVA) y del artículo 115 del TFUE como base jurídica para apoyar la propuesta. La aproximación de las legislaciones nacionales que afectan al funcionamiento del mercado único, consagrada en el artículo 115, es efectivamente pertinente en el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que los criptoactivos pueden utilizarse para varios fines. Por lo tanto, deben evitarse discrepancias tanto en el marco jurídico general como en los instrumentos de ejecución en todo el mercado único, ya que pueden perjudicar su consolidación.

4.   Observaciones específicas

4.1

El CESE anima a la Comisión y a los Estados miembros a que incluyan en la propuesta presentada obligaciones en materia de comunicación de información para las personas físicas que posean criptoactivos. Sin duda, tal inclusión aumentaría la eficacia y el ámbito de aplicación de la propuesta.

4.2

El CESE considera que un sistema de comunicación de información con indicación del número de identificación fiscal (NIF) constituye el método de cumplimiento más eficaz para garantizar la eficacia de las nuevas normas. Por este motivo, el CESE apoya firmemente la propuesta de la Comisión sobre el NIF, ya que contribuye a reforzar la eficacia de la propuesta, dado que, como código de identificación único, el NIF permite evitar errores, contribuyendo así a la seguridad jurídica y a la previsibilidad del sistema.

4.3

El CESE señala que la mayoría de los Estados miembros ya disponen de legislación o, al menos, de directrices administrativas, para gravar los ingresos obtenidos mediante inversiones en criptoactivos, pero las autoridades competentes carecen a menudo de la información necesaria para ponerlas en práctica. Por lo tanto, la seguridad y la claridad jurídicas solo pueden garantizarse abordando las ineficiencias nacionales a través de una iniciativa legislativa de la UE encaminada a impulsar una colaboración eficaz y eficiente entre las autoridades tributarias.

4.4

El CESE cree que las obligaciones en materia de comunicación de información no deben limitarse únicamente a los intercambios y transferencias de criptoactivos, sino que también deben ampliarse, al menos en esta fase inicial en curso, a las tenencias globales de activos de criptomonedas en aras de la transparencia y la seguridad, aunque queda claro que solo deben gravarse las ganancias efectivas.

4.5

El CESE subraya la necesidad de unas sanciones efectivas y proporcionadas, quedando a decisión de los Estados miembros los importes específicos de las sanciones que deben imponerse. La fijación de umbrales mínimos parece poseer el potencial de aumentar la eficacia de las nuevas normas sobre la fiscalidad de las criptomonedas. El CESE confía en que las sanciones y las medidas de cumplimiento puedan alcanzar un equilibrio adecuado entre la eficacia de las normas y la disuasión pertinente, por una parte, y la proporcionalidad, por otra. La proporcionalidad podría garantizarse, por ejemplo, teniendo debidamente en cuenta el número de operaciones implicadas en las infracciones cometidas por una empresa determinada.

4.6

Además, tras la aplicación de la Directiva, la Comisión debe informar sobre los regímenes sancionadores establecidos por los Estados miembros y ofrecer orientaciones sobre los cambios necesarios en el sistema de sanciones y medidas de cumplimiento.

4.7

El CESE subraya que las disposiciones y salvaguardas específicas en materia de protección de datos incluidas en la propuesta de Directiva, en consonancia con las normas y los principios del RGPD, deben aplicarse y respetarse prudentemente y con un grado de rigor elevado, a fin de proteger plenamente los derechos fundamentales de las personas cuyos datos se recopilarán, intercambiarán y almacenarán.

4.8

Una vez más, el CESE pide a los Estados miembros que inviertan adecuadamente en sus autoridades fiscales y en otras administraciones implicadas a fin de disponer de las capacidades necesarias para cumplir la tarea de mejorar la cooperación en el ámbito de la fiscalidad.

4.9

Por último, el CESE recomienda a la Comisión que incluya en su proyecto de propuesta el requisito de que exista cooperación entre las autoridades tributarias ya contempladas el texto actual y las autoridades encargadas de combatir el blanqueo de capitales y la financiación de actividades ilegales y del terrorismo, ya que en los últimos años se han planteado varios casos de utilización de criptoactivos con fines ilegales en general, y de blanqueo de capitales en particular. En este contexto, el CESE reitera que las autoridades públicas, en este caso las autoridades fiscales, necesitan recursos adecuados en lo que se refiere a personal cualificado y a tecnología y normas digitales de alto nivel.

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(1)  Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).

(2)  COM(2022) 707 final.

(3)  COM(2020) 593 final.

(4)  Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard, OCDE, 8 de octubre de 2022.

(5)  Tribunal de Cuentas Europeo (2021), Intercambio de información fiscal en la UE: bases sólidas con deficiencias en la ejecución. Los intercambios de información han aumentado, pero cierta información sigue sin comunicarse.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Hacia una Directiva sobre sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión»

[COM(2022) 249 — final]

sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se añade la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión a los ámbitos delictivos establecidos en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea»

[COM(2022) 247 — final]

y sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se definen las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión»

[COM/2022/684 final]

(2023/C 184/11)

Ponente:

José Antonio MORENO DÍAZ

Consulta	Comisión Europea, 26.7.2022
Base jurídica	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Aprobado en sección	8.3.2023
Aprobación en el pleno	22.3.2023
Pleno n.o	577
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	141/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la decisión de incluir la vulneración de las sanciones en la lista de delitos recogidos en el artículo 83, apartado 1, del TFUE y también la propuesta de Directiva destinada a armonizar las definiciones y las penas mínimas en la legislación nacional por vulneración de las sanciones.

1.2.

Sin embargo, el CESE lamenta que la citada decisión no haya sido objeto de una plena deliberación democrática en el seno de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo debido a la activación del procedimiento de urgencia. Asimismo, el hecho de que la propuesta de Directiva presentada por la Comisión no haya ido precedida de una evaluación de impacto sigue avivando la preocupación del CESE. Además, el CESE lamenta que la propuesta de Directiva de la Comisión relativa a la definición de las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las sanciones no incluya al Comité Económico y Social Europeo entre las partes interesadas que han de consultarse.

1.3.

El CESE anima a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a que, al desarrollar la Directiva, amplíen la salvedad humanitaria eximiendo de la responsabilidad penal a las agencias humanitarias y a su personal y adaptando esta disposición a la práctica internacional vigente, al tiempo que se garantiza la creación de mecanismos adecuados para evitar abusos con fines delictivos o políticos.

1.4.

El CESE apoya que se incluyan las debidas garantías y protección para los denunciantes y periodistas que hagan públicos los intentos de eludir las sanciones, a los que debe extenderse la mencionada salvedad.

1.5.

El CESE insta a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a que velen por que el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil reciban información adecuada y apoyo proactivo para adaptarse a la nueva legislación y cumplir los nuevos requisitos.

1.6.

El CESE anima a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a que garanticen que, más allá de promover la armonización de la legislación, los Estados miembros dispongan de las capacidades administrativas adecuadas, de fondos suficientes y de personal formado para detectar, perseguir y sancionar la vulneración de las sanciones, lo que podría apoyarse en la cooperación entre los Estados miembros mediante el intercambio de buenas prácticas en materia de detección y enjuiciamiento.

1.7.

El CESE acoge con satisfacción que la propuesta de Directiva insista en el respeto del principio de no retroactividad y subraya que es necesario garantizar el respeto de las garantías procesales y otras salvaguardias en materia de derechos humanos de las personas acusadas.

1.8.

El CESE sigue preocupado por que delitos comunes tan graves como los motivados por el odio y la violencia de género queden fuera del ámbito de aplicación del artículo 83, apartado 1, del TFUE (en lo sucesivo, «delitos europeos») y subraya que los imperativos geopolíticos no deben primar sobre la protección y el bienestar de nuestra ciudadanía.

2.   Contexto general

2.1.

Las sanciones de política exterior (o medidas restrictivas en la jerga de la Unión Europea) son acordadas por el Consejo de la Unión Europea en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC) y adoptan la forma de legislación vinculante que es directamente aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europeo (UE).

2.2.

Al contrario de la legislación sancionadora, que se adopta de forma centralizada y es aplicable en toda la UE, la aplicación y el cumplimiento de las sanciones están descentralizados: las autoridades de los Estados miembros se encargan de supervisar que las empresas y la ciudadanía respeten las prohibiciones, conceder excepciones, establecer medidas sancionadoras por las vulneraciones e investigarlas y enjuiciarlas. Esto se aplica a todas las sanciones excepto las prohibiciones de entrada, que son gestionadas directamente por las autoridades del Estado.

2.3.

El carácter descentralizado del sistema de aplicación de las sanciones de la UE produce una fragmentación (1): las legislaciones nacionales difieren en cuanto a las definiciones y el alcance de las vulneraciones y las medidas sancionadoras a que pueden dar lugar. Existen también diferencias en las capacidades administrativas para realizar investigaciones. Además, las autoridades nacionales disponen de un amplio margen de apreciación para decidir si procede o no conceder una excepción por razones humanitarias.

2.4.

La investigación ha confirmado divergencias significativas en la aplicación y cumplimiento de las sanciones por parte de los distintos Estados miembros de la UE (2). Un estudio reciente de la Red europea para la investigación y enjuiciamiento de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra («Red de Cooperación contra el Genocidio») ha puesto de manifiesto la existencia de discrepancias considerables en las medidas sancionadoras por vulneración de las sanciones entre los Estados miembros de la UE (3).

2.5.

La Comisión dispone de algunas competencias de supervisión a este respecto: garantiza que todos los Estados miembros cumplan sus obligaciones en virtud del Reglamento sobre sanciones (medidas restrictivas) de la UE, como la de establecer medidas sancionadoras adecuadas. Al igual que en otros ámbitos de la gobernanza de la UE, la Comisión tiene derecho a incoar un procedimiento de infracción contra cualquier Estado miembro que no cumpla estas obligaciones, aunque hasta la fecha no se hayan tomado medidas de este tipo. La Comisión también apoya la aplicación de sanciones mediante la publicación de orientaciones, por ejemplo, sobre la concesión de excepciones.

2.6.

Aunque es obvio el sistema tiene el potencial inherente de fragmentarse, solo recientemente la Comisión ha empezado a tomar algunas medidas (4) destinadas a mejorar la aplicación y el cumplimiento de las sanciones de la UE. Si bien la intensificación de la actividad de la Comisión en este ámbito es anterior a la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de 2022, la oleada de sanciones que desencadenó ha dado nuevo impulso al refuerzo de la aplicación y el cumplimiento de las sanciones.

2.7.

La Decisión 2022/2332 (5) del Consejo señala la vulneración de las sanciones de la UE como un ámbito delictivo que cumple los criterios establecidos en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea —conocidos popularmente como «delitos europeos»—, lo que permite a la Comisión proponer legislación para armonizar la definición de las infracciones y sanciones penales en los Estados miembros (6).

2.8.

Esta propuesta se justifica por el hecho de que las vulneraciones pueden contribuir a perpetuar las amenazas a la paz y la seguridad, así como al Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en terceros países, y a menudo tienen una dimensión transfronteriza. En concreto, se considera que la vulneración de las sanciones es un «ámbito delictivo especialmente grave, ya que puede perpetuar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, socavar la consolidación y el respaldo de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos y ocasionar un daño económico, social y medioambiental importante» (7). La situación actual permite que los particulares y las empresas que se propongan eludir la normativa puedan «elegir» y al mismo tiempo impide el establecimiento de unas condiciones de competencia equitativas para los operadores de la UE.

2.9.

El 30 de junio de 2022, el Consejo de la Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre el texto y solicitó al Parlamento Europeo que diera su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo para añadir las vulneraciones de las medidas restrictivas de la Unión a los ámbitos delictivos establecidos en el artículo 83, apartado 1, del TFUE (8). El 7 de julio de 2022 el Parlamento Europeo emitió un dictamen conforme mediante procedimiento de urgencia (9). La Decisión fue aprobada el 28 de noviembre de 2022 (10).

2.10.

El 2 de diciembre de 2022, la Comisión presentó un proyecto de Directiva en el que proponía establecer normas mínimas relativas a la definición de las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las sanciones (11).

3.   Observaciones generales

3.1.

Considerar las vulneraciones de las sanciones como un ámbito delictivo con arreglo al artículo 83, apartado 1, del TFUE constituye un avance que contribuirá a armonizar la tipificación de las vulneraciones de las sanciones y las penas asociadas en toda la UE y a mejorar la aplicación y el cumplimiento de las sanciones.

3.2.

El CESE anima a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a tener en cuenta las preocupaciones expuestas en el apartado siguiente a la hora de proponer y aprobar la Directiva objeto de estudio y otras normas sustantivas de Derecho derivado sobre el establecimiento de normas mínimas relativas a la definición de las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las sanciones.

4.   Observaciones específicas

4.1.

El Parlamento Europeo dio su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo mediante un procedimiento de urgencia. Esto significa que el Parlamento Europeo dio esa aprobación sin deliberación previa de su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). El fuerte imperativo geopolítico que subyace a la adopción de la propuesta no debe menoscabar la necesidad de someter las propuestas legislativas a un control democrático adecuado. Deben preservarse las normas democráticas de rendición de cuentas. El CESE reitera la importancia de garantizar un control adecuado por parte del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva —actualmente objeto de estudio— relativa al establecimiento de normas mínimas sobre las definiciones de las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las sanciones.

4.2.

En la misma línea, la propuesta de Directiva menciona que la Comisión se abstuvo de realizar una evaluación de impacto y señala la «urgente necesidad de exigir responsabilidades a las personas físicas y jurídicas implicadas en la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión» (12). Aunque el CESE reconoce la pertinencia de acelerar la aprobación de la Directiva relativa a las sanciones penales por la vulneración de las sanciones de la Unión, el Comité considera que la relativa urgencia de armonizar las definiciones y sanciones no justifica el abandono de la evaluación de impacto que debe acompañar la elaboración de la Directiva. Esto es especialmente cierto porque las personas físicas y jurídicas implicadas en la vulneración de las sanciones ya pueden ser consideradas responsables en virtud de la legislación nacional vigente, lo que significa que retrasar la aprobación de la Directiva no dejará impunes las vulneraciones. Así pues, el CESE apoya la realización periódica de una evaluación de impacto y, una vez aprobada la Directiva, el Comité aboga por que esta sea puesta en práctica con prontitud.

4.3.

Aunque el CESE acoge con satisfacción las amplias consultas que la Comisión llevó a cabo con un extenso espectro de partes interesadas, el Comité lamenta que la propuesta de Directiva de la Comisión relativa a la definición de las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las sanciones no incluya al Comité Económico y Social Europeo entre esas partes interesadas.

4.4.

La atención que se dedica a detectar, enjuiciar y castigar la vulneración de las sanciones debe ir acompañada de un esfuerzo comparable para orientar a los agentes económicos y a los agentes de la sociedad civil en la aplicación de las mismas. Las deficiencias en la aplicación de las sanciones se deben a menudo a la falta de sensibilización de las partes interesadas del sector privado, a pesar de los esfuerzos de las agencias nacionales por mantenerlas informadas (13). Es preciso tener en cuenta que la mayoría de los operadores económicos de la UE son pequeñas y medianas empresas (pymes) que a menudo no están familiarizadas con las obligaciones derivadas de la legislación sancionadora, dado que las medidas económicas eran escasas en la práctica sancionadora del pasado (14). El CESE acoge con satisfacción los actuales esfuerzos de la Comisión por mejorar el apoyo que se presta a los operadores económicos e insta a proseguirlos (15).

4.5.

Deben adoptarse disposiciones adecuadas para salvaguardar la acción humanitaria en las jurisdicciones sujetas a sanciones. La responsabilidad por posible vulneración de las sanciones sigue siendo motivo de preocupación para los agentes humanitarios que prestan ayuda a jurisdicciones sometidas a sanciones severas (16). Estos agentes llaman sistemáticamente la atención sobre la dificultad de garantizar que no se produce ninguna infracción de la legislación sancionadora durante sus intervenciones, así como sobre las consecuencias negativas de su asociación con las sanciones occidentales a ojos de los beligerantes (17). La reciente aprobación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la Resolución 2664, en diciembre de 2022 (18), contiene una salvedad general que permite el pago de fondos y la provisión de servicios a organizaciones humanitarias (19) y que fue rápidamente aplicada por las autoridades estadounidenses (20), lo que convierte la persistencia de cláusulas humanitarias restrictivas en la legislación de la UE en una excepción, algo que la sitúa en el punto de mira. Con el fin de garantizar que el marco de sanciones no obstaculice la acción humanitaria, debe reforzarse el tenor de la propuesta de Directiva. Por el momento, solo excluye de la tipificación penal «la ayuda humanitaria a las personas necesitadas» (21). El CESE apoya la adopción de una exención humanitaria más amplia que exima a todo el personal de las organizaciones humanitarias imparciales de la responsabilidad penal en virtud de los regímenes sancionadores de la UE. Dicha cláusula garantizaría la conformidad de los marcos jurídicos de las sanciones de la UE con el Derecho internacional humanitario. Al mismo tiempo, deben existir disposiciones para evitar posibles abusos con fines delictivos o políticos. La protección de los agentes humanitarios ha de extenderse a los periodistas de investigación.

4.6.

El CESE anima a la Comisión a que no solo supervise la aplicación de la Directiva en lo que se refiere a la adopción de legislación, sino que también preste atención a la suficiente dotación de capacidades administrativas, financieras, tecnológicas y humanas y a una formación adecuada, de modo que las oficinas nacionales y las autoridades judiciales y policiales puedan aplicar el contenido de la nueva legislación. A falta de equipos, personal y dotación financiera adecuados, es probable que la armonización de la legislación, por sí sola, fracase en su misión de detectar, perseguir y sancionar las vulneraciones de las sanciones. Además, a fin de orientar en cierta medida a las partes interesadas, el CESE anima a la Comisión a fijar los criterios que aplicará para el seguimiento.

4.7.

Cuando las condenas penales permitan el decomiso de activos, una parte considerable de los ingresos debe destinarse a indemnizar a las víctimas y, en el caso de las sanciones actualmente en vigor contra los objetivos rusos por su guerra en Ucrania, a los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania tras la guerra. El CESE apoya esta petición, en consonancia con su Dictamen (22) sobre la propuesta de Directiva de la Comisión sobre recuperación y decomiso de activos. Además, el CESE anima a la Comisión a que colabore con organizaciones específicas de la sociedad civil a la hora de definir las víctimas y diseñar mecanismos que permitan canalizar los ingresos procedentes de la evasión de sanciones hacia las víctimas o hacia iniciativas de inversión social que les beneficien directamente. En interés de la rendición de cuentas, el CESE aboga por una mayor transparencia en forma de publicación de las cifras de los activos decomisados y su destino posterior.

4.8.

La propuesta de Directiva también debe contener disposiciones adecuadas para proteger a los denunciantes y periodistas de investigación que desvelen la evasión de sanciones. Su papel clave como mecanismos de «alerta temprana» merece protección. A este respecto, el CESE apoya la propuesta de la Comisión de ampliar la protección concedida en virtud de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) a la denuncia de vulneraciones de las medidas restrictivas de la UE y a las personas que denuncien tales vulneraciones.

4.9.

Como indica la redacción actual de la Directiva, deben adoptarse disposiciones para respetar el principio de irretroactividad de las sanciones penales, en consonancia con el principio de «nulla poena sine lege». El CESE subraya que es necesario garantizar el respeto de las garantías procesales y otras salvaguardias en materia de derechos humanos de las personas acusadas.

4.10.

Por último, el CESE lamenta que, si bien la tipificación de la vulneración de las sanciones como «delito europeo» ha demostrado ser un proceso rápido, los delitos tan graves y comunes como los motivados por el odio y la violencia de género no puedan incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 83, apartado 1. No deben primarse los imperativos geopolíticos a costa de descuidar otros delitos de importancia inmediata para nuestra ciudadanía.

4.11.

En conclusión, no debe olvidarse que el objetivo de la armonización de las penas es mejorar la credibilidad de las sanciones adoptadas en el marco de la PESC. Desde ese punto de vista, los Estados miembros han de esforzarse por respetar las prohibiciones de visado con la misma diligencia que se espera de los ciudadanos y operadores de la UE (24).

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(1)  Portela, C.: «Implementation and Enforcement», en Helwig, N., et al.: Sharpening EU sanctions policy, FIIA Report 63, Finnish Institute of International Affairs, Helsinki. Estudio encargado por la Oficina del Primer Ministro de Finlandia, 2020, pp. 107-117.

(2)  Druláková, R., y Přikryl, P.: «The implementation of sanctions imposed by the European Union», Central European Journal of International and Security Studies, vol. 10, n.o 1, 2016, p. 134.

(3)  Red de Cooperación contra el Genocidio, Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis, 2021.

(4)  Comunicación de la Comisión Europea: «Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia» [COM(2021) 32 final].

(5)  Decisión (UE) 2022/2332 del Consejo, de 28 de noviembre de 2022, relativa a la identificación de la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión como ámbito delictivo que cumple los criterios especificados en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 308 de 29.11.2022, p. 18).

(6)  Comunicación de la Comisión Europea: «Hacia una Directiva sobre sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión» [COM(2022) 249 final].

(7)  Esta redacción de la Comunicación de la Comisión COM(2022) 249 final, página 4, se refleja en el punto 10 del preámbulo de la Decisión (UE) 2022/2332 del Consejo (DO L 308 de 29.11.2022, p. 18).

(8)  Consejo de la Unión Europea, comunicado de prensa, 30 de junio de 2022.

(9)  Resolución legislativa del Parlamento Europeo TA/2022/0295.

(10)  DO L 308 de 29.11.2022, p. 18.

(11)  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se definen las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión [COM(2022) 684 final].

(12)  COM(2022) 684 final.

(13)  Druláková, R., y Zemanová, S.: «Why the implementation of multilateral sanctions does (not) work: lessons learnt from the Czech Republic», European Security, vol. 29, n.o 4, 2020, p. 524.

(14)  Portela, C.: «Sanctions in EU foreign policy», en Helwig, N., et al.: Sharpening EU sanctions policy, FIIA Report 63, Finnish Institute of International Affairs, Helsinki. Estudio encargado por la Oficina del Primer Ministro de Finlandia, 2020, p. 23.

(15)  Decisión (PESC) 2022/1506 del Consejo, de 9 de septiembre de 2022, relativa a una acción de la Unión Europea en apoyo del desarrollo de herramientas de tecnología de la información para mejorar la difusión de información sobre medidas restrictivas de la Unión (DO L 235 de 12.9.2022, pp. 30).

(16)  Portela, C.: «What if the EU made sanctions compatible with humanitarian aid?», en Gaub, F., (ed.) What if…? Fourteen Scenarios for 2021, EUISS: París, 2020.

(17)  Debarre, A.: «Safeguarding humanitarian action in sanctions regimes», International Peace Institute, Nueva York, 2019.

(18)  Resolución 2664 de las Naciones Unidas, S/RES/2664(2022).

(19)  El punto operativo 1 del documento S/RES/2664(2022) estipula que el pago de fondos y la provisión de bienes y servicios que sean necesarios para asegurar la entrega oportuna de asistencia humanitaria por parte de las Naciones Unidas […], las organizaciones no gubernamentales u otras instancias que añada a esta enumeración cualquiera de los Comités creados por el Consejo «se permitirán y no constituirán una violación de dichas medidas de congelación de activos impuestas por el Consejo o sus Comités de Sanciones».

(20)  Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicado de prensa, Treasury Implements Historic Humanitarian sanctions Exceptions, 20 de diciembre de 2022.

(21)  COM(2022) 684 final.

(22)  DO C 100 de 16.3.2023, p. 105.

(23)  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

(24)  Mangas Martin, A.: «Sobre la vinculatoriedad de la PESC y el espacio aéreo como territorio de un estado (Comentario al auto del TS español de 26 de noviembre de 2020, sala de lo penal)». Revista General de Derecho Europeo, 53, 2021.